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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Alejandro Toro

Es momento de detener el genocidio en Palestina

Ya van más de seis meses desde el inicio de la invasión de Israel a Palestina, la cual ha dejado a la fecha más de 30.000 personas asesinadas de las cuales al menos el 70% corresponden a niños y mujeres. Estamos presenciando un genocido en vivo y en directo, pero parece reinar la indiferencia por sobre la indignación.

El uso del término genocidio no es una exageración. El Estatuto de Roma, el cual establece la Corte Penal Internacional, define en su artículo sexto al genocidio como cualquier acto realizado “con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”. Dentro de los actos que denotan el genocidio están, entre otros, la matanza de miembros del grupo y el sometimiento intencional a condiciones de existencia que acarreen la destrucción física del grupo.

Cómo no hablar del genocidio del pueblo palestino perpetrado a manos de Israel cuando, además de la desgarradora cifra de muertos se les está negando de forma intencional el acceso a la comida y el agua, generando de forma planificada una crisis humanitaria sin precedentes. De acuerdo a Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, es el mayor número de personas que se enfrentan al hambre catastrófica jamás registrado en cualquier lugar y en cualquier momento, siendo un desastre provocado por el hombre.

Las Relatoras Especiales sobre el territorio palestino ocupado de las Naciones Unidas, Francesca Albanese y Tlaleng Mofokeng, han dicho que “el mundo está siendo testigo del primer genocidio mostrado en tiempo real por sus víctimas”. La declaración se dio luego de la destrucción del hospital Al-Shifa por parte de las fuerzas militares israelíes, acto terminantemente prohibido por el derecho humanitario internacional el cual no parece tener mucha importancia para Israel. No es sólo el agua y la comida lo que niega Israel, es también la salud.

Las relatoras señalaron que las estrategias adoptadas por los líderes mundiales y los Estados han sido insuficientes para poner fin a “la violencia atroz y grotesca que no cesa”. Afirmación que parece llegar a oídos sordos, pues mientras desde la sociedad civil se pide el cese al fuego inmediato las potencias en el Consejo de Seguridad de la ONU no son capaces de aprobar ninguna acción que garantice un fin al conflicto.

Mientras más tiempo pasa más corremos el riesgo de que el sufrimiento del pueblo palestino se convierta en parte del paisaje, que la pérdida de una cultura pase a un segundo plano mientras los amantes de la guerra piden ansiosos que se escale el conflicto bélico en el medio oriente, con algunos locos incluso hablando de armas nucleares como si no viviéramos todos en un solo mundo.

Por eso hay que aplaudir que Colombia haya sido uno de los primeros países en condenar de frente las acciones de Israel, sin importar que haya quienes digan que se debería tener una respuesta más “neutral”. Ante la barbarie no existe lugar para posiciones “moderadas”, hay que tomar una postura decisiva y firme. Hay que dejarle claro al mundo que desde Colombia exigimos asegurar la vida del pueblo palestino.

Alejandro Toro

Pacto Histórico presentó un informe a funcionarios de la CIDH, insistiendo en la «ruptura institucional»

Durante la mañana de este miércoles 17 de abril, se realizó un encuentro entre los representantes de la CIDH que se encuentran por estos días en el país y los congresistas de distintas regiones del país, quienes advirtieron principalmente por las recientes actuaciones de la Procuraduría General.

Tras el encuentro que duró un poco más de media hora el representante Toro aseguró: “hemos denunciado la persecución de la Procuraduría y algunas Cortes a personas que pueden ser candidatos a la presidencia (…) la persecución ha sido consecutiva durante los últimos años.

El documento que recibió la CIDH por parte de los parlamentarios habla específicamente de los casos de Daniel Quintero, Carlos Caicedo y Camilo Romero, “se ha utilizado la Procuraduría con fines políticos”, concluyó el representante Toro.

Dentro del informe que publique la CIDH tras su visita a Colombia estará la conclusión de organismo sombre este encuentro.

El comercio con Venezuela va cada vez mejor

Uno de los peores errores en relaciones internacionales que han cometido gobiernos anteriores ha sido intentar cercenar los vínculos con Venezuela. Al cortar vínculos con el hermano país sin considerar las consecuencias ayudaron a formar una de las crisis humanitarias más graves en la historia reciente del país. El cierre intempestivo de la frontera sólo benefició a los contrabandistas que, además de traficar con bienes, vieron una oportunidad de negocio en el movimiento de personas a través de las trochas.

Era necesario que una de las primeras acciones en materia de diplomacia del Gobierno actual fuera justamente el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, no sólo para lograr un abordaje conjunto frente al cruce de personas en la frontera, sino también porque el tejido económico de las zonas fronterizas, especialmente Norte de Santander, depende en buena medida de el sano comercio entre las dos naciones.

Los sectores políticos que promovieron el congelamiento de las relaciones diplomáticas, quienes dicen ser los primeros defensores de los empresarios y del correcto funcionamiento de la economía, nunca consideraron las desastrosas consecuencias de su planteamiento mal ejecutado. Pasamos de exportaciones por $2.255 millones de dólares en el 2013 a $195.9 millones en el 2019 y 2020, el punto más bajo en la relación comercial. Esta cifra se traduce en pérdidas de empleo, en pequeñas y medianas empresas cerradas y en la vida económica de Cúcuta completamente trastocada.

