El legado del expresidente es incuestionable, no se puede permitir agregar mantos de duda u observación ante su honra, sus valores, su gestión, su transparencia, capacidad de mando y habilidad para generar resultados, cuestionar eso es desconocer el gran avance que tuvo el país en temas de economía, desarrollo, e inclusión social, y ni hablar de seguridad y tranquilidad para los ciudadanos, claro que se pudieron presentar fallas o algunos errores de parte de funcionaros que traicionaron la confianza del expresidente, pero siempre se dio la cara y se habló con verdad al país.
En esas líneas se puede resumir la filosofía inquebrantable con la que Uribe y sus más abnegados seguidores -políticos y ciudadanos del común- ven el legado de esa administración.
“La JEP establece que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008, durante esa se registró el 78% del total de la victimización histórica”, eso declaró el jueves el tribunal especial de paz.
Esas declaraciones se dan bajo las investigaciones del caso 03, el cual trata el tema de ejecuciones extrajudiciales, “falsos positivos” o Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, como los nombra la JEP.
Ante esas preocupantes nuevas cifras, se confirma que existía un enorme subregistro de casos, personas que tuvieron pérdidas en su entorno cercano debido a esas prácticas, pero jamás denunciaron o lo hicieron ante una entidad que no era del Estado.
De forma inmediata, Uribe, integrantes de su partido y defensores entraron a discutir la credibilidad de la información, mencionando que esas cifras son promovidas por organizaciones con intenciones de perjudicar al expresidente o simplemente son datos erróneos. Hacer parecer a organizaciones de víctimas como instituciones enemigas que no tienen algo que aportar es un movimiento peligroso y triste para la democracia.
Dentro de todas las explicaciones, justificaciones, historias y opiniones, no sé ve un interés por las víctimas en sí, solo se critican las cifras y se señalan a organizaciones de víctimas como si fueran el enemigo, algo que en este país es peligroso -para las organizaciones-.
No se habla del dolor de perder a alguien, de la importancia de conocer la verdad sobre esas vidas perdidas, de los posibles errores cometidos, por omisión o acción, o del papel de las instituciones del gobierno como victimarios, no como defensoras de los derechos humanos.
Lejos de cualquiera de esas posturas, se ve como criminal, enemigo de la democracia o fuerte detractor del expresidente y de las fuerzas militares a quienes les exigen responsabilidad por sus actos en contra de la población en esta larga historia de conflictos armados.
Precisamente por esa misma razón, la JEP tuvo que modificar su forma de trabajar a la hora de buscar testimonios en las fuerzas armadas, con testimonios de oficiales y suboficiales de bajo rango, ha ido escalando para detectar una sistematizad en la forma que propicio los falsos positivos.
La JEP y las organizaciones de víctimas son una amenaza para el legado del expresidente, la idea de que el hombre “más querido y honorable”, no sea aquel héroe de la democracia y los resultados es algo que el expresidente y su manada de seguidores no van a permitir.
