Recientemente, el Alto Comisionado Danilo Rueda dio varias pistas sobre el camino que tomará el Gobierno hacia la paz total. La intervención estuvo llena de ideas innovadoras que ya están en ejecución. Todo indica que pondrá toda la energía del recién nombrado gabinete para aprovechar al máximo el período de luna de miel y entrar al Plan Nacional de Desarrollo con la agenda ya avanzada.
Hay una serie de innovaciones en este proceso, que no son de poca monta. Por una parte, algunos críticos del gobierno señalan un exceso de generosidad en reconocer arraigo social a diferentes grupos armados, entre ellos a diversos grupos armados organizados como el Clan del Golfo, entre otros. Contrario a estas críticas, creo que esto es uno de los cambios más significativos en este proceso que vendrá, y que puede tener efectos positivos en la reducción de la violencia y la protección de las personas que habitan los territorios más afectados. La ampliación del reconocimiento devuelve la humanidad a la población en regiones afectadas por el conflicto. Piénsese que no vamos a volver a escuchar que los niños reclutados o utilizados por grupos armados son meras máquinas de guerra, ni las víctimas civiles tendrán tantas barreras para ser reconocidas como tales y no estigmatizadas por las instituciones que las deben proteger.
La segunda innovación que quiero resaltar es estrategia de diálogos simultáneos, pero separados entre los grupos violentos y la sociedad colombiana. En 50 regiones la gente tendrá la oportunidad de expresar sus necesidades de protección social, seguridad humana y cumplimiento de derechos, y también su frustración y desconfianza con el Estado, mientras al mismo tiempo el gobierno adelante la fase exploratoria con los grupos armados. La estrategia acierta en desligar la representación de las demandas sociales de los grupos armados, lo que eleva la presión ciudadana sobre ellos y deslegitima el uso de la violencia. Esta agenda está avanzando con una celeridad asombrosa.
Los otros diálogos han sido más discretos. Sabemos que se descongelaron las negociaciones con ELN y que hubo reuniones con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), el estado mayor central de las FARC y la Segunda Marquetalia. En esto, mientras con la guerrilla del ELN y grupos del mismo origen se avanzará en recuperar la confianza en la negociación y probablemente el gobierno utilice la carta de las reformas sociales para mostrar su capacidad de avance, con los demás grupos se ofrece una alternativa de diálogo socio-jurídico más enfocado en su desmantelamiento con opciones a la justicia restaurativa. Esta última idea es la tercera innovación que quiero resaltar, pero sobre la cual se necesita mucha reflexión colectiva.
Nota relacionada:
Lo que es positivo de esta alternativa es que obliga a reconocer el arraigo de este tipo de grupos armados. Lo que resulta preocupante es los grupos que ejecutan la violencia y los dueños de los negocios no son las mismas personas. Estos grupos usualmente tercerizan acciones violentas sea de narcotraficantes o de otros, utilizando el control social como moneda de cambio. Recordemos que unos meses después de la desmovilización de las FARC, la hoy columna Dagoberto Ramos era un pequeño grupo armado que patrullaba con arma corta y hoy es una estructura que controla gran parte del corredor andino-amazónico del país. Es decir, puede incluso que este diálogo ampliado no sea suficiente.
El cómo conseguir que estos grupos de poder no tengan la capacidad de usar la violencia organizada a su antojo depende mucho de qué suceda con la política de seguridad y defensa, y que ésta esté articulada a la paz total. Por eso, dicha política debe centrar buena parte de sus esfuerzos a la protección de los grupos especialmente vulnerables que desde ya sabemos que van a estar en la primera línea de fuego, incluyendo los presentes y futuros firmantes de paz, y los liderazgos sociales que busquen agenciar los cambios pactados.
En la misma línea, la anunciada política de Seguridad Humana debe enfilar toda su energía a la reforma del sector seguridad que permita una presencia limpia de la Fuerza Pública orientada a la protección del territorio y destierre prácticas nefastas como la de “brazos caídos” en los enfrentamientos entre grupos, el señalamiento de civiles como parte de un bando u otro, pero especialmente que destierre los negocios ilegales de la Policía y el Ejército. Necesitamos que la paz no solamente sea total, sino también sostenible.