Las medidas tomadas por el actual gobierno han tenido un impacto positivo inmediato. Pasamos de exportaciones de $394 millones de dólares en el 2021 a $728,4 millones en el 2022 y $791,1 millones en el 2023. En los primeros dos meses el comercio por los puentes Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Atanasio Girardot aumentó en un 134% frente al mismo período en el 2023. Dato que se puede explicar en parte por el acuerdo sobre transporte de carga y pasajeros entre Colombia y Venezuela que aprobamos en el Congreso de la República el año pasado, con el cual otorgamos las garantías normativas necesarias para regular la movilización de vehículos por la frontera.

El Ministro de Comercio, Germán Umaña, anunció que se viene un trabajo conjunto entre los dos países para lograr la complementación entre Táchira y Norte de Santander en materia de producción industrial, de turismo y de inversión. El sector privado ha reconocido las oportunidades de negocio que se abren nuevamente, tanto así que el martes 9 de abril la Asociación Nacional de Comercio Exterior anunció una misión empresarial entre el 21 y el 25 de mayo, donde 20 empresas viajarán a Caracas y Valencia para ver posibilidades de inversión y de negocios.

Tenemos ahora como Congreso de la República la responsabilidad de responder al esfuerzo tanto del Gobierno como de los empresarios de poder sanar el tejido comercial entre Colombia y Venezuela. Es imperativa la aprobación del convenio para la protección de inversiones entre los dos países, el cual se ha visto bloqueado en la Cámara de Representantes por congresistas de oposición que viven diciendo ser los más preocupados por la empresa privada.

Lo dice de forma clara el presidente de la Cámara Colombo Venezolana, Juan Gabriel Pérez Chauste, la aprobación del convenio permitirá continuar y concretar las negociaciones en curso al generar confianza y garantizar seguridad jurídica para inversionistas colombianos y venezolanos.  Lo que la oposición no ha entendido, así los empresarios se lo hayan dicho de forma enfática, es que el acuerdo bilateral no corresponde a un capricho político sino a una necesidad expresa de contar con reglas de juego claras para poder hacer negocios en Venezuela, oportunidad de oro que no se puede perder.

Alejandro Toro

El hermano narco de los Uribe borrado de la historia

Según la investigación de los periodistas Alfredo Serrano, con prueba fotográfica, además de Gonzalo Guillén y Sergio Mesa, el expresidente Álvaro Uribe Vélez tuvo un hermano, Luís Gonzalo Uribe, alias “El Travieso”, que murió en accidente cuando piloteaba una avioneta cargada con droga, como no tenía hijos heredó millones de dólares a su padre y esta podría ser la respuesta a la repentina fortuna de la familia.

Pero este no sería el único familiar cercano de Uribe envuelto en narcotráfico, veamos:

 Alberto Uribe Sierra, según muchos periodistas, fue testaferro del clan Ochoa y otros integrantes del cartel de Medellín, un hombre que pasó de vivir en arriendo en el barrio Laureles de Medellín a tener más de una veintena de haciendas en Antioquia. Cuando se allanó el laboratorio de droga más grande de la historia (Tranquilandia) se encontró un helicóptero de su propiedad en ese lugar.

El padre de los Uribe aparece en el libro “Los Jinetes de la Cocaína”, del periodista de El Espectador, Fabio Castillo (1987), donde es reseñado y se dice que estuvo detenido en una ocasión para ser extraditado, pero Jesús Aristizábal Guevara, entonces secretario de gobierno de Medellín, logró que lo pusieran en libertad.

Las agencias de inteligencia estadounidenses en archivos desclasificados de 1991 también le seguían los pasos al célebre hacendado y caballista. Un informe lo presenta así: “fue asesinado en Colombia por sus conexiones con narcotraficantes”.

Por otro lado, está Jaime Alberto Uribe Vélez, apodado “El Pecoso” o “Arepa”, murió en 2001 con un historial de relaciones con el clan Cifuentes Villa (Dolly Cifuentes Villa era su esposa), con Pablo Escobar y con otros mafiosos y paramilitares, pero no alcanzó a ser enjuiciado. En 1986 fue detenido por tropas de la IV brigada del ejército porque desde su radio-teléfono se registraron llamadas a Pablo Escobar, un suceso que no fue investigado

“El Alemán”, declaró el 17 de marzo de 2011 ante un magistrado de Justicia y Paz: “Los hermanos del expresidente Uribe no son hijos de la Madre Teresa. Si usted le pregunta a Hasbún, que es un bananero de la clase alta, él dice que a él lo presentó el hermano de Álvaro Uribe (Jaime Alberto) con Vicente Castaño, en una casa en El Poblado”. Raúl Emilio Hasbún Mendoza, “Pedro Bonito”, condenado por paramilitarismo y el asesinato de dos personas en San José de Urabá confirmó lo dicho por El Alemán en abril del mismo año: “… Jaime Uribe Vélez, conocido como El Pecoso, fue un hombre cercano a las estructuras paramilitares y amigo personal de Vicente Castaño Gil”

Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, aseguró que “El Pecoso” era muy cercano a Pablo Escobar y que, incluso, en la época de la persecución al jefe del cartel de Medellín por parte de los Pepes —entre 1992 y 1993—, ellos lo declararon objetivo militar. Don Berna contó que El Pecoso Uribe se salvó porque el narcotraficante Francisco “Don Pacho” Cifuentes Villa (su cuñado), intercedió por él.

Santiago Uribe Vélez, hermano menor de Álvaro Uribe Vélez, acusado por la fiscalía de ser el creador y líder del grupo paramilitar “Los Doce Apóstoles”, que operó en el nordeste antioqueño a inicios y mediados de los 90, grupo señalado de asesinar a más de 500 personas. Actualmente está a la espera de sentencia, pero el juez Jaime Herrera Niño aún no la dicta, pese a que el juicio acabó hace más de tres años.

