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Etiqueta: Alejandro Toro

¿La alcaldía de Medellín contrata pauta para atacar a sus contrincantes políticos?

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, continúa manejando a su antojo los recursos públicos, las entidades del Distrito y los medios de comunicación. Esta vez, en su rol como miembro de la Junta Directiva del Metro de Medellín presuntamente intervino en la adjudicación de un contrato a favor del periódico El Colombiano, cuyo objeto era la prestación de servicios de diagramación, infografía e impresión del periódico institucional “Nuestro Metro”.

Lo irónico de esta situación es que la adjudicación de dicho contrato aparentemente estuvo viciada, considerando que El Colombiano fue el oferente más costoso, con una diferencia de más de trece millones de pesos en comparación con la propuesta presentada por la Casa Editorial El Tiempo. Lo que agrava aún más el asunto es que casualmente Juliana Correa Henao, ex empleada de El Colombiano y actual funcionaria del Metro de Medellín fue la encargada de evaluar el cumplimiento de los criterios dentro del proceso de adjudicación del contrato, lo que deja serios cuestionamientos sobre la transparencia y la posible configuración de un conflicto de interés.

 

Estos hechos no pueden verse de manera aislada a la aparente persecución que el periódico El Colombiano ha emprendido en contra del presidente de la República, del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero y de mí como Representante de Antioquia, no es coincidencia que esta campaña sistemática de desprestigio esté vinculada a intereses económicos, ya que el periódico presuntamente se beneficia de la adjudicación de contratos públicos por parte de la oposición, tal y como ocurrió con el contrato de prestación de servicios del metro de Medellín. 

En lo que va del año, dicho periódico ha publicado más de 210 artículos denigrantes hacia Daniel Quintero, lo que sugiere que su postura opositora no es tanto un ejercicio de libre prensa, sino una estrategia bien orquestada para favorecer sus propios intereses comerciales, siendo clara la constitución y la Corte Constitucional al señalar que la intromisión indebida que atente garantías fundamentales como el buen nombre, puede constituirse en un abuso del derecho a informar que ostentan los periodistas.

A lo anterior se suman los lamentables hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre, cuando más de 45 personas resultaron heridas durante el partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, celebrado en el estadio Atanasio Girardot, incidentes que surgieron por la presunta falta de garantías y seguridad proporcionadas por el alcalde de Medellín, lo que ahora se intenta atribuir al Presidente de la República para tergiversar y camuflar la falta de interés de Federico, quien casualmente se encontraba en Barranquilla en ese momento.

Dicho lo anterior, queda claro que la gestión de Federico Gutiérrez está marcada por la priorización de intereses personales y la manipulación de la verdad a través de los medios de comunicación. Por ello, es imperativo que los entes de control investiguen la adjudicación de contratos con posibles conflictos de interés, así como la manipulación de la prensa y la falta de garantías en estos eventos deportivos. ¡La vida, seguridad y recursos de Medellín están en juego!

Alejandro Toro

¿Qué tan cerca estamos de una desdolarización de la economía?

Cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, el primer mecanismo utilizado por Occidente para castigar a Rusia fueron las sanciones económicas, bloqueando a los bancos rusos del sistema internacional de transacciones SWIFT y congelando las reservas en dólares que tenía el banco central del país. Dos años después del inicio de la guerra, vale la pena preguntarse si Occidente (entendido principalmente como Estados Unidos y la Unión Europea) en vez de castigar a Rusia abrió la puerta para una pérdida de su papel hegemónico al impulsar la desdolarización de la economía mundial.

Al bloquear a la banca rusa del sistema financiero mundial, está tuvo que recurrir a otras monedas para la realización de transacciones internacionales y para la reserva de divisas del país. Esto es lo que significa desdolarización, cuando un país deja de usar el dólar en su comercio exterior. Con las sanciones, no sólo se afianzó el vínculo comercial entre dos de las economías más grandes del mundo – Rusia y China – sino que se posibilitó que los acuerdos comerciales entre los dos países se dejaran de transar en dólares y pasaran a otra moneda, en este caso el renminbi chino.

 

En este momento las transacciones entre las dos potencias mundiales más representativas del mundo no occidental no se hacen en dólares. A esto se debe sumar que los BRICS, el bloque económico compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica al que se han sumado países como Emiratos Árabes Unidos llevan en los últimos años promoviendo el uso de monedas nacionales y de otros medios alternativos de pago distintos al dólar para el uso de sus transacciones. Por ejemplo, hace poco se realizó una transacción de petróleo entre India y Emiratos Árabes Unidos, donde India pagó la compra de Petróleo en su moneda local y mediante un sistema alterno al SWIFT, en el que se usan criptomonedas.

Las sanciones hacia Rusia han presentado al bloque económico que busca contraponerse a Occidente una oportunidad para profundizar en la independencia del dólar, ¿pero podemos afirmar que estamos ante un escenario de desdolarización de la economía mundial? En el corto plazo y mediano plazo, la respuesta es no.

El Dollar Dominance Monitor del Atlantic Council hace un seguimiento del uso del dólar para transacciones internacionales, así como reserva de divisas internacionales de los bancos centrales de los países del mundo. En sus datos actualizados para el 2024, muestran que el 88% de las transacciones del comercio internacional se hacen en dólares, mientras que el 7% se hacen usando el renminbi chino, por debajo del euro, la libra esterlina y el yen japonés.

En cuanto al uso del dólar para la reserva de divisas sí ha habido una disminución considerable en los últimos 20 años, cayendo de un 72% en el 2002 a un 58% en el 2024. No obstante, de acuerdo al análisis realizado por el Fondo Monetario Internacional sobre el fenómeno, la disminución no ha sido respondida con el surgimiento de una moneda que le arrebate la hegemonía al dólar sino más bien por un aumento en las reservas internacionales de lo que el FMI ha calificado como divisas de reserva no tradicionales, donde además del renminbi chino se incluye el dólar australiano, el dólar canadiense, el won surcoreano, entre otras.

