Susana Muhamad
Pasó la masacre en Bogotá de los días 9,10 y 11 de septiembre, pero no han pasado las causas estructurales que generaron dicho evento, ni hay medidas concretas para prevenir que algo así vuelva a ocurrir. Desde el gobierno nacional no se acepta la necesidad de una reforma a la policía, tampoco se aceptó como lo que pasó, en el pasado Paro Nacional del 21 de noviembre, fue un evidente atropello y abuso por parte de la policía, ya investigado y fallado por la Corte Suprema de Justicia, la cual le dio precisas ordenes al gobierno Duque, que este se niega a acatar.
Por el lado del gobierno distrital el escenario no se ve mejor. Desde la Alcaldía de Claudia López no hay tampoco una respuesta estructural. Hasta ahora se ha dedicado a ‘pasar el balón’ y, por lo tanto, la responsabilidad, a otros actores: la Procuraduría para disciplinar a la Policía Nacional y el Congreso para hacer una reforma estructural a la misma.
Se mantienen y agravan entonces las mismas circunstancias: un Presidente incompetente, sin pudor y sin poder propio; un partido de gobierno empujando hacia el autoritarismo; un Estado cada vez más cooptado por el jefe de estado y su colectividad política, borrando con ello la separación de poderes; unas fuerzas de policía y militares sin una doctrina para la democracia, además sin capacidad reflexiva sobre su rol en la sociedad; unos territorios abandonados al crimen organizado transnacional; una sociedad diezmada por la pandemia y cansada del abuso, la cual no encuentra respuestas políticas a sus demandas.
Todo esto no puede si no dar como resultado en un ‘cóctel explosivo’, un estallido social en el que la política deja de ser el medio de resolución de conflictos, para ser la violencia la que defina el balance de poder en el país. El riesgo que se corre es el de una radicalización de la movilización social, que a su vez corre con el riesgo de mayor represión por parte del Estado, todo ello en un marco de un régimen de impunidad frente a los abusos estatales, lo que puede terminar en confrontaciones violentas, que a su vez diezmarían a la democracia y empoderarían al crimen organizado, generando un círculo fatídico de retroalimentación negativa.
¿Por dónde empezar a desactivar esa ‘bomba de tiempo’? La respuesta la tienen Bogotá, así como las grandes ciudades del país y la presión internacional. En el corto plazo no habrá cambio de presidente, ni se ve clara una reforma a la policía o a las fuerzas militares, además es poco lo que puede hacer desde el congreso para evitar la toma de los entes de control por parte del partido en el poder. Por eso, los gobiernos locales deben dar una respuesta más contundente para proteger a la ciudadanía y mitigar la tendencia nacional hacia el autoritarismo, en esa responsabilidad el mayor peso, por su tamaño e importancia, recae sobre Bogotá.
Algunas medidas que puede implementar Claudia López en este contexto son: replantear su política de seguridad, en la que actualmente prevalece lo punitivo, para asumir una postura de seguridad humana, una visión que ha sido recomendada como integral y auspiciada desde 1994, por la PNUD de la ONU. Hoy la Alcaldía se rige por una visión tecnocrática, que no tiene en cuenta un enfoque más estratégico y político, el cual es clave para abordar el tema de la seguridad. Esta mirada debe hacerse la pregunta ¿A quién empodera el Estado con sus inversiones y actuaciones? Actualmente la respuesta sería que se le da el poder, principalmente, a la policía sobre el ciudadano, situación que se volvió extrema en el contexto de la pandemia. La fuerza policial se metió hasta en la regulación de aspectos de la vida cotidiana, como cumplir los horarios de la cuarentena, situación que, por ejemplo, le costó la vida a Javier Ordoñez.
En una concepción de seguridad humana, las inversiones del Estado empoderan a las comunidades en su territorio, con el fin de regular aspectos de la vida pública, aumentando con ello las libertades y la expresión social. Por ejemplo, se aumenta la capacidad de participación democrática en decisiones del Estado, por parte de diversos actores sociales como las veedurías ciudadanas y organizaciones de base, las cuales contribuyen a formar un tejido social que se apropia de los territorios, así como de las problemáticas locales, con ello se genera una sinergia con el Estado, todo esto se traduce en una gobernanza local así como en la creación y fortalecimiento de redes de solidaridad, estas incluyen, en vez de excluir, a la diferencia. Allí la policía se inserta en acuerdos de regulación local siendo un actor específico y no preponderante de la vida social.
