Después de cuatro sesiones, el alto tribunal de la Corte Suprema de Justicia entregó a Colombia una decisión crucial el 12 de marzo, 18 de los 23 magistrados eligieron a Luz Adriana Camargo como la nueva Fiscal General de la Nación. Camargo, una abogada especializada en Derecho Penal y Criminología, ostenta una hoja de vida intachable y ha acumulado méritos significativos en su incansable lucha contra la corrupción.
No es ajena al éxito en este campo, fue parte del grupo de abogados que acompañó y asesoró a Iván Velásquez, líder de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), desde 2013 hasta 2019. Durante este periodo, lograron impactar la corrupción desmantelando y condenando a más de 50 congresistas, además de investigar el homicidio de los periodistas Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Sierra, quienes fueron víctimas de un grupo disidente del narcotráfico de las FARC.
Uno de los roles más destacados de Camargo es su labor como magistrada auxiliar en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde desempeñó un papel crucial en la investigación del escándalo de la parapolítica, expuso la conexión entre sectores políticos y las Autodefensas Unidas de Colombia. Con más de 20 años de experiencia en el campo legal, Camargo se presenta como una figura sólida y capacitada para enfrentar los desafíos judiciales y de corrupción que afectan al país y superar las cifras de la Gestión del ex Fiscal Barbosa.
Pues si bien Barbosa trata de vender la idea de que se va como el mejor Fiscal en la historia del país, la realidad dice otra cosa. En su posesión, expresó que su gestión estaría enmarcada en la lucha contra la corrupción, comprometiéndose a fortalecer la investigación en crímenes de líderes sociales y reforzando la presencia de la fiscalía en regiones como Chocó, donde solo el 36,7% de las denuncias por violencia sexual tienen avances en cuanto al esclarecimiento, Amazonas con un 38,2%, y Putumayo con tan solo un 32,2%. Lo más preocupante es que entre 2020 y 2024 más de la mitad de los procesos terminaron en absoluciones, Sin olvidar los retrasos que presuntamente orquestó, como lo fue el caso de Álvaro Uribe Vélez, pues varios fiscales buscaron precluir el proceso y que decir continuos retrasos en el caso Odebrecht o de su esmero por judicializar a manifestantes durante los estallidos sociales para evadir la problemática de corrupción en el país.
El clamor por un cambio era más que evidente. Colombia necesitaba una Fiscalía con experiencia en materia penal, libre de sesgos políticos y favoritismos, verdaderamente imparcial pues recordemos que Barbosa mantenía una estrecha relación con Iván Duque, lo que generaba legítimas dudas sobre su independencia. Es hora de depositar nuestra confianza en un cambio real, en una fiscalía verdaderamente imparcial y comprometida con la lucha contra la corrupción, una que defienda los intereses de todos los ciudadanos sin distinción alguna.
Alejandro Toro
