Jorge Enrique Robledo
Aunque el candidato Iván Duque se comprometió a no suscribir más TLC, acaba de dejar en firme uno con Israel y tramita otros con el Reino Unido y Japón, tratados que le imponen a Colombia perder en los intercambios económicos, con consecuencias destructivas para el empleo y la producción nacionales.
Con Japón, por ejemplo, sucederá lo mismo que con los TLC suscritos con Estados Unidos y la Unión Europea, en los que el exiguo aumento de las exportaciones se hizo a costa de aumentar más las importaciones y empeorar la balanza comercial. Así están las cifras con los japonenses: hoy les vendemos 500 millones de dólares menos de lo que les compramos, pérdida que se agravará sin aranceles, quitándole además al Estado ingresos por 160 millones de dólares.
La pérdida se concentrará en la industria –y es falso que se gane algo equiparable en exportaciones agrarias–, donde se generan los mejores empleos y la mayor creación de riqueza, condenando todavía más a Colombia a sus islotes de modernidad en un océano de atraso científico y tecnológico, malos empleos y desempleo, pobreza y hambre. Exceptuados los intermediarios criollos que ganan con estas políticas, el país es perdedor en unos negocios de mula y jinete que explican en buena parte el profundo daño del covid-19, no por casualidad concentrado en enfermar y matar dentro de las legiones de pobres que nos avergüenzan ante el mundo.
Pero lo peor de estas decisiones de Duque y de sus socios en el reparto de beneficios recíprocos es que así también proclaman que en nada importante cambiará lo que hacían antes de abril, a pesar de que la grave crisis ya venía pitando y a contravía de todo lo que ha enseñado la pandemia. Por el contrario. Se han dedicado a manipular las cifras para engañar con la falacia de que todo iba “bien”, jugándole a que en el futuro esa mentira sea más creíble, mientras envenenan la controversia política para no debatir sobre el tipo de economía de mercado que necesita Colombia. Si la de corte colonial –en extremo dependiente de la minería y la deuda externa– o una que desarrolle al país y reduzca la desigualdad social.
Entre lo más pernicioso del “libre” comercio está la renuncia a industrializar a Colombia, incluido el crimen de destruirle una gran parte de la base industrial construida durante décadas y mucho de lo logrado en agroindustria, decisión que también implica impedir el avance científico-técnico, la base de todo progreso. Y que para efectos del Covid-19 nos puso en la peor de las circunstancias: que tantos carezcan de lo mínimo para poder prevenirse del contagio y que se haya hecho evidente la gran debilidad tecnológica para enfrentar el virus, al igual que para aportar en el diseño y fabricación de medicamentos y vacunas, poniéndonos bajo la tiranía de lo que impongan las trasnacionales y los países que sí se han construido sobre la base de producir y trabajar con los conocimientos más complejos.
Con el “libre” comercio, a Colombia la pusieron entonces en la condición más subalterna, la de simple consumidor de lo que saquen al mercado los países productores de medicinas y vacunas, en una competencia que se libra con reglas tan leoninas como las de las patentes, cuyo fin son los monopolios que les imponen a los consumidores precios exorbitantes e impiden o ralentizan el progreso científico-técnico.
E Iván Duque, ese yes-man por excelencia, ya asumió como positivo para los colombianos bailar al son que le toquen, para lo que le firmó un pacto secreto a la trasnacional norteamericana Pfizer sobre su vacuna, acuerdo que, según el viceministro de Hacienda, puede llevar al país a perder la plata que pague por ella. Y ese negocio, como es obvio, no será secreto para los jefes de Pfizer ni para los del alto gobierno ni para los intermediarios y comisionistas que merodean en torno a ganancias tan grandes como la que resultarán de vacunar a miles de millones de personas, tierra abonada para abusos, fraudes y corruptelas.
Para enfatizar en por qué se necesita un activo control de la sociedad civil sobre esta vacuna y sobre el gobierno, estas son parte de las incertidumbres que la rodean: ¿cuándo, quién y dónde la creará y producirá, requerirá de una o más dosis, cuál será su grado de eficacia y su costo, precio y ganancia, en cuánto tiempo y en qué orden se vacunarán los colombianos, la pagará el Estado y será o no gratuita para todos?
