Agosto marca un momento significativo para Colombia, un país donde la desigualdad rural y la falta de oportunidades en el campo han sido problemas persistentes. Según las declaraciones recientes del presidente Gustavo Petro, durante su visita a Córdoba el 3 de agosto, este mes se ha designado como el “Mes de la Reforma Rural Integral“, destacando un renovado compromiso del gobierno para abordar los desafíos históricos que enfrentan las comunidades rurales. La Reforma Rural Integral (RRI) es parte fundamental de la política de Paz Total y, tanto el Ministerio de Agricultura como sus dependencias, deben mejorar sus resultados para avanzar positivamente en este propósito.
La Reforma no debe verse simplemente como una política de un gobierno; es un pilar fundamental en la construcción de una paz duradera y sostenible, un componente esencial del Estado Social de Derecho y un eje fundamental para la superación de las inequidades históricas. El campo colombiano ha sido testigo de innumerables conflictos y violencias, que han dejado cicatrices profundas en su población. La falta de acceso a la tierra, infraestructura deficiente y escasas oportunidades económicas han contribuido a la pobreza y el desplazamiento de las comunidades rurales.
La implementación de la RRI debe abordar estas desigualdades mediante el reconocimiento, delimitación y legalización clara de los territorios étnicos, la recuperación de las tierras usurpadas a la nación, la restitución de las tierras despojadas a las víctimas del conflicto armado, la compra y distribución equitativa de la tierra, el desarrollo de infraestructura básica como las vías de comunicación, los acueductos, distritos de riego, redes de energía eléctrica, tecnologías para la informática y las comunicaciones y el acceso a servicios esenciales como educación, salud y vivienda.
El presidente ha enfatizado la necesidad de acelerar los procesos de titulación de tierras, lo que permitiría a los campesinos obtener seguridad jurídica sobre sus predios. Este paso es crucial para fomentar la inversión en el campo y permitir a los agricultores tomar decisiones a largo plazo que beneficien a sus familias y comunidades.
La educación rural en todos los niveles no solamente debe ser gratuita, también debe ser pertinente en relación con las necesidades de cada territorio, la producción y la soberanía alimentaria. Recuperar semillas nativas, fomentar el cuidado del medio ambiente, promover la diversificación productiva, darle utilidad benéfica a los cultivos que hoy tienen una destinación ilícita, son elementos donde deben converger la reforma educativa, la reforma rural integral y los programas del ministerio de las TIC, entre otros.
La RRI exige fortalecer y promover un sistema de salud más vinculado a la prevención de enfermedades, en especial las tropicales, endémicas en varias regiones del país, fortalecer la red de atención básica y especializada para que el sector rural goce plenamente del derecho a la salud; crear y fortalecer una gran red de acueductos comunitarios para que las y los campesinos accedan por fin a agua potable, son, entre otras, necesidades inaplazables donde convergen la urgente reglamentación de la Ley 1751 de 2015 que regula el derecho fundamental a la salud y la RRI.
Se han anunciado planes para mejorar las vías de acceso rural, facilitando el transporte de productos agrícolas a los mercados y reduciendo los costos asociados. La modernización de la infraestructura es vital para integrar el campo con el resto del país, promoviendo un intercambio económico más fluido y beneficioso para todos. El Ministerio de Transporte con un programa de modernización y adecuación de la red de vías terciarias debe converger en la RRI.
El impacto de la RRI debe ser transformador. Las comunidades rurales, a menudo marginadas y olvidadas, se verán empoderadas para ser protagonistas de su propio desarrollo. La creación de oportunidades económicas y el acceso a recursos permitirán a estas comunidades prosperar y contribuir significativamente al progreso del país. La RRI necesita desatar un ambicioso programa de fortalecimiento de las organizaciones campesinas nacionales y locales, de los comités municipales y departamentales de reforma agraria, y el fortalecimiento de las capacidades participativas y políticas de las y los campesinos.
Al abordar las raíces de la desigualdad y el conflicto en el campo, la reforma contribuye a consolidar la paz, uno de los mayores anhelos de la sociedad colombiana. Una paz que no solo se construye con la ausencia de violencia, sino con la presencia de justicia social y equidad económica. En este sentido, es preciso recordar que el primer punto de los acuerdos logrados con las FARC-EP es la Reforma Rural Integral, y este mismo componente fue fundamental en los acuerdos de paz de principios de la década de los años noventa, y es protagonista en la agenda con el ELN y con otros grupos armados con reconocimiento político.
El anuncio del presidente durante su visita a Córdoba es un llamado a la acción para todos los colombianos, y en especial para sus ministros y ministras. Es un recordatorio de que la transformación del campo es una tarea que nos compete a todos, y que el éxito de esta reforma dependerá del compromiso y la colaboración de diversos actores: gobierno, sector privado, organizaciones sociales y la ciudadanía en general. No se puede seguir aplazando la presencia interinstitucional coordinada en todas las regiones del país, con más ejecución y menos candidaturas políticas.
Agosto nos desafía a trabajar juntos para construir un país donde todos tengamos las mismas oportunidades de prosperar y vivir en paz. La RRI debe ser una esperanza renovada para millones de colombianos y un paso crucial hacia un futuro más equitativo y democrático, que debe estar presente en el Acuerdo Nacional propuesto por el gobierno nacional y en las agendas de todos los partidos que quieren la paz. Para construir país es imprescindible unir nuestras voces.
