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Etiqueta: Alejandro Toro

El show de Fico y la tal auditoría

El lunes 4 de marzo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, convocó una rueda de prensa en la sede de la Alcaldía, Alpujarra, para presentar los resultados de una auditoría forense a la contratación pública de la ciudad entre 2020 y 2023. Anunció alrededor de 501 hallazgos, destacando presuntos casos de corrupción por parte de su antecesor, Daniel Quintero Calle. Denunció malos manejos en el presupuesto participativo, irregularidades en el programa «Computadores a Futuro», y lo que más llamó la atención fue su denuncia a la contratación directa de un software para la formación de inglés en las instituciones de Medellín, cuestionando la violación de la ley de contratación pública


¿Le falló la memoria al alcalde? En 2019, Federico contrató mediante modalidad directa a Lengio Corporation, la misma empresa que ahora denuncia. El contrato se realizó con un objeto similar: «Adquisición de licencias para el uso de la plataforma virtual SLANG, para el aprendizaje de un inglés técnico y profesional en las áreas de medidas de los nodos TIC y turismo». Lo extraño es ¿Por qué la Contraloría de Medellín no auditó el contrato de Federico Gutiérrez durante su administración y sí cuestiona ahora el contrato de Daniel Quintero?, dejando dudas sobre la imparcialidad de los entes de control a la hora de investigar.

 

El accionar del alcalde deja varios interrogantes. A pesar de anunciar 501 hallazgos, aún no ha hecho público el informe de la auditoría, lo que plantea dudas sobre la transparencia del proceso. Además, su presunta omisión al no solicitar información y aclaración a los funcionarios salientes podría constituir una violación a la Ley.

En la rueda de prensa, manifestó que las autoridades competentes ya tienen conocimiento de todos estos hallazgos; no obstante, hoy nos seguimos preguntando ¿Dónde están los traslados a los entes de control que indicó haber realizado? ¿Por qué se hicieron públicos los presuntos hallazgos de forma verbal, pero no se ha hecho público el informe emitido por la firma, contratista que elaboró el informe? La falta de claridad y la aparente selectividad en la divulgación de información generan una incertidumbre que requiere respuestas claras y precisas por parte del mandatario.

Principio del formulario

La estrategia política también se asoma. La denuncia coincidió con la oferta presidencial a Daniel Quintero para dirigir el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS). ¿Es acaso un intento de debilitar a un potencial rival político? Pues se sabe que una de las aspiraciones de Quintero es llegar a la Presidencia de la República.

Mientras las acusaciones infundadas continúan, la Procuraduría Delegada primera para la Vigilancia Administrativa archivó una investigación contra Quintero por falta de pruebas. Sin embargo, Gutiérrez persiste en generar distracciones para no cumplirle a la ciudad, dejando en segundo plano la seguridad y la gestión de residuos.

Esperamos que Federico Gutiérrez cumpla con el llamado a la transparencia, revele el informe de la Auditoría Forense y atienda las necesidades reales. La ciudad merece un liderazgo comprometido sin caer en los desvíos políticos que hoy están obstaculizando el verdadero progreso de Medellín.

Alejandro Toro

El gobernador de Antioquia también nombra a sus financiadores

En Antioquia nos encontramos con un extraño caso donde el gobernador y el alcalde de Medellín parecen querer copiar todas sus acciones. Como si se llamaran antes de dar cualquier declaración, cada vez que uno sale a criticar al Gobierno Nacional sale inmediatamente su contraparte a repetir el mismo discurso.

No sorprende este nivel de coordinación sabiendo que, aunque los dos se presentaron por movimientos políticos distintos, responden al mismo jefe natural. Es por esto que tampoco debe sorprender que Andrés Julián Rendón le haya copiado a Fico una de sus maniobras favoritas para pagar favores: nombrar en cargos claves a quienes aportaron a su campaña.

 

Revisando a los financiadores de la campaña a la gobernación de Rendón aparece en tres ocasiones el nombre de la señora Ana María Mejía Bernal, la cual le otorgó a la campaña tres créditos: uno por $840 millones de pesos, otros por $160 millones y el de menor monto, por $18 millones. Un total de $1.018 millones de los $3.382.689.555 pesos que reportó en Cuentas Claras el gobernador Rendón como recursos recibidos por concepto de contribuciones, donaciones y créditos que realizaron particulares a la campaña.

El 30% del dinero recaudado para la campaña vino de los créditos de la señora Mejía, por lo que uno solo puede preguntarse de dónde viene tan pujante persona. Durante la alcaldía de Rendón en Rionegro, la ingeniera Ana María Mejía Bernal fungió como Secretaria de Desarrollo del municipio, e incluso actuó como Alcaldesa encargada en el 2019.

Fue tan bueno su trabajo en la Secretaría que, además de otorgarle la capacidad financiera para dar créditos por más de mil millones de pesos a su antiguo jefe, le valió una investigación de la Procuraduría por presuntas irregularidades en la contratación del sistema de transporte público de Rionegro, Sitirio.

