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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Alejandro Toro

Más de 1.4 billones en contratación a dedo en la alcaldía de Fico

El alcalde Federico Gutiérrez dejó claro desde sus primeros días en el cargo, cuando se dedicó a sacar contratos y nombramientos para los concejales de su partido, que para él las arcas públicas iban a funcionar como su caja menor. Lo que se me hace inverosímil es que en medio año se haya repartido en contratación directa más de 1.4 billones de pesos, una cantidad superior al presupuesto de la gran mayoría de entidades territoriales del país, en procesos donde no hay licitación, sino que se escoge a dedo el beneficiario cuando el alcalde en campaña se pasó todo el tiempo hablando de austeridad y transparencia de lo público.

No es muy transparente que la alcaldía se esté gastando cada día más de $7.000 millones de pesos en contratos a dedo, señor alcalde.

Ahora bien, no considero que se deba satanizar la figura de la contratación directa pues es un camino que ofrece la ley pensado para unos casos muy específicos; para cuando existe una urgencia manifiesta como lo fue el Covid-19 que debió asumir la alcaldía de Daniel Quintero, para elaborar contratos interadministrativos o para cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado para el bien o servicio que se desea contratar. Es una figura legal pero que debe ser usada con cuidado, pues merma la confianza en lo público.

El problema es que las explicaciones de Fico no ayudan a comprender qué lo ha llevado a recurrir constantemente a la contratación directa. El alcalde dice que los contratos responden a convenios interadministrativos entre entidades públicas, siendo la contratación directa la única figura estipulada en la ley para tal fin.

Sin embargo, la investigación realizada por el medio Nación Paisa muestra que una muy buena parte de los contratos han sido suscritos con empresas y fundaciones que operan sin ánimo de lucro, lo que contradice las palabras de Fico de que se ha usado el mecanismo para los convenios interadministrativos.

Al revisar el listado de 180 contratantes destaca la presencia de varias sociedades de acciones simplificadas (SAS) del sector privado, empresas de arrendamientos e incluso congregaciones religiosas. No se trata exclusivamente de convenios interadministrativos como lo ha querido plantear Fico.

De una alcaldía que está pagando el vaso de leche a 6 mil pesos para el PAE, que está otorgando unos recursos inmensos para que la alimentación de los niños esté compuesta de ultraprocesados y panes con hongos, que sin pudor ha decidido privatizar por completo a UNE, no se puede hacer raro que tenga a la contratación a dedo como su forma predilecta de adquirir bienes y servicios. Alcalde, por favor cumpla sus promesas y sea de verdad austero y transparente con el uso de los recursos públicos.

Alejandro Toro

De acuerdo con los concejales de Fico, Medellín va mal

No es sorpresa que Federico Gutiérrez sea un alcalde ausente. No es sorpresa tampoco que su interés por los niños de Medellín sea nula, que no le importe pagar un vaso de leche a 6.700 pesos. Mucho menos sorprende que vaya más de medio año en el cargo, la inseguridad está desbordada y la crisis de las basuras no parece tener pronta solución.

Lo que sí sorprende es que ni siquiera los concejales de su extinto partido político y del Centro Democrático quieren defender su mala gestión. Se les debe reconocer a los miembros de Creemos y del CD el no estar actuando como comité de aplausos, lo cual es imposible cuando todos los medellinenses pueden ver como las calles están llenas de basura, los criminales actuando sin miedo a la autoridad y desde la administración local no se presenta ninguna respuesta.

El Concejal Andrés Tobón se pregunta si los sanitarios brotando de la tierra son el último fenómeno del cambio climático. Damián Pérez no puede creer cómo las calles de Medellín amanecen repletas de basura y que la ciudad no se pueda mantener como la Tacita de Plata. Andrés Rodríguez le dice a Fico que no se pueden continuar dando atracos sin que exista una respuesta contundente por parte de las autoridades.

Es un buen momento para que los concejales pasen de la negación a la aceptación, que reconozcan que la alcaldía de Fico ha hecho retroceder a Medellín, de que es hora que el alcalde muestre resultados so pena de que la imagen pública de la ciudad tanto a nivel nacional como internacional se desdibuje, se vuelva la de una ciudad que nadie quiere visitar.

Así como se están indignando por las basuras y los robos, les pido que también se indignen por los 37 extranjeros que han muerto en la ciudad y que la única respuesta sea que se debe al aumento de los visitantes, que hay que estar tranquilos porque no todos los casos son homicidios.

Que le exijan a Fico una respuesta ante el hecho de que ya van 20 personas que han sido asesinadas en la ciudad por ser atracadas pero el alcalde sólo busca como tratar de echarle la culpa al Gobierno Nacional por su incapacidad en manejar la ciudad.

Que la rabia también les alcance para pedir respuestas sobre el manejo del PAE en la ciudad, con contratos multimillonarios donde a los niños les están dando un yogurt con un mango y pastel, o un palito de queso con hongos si es que les alcanza a tocar comida.

La ciudad necesita que todas sus fuerzas políticas, sin importar el color, le exijan al alcalde Federico Gutiérrez estar a la altura del reto que se le encomendó al ser electo como alcalde. Los concejales de Creemos y el Centro Democrático ya están dando el primer paso.

Alejandro Toro

Como propone Petro: la legalización es la salida de la fallida guerra contra las drogas

El presidente Gustavo Petro ha dicho ante las Naciones Unidas que si se legaliza la cocaína se acaba la guerra en Colombia. ¿Alguien lo duda? El debate ya no es ese, el debate es: sabiendo eso, ¿por qué los EEUU, el principal consumidor de drogas del mundo, se niega a hacerlo?