Camilo Uribe Uribe (medio hermano de los Uribe Vélez), empresario amigo personal del narcotraficante Cristian Fernando Borda Gómez, alias “Tomy” o “El Harlista de la mafia”, quien portaba carnet de la presidencia para ingresar en cualquier momento (en los tiempos de Álvaro Uribe como presidente) y se transportaba en carros de la casa de Nariño aunque había llegado de purgar una pena por narcotráfico en los Estados Unidos. En 2008, “El Harlista” fue extraditado de nuevo y condenado a 25 años de prisión. Poco tiempo después, la esposa de Borda Gómez fue asesinada por sicarios en Bogotá.

Según la periodista María Jimena Dussán, Camilo Uribe también habría participado del saqueo a Monómeros, en el gobierno de Iván Duque al recibir cientos de miles dólares a través de una empresa de la que es socio y que fueron consignados a una cuenta registrada en Islas Caimán.

Dolly Cifuentes Villa y Ana María Uribe Cifuentes: cuñada y sobrina del expresidente (esposa e hija de Jaime Alberto Uribe Vélez, respectivamente) fueron extraditadas a EEUU por narcotráfico y lavado de activos. Hacían parte del clan Cifuentes Villa, los socios máximos del Cartel de Sinaloa y Chapo Guzmán en Colombia en los 90 y década del 2000.

Mario de Jesús Uribe Escobar, primo de Álvaro Uribe Vélez, excongresista, expresidente del Senado en épocas de Uribe presidente, condenado por parapolítica. En 2008 Mario se refugió en la embajada de Costa Rica y pidió asilo en ese país para eludir su detención, alegando falta de garantías y persecución política, pero su pedido fue negado por el país centroamericano. El hermano de Mario Uribe Escobar, Jorge Humberto Uribe Escobar, era el notario de confianza de “Memo Fantasma. Jorge Humberto Uribe Escobar fue ratificado como notario por su primo, el presidente Uribe, el 22 de octubre de 2008.

Carlos Alberto Vélez Ochoa, Juan Diego Vélez Ochoa y Mario Vélez Ochoa, tío y primos-hermanos de Álvaro Uribe Vélez respectivamente, creadores del grupo paramilitar “Los Erres” lo conformaban aproximadamente doscientos individuos con sistemas de comunicación muy avanzados para esas épocas y que mantenían interconectadas sus fincas por medio de una red de la empresa Unicom, de Medellín. Ese grupo es señalado de asesinar a más de setenta personas en el casco urbano de municipios antioqueños del suroeste. Entre las víctimas de “Los Erres” figuran dos estudiantes universitarios fusilados en mayo de 1995 por pasear sin permiso de la banda en parajes que eran controlados por esa organización. La inspectora de policía de Titiribí, testigo de ese crimen, fue asesinada y cortada su lengua al más puro estilo mafioso. Los Vélez Ochoa fueron condenados por esos hechos en primera instancia, pero solo alcanzaron a estar presos cerca de un año hasta que un fueron dejados en libertad por un juez de apelaciones, señalado de nexos con paramilitares,

Aquí hemos abordado solo su círculo familiar, no hay mención sobre sus jefes de seguridad, el director del DAS, el jefe de gobierno cuando estuvo como gobernador de Antioquia, sus ex ministros o congresistas de su partido extraditados, investigados, condenados o asesinados.

Con todo esto cabe preguntar: ¿el expresidente Uribe no sabía nada de las estrechas relaciones de sus más cercanos familiares con el mundo del crimen y el narcotráfico a gran escala? O, como diría el gran periodista Guillermo Cano, asesinado por el cartel de Medellín: ¿es posible estar en medio de una piscina y no mojarse?

Alejandro Toro

Una fiscal para la justicia y no para sus amigos

Después de cuatro sesiones, el alto tribunal de la Corte Suprema de Justicia entregó a Colombia una decisión crucial el 12 de marzo, 18 de los 23 magistrados eligieron a Luz Adriana Camargo como la nueva Fiscal General de la Nación. Camargo, una abogada especializada en Derecho Penal y Criminología, ostenta una hoja de vida intachable y ha acumulado méritos significativos en su incansable lucha contra la corrupción.

No es ajena al éxito en este campo, fue parte del grupo de abogados que acompañó y asesoró a Iván Velásquez, líder de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), desde 2013 hasta 2019. Durante este periodo, lograron impactar la corrupción desmantelando y condenando a más de 50 congresistas, además de investigar el homicidio de los periodistas Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Sierra, quienes fueron víctimas de un grupo disidente del narcotráfico de las FARC.

Uno de los roles más destacados de Camargo es su labor como magistrada auxiliar en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde desempeñó un papel crucial en la investigación del escándalo de la parapolítica, expuso la conexión entre sectores políticos y las Autodefensas Unidas de Colombia. Con más de 20 años de experiencia en el campo legal, Camargo se presenta como una figura sólida y capacitada para enfrentar los desafíos judiciales y de corrupción que afectan al país y superar las cifras de la Gestión del ex Fiscal Barbosa.

Pues si bien Barbosa trata de vender la idea de que se va como el mejor Fiscal en la historia del país, la realidad dice otra cosa. En su posesión, expresó que su gestión estaría enmarcada en la lucha contra la corrupción, comprometiéndose a fortalecer la investigación en crímenes de líderes sociales y reforzando la presencia de la fiscalía en regiones como Chocó, donde solo el 36,7% de las denuncias por violencia sexual tienen avances en cuanto al esclarecimiento, Amazonas con un 38,2%, y Putumayo con tan solo un 32,2%. Lo más preocupante es que entre 2020 y 2024 más de la mitad de los procesos terminaron en absoluciones, Sin olvidar los retrasos que presuntamente orquestó, como lo fue el caso de Álvaro Uribe Vélez, pues varios fiscales buscaron precluir el proceso y que decir continuos retrasos en el caso Odebrecht o de su esmero por judicializar a manifestantes durante los estallidos sociales para evadir la problemática de corrupción en el país.

