Por: Santiago Echeverri, MBA Ejecutivo

A propósito de las discusiones que se adelantaron sobre el alza del salario mínimo en Colombia y el papel de los gremios como representantes de las empresas, venía a mi mente cuando hace unos años Santiago Castro, quien fue mi jefe en la Universidad la Gran Colombia, compartía con nosotros una anécdota con un consiliario (Miembro de Junta directiva) de la universidad, cuando Castro iniciaba como profesor, este le recomendaba que no peleará, que no levantara su voz para plantear sus puntos de vista o para tomar posiciones contrarias a las directivas de turno, que así no llegaría a ningún lado en este país. Por lo que el día que lo nombraron el rector más joven de una universidad en Colombia, lo único que supo decirle este consejero, fue que él siempre supo que llegaría muy lejos.

Hoy, más que nunca son los gremios los llamados a liderar las discusiones históricas que se libran en el contexto nacional. En representación del aparato productivo del país, lo fue Jaime Cabal cuando desde Fenalco Nacional, lideró las discusiones sobre el menester de la reapertura económica, en un país que le apostaba a la cuarentena, sin medir el impacto económico que aún hoy nos encontramos pagando, porque como reza en el argot popular “no existe tal cosa como un almuerzo gratis”, alguien tiene que pagar la cuenta señores.

Desde el 3 de noviembre fue instalada la comisión que buscó concertar el alza del salario mínimo, que estuvo integrada por representantes del gobierno nacional, centrales obreras y gremios empresariales e industriales. Y hoy ya se dio un veredicto, el alza del 12% al salario minimo.

En el marco de esta negociación el presidente de la república, en un trino tildó de esclavistas las posturas de Fenalco, afirmación de suma gravedad y nada más lejano de la realidad, esto por tener una posición técnica en donde el aumento del salario mínimo debió responder al aumento de los precios que terminaron alrededor del 9.5%, una productividad en terreno negativo y la no pérdida de capacidad adquisitiva de la clase trabajadora.

Flaco favor le hizo a la discusión el presidente al llevarla al terreno de los ataques personales, me sorprendió el silencio de los gremios nacionales y regionales ante dicho ataque, ya que por ejemplo en departamentos como el Tolima, no alcanzó a ser noticia. Debemos como empresarios actuar unidos, exigir un diálogo técnico, de temas técnicos, desde el respeto y evitar caer en falacias ad hominem. Los invito para próximas ocasiones a cuestionarnos acerca del papel de gremios y Cámaras de Comercio, donde más del 95% son microempresas y claro que se deben gestionar recursos públicos para los distintos sectores y mantener excelentes relaciones con los stakeholders, pero esto nunca en detrimento de su rol de representación y de velar por los intereses de los agremiados, que incluyen, pero no se limitan a recursos para consultoría, asesoría, capacitación y acompañamiento en el desarrollo productivo.

Fue inconveniente dar la discusión del salario mínimo en medio de una reforma laboral que pretende modificar los costos del empleo en Colombia, esto hizo que el marco de la discusión no fuera claro.

Según la misma ministra de Trabajo, no le interesa promover la creación de empleo con dicha reforma, muy alineado con las centrales obreras que proponen un alza del 18% que, si bien beneficiará a algunos colombianos que ya tienen empleo, pero terminará promoviendo la informalidad, continuará creciendo el desempleo y hará que el país recaiga en un nuevo proceso inflacionario. Ahora, sí de reformar el sistema se trata, deberíamos estar hablando de salario mínimo diferenciado por regiones, al ser Colombia un país donde confluyen tan distintas realidades económicas, las condiciones en Antioquia o Santander, distan diametralmente de departamentos como Vichada o Guainía; asimismo, las condiciones del campo y las principales ciudades del país; por lo que asignar un salario mínimo universal en este país de contrastes, termina por distorsionar el mercado, promueve la informalidad, lo cual afecta el recaudo y desfinancia sistemas tan importantes como el de seguridad social, expone a los trabajadores a salarios bajos, aumenta la desigualdad y limita las libertades de la clase trabajadora.