“Allá se compra, se vende y se mete la mercancía en Nueva York, mientras que aquí se dan bala, yo no sé nada, no soy soplón”, dice el estribillo de la canción oficial de El Cartel de los Sapos, una famosa serie televisiva basada en la historia real de un narcotraficante condenado que se volvió delator. Entonces, cabe preguntarse: ¿Qué tanta responsabilidad recae sobre los EEUU en el negocio de los narcóticos y la guerra en Colombia, si son sus dólares los que financian el desangre de los colombianos? Una inmensa, por supuesto. ¿Qué pasa con la droga que entra a ese país? ¿Quién la compra y se lucra con su comercialización? ¿Se ha visto alguna vez a un capo estadounidense preso?

Sobre la mesa donde se ponen estos interrogantes aparecen también las respuestas: Para EEUU no es un objetivo esencial combatir el narcotráfico ni a los narcotraficantes, más bien, estos tienden a transformarse en los sofismas de distracción perfectos ante la opinión pública mundial para penetrar y asentarse en territorios que son estratégicos para ese voraz imperio, del que ya pueden observarse los primeros signos de decadencia. ¿Una simulación internacionalmente sincronizada?

El documental “The House I Live In” (“La casa en que vivo”) del director Eugene Jarecki y producido por el actor Brad Pitt, ha sido galardonado y bien ponderado por la crítica. En él, periodistas, activistas, policías, testigos y expertos en la temática dan a conocer la verdadera realidad de la lucha contra las drogas en Estados Unidos. También analiza la corrupción política y económica que ha impulsado a la DEA durante décadas. Según el documental, desde 1971 esa agencia gastó más de un billón de dólares y acabó con más de cuarenta y cinco millones de arrestos, todos de delincuentes menores, “dealers” de poca monta, ningún pez gordo de las mafias estadounidenses; de hecho, es el país con más presos del mundo (más de dos millones, en su mayoría afros y latinoamericanos). Pitt calificó como “una farsa” esta política antidrogas.

El informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU muestra que EEUU es el mercado más grande del mundo con más de ciento sesenta toneladas de droga consumidas al año, lo que equivale al treinta y seis por ciento del consumo total del planeta. En 2018 murieron 68.557 personas por sobredosis de estupefacientes, la cifra más alta desde que rige la mal llamada “guerra contra las drogas”.

“La guerra contra el narcotráfico es el primer sustento del narcotráfico”, fue la aguda conclusión del investigador Fernando Garavito Pardo, fallecido en el año 2010 en un extraño accidente de tránsito en las carreteras de Estados Unidos, a donde había llegado en 2002 tras la publicación de su libro en Colombia, “El Señor de las Sombras.

Una biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez”, lo que le conllevó amenazas contra su vida y la de su familia. En 2005 ofreció una extensa entrevista para el portal Radio Nizkor, en la que expuso un análisis con nitidez pedagógica sobre el fenómeno del narcotráfico, del que se pueden tomar extractos como: “La administración en Colombia está sumida en el crimen organizado, no está subsumida por el crimen organizado, es un crimen organizado”, “La guerra contra el narcotráfico que organizan en este país, en los EEUU, y en la cual los narcotraficantes de Colombia que ocupan los distintos puestos de responsabilidad política y pública, consumen con el mayor de los entusiasmos esa guerra, esa fumigación que está destruyendo nuestra naturaleza, ese crimen que está acabando con nuestras comunidades, esa tragedia que está arrasando con nuestros desplazados, esa organización económica que está masacrando a nuestras gentes pobres y a nuestras gentes del común, no a los narcotraficantes, sino a nuestros campesinos, a nuestros labriegos, a nuestro obreros, a nuestros sindicalistas, a nuestros estudiantes, cómo esa guerra está pensada —divinamente— como el primer sustento del narcotráfico.

Y lo he dicho ante grupos que se quedan, en primer término, asombrados y con una cara de reacción muy negativa frente a lo que yo afirmo, pero luego de una argumentación se puede demostrar fácilmente que, la guerra contra el narcotráfico es el primer sustento del narcotráfico, y que el narcotráfico es lo que está arrasando a Colombia, y que entre paramilitares, políticos y narcotraficantes en Colombia, no hay ninguna diferencia”. “Somos unas víctimas propiciatorias de algo que se puede resolver con una voluntad, con una decisión política del mundo, pero, efectivamente, no va a haber esa decisión política en el mundo” (en alusión a la legalización).

Álvaro Gómez Hurtado, político conservador asesinado por las FARC en 1995, dijo lo siguiente sobre el narcotráfico, Colombia y los EEUU: “Frente a la pretensión norteamericana de exhibir el país como un combatiente débil en ese campo, el rechazo debe ser unánime. Los Estados Unidos son cómplices de los narcotraficantes al empeñarse en prolongar la prohibición de la droga, que es la base del negocio para ambos. He sabido que la mayor parte de los rendimientos del tráfico de los estupefacientes se queda en los Estados Unidos. Si la droga se legalizara y su precio bajara, si dejara de ser uno de los negocios más prósperos de nuestro tiempo, sufrirían quienes comercian con la droga”.

El periodista, escritor y crítico político Eduardo Galeano (fallecido), dijo en 2004: “La denominada guerra antidrogas es una gran hipocresía del imperio, concretamente de EEUU y sus aliados, con el objetivo de militarizar e imponer políticas contrarias a los pueblos. Son pretextos que ofenden a la inteligencia”. El también periodista y escritor colombiano Germán Castro Caicedo (QEPD), expresó en una entrevista: “Este problema (narcotráfico) lo debe examinar la comunidad internacional. Todo el mundo sabe que nuestro principal problema radica en el consumo de Estados Unidos. Aquí hay cocaína por ese país. Son la nación más viciosa de la humanidad. El tráfico de coca empezó porque ellos vinieron a buscarla. Fueron los gringos los primeros que mandaron muchachas colombianas con coca. Luego, gente como Escobar, se dio cuenta de lo rentable que era este negocio y se metieron. Acabarlo sería coserles las narices a los gringos.”