El FMI destaca el aumento que ha tenido el renminbi en las reservas internacionales en comparación con la caída del dólar en este rubro, pero señala que los indicadores muestran un estancamiento, representando el 2.15% de las reservas de divisas a nivel mundial. Al fin y al cabo el precio de los bienes que mayor impacto tienen en la economía mundial, como el petróleo, se sigue tasando en dólares, lo que hace muy difícil un abandono del dólar como moneda primaria del comercio internacional.

Aunque hay un hecho que puede empezar a cambiar la balanza un poco más rápido. En 1973, para salir de la crisis del petróleo, Arabia Saudita y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para que todas las ventas del petróleo del país árabe se hiciesen en dólares. Este año, Arabia Saudita ha confirmado que no renovará el acuerdo, abriendo la puerta para que su petróleo se empiece a negociar en otras monedas. Siendo el segundo productor de crudo más grande del mundo, estamos ante un escenario que puede empezar a profundizar la preferencia por divisas distintas al dólar no sólo en las reservas sino también en las transacciones.

La pregunta que se debe uno hacer es cómo afecta a Colombia un escenario de desdolarización de la economía. Elijo verlo como una oportunidad, si el país empieza a adquirir reservas de divisas como el renminbi abre sus posibilidades a nuevos socios comerciales estratégicos más allá de Estados Unidos, como China, lo que favorece a sectores económicos colombianos que tendrán mayor posibilidades de comercio y cooperación. De igual manera, adquirir nuevas monedas podría prevenir al país frente a efectos adversos asociados con la alta fluctuación del dólar. Un último aspecto que se hace necesario explorar como país es el del uso de monedas digitales, uso que viene en alta y con el cual no podemos quedarnos rezagados.

Alejandro Toro

Los medios alternativos, comunitarios y digitales son prioridad para el Gobierno del Cambio

El día 12 de septiembre se inauguró en la ciudad de Armenia el segundo Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales “Uniendo Voces”, organizado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El evento, que tuvo lugar entre el 12 y el 13 de septiembre, fue el escenario para conocer la hoja de ruta que tiene el Gobierno Nacional para el sector de la comunicación independiente, aquella que hace presencia en los territorios e informa los sucesos que los medios corporativos no están interesados en reportar.

Los miembros de la Comisión de Medios Alternativos, Independientes y Comunitarios de la Cámara de Representantes viajamos a Armenia para acompañar este evento de fundamental importancia para los propósitos de la Comisión. Deseábamos conocer de primera mano los planes del Ministerio de las TIC para impulsar el fortalecimiento de todos los medios que tienen como principal objetivo la construcción de territorio, de una cultura de paz, en vez de responder a intereses particulares, y nos vamos contentos de reafirmar el inmenso respaldo del Gobierno del Cambio a la comunicación alternativa, independiente y comunitaria.

 

Desde la Comisión presentamos el 21 de agosto del presente año un Proyecto de Ley para fortalecer la radiodifusión comunitaria, una expresión de la comunicación comunitaria que comprende el 44% de las radios del país. Recibimos con enorme felicidad la noticia dada por el Ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, de que la iniciativa legislativa cuenta con el respaldo de su cartera. Saber que tenemos el apoyo del Ministerio de las TIC en este importante proyecto de ley nos abre la puerta a construir de manera conjunta una serie de medidas que fortalezcan el ejercicio de las radios comunitarias.

A esto se debe sumar la noticia dada por el Ministro de que se abrirá una nueva convocatoria para otorgar licencias a emisoras comunitarias y el trabajo conjunto que se realizará entre el Ministerio de las TIC y la Agencia Nacional del Espectro para aumentar el espectro electromagnético que se les entrega a las radios comunitarias, las cuales se han visto históricamente desfavorecidas frente a las grandes radios comerciales.

Pero, el encuentro también nos dejó una tarea clara. El Presidente Gustavo Petro fue claro en su intervención en que el país necesita contar con una Ley de Tercios. Esta se refiere a que la pauta publicitaria de las entidades estatales se debe repartir en un 33.3% para redes sociales, 33.3% para los medios comunitarios, digitales y alternativos y un 33.3% en medios tradicionales.

Si bien desde el Gobierno Nacional se ha adelantado esta gestión a través de la Directiva Presidencial 009 de 2024, contar con una Ley de Tercios expedida por el Congreso de la República permitirá una mejor nivelación de la cancha entre los medios alternativos y los medios corporativos al contar los primeros con una fuente de financiación más estable. Es por esto que desde la Comisión buscaremos el camino para intentar hacer la Ley de Tercios una realidad.

El Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales dejó claro que no hay Proyecto del Cambio sin comunicación alternativa y comunitaria. Los 1.300 asistentes al encuentro tuvieron claro que el rol primordial que juegan en la construcción de una sociedad democrática es reconocido por el Gobierno Nacional, que lo que se viene es la implementación de una política pública que asegure su formalización y sostenimiento.

Alejandro Toro

La secretaría de comunicaciones de Medellín y las jugadas de la administración

La Secretaría de Comunicaciones, una dependencia del Despacho del Alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, tiene como función principal definir las políticas de comunicación, así como planificar, coordinar y ejecutar las estrategias informativas de la administración. Por su parte, TeleMedellín es un ente descentralizado de carácter indirecto, en cuya junta directiva participa Adriana Karina Garnica Villalobos.

Lo verdaderamente polémico de esta situación radica en el rol de Adriana Karina Garnica Villalobos, quien, en su calidad de Secretaria de Comunicaciones y miembro de la junta directiva de asociados de Telemedellín, donde se discuten temas relacionados con el financiamiento del canal, presuntamente ha querido beneficiar a la cadena de Radio de Caracol de la que fue jefe de presa entre el 15 de marzo de 2022 y el 31 de agosto de 2023, pues para el mes de mayo del presente año Telemedellin suscribió el contrato No. CTO-0173-2024 con CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A donde ella laboró, 5 meses antes de su nombramiento como Secretaria de Comunicaciones.

 

El objeto de dicho contrato fue la vinculación publicitaria al evento “Desafíos Colombia 2024 – Diálogo, Escucha y Debate desde Todas las Perspectivas”, por $200 millones de pesos, una cifra que resulta exorbitante si se considera la naturaleza de las obligaciones del contratista, planteando interrogantes sobre la justificación y transparencia de esta contratación, más aún cuando se entrelazan posibles conflictos de interés, debido a la influencia de la Secretaria de Comunicaciones en Telemedellin.  