El clamor por un cambio era más que evidente. Colombia necesitaba una Fiscalía con experiencia en materia penal, libre de sesgos políticos y favoritismos, verdaderamente imparcial pues recordemos que Barbosa mantenía una estrecha relación con Iván Duque, lo que generaba legítimas dudas sobre su independencia. Es hora de depositar nuestra confianza en un cambio real, en una fiscalía verdaderamente imparcial y comprometida con la lucha contra la corrupción, una que defienda los intereses de todos los ciudadanos sin distinción alguna.

Alejandro Toro

El show de Fico y la tal auditoría

El lunes 4 de marzo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, convocó una rueda de prensa en la sede de la Alcaldía, Alpujarra, para presentar los resultados de una auditoría forense a la contratación pública de la ciudad entre 2020 y 2023. Anunció alrededor de 501 hallazgos, destacando presuntos casos de corrupción por parte de su antecesor, Daniel Quintero Calle. Denunció malos manejos en el presupuesto participativo, irregularidades en el programa «Computadores a Futuro», y lo que más llamó la atención fue su denuncia a la contratación directa de un software para la formación de inglés en las instituciones de Medellín, cuestionando la violación de la ley de contratación pública


¿Le falló la memoria al alcalde? En 2019, Federico contrató mediante modalidad directa a Lengio Corporation, la misma empresa que ahora denuncia. El contrato se realizó con un objeto similar: «Adquisición de licencias para el uso de la plataforma virtual SLANG, para el aprendizaje de un inglés técnico y profesional en las áreas de medidas de los nodos TIC y turismo». Lo extraño es ¿Por qué la Contraloría de Medellín no auditó el contrato de Federico Gutiérrez durante su administración y sí cuestiona ahora el contrato de Daniel Quintero?, dejando dudas sobre la imparcialidad de los entes de control a la hora de investigar.

El accionar del alcalde deja varios interrogantes. A pesar de anunciar 501 hallazgos, aún no ha hecho público el informe de la auditoría, lo que plantea dudas sobre la transparencia del proceso. Además, su presunta omisión al no solicitar información y aclaración a los funcionarios salientes podría constituir una violación a la Ley.

En la rueda de prensa, manifestó que las autoridades competentes ya tienen conocimiento de todos estos hallazgos; no obstante, hoy nos seguimos preguntando ¿Dónde están los traslados a los entes de control que indicó haber realizado? ¿Por qué se hicieron públicos los presuntos hallazgos de forma verbal, pero no se ha hecho público el informe emitido por la firma, contratista que elaboró el informe? La falta de claridad y la aparente selectividad en la divulgación de información generan una incertidumbre que requiere respuestas claras y precisas por parte del mandatario.

Principio del formulario

La estrategia política también se asoma. La denuncia coincidió con la oferta presidencial a Daniel Quintero para dirigir el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS). ¿Es acaso un intento de debilitar a un potencial rival político? Pues se sabe que una de las aspiraciones de Quintero es llegar a la Presidencia de la República.

Mientras las acusaciones infundadas continúan, la Procuraduría Delegada primera para la Vigilancia Administrativa archivó una investigación contra Quintero por falta de pruebas. Sin embargo, Gutiérrez persiste en generar distracciones para no cumplirle a la ciudad, dejando en segundo plano la seguridad y la gestión de residuos.

Esperamos que Federico Gutiérrez cumpla con el llamado a la transparencia, revele el informe de la Auditoría Forense y atienda las necesidades reales. La ciudad merece un liderazgo comprometido sin caer en los desvíos políticos que hoy están obstaculizando el verdadero progreso de Medellín.

Alejandro Toro

El gobernador de Antioquia también nombra a sus financiadores

En Antioquia nos encontramos con un extraño caso donde el gobernador y el alcalde de Medellín parecen querer copiar todas sus acciones. Como si se llamaran antes de dar cualquier declaración, cada vez que uno sale a criticar al Gobierno Nacional sale inmediatamente su contraparte a repetir el mismo discurso.

No sorprende este nivel de coordinación sabiendo que, aunque los dos se presentaron por movimientos políticos distintos, responden al mismo jefe natural. Es por esto que tampoco debe sorprender que Andrés Julián Rendón le haya copiado a Fico una de sus maniobras favoritas para pagar favores: nombrar en cargos claves a quienes aportaron a su campaña.

Revisando a los financiadores de la campaña a la gobernación de Rendón aparece en tres ocasiones el nombre de la señora Ana María Mejía Bernal, la cual le otorgó a la campaña tres créditos: uno por $840 millones de pesos, otros por $160 millones y el de menor monto, por $18 millones. Un total de $1.018 millones de los $3.382.689.555 pesos que reportó en Cuentas Claras el gobernador Rendón como recursos recibidos por concepto de contribuciones, donaciones y créditos que realizaron particulares a la campaña.

El 30% del dinero recaudado para la campaña vino de los créditos de la señora Mejía, por lo que uno solo puede preguntarse de dónde viene tan pujante persona. Durante la alcaldía de Rendón en Rionegro, la ingeniera Ana María Mejía Bernal fungió como Secretaria de Desarrollo del municipio, e incluso actuó como Alcaldesa encargada en el 2019.