Y el profesor Noam Chomsky, uno de los grandes intelectuales de los últimos tiempos, refirió: “Estados Unidos es el origen del problema del narco”.

Cada quien saque sus propias conclusiones.

Alejandro Toro

Representante a la Cámara

Más congresistas que representen a los colombianos en el exterior

Se estima que hay entre cinco y seis millones de colombianos viviendo en el exterior. Los únicos dos entes territoriales que tienen mayor cantidad de población en el país son Bogotá y Antioquia. No obstante, mientras que Bogotá tiene dieciocho curules en la Cámara de Representantes y Antioquia diecisiete, los colombianos en el exterior únicamente tienen una silla en el Congreso de la República.

Podría uno argumentar que la estadística no es comparable puesto que los colombianos que han salido del país se encuentran diseminados por todo el mundo, o que la misión de la Cámara de Representantes es darle representatividad a los territorios en el legislativo y la colombianidad en el exterior no funciona bajo la lógica de entes territoriales al ser ciudadanos de todas las regiones del país y en los cinco continentes.

Argumentos comprensibles, pero que dejan de lado un hecho innegable: emigrar no elimina los derechos políticos. Cualquier ciudadano que haya salido del país, sin importar las razones o el tiempo que lleve por fuera tiene derecho a elegir y a ser elegido, tiene derecho a ver sus intereses representantes en los espacios de toma de decisiones y a buscar la manera de que las leyes que se hagan en el Congreso los impacten de manera positiva o no les generen obstáculos.

Dirán algunos que una vez una persona sale del país ya no tiene que preocuparse por las leyes colombianas porque estas sólo aplican en el territorio nacional. Se le olvida que muy rara vez la persona que sale corta todo vínculo con Colombia – no por nada las remesas son el segundo renglón de ingresos después del petróleo – por lo que las disposiciones normativas que se hacen en el Congreso de la República los afectan de forma directa o indirecta.

Por ejemplo, cualquier reforma tributaria tiene implicaciones para quienes viven en el exterior pero mantienen inversiones en Colombia. La Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas tiene contempladas medidas para las víctimas del conflicto armado colombiano que han tenido que salir del país por la violencia. La Política Integral Migratoria (PIM) contiene una gran cantidad de medidas pensadas para quienes están afuera y quienes desean retornar, política establecida en una Ley de la República. Incluso en la reforma pensional se debía haber tenido espacio para los colombianos en el exterior que se encuentren cotizando pensión en Colombia o deseen hacerlo.

Es claro entonces el impacto que tienen las leyes para los que están por fuera. Sumado esto a la cantidad de migrantes colombianos que hay por el mundo, no tiene sentido que haya sólo una curul en la Cámara de Representantes para la colombianidad en el exterior. Antioquia tiene diecisiete curules para recoger las posturas de sus más de 6 millones de habitantes, diecisiete opciones distintas para todo el espectro político que hay en el departamento, para dar la pelea por los intereses de los antioqueños, pero estamos cargando a una sola congresista a representar los intereses de más de cinco millones de personas que al igual que en cualquier parte del país no se identifican con una única posición política ni tienen unos intereses homogéneos.

Carmen Ramírez, la Representante a la Cámara por la colombianidad en el exterior, presentó una iniciativa legislativa para modificar la Constitución y asegurar al menos una curul más para quienes no viven en Colombia. Una iniciativa que respaldo y considero que responde a una necesidad urgente. Hago el llamado a los congresistas y al Gobierno Nacional para lograr que los más de cinco millones de colombianos que viven por fuera del país tengan una participación equitativa en el Congreso.

Alejandro Toro

¿Dónde está el alcalde de Medellín en las crisis?

Lo que va del primer año de mandato del alcalde Federico Gutiérrez en Medellín se ha caracterizado por dos cosas: las ausencias de Fico y el engaño. Cada vez que han ocurrido situaciones que requieren de la completa atención del burgomaestre, Fico ha brillado por su ausencia; pero, para salir a presentar una falsa auditoría forense sí montó todo un espectáculo, invitó prensa e incluso se atrevió a usar sin permiso la imagen institucional de un ente de control.

Esta semana ocurrió una verdadera tragedia. La caída de la cabina del Metrocable en Santo Domingo requiere que toda la institucionalidad de la ciudad se haga presente, no sólo para atender a las víctimas sino también para tratar de comprender cómo sucedió y qué se debe hacer para evitar que vuelva a pasar.

Requiere especialmente que Federico Gutiérrez en su condición de alcalde sea el primero en dar la cara y asumir la responsabilidad. Pero los medellinenses tuvimos que ver nuevamente como no aparecía el alcalde por ningún lado, porque se encontraba de viaje en España. Otra vez esperamos ver al alcalde ser el primero en entrar en acción y darnos cuenta que ni siquiera está en el país, así como sucedió en el caso del pedófilo norteamericano que se escapó del país.

Nadie va a olvidar que cuando nos enteramos del horrible suceso en el Hotel Gotham y que el estadounidense presuntamente responsable había escapado, Federico Gutiérrez se encontraba en la playa. Bajo las narices de todos se pudo fugar el criminal porque quién debía estar al frente de la situación estaba feliz tomando el sol en el mar, olvidando que tiene a su cargo una de las ciudades más importantes del país y la región.

La ausencia de Fico se nota también en el día a día. Vamos para siete meses de su mandato y lo que vemos día tras día es como aumentan las basuras en la ciudad sin que exista respuesta institucional alguna. Estamos ante una crisis de salud pública que ha hecho, por ejemplo, que haya un aumento inaceptable de la población de ratas de la ciudad con 338 puntos críticos, pero la única respuesta del alcalde es que todo es culpa de la administración anterior.