Este caso solo afirma las intenciones que ha tenido el alcalde de Medellín y su administración para monopolizar el poder y beneficiar a su círculo cercano mediante nombramientos y contratos, un ejemplo evidente es el cargo que actualmente ocupa la hermana de Federico Gutiérrez como Directora de Internexa, una empresa vinculada a Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), donde Empresas Públicas de Medellín (EPM) es uno de los principales accionistas, siendo clara la injerencia en la toma de decisiones que tiene el alcalde de Medellín como Presidente de la Junta Directiva de EPM.

A lo anterior se suman los contratos realizados directamente por Federico Gutiérrez, como el reciente arriendo de 19 camionetas eléctricas de lujo por más de $21 mil millones de pesos. Este monto resulta significativamente superior al de su adquisición directa. Además, preocupa que detrás de este contrato esté una empresa cuya capacidad financiera ha sido cuestionada, lo que incrementa las sospechas sobre la idoneidad y legalidad de esta transacción.

El alcalde de Medellín ha centrado su discurso político en la defensa de los recursos públicos, insistiendo en la NO privatización y en la prudencia en el manejo de los fondos del Distrito. Sin embargo, los hechos recientes parecen contradecir estas promesas, evidenciando un interés personal en sus decisiones administrativas. Mientras el alcalde asegura proteger los bienes públicos, cada vez son más los indicios que revelan un manejo discrecional y en beneficio propio, dejando de lado las verdaderas necesidades de los ciudadanos, quienes hoy enfrentan altos impuestos mientras la administración se ha concentrado en favorecer intereses privados, enriquecer a su círculo cercano y aprovecharse del poder para acumular beneficios personales.

Alejandro Toro

Conferencia de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad por primera vez  en Colombia

Por primera vez, Colombia recibirá a líderes de todo el mundo para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, COP16: 2024, el espacio de discusión y negociación más importante del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, que por años se ha realizado en países como Alemania, Polonia, Argentina y Marruecos, esta vez se llevará a cabo en Cali – Valle del Cauca.

Este es un logro significativo para el país, resultado del trabajo del Gobierno del Cambio en la preservación y conservación de la biodiversidad, es una oportunidad histórica para visibilizar los esfuerzos en torno a la protección de la naturaleza e impulsar desde nuestro territorio la agenda climática global, con el objetivo de cumplir los compromisos del Marco Mundial de Biodiversidad adoptado en la COP15. 

 

Por ello, el Presidente ha puesto en marcha una iniciativa significativa para asegurar el éxito de la conferencia mediante la directiva presidencial «Gobernanza para la organización de la Decimosexta reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica – COP16». Esta directiva tiene como objetivo formalizar el trabajo del comité organizador y coordinar los esfuerzos necesarios para garantizar una planificación integral y la efectividad del evento.

Además, a  través de diversos Ministerios, se han implementado medidas para garantizar que todos los aspectos del evento estén debidamente atendidos. En particular, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, se están llevando a cabo acciones específicas para facilitar los trámites migratorios de más de 5 mil personas que asistirán a la conferencia.

En cuanto a la seguridad, el Ministerio de Defensa presentó el 27 de agosto ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes la estrategia para salvaguardar la seguridad de la COP16, que se llevará a cabo entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre del presente año. En atención al control político al que fue citado, el Ministro Iván Velásquez  destacó que más de 11 mil uniformados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional estarán a cargo de la seguridad de los más de 18 mil asistentes.

En términos de capacidades tecnológicas desplegadas, el Ministro manifestó que se instalarán 1.540 cámaras de seguridad, se utilizarán 12 drones y estarán en funcionamiento 3 equipos especiales SWAT, conformados por 120 policías. Estos recursos vigilarán la ciudad las 24 horas, reforzando  así la presencia de las Fuerzas Militares y la Policía en la capital vallecaucana. Además, se estima que habrá 4 mil uniformados adicionales en las áreas urbanas y 1.600 soldados desplegados en las zonas rurales para garantizar una cobertura integral y efectiva en todo el territorio.

Durante el debate de control político, quedó demostrado que el gobierno y el Ministerio de Defensa han llevado a cabo un trabajo impecable para garantizar la seguridad durante la COP16. Se han implementado medidas preventivas para enfrentar cualquier eventualidad que pudiera alterar el normal desarrollo del evento en el país, un logro se atribuye al presidente de la República, quien eligió a Cali, la capital del Pacífico colombiano, con el objetivo de mostrar la belleza del país y de sanar heridas históricas. La intención es sellar un pacto social y atraer la atención mundial hacia el Pacífico, sus regiones y los conflictos que las han afectado.

Alejandro Toro

La radio comunitaria podría contratar pauta política

El miércoles 21 de agosto un grupo de 26 congresistas radicamos en el Congreso de la República el Proyecto de Ley por medio del cual se busca fortalecer el servicio público de radiodifusión sonora comunitaria en Colombia.

La importancia de las radios comunitarias para la construcción de tejido social y de paz no puede ser subestimada, con 775 radios comunitarias a lo largo del territorio nacional que muchas veces se encuentran en municipios donde no hay ningún medio de comunicación comercial reportando los sucesos que son importantes para la comunidad.

 

Las radios comunitarias cumplen con una función social que no es equiparable a la de los medios de comunicación tradicionales, porque son creadas y administradas por comunidades organizadas con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades a las que le prestan el servicio, orientadas siempre hacia la promoción de la democracia, el ejercicio de derechos, la cultura de la participación, el diálogo, la reconciliación y demás valores sociales necesarios para vivir en paz.

Por esto con el Proyecto de Ley buscamos fortalecer el servicio público de radiodifusión sonora comunitaria, generando una sostenibilidad jurídica, social, técnica y económica que garantice que las radios comunitarias cumpla con sus fines sociales. Porque consideramos que es fundamental que las radios comunitarias tengan las garantías normativas suficientes para poder operar de manera regular.

