Juan Luis Castro
El repunte de los contagios que hemos vivido en las días recientes ha dejado un nuevo llamado de atención a la ciudadanía, a los funcionarios públicos y nuestra responsabilidad frente al futuro de todas las colombianas y colombianos. No obstante, el alarmante escenario no nos da licencia para que el fin justifique los medios.
Cualquier determinación, estrategia o medida que se tome en función de la pandemia debe responder a la garantía de los derechos y el respeto por las libertades ciudadanas.
Por tal razón, es problemático que se intente atender condiciones que son fruto del debilitamiento histórico del sistema de seguridad social en salud y de la falta de promoción de hábitos saludables junto con estrategias de prevención de enfermedades, con medidas coercitivas.
El contrato social que ya sostenemos obliga al Estado a garantizar esa seguridad de la que hoy se responsabiliza a los pacientes de enfermedades crónicas no transmisibles. Y es aún más lamentable que este escenario sea habitual en lo que a los deberes del Estado se refiere.
No me cansaré de insistir en el fortalecimiento de nuestro sistema de salud basados en la promoción y la prevención, que nos permitirá tolerar los embates de la pandemia y vislumbrar más pronto que tarde el punto de inflexión en la curva de contagios. Sin mencionar que a mediano y largo plazo podrá alivianar los altos costos de la prestación del servicio en el país.
En este orden de ideas, es igualmente importante que las decisiones que impactan la salud pública se tomen de cara a la ciudadanía para que la misma pueda ejercer una veeduría responsable.
Estamos ad portas de una negociación que podría definir la próxima década del país. Negociación de la que la opinión pública se percató luego del anuncio del Ministerio de salud sobre un par de acuerdos de confidencialidad con gigantescas farmacéuticas.
La proactividad del Ministro Ruiz es esperanzadora, pero no se pueden obviar las recurrentes prácticas corporatocráticas que orientan las políticas públicas en Colombia, por eso aprovecho para pedir públicamente la inclusión del defensor del pueblo, sociedades científicas, delegados de organizaciones de trabajadores de la salud, universidades y delegado/as del Congreso de la República como garantes de la negociación y de los derechos de la ciudadanía.
Si en esta negociación hay recursos públicos, y los hay, deben respetarse los principios de publicidad y de transparencia. Este proceso determinante no puede convertirse en una nueva excusa para desplegar un paquete de medidas regresivas que castigan a la clase media.
Pese a que por estos días el panorama no es alentador, el compromiso ciudadano y la acción responsable de los funcionarios públicos pronto darán sus frutos. Pronto llegaremos al punto de inflexión y las decisiones que allí tomemos podrán facilitar la transición hacia la pos pandemia. Por ahora mantengamos los cuidados y antepongamos el bien común. El tiempo nos recompensará.