Rendón, siempre magnánimo, ha decidido pagarle su aporte financiero y su excelente gestión nombrándola como Secretaria Privada de la Gobernación desde donde deberá, entre otras cosas, monitorear los proyectos priorizados por el gobierno departamental para identificar riesgos, generar alertas tempranas y acompañar a los organismos y dependencias en las estrategias para su continuidad. Queda la duda de cuál es la capacidad de identificación de riesgos de una funcionaria que ya tiene una investigación en curso por irregularidades en contratación.

El gerente de la campaña fue Luis Fernando Begué Trujillo, quien también otorgó un crédito a la misma por un poco más de $9 millones de pesos. Begué Trujillo no es nuevo en el sector público, su último cargo había sido la gerencia general de Renting S.A.S, empresa de economía mixta con una participación mayoritaria del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, aunque su cargo más destacado fue la gerencia del Indeportes entre 1998 y el 2000.

Fue justamente esta entidad la recompensa dada por el Gobernador Rendón a Luis Fernando Begué por su trabajo en la campaña y su valioso aporte económico a la misma, al nombrarlo como el nuevo Gerente de Indeportes. Le dejó a su cargo una institución con un presupuesto de más de $1.500 millones de pesos, dejando claro lo mucho que valora a quienes lo financiaron.

Alejandro Toro

El presidente y las fuerzas militares contra el Clan del Golfo en Antioquia

El Clan del Golfo ha azotado al departamento de Antioquia por más de 16 años. Este grupo es conocido como una de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas, especializándose en actividades como el narcotráfico, extorsión, reclutamiento forzado a menores, despojo de tierras.

La sólida estructura del Clan, arraigada en actividades legales y compuesta por más de 1,900 miembros, representa un desafío significativo para nuestra Nación. Esta organización delictiva ha logrado establecerse en la región, aprovechando su conexión con actividades legítimas para disfrazar sus operaciones ilegales. Su presencia se extiende a 107 municipios en Colombia y abarca más de 28 países, configurando alianzas con las principales mafias a nivel mundial, incluyendo los Carteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, las mafias Calabresa y Silicina, así como Los Balcanes.

 

Recientemente, las operaciones del Clan del Golfo han protagonizado violentos eventos en Segovia, Antioquia. Desde el 7 de febrero, intensos combates entre las Autodefensas Gaitanistas (Clan del Golfo) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han sacudido la zona rural, resultando en el acuartelamiento de familias locales y el desplazamiento forzado de aproximadamente 800 de ellas, además de pérdidas lamentables de soldados. En respuesta a estos miserables hechos, Entidades Gubernamentales y cooperantes internacionales han tomado medidas para aliviar la escasez de alimentos y medicinas, proponiendo incluso la apertura de un corredor humanitario para llevar ayuda a las familias confinadas.

Frente a esta cruda realidad, nuestro presidente ha condenado los recientes ataques perpetrados por el Clan del Golfo. En sus declaraciones, expresó el firme compromiso del Estado de enfrentar y desmantelar estos grupos delictivos, así como de golpear la economía asociada al oro ilícito y la cocaína. Subrayó que, de manera constante, se están llevando a cabo operativos que resultan en la incautación diaria de decenas de toneladas de cocaína.

El propósito inequívoco del presidente y las Fuerzas Militares es el restablecimiento del orden público en el país. Para alcanzar esta meta, se ha implementado un despliegue militar estratégico que involucra al Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial. Este operativo tiene como objetivo central la captura de los principales cabecillas, conocidos como alias de Azul y Chuzo, quienes lideran la estructura criminal en el nordeste antioqueño.

Estos individuos no solo son señalados como autores intelectuales y materiales de acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población de Segovia, sino que también se les atribuye imponer toques de queda, amenazar líderes sociales, restringir el transporte y ejercer control sobre las empresas mineras líderes en la región, antes estas atrocidades las autoridades ofrecen una recompensa con el fin de dar con su captura y cesar la violencia en Segovia Antioquia.

La violación sistemática de los Derechos Humanos es una realidad que ha desencadenado una respuesta unificada a nivel nacional e internacional. Tanto el Comité Internacional de Derechos Humanos, líderes sociales y las autoridades nacionales han expresado su contundente rechazo, uniendo esfuerzos para poner fin a las hostilidades en la región y abordar las raíces del problema. La cooperación internacional, la atención humanitaria y la recompensa ofrecida por las autoridades son pasos cruciales para mitigar el impacto en la población afectada y avanzar hacia la erradicación de la violencia y el crimen organizado en Segovia, Antioquia.

Tenemos plena confianza en el gobierno y nuestras Fuerzas Militares, reconociendo el esfuerzo conjunto para rescatar al pueblo forjado en oro y preservar la riqueza cultural de esta plaza, moldeada por la extracción minera que define la riqueza e identidad del Municipio.

