Lo que realmente UNE a EPM con Millicom es la plata, las jugadas y los acostumbrados intereses políticos y empresariales de una élite de Medellín. Esa misma que lleva sobrecostos de recursos públicos de 10 billones de pesos en Hidroituango, 1 billón en la filial de EPM, Bonyic, Panamá, y de 800.000 millones en Antofagasta, Chile; esa misma élite que les mató el futuro de 6.402 jóvenes del país, “los falsos positivos”.
Todo radica desde el año 2014 cuando el entonces alcalde de Medellín Aníbal Gaviria efectuó la fusión de UNE, empresa del grupo EPM, la cual era 100% pública, con la cuestionada multinacional de comunicaciones Millicom. Este acuerdo, aprobado por los concejales de la ciudad consistió en que UNE mantendría la mayoría accionaria, pero Millicom la gobernaría y tomaría todas las decisiones, es decir EPM le daría de comer a la vaca, mientras Millicom la ordeñaba.
En el contrato de fusión quedó estipulado que 10 años después, EPM, con previa aprobación del Concejo de la ciudad, podría revisar qué tal le había ido en el negocio y eventualmente comprar o vender su participación a su socio Millicom. Cuatro veces fue hundido el proyecto de acuerdo actual, principalmente por los concejales del Centro Democrático y otros cercanos al ex gobernador de Antioquia Sergio Fajardo.
Sólo en los últimos 3 años, la nueva empresa fusionada, lleva pérdidas por 1,4 billones de pesos, 20 veces el desfalco de centros poblados, el famoso escándalo del gobierno de Iván Duque. En pocas palabras, la multinacional Millicom apalanca 3 billones, no sólo a cero costo, sino incluso generando pérdidas al grupo EPM y por ende a la ciudad de Medellín.
Con todos los elementos técnicos, financieros y estratégicos presentados por los profesionales financieros de EPM y que cualquier persona del mundo empresarial se daría cuenta que lo que existe es una posición del “socio bobo” de EPM en UNE-Millicom. Con este panorama, los concejales decidieron no avanzar en la recuperación del patrimonio público, quién sabe con qué intereses particulares, pero sin duda alguna no por intereses generales. Quedará en manos de las autoridades la revisión del presunto detrimento patrimonial causado por una élite decadente que hace esfuerzos por no morir a costa del bienestar futuro de Medellín.