Esta política de seguridad debería ser previsiva. Es decir que tiene capacidad de cruzar variables sociales, ambientales, económicas y geo-estratégicas para prever fenómenos que pueden redundar en conflictos y así dar respuestas múltiples que coordinen a diversas instituciones. Por ejemplo, una política de seguridad así, hubiera podido responder preguntas como: ¿Cuáles son los riesgos en seguridad humana como resultado de la pandemia? ¿Cuál es la relación del negocio del narcotráfico con los CAI vandalizados el 9 de septiembre? ¿Cómo el abuso policial causa conflicto social, y cómo se manifiesta este en diferentes localidades? ¿Qué poblaciones son hoy más vulnerables a la estigmatización social y cómo esto puede generar abusos de autoridad? ¿Qué relación tiene el fenómeno de los ‘Tierreros’ con la presencia institucional del Estado en las periferias? ¿Cómo un fenómeno de la Niña, en combinación con la pandemia del COVID, puede generar disrupción del orden público? Hoy, peligrosamente se mantiene una visión lineal y reactiva de la seguridad.
La alcaldesa debería lograr una negociación política, apoyada en la sociedad bogotana, para la protección de la vida en la ciudad. Y esto pasa por un acuerdo sobre la conformación de la actual cúpula de la Policía Metropolitana y la implementación de protocolos frente a la protesta social, los cuales deberían ser llevados al presidente Iván Duque. Esta negociación se podría plantear conjuntamente con varias ciudades capitales.
No es sostenible mantener una relación quebrada entre la primera autoridad de policía, la alcaldesa y la actual cúpula, pero los hechos ocurridos en los tres días de septiembre, más de 14 muertos y un abuso policial por toda la ciudad, exigen una toma de responsabilidades, la actual comandancia de la fuerza policial bogotana debe ser reemplazada.
Además, la sociedad bogotana y las fuerzas democráticas, deben denunciar al mundo los graves hechos acontecidos en la ciudad, especialmente frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Solo faltan 38 días para las elecciones en Estados Unidos. Un cambio de gobierno en el norte, que parece el escenario más probable, según lo que muestran encuestas, le quitaría un pilar de poder al gobierno Duque, apoyado hoy en el respaldo chantajista del presidente Donald Trump. Bajo un gobierno Demócrata hay una mayor posibilidad de que estas denuncias se traduzcan en acciones concretas de presión frente al gobierno nacional.
Este espacio democrático que se puede abrir en Bogotá y potencialmente en otros centros urbanos gobernados por demócratas y alternativos, lo que generaría un respiro social para la protesta pacífica, la cual a pesar de que se ha exacerbado durante el gobierno actual, se ha encontrado con una respuesta autoritaria frente a este derecho constitucional.
Si no hay un cambio en la política de seguridad, la alcaldesa quedará peligrosamente entre el Presidente Duque, su entorno autoritario, y una Policía Metropolitana sobre la que no tiene poder de mando. Una mezcla peligrosa que ya mostró las consecuencias el 9 de septiembre del 2020, situación que le conviene al Uribismo.
Queda claro que en la ciudad no existe una política de seguridad que prevea y anticipe, la cual cruces variables sociales, económicas y geo-políticas en el marco de la ‘Seguridad Humana’. Bogotá, en tiempos del COVID, tiene una política deficiente para tiempos complejos. Muestra de eso es que la respuesta final de la alcaldesa, además de solicitar el control preferente de los casos de abuso policial por parte de la Procuraduría y de reconocer a las víctimas – ambos hay que reconocerlos como pasos importantes–, ha sido proponer más pie de fuerza para Bogotá, reproduciendo esa visión recortada de la seguridad, comprando la tesis del enemigo interno y evitando preguntas sobre la complejidad social, económica y del ejercicio del abuso de poder policial en la ciudad.
