Hace 40 años, Quito clausuraba una etapa dolorosa de su vida política, luego de un largo periodo de vivir sometidos por los regímenes dictatoriales. En los anaqueles de la historia quedaría consignado que el 29 de abril de 1979, después de casi 10 años de gobiernos autoritarios y militares, los ecuatorianos iniciaron su transición a la democracia y entusiasmados volvieron a las urnas para elegir en libertad al presidente de la República del Ecuador y terminar con la dictadura de José María Velasco Ibarra, quien completaba su quinto periodo en el poder.
Quito completó once días bajo gases lacrimógenos, bombas de sonido y de luz, perdigones de plomo, un toque de queda y la militarización completa de la ciudad, una ola de violencia que no se vivía desde el fin de la dictadura militar en 1979. Si bien en el año 2005 el presidente Lucio Gutiérrez, con el respaldo de la cúpula militar, decretó por 20 horas el Estado de Emergencia, tratando de impedir de esta manera la movilización de los manifestantes que exigían su renuncia, el movimiento La Rebelión de los Forajidos terminó por sacar al coronel Gutiérrez de la presidencia, demostrando una vez más la fuerza del pueblo ecuatoriano a la hora deponer presidentes. No obstante, la pérdida de vidas humanas luego de la represión policial fue de 2 personas, 143 asfixiados y 54 heridos.
Luego de este episodio, según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el país nunca había vuelto a vivir hechos de violencia similares. Hoy los heridos y detenidos se cuentan por centenas; según el último informe de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, 7 personas fallecieron, 1340 resultaron heridas y 1152 detenidas, en el marco de las protestas masivas en contra del gobierno de Lenín Moreno, que comenzaron el pasado 3 de octubre, en rechazo a la subida del combustible y el paquetazo económico decretado por el sucesor de Rafael Correa.
Más allá de la puja por el protagonismo entre Lenín Moreno y Rafael Correa, quienes no han logrado entender el reclamo de los ecuatorianos, está la población indígena y popular que se ha apartado de los sectores que quieren politizar la movilización para obtener réditos, protesta que llevó a las calles de Quito y de algunas provincias a más de 20 mil indígenas, taxistas y la clase media del país iberoamericano, que demandó la derogación de las subvenciones al precio del combustible y el fin de la represión policial. Los impactos de las medidas tomadas por Moreno se sintieron de inmediato: un pasaje de transporte público para movilizarse dentro de Quito pasó de 25 a 35 centavos de dólar; las tarifas interprovinciales también cambiaron. Si se le suma a esto que cerca del 75 por ciento de habitantes quiteños hacen uso del transporte público para movilizarse diariamente a sus trabajos, y el otro 25 por ciento que utiliza el transporte privado también soporta las consecuencias de las medidas de austeridad anunciadas por Moreno, además de las alzas de los precios de gran parte de los alimentos e insumos básicos que se ven afectados directamente y la reciente ola de especulación de los precios que son lesivos para las clases populares, ahí se tiene un detonante para las protestas.
Resistencia indígena
En noviembre de 1986, durante el régimen de León Febres Cordero, nació la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la organización indígena más grande de Ecuador que representa las diversas etnias y movimientos indígenas de las regiones del país y que además, ha sido un actor principal en los levantamientos populares haciendo su primera aparición en los paros nacionales de 1987.
Desde la dirigencia de la CONAIE, la cual mantiene en sus postulados la lucha por la defensa de tierras y los recursos naturales, que concentra su trabajo en contra de las empresas transnacionales en territorios indígenas, se asegura que existió una estrategia de división del movimiento popular, orquestada desde el gobierno de Lenín; primero indican que en la retórica del Presidente Moreno, fueron señalados de infiltrados correistas, discurso que se fue al traste al demostrar, en el pasado, ser una fuerza opositora a Correa en el periodo presidencial que terminó en el año 2017, sin olvidar que muchos de sus dirigentes fueron insultados y fustigados por ese gobierno.
¿Qué si hubo o no influencia de Venezuela o de Cuba?, de eso no hay certeza. Sumado a un supuesto plan de golpe de Estado, fraguado presuntamente entre Nicolás Maduro y Rafael Correa, como lo ha denunciado hasta el momento, sin prueba alguna, el jefe de Estado Lenín Moreno, acciones que serán materia de investigación, pero lo que sí queda claro es que coexistió una brutal represión policial, agresiones y violencia contra las comunidades indígenas. Desde Quito y Guayaquil los manifestantes hicieron un llamado a la prensa local para que denunciara los camiones de militares que patrullaron durante el toque de queda y las detenciones arbitrarias que se dieron a su paso.
Hoy las bases del movimiento indígena después de 11 días de huelga, se mantienen unidas. Se sentaron a dialogar con el Gobierno ecuatoriano, y tras un día de negociaciones televisadas, lograron la derogación del decreto 833 con el que se eliminó los subsidios a los combustibles, adicionalmente se instaló una comisión que elaborará un nuevo decreto. Con este acuerdo la huelga se levantó, pero las partes seguirán trabajando, la CONAIE, continúa exigiendo la renuncia de María Paula Romo, Ministra del Interior, y de Oswaldo Jarrín, Ministro de Defensa, además de salirle al paso a los informes oficiales, dicen que sus muertos son 10, por lo menos 2000 heridos y 100 personas desaparecidas.
El sonido del gran cacerolazo, en el que se unieron los barrios de Quito seguirá retumbando en Ecuador y en toda América Latina, recordándole a los gobernantes que las mareas humanas que llegaron al Parque El Arbolito, pueden replicarse en todo el continente, que la movilización y la resistencia son el antídoto a la represión y la militarización de nuestras ciudades; y que el fortalecimiento de los sistemas democráticos, deben acoger la pluralidad de pensamientos y el respeto por los derechos humanos.
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