Pretendemos responder a problemáticas históricas del sector, como el tiempo de duración de la concesión para el uso del espectro electromagnético, el cual buscamos se sostenga por 20 años; la generación de un proceso de concertación para el pago de derechos de autor que tenga en cuenta el beneficio comunitario y la situación económica de las emisoras; el apoyo estatal para la dotación técnica y la formación del talento humano que hace parte del sector; la representación en los espacios de desarrollo de política pública a través de la creación del Consejo Nacional de Radio Comunitaria y la participación de miembros del sector en la Comisión de Regulación de Comunicaciones; entre otros.

Reconociendo que el principal reto al que se enfrentan las radios comunitarias es el de la financiación, se pretende asegurar diversas fuentes de recursos, como que las emisoras puedan emitir publicidad política pagada en elecciones, cumpliendo todos los lineamientos que para tal fin disponga el Consejo Nacional Electoral, o que las entidades nacionales destinen al menos el diez por ciento del presupuesto que tengan pensado para pauta oficial para que sea transmitida por radios comunitarias.

Desde el Congreso deseamos recoger 30 años de lucha histórica que han tenido las radios comunitarias para lograr ser reconocidas como la expresión del ejercicio democrático de una comunidad organizada que desea contar con un medio de comunicación que responda a las necesidades del territorio, que desea tener un espacio en el cual se vocalicen todas aquellas inquietudes que no son recogidas por los grandes medios de comunicación porque no le ven el lucro. Esperamos que el resto de fuerzas políticas reconozcan la importancia de las radios comunitarias y nos ayuden a que se haga realidad el fortalecimiento del sector.

Alejandro Toro

Colombia es tercera pontencia turística en América Latina

El Gobierno del Cambio, liderado por el presidente Gustavo Petro, continúa cumpliendo de manera efectiva con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, logrando posicionar a Colombia como la tercera potencia turística de América Latina, desarrollando una de las propuestas centrales de su campaña electoral, el turismo como un pilar fundamental.  Según el informe emitido por el DANE en 2023, el sector turístico registró un valor agregado de $33,2 billones, lo que representa un notable incremento del 12,8% en comparación con 2022.

El crecimiento del turismo en Colombia durante el primer semestre de 2024 ha sido notable, especialmente en regiones como Antioquia, Bolívar y Risaralda. Antioquia destacó con un aumento del 25,8% en la llegada de turistas, seguida de Bolívar con un 17,6% y Risaralda con un 7,9%. Estos resultados posicionan a Antioquia como una de las regiones preferidas por los visitantes, alcanzando un 27,6% del total de turistas que llegaron al país durante este período.

 

Este avance no solo refleja la atracción turística de estas regiones, sino también el impacto positivo que tiene en la economía nacional. En los primeros tres meses del año, la inversión extranjera directa en los sectores de turismo, restaurantes y hoteles alcanzó los 526 millones de dólares, lo que representa un aumento del 21,3% en comparación con el mismo período del año 2023. Además, los ingresos generados por el turismo internacional fueron significativos, sumando 2.536 millones de dólares solo en el primer trimestre de 2024, un 19% más que en el mismo período del año 2023.

Estos logros son el resultado de la gestión del Gobierno. En 2023, se llevaron a cabo más de 50 proyectos que permitieron realizar inversiones en 123 municipios para la implementación de programas de desarrollo con enfoque territorial. Se destinaron $67.672 millones de pesos, de los cuales $42.104 millones se asignaron a infraestructura turística, $4.087 millones a la promoción del mercado turístico y $16.442 millones para impulsar la competitividad turística. Además, se aprobaron $4.248 millones para la línea de inversión en territorios turísticos de paz, con el objetivo de promover el desarrollo económico y social en las zonas más afectadas por la violencia.

Regiones como Antioquia, Bolivar, Caquetá, Cesar, Chocó y Córdoba han experimentado una transformación significativa, mejorando la percepción y reduciendo el estigma asociado a la violencia. Este cambio ha sido clave para atraer inversiones y turistas. Hoy en día, Antioquia y Bolívar se destacan como destinos turísticos preferidos, un cambio radical que contrasta con la antigua connotación de conflicto armado y violencia que históricamente se asociaba a estas regiones y al país en general.

Los resultados no solo destacan el impacto positivo de las políticas gubernamentales en la economía nacional, sino que también reafirma el compromiso del Gobierno con la promoción y fortalecimiento de sectores clave para el desarrollo sostenible del país. Además, confirma el esfuerzo continuo por consolidar a Colombia como referente de belleza y riqueza natural, no solo en América Latina, sino en el mundo entero.

Por otro lado, en sectores clave como educación, medio ambiente, laboral, defensa, tierras y energía, el Presidente ha demostrado avances significativos. Programas como “Puedo Estudiar” han eliminado barreras de acceso, beneficiando a más de 800 mil estudiantes de pregrado y permitiendo la incorporación de 42.666 nuevos estudiantes en instituciones públicas, con una inversión de 4 billones de pesos en gratuidad. En el ámbito ambiental, la deforestación se redujo al nivel más bajo en 23 años, con una disminución del 36% en 2023 respecto a 2022, y un 54% respecto a 2021, superando las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Además, en política de tierras se logró involucrar más de 12 millones de hectáreas.

Estos avances positivos demuestran a los colombianos que el Gobierno progresista está cumpliendo, en dos años de transformación bajo el proyecto del cambio, se ha logrado sacar de la pobreza a 1.6 millones de colombianos y avanzar significativamente en la reforma pensional, garantizando los derechos fundamentales de más de 3 millones de adultos mayores. Además, se ha logrado transformar positivamente a la Fuerza Pública; hoy, 244,000 veteranos reciben mesada 14, la mortalidad infantil por desnutrición ha disminuido y las inversiones en turismo han catapultado a Colombia como la tercera potencia turística de América Latina, consolidando este sector como el segundo más importante de nuestra economía.

Estos logros no solo ratifican el progreso alcanzado, sino que también inspiran a continuar trabajando por la transformación del país. Gracias, Presidente Gustavo Petro.

Alejandro Toro

Las EPS se gastaron la plata de la salud en clases de yoga

Esta semana la Contraloría General de la República reveló un nuevo informe sobre el mal uso que hicieron las EPS de los recursos públicos durante la pandemia. En un momento donde todo el pueblo colombiano estaba preocupado por hacer frente a la emergencia, las EPS vieron la oportunidad perfecta de utilizar el dinero de la gente para su beneficio personal, dejando claro la insostenibilidad de un negocio en donde la administración de lo público se le deja a los privados.