Porque para eso sí es muy bueno Fico, para responsabilizar de todo lo que pasa en la ciudad a la alcaldía anterior, para inventar una falsa auditoría forense con una cantidad de supuestos hallazgos que cada vez va inflando más, con unas pruebas que a la Contraloría nunca le han llegado. No menciona, por ejemplo, que los números de homicidios estaban a la baja cuando finalizó la anterior administración y ha sido en la suya que han vuelto a subir.

Si no es a la anterior alcaldía entonces le tira la pelota al Gobierno Nacional. Un par de meses atrás dijo que una supuesta fuente le estaba informando que el Gobierno iba a intervenir a EPM cuando al mismo tiempo el gerente de la empresa y el Ministro de Minas estaban culminando una exitosa reunión dando un mensaje de trabajo articulado.

Señor alcalde, Medellín necesita su presencia. Usted sabe muy bien lo que implica ser alcalde, o al menos eso se esperaría siendo este su segundo mandato, por lo que no queremos seguir preguntándonos todo el tiempo ¿dónde está Federico Gutiérrez?

Alejandro Toro

La movilización de Fecode frenó una estatutaria de educación tergiversada

La Ley Estatutaria de Educación fue una de las iniciativas más trascendentales que se discutió en la Cámara de Representantes. Una Ley de suma necesidad para el país que garantice a todos los colombianos, especialmente a aquellos más vulnerables, el goce de la educación en todas las etapas de la vida en su calidad de derecho fundamental.

Pero mientras que en la Cámara los 187 congresistas que la componemos logramos llegar a consensos, poniendo siempre como prioridad la noción de que la educación como derecho fundamental significa que no puede estar puesta al beneficio de unos pocos, en la Comisión Primera de Senado un grupo reducido de senadores de oposición tergiversaron el texto que habíamos aprobado en Plenaria de Cámara, pasando por encima de la deliberación democrática que se había realizado en la Cámara de Representantes, donde se dio un ejemplo de debate entre Congreso, Gobierno y sociedad civil.

Fue tal la manera de trastocar lo acordado que se vio el magisterio obligado a convocar un paro rechazando de forma tajante el Proyecto de Ley Estatutaria si quedaba aprobado como lo proponía la oposición en el Senado. Y los motivos para un rechazo tan férreo son claros, porque se pasó de una ley donde se dejaba claro el carácter de la educación como derecho garantizado por el Estado a uno donde se cumplía el sueño que siempre ha tenido el Centro Democrático de que esta sea, ante todo, un negocio.

A esto se suma el irrespeto que se estaba teniendo con el SENA, agrupándolo bajo la figura de “educación terciaria” con instituciones que no están ni cerca de tener la trayectoria e importancia que ha tenido esta institución para el país, desconociendo además su naturaleza al ser una entidad que no está ni siquiera adscrita al Ministerio de Educación sino al Ministerio de Trabajo.

Por estas y muchas razones más FECODE organizó a los maestros del país, de todos los territorios, para dejar claro a los senadores que con la educación de las y los colombianos no se juega. Una vez quedó clara la efectividad que tiene la movilización popular para ejercer presión, los congresistas del Centro Democrático y la oposición creyeron que podían hacer sus jugaditas en puerta cerrada sin contar con que hay una ciudadanía y unas organizaciones sindicales siempre atentas y puestas para defender sus derechos.

Es momento de generar nuevos consensos, de que en conjunto con FECODE y con el Gobierno Nacional repitamos ese trabajo abiertamente democrático que se realizó en la Cámara de Representantes y así cumplir con la deuda histórica que se tiene con la educación en Colombia.

Alejandro Toro

La Agencia Nacional de Tierras le cumple a el Aro

Hace 27 años sucedió uno de los episodios más trágicos de la historia del departamento de Antioquia y del país. El 27 de octubre de 1997 incursionó un grupo de aproximadamente 150 paramilitares miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá al corregimiento de El Aro, en el municipio de Ituango, donde actuando como jueces y verdugos torturaron y asesinaron a 12 personas, desplazaron a otras de 1.472, quemaron 42 de 60 casas que tenía el pueblo, se robaron 1.200 reses de los campesinos y secuestraron a los que les ayudaron a llevar el ganado.

Tanta atrocidad, justificada por un supuesto apoyo de los habitantes de El Aro a grupos guerrilleros, fue cometida con el beneplácito de la Gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe Vélez según las afirmaciones del exparamilitar Salvatore Mancuso y del misteriosamente asesinado exparamilitar Francisco Enrique Villalba Hernández.

Por omisión y participación en la Masacre de El Aro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en el 2006 al Estado Colombiano a proveer justicia, a reparar a la víctimas en lo económico, lo psicológico y lo social y en general a tomar medidas para resarcir el daño causado a la comunidad de El Aro. No obstante, el Estado ha fallado en su tarea de reparación.

Por eso es histórico lo sucedido esta semana con la Agencia Nacional de Tierra. Este jueves se les entregó a 35 familias víctimas de lo ocurrido hace 27 años el título de propiedad de 809 hectáreas para que se puedan dedicar a trabajar su tierra, a cultivar maíz, arroz, plátano y fríjol, a tener las reses que les fueron robadas por los paramilitares, en fin, a poder dedicarse a vivir luego de la tragedia.

Es histórico porque ningún otro Gobierno había ido nunca a El Aro a entregar títulos de propiedad de la tierra para las víctimas de la masacre. Tal como lo dijo Tulio Mejía, líder comunitario del corregimiento, la importancia de la visita del Gobierno se da porque la mayoría de quienes viven en El Aro no cuentan con título de la tierra en la que viven, lo que dificulta que lleguen los proyectos productivos al territorio.

Es histórico porque desde el 2006 el Estado Colombiano tiene la obligación de reparar a las víctimas de la masacre por una providencia de la CIDH, han pasado tres gobiernos desde entonces y ninguno se había preocupado en asegurar que las víctimas pudieran gozar el derecho de ser las dueñas legales de la tierra en la que viven, de poder reclamar propiedad sobre una tierra de la que fueron expulsados de forma vil y con la presunta complacencia de una Gobernación de Antioquia en cabeza de Álvaro Uribe.

