Decir que Colombia es un país centralizado es hablar de una frase trillada, pero cada vez más real y difícil para el desarrollo económico y social del país.
El campo refleja la profunda desigualdad que caracteriza a la Nación. A pesar de que el 75 % de los municipios son rurales y abarcan el 94 % del territorio, el acceso a la tierra y los recursos sigue siendo un desafío para la mayoría de sus habitantes. El 64% de los hogares rurales carece de tierra y solo el 11% de los productores ha solicitado un crédito agropecuario. Esta brecha se amplía aún más cuando se considera que el 46 % de la tierra está en manos del 0,4% de los propietarios.
La pobreza extrema en el campo alcanza casi el 20%, en contraste con el 5% en las áreas urbanas. Las condiciones de vida en las zonas rurales también son precarias, con un déficit de vivienda del 61% y una cobertura de servicios básicos considerablemente más baja que en las ciudades. La clase media rural constituye solo el 8 % comparado con el 30.1% en las zonas urbanas y por supuesto la falta de acceso a la tierra perpetúa un ciclo de pobreza y limita las oportunidades de desarrollo.
El gobierno actual está trabajando en una reforma agraria que busca abordar estas desigualdades. Se han entregado más de 200.000 mil hectáreas a campesinos en los últimos dos años y se han ayudado a titular más de 1.000.000 de hectáreas. Esto sin duda contribuirá al acceso al crédito, al incremento de cultivos en diferentes zonas del país y una mayor dinamización económica del territorio. Esto en conjunto con la visión del Plan de Desarrollo Nacional en llevar inversiones a lugares históricamente olvidados que generarán las semillas propicias para una Colombia que avance con todos sus ciudadanos y ciudadanas.