Alejandro Toro

Fico no nombra expertos, nombra a amigos

En anteriores columnas he dicho que Federico Gutiérrez tiene como principal criterio para sus nombramientos la retribución hacia quienes lo apoyaron para ser alcaldes, o quienes son amigos de los miembros de Creemos. Con la Secretaría de Cultura ya quedó claro que Gutiérrez no va a gobernar para toda la gente, sólo para los suyos.

No me sorprende lo sucedido con el que espero sea ya ex secretario de Cultura, el señor Manuel Córdoba, quien no tuvo problema en admitir de forma desvergonzada que no tenía idea del sector del que debía estar a cargo, porque a la final lo suyo son los contratos; me pregunto si con ser especialista en contratos se refería a que Federico Gutiérrez le había dado la misión de convertir la entidad en el botín a repartir para pagarle a quienes lo llevaron a ser alcalde.

 

Hay que entender que el “inculto” Córdoba no llega de forma coincidencial al gabinete de Fico, ni exclusivamente por su experticia en las contrataciones. Córdoba fue el gerente de campaña del concejal Andrés Tobón, al que no le bastó con el contrato que le dieron a una de sus donantes de campaña, Catalina Hoyos López, por 17 millones en la Secretaría de Participación Ciudadana, sino que además buscó la manera de que su gerente quedara bien posicionado en el gobierno distrital, quizá para poder repartir “mermelada” en el Concejo de forma eficiente.

Fico, siempre tan generoso, no ha dejado en el olvido a los diputados de Creemos en la Asamblea, para los que también ha habido ayuda. El nuevo Subsecretario de Presupuesto y Gestión Financiera es Daniel Felipe Escobar Valencia, hermano del diputado Mateo Escobar Valencia.

Aunque en este caso se puede decir que fue más bien el diputado el que recibió el pago del favor con el aval a su candidatura, pues su hermano Nicolás ya había hecho parte de la primera administración de Fico e incluso actuó en múltiples ocasiones como Secretario encargado de Hacienda. Una familia fiquista purasangre que ha visto muy bien recompensada su lealtad.

Pienso también en el caso de Camilo Montoya Cano, el nuevo Secretario de Participación Ciudadana, comunicador social que en la anterior alcaldía de Fico se encargó de las redes del INDER y que se desempeñó recientemente como director de comunicaciones de Creemos. Una persona de toda la vida de Fico, que va a asumir un cargo que requiere profundos conocimientos en políticas públicas los cuales no tiene, pues su experiencia y formación profesional están orientadas exclusivamente en el manejo de redes.

El nuevo burgomaestre de Medellín se ufana de conformar un gabinete de técnicos, pero sus nombramientos indican una tendencia clara: el principal criterio para trabajar con Fico es haber demostrado lealtad hacia el caudillo o su partido, sin importar si se tiene experticia para lo que se es nombrado.

Alejandro Toro

¿La Federación de Cafeteros quiere acabar con los cafeteros de Andes?

La Cooperativa de Caficultores de Andes, fundada en 1961 como una organización dedicada a la producción y comercialización de café en Antioquia, abarca municipios importantes como Betania, Andes, Jardín, Ciudad de Bolívar e Hispania, donde residen aproximadamente 100,000 habitantes.

En el 2019 la Cooperativa entró en un proceso de intervención para administrar por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria, el cual derivó en el 2022 en la liquidación forzada de la cooperativa a causa de, entre otras razones, deudas con acreedores.

 

La Cooperativa ha logrado generar acuerdos de pago con la mayoría de sus acreedores, excepto con uno: la Federación Nacional de Cafeteros. El agente interventor nombrado para el proceso, Alejandro Revollo, creó una figura antes inexistente en la Cooperativa, la de directora ejecutiva, nombrando a la señora María Claudia Pérez Vergara.

La señora Pérez Vergara venía desempeñando funciones en el Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia, dependencia de la Federación Nacional de Cafeteros, y para asumir el cargo de Directora Ejecutiva ni siquiera renunció a la Federación sino que, tal como lo expresó en julio de 2020 el señor Revollo, tomó una licencia no remunerada. Sus funciones en el cargo creado por el agente interventor eran de toma de decisiones en aspectos financieros, como la compra y venta del café.

¿Cuáles fueron las decisiones financieras tomadas por la funcionaria en licencia de la Federación? Según caficultores de la región, se dedicó a doblar la deuda que tenía la Cooperativa de Andes con la FNC, la cual a la fecha está en aproximadamente 94 mil millones de pesos y que ha generado que se den 560 demandas y más de 600 embargos a campesinos del suroeste por parte de la Federación.

En pocas palabras, el agente interventor que tenía como misión tratar de salvar la Cooperativa, creó un cargo antes inexistente para una persona de la FNC, que tomó decisiones encaminadas a generar una gigantesca deuda de los miembros de la cooperativa a la Federación. Si el papel de la Federación es supuestamente velar por los intereses de quienes hacen parte del sector, ¿por qué querer acabar con una cooperativa que beneficia directamente a más de 16.000 personas?