En el año 2020 las personas dejaron de solicitar varios servicios médicos, por obvias razones. A esto se le debe sumar que el Gobierno de la época, teniendo que hacer frente al Covid-19, destino un adicional de 41 billones de pesos para el sistema de salud con el objetivo de que no se utilizaran recursos de la UPC para la pandemia de manera tal que hubiese dinero suficiente para cubrir todos los servicios en salud no relacionados con el tratamiento del coronavirus.

 

Bajo este escenario de una menor cantidad de eventos en salud atendidos y dinero extra disponible es que afirma la Contraloría que las EPS tuvieron para la vigencia 2020 un remanente de más de 11 billones de pesos de la UPC, es decir, 11 billones de pesos provenientes de la cotización para salud que hacen los trabajadores y los impuestos que pagan las personas para financiar el sistema de salud.

Al ser la UPC un recurso proveniente del Presupuesto General de la Nación las EPS tienen la obligación de someterse al principio de anualidad que le aplica a cualquier entidad que maneje recursos públicos. Este principio dicta que el dinero que no se haya gastado en la vigencia debe ser devuelto al Tesoro Público, no puede ser utilizado para un propósito distinto al que fue asignado ni puede ser retenido por la entidad.

No obstante, las EPS que se han acostumbrado a tratar lo público como si les perteneciera decidieron que estaban por encima de la ley, que esos más de 11 billones que no ejecutaron en atención en salud no los tenían que devolver sino que los podían utilizar para solventar sus negocios particulares.

Dice la Contraloría en su informe que al menos 6 billones de pesos los utilizaron para pagar deudas que tenían con proveedores y prestadores de servicios de salud, deudas que de ningún modo pueden ser pagadas con la plata de la UPC pues esta tiene una destinación muy específica, que es la atención en salud. Les correspondía a las EPS como empresas privadas que son poner su propio capital para cumplir con compromisos adquiridos, pero les pareció mucho más conveniente utilizar el dinero de la gente y no tocar el bolsillo propio.

Pero eso no es lo peor, hay $5.3 billones de pesos que están embolatados. Cinco veces la totalidad del contrato de Centros Poblados sobre los cuales no hay claridad cómo se gastaron, aunque sí indicios de que fue para todos menos para la atención en salud de la gente. Por ejemplo, en el caso de la Nueva EPS se destinaron 40.000 millones de pesos para pagar honorarios de ejecutivos, clases de yoga, pautas radiales, entre cualquier otra cosa menos las necesidades de los pacientes.

El informe de la Contraloría ayuda a entender por qué las EPS prefieren decir que salen del sistema antes de aceptar su transformación, puesto que tratan lo público como su caja menor. ¿Dónde más van a conseguir un negocio en donde no tienen que poner plata propia para sus gastos, sino que pueden utilizar la de los colombianos?

La estructura actual del sistema de salud es insostenible, se fundamenta en unos actores privados que actúan con ánimo de lucro pero sin arriesgar su propio capital, utilizando para sostener sus gastos particulares el dinero de la gente. Es por esto que se necesita una reforma a la salud, en donde quede claro que el manejo de los recursos públicos le corresponde al Estado, no a unos intermediarios financieros.

Alejandro Toro

Colombia busca garantizar transparencia en elecciones en Venezuela

Lo que ha sucedido esta semana en Venezuela requiere la atención de todo el mundo. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado en las formas en las que se reacciona a la situación interna del vecino país, especialmente cuando se trata de relaciones diplomáticas entre naciones, porque una declaración bien intencionada pero tramitada de la manera incorrecta puede terminar convirtiéndose en gasolina para una escalada de violencia que nadie desea.

Lo primero que se debe dejar claro es que se deben revelar las actas de votación. Este es un punto que no admite discusión, puesto que la única manera posible de reconocer un resultado electoral es si existen las garantías para la verificación del proceso de votación. La democracia se garantiza a través de la transparencia, de poder dar las garantías necesarias a todos los sectores políticos así como a la comunidad internacional de que los resultados electorales publicados son legítimos, cosa que no ha sucedido hasta ahora y que se le debe exigir a la institucionalidad venezolana.

 

Esta ha sido desde un primer momento la postura clara del Gobierno colombiano, expresada a través del Canciller Luis Gilberto Murillo y el Presidente Gustavo Petro. No se puede afirmar de manera alguna que desde el gobierno se ha obviado la evidente situación irregular o se ha legitimado de forma alguna el resultado anunciado el día viernes por el CNE venezolano. Las declaraciones de los ministros y del Presidente han ido siempre en la línea de que no hay manera de reconocer la elección sin que no haya antes un proceso transparente de conteo de votos, de que este es el primer requisito para validar la elección.

Ahora bien, las razones por las cuales Colombia no vota la resolución de la OEA tienen que ver con el manejo de las formas, asunto casi tan vital como el contenido de una acción cuando se habla de relaciones diplomáticas. Venezuela decidió en el 2019 retirarse de la OEA de manera unilateral, es decir, el país tomó la decisión de no seguir haciendo parte del organismo internacional por lo que la resolución que se pretendía emitir tendría un efecto meramente simbólico, que no funciona como mecanismo con medidas efectivas de presión.

No se puede olvidar que Colombia cumple un rol como mediador en los diálogos que se sostienen entre la oposición y el Gobierno. Cualquiera que conozca sobre resolución de conflictos sabe que quién asume el rol de mediador debe ser especialmente cuidadoso en la manera en la que transmite sus mensajes, so pena de que las partes ya no lo reconozcan como un interlocutor válido y se pierda el trabajo realizado en pro de llegar a un acuerdo. Votar a favor de la resolución de la OEA hubiese significado renunciar a la posición de mediador, posición desde la que se puede lograr mejores resultados en favor de la ciudadanía venezolana.

Colombia, México y Brasil emitieron un comunicado conjunto en el cual queda claro el pedido de que se den a conocer de manera pública los datos sobre la votación, mostrando de nuevo que la postura ha sido una sola: se exige la transparencia. Pero, el pedido de transparencia no se puede convertir en un llamado a la violencia, que es lo que algunos sectores políticos parecieran desear para el vecino país con descabellados que ruegan por una intervención militar que sólo traería más violencia y dolor.

Alejandro Toro

Más de 1.4 billones en contratación a dedo en la alcaldía de Fico

El alcalde Federico Gutiérrez dejó claro desde sus primeros días en el cargo, cuando se dedicó a sacar contratos y nombramientos para los concejales de su partido, que para él las arcas públicas iban a funcionar como su caja menor. Lo que se me hace inverosímil es que en medio año se haya repartido en contratación directa más de 1.4 billones de pesos, una cantidad superior al presupuesto de la gran mayoría de entidades territoriales del país, en procesos donde no hay licitación, sino que se escoge a dedo el beneficiario cuando el alcalde en campaña se pasó todo el tiempo hablando de austeridad y transparencia de lo público.

No es muy transparente que la alcaldía se esté gastando cada día más de $7.000 millones de pesos en contratos a dedo, señor alcalde.

 

Ahora bien, no considero que se deba satanizar la figura de la contratación directa pues es un camino que ofrece la ley pensado para unos casos muy específicos; para cuando existe una urgencia manifiesta como lo fue el Covid-19 que debió asumir la alcaldía de Daniel Quintero, para elaborar contratos interadministrativos o para cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado para el bien o servicio que se desea contratar. Es una figura legal pero que debe ser usada con cuidado, pues merma la confianza en lo público.

El problema es que las explicaciones de Fico no ayudan a comprender qué lo ha llevado a recurrir constantemente a la contratación directa. El alcalde dice que los contratos responden a convenios interadministrativos entre entidades públicas, siendo la contratación directa la única figura estipulada en la ley para tal fin.

Sin embargo, la investigación realizada por el medio Nación Paisa muestra que una muy buena parte de los contratos han sido suscritos con empresas y fundaciones que operan sin ánimo de lucro, lo que contradice las palabras de Fico de que se ha usado el mecanismo para los convenios interadministrativos.

Al revisar el listado de 180 contratantes destaca la presencia de varias sociedades de acciones simplificadas (SAS) del sector privado, empresas de arrendamientos e incluso congregaciones religiosas. No se trata exclusivamente de convenios interadministrativos como lo ha querido plantear Fico.

De una alcaldía que está pagando el vaso de leche a 6 mil pesos para el PAE, que está otorgando unos recursos inmensos para que la alimentación de los niños esté compuesta de ultraprocesados y panes con hongos, que sin pudor ha decidido privatizar por completo a UNE, no se puede hacer raro que tenga a la contratación a dedo como su forma predilecta de adquirir bienes y servicios. Alcalde, por favor cumpla sus promesas y sea de verdad austero y transparente con el uso de los recursos públicos.

Alejandro Toro

De acuerdo con los concejales de Fico, Medellín va mal

No es sorpresa que Federico Gutiérrez sea un alcalde ausente. No es sorpresa tampoco que su interés por los niños de Medellín sea nula, que no le importe pagar un vaso de leche a 6.700 pesos. Mucho menos sorprende que vaya más de medio año en el cargo, la inseguridad está desbordada y la crisis de las basuras no parece tener pronta solución.

Lo que sí sorprende es que ni siquiera los concejales de su extinto partido político y del Centro Democrático quieren defender su mala gestión. Se les debe reconocer a los miembros de Creemos y del CD el no estar actuando como comité de aplausos, lo cual es imposible cuando todos los medellinenses pueden ver como las calles están llenas de basura, los criminales actuando sin miedo a la autoridad y desde la administración local no se presenta ninguna respuesta.

 

El Concejal Andrés Tobón se pregunta si los sanitarios brotando de la tierra son el último fenómeno del cambio climático. Damián Pérez no puede creer cómo las calles de Medellín amanecen repletas de basura y que la ciudad no se pueda mantener como la Tacita de Plata. Andrés Rodríguez le dice a Fico que no se pueden continuar dando atracos sin que exista una respuesta contundente por parte de las autoridades.

Es un buen momento para que los concejales pasen de la negación a la aceptación, que reconozcan que la alcaldía de Fico ha hecho retroceder a Medellín, de que es hora que el alcalde muestre resultados so pena de que la imagen pública de la ciudad tanto a nivel nacional como internacional se desdibuje, se vuelva la de una ciudad que nadie quiere visitar.

Así como se están indignando por las basuras y los robos, les pido que también se indignen por los 37 extranjeros que han muerto en la ciudad y que la única respuesta sea que se debe al aumento de los visitantes, que hay que estar tranquilos porque no todos los casos son homicidios.

Que le exijan a Fico una respuesta ante el hecho de que ya van 20 personas que han sido asesinadas en la ciudad por ser atracadas pero el alcalde sólo busca como tratar de echarle la culpa al Gobierno Nacional por su incapacidad en manejar la ciudad.

Que la rabia también les alcance para pedir respuestas sobre el manejo del PAE en la ciudad, con contratos multimillonarios donde a los niños les están dando un yogurt con un mango y pastel, o un palito de queso con hongos si es que les alcanza a tocar comida.

La ciudad necesita que todas sus fuerzas políticas, sin importar el color, le exijan al alcalde Federico Gutiérrez estar a la altura del reto que se le encomendó al ser electo como alcalde. Los concejales de Creemos y el Centro Democrático ya están dando el primer paso.

Alejandro Toro

Como propone Petro: la legalización es la salida de la fallida guerra contra las drogas

El presidente Gustavo Petro ha dicho ante las Naciones Unidas que si se legaliza la cocaína se acaba la guerra en Colombia. ¿Alguien lo duda? El debate ya no es ese, el debate es: sabiendo eso, ¿por qué los EEUU, el principal consumidor de drogas del mundo, se niega a hacerlo?

“Allá se compra, se vende y se mete la mercancía en Nueva York, mientras que aquí se dan bala, yo no sé nada, no soy soplón”, dice el estribillo de la canción oficial de El Cartel de los Sapos, una famosa serie televisiva basada en la historia real de un narcotraficante condenado que se volvió delator. Entonces, cabe preguntarse: ¿Qué tanta responsabilidad recae sobre los EEUU en el negocio de los narcóticos y la guerra en Colombia, si son sus dólares los que financian el desangre de los colombianos? Una inmensa, por supuesto. ¿Qué pasa con la droga que entra a ese país? ¿Quién la compra y se lucra con su comercialización? ¿Se ha visto alguna vez a un capo estadounidense preso?

 

Sobre la mesa donde se ponen estos interrogantes aparecen también las respuestas: Para EEUU no es un objetivo esencial combatir el narcotráfico ni a los narcotraficantes, más bien, estos tienden a transformarse en los sofismas de distracción perfectos ante la opinión pública mundial para penetrar y asentarse en territorios que son estratégicos para ese voraz imperio, del que ya pueden observarse los primeros signos de decadencia. ¿Una simulación internacionalmente sincronizada?

El documental “The House I Live In” (“La casa en que vivo”) del director Eugene Jarecki y producido por el actor Brad Pitt, ha sido galardonado y bien ponderado por la crítica. En él, periodistas, activistas, policías, testigos y expertos en la temática dan a conocer la verdadera realidad de la lucha contra las drogas en Estados Unidos. También analiza la corrupción política y económica que ha impulsado a la DEA durante décadas. Según el documental, desde 1971 esa agencia gastó más de un billón de dólares y acabó con más de cuarenta y cinco millones de arrestos, todos de delincuentes menores, “dealers” de poca monta, ningún pez gordo de las mafias estadounidenses; de hecho, es el país con más presos del mundo (más de dos millones, en su mayoría afros y latinoamericanos). Pitt calificó como “una farsa” esta política antidrogas.

El informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU muestra que EEUU es el mercado más grande del mundo con más de ciento sesenta toneladas de droga consumidas al año, lo que equivale al treinta y seis por ciento del consumo total del planeta. En 2018 murieron 68.557 personas por sobredosis de estupefacientes, la cifra más alta desde que rige la mal llamada “guerra contra las drogas”.

“La guerra contra el narcotráfico es el primer sustento del narcotráfico”, fue la aguda conclusión del investigador Fernando Garavito Pardo, fallecido en el año 2010 en un extraño accidente de tránsito en las carreteras de Estados Unidos, a donde había llegado en 2002 tras la publicación de su libro en Colombia, “El Señor de las Sombras.

Una biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez”, lo que le conllevó amenazas contra su vida y la de su familia. En 2005 ofreció una extensa entrevista para el portal Radio Nizkor, en la que expuso un análisis con nitidez pedagógica sobre el fenómeno del narcotráfico, del que se pueden tomar extractos como: “La administración en Colombia está sumida en el crimen organizado, no está subsumida por el crimen organizado, es un crimen organizado”, “La guerra contra el narcotráfico que organizan en este país, en los EEUU, y en la cual los narcotraficantes de Colombia que ocupan los distintos puestos de responsabilidad política y pública, consumen con el mayor de los entusiasmos esa guerra, esa fumigación que está destruyendo nuestra naturaleza, ese crimen que está acabando con nuestras comunidades, esa tragedia que está arrasando con nuestros desplazados, esa organización económica que está masacrando a nuestras gentes pobres y a nuestras gentes del común, no a los narcotraficantes, sino a nuestros campesinos, a nuestros labriegos, a nuestro obreros, a nuestros sindicalistas, a nuestros estudiantes, cómo esa guerra está pensada —divinamente— como el primer sustento del narcotráfico.

Y lo he dicho ante grupos que se quedan, en primer término, asombrados y con una cara de reacción muy negativa frente a lo que yo afirmo, pero luego de una argumentación se puede demostrar fácilmente que, la guerra contra el narcotráfico es el primer sustento del narcotráfico, y que el narcotráfico es lo que está arrasando a Colombia, y que entre paramilitares, políticos y narcotraficantes en Colombia, no hay ninguna diferencia”. “Somos unas víctimas propiciatorias de algo que se puede resolver con una voluntad, con una decisión política del mundo, pero, efectivamente, no va a haber esa decisión política en el mundo” (en alusión a la legalización).

Álvaro Gómez Hurtado, político conservador asesinado por las FARC en 1995, dijo lo siguiente sobre el narcotráfico, Colombia y los EEUU: “Frente a la pretensión norteamericana de exhibir el país como un combatiente débil en ese campo, el rechazo debe ser unánime. Los Estados Unidos son cómplices de los narcotraficantes al empeñarse en prolongar la prohibición de la droga, que es la base del negocio para ambos. He sabido que la mayor parte de los rendimientos del tráfico de los estupefacientes se queda en los Estados Unidos. Si la droga se legalizara y su precio bajara, si dejara de ser uno de los negocios más prósperos de nuestro tiempo, sufrirían quienes comercian con la droga”.

El periodista, escritor y crítico político Eduardo Galeano (fallecido), dijo en 2004: “La denominada guerra antidrogas es una gran hipocresía del imperio, concretamente de EEUU y sus aliados, con el objetivo de militarizar e imponer políticas contrarias a los pueblos. Son pretextos que ofenden a la inteligencia”. El también periodista y escritor colombiano Germán Castro Caicedo (QEPD), expresó en una entrevista: “Este problema (narcotráfico) lo debe examinar la comunidad internacional. Todo el mundo sabe que nuestro principal problema radica en el consumo de Estados Unidos. Aquí hay cocaína por ese país. Son la nación más viciosa de la humanidad. El tráfico de coca empezó porque ellos vinieron a buscarla. Fueron los gringos los primeros que mandaron muchachas colombianas con coca. Luego, gente como Escobar, se dio cuenta de lo rentable que era este negocio y se metieron. Acabarlo sería coserles las narices a los gringos.”

Y el profesor Noam Chomsky, uno de los grandes intelectuales de los últimos tiempos, refirió: “Estados Unidos es el origen del problema del narco”.

Cada quien saque sus propias conclusiones.

Alejandro Toro

Representante a la Cámara

Más congresistas que representen a los colombianos en el exterior

Se estima que hay entre cinco y seis millones de colombianos viviendo en el exterior. Los únicos dos entes territoriales que tienen mayor cantidad de población en el país son Bogotá y Antioquia. No obstante, mientras que Bogotá tiene dieciocho curules en la Cámara de Representantes y Antioquia diecisiete, los colombianos en el exterior únicamente tienen una silla en el Congreso de la República.

Podría uno argumentar que la estadística no es comparable puesto que los colombianos que han salido del país se encuentran diseminados por todo el mundo, o que la misión de la Cámara de Representantes es darle representatividad a los territorios en el legislativo y la colombianidad en el exterior no funciona bajo la lógica de entes territoriales al ser ciudadanos de todas las regiones del país y en los cinco continentes.

 

Argumentos comprensibles, pero que dejan de lado un hecho innegable: emigrar no elimina los derechos políticos. Cualquier ciudadano que haya salido del país, sin importar las razones o el tiempo que lleve por fuera tiene derecho a elegir y a ser elegido, tiene derecho a ver sus intereses representantes en los espacios de toma de decisiones y a buscar la manera de que las leyes que se hagan en el Congreso los impacten de manera positiva o no les generen obstáculos.

Dirán algunos que una vez una persona sale del país ya no tiene que preocuparse por las leyes colombianas porque estas sólo aplican en el territorio nacional. Se le olvida que muy rara vez la persona que sale corta todo vínculo con Colombia – no por nada las remesas son el segundo renglón de ingresos después del petróleo – por lo que las disposiciones normativas que se hacen en el Congreso de la República los afectan de forma directa o indirecta.

Por ejemplo, cualquier reforma tributaria tiene implicaciones para quienes viven en el exterior pero mantienen inversiones en Colombia. La Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas tiene contempladas medidas para las víctimas del conflicto armado colombiano que han tenido que salir del país por la violencia. La Política Integral Migratoria (PIM) contiene una gran cantidad de medidas pensadas para quienes están afuera y quienes desean retornar, política establecida en una Ley de la República. Incluso en la reforma pensional se debía haber tenido espacio para los colombianos en el exterior que se encuentren cotizando pensión en Colombia o deseen hacerlo.

Es claro entonces el impacto que tienen las leyes para los que están por fuera. Sumado esto a la cantidad de migrantes colombianos que hay por el mundo, no tiene sentido que haya sólo una curul en la Cámara de Representantes para la colombianidad en el exterior. Antioquia tiene diecisiete curules para recoger las posturas de sus más de 6 millones de habitantes, diecisiete opciones distintas para todo el espectro político que hay en el departamento, para dar la pelea por los intereses de los antioqueños, pero estamos cargando a una sola congresista a representar los intereses de más de cinco millones de personas que al igual que en cualquier parte del país no se identifican con una única posición política ni tienen unos intereses homogéneos.

Carmen Ramírez, la Representante a la Cámara por la colombianidad en el exterior, presentó una iniciativa legislativa para modificar la Constitución y asegurar al menos una curul más para quienes no viven en Colombia. Una iniciativa que respaldo y considero que responde a una necesidad urgente. Hago el llamado a los congresistas y al Gobierno Nacional para lograr que los más de cinco millones de colombianos que viven por fuera del país tengan una participación equitativa en el Congreso.

Alejandro Toro

¿Dónde está el alcalde de Medellín en las crisis?

Lo que va del primer año de mandato del alcalde Federico Gutiérrez en Medellín se ha caracterizado por dos cosas: las ausencias de Fico y el engaño. Cada vez que han ocurrido situaciones que requieren de la completa atención del burgomaestre, Fico ha brillado por su ausencia; pero, para salir a presentar una falsa auditoría forense sí montó todo un espectáculo, invitó prensa e incluso se atrevió a usar sin permiso la imagen institucional de un ente de control.

Esta semana ocurrió una verdadera tragedia. La caída de la cabina del Metrocable en Santo Domingo requiere que toda la institucionalidad de la ciudad se haga presente, no sólo para atender a las víctimas sino también para tratar de comprender cómo sucedió y qué se debe hacer para evitar que vuelva a pasar.

 

Requiere especialmente que Federico Gutiérrez en su condición de alcalde sea el primero en dar la cara y asumir la responsabilidad. Pero los medellinenses tuvimos que ver nuevamente como no aparecía el alcalde por ningún lado, porque se encontraba de viaje en España. Otra vez esperamos ver al alcalde ser el primero en entrar en acción y darnos cuenta que ni siquiera está en el país, así como sucedió en el caso del pedófilo norteamericano que se escapó del país.

Nadie va a olvidar que cuando nos enteramos del horrible suceso en el Hotel Gotham y que el estadounidense presuntamente responsable había escapado, Federico Gutiérrez se encontraba en la playa. Bajo las narices de todos se pudo fugar el criminal porque quién debía estar al frente de la situación estaba feliz tomando el sol en el mar, olvidando que tiene a su cargo una de las ciudades más importantes del país y la región.

La ausencia de Fico se nota también en el día a día. Vamos para siete meses de su mandato y lo que vemos día tras día es como aumentan las basuras en la ciudad sin que exista respuesta institucional alguna. Estamos ante una crisis de salud pública que ha hecho, por ejemplo, que haya un aumento inaceptable de la población de ratas de la ciudad con 338 puntos críticos, pero la única respuesta del alcalde es que todo es culpa de la administración anterior.

Porque para eso sí es muy bueno Fico, para responsabilizar de todo lo que pasa en la ciudad a la alcaldía anterior, para inventar una falsa auditoría forense con una cantidad de supuestos hallazgos que cada vez va inflando más, con unas pruebas que a la Contraloría nunca le han llegado. No menciona, por ejemplo, que los números de homicidios estaban a la baja cuando finalizó la anterior administración y ha sido en la suya que han vuelto a subir.

Si no es a la anterior alcaldía entonces le tira la pelota al Gobierno Nacional. Un par de meses atrás dijo que una supuesta fuente le estaba informando que el Gobierno iba a intervenir a EPM cuando al mismo tiempo el gerente de la empresa y el Ministro de Minas estaban culminando una exitosa reunión dando un mensaje de trabajo articulado.

Señor alcalde, Medellín necesita su presencia. Usted sabe muy bien lo que implica ser alcalde, o al menos eso se esperaría siendo este su segundo mandato, por lo que no queremos seguir preguntándonos todo el tiempo ¿dónde está Federico Gutiérrez?

Alejandro Toro