Ahora esperamos que con los títulos de propiedad entregados lleguen todas las entidades del Gobierno del Cambio con la oferta institucional para las víctimas, para que la tierra recibida se traduzca en soberanía alimentaria y dignidad.

Alejandro Toro

¿Qué se puede aprender de las elecciones presidenciales en México?

México sorprendió en las elecciones llevadas a cabo el pasado 3 de junio. Por primera vez en la historia del país, una mujer ocupará la presidencia. Se trata de Claudia Sheinbaum, una líder progresista que representa la continuidad de las políticas implementadas por Andrés Manuel López Obrador. Este último ganó la presidencia seis años atrás con un proyecto de izquierda denominado la «Cuarta Transformación» el cual logró importantes avances que hoy sitúan a su pupila como mandataria en el país.

Para entender la victoria del progresismo en México se hace necesario revisar tres aspectos claves del proyecto político iniciado por AMLO y que ahora estará en cabeza de Sheinbaum: la conexión, la comunicación y la proyección.

La conexión con el pueblo: AMLO se esmeró en su larga trayectoria política por aprovechar cada oportunidad para generar cercanía con el pueblo, en los años 70 como director del centro indigenista, un trabajo constante con las comunidades históricamente relegadas y pobres, encabezando numerosos movimientos de protesta junto a campesinos, indígenas, trabajadores y militantes. AMLO se destacó en su gobierno por tener eventos en los territorios, por hacer acciones concretas, por mostrarse siempre como un gobernante puesto a escuchar a su gente.

La Comunicación: en México, así como en Colombia, el aparato comunicacional ha estado siempre en contra del proyecto político. Pero AMLO sobresalió por ser ante todo un gran comunicador, durante su gobierno llevó a cabo un espacio de conferencias denominado “Marañas” enfocado en dejar claras sus ideas, denunciando todo tipo de campañas en su nombre, medio en el que siempre hizo parte al pueblo, escuchó las necesidades y posturas sociales, siendo su referente político el famoso Benito Juárez.

La proyección: la idea de la “Cuarta Transformación” está muy ligada a la historia sociopolítica de México, donde siempre se ha hablado de tres transformaciones o momentos de inflexión. La primera con la independencia, la segunda con la presidencia de Benito Juárez y la tercera, hacia inicios de siglo XX, con el Porfiriato. AMLO supo comunicar de forma efectiva que su proyecto político consistía en la “Cuarta Transformación”, dando siempre a entender que no se podía finalizar con la transformación en su mandato, dejando tareas a personas como Claudia Sheinbaum, proyectándolas como quienes se debían encargar de culminar con los pendientes que quedaran después de su presidencia.

Durante seis años, el proyecto liderado por Obrador mostró un progreso notable para México, con mejoras significativas en la economía de sus ciudadanos. Después de décadas de estancamiento, finalmente se logró un aumento en el poder adquisitivo real, marcando un hito importante en el desarrollo económico del país. La disminución de la pobreza fue un logro evidente, atribuido en gran medida a las mejoras en los salarios y los cambios en las políticas laborales implementadas. A esto se le suma un despliegue efectivo de diferentes programas sociales, los cuáles Sheinbaum ha prometido continuar, que tienen a AMLO finalizando su presidencia con un 60% de aprobación.

Esta gestión se presenta como un modelo a seguir para Colombia, tanto para el gobierno actual como para los futuros. Es imperativo fortalecer la conexión con la población, que el país reconozca la necesidad urgente de reformas en áreas como la salud, el trabajo y el sistema de pensiones. Estas reformas no son un capricho del gobierno sino transiciones necesarias que responden a las necesidades del pueblo, que hacen parte de un proyecto político coherente al cual hemos denominado “El Cambio”.

Ahora es necesario comunicar de forma efectiva lo que el cambio representa, que sea una idea de fácil reconocimiento por la gente y, sobre todo, que se puedan desmentir las interpretaciones erradas y desinformación promovidas por los medios de comunicación tradicionales. Esto sólo se logra si las acciones se sienten en los territorios y si la gente ve que el gobierno hace presencia. No hay que olvidar que la alta aprobación de AMLO se debe en haber logrado ejecutar.

Así mismo, dejar claro que el cambio no se termina de consolidar en los cuatro años de gobierno de Gustavo Petro. Desde ya se debe empezar a proyectar quiénes serán esas figuras claves que asuman las tareas pendientes que van a quedar cuando se acabe el actual período y, sobre todo, dejar claro que si se quiere materializar el cambio se debe asegurar que el próximo gobierno continué con las transformaciones iniciadas en el actual.

Alejandro Toro

La SAE entrega 15 propiedades en Antioquia para los servicios sociales

El gobierno del Cambio, a través de La Sociedad Especial de Activos Especiales (SAE), reafirma su compromiso con la recuperación de bienes obtenidos por la mafia, el narcotráfico y el paramilitarismo, después de varios intentos, el 22 de marzo se logró desalojar la casa “museo” de Pablo Emilio Escobar Gaviria, ubicada en el barrio el Poblado en Medellín.

Dicha propiedad continuaba estigmatizando a Colombia, al ser un espacio dedicado a exaltar los crímenes y la inseguridad generados por el Cartel de Medellín. Su recuperación representa un paso significativo en la lucha contra el legado del crimen organizado y contribuye a la construcción de una imagen positiva del país, enfocada en la legalidad, la seguridad y el respeto por el Estado.

El gobierno a través de la SAE tiene como objetivo transformar el “museo de la violencia” en una casa cultural llamada «La Otra Historia», con la intención de resignificar el espacio, destacando la lucha del Estado Colombiano contra la economía ilícita, la corrupción, logrando la transición entre la muerte y la vida.