Fue tan bueno su trabajo en la Secretaría que, además de otorgarle la capacidad financiera para dar créditos por más de mil millones de pesos a su antiguo jefe, le valió una investigación de la Procuraduría por presuntas irregularidades en la contratación del sistema de transporte público de Rionegro, Sitirio.

Rendón, siempre magnánimo, ha decidido pagarle su aporte financiero y su excelente gestión nombrándola como Secretaria Privada de la Gobernación desde donde deberá, entre otras cosas, monitorear los proyectos priorizados por el gobierno departamental para identificar riesgos, generar alertas tempranas y acompañar a los organismos y dependencias en las estrategias para su continuidad. Queda la duda de cuál es la capacidad de identificación de riesgos de una funcionaria que ya tiene una investigación en curso por irregularidades en contratación.

El gerente de la campaña fue Luis Fernando Begué Trujillo, quien también otorgó un crédito a la misma por un poco más de $9 millones de pesos. Begué Trujillo no es nuevo en el sector público, su último cargo había sido la gerencia general de Renting S.A.S, empresa de economía mixta con una participación mayoritaria del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, aunque su cargo más destacado fue la gerencia del Indeportes entre 1998 y el 2000.

Fue justamente esta entidad la recompensa dada por el Gobernador Rendón a Luis Fernando Begué por su trabajo en la campaña y su valioso aporte económico a la misma, al nombrarlo como el nuevo Gerente de Indeportes. Le dejó a su cargo una institución con un presupuesto de más de $1.500 millones de pesos, dejando claro lo mucho que valora a quienes lo financiaron.

Alejandro Toro

El presidente y las fuerzas militares contra el Clan del Golfo en Antioquia

El Clan del Golfo ha azotado al departamento de Antioquia por más de 16 años. Este grupo es conocido como una de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas, especializándose en actividades como el narcotráfico, extorsión, reclutamiento forzado a menores, despojo de tierras.

La sólida estructura del Clan, arraigada en actividades legales y compuesta por más de 1,900 miembros, representa un desafío significativo para nuestra Nación. Esta organización delictiva ha logrado establecerse en la región, aprovechando su conexión con actividades legítimas para disfrazar sus operaciones ilegales. Su presencia se extiende a 107 municipios en Colombia y abarca más de 28 países, configurando alianzas con las principales mafias a nivel mundial, incluyendo los Carteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, las mafias Calabresa y Silicina, así como Los Balcanes.

Recientemente, las operaciones del Clan del Golfo han protagonizado violentos eventos en Segovia, Antioquia. Desde el 7 de febrero, intensos combates entre las Autodefensas Gaitanistas (Clan del Golfo) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han sacudido la zona rural, resultando en el acuartelamiento de familias locales y el desplazamiento forzado de aproximadamente 800 de ellas, además de pérdidas lamentables de soldados. En respuesta a estos miserables hechos, Entidades Gubernamentales y cooperantes internacionales han tomado medidas para aliviar la escasez de alimentos y medicinas, proponiendo incluso la apertura de un corredor humanitario para llevar ayuda a las familias confinadas.

Frente a esta cruda realidad, nuestro presidente ha condenado los recientes ataques perpetrados por el Clan del Golfo. En sus declaraciones, expresó el firme compromiso del Estado de enfrentar y desmantelar estos grupos delictivos, así como de golpear la economía asociada al oro ilícito y la cocaína. Subrayó que, de manera constante, se están llevando a cabo operativos que resultan en la incautación diaria de decenas de toneladas de cocaína.

El propósito inequívoco del presidente y las Fuerzas Militares es el restablecimiento del orden público en el país. Para alcanzar esta meta, se ha implementado un despliegue militar estratégico que involucra al Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial. Este operativo tiene como objetivo central la captura de los principales cabecillas, conocidos como alias de Azul y Chuzo, quienes lideran la estructura criminal en el nordeste antioqueño.

Estos individuos no solo son señalados como autores intelectuales y materiales de acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población de Segovia, sino que también se les atribuye imponer toques de queda, amenazar líderes sociales, restringir el transporte y ejercer control sobre las empresas mineras líderes en la región, antes estas atrocidades las autoridades ofrecen una recompensa con el fin de dar con su captura y cesar la violencia en Segovia Antioquia.

La violación sistemática de los Derechos Humanos es una realidad que ha desencadenado una respuesta unificada a nivel nacional e internacional. Tanto el Comité Internacional de Derechos Humanos, líderes sociales y las autoridades nacionales han expresado su contundente rechazo, uniendo esfuerzos para poner fin a las hostilidades en la región y abordar las raíces del problema. La cooperación internacional, la atención humanitaria y la recompensa ofrecida por las autoridades son pasos cruciales para mitigar el impacto en la población afectada y avanzar hacia la erradicación de la violencia y el crimen organizado en Segovia, Antioquia.

Tenemos plena confianza en el gobierno y nuestras Fuerzas Militares, reconociendo el esfuerzo conjunto para rescatar al pueblo forjado en oro y preservar la riqueza cultural de esta plaza, moldeada por la extracción minera que define la riqueza e identidad del Municipio.

Alejandro Toro

Fico no nombra expertos, nombra a amigos

En anteriores columnas he dicho que Federico Gutiérrez tiene como principal criterio para sus nombramientos la retribución hacia quienes lo apoyaron para ser alcaldes, o quienes son amigos de los miembros de Creemos. Con la Secretaría de Cultura ya quedó claro que Gutiérrez no va a gobernar para toda la gente, sólo para los suyos.