Una posible respuesta es la amenaza que puede representar la Cooperativa Cafetera de Andes como la más grande de su tipo en el país, al ser la primera cooperativa en exportar de forma directa, sin la FNC. Otra, que la Federación desea quedarse con activos estratégicos de la Cooperativa, como la trilladora de café que tiene una ubicación privilegiada y es fundamental para producir el café de mayor calidad en el país.

Solicitamos al Gobierno Nacional, especialmente al Ministerio de Hacienda, que desde su rol como miembros del Comité Nacional de Cafeteros ayuden a mediar entre la Cooperativa de Cafeteros de Andes y la Federación Nacional de Cafeteros para generar una conciliación que permita la supervivencia de la cooperativa. El sector cafetero de Antioquia y el país no puede quedar sin una de sus organizaciones insignia por los intereses de quien se supone debe velar por el bienestar de los campesinos caficultores del país.

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Mientras Milei aprueba reformas por decreto, la oposición en Colombia calla

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha generado una fuerte oposición entre los ciudadanos debido a su intento de implementar cambios en el régimen laboral mediante decretos presidenciales. Estas modificaciones abarcan la eliminación de indemnizaciones por despidos sin justa causa, la reducción de cargas patronales e impuestos al trabajador, la limitación de mandatos sindicales y la restricción del derecho a la huelga. Como consecuencia de estas medidas, tras 28 años, La Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y los gremios que la conforman han retornado a la Confederación General del Trabajo (CGT).

Lo que hace el presidente Milei y que tiene a la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) en huelga en Argentina, sería impensable que el presidente Petro hiciera lo mismo; seguramente enfrentaría una fuerte condena mediática, críticas de empresarios y oposición. Cuando nuestro presidente habló de «esperanza o barbarie» durante la campaña argentina, no se refería a Milei, sino al proyecto político que estaba por venir, y el tiempo le ha dado la razón. Lo que propone Javier Milei por medio de Decreto de Necesidad y Urgencia es:

 

– Modificar 366 leyes por decreto presidencial. ¿Se imaginan la senadora Cabal donde lo proponga presidente Petro?

– Ley Ómnibus, 600 artículos que modifican 20 leyes, y se pretende votar 500 artículos en bloque. Para nosotros en el congreso de Colombia, votar 5 artículos en bloque de la reforma a la salud, fue un escándalo; sin embargo, la oposición en Colombia no se ha levantado a denunciar este hecho.

A esto hay que agregarle que su ministra de seguridad, Patricia Bullrich, a poco de comenzar el primer paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) expreso: “todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente Milei. No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente”, además de tratar a los sindicalistas de mafiosos, a los jueces de cómplices corruptos. Lo que nos hace preguntar: ¿Dónde están algunos medios del país pidiendo garantías para la justicia e independencia de poderes?

Pero que se puede esperar de un presidente que llamó imbécil al Papa Francisco (quien es argentino), desconoce el cambio climático, pide que la gente pueda vender libremente sus órganos y dijo que la moneda argentina no servía ni de abono, hundiendo aún más su valor, que tiene el dólar blue en más de 1.200 pesos.

Me duele el país, su gente hermosa, sus luchas ganadas, su educación ejemplar y su futuro. ¡Adelante Argentina!

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Periódico vida, la verdad sin intermediarios

El 16 de enero de 2024 marcó el inicio del periódico «Vida», con el propósito de informar a los colombianos sobre los avances del gobierno del cambio en diversos ámbitos de desarrollo del país. La iniciativa busca llegar a áreas carentes de medios de comunicación, utilizando un lenguaje comprensible para la ciudadanía en general, fomentando la participación ciudadana, incluso generar un espacio a las voces de la oposición, según lo expresado por su director, Augusto Cubides.

A pesar de su loable propósito, «Vida» ha sido objeto de críticas debido a los costos de producción, alcanzando los 600 millones de pesos. Algunos consideran esta inversión como una práctica oficialista del gobierno de Petro. Sin embargo, es importante recordar los 15 contratos de publicidad oficial celebrados durante el mandato del expresidente Iván Duque. Estos contratos, llevados a cabo a través del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), sumaron un total de 20.000 millones de pesos, entre agosto de 2018 y agosto de 2020. Además, durante los cuatro años de su presidencia, los gastos ascendieron a 46 mil millones de pesos, según lo evidenciado en el informe emitido por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

 

El informe también evidenció que varios contratos tenían como objetivo fortalecer la imagen presidencial a través de canales digitales, mediante el monitoreo exhaustivo a los medios de comunicación y a la reducción de las ruedas de prensa presidenciales. Esta estrategia perseguía objetivos concretos: Destacarse en medios internacionales y obtener contenidos favorables en medios de comunicación Nacional, es de decir el gobierno manipulaba a los Colombianos.

Un claro ejemplo de esto es el paro nacional que ocurrió en 2019, donde el gobierno celebró un contrato con Alotrópico S.A.S, cuyo objetivo estaba enfocado en posicionar la imagen del gobierno y desprestigiar la movilización social. Publicando titulares como: «Colombia quiere más propuestas, menos movilizaciones» y «conversar para avanzar, si uno para no avanza». Los contratos celebrados con Alotrópico S.A.S entre 2018 y 2022 ascendieron a $1.145’448.14 millones de pesos.

Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), parte de los recursos utilizados para sufragar estos gastos procedieron del Fondo de Programas Especiales para la Paz. Esta revelación plantea interrogantes sobre la asignación de fondos destinados originalmente a iniciativas de paz, que terminaron respaldando actividades que parecían más enfocadas en la promoción política que en el bienestar general.

¿Cuál es la crítica de los detractores del periódico «Vida»? ¿Los costos? Ya hemos observado las sumas significativas que el gobierno de Duque gastó con el propósito de engañar a los colombianos, desacreditar a la oposición y, lo más grave, realzar su gobierno mediante la manipulación y tergiversación de información. No podemos pasar por alto que utilizó recursos destinados a la paz del país. Hechos contradictorios con los objetivos del periódico «Vida», que busca proporcionar información a todo el país, llegar a zonas rurales y fomentar la cercanía del país con el gobierno. ¡Adelante Presidente con un periódico sin intermediarios, transparente!

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Unidos por los Juegos Nacionales en Urabá

Urabá cuenta con una población de 508,802 habitantes, distribuidos en 11 municipios: Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Turbo, Murindó y Vigía del Fuerte. Esta región es considerada una cuna de talentosos deportistas olímpicos, contribuyendo de manera significativa al panorama deportivo Nacional. En el año 2021, el 15% de los 71 deportistas colombianos que representaron al país en diversas disciplinas eran oriundos de Urabá. Este dato resalta la importancia y el impacto que Urabá tiene en el ámbito deportivo.

Llevar a cabo los Juegos Nacionales 2027 en Urabá sería un merecido homenaje y reconocimiento a su valioso aporte al panorama deportivo colombiano y a la destacada contribución al prestigio del país en el ámbito deportivo internacional. Deportistas notables como Ceiber Ávila, quien no solo representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sino que también se destacó al obtener la segunda medalla para el país, demuestran el potencial que Urabá tiene para producir deportistas de alto rendimiento en diversas disciplinas.

 

Caterin Ibargüen, reconocida como la mejor atleta del mundo en el año 2018 por la Federación Nacional de Atletismo, es otro ejemplo destacado. Originaria de Urabá, Ibargüen ha dejado una huella imborrable en el deporte colombiano, cosechando medallas de oro en pruebas de salto largo y salto triple. Su éxito no solo ilumina la región, sino que también inspira a las generaciones futuras de atletas locales.

Evento que también contaría con un mensaje profundo de paz, recordemos que los municipios que integran Urabá, eje bananero, han estado envueltos en situaciones de violencia desde 1988, presentándose despojo de tierras, desplazamientos forzados, masacres como consecuencia del conflicto armado que lo azotó durante décadas por grupos como las Autodefensas Campesinas.

Con el desarrollo de los Juegos Nacionales del 2027 no solo buscaría destacar la resiliencia y superación de la región frente a estos desafíos, sino también mostrar la Urabá de pesca, ganadería, agricultura, turismo y su impresionante paisaje costero, elevando su alto potencial económico y cultural.

Una ventaja significativa para Urabá es que la región cuenta con el 70% de los requisitos establecidos por el Ministerio de Deporte para ser la sede de los Juegos Nacionales, según compartió Sergio Roldan, gerente de la candidatura de Urabá 2027. Este aspecto positivo acerca a Urabá al anhelado evento y, entre los proyectos en marcha, destaca la planificación de una sede deportiva para acoger a las 33 delegaciones participantes.

Urabá, con determinación y visión, demuestra que está lista para brillar como anfitriona de un evento que promete no solo deporte, sino también unidad y celebración a nivel nacional.

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Las jugaditas de la derecha para borrar a la oposición

No empieza bien el 2024 para las garantías políticas en Antioquia. Los sectores tradicionales que se encuentran nuevamente en una posición mayoritaria en el Concejo de Medellín y la Asamblea de Antioquia, con la complacencia de quienes se hacen llamar de “centro”, han decidido que su primera acción como servidores públicos electos sea vulnerar los derechos a la oposición, los cuales tienen la obligación de cumplir de acuerdo al mandato constitucional y la ley.

El Estatuto de Oposición, consignado en la Ley 1909 de 2018, indica en su artículo 18 que las organizaciones políticas que se declaren en oposición y que tengan representación en las corporaciones, en este caso el Concejo, tendrán participación en al menos una de las posiciones de las mesas directivas de la Plenaria de la Corporación.

 

La importancia de hacer parte de la Mesa Directiva es que le garantiza a la oposición la posibilidad de influir en las iniciativas a incluir en el orden del día y en el correcto desarrollo de las discusiones. Si quedó consignado en la ley es justamente porque es una de las formas que se le asegura a la oposición el correcto goce de sus derechos políticos, los cuales están claramente establecidos en el artículo 40 y 112 de la Constitución Política de Colombia.

No obstante, en la primera sesión del Concejo de Medellín realizada el 2 de enero, los concejales de los partidos políticos tradicionales y de Creemos, el partido de Fico, cometieron una vulneración de derechos al elegir en la posición de segunda vicepresidencia a Janeth Hurtado, de la Alianza Social Independiente, partido que se declaró en coalición de Gobierno. La presidencia le quedó a Andrés Tobón, de Creemos, y la primera vicepresidencia a Claudia Carrasquilla, del Centro Democrático, también partidos de Gobierno.

La jugadita deja claro cuál va a ser el trato hacia los miembros de la oposición en el Concejo: una total falta de garantías. Un retroceso absoluto cuando en el período anterior, la primera Mesa Directiva tuvo a Carlos Alberto Zuluaga del Partido Conservador, sin esgrimir el endeble argumento de que el vacío jurídico frente a los tiempos que se toma el CNE en sus trámites internos para reconocer la condición de oposición de los partidos es razón válida para incumplir con lo dispuesto en el Estatuto de Oposición.

En la Asamblea se presenta un panorama similar, aunque vislumbra una luz de esperanza pues el Consejo Nacional Electoral a través de Auto del 5 de enero de 2024 ha abonado conocimiento de la acción de protección de derechos de la oposición presentada por el diputado Manuel García. Esperamos que con la intervención del órgano electoral la Asamblea Departamental cumpla con su obligación de actuar conforme a la ley y se garantice la participación de la oposición en la Mesa Directiva.

Le solicito a las autoridades electorales y judiciales que revisen cuidadosamente lo sucedido en la elección de las Mesas Directivas, y en caso de que se hayan cometido actuaciones en contra de la ley, se tomen las medidas necesarias para resarcir los derechos de quienes hacen parte de la oposición.

Solo puedo esperar que irregularidades como las cometidas esta semana sean una desafortunada excepción y no la regla en el actuar del Concejo de Medellín hasta el 2027, y en el gobierno de Fico Gutiérrez en la ciudad, así como en el mandato pasado se le garantizaron a quienes estaban en oposición todas las posibilidades de participación política como lo demanda la ley.

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Ministro de las TIC, la sacó del estadio con el 5G

Esta semana sucedió uno de los hitos más importantes en la historia del sector de las TIC en Colombia: se llevó a cabo la subasta para la introducción masiva del 5G en el país. La calificación histórica no es exagerada, pues el 5G va a permitir que el sector productivo se ponga a la par de los países más desarrollados en términos de innovación digital.

El 20 de diciembre se reunieron en el Maloka City Hall, en Bogotá, delegados de cinco operadores para adquirir una porción del espectro electromagnético, recurso natural no renovable que le pertenece a todos los colombianos y por el cual las empresas hacen su mejor oferta para poder explotarlo por un período determinado de tiempo.

 

Con la subasta se da el ingreso de un nuevo operador de telecomunicaciones al país, necesidad urgente en un mercado donde existe una posición dominante, incluso de monopolio, de la empresa Claro. La brasileña Telecall, con más de 20 años de experiencia en el mercado, ingresa al mercado colombiano para ofrecer una nueva opción a los consumidores. Una excelente noticia para quienes estamos trabajando para que en Colombia exista un modelo capitalista de verdad, o sea, basado en la competencia entre iguales.

Con la adquisición del espectro, las empresas adquieren obligaciones de hacer, que en el caso de la subasta 5G corresponden al despliegue de infraestructura de conectividad en 1.191 instituciones educativas por 20 años por medio de fibra óptica, beneficiando así a más de 73 mil niños y niñas, especialmente de las zonas rurales del país. De forma anual se van a invertir recursos de $1.6 billones de pesos por operador para mejorar la conectividad en el país.

La ganancia con el 5G va más allá de los compromisos en inversión social que adquieren los operadores. Para los usuarios va a significar contar un servicio de conexión a internet entre 20 y 40 veces más rápido; para las empresas, el 5G abre la puerta a procesos de automatización tan avanzados como la realización de cirugías a distancia.

No se puede dejar de reconocer la gestión hecha por el Ministro de las TIC Mauricio Lizcano. En tan solo 8 meses, tiempo récord a nivel latinoamericano, el Ministerio de las TIC hizo posible la realización de la subasta.

Llegando a la dirección del sector después de un exitoso paso por el DAPRE, el Ministro Lizcano se puso desde el primer momento la tarea de cerrar la brecha digital en el país, compromiso que queda demostrado con la exitosa subasta del 5G que el Ministerio TIC del Gobierno Duque no quiso hacer.

El Gobierno anterior, más preocupado en los Centros Digitales que con su triste desenlace han significado un retroceso enorme en el acceso a internet de la ruralidad, dejó claro que la tarea de traer el 5G a Colombia debía recaer en quien los sucediera sin importar que estaban en la capacidad de realizar la subasta por su cuenta.

Para el Ministerio de las TIC del Gobierno Duque fue más importante la licitación para darle los recursos del Internet a Emilio Tapia que impulsar la inclusión de Colombia en la era digital. Para el Gobierno Petro, el norte es claro: Colombia debe ser líder de la quinta revolución industrial en América Latina, lo cual sólo es posible con la llegada del 5G.

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2023, el año de las reformas

Acaba de terminar el segundo y último período legislativo del año 2023. Es el momento preciso para hacer un trabajo de reflexión sobre el ejercicio político que se ha dado en el Congreso de la República. Cómo empezamos, en qué quedamos y hacia dónde vamos.

El 2 de febrero se radicó en la Cámara de Representantes la reforma a la salud, tal vez el proyecto de ley que más discutido en la historia, no solo en los salones del capitolio sino en el territorio nacional. Entre septiembre del 2022 y abril del 2023 se realizaron 38 audiencias públicas en 21 ciudades del país como Caucasia, Inírida, Quibdó, San José del Guavire, entre otras.

 

Desde marzo hasta noviembre estuvimos los congresistas de todas las corrientes políticas estudiando, analizando, escuchando a los expertos y la ciudadanía. El texto aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes no sólo demuestra que es la intención del pueblo colombiano, representando en sus congresistas, el querer una transformación del sistema de salud, sino que además da cuenta de la importancia del debate democrático pues 92 de los artículos aprobados fueron modificados por proposiciones presentadas por legisladores.

Es ahora el turno del Senado de la República para continuar con el debate sobre la salud. También se encuentran los senadores desde el 22 de marzo en la discusión de la reforma pensional, con la que buscamos los afines a un proyecto político basado en la vida la dignificación de la vejez de los tradicionalmente excluidos. Esta reforma fue aprobada por la Comisión Séptima el 14 de junio, y está ahora a la espera de ser discuta en la Plenaria de la Cámara Alta, donde esperamos que se dé una discusión del más alto nivel.

En la Cámara de Representantes finalizamos el año con la expectativa de ver cómo se desenvuelve el debate de la reforma laboral en la Comisión Séptima, el cual reiniciará en febrero del 2024 y que terminó el presente año con la aprobación de 16 artículos, entre los cuáles están algunos tan fundamentales como recuperar el recargo dominical del 100%, y devolverles la noche a los trabajadores colombianos empezando la jornada nocturna desde las siete de la noche.

El 2023 ha sido un año positivo para la participación democrática. Ha sido un año de generar discusiones desde espacios políticos, ideal máximo de un país en paz. El trabajo que queda por realizar es mucho, con un 2024 que debe ser ante todo de demostrar al pueblo colombiano que las transformaciones sociales son posibles, y van a ser reales. Es, ante todo, un año en el cual el objetivo máximo en el que todas las instancias sociales nos debemos unificar es el logro de la Paz Total.

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Drogas, ¿Un problema de seguridad o salud publica?

Durante varios años trabajé en centros de tratamiento para la adicción de sustancias o psicoactivas en Caldas, Medellín y luego como director nacional de tratamiento en una de ellas en Bogotá.

Allí constaté una y otra vez que:

 

1. En los casos que el consumo era un problema para la persona y la familia, era claro que estaba ligado a un tema de salud, no de seguridad.

2. ⁠Muchas familias cometieron el error de ingresar a sus hijos, en algunos casos muy jóvenes, a estas instituciones cuando no era necesario porque no existía adicción o simplemente un acompañamiento ambulatorio era más indicado.

3. ⁠La responsabilidad en el porte, consumo de dosis mínima o prevención debía de recaer primero en la familia, luego en campañas de prevención escolar y de comunicación de gobierno, pero nunca en la policía.

4. ⁠En el caso de Antioquía el déficit de fuerza policial llega al 50% que debería utilizarse en enfrentar estructuras delincuenciales, proteger a la población del robo, mantener control territorial inclusive desarticulando el tráfico, microtráfico y lavado de dineros del narcotráfico y no desgastando miles de hombres y mujeres policías poniendo comparendos.

5. ⁠Aumentar los recursos en prevención del consumo y tratamientos para quienes las sustancias psicoactivas sean un problema familiar, social y de salud; Y no ver el consumo, como un tema de seguridad nacional.

Los datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) son claros y contundentes en comparativo en torno a las muertes y enfermedades por consumo de sustancias legales e ilegales por ejemplo tabaco y alcohol vs marihuana.

La estrategia de atacar los grandes capos y sus megacargamentos en el caso de la cocaína y no a los pequeños productores, tiene un resultado claro y palpable, cayó el precio de la hoja de coca, la sustitución de cultivos se convierte en viable y quienes van a la cárcel o extraditados son los que verdaderamente se enriquecían con el negocio.

