“Mandan cascara”, dicen en el Caribe. Al uribismo le queda imposible ocultar su desvergüenza cuando pretende criticar al presidente Gustavo Petro respecto a la posibilidad de una Constituyente.

El Propio jefe de Estado acaba de reiterar que no es su propósito acudir a este mecanismo previsto en la Constitución de 1.991, y que mucho menos tiene la intención de hacerlo para perpetuarse en el poder a través de una reelección.

Ha recordado eso sí, que quienes lo critican desde la orilla del establecimiento son aquellos que usaron la reelección a su favor, reformando la Constitución para ello. Uribe, Santos, Duque y Vargas Lleras fueron los directos beneficiarios de esa torcida de pescuezo a nuestro arquitectura constitucional.

Pero no mencionemos el famoso “articulito” con el que el expresidente Uribe pudo reelegirse y heredarle a Santos la misma posibilidad. Ni el fracasado referéndum de 15 preguntas del 25 de octubre del 2003, un día antes de las elecciones locales, promovido por el mismo Uribe que buscaba reformar la Constitución y de paso remolcar sus candidatos a alcaldías y gobernaciones en todo el país. Ríos de tinta se han escrito sobre tales acontecimientos y el impacto que aún estamos padeciendo de las alteraciones en la separación y equilibrio de los poderes públicos, principalmente por la reelección presidencial.

Hagamos más bien un repaso por las veces y motivaciones con las que la derecha uribista ha lanzado a los cuatro vientos la propuesta de una Constituyente. En el 2012, al entonces jefe del Partido de la U y expresidente Álvaro Uribe le pareció una buena idea atravesársele a la reelección de Juan Manuel Santos para pasarle cuenta de cobro por lo que el uribismo consideraba una “traición”.

Aunque Santos no había anunciado que buscaría reelegirse haciendo uso del “articulito” engendrado por su hasta hace poco jefe político, Uribe propuso una Constituyente para establecer un Congreso Unicameral, aunque “aclaró” que su propuesta no buscaba su retorno al poder sino una reforma a la justicia.

“Un grupo de ciudadanos, que merece todo el respeto, ha propuesto una Constituyente. Una Constituyente, limitada en sus atribuciones a reformar la justicia, dedicada a ese propósito sin la interferencia de interés diferente, puede ser respuesta al clamor de la hora”, dijo sin sonrojarse.

En el 2015 nos sorprendimos con la paradójica coincidencia del travieso expresidente y las FARC en la realización de una Constituyente, a instancias de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y esta organización guerrillera. “¿Entonces no será mejor proponer una Constituyente?” se preguntó. Y agregó:

“Una Constituyente limitada a los acuerdos de La Habana, de elección popular, que lo ratifique, lo reforme, le adicione, les quite”. Y luego en el 2016, animados por el triunfo del No en el Plebiscito por la Paz, arreciaron proponiendo de nuevo una Constituyente para reformar la justicia.

En el 2019, fueron varios congresistas del Centro Democrático los que propusieron convocar una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la justicia, incluyendo la Jurisdicción Especial para La Paz, tribunal creado como resultado del Acuerdo Final de Paz del Teatro Colón, que el uribismo siempre ha considerado riesgoso para su jefe y su proyecto político.

El vocero de esa otra pretendida jugadita fue el entonces presidente del Senado, Ernesto Macías, “una constituyente para una reforma a la justicia, una reforma política, yo diría, reforma a la justicia incluida la JEP”.

Pero “la tapa de la olla” de esta historia la protagonizó la senadora Paloma Valencia en el 2020. Tan pronto se conoció la orden de detención en contra del entonces senador y expresidente Álvaro Uribe por delitos, entre otros, como el de manipulación de testigos, la congresista uribista “pura sangre” desempolvó la reiterada aspiración del patrón del ubérrimo, de una Constituyente que reforme la justicia, de nuevo con un interés inocultable para favorecerlo.

Tiene razón el Senador Iván Cepeda cuando dice que el momento que reclama el país, a cambio de aventuras y fetichismos constituyentes, es el de un gran Acuerdo Nacional que remueva los obstáculos institucionales para construir La Paz; permita acelerar la implementación plena del Acuerdo con las exfarc y viabilice las urgentes reformas sociales.

Tienen razón quienes afirman que a ello se refiere literalmente el propio Acuerdo de Paz y que resulta estrambótico deducir interpretaciones más allá de lo que establece el texto. Y para ello no sobra refrescarles la memoria al Uribismo cuando pretende endilgarle a Petro lo que ellos tienen de sobra.

Antonio Sanguino