No me sorprende lo sucedido con el que espero sea ya ex secretario de Cultura, el señor Manuel Córdoba, quien no tuvo problema en admitir de forma desvergonzada que no tenía idea del sector del que debía estar a cargo, porque a la final lo suyo son los contratos; me pregunto si con ser especialista en contratos se refería a que Federico Gutiérrez le había dado la misión de convertir la entidad en el botín a repartir para pagarle a quienes lo llevaron a ser alcalde.

Hay que entender que el “inculto” Córdoba no llega de forma coincidencial al gabinete de Fico, ni exclusivamente por su experticia en las contrataciones. Córdoba fue el gerente de campaña del concejal Andrés Tobón, al que no le bastó con el contrato que le dieron a una de sus donantes de campaña, Catalina Hoyos López, por 17 millones en la Secretaría de Participación Ciudadana, sino que además buscó la manera de que su gerente quedara bien posicionado en el gobierno distrital, quizá para poder repartir “mermelada” en el Concejo de forma eficiente.

Fico, siempre tan generoso, no ha dejado en el olvido a los diputados de Creemos en la Asamblea, para los que también ha habido ayuda. El nuevo Subsecretario de Presupuesto y Gestión Financiera es Daniel Felipe Escobar Valencia, hermano del diputado Mateo Escobar Valencia.

Aunque en este caso se puede decir que fue más bien el diputado el que recibió el pago del favor con el aval a su candidatura, pues su hermano Nicolás ya había hecho parte de la primera administración de Fico e incluso actuó en múltiples ocasiones como Secretario encargado de Hacienda. Una familia fiquista purasangre que ha visto muy bien recompensada su lealtad.

Pienso también en el caso de Camilo Montoya Cano, el nuevo Secretario de Participación Ciudadana, comunicador social que en la anterior alcaldía de Fico se encargó de las redes del INDER y que se desempeñó recientemente como director de comunicaciones de Creemos. Una persona de toda la vida de Fico, que va a asumir un cargo que requiere profundos conocimientos en políticas públicas los cuales no tiene, pues su experiencia y formación profesional están orientadas exclusivamente en el manejo de redes.

El nuevo burgomaestre de Medellín se ufana de conformar un gabinete de técnicos, pero sus nombramientos indican una tendencia clara: el principal criterio para trabajar con Fico es haber demostrado lealtad hacia el caudillo o su partido, sin importar si se tiene experticia para lo que se es nombrado.

Alejandro Toro

¿La Federación de Cafeteros quiere acabar con los cafeteros de Andes?

La Cooperativa de Caficultores de Andes, fundada en 1961 como una organización dedicada a la producción y comercialización de café en Antioquia, abarca municipios importantes como Betania, Andes, Jardín, Ciudad de Bolívar e Hispania, donde residen aproximadamente 100,000 habitantes.

En el 2019 la Cooperativa entró en un proceso de intervención para administrar por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria, el cual derivó en el 2022 en la liquidación forzada de la cooperativa a causa de, entre otras razones, deudas con acreedores.

La Cooperativa ha logrado generar acuerdos de pago con la mayoría de sus acreedores, excepto con uno: la Federación Nacional de Cafeteros. El agente interventor nombrado para el proceso, Alejandro Revollo, creó una figura antes inexistente en la Cooperativa, la de directora ejecutiva, nombrando a la señora María Claudia Pérez Vergara.

La señora Pérez Vergara venía desempeñando funciones en el Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia, dependencia de la Federación Nacional de Cafeteros, y para asumir el cargo de Directora Ejecutiva ni siquiera renunció a la Federación sino que, tal como lo expresó en julio de 2020 el señor Revollo, tomó una licencia no remunerada. Sus funciones en el cargo creado por el agente interventor eran de toma de decisiones en aspectos financieros, como la compra y venta del café.

¿Cuáles fueron las decisiones financieras tomadas por la funcionaria en licencia de la Federación? Según caficultores de la región, se dedicó a doblar la deuda que tenía la Cooperativa de Andes con la FNC, la cual a la fecha está en aproximadamente 94 mil millones de pesos y que ha generado que se den 560 demandas y más de 600 embargos a campesinos del suroeste por parte de la Federación.

En pocas palabras, el agente interventor que tenía como misión tratar de salvar la Cooperativa, creó un cargo antes inexistente para una persona de la FNC, que tomó decisiones encaminadas a generar una gigantesca deuda de los miembros de la cooperativa a la Federación. Si el papel de la Federación es supuestamente velar por los intereses de quienes hacen parte del sector, ¿por qué querer acabar con una cooperativa que beneficia directamente a más de 16.000 personas?

Una posible respuesta es la amenaza que puede representar la Cooperativa Cafetera de Andes como la más grande de su tipo en el país, al ser la primera cooperativa en exportar de forma directa, sin la FNC. Otra, que la Federación desea quedarse con activos estratégicos de la Cooperativa, como la trilladora de café que tiene una ubicación privilegiada y es fundamental para producir el café de mayor calidad en el país.

Solicitamos al Gobierno Nacional, especialmente al Ministerio de Hacienda, que desde su rol como miembros del Comité Nacional de Cafeteros ayuden a mediar entre la Cooperativa de Cafeteros de Andes y la Federación Nacional de Cafeteros para generar una conciliación que permita la supervivencia de la cooperativa. El sector cafetero de Antioquia y el país no puede quedar sin una de sus organizaciones insignia por los intereses de quien se supone debe velar por el bienestar de los campesinos caficultores del país.