Cerramos diciendo que como lo expresó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el presidente Gustavo Petro, el decreto NO elimina la prohibición de comercio, ni de tráfico ni de microtráfico de drogas. El decreto deroga una sanción de multa que había puesto el gobierno anterior para el porte de dosis personal.

Nota relacionada: «Este decreto no elimina la prohibición de ningún comercio de drogas ilícitas»: Néstor Osuna

Alejandro Toro

Comisión interparlamentaria entre Colombia y Nicaragua buscará una mejor relación entre los dos países

Con la presencia de congresistas de la Comisión Segunda de la Cámara de Representes, de parlamentarios nicaragüenses, de los embajadores León Fredy Muñoz y Milagros del Carmen Urbina y del canciller de Colombia Álvaro Leyva, se creó la comisión accidental que tiene como fin ayudar a fortalecer los lasos entre Colombia y Nicaragua.

Durante la reunión que tuvo lugar en dias pasados, el canciller colombiano, Álvaro Leyva, hizo referencia al litio marítimo con Nicaragua revelando más detalles de la conversación telefónica que sostuvo el agente nicaragüense ante la Corte Internacional de Justicia, Carlos Argüello y con quien fijo una agenda de trabajo.

 

Leyva aseguró, “me siento muy vinculado a la necesidad de tener que pasar la página pero de buena manera y convertir lo que hagamos en un ejemplo para el resto del Caribe, de tal manera que yo le doy importancia, me siento realmente muy satisfecho por el papel que ha adelantado nuestro embajador León Fredy Muñoz”, al mismo tiempo que reveló que Colombia impulsará a que sean raizales y habitantes del archipiélago quienes lideres las comisiones de trabajo que deben ser instaladas en cumplimiento de lo establecido por la CIJ.

El representante Alejandro Toro, quien en medio de los acercamientos entre los gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Ortega impulsó la creación de la mesa interparlamentaria anunció que “quedaron tareas conjuntas como un próximo evento el 29 de enero que podría realizarse en Managua en el marco de una gran reunión bilateral” todo con el objetivo, asegura el representante, de crear “puentes comunes entre los países”.

Así mismo la embajadora de Nicaragua en Colombia, Milagros del Carmen Urbina, agradeció tanto al Gobierno como al Congreso de Colombia los acercamientos con el país centroamericano tras varios años de tensión, “muchísimas gracias en nombre de mi buen gobierno sandinista que preside el comandante Daniel Ortega, todo el pueblo de Nicaragua quiere agradecerle la presencia del Canciller que hoy nos acompaña en este evento y por supuesto al representante Alejandro Toro que es junto con el embajador León Fredy Muñoz quien ha liderado este hermanamiento”, a lo que el canciller Leyva respondió que destaca la lucha sandinista.

A un paso de ratificar el Acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones con Venezuela

Esta semana en la Comisión Segunda de Cámara de Representantes fue aprobado el proyecto de ley se busca ratificar el Acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones con Venezuela, con el cual se otorgan garantías jurídicas a las personas que deseen realizar operaciones comerciales en el vecino país y dar solidez institucional a la reactivación de estas relaciones en materia económica.

Este acuerdo es muy importante para el país, porque recordemos que después del cierre fronterizo realizado en 2015, las transacciones comerciales que se realizaban entre ambas naciones se vieron afectadas. En el 2008 se alcanzó el nivel máximo de intercambio comercial entre Colombia y Venezuela, por un valor de $7.000 millones de dólares. Sin embargo, con el bloqueo fronterizo empezó a decaer de forma vertiginosa, llegando a su punto más bajo en el 2020 por un valor de $222 millones de dólares, lo que significa una reducción del 82%.

 

Es por ello que una de las misiones más importantes del gobierno del cambio ha sido consolidar una estrategia diplomática sólida para recuperar las relaciones socioeconómicas con Venezuela que permitan brindar calidad de vida y dignificar a las personas que están a ambos lados de la frontera, y ello ha llevado a que se hayan realizado diferentes iniciativas para tal fin desde la reapertura del paso fronterizo.

Hoy podamos decir que, a falta de votación y discusión en plenaria de la Cámara y sanción presidencial, las inversiones con Venezuela están a punto de quedar protegidas, lo cual a todas luces es una gran noticia, pues revisando las cifras desde la reapertura de la frontera se puede ver que las relaciones comerciales han tenido una notable mejora, con un crecimiento del 15.37% entre enero y julio del 2023 frente al mismo período del año anterior. De acuerdo con la Cámara Colombo Venezolana, el comercio total entre Colombia y Venezuela en el período enero-agosto del 2023 fue de $511 millones de dólares, con una balanza comercial positiva para Colombia por $332 millones.

Como parte de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes que trata asuntos internacionales me enorgullece poder legislar para materializar políticas en favor de los colombianos y que consoliden acuerdos de protección económica y comercial para el bienestar de nuestros compatriotas. Seguiremos trabajando imparables por el país y la integración de la región.

Alejandro Toro