No son un número más; las víctimas de hurto en Bogotá merecen ser atendidas, escuchadas y apoyadas. En el último cuatrienio tuvimos más de 620.000 seres humanos, como ustedes y como yo, que padecieron por este delito ante el actuar inmóvil, en muchas ocasiones, por parte de las autoridades.
Este número de personas es el equivalente a llenar 16 veces el estadio El Campín o incluso es toda la población de una ciudad como Ibagué. ¿Dramático no? Pero Claudia López y su administración, por fortuna, ya son pasado.
Sin embargo, no es un secreto que acabar con esa herencia delincuencial en nuestras calles y barrios es el caballito de batalla del actual alcalde Carlos Fernando Galán. No en vano ya llevamos 90.000 víctimas de hurto en este 2024, sin contar a todas esas personas que no denuncian porque consideran que no sirve de nada. Cuatro de cada 10 ciudadanos no lo hacen porque creen que no habrá alguna solución, así lo reveló el informe de Calidad de Vida de Bogotá Cómo Vamos correspondiente al año 2023.
En medio de este aterrador panorama, del que hablamos como si ya fuera algo normal, pues los casos de hurto se nos enquistaron en la cotidianidad, en el Concejo de Bogotá propuse la creación de un protocolo para atender a esas víctimas olvidadas. Queremos que se les ponga nombre y apellido.
El Proyecto de Acuerdo del cual hablo, el 552 de 2024, fue aprobado esta semana en primer debate de la Comisión de Gobierno y ahora hará su curso en la Plenaria, donde insistiré en su necesidad.
Según el Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional, SIEDCO, en los primeros siete meses de 2024 se registraron en Bogotá 76.685 casos de hurto a personas; 5.340 casos de hurto a comercio; 3.657 casos de hurto a residencias; 2.343 casos de hurto a automotores y 2.951 casos de hurto a motocicletas.
Con este proyecto que propongo buscamos establecer lineamientos para la construcción de un protocolo integral de atención a víctimas de hurto. ¿Esto qué significa? El objetivo es que a esas personas afectadas se les brinde mayor acceso a toda la oferta institucional en materia de atención psicológica y jurídica.
Queremos que bajo las directrices de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, haya articulación con redes de apoyo y grupos de vigilancia comunitaria por localidad para el fortalecimiento de la denuncia.
Mediante ese protocolo también buscamos obtener y suministrar información sobre los contextos, identificar los patrones y lugares donde los delitos ocurren con mayor frecuencia; todo con el fin de divulgar como una medida preventiva.
Con esta iniciativa también queremos que se recupere la confianza entre los ciudadanos y las autoridades, que como bien sabemos se ha visto desgastada en los últimos años ante la ausencia de líderes que velen por esa armonía.
