A Gustavo Petro le cobran que fue guerrillero del M-19. Lo descalifican como “castro-chavista” y “comunista” que va a convertir a Colombia en otra Venezuela. Lo señalan de enemigo de los derechos humanos y las libertades económicas, que va a expropiar a los propietarios de apartamentos y casas que viven de su arriendo, o acabar con las pensiones. Son sólo algunos de los lemas que usan sus opositores para desprestigiar a Petro como persona, gobernante y legislador, y para sembrar el miedo en los electores. Que quede en el imaginario de la gente la idea que Petro no es verdaderamente democrático sino autoritario, a pesar que ha demostrado lo contrario como gobernante y legislador.
Es cierto que Petro fue militante del M-19. También es cierto que dejó las armas y pasó a ser uno de los constructores de la Constitución Política de 1991, la misma que nos rige hoy en día en Colombia. La Asamblea Consituyente la integraron 70 constituyentes, entre otros, diecinueve de la Alianza Democrática M-19, a la que pertenecía Petro. La Constitución que sacó adelante y que entró en vigor el 4 de julio de 1991 es una carta de derechos de consenso nacional que consagró los principios y diseños institucionales del país, con los insumos necesarios para un sólido Estado social de derecho. Ha logrado mantener una estabilidad de la institucionalidad democrática pese al conflicto armado interno.
Es en el marco de la Constitución de 1991 que Petro ha ejercido como legislador y alcalde. Durante su carrera legislativa Petro ha sido víctima de numerosas denuncias que a fin de cuentas todas resultaron ser infundadas. Entre ellas está, cuestionarse su curul del Partido Polo Democrático Alternativo en el periodo 2006-2010; la sanción administrativa de la Justicia Penal Miltar por porte de armas en 1985, sin tener en cuenta que posteriormente esa conducta fue subsumida por la rebelión, al ser indultado; que Petro en su cuenta de Twitter llamó a la “desobediencia civil”; que la campaña del presidente Iván Duque fue financiada por el narcotráfico y por participar en el debate y posterior votación del proyecto de Ley 62 de 1993 que buscaba reformar y fortalecer el carácter civil de la Policía Nacional. Uno fácilmente podría concluir que Petro ha sido víctima de acoso judicial por años. Sin embargo, no ha buscado estar por encima de la ley, ni ha salido a descalificar a la justicia. Se ha defendido y ha absuelto en los tribunales correspondientes.
El ejemplo de acoso más descarado, es también el mejor conocido. La decisión del procurador Alejandro Ordoñez de destituirlo e inhabilitarlo por no compartir la política pública de aseo del alcalde de Bogotá. Gustavo Petro demandó al Estado por vulnerar sus derechos políticos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le dio la razón porque los derechos políticos de personas elegidas por voto popular sólo pueden ser restringidos por un “juez competente”, mediante una “condena” de un “proceso penal”. El fallo fue contundente pero tomó años. A Petro nunca se le ocurrió levantarse de la mesa.
Mientras Petro ha respetado el proceso y la decisión judicial en este caso, no se puede decir lo mismo del Estado colombiano. Como he escrito antes en este espacio, la procuradora Margarita Cabello presentó el proyecto de reforma del Código Disciplinario, aprobado por éste con la Ley 2094 de 2021, con el engañoso argumento de cumplir con la sentencia de la Corte IDH. Pero la misma Corte IDH constató en la Resolución del 25 de noviembre de 2021, al supervisar el cumplimiento de la sentencia Petro, que Colombia no estaba adaptando su normativa a la Convención Americana y a la sentencia. La reforma sólo sirvió al gobierno para crear 1.208 nuevos cargos de mermelada en la Procuraduría. Ya vienen más casos contra el Estado por incumplimiento de su obligación de proteger los derechos políticos de oficiales elegidos.
Tampoco es cierto que Petro es enemigo de los derechos humanos. Que hay debate con él sobre cómo hacer efectivo los derechos, sí. Pero para ver cómo se acerca al tema, se puede considerar su posición sobre reforma policial, la misma que le trajo denuncia. Su propuesta de fortalecer el carácter civil de la policía nacional es consistente con las recomendaciones de entidades internacionales que fueron emitidas después de las protestas masivas de 2020 y 2021. Se recordará que entre abril y julio del año pasado, en las protestas por el Paro Nacional, el país vivió jornadas de violencia extrema en las calles, que resultaron en graves violaciones a los derechos humanos constatadas por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia en su informe. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre los mismos hechos evidenció una “sistematicidad” de la represión policial a las protestas legítimas en Colombia que no requiere de órdenes explicitas ni escritas de las autoridades, y emitió 41 recomendaciones para evitar repetición de lo mismo en el futuro, entre ellas “separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares”. Así que lo apoyado por Petro es consistente con recomendaciones internacionales.
El riesgo de autoritarismo en Colombia no viene de Petro y no es nuevo. Viene de quienes actualmente están en el poder, con la aprobación del proyecto de “ley de seguridad ciudadana” de iniciativa gubernamental, debatido de manera exprés a finales de 2021 en sesiones extraordinarias convocadas por el gobierno y con el mensaje de urgencia de Duque, y debidamente aprobado por el Congreso. Un total de 22 artículos de los 68 del proyecto fueron conciliados sobre modificaciones al Código Penal, a la Seguridad y Convivencia, a las normas de extinción de dominio y regulación del porte de armas, incluyendo las de menor letalidad. Normativa que hoy se refleja en las capturas masivas en las ciudades de Bucaramaga, Cali y Yopal de jóvenes que lideraron las movilizaciones de 2021, pretendiendo generar un ambiete de miedo y zozobra en las elecciones presidenciales del domingo 19 de junio. En respuesta ocho senadores se han pronunciado sobre falta de garantías.
La campaña del miedo induce al elector a votar contra el al autoritarismo, pero el riesgo del autoritarismo no viene del lado de Petro. Proponer gobernar por decreto, desacatar los fallos judiciales que obligan a los candidatos a asistir a los debates presidenciales y ufanarse a gritos de “limpiarse el culo con la ley” como lo dice el candidato Rodolfo Hernández en audio, solo se podrá corregir con un nuevo gobierno con verdadero compromiso con las libertades, los derechos fundamentales, las instituciones, la democracia y el estado de derecho.
