Tras revelarse el Plan Nacional de Vacunación mas la llegada de las primeras vacunas, el peso se apreció. Luz al final del túnel da animo, empresarios votan a Fernando Ruiz mejor ministro. Tres olas sin esfuerzo privado, inmunizaría priorizando por riesgo a 10.5 millones para agosto. En paralelo, la venta privada de vacunas para Covid conllevaría de 24 a 48 meses de cárcel. Inclusive la importación para el uso propio también queda prohibida. La priorización de la opción pública y gratuita es la correcta, se debe seguir ese orden. Prohibir una opción paralela privada puede aplazar la llegada de la inmunidad de rebaño que requiere 35 millones de vacunados. Mientras escuchamos más historias del turismo de vacuna, debe permitirse la importación privada.
Razonable no querer personas enriquecidas por cuenta de la tragedia. Los celos de ver a otros vacunándose puede afectar la unidad nacional, todos tienen afán de salir del encierro, no tener miedo. La motivación empresarial de importar vacunas para inmunizar trabajadores no es sólo altruista, querrán volver al ritmo de trabajo pre-pandemia. Los veinte dólares que cuesta la vacuna, mas que se compensan con poder trabajar. Según Fedesarrollo, la cuarentena cuesta entre $45-60 billones al mes.
En momentos de severa estrechez fiscal, cada vacuna privada aliviaría el esfuerzo público. Materialmente, en nada afecta a mayores de 80 años o trabajadores médicos, que otros reciba vacuna. Somos el último país grande de la región en empezar a vacunar, pero no tenemos que ser los últimos en lograr la inmunidad de rebaño. El plan es excelente, pero el esfuerzo privado puede acelerarlo.
Es injusto que sólo estén a salvo los turistas de vacuna que pueden pagar 21 días de estadía en Miami o Dubái. Si bien para muchos es difícil pagar la vacuna privada, millones de colombianos darían 70.000 pesos por no padecer Covid 19. La priorización estatal pierde sentido, si hay que sacrificar vidas en su altar. Si se puede acelerar la protección de una familia, así se critique por ser clase media, el esfuerzo vale la pena. Todos podemos remar en el mismo sentido. Es razonable exigir que, por cada vacuna privada, se done otra al fondo público.
Un reto privado es conseguir vacunas en medio de la escasez, aunque a la Andi y otros les han ofrecido 10 millones de dosis. Se requiere un protocolo con EPS y clínicas para salvaguardar la cadena de frío y aplicación. El riesgo de un mercado negro es latente, no todo el mundo puede vender ni aplicar. Lo más complejo es el aseguramiento frente a reacciones adversas, el gobierno teme demandas por las inmunizaciones privadas. La incertidumbre científica nos lleva a que el Invima sólo haya aprobado la de Pfizer, hay mucho por entender. El reto para medir riesgo, no nos puede llevar a la parálisis. Privados o públicos estarán poniendo las mismas vacunas aprobadas por Invima, de manera extraordinaria el gobierno podría extender seguros.
El gobierno puede reglamentar la importación privada cuando quiera, entre mas rápido mejor. La opción privada no permite oportunidades fotográficas, ni sale registrada en medios. Ya el gobierno tiene garantizada 61 millones de vacunas para su opción publica. Entendiendo la gran planificación estatal, la mano invisible está disponible para ayudar.
