Un gran acuerdo nacional

Por Laura Bonilla

Propongo un gran acuerdo nacional con dos objetivos comunes para la Colombia de hoy: pacto por la vida y por la libertad. En concreto, creo que tenemos la oportunidad de disminuir sustancialmente el secuestro y el homicidio, que han sido los dos grandes lunares de la paz total, pero cuyo aumento no es atribuible a ésta.

No es por aguar la fiesta, pero, aunque es una gran noticia el compromiso del ELN y el EMC de suspender el secuestro, y aunque ello traerá un gran alivio en las regiones donde hacen presencia, me temo que no va a ser suficiente. En nuestro reciente informe publicado desde la Fundación PARES sobre las dinámicas del secuestro, se muestra que hay una concentración urbana de los casos, que en un 60% no se conoce quién es el autor de este, y que, además, el EMC y el ELN suman alrededor del 21% de los casos reportados por la Policía Nacional.

Igual sucede con las violencias masivas que hoy afectan sustancialmente a la población y que se relacionan más con la presencia de organizaciones delincuenciales y de crimen organizado en áreas urbanas, que suman 196 en 7 ciudades. Podrían ser muchas, muchas más. Por eso hay que tener dos miradas estratégicas, aunque complementarias. Una, enfocada en la recuperación de la seguridad ciudadana y otra en avanzar en las negociaciones posibles de paz. Ambas miradas están en sintonía con lo propuesto por el nuevo comisionado de Paz, Otty Patiño: concentrémonos en el territorio.

En la primera estamos muy mal en información, seguridad, tecnología y análisis. También se requieren recursos mucho más permanentes para la seguridad en municipios y departamentos afectados. Prevenir la conformación y proliferación de grupos criminales y entrar de frente a desmantelar los focos de corrupción en las cárceles y en el propio INPEC. La información que provee la Fiscalía General de la Nación al día de hoy es precaria e insuficiente, como también su accionar para complementar el trabajo de policía, y es difícil encontrar casos donde la labor de policía y la justicia operen de forma complementaria. Un 60% de desconocimiento es inadmisible.

Bogotá, Cali y Cúcuta son las tres ciudades más afectadas en número de casos de secuestro. Si queremos bajar el indicador se tiene que empezar por éstas, incluyendo el desmantelamiento más efectivo de bandas y grupos dedicados a la extorsión como renta principal. También es altamente relevante considerar tener indicadores no basados en la efectividad del crimen, sino en la de las acciones de la Policía, como indicadores de planeación y satisfacción del servicio por parte de la ciudadanía. Y sí, todo esto necesita una articulación muchísimo mejor entre el gobierno central y los gobiernos locales.

Para asegurar la segunda mirada estratégica se necesita más concentración y esfuerzo en los tres grandes: el ELN, las disidencias agrupadas en el EMC y el Clan del Golfo o las AGC. Aquí hay varios temas clave para iniciar, paralelo al avance de las mesas decididas por el gobierno y por los propios grupos. La primera es la formalización minera. Una minería artesanal o a pequeña escala que pueda ser formalizada es la única forma de garantizar que el Estado está donde lo necesitan y no dónde puede. La reforma al Estatuto Minero es fundamental en el 2024. Gran parte de los grupos armados utilizan la informalidad minera para dar créditos a maquinaria amarilla, con gravísimos daños a los ecosistemas y al mismo tiempo ejercen control territorial y de población, compran el oro y lo venden o lo lavan. Esta cadena de valor debe tener un control muchísimo mayor.

El segundo son las cárceles. Infortunadamente, la economía criminal funciona hoy a través de ellas y en muchos casos de los llamados “carteles de abogados”, que por fuera de ella manejan rutas y negocios al crimen organizado. Una ruta es en realidad un conjunto de contactos, una cadena de corrupción que permite que todo se mueva. Lo legal y lo ilegal. Tal y como están las cárceles y el INPEC hoy es casi imposible que una reforma pueda solventar el grado de podredumbre que hay en ellas. Habrá que considerar otras alternativas.

Finalmente, está la necesidad de clarificar la paz urbana o la política de sometimiento y encontrar una salida pronta a los y las jóvenes que están pidiendo una segunda oportunidad y que son perfectamente sujetos de una buena política de reincorporación. Incluso una individual, si es necesario.

Vamos a necesitar una gran generosidad social tanto por parte del gobierno central como de la sociedad, e incluso de aquellos grupos que están en la mesa. Sin embargo, lo veo viable. Supongo que es parte del espíritu decembrino.

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