Todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, incluyendo el derecho a la pensión, pero una sentencia judicial que busca proteger a los que ganan $45 millones al mes puede hacer mucho daño. El régimen de prima media es un herramienta altamente subsidiada para generar equidad para ciudadanos de bajos ingresos. Al exigir que se pueda cotizar sobre 45 salarios mínimos con ese mecanismo, tocaría utilizar los pocos recursos que hay para las pensiones de los más prósperos y aumentar la desigualdad. Min. Trabajo acertadamente se ha opuesto, debe luchar en cada instancia para que no les impongan esta injusticia a los colombianos. Las cosas no están para estos lujos.
Una sentencia judicial del tribunal de Cundinamarca vuelve obligatoria reglamentar el aumento del tope máximo de cotización de 25 a 45 salarios mínimos. El impacto es que con una tasa actual de reemplazo de 67,5% esto abriría la puerta para pensiones de $30,4 millones al mes. Esto a pesar de que la sentencia C-078 del 2017 había prohibido las pensiones elevadas para funcionarios públicos, al tiempo que la ley 797 del 2003 estableció que el gobierno “podrá” y no “deberá” reglamentar tal disposición. Antes de tomar estas decisiones sería bueno hacer un cálculo de sus costo fiscal para ver si es consistente con el principio de sostenibilidad financiera. Por encima de todo, esta decisión atenta contra el principio de equidad.
El régimen de prima media funcionaba muy bien hasta que en los 60s las familias colombianas empezaron a tener menos hijos. Cada vez hay menos trabajadores por pensionado, hoy hay 4,6 pero en el 2050 habrá 1,9 aportantes. De mantenerse las actuales tasas de cotización, aun sin introducir la nueva sentencia, el déficit actual cercano a los $40 billones al año será insostenible. La reforma pensional hay que hacerla con o sin esta jurisprudencia.
Aparte de las cotizaciones de los trabajadores, el gobierno aporta un subsidio en proporción fija la cotización. De ahí que los que contribuyen más reciben más subsidio: el quintil más prospero recibe el 50,8% del subsidio pensional mientras que el veinte por ciento más pobre solo recibe el 4,3% de los subsidios. Si se insiste en esta jurisprudencia será aun mas urgente una reforma pensional, pues los trabajadores de altos ingresos no solo necesitan menos subsidio del Estado si no que completan los requisitos de pensión mas fácil porque al pasar menos tiempo en informalidad laboral.
Las personas que ganan más de $45 millones al mes no deben ser discriminadas, pero el espíritu de “solidaridad” sin focalizar no encaja con las realidades del presupuesto. Imponer gastos más allá de las realidades fiscales del país, acaba en la ironía donde el gasto para prósperos ordenado por sentencias, se privilegia sobre el gasto popular voluntariamente imprimido por el tramite presupuestal. Con la lógica de pensiones de $30millones, también se crea el derecho de $100 millones.
Ojalá no se reglamente, pero si toca, se podría plantear que el aporte del subsidio sea progresivo, lo que significaría un mecanismo de cotización más dinámico, inclusive de requisitos diferenciales. Si no se logra algo así, la indignación de pensiones de $30 millones no atentaría solo contra la estabilidad pensional sino con la del sistema democrático.
