Los resultados de las elecciones en México sorprendieron a ambos lados de la polarización que caracterizó el debate electoral. La presidenta electa de la coalición de gobierno, Claudia Sheinbaum, más que duplicó a su contendora, con 35.8 millones de votos frente a los 16,5 millones de la coalición opositora.
La sorpresa mayúscula estuvo a cargo de los resultados del Congreso. La coalición gobernante de Morena, PT y partido Verde obtuvo las dos terceras partes de los escaños, mientras que los tres partidos coaligados en oposición al gobierno sufrieron una estruendosa derrota. El otrora imbatible Partido Revolucionario Institucional (PRI) quedó debajo del novel Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) seguramente no completa el umbral.
Con las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, la coalición gobernante cuenta con la votación calificada para reformar la Constitución. Ya CNN en español ha entrevistado a expertos para poner en tela de juicio la democracia mexicana por este resultado del voto popular que consideran afecta el equilibrio de poderes. Dicha conclusión es una contradicción de términos o más bien una manipulación de conceptos, comoquiera que el equilibrio de poderes se refiere a la separación entre el ejecutivo, el judicial y el legislativo y no a las mayorías arrojadas por el poder popular en las urnas, ese poder soberano que ostenta el poder constituyente en el constitucionalismo democrático.
Cabe entonces preguntarse de dónde salió semejante poder popular y por qué los poderes fácticos se apresuran a censurarlo. Desde los años noventa se apoderó de nuestros gobiernos la ideología neoliberal que surgió como respuesta a la descolonización producida después de la segunda guerra mundial. Los poderes centrales, acostumbrados a mandar, no asumieron con horizontalidad las reglas del orden internacional basado en reglas y a la postre no las aplicaron por igual para todos. Pronto se distorsionó la potente idea de la libertad, restringiéndola a la libertad de mercado y del libre comercio. El andamiaje legal resultante no acabó, como rezaba el dogma neoliberal, con la intervención del Estado, sino que la reoriento para ponerla al servicio del capital.
Impulsados por los organismos internacionales, los gobiernos redujeron la protección del trabajo nacional, la propiedad estatal de los recursos naturales no renovables y eliminaron las políticas de industrialización, hoy nuevamente en boga entre sus detractores. Las privatizaciones feriaron el ahorro nacional acumulado en los servicios públicos y los bienes sociales con grave detrimento de la confianza de los gobernados en las instituciones que ya no atendían sus necesidades ni los protegían durante las crisis. Por el contrario, los atropellaban con ejecuciones hipotecarias y altísimas tarifas, ya fuera para pagar la luz, mandar al hijo a la universidad o pagar un tratamiento médico.
Con las mayorías legislativas que incluyen la reforma de la Constitución, el gobierno podrá impulsar los cambios normativos que equilibren el campo de juego entre el capital y el trabajo, entre los de arriba a los de abajo, y hasta fortalecer la soberanía. Es a ese poder popular de las urnas que empiezan a tachar de antidemocrático porque, “Dios no lo quiera”, podrán derogar privilegios.
Las elecciones sorprendieron a los partidos tradicionales mexicanos vestidos como el emperador de la fábula, desnudos, pero no avergonzados. Las viejas fórmulas de la retórica de la reacción fallaron. La difamación de AMLO y Morena no caló en el electorado. La gente ya no comió más cuento. Eso fue lo que le dio el triunfo a la continuidad en México. Ahora corresponde seguir desmontando el dogma de que el mercado lo puede todo sin el Estado, actuando en democracia, sin atropellar, pero avanzando en esa libertad que se escribe con inclusión social y equidad.
