Esta semana, junto a mi colega Susana Muhamad, denunciamos cómo las instalaciones de Transmilenio, específicamente de los portales Suba y Américas, fueron usados por la Policía Nacional para violar los derechos humanos de los jóvenes que protestaban en el marco del paro nacional del 29 de abril del 2021.
Un nuevo testimonio, el de Cristian Cabrera, exfuncionario de la Alcaldía Local de Kennedy, relata cómo en ejercicio de sus funciones de seguimiento pudo constatar que la Policía Nacional retuvo a por lo menos 9 personas incluido un menor de edad, el día 29 de abril en el Portal Américas.
Los jóvenes le relataron a Cristian que llevaban cuatro horas retenidos, que fueron bajados de sus bicicletas y trasladados al Portal, donde en un “cuartico” fueron golpeados con distintos elementos incluidos cinturones. En ese mismo “cuartico”, les lanzaban gases lacrimógenos buscando asfixiarlos. Todo indica que en Transmilenio torturaron jóvenes.
Y más grave es que funcionarios del distrito y el comando de la policía tenían conocimiento desde ese mismo día de estas detenciones ilegales, según revelan conversaciones de WhatsApp del día 29 de abril a las 7:43 p.m., en un chat en el que estaban entre otros, delegados de la Secretaría de Gobierno. En la conversación se lee que un miembro de la Policía “detuvo” a varias personas en el Portal Américas. El hecho fue puesto en conocimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4), que se encuentra vinculado a la Alcaldía Mayor y a la Policía Nacional. Es decir, que tanto la Alcaldía distrital como la Policía Metropolitana estaban al tanto de la situación que esa noche se estaba presentando en el portal y, hasta hace unos días, sólo reconocían que esta práctica había ocurrido durante el 3 y 4 de mayo y el 19 en Suba. Pero este hecho de extrema gravedad y anterior a los que habían admitido no había sido aceptado, o, en otras palabras, había sido ocultado.
En su momento el entonces gerente de Transmilenio, no admitió el hecho. En respuesta oficial a un derecho de petición en donde se indagó por las retenciones ilegales ocurridas en Transmilenio, aseguró que la retención de jóvenes en instalaciones de Transmilenio sólo ocurrió una vez: entre la noche del 3 de mayo y la madrugada del 4 de mayo de 2021, cuando admitió que nueve hombres y una mujer fueron ingresados al Portal Américas y que algunas de esas personas se encontraban heridas. Además, aseguró que se trataba “de un hecho único en la historia del Sistema”.
Pues bien, hoy tenemos certeza de que tanto antes como después de esta fecha, se utilizaron las instalaciones de Transmilenio, empresa a la que los bogotanos le acaban de entregar 1.1 billones de pesos, para detener y golpear jóvenes. El relato del exfuncionario Cristian Cabrera demuestra la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, así como la respuesta de la Personería Local de Suba que después del 4 de mayo también fueron retenidos jóvenes en Transmilenio. Según la Personería Local de Suba, el 19 de mayo 4 jóvenes fueron detenidos y conducidos al interior del Portal Suba y además ratificó que “la Policía Metropolitana estaba utilizando el portal como centro de acopio no apto para retener personas, ya que no es un Centro de Traslado por Protección ni una Unidad de Reacción Inmediata”.
Es entonces evidente que el exgerente de Transmilenio no aportó información clave y completa sobre la violación de derechos humanos a la juventud bogotana y colombiana. La responsabilidad de los funcionarios públicos, independiente de su rango, es ante todo, proteger los derechos, actuar con transparencia, honestidad y justicia, cuidar la vida. Alguien debe responder no sólo judicial, sino políticamente por estos lamentamos hechos.
