Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Alejandro Toro

COP16, un reconocimiento al gobierno Petro

La COP es un espacio internacional en el que se establecen agendas, compromisos y marcos de acción relacionados con la conservación de la biodiversidad y el medioambiente, así como el lugar en donde se definen las estrategias de lucha contra el cambio climático, la pérdida de hábitats naturales, la sobreexplotación de recursos naturales y demás desafíos en torno a la sostenibilidad del planeta.

Surge del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, tratado internacional adoptado en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992 y que entró en vigor en 1993, buscando la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de recursos genéticos, como lo son las semillas de plantas.

 

Es así que cada dos años se organiza la Conferencia de las Partes (COP) del Convenio, en la cual participan representantes de 196 miembros del convenio así como organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, pueblos étnicos, comunidades locales y demás actores relevantes en la conservación del medio ambiente.

Se suponía que Turquía iba a ser la sede de la COP16, pero renunció a su papel como anfitrión a causa del terremoto sucedido en febrero del 2023. Ante este repentino cambio, el Gobierno Nacional a través de la Ministra de Ambiente Susana Muhammad decidió postular a Colombia como sede de la Conferencia, teniendo en cuenta además que el próximo año Brasil será la sede de la COP sobre el clima. De esta manera, queda plasmado el liderazgo de los dos países amazónicos en materia ambiental a nivel regional y mundial. América Latina será por dos años la vitrina de la protección del medio ambiente para el mundo.

Entre el 21 de octubre y el 2 de noviembre la ciudad de Cali será el escenario principal para que gobernantes, sector privado, sociedad civil y movimientos sociales de todo el mundo definan qué se debe hacer para asegurar la protección de la biodiversidad.

Es apenas apropiado que la capital del Valle del Cauca haya sido elegida como la sede de la COP16, teniendo en cuenta que es la ciudad más grande del Pacífico Colombiano, la segunda región más biodiversa del mundo; que el departamento del Valle cuenta con 35 ecosistemas, la mayor diversidad de peces y de aves; que solamente en el área urbana y rural de Cali hay entre 560 y 600 especies de aves, más que en toda Europa.

Con la realización de la COP16 se espera la visita de más de 15 mil personas de todo el mundo. Será una semana que podrá dejar a la ciudad aproximadamente 21 millones de dólares y beneficios en el sector turístico que beneficiarán a más de 5.000 familias. Además, pondrá a la ciudad nuevamente en el centro del escenario internacional de una forma positiva, resaltando las labores que se vienen realizando a nivel local en materia de conservación, prácticas sostenibles, entre otros.

Pero no sólo será Cali la beneficiada; con la realización de la COP16, Colombia podrá posicionarse como referente mundial en materia de gobernanza para el medio ambiente. Es una oportunidad única para demostrar lo que significa poner a la vida como el centro de las decisiones políticas, económicas y sociales, lo que queremos que se logre diciendo que el agua debe ser el eje del ordenamiento territorial; en pocas palabras, es la chance de demostrar por qué Colombia es potencia mundial de la vida.

Alejandro Toro

Cincuenta acciones contra el golpe blando

Hemos tenido presidentes señalados de ser financiados por el narcotráfico, presidentes con gobiernos en los que se dio la orden de hacer pasar jóvenes inocentes por miembros de grupos guerrilleros, presidentes que respondieron a la protesta con violencia letal, con los que nunca se cuestionó si debían o no finalizar su mandato.

No obstante, desde el día que el presidente Petro se posesionó, las fuerzas tradicionales del país dejaron claro que iban a buscar el camino para asegurar que no se cumplan los cuatro años del gobierno actual, sin importar que tengan que pasar por encima de la Constitución y la legitimidad ganada en las urnas. Ante el golpe blando, propongo 50 acciones que desde la ciudadanía, el movimiento social y las fuerzas políticas progresivas podemos desarrollar para asegurar que se respete la elección popular.

 

Organizar foros públicos sobre la importancia de la democracia.
Lanzar campañas de información sobre los derechos constitucionales.
Realizar vigilancia y seguimiento a las reformas en el Congreso
Fomentar el activismo digital para la difusión de mensajes democráticos.
Organizar marchas y manifestaciones pacíficas en defensa de la democracia.
Formar coaliciones amplias con diversos sectores políticos y sociales.
Impulsar debates y discusiones sobre políticas públicas.
Incentivar la participación ciudadana en procesos de toma de decisiones locales.
Lanzar iniciativas de apoyo a jueces y fiscales independientes.
Apoyar la creación de programas de radio y TV centrados