Confidencial Colombia – Universidad de la Sabana
Más allá del dilema moral sobre la prostitución, es preocupante la explotación sexual, así como las violaciones y maltratos hacia quienes se dedican a este tipo de trabajo.
Por: María Camila Caicedo Hoyos*
La prostitución es legal en Colombia siempre y cuando se haga de forma voluntaria y por mayores de edad; sin embargo, los trabajadores sexuales son un grupo marginado en situación de vulnerabilidad y, por tanto, merecedores de protección constitucional. En el año 2016, la Corte Constitucional emitió la sentencia T-594, la cual ordena al Ministerio de Trabajo reglamentar esta actividad y “busca la protección de los derechos fundamentales de las personas, en este caso, los derechos a la libertad personal, a la libre circulación y a la no discriminación”. Parece contradictorio saber que la ley respalda este trabajo, pero la mayoría de trabajadores no hacen parte de un sistema de salud, no cotizan para pensión y, mucho menos, reciben un buen trato por parte de la Policía.
La ONG Parces reveló en un informe reciente los tipos de violencia que sufren las personas que ejercen la prostitución. “El 62% de los encuestados han sido maltratados (a) físicamente por la Policía o un cliente, y al 32% les han negado el servicio de salud por su oficio”. Muchas cosas pueden estar escritas en papel, pero lo que verdaderamente evitaría la explotación sexual, los abusos e injusticias es garantizar buenas condiciones para dicho trabajo y no la erradicación del mismo que, por el contrario, generaría más redes de explotación, burdeles clandestinos, trata de personas, etc.
El trabajo sexual en Colombia es un negocio sin cifras y en aumento. En julio del 2018, sucedió en Cartagena con una red de prostitución que trabajaba con menores de edad y fue desmantelada. Dicha red estaba constituida por 18 personas y operaba en el Centro Histórico de la ciudad. Este caso es bastante complicado, ya que refleja dos grandes problemáticas que el país está enfrentando. Por un lado, la crisis económica, la falta de oportunidades y la desigualdad; y, por el otro, la llegada de venezolanos al país. Según las autoridades, alias ¨Gregori¨ era el encargado de buscar a las menores, en su mayoría migrantes venezolanas.
Con este ejemplo, se puede evidenciar la gran problemática que se vive frente al trabajo sexual. Celebro que la Fiscalía, junto con la Sijin, desmantelara esta red de prostitución. Pero en mi mente continúa la pregunta, ¿cuántas redes de explotación sexual continúan en el país?, ¿cuántas jóvenes como yo están siendo obligadas a vender su cuerpo? La prostitución no se puede ver desde un solo ángulo, por el contrario, tiene infinidad de aristas, y creo firmemente que si las leyes ofrecen garantías a este trabajo y estipulara de manera clara y concisa los derechos y deberes de los trabajadores, los problemas disminuirían.
La prostitución es considerada la profesión más antigua del mundo y, a pesar de eso, existen infinidad de problemas, tabúes y rechazo frente a esta actividad. Colombia debería tomar como ejemplo a Holanda, en donde la prostitución es legal y sus trabajadores y trabajadoras reciben las mismas garantías que cualquier otro trabajador. Está claro que a pesar de que el modelo holandés ha sido muy efectivo todavía presenta ciertas dificultades; sin embargo, el propio Gobierno “reconoció en 2014 que el negocio del sexo en el país supone más de 2.500 millones de euros cada año, el 0,4% del PIB, y es ya, junto a la venta de drogas, el principal motor de la economía holandesa por delante de la industria quesera”. Con lo anteriormente mencionado, no pretendo tomar una posición de si la prostitución es buena o mala, lo que sí está claro es que si como país construimos una cultura de tolerancia y, además el Ministerio de Trabajo se encarga de asegurar garantías a los trabajadores sexuales, muy posiblemente podría beneficiar a los prostitutos y prostitutas, y también a la economía del país.
María Camila Caicedo Hoyos es estudiante de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Sabana
