Guillermo García Realpe
Por estos días en el Congreso de la República se da tramite a muy importantes iniciativas, pero también proyectos de ley muy polémicos como la reforma tributaria y la mal llamada “Ley Arias”, esta última no es otra cosa que una ley de impunidad para cerca de 700 políticos condenados por diferentes motivos, especialmente por delitos de corrupción y que tendrían, como la reforma tributaria, gabelas para salir airosos.
Ahora bien, insistir en estos tiempos tan convulsionados del país, en la aprobación de la Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria es desafiar a las más grandes movilizaciones históricas de Colombia. Sin duda, es un salto al vacío, es ser ajeno a la protesta social nunca antes vista, salvó la ya sucedida en 1977, pero el Gobierno Nacional parece ciego, sordo y mudo y sigue empeñado en no atender las justas reclamaciones del pueblo colombiano.
Ya en reuniones pasadas de la bancada liberal del senado, muchos hicimos observaciones a ese proyecto de ley de reforma tributaria, a eso no hay que llamarla de otra manera, con eufemismos de ley de crecimiento o de ley de financiamiento, es una reforma tributaria honda y bironda de más de 130 artículos que modifica el estatuto tributario.
Ya la Corte Constitucional había modulado el fallo que tumbó la anterior ley, este año operó las determinaciones del contenido del nuevo proyecto y no hubo factor de crecimiento, no hubo incidencia en el crecimiento en la economía colombiana, salvó el sector financiero que fue el único que obtuvo millonarios dividendos. Segundo, no hubo empleo y ahí están las estadísticas del disparo en los índices de desempleo en Colombia. Por ejemplo, en el trimestre de abril a junio se destruyeron 350 mil empleos y en el siguiente de julio a septiembre, 450 mil empleos. Sin duda, un desastre supremamente lamentable.
Nos están tratando de vender una reforma tributaria justa y equitativa, pero no es así, porque en temas de equidad, de redistribución, en temas de empleo no es cierto que el meollo central de esta reforma tributaria, que es perdonarles 9 billones de pesos a los ricos y al gran empresariado en Colombia tenga influencia en el crecimiento del empleo y la economía nacional y de formular equidad en los colombianos, ya lo vimos y las cifras lo corroboran, es una fórmula errónea.
En la ponencia aprobada en este primer debate por las comisiones económicas de Cámara y Senado, se incluyen medidas para avanzar en la disminución de la desigualdad como la devolución del IVA a 2,8 millones de hogares vulnerables, incentivos para contratar jóvenes en su primer empleo y la reducción de los aportes a salud que hacen los pensionados que reciben una mesada de 1 salario mínimo, es decir, se les va a reducir gradualmente los aportes a salud del 12% al 4%. En principio, el próximo año se reducirá al 8% y en 2022 al 4%. Esa sin duda, es una buena medida que celebramos, pero en términos generales está iniciativa es nociva para el país y sobre todo para el colombiano promedio.
Ahora, el descuento del IVA en los bienes de capital nos dicen que no se trata de una ‘gabela’ para los ricos, sino para abaratar los costos de producción que tienen los empresarios, desde el más pequeño al más grande, ¡mentira! en Colombia hay 229 gabelas impositivas tanto de exenciones, exclusiones, beneficios tributarios y agregarle algo más, que no producen ni empleo ni crecimiento, pues es absolutamente irracional en la parte administrativa, en la parte de ingresos y también en la parte social.
Lo cierto es que ya esta iniciativa superó sus primeros debates en las comisiones conjuntas económicas y hay que mirar qué posición se asume, sobre todo al interior del liberalismo. Porque en este momento, se convierte la reforma tributaria en un desafío a los ciudadanos colombianos que han planteado desde el 21 de noviembre grandes interrogantes alrededor de la reforma tributaria y de otros temas nacionales. Yo pienso que, por lo menos es inoportuno que el Congreso de la República y el Gobierno Nacional sigan impulsando una reforma tributaria cuando hay tantas insatisfacciones nacionales a todos los niveles y uno de los puntos centrales es el de la reforma tributaria.
En segundo lugar, otro desafío del Gobierno Nacional para la sociedad colombiana es el trámite de la “ley Arias” que ya superó el primero de cuatro debates, eso va a seguir haciendo roncha en el país, es un mal mensaje, ese proyecto de ley estatutaria lo que da a entender es que, un sector del Congreso de la Republica no está luchando contra la corrupción, yo pienso es que esa ley va a favorecer a mucha gente condenada por éste flagelo tan detestable por los colombianos
Los políticos condenados, y con pérdida de investidura, podrían recuperar sus derechos políticos alegando el derecho a la igualdad, porque no pueden darle la oportunidad en el tema penal a quienes fueron condenados y a quienes con una sanción administrativa prácticamente sufrieron la misma sanción.
Por eso, a estos dos proyectos que desafían la voluntad de la mayoría de los colombianos les diré no, y mi posición se mantendrá firme hasta el final.
*Senador de la República
