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La Veeduría Distrital, tras un análisis sobre la información disponible, tanto de indicadores de ciudad como de procesos penales vigentes, evidenció que la información oficial disponible no brinda un panorama certero del fenómeno. Lo anterior principalmente por dos factores. En primer lugar, el acoso sexual callejero, no es considerado un delito en Colombia a diferencia de otros países de la región lo que dificulta su denuncia y su judicialización.
Y, por otro lado, tampoco es tenido en cuenta como un indicador de seguridad por lo cual no hay un seguimiento de los casos ni tampoco del impacto de las acciones que la administración adopta para combatirlas.
La Veedora Distrital, Viviana Barberena Nisimblat, expresó la urgencia que tiene el país y el Distrito de avanzar en materias legislativas, de infraestructura, rutas de atención y en la construcción de una cultura ciudadana que nos lleve a nuevas masculinidades. “El acoso sexual callejero, es un tema que ha sido invisibilizado históricamente pero que afecta los derechos y la libertad de niñas y adolescentes en la ciudad.”
En este contexto, la Veeduría adelantó una encuesta entre el 29 de julio y el 24 de agosto de 2022, a 3.089 mujeres mayores de 14 años, que brinda un panorama tanto de la percepción como de las vivencias de las niñas y mujeres en el espacio y transporte público.
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Resultados de la Encuesta
De las ciudadanas encuestadas 7 de cada 10 mujeres, manifestaron tener miedo a sufrir un ataque sexual en el transporte o en el espacio público; y 8 de cada 10 mujeres han experimentado una situación de acoso sexual en algún momento de su vida. La encuesta también detalla las formas de acoso de las que han sido víctimas y se evidencia una multiplicidad de manifestaciones que a pesar de detentar distintos grados de gravedad son configurativas de acoso callejero vulnerando los derechos humanos y la libertad ciudadana de las niñas y mujeres.
Al indagar sobre los niveles de denuncia, el 89,3% de las encuestadas coincidió en no haber denunciado casos de acoso, de lo cual se puede inferir un subregistro de estos hechos en las cifras oficiales y una alta desconfianza en los canales de judicialización de estas conductas, que frente al vacío normativo tienen que procesarse penalmente a través de figuras como la injuria por vía de hecho. El 62,8% no conoce ni siquiera los canales de denuncia y solo el 43,5% dice conocer las acciones que desarrolla el Distrito para prevenir estas situaciones.
La encuesta que, entre otros resultados revelan cuáles son los lugares o medios de transporte que las mujeres consideran más peligrosos, los horarios, y el impacto que tiene en su cotidianidad y la alteración de sus rutinas, revela grandes retos en el ámbito penal normativo, de infraestructura, la construcción de cultura ciudadana en la formación de nuevas masculinidades y rutas de atención y denuncia.
La Veedora Distrital Viviana Barberena Nisimblat, afirma que: “si bien la actual administración, a través de la Secretaría Distrital de la Mujer, la Secretaría de Seguridad, la de Cultura y la de Movilidad, le han apostado a la formulación e implementación de nuevas estrategias de trabajo interinstitucional para prevenir y controlar la violencia contra la mujer en el espacio y en el transporte público, hay retos que asumir de manera urgente y sistemática.”
Y frente a ellos propone : contar con un indicador de seguridad relativo al acoso callejero con el fin de que este fenómeno sea tenido en cuenta a la hora de hacer una evaluación global de la seguridad ciudadana; promover el conocimiento de los canales de denuncia frente al acoso callejero entre las ciudadanas; fortalecer la perspectiva de género en el transporte público; desarrollar campañas de sensibilización particularmente sobre el acoso y sus implicaciones, en desarrollo de una conciencia colectiva de corresponsabilidad frente al fenómeno; poner en marcha una ruta de Atención frente al acoso callejero para garantizar el acceso a la denuncia, proteger a las víctimas y transmitir confianza en la institucionalidad, y en el ámbito normativo, la inclusión del debate en la agenda legislativa para un pronto desarrollo punitivo que dé castigo penal a los actos de Acoso Callejero como se ha desarrollado ya en varios países de la región.
