Siendo el desarrollo sostenible y el cuidado de nuestro planeta tierra un tema de orden superior, no solo para el país sino para la humanidad, resulta cada vez más importante que las políticas de Estado y las decisiones de Gobierno sean precisas y equilibradas, por lo que se ve altamente recomendable adoptar un mecanismo de aseguramiento como la de tener una Junta independiente que apruebe o desapruebe los proyectos sujetos a licencia ambiental. Aquí las razones.
La palabra independiente es clave porque denota que las decisiones no pueden depender del Gobierno de turno, porque su esencia es el largo plazo, apuntan a asuntos estratégicos del país y porque dejadas en manos del Gobierno de turno pueden terminar siguiendo sus sesgos según las afugias por las que esté pasando. Para ilustrarlo contamos con un buen símil.
Desde la Constitución Política de 1991 la junta del Banco de la República tiene independencia “en política monetaria, cambiaria y crediticia, obligando al Gobierno a coordinar la política macroeconómica con este, siempre y cuando las políticas macroeconómicas gubernamentales estuvieran alineadas con el control de la inflación; en caso contrario, el Banco no está obligado a ninguna coordinación, es decir que prevalece la estabilidad de precios sobre otros objetivos, como el empleo y el crecimiento” (Maya).
La razón de esta independencia dada por “los economistas ortodoxos: porque los Gobiernos tienen un sesgo inflacionario; quieren ser reelegidos y para ello quieren demostrarles a los electores su compromiso con el empleo, financiando directamente el déficit público para generar más empleos, pero terminan generando más inflación vía emisión monetaria”. Y la inflación es “el impuesto más cruel e injusto para los pobres como sugiere Kalmanovitz”. Aunque no se puede decir que haya consenso frente a todas sus implicaciones, se sabe que ha funcionado para bajar y mantener la inflación desde que es independiente.
La inflación es una variable del país, que aunque es influenciada por la economía mundial (como en estas épocas), es local. La promesa de su manejo cuidadoso es que no deje caer al país en espirales decadentes que desencadenen inflaciones inmanejables que se traduzcan en pobreza y terminen cerrando el paso a la competitividad y por ese conducto al crecimiento también.
Las decisiones relativas al Ambiente y al Desarrollo Sostenible le son también naturalmente contrarias a las metas de un Gobierno de turno, que quisiera desarrollar minería, fracking, proyectos de infraestructura, sin tener tantas talanqueras ambientales ni sociales, y así poder mostrar resultados de corto plazo en exportaciones, en suministros estratégicos, en empleo, etcétera, por lo que tiene un lógico sesgo con el que quisiera subordinarlas a sus propósitos de manejo económico. Pero las decisiones del Ambiente y del Desarrollo Sostenible no son variables locales, son globales, y por lo tanto deberían tener aún más jerarquía que las puramente económicas, si nos atuviéramos a la inteligencia colectiva frente al planeta y a que hemos prometido honrar las promesas de hacer esfuerzos para parar el cambio climático. Sería un coherente y avanzado mensaje para respaldar el “Unidos es que lograremos salvar a nuestro planeta y generar una conciencia donde la sostenibilidad esté presente en nuestras acciones” (Duque).
Resultaría entonces más lógico que las decisiones en Ambiente y Desarrollo Sostenible le sean confiadas a una Junta independiente que valore tales decisiones sin el peso de las presiones del Gobierno de turno, y las niegue o condicione según trasgredan las líneas rojas que el mundo se ha impuesto para regresar al planeta a una senda de calentamiento (y contaminación) que no atenten contra la vida en el mismo. Que evite que el Presidente pueda darle órdenes directas a la ANLA debido a los silenciosos compromisos adquiridos en campaña o por la estrechez de la coyuntura económica, o la presión de algún país poderoso, o incluso por vulgar corrupción. A los gobernantes actuales puede no gustarle, pero debemos tener en cuenta que en el futuro no sabemos qué tipo de gobernantes tendremos.
Una Junta integrada con mecanismos parecidos a los de la del Banco de la República, que con el tiempo va sumando a personajes de muy alto reconocimiento por sus conocimientos, equilibrio conceptual en torno al Desarrollo Sostenible y sobre todo, amor incondicional por nuestra casa mayor – la tierra – y a nuestra patria hermosa pero amenazada y no bien protegida a la vez, puede asegurar una sana instancia de discusión con los Gobiernos para la política ambiental necesaria y unas decisiones que no se vean sesgadas por las necesidades de crecimiento o preferencias ya anotadas.
Este tipo de reformas deberían estarse debatiendo por los candidatos para saber su real compromiso con el mundo, por encima de sus intereses locales. Asociado a esto también deberíamos estar revisando en la Ley de Delitos Ambientales, y especialmente qué pasa con las omisiones de los funcionarios a cargo de la protección de la naturaleza: ¿qué les pasa si no hacen la tarea? ¿qué penas afrontan si se hacen “los de la vista gorda” con los delitos ambientales? No son asuntos menores.
Ante la mirada estupefacta del mundo por lo que sucede con la deforestación de nuestra selva amazónica, que es demasiado dolorosa, se está matando la diversidad espectacular que tenemos: solo en la mitad de diciembre y este enero “se presentaron 1.950 incendios forestales y quemas prohibidas… el abandono estatal es palpable allí donde las autoridades no llenaron el vacío que dejó la salida de los rebeldes” (refiriéndose a las desmovilizadas FARC) (Torrado); para 2020 la cifra ascendió a 172.000 hectáreas deforestadas (¡los datos oficiales solo se saben 1 año y medio después!). Se puede consultar el tamaño del desastre en la web de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).
Pese a los compromisos en la COP26, que promulgó el Presidente levantando aplausos y todo, no vamos a cumplir, y la razón que esgrime el Gobierno es que faltan cooperantes con dinero. Pero se conocen las estrategias que no tienen que ver con ello: el International Crisis Group (ICG) le ha advertido al Gobierno que “debe redirigir sus esfuerzos contra los delitos ambientales hacia los actores económicos que impulsan la destrucción de bosques, en lugar de los taladores más pobres”. Se sabe que la ganadería es el principal deforestador, el país sabe quiénes son, pero no se ven los resultados de una acción consecuente. Esta omisión es imperdonable. “Las acciones deben ser preventivas, no reactivas. Esta es una tragedia anunciada y año tras año en temporada seca vemos, con impotencia y dolor, al Amazonas arder”, apuntan más de 180 académicos colombianos en una carta pública a Duque y su ministro de Ambiente”, recuerda la misma fuente (Torrado).
El Ambiente y el Desarrollo Sostenible es el asunto más serio e importante que enfrenta el mundo, y desde luego Colombia debe estar ahí, poniendo su parte. En consecuencia, solo nos corresponde actuar con las debidas seriedad e importancia.
* @refonsecaz