Encuentre aquí más columnas de Alejandro Toro

Mientras Milei aprueba reformas por decreto, la oposición en Colombia calla

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha generado una fuerte oposición entre los ciudadanos debido a su intento de implementar cambios en el régimen laboral mediante decretos presidenciales. Estas modificaciones abarcan la eliminación de indemnizaciones por despidos sin justa causa, la reducción de cargas patronales e impuestos al trabajador, la limitación de mandatos sindicales y la restricción del derecho a la huelga. Como consecuencia de estas medidas, tras 28 años, La Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y los gremios que la conforman han retornado a la Confederación General del Trabajo (CGT).

Lo que hace el presidente Milei y que tiene a la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) en huelga en Argentina, sería impensable que el presidente Petro hiciera lo mismo; seguramente enfrentaría una fuerte condena mediática, críticas de empresarios y oposición. Cuando nuestro presidente habló de «esperanza o barbarie» durante la campaña argentina, no se refería a Milei, sino al proyecto político que estaba por venir, y el tiempo le ha dado la razón. Lo que propone Javier Milei por medio de Decreto de Necesidad y Urgencia es:

– Modificar 366 leyes por decreto presidencial. ¿Se imaginan la senadora Cabal donde lo proponga presidente Petro?

– Ley Ómnibus, 600 artículos que modifican 20 leyes, y se pretende votar 500 artículos en bloque. Para nosotros en el congreso de Colombia, votar 5 artículos en bloque de la reforma a la salud, fue un escándalo; sin embargo, la oposición en Colombia no se ha levantado a denunciar este hecho.

A esto hay que agregarle que su ministra de seguridad, Patricia Bullrich, a poco de comenzar el primer paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) expreso: “todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente Milei. No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente”, además de tratar a los sindicalistas de mafiosos, a los jueces de cómplices corruptos. Lo que nos hace preguntar: ¿Dónde están algunos medios del país pidiendo garantías para la justicia e independencia de poderes?

Pero que se puede esperar de un presidente que llamó imbécil al Papa Francisco (quien es argentino), desconoce el cambio climático, pide que la gente pueda vender libremente sus órganos y dijo que la moneda argentina no servía ni de abono, hundiendo aún más su valor, que tiene el dólar blue en más de 1.200 pesos.

Me duele el país, su gente hermosa, sus luchas ganadas, su educación ejemplar y su futuro. ¡Adelante Argentina!

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Periódico vida, la verdad sin intermediarios

El 16 de enero de 2024 marcó el inicio del periódico «Vida», con el propósito de informar a los colombianos sobre los avances del gobierno del cambio en diversos ámbitos de desarrollo del país. La iniciativa busca llegar a áreas carentes de medios de comunicación, utilizando un lenguaje comprensible para la ciudadanía en general, fomentando la participación ciudadana, incluso generar un espacio a las voces de la oposición, según lo expresado por su director, Augusto Cubides.

A pesar de su loable propósito, «Vida» ha sido objeto de críticas debido a los costos de producción, alcanzando los 600 millones de pesos. Algunos consideran esta inversión como una práctica oficialista del gobierno de Petro. Sin embargo, es importante recordar los 15 contratos de publicidad oficial celebrados durante el mandato del expresidente Iván Duque. Estos contratos, llevados a cabo a través del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), sumaron un total de 20.000 millones de pesos, entre agosto de 2018 y agosto de 2020. Además, durante los cuatro años de su presidencia, los gastos ascendieron a 46 mil millones de pesos, según lo evidenciado en el informe emitido por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

El informe también evidenció que varios contratos tenían como objetivo fortalecer la imagen presidencial a través de canales digitales, mediante el monitoreo exhaustivo a los medios de comunicación y a la reducción de las ruedas de prensa presidenciales. Esta estrategia perseguía objetivos concretos: Destacarse en medios internacionales y obtener contenidos favorables en medios de comunicación Nacional, es de decir el gobierno manipulaba a los Colombianos.

Un claro ejemplo de esto es el paro nacional que ocurrió en 2019, donde el gobierno celebró un contrato con Alotrópico S.A.S, cuyo objetivo estaba enfocado en posicionar la imagen del gobierno y desprestigiar la movilización social. Publicando titulares como: «Colombia quiere más propuestas, menos movilizaciones» y «conversar para avanzar, si uno para no avanza». Los contratos celebrados con Alotrópico S.A.S entre 2018 y 2022 ascendieron a $1.145’448.14 millones de pesos.

Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), parte de los recursos utilizados para sufragar estos gastos procedieron del Fondo de Programas Especiales para la Paz. Esta revelación plantea interrogantes sobre la asignación de fondos destinados originalmente a iniciativas de paz, que terminaron respaldando actividades que parecían más enfocadas en la promoción política que en el bienestar general.

¿Cuál es la crítica de los detractores del periódico «Vida»? ¿Los costos? Ya hemos observado las sumas significativas que el gobierno de Duque gastó con el propósito de engañar a los colombianos, desacreditar a la oposición y, lo más grave, realzar su gobierno mediante la manipulación y tergiversación de información. No podemos pasar por alto que utilizó recursos destinados a la paz del país. Hechos contradictorios con los objetivos del periódico «Vida», que busca proporcionar información a todo el país, llegar a zonas rurales y fomentar la cercanía del país con el gobierno. ¡Adelante Presidente con un periódico sin intermediarios, transparente!

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Unidos por los Juegos Nacionales en Urabá

Urabá cuenta con una población de 508,802 habitantes, distribuidos en 11 municipios: Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Turbo, Murindó y Vigía del Fuerte. Esta región es considerada una cuna de talentosos deportistas olímpicos, contribuyendo de manera significativa al panorama deportivo Nacional. En el año 2021, el 15% de los 71 deportistas colombianos que representaron al país en diversas disciplinas eran oriundos de Urabá. Este dato resalta la importancia y el impacto que Urabá tiene en el ámbito deportivo.

