El Aro es un corregimiento del municipio antioqueño de Ituango. De tradición agrícola y ubicado en la profundidad de la cordillera occidental, esta semana fue protagonista por la entrega, por parte del presidente, de 52 títulos de tierra que suman más de 600 hectáreas a familias campesinas. Este acto no solo forma parte de la agenda de distribución de tierras y reforma agraria, sino que también es un acto de reparación a las víctimas del conflicto. Este corregimiento y sus habitantes han sufrido de manera permanente la violencia de todos los grupos armados. Su historia más difícil ocurrió en 1997, cuando grupos paramilitares incursionaron en el pueblo, asesinaron a 17 personas, desplazaron a todos sus habitantes y quemaron sus viviendas.
Las élites antioqueñas han sido insensibles a la violencia que sufren los campesinos en los territorios. En gran medida, porque han estado influenciadas históricamente por una cosmovisión terrateniente, de acumulación de tierras y patronazgo, que podría bien catalogarse como feudalismo. Estas mismas élites tuvieron un rol protagónico en la creación de grupos paramilitares y de autodefensa en todo el país. Durante los 27 años que han transcurrido desde la masacre de El Aro, no se han hecho esfuerzos desde el departamento por resarcir el daño causado a las comunidades ni por buscar la verdad sobre lo ocurrido.
En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado colombiano como responsable por los actos de tortura y asesinato de los campesinos de este corregimiento, así como de negligencia para investigar y sancionar efectivamente estos hechos. No fue sino hasta 2022 que el Estado tuvo la voluntad de hacer un acto de reconocimiento de responsabilidad y pidió perdón a las víctimas por la complicidad entre las fuerzas estatales y los grupos paramilitares para llevar a cabo la masacre. Este acto se llevó a cabo en el Museo de la Memoria en Medellín bajo el liderazgo del presidente recién elegido Gustavo Petro.
Ni el acto de entrega de tierras ocurrido hace pocos días, ni el acto de reconocimiento que tuvo lugar en 2022, han tenido cubrimiento o difusión por parte de los medios antioqueños. Los principales líderes políticos guardan silencio sobre el tema. La justicia tiene algunas investigaciones sobre dirigentes y militares que habrían sido cómplices de estos terribles hechos, pero ninguna ha llegado a buen término. Algunos testigos que han hablado sobre el tema han perdido la vida y quienes en los noventas alertaron sobre la connivencia del estado con estos grupos corrieron la misma suerte. Que hoy los campesinos que vivieron estas tragedias sean propietarios de las tierras de las que fueron despojados violentamente es una revolución que es necesario replicar en todo el país.
