El asunto de la autonomía regional y la necesidad de repensar nuestro modelo geopolítico ha asumido más vigencia que nunca. Esta, que ha sido la lucha de muchas voces que por décadas hemos coincidido en la necesidad de entender que la causa de la guerra, el atraso y la pobreza está en el modelo bolivariano del centralismo con el que se fundó nuestra patria, está tomando mayor fuerza que nunca.
Por lo anterior, durante mi período en la presidencia del Congreso he promovido el debate sobre este tema, abriendo los espacios para su análisis y divulgación. En la audiencia pública que realizamos el pasado 18 de diciembre en la ciudad de Barranquilla coincidieron tan amplias como disímiles voces, todas altamente calificadas, desde todas las orillas del espectro político; desde la academia, el empresariado y el derecho, se realizaron sesudas reflexiones que se mueven entre el federalismo y un modelo de regiones autonómicas, propuesta que personalmente defiendo y promuevo.
Sin embargo, en los últimos días de este año que termina una decisión del gobierno nacional ha intensificado el debate, aquella que dio por terminado un largo período de delegación en materia minera al Departamento de Antioquia. Decisión sobre la cual me pronuncié por encontrarme en desacuerdo.
Paradójicamente la decisión de dar por terminada la delegación no es antijurídica en su fundamento sino en su consecuencia. Y es que el sustento invocado por el gobierno es que la delegación no puede ser permanente, en lo que, por supuesto estoy de acuerdo, y por una razón sencilla, si una función se delega de manera prolongada lo que demuestra es la capacidad del delegatario (en este caso el Departamento) para ejercerla, lo que debería llevar no a la terminación de la delegación para reasumirla, sino para definitivamente descentralizarla en cabeza del ente territorial, y esa es la línea de la Constitución en su conjunto, que se materializa en el artículo 365, entre otros, y la orientación de la Corte Constitucional en varias de sus decisiones, entre ellas la sentencia C-036 de 2005.
La decisión del gobierno nacional fue la de terminar la delegación para reasumir la competencia, argumentando que la ejercerá de manera desconcentrada, y para ser honestos, la desconcentración no es más que centralismo vestido de ruana, o, en este caso, de poncho y carriel.
Se sorprenderá el gobierno al encontrarse que hay delegaciones vigentes hace incluso más tiempo que aquella que acaba de dar por terminada, por ejemplo, en materia de transporte.
Todos los gobiernos desde la vigencia de la Constitución de 1991 han cedido a la tentación centralizadora, de concentrar cada vez más y más funciones en el cabeza del gobierno nacional, por ejemplo, a través de modificaciones al sistema general de participaciones, la nacionalización de facto de las regalías, en asuntos de servicios públicos, y, en fin, la asunción de funciones de toda índole, y este gobierno demuestra no tener intención de ser la excepción.
Desde la presidencia del Senado de la República vamos a continuar profundizando el debate, que de cualquier manera es de todos, y debe serlo. El camino más expedito al fracaso de una iniciativa que reformule nuestro destino como país, modificando su modelo geopolítico es el de las banderas partidistas, por eso nuestra vocación es la de convocar a todos quienes estamos convencidos de que este es el camino, y convencer a quienes aún no están convencidos.
Estoy profundamente convencido de que bastante bien le haría a nuestro país el establecimiento del modelo de regiones autonómicas, que ayudarían a resolver tantas inequidades y problemas sociales como los que vivimos actualmente en el Cauca, en Arauca, en gran parte del pacífico, y en general la inmensa mayoría del territorio nacional. ¡Colombia es de todos, cabemos todos, es para todos!
Aprovecho este espacio para invitar a las audiencias que seguiremos realizando el año entrante, deseándoles un muy feliz y próspero año 2024 a todos los colombianos.
Presidente del Congreso de la República