Llevar a cabo los Juegos Nacionales 2027 en Urabá sería un merecido homenaje y reconocimiento a su valioso aporte al panorama deportivo colombiano y a la destacada contribución al prestigio del país en el ámbito deportivo internacional. Deportistas notables como Ceiber Ávila, quien no solo representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sino que también se destacó al obtener la segunda medalla para el país, demuestran el potencial que Urabá tiene para producir deportistas de alto rendimiento en diversas disciplinas.

Caterin Ibargüen, reconocida como la mejor atleta del mundo en el año 2018 por la Federación Nacional de Atletismo, es otro ejemplo destacado. Originaria de Urabá, Ibargüen ha dejado una huella imborrable en el deporte colombiano, cosechando medallas de oro en pruebas de salto largo y salto triple. Su éxito no solo ilumina la región, sino que también inspira a las generaciones futuras de atletas locales.

Evento que también contaría con un mensaje profundo de paz, recordemos que los municipios que integran Urabá, eje bananero, han estado envueltos en situaciones de violencia desde 1988, presentándose despojo de tierras, desplazamientos forzados, masacres como consecuencia del conflicto armado que lo azotó durante décadas por grupos como las Autodefensas Campesinas.

Con el desarrollo de los Juegos Nacionales del 2027 no solo buscaría destacar la resiliencia y superación de la región frente a estos desafíos, sino también mostrar la Urabá de pesca, ganadería, agricultura, turismo y su impresionante paisaje costero, elevando su alto potencial económico y cultural.

Una ventaja significativa para Urabá es que la región cuenta con el 70% de los requisitos establecidos por el Ministerio de Deporte para ser la sede de los Juegos Nacionales, según compartió Sergio Roldan, gerente de la candidatura de Urabá 2027. Este aspecto positivo acerca a Urabá al anhelado evento y, entre los proyectos en marcha, destaca la planificación de una sede deportiva para acoger a las 33 delegaciones participantes.

Urabá, con determinación y visión, demuestra que está lista para brillar como anfitriona de un evento que promete no solo deporte, sino también unidad y celebración a nivel nacional.

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Las jugaditas de la derecha para borrar a la oposición

No empieza bien el 2024 para las garantías políticas en Antioquia. Los sectores tradicionales que se encuentran nuevamente en una posición mayoritaria en el Concejo de Medellín y la Asamblea de Antioquia, con la complacencia de quienes se hacen llamar de “centro”, han decidido que su primera acción como servidores públicos electos sea vulnerar los derechos a la oposición, los cuales tienen la obligación de cumplir de acuerdo al mandato constitucional y la ley.

El Estatuto de Oposición, consignado en la Ley 1909 de 2018, indica en su artículo 18 que las organizaciones políticas que se declaren en oposición y que tengan representación en las corporaciones, en este caso el Concejo, tendrán participación en al menos una de las posiciones de las mesas directivas de la Plenaria de la Corporación.

La importancia de hacer parte de la Mesa Directiva es que le garantiza a la oposición la posibilidad de influir en las iniciativas a incluir en el orden del día y en el correcto desarrollo de las discusiones. Si quedó consignado en la ley es justamente porque es una de las formas que se le asegura a la oposición el correcto goce de sus derechos políticos, los cuales están claramente establecidos en el artículo 40 y 112 de la Constitución Política de Colombia.

No obstante, en la primera sesión del Concejo de Medellín realizada el 2 de enero, los concejales de los partidos políticos tradicionales y de Creemos, el partido de Fico, cometieron una vulneración de derechos al elegir en la posición de segunda vicepresidencia a Janeth Hurtado, de la Alianza Social Independiente, partido que se declaró en coalición de Gobierno. La presidencia le quedó a Andrés Tobón, de Creemos, y la primera vicepresidencia a Claudia Carrasquilla, del Centro Democrático, también partidos de Gobierno.

La jugadita deja claro cuál va a ser el trato hacia los miembros de la oposición en el Concejo: una total falta de garantías. Un retroceso absoluto cuando en el período anterior, la primera Mesa Directiva tuvo a Carlos Alberto Zuluaga del Partido Conservador, sin esgrimir el endeble argumento de que el vacío jurídico frente a los tiempos que se toma el CNE en sus trámites internos para reconocer la condición de oposición de los partidos es razón válida para incumplir con lo dispuesto en el Estatuto de Oposición.

En la Asamblea se presenta un panorama similar, aunque vislumbra una luz de esperanza pues el Consejo Nacional Electoral a través de Auto del 5 de enero de 2024 ha abonado conocimiento de la acción de protección de derechos de la oposición presentada por el diputado Manuel García. Esperamos que con la intervención del órgano electoral la Asamblea Departamental cumpla con su obligación de actuar conforme a la ley y se garantice la participación de la oposición en la Mesa Directiva.

Le solicito a las autoridades electorales y judiciales que revisen cuidadosamente lo sucedido en la elección de las Mesas Directivas, y en caso de que se hayan cometido actuaciones en contra de la ley, se tomen las medidas necesarias para resarcir los derechos de quienes hacen parte de la oposición.

Solo puedo esperar que irregularidades como las cometidas esta semana sean una desafortunada excepción y no la regla en el actuar del Concejo de Medellín hasta el 2027, y en el gobierno de Fico Gutiérrez en la ciudad, así como en el mandato pasado se le garantizaron a quienes estaban en oposición todas las posibilidades de participación política como lo demanda la ley.

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