Una auditoría de la Contraloría General de la República encontró incumplimientos graves y generalizados en el recaudo, administración y ejecución del impuesto nacional con destino al turismo, con hallazgos fiscales por $28.310 millones, que corresponden a recursos de la
vigencia 2023 y a presentaciones extemporáneas de las declaraciones del mencionado impuesto.

l caso de mayor impacto se concentra en el proyecto de embarcaderos fluviales ejecutado por el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) en 81 municipios del país, financiado con dicho impuesto. Según el informe, se identificaron posibles faltas disciplinarias y serias deficiencias en la planeación, supervisión y gestión contractual del proyecto.

El proyecto, correspondiente a la vigencia fiscal 2023, contemplaba la instalación de 88 embarcaderos fluviales y fue iniciado oficialmente el 26 de diciembre de ese año, con un plazo de ejecución de 20 meses y fecha de terminación prevista para agosto de 2025. No obstante, aunque la fabricación de los 88 módulos fue completada en su totalidad, a la fecha de la auditoría solo cinco embarcaderos habían sido instalados y puestos en funcionamiento en municipios de Santander, Bolívar y Magdalena. Esta situación evidenció una amplia brecha entre la ejecución financiera y el avance físico de las obras, comprometiendo la eficiencia del gasto público y la finalidad social de los recursos.

Otro hallazgo relevante señalado por la Contraloría corresponde a la presentación extemporánea de las declaraciones del Impuesto Nacional al Turismo de los años 2021 y 2022, lo que generó una presunta incidencia fiscal por $5.303 millones. El organismo de control advirtió fallas en los mecanismos de seguimiento y control por parte de la DIAN, FONTUR y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), así como posibles responsabilidades disciplinarias derivadas de estas omisiones.

El informe también cuestiona la gestión del Ministerio de Hacienda, la DIAN, el MinCIT y FONTUR en la administración de estos recursos, considerados clave para la promoción, competitividad e infraestructura del sector turístico, uno de los motores de la economía nacional. La Contraloría alertó que la DIAN no ejerció de manera efectiva sus facultades de fiscalización y control tributario, aumentando el riesgo de pérdida de recursos públicos y afectando la oportunidad de su ingreso al Presupuesto General de la Nación.

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