Por otro lado, la SAE entregó cinco (5) propiedades en Urabá, específicamente en el municipio de Necoclí, Antioquia, en apoyo a diversas organizaciones sociales, víctimas del conflicto armado, comunidades animalistas y entidades gubernamentales. Estas propiedades consisten en una finca de 114 hectáreas otorgada a la Organización Coofurtuna, finca de 388 hectáreas destinada al Consejo Comunitario Afrobobal, una finca de 46.4 hectáreas asignada a la Organización Unidos por lo Nuestro, una casa de 117.04 metros cuadrados cedida al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Migración Colombia.

Es importante resaltar la entrega de terrenos que realizó la SAE al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a Migración Colombia. Este acto constituye uno de los grandes avances del país en favor de los migrantes. En 2022, más de 248,000 personas emprendieron la peligrosa travesía a través del Tapón del Darién. Para 2023, se estima que esta cifra aumentó a 520,085 personas, de las cuales 406,905 eran adultos y 113,180 eran niños, niñas y adolescentes, lo que representa un incremento del 110% en comparación anual.

Con este terreno, se espera establecer un sitio de paso que brinde asistencia a los migrantes que atraviesan la selva en condiciones precarias, enfrentando robos, extorsiones y violencia sexual, proporcionando un refugio seguro, una oportunidad para mejorar la situación humanitaria de miles de personas en tránsito.

Esta iniciativa representa un paso significativo hacia la reconstrucción y el fortalecimiento de las comunidades afectadas por el conflicto, así como un apoyo vital para las instituciones encargadas de brindar servicios sociales y de asistencia. El Gobierno del Cambio, a través de la SAE, sigue cumpliendo con su compromiso hacia el pueblo, especialmente con los más vulnerables y olvidados durante décadas. Esta acción marca un cambio en la historia de un país afectado por la violencia. Mis felicitaciones al Director de la SAE, José Enrique Moncaleano, y a nuestro presidente, Gustavo Petro Urrego, por su liderazgo y dedicación en esta importante labor.

Alejandro Toro

COP16, un reconocimiento al gobierno Petro

La COP es un espacio internacional en el que se establecen agendas, compromisos y marcos de acción relacionados con la conservación de la biodiversidad y el medioambiente, así como el lugar en donde se definen las estrategias de lucha contra el cambio climático, la pérdida de hábitats naturales, la sobreexplotación de recursos naturales y demás desafíos en torno a la sostenibilidad del planeta.

Surge del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, tratado internacional adoptado en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992 y que entró en vigor en 1993, buscando la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de recursos genéticos, como lo son las semillas de plantas.

Es así que cada dos años se organiza la Conferencia de las Partes (COP) del Convenio, en la cual participan representantes de 196 miembros del convenio así como organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, pueblos étnicos, comunidades locales y demás actores relevantes en la conservación del medio ambiente.

Se suponía que Turquía iba a ser la sede de la COP16, pero renunció a su papel como anfitrión a causa del terremoto sucedido en febrero del 2023. Ante este repentino cambio, el Gobierno Nacional a través de la Ministra de Ambiente Susana Muhammad decidió postular a Colombia como sede de la Conferencia, teniendo en cuenta además que el próximo año Brasil será la sede de la COP sobre el clima. De esta manera, queda plasmado el liderazgo de los dos países amazónicos en materia ambiental a nivel regional y mundial. América Latina será por dos años la vitrina de la protección del medio ambiente para el mundo.

Entre el 21 de octubre y el 2 de noviembre la ciudad de Cali será el escenario principal para que gobernantes, sector privado, sociedad civil y movimientos sociales de todo el mundo definan qué se debe hacer para asegurar la protección de la biodiversidad.

Es apenas apropiado que la capital del Valle del Cauca haya sido elegida como la sede de la COP16, teniendo en cuenta que es la ciudad más grande del Pacífico Colombiano, la segunda región más biodiversa del mundo; que el departamento del Valle cuenta con 35 ecosistemas, la mayor diversidad de peces y de aves; que solamente en el área urbana y rural de Cali hay entre 560 y 600 especies de aves, más que en toda Europa.

Con la realización de la COP16 se espera la visita de más de 15 mil personas de todo el mundo. Será una semana que podrá dejar a la ciudad aproximadamente 21 millones de dólares y beneficios en el sector turístico que beneficiarán a más de 5.000 familias. Además, pondrá a la ciudad nuevamente en el centro del escenario internacional de una forma positiva, resaltando las labores que se vienen realizando a nivel local en materia de conservación, prácticas sostenibles, entre otros.

Pero no sólo será Cali la beneficiada; con la realización de la COP16, Colombia podrá posicionarse como referente mundial en materia de gobernanza para el medio ambiente. Es una oportunidad única para demostrar lo que significa poner a la vida como el centro de las decisiones políticas, económicas y sociales, lo que queremos que se logre diciendo que el agua debe ser el eje del ordenamiento territorial; en pocas palabras, es la chance de demostrar por qué Colombia es potencia mundial de la vida.

Alejandro Toro

Cincuenta acciones contra el golpe blando

Hemos tenido presidentes señalados de ser financiados por el narcotráfico, presidentes con gobiernos en los que se dio la orden de hacer pasar jóvenes inocentes por miembros de grupos guerrilleros, presidentes que respondieron a la protesta con violencia letal, con los que nunca se cuestionó si debían o no finalizar su mandato.

No obstante, desde el día que el presidente Petro se posesionó, las fuerzas tradicionales del país dejaron claro que iban a buscar el camino para asegurar que no se cumplan los cuatro años del gobierno actual, sin importar que tengan que pasar por encima de la Constitución y la legitimidad ganada en las urnas. Ante el golpe blando, propongo 50 acciones que desde la ciudadanía, el movimiento social y las fuerzas políticas progresivas podemos desarrollar para asegurar que se respete la elección popular.

Organizar foros públicos sobre la importancia de la democracia.
Lanzar campañas de información sobre los derechos constitucionales.
Realizar vigilancia y seguimiento a las reformas en el Congreso
Fomentar el activismo digital para la difusión de mensajes democráticos.
Organizar marchas y manifestaciones pacíficas en defensa de la democracia.
Formar coaliciones amplias con diversos sectores políticos y sociales.
Impulsar debates y discusiones sobre políticas públicas.
Incentivar la participación ciudadana en procesos de toma de decisiones locales.
Lanzar iniciativas de apoyo a jueces y fiscales independientes.
Apoyar la creación de programas de radio y TV centrados en la democracia.
Organizar encuentros intergeneracionales sobre la historia política del país.
Promover la participación de jóvenes en política.
Crear festivales culturales que celebren la diversidad y la democracia.
Impulsar proyectos de ley propuestos por ciudadanos.
Organizar ciclos de cine sobre temas de democracia y derechos civiles.
Publicar boletines informativos sobre la situación política.
Promover la igualdad de género en todas las esferas políticas.
Impartir seminarios sobre la constitución y el sistema legal.
Coordinar encuentros de diálogo con representantes del gobierno.
Lanzar campañas de concienciación sobre las consecuencias de un golpe de estado.
Apoyar a medios independientes financieramente.
Promover iniciativas de gobierno abierto y colaborativo.
Promover la inclusión de minorías en espacios de toma de decisiones.
Coordinar vigilancia comunitaria para prevenir la violencia política.
Impartir cursos en línea sobre historia política y democracia.
Organizar carreras y eventos deportivos que promuevan mensajes democráticos.
Establecer alianzas con organizaciones internacionales de derechos humanos.
Desarrollar estrategias de comunicación para contrarrestar la propaganda antidemocrática.
Impulsar la participación de personas con discapacidades en política.
Crear grupos de trabajo para discutir reformas legislativas importantes.
Facilitar encuentros entre artistas y políticos para promover mensajes de unidad.
Establecer programas de mentoría para nuevos líderes políticos.
Promover la justicia social como pilar de la democracia.
Apoyar la creación de documentales sobre historias de éxito democrático.
Promover iniciativas de reforma agraria justa y equitativa.
Organizar ferias de empleo que promuevan la inclusión y la equidad.
Establecer programas de asesoramiento legal gratuito para personas vulnerables.
Promover encuentros de mujeres líderes para fortalecer su rol en política.
Organizar conciertos y eventos musicales con mensajes de paz y democracia.
Crear un observatorio para monitorear y reportar casos de corrupción.
Desarrollar campañas sobre la importancia de la separación de poderes.
Establecer programas de apoyo a excombatientes en procesos de reintegración.
Promover el uso de tecnologías limpias y sostenibles en la administración pública.
Organizar conferencias sobre el impacto del narcotráfico en la política.
Crear un canal de YouTube dedicado a educar sobre civismo y democracia.
Implementar programas de protección para activistas y defensores de derechos humanos.
Impulsar programas de radio comunitaria para discutir temas políticos locales.
Desarrollar iniciativas de arte y teatro que exploren temas de justicia y equidad.
Crear una red de apoyo para familiares de víctimas de violencia política.
Desarrollar un programa de visitas a parlamentos y asambleas.

Avanza imparable la reforma agraria

Narciso Beleño Belaides fue un líder campesino agrominero de Bolívar, presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, vilmente asesinado el 21 de abril. En vida centró su lucha en los derechos de las comunidades campesinas, la protección del medio ambiente, especialmente la Serranía de San Lucas, la denuncia del accionar paramilitar y el desarrollo de la reforma agraria en su territorio.

Conseguir justicia para su crimen es la obligación del Estado, pero también lo es ayudar a que se materialicen las causas que abanderó; que lo que quede en la memoria no sea únicamente el dolor de su muerte sino que se lo recuerde siempre por su compromiso con el reparto equitativo de la tierra para el campesinado. Por eso celebró que la jornada de Reforma Agraria desarrollada en el país el 4 de mayo del presente año haya tenido por nombre el de “Narciso Beleño”, conmemorando a él y a todos los líderes sociales que han sido asesinados tratando de lograr que la tierra esté en manos de quien la trabaja.

La maratón de entrega de tierras se llevó a cabo de manera simultánea en diferentes regiones del país, con el liderazgo del Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras en conjunto con el resto de las entidades que hacen parte del Sistema de Reforma Agraria, como lo son la Superintendencia de Notariado y Registro, la Sociedad de Activos Especiales, la Unidad de Restitución de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entre otras. Esa debe ser la meta del trabajo interinstitucional, que todas las entidades del Gobierno aporten cada uno desde sus competencias y funciones lo necesario para poder cumplirle al pueblo colombiano, para hacer realidad el cambio.

Se entregaron en un sólo día aproximadamente 6.000 hectáreas y 163 títulos de formalización de propiedad a familias rurales de 11 municipios del país. Campesinos y organizaciones sociales en San Jacinto, Caucasia, Chinú, Corinto, Puerto Lleras, Montería, Pailitas, San Alberto, Santa Ana, San Sebastián de Buenaventura y Pitalito vieron cómo el Gobierno les cumplió a su justa demanda de contar con el acceso a la tierra para poder desarrollar actividades productivas, formar una vivienda y tener una vida digna.

En Caucasia, donde la respuesta del Gobernador ante el reclamo de tierras de la gente fue tratar de usar la violencia, poniendo tal vez por encima de la gente los intereses de un confeso narcotraficante, el Gobierno Nacional entregó 1.540 hectáreas a 535 familias campesinas cumpliendo así con una parte de los compromisos adquiridos por el presidente Petro en su visita al municipio. Una muestra más de que quienes afirman que el presidente no quiere a Antioquia lo que en verdad quieren decir es que desean que sólo se preocupe por los grandes terratenientes y los privilegiados del departamento, que deje de centrar sus acciones en ayudar a los olvidados.

