No se escapó. Al Estadio Armando Maestre Pavajeau le pasó lo mismo que a muchas obras públicas contratadas por la gobernación del Cesar en manos del Clan Gnecco. Una cadena de adiciones, sobrecostos, prorrogas no lo salvaron de terminar convertido en un enorme elefante blanco que hasta la gramilla se terminó consumiendo. Lo paradójico es que al elefante lo despertó la Conmebol que esta semana descertificó al Estadio vallenato para atender los juegos de la copa suramericana por parte del Alianza Futbol Club, preciso cuando la Gobernadora impuesta por el Clan sacaba pecho portando la camiseta del nuevo club profesional de los cesarenses adornada con el patrocinio de la Gobernación y la Alcaldía de Valledupar.
La llegada del Alianza Futbol Club, gestionada por el Conservador Representante a la Cámara Ape Cuello, socio y aliado político de los Gnecco, fue aplaudida y celebrada por una población ávida del espectáculo del futbol profesional e ilusionada con un equipo que promete convertirse en el movilizador de los aficionados al futbol y de la hinchada que ya comenzamos a reunirnos alrededor de nuestro equipo. Pero la alegría no era solo por tener por fin un equipo de futbol de primera división que se alimentara de sus divisiones inferiores ofreciendo a muchos jóvenes de esta región este deporte de alto rendimiento como proyecto de vida. Era la oportunidad para apreciar en Valledupar, en vivo y en directo el mejor futbol del país y del continente. Pero todo eso se estropeo esta semana por culpa del Clan en el poder. Me explico:
La vergonzosa historia se remonta al año 2012, cuando el recién condenado por el robo del Plan de Alimentación Escolar Luis Alberto Monsalvo Gnecco, el pechichón de Cielo, en su primer periodo como gobernador anunciara con bombos y platillos su propósito de usar las regalías del carbón para dotar a Valledupar de un Estadio de futbol de alta competencia. Contrató entonces los diseños para la ampliación, adecuación y remodelación del viejo Estadio Chemesqemena, bello nombre kankuamo con el que lo conocí en mi niñez y adolescencia, rebautizado luego como el Armando Maestre Pavajeau. El mismo Monsalvo Gnecco adjudicó al consorcio GMP Construcciones y al grupo Capítol el contrato para la remodelación del Estadio por un valor de $33.345 millones de pesos, cuya acta de inicio se firmó el 28 de febrero del 2014 con un plazo de ejecución de 18 meses. Es decir que, en año y medio, en el 2016 Valledupar contaría con un gran escenario para el futbol.
Pero ahí empezó cristo a padecer. Finjamos sorpresa con la noticia que recibieron los vallenatos en octubre del 2014: una adición al contrato original por $16.671 millones de pesos y la ampliación del plazo de ejecución por tres meses adicionales. Este contrato se terminó de ejecutar el 20 de junio del 2016 con un costo total de $50.001.492.793. Monsalvo descubrió que todavía no había Estadio y nos volvió a sorprender con una segunda fase contratada simultáneamente en febrero del 2015 por un valor de $9.362 millones con la unión temporal “Obras Complementarias”, contrato que tampoco se salvó de sus respectivas adiciones, una por $3.750 millones y otra segunda por $929 millones. Las tres prorrogas y las tres suspensiones de la obra hizo que la entrega final ocurriera hasta el 19 de julio del 2018. Si a las $64.057 millones de pesos de las obras le sumamos los $11 mil millones de la consultoría, interventoría y compra de predios, tenemos una cifra escandalosa de $75 mil millones de pesos, sin contar las inversiones adicionales realizadas para los Juegos Bolivarianos celebrados en Valledupar en el 2022 y los recursos que podrían derivarse de los pleitos jurídicos en curso entre contratistas y gobernación. Mejor dicho, al Estadio también se lo Gnequiaron.
Esta frustración vallenata y este despilfarro inaceptable de los recursos de las regalías no pueden quedar impunes. Si los ciudadanos no pasaron la factura de cobro en las urnas al Clan responsable de esta fechoría, corresponde a la justicia y a los órganos de control al más alto nivel cuidar lo que nos pertenece a todos y proferir las sanciones respectivas.
