Guillermo García
Nuestro país posee el 50% de los páramos del mundo, en suelo colombiano contamos con 37 de esos ecosistemas que garantizan vida a través del agua que allí se produce, sin embargo, hoy se ciñe una grave amenaza sobre uno de ellos; Santurbán, un complejo de páramo ubicado en medio de la cordillera oriental entre los departamentos de Norte de Santander y Santander, con una extensión aproximada de 142 mil hectáreas, entre los 2.800 y 4290 m.s.n.m.
En Santurbán tienen injerencia 30 municipios de los dos departamentos, de allí proviene el agua que surte a la ciudad de Bucaramanga y otras localidades de los Santanderes que en total suman más de 2 millones 500 mil habitantes que dependen del preciado líquido que genera el páramo.
La gran amenaza radica en las pretensiones de la multinacional árabe Minesa, establecida en suelo santandereano hace más de cuatro años y la cual pretende, a través del proyecto Soto Norte, adelantar labores de explotación aurífera para extraer nueve millones de onzas de oro que se dice alberga la zona adyacente a Santurbán. La compañía proyecta iniciar su etapa exploratoria en el año 2021, la cual se estima tendrá una vida útil de 20 años.
Minesa, insiste en que su proyecto Sotonorte está ubicado a 2640 metros sobre el nivel del mar y el páramo está a una altura superior a los 3100 MSNM y que ¡el páramo de Santurbán no se toca!, sin embargo aunque esta por fuera de las delimitaciones del páramo, diversos estudios muy serios han afirmado que habría una seria amenaza de afectación en las zonas adyacentes, el riesgo de contaminación de aguas es latente y sí se afectaría el bosque alto andino que se encuentra entre los 2600 y 2800 msnm, el cual equilibra el ecosistema allí presente.
En términos legales, a todas luces el proyecto Soto Norte, infringe la ley 99/93, la 1252/2008, también los Decretos 3930 y 2372 de 2010, incluso las sentencias de la Corte Constitucional C-035 de 2016 y la T-361 de 2017.
Santurbán tuvo una delimitación inicial, que fue considerada viciada por la Corte Constitucional en la sentencia T-361, por vulnerar el derecho a la participación ambiental y a cambio ordenó un nuevo proceso de delimitación amplio y concertado con las comunidades y con todos los actores. Esa sentencia del alto tribunal, dejó sin piso jurídico la Resolución 2090 de 2014, que establecía la delimitación del ecosistema.
Fue así, como esta primera delimitación que protegía 98.954 hectáreas, es decir, el 76 por ciento del páramo, quedó sin efecto y el Gobierno debió iniciar un nuevo proceso, el cual estuvo paralizado desde abril de 2018.
Los defensores de la gran minería argumentan que el proyecto traerá desarrollo, empleo y que mejorará la calidad de vida de los habitantes de esa región, los que defendemos la vida y la Paz con la Naturaleza, creemos en cambio que esa es una ilusión temporal, que las ganancias se van a ir para los jeques de Abu Dhabi, mientras que los impactos ambientales quedarán a perpetuidad en la región.
Incluso, desde el Gobierno Nacional, la viceministra de Minas, Carolina Rojas, manifestó que la minería aporta el 1,5% del PIB nacional, que genera 350 mil empleos, una especie de chantaje a una región como Santander que, a través del empresariado, del agro y del turismo, entre otras, puede generar riqueza de mayor monto, sin depender de la minería en su territorio.
Si comparamos, esa cifra es irrisoria con el sector comercio que genera 6 millones de empleos, o con el sector agropecuario que genera 3,7 millones de empleos en el país, también le quieren meter el cuento a Santander que sus ingresos de $12 mil millones anuales por regalías son millonarios, cuando la realidad es otra.
Aquí está en juego el agua y la vida de dos millones 500 mil habitantes, y también en riesgo el futuro de las nuevas generaciones, no podemos ser irresponsables y cambiar oro por agua, no nos comamos el cuento que la riqueza económica será superior a la riqueza ambiental, jamás un gramo de oro valdrá más que una gota de agua.
Necesitamos cerrar filas y proteger entre todos un ecosistema de páramo que surgió hace más de 60 millones de años como lo ha argumentado en estudios técnicos el Instituto Alexander Von Humboldt. Incluso Santurbán, tiene registros que hacen referencia entre el siglo I a.C y el siglo XVI d.C, con cuatro poblaciones de indígenas como los laches, guanes, yariguíes y los chitareros que habitaron su suelo y que fueron desplazados por los españoles que llegaron a su territorio.
Por eso, este martes 06 de octubre junto a varias fuerzas políticas llevaremos a la plenaria del Senado el debate por la defensa de Santurbán, los invito a seguirlo, a participar activamente en redes y a generar conciencia por la defensa de la vida, del agua, del territorio, por la defensa de lo nuestro. ¡Agua sí, oro no! #PazConLaNaturaleza