Estas jornadas de entrega de tierras deben ser sólo el punto de partida de la Reforma Agraria. La institucionalidad debe llegar también con programas que faciliten el desarrollo de proyectos productivos. Así como se ha visto tan bien la coordinación interinstitucional para entregar, debe serlo también para apoyar y fortalecer la economía campesina.

Alejandro Toro

El cambio continúa luchando por 4+

El primero de mayo conmemoramos las luchas y logros de la clase trabajadora y el movimiento obrero en su búsqueda por garantías laborales, pues después de la Revolución Industrial, los trabajadores estadounidenses se enfrentaban a jornadas laborales de 12 horas al día, seis o incluso siete días a la semana, con salarios muy bajos y en condiciones de trabajo deplorables. Es especialmente desgarrador recordar que niños y niñas eran empleados en minas, fábricas e industrias, injusticias que llevaron a los movimientos obreros a organizar protestas, alzar la vos exigiendo jornadas laborales de 8 horas, condiciones laborales dignas.

Lucha recordada por nuestro presidente, exaltando este día tan importante para el mundo y el país, alzando su voz contra la esclavitud, indignidad, acompañado de millones de colombianos que marcharon en apoyo al gobierno del cambio, por lo menos en 60 ciudades del país millones de compatriotas mostraron su apoyo a la lucha social, a las reformas democráticas, mostrando su endereza, defensa a la voluntad popular, pidiendo a gritos un cambio en el sistema laboral, pensional y salud, gritando: “vivan las reformas del gobierno del cambio”, “viva la reforma laboral del gobierno del cambio”, “Abajo a la oposición de la reforma del cambio”.

 Lamentablemente somos el país de América Latina que tiene la jornada laboral más extensa, improductiva a nivel económico como resultado de gobiernos como Álvaro Uribe Vélez, hoy el Presidente Gustavo Petro, el gobierno quiere corregir, abolir la esclavitud, el retraso del país, dignificando las condiciones del trabajo, fomentando el empleo como una política prioritaria, impulsando programas e  incentivos en favor de los jóvenes, propendiendo por la estabilidad laboral, acabando con la informalidad.

Colombia clama por una pensión digna, eliminar la pobreza extrema, no es justo que más de tres millones de adultos mayores de clase baja, que han luchado y trabajado arduamente toda su vida, bajo el sol y la lluvia, no tengan acceso a una pensión digna. Estos son derechos que la oposición rechaza, se les acabo el negocio a los banqueros, a los políticos de apellidos pudientes que se han lucrado a costa de los derechos fundamentales de los más vulnerables, que han marchado pidiendo la muerte del cambio, de las reformas, de la democracia.


El gobierno del Cambio está más vivo que nunca, los 11 millones de colombianos volvieron a expresar apoyo al presidente y a las reformas. El clamor del país es claro: 4+ de garantías, de trabajo por los más vulnerados y olvidados. Agradecemos a Colombia, Medellín por el apoyo inquebrantable y firme. Seguiremos imparables en la lucha por un país justo y garantista. Ni la persecución política nos detiene. Los cuatro años no son suficientes; queremos la Asamblea Nacional Constituyente.

Alejandro Toro

¿Quiénes están incómodos con mis denuncias?

Han puesto precio a mi cabeza y todos ponen su máquina persecutoria a trabajar.

Buscan bajo cada piedra de mi historia, un ejército de abogados pone sus demandas inventadas tratando de buscar las interpretaciones legales que les convengan aun cuando saben que todas mis actuaciones se han hecho con apego a la norma.

Los medios hacen lo suyo, los que reciben miles de millones en pauta, amplifican cada párrafo contra mí, lo venden en sus portadas como un bono a quienes les pautan los shows de sus resultados y en medio día los casos inventados contra mí se convierten en tendencias. Se publica la noticia dando por sentado un resultado que aún está por definirse, tratando de generar una narrativa en la que por todos lados soy perdedor.

Pero después de varias décadas de trabajo, enfrentando el peligro en las zonas donde la vida en nuestro país vale menos, que justamente es donde más empobrecidas son las poblaciones, miro con la frente en alto el futuro que nos espera, y sobre todo a esas poblaciones que pagaron con sangre una guerra que no les pertenecía y se ganaron al menos una hora de esperanza .

El sur del Tolima, el norte del Cauca, Montes de María, el Chocó y sus ríos venosos, mi Urabá resiliente y pujante a pesar de todo, el Arauca que se extiende como un tapete de de vida, musgo y cuero después de tantas lanzas clavadas, a esa Colombia la he conocido en cada pliegue, escuché sus lamentos y sus sueños y a ellos creo representar sin miedo pero con cautela, porque también sé que su porvenir depende de una fibra delgada en este país, llamada democracia.

Han puesto precio a mi cabeza y los mensajes constantes de odio que alimentan los medios, las togas y los gatillos pululan por el universo oscuro de las redes tejiendo la red que legitima las acciones, no contra mí, sino contra un proyecto acallado tantos años.

No soportan ver que un antioqueño llegue al Congreso a alzar la voz por los olvidados, en vez de por los poderes económicos que se han acostumbrado a defender. Les exaspera que acuda a las más altas instancias internacionales para hacer valer los derechos políticos adquiridos de forma histórica por el movimiento progresista en el 2022. Les saca de quicio que exija que se gobierne con hechos y no con shows mediáticos, que pida que se le muestre a la ciudadanía cuáles son las pruebas con las que quieren montar un juicio político a quienes pensamos diferente en Medellín.

Pero aquí estamos, con el pueblo como defensor, con sus votos como mandato y mis ganas imparables de cambio como garantía de un futuro que todos construimos porque lo merecemos, porque lo pagamos caro y ésta Macondo hecha a pulso no dejaremos que sea borrada de la faz de la tierra.

Alejandro Toro