El 6 de junio ha sido un día memorable para las regiones en Colombia, porque fue aprobado en Comisión Primera de la Cámara un proyecto de ley que pretende dotar de protagonismo a regiones históricamente rezagadas, como la Costa Caribe. Se propone establecer a Cartagena de Indias como sede alterna de la Presidencia de la República y del Ministerio de Relaciones Exteriores, no para efectos protocolarios como anteriormente se contemplaba sino como sede administrativa, también, como sede alterna del Congreso de la República y del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Es un reencuentro con su propia historia.
A 489 años de su fundación Cartagena sigue siendo estratégica, ostenta el mejor puerto del Caribe y el único que verdaderamente representa a Colombia a nivel mundial. Con una zona portuaria ubicada al suroeste del mar Caribe, cerca al Canal de Panamá y en el golfo del Darién, acompañada de un conjunto de islas bajas, canales, lagunas y bahías, es la ciudad que mayor potencial tiene de ser la sede del Gobierno e incluso capital de la República. Si sumado a estos componentes se ejecuta lo establecido en el proyecto, Cartagena no solo obtendría un alto beneficio mejorando sus índices sociales y económicos, sino que se transformaría en una ciudad de talla global y podría estar a la altura de cualquier ciudad marítima del mundo. Estas realidades geohistóricas merecían ser reivindicadas.
Como historiadora aporté en la elaboración de este gran proyecto que por supuesto no se limita a desconcentrar y descentralizar administrativamente hacia Cartagena, sino hacer del Caribe un centro de poder nacional. Para lograrlo, Barranquilla y Santa Marta dos de las ciudades más importantes también debían ser partícipes de esta democratización institucional, por lo que se propuso estratégicamente a Barranquilla como sede alterna del Ministerio de Transporte y Santa Marta como sede alterna del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pero también, se abrieron las posibilidades legales para que cualquier otro Ministerio pueda tener una sede alterna en una región o ciudad diferente a Bogotá. Desde esta perspectiva la igualdad de oportunidades regionales estará asociada a la institucionalidad.
Uno de los primeros en advertir los nocivos efectos de un sistema altamente centralista fue Alfonso López Michelsen: “No puede ser que la sede central de institutos de crédito como el Banco Popular […], tengan sede en Bogotá y modestas sucursales en otras capitales del país”, posteriormente, el exministro José Vicente Mogollón que en 1996 ya calificaba a Bogotá como “el mayor caos organizado” y después de la Constitución del 91 un segmento de intelectuales ha logrado evidenciar que 30 años después de derogado el régimen centralista la dinámica de concentración de los recursos no ha cambiado y, por el contrario, va en aumento.
Poco se hablaba de descentralización administrativa en la esfera pública, fue César Lorduy que desde el Congreso de la República dinamizó el debate y sin entrar en disonancia con la Constitución le propuso al país profundizar nuestro modelo de descentralización hacia una gestión más estratégica de los servicios, en el plano regional, más cerca del plano local, capaz de orientar el proceso hacia un nuevo tipo de relación entre la nación y las regiones, “que permita recuperar el sentido político de la descentralización que poco a poco se ha convertido en un proceso tecnocrático de envío de informes, solicitud de recursos y lobby de la región hacia el centro”.
Ese día 6 de junio, por la tarde recibí una llamada, era Lorduy, me decía “la Comisión Primera de la Cámara acaba de aprobar por mayoría el proyecto sobre descentralización de los ministerios”. Aunque aún le falta un largo trajinar en plenarias del Senado y Cámara de Representantes, fue grato, porque al emprender el proyecto todos sabían que la mayor dificultad a la que se enfrentaba no era en términos presupuestales, era que en la praxis el proyecto iba a tropezar con los obstáculos de un sistema centralista arraigado no solo institucionalmente sino culturalmente.
Ejemplo de lo anterior, es que paralelo a este proyecto fue aprobado por CONPES la construcción de un complejo arquitectónico en Bogotá que funcionará como una nueva sede de Drape y de otros ministerios, solo para la primera fase del proyecto han destinado más de $232.000 millones. Es decir, plata si hay pero no para las regiones. Que un proyecto de la naturaleza como el propuesto por Lorduy haya sido aprobado en Comisión Primera es un gran avance, porque representa un cambio de esas mentalidades que hoy nos tienen con un Estado macrocefálico, cuyo régimen político y tecnocrático ha perpetuado el modelo centralista y ha omitido desarrollar las posibilidades que ofrece la Constitución en materia de autonomía regional.
Un nuevo esquema de organización territorial contribuiría a resolver problemas de Bogotá relacionados con sus perspectivas como ciudad-región, pero también como respuesta de consenso a la necesidad de construir o trasladar instituciones en ese medio país que carece de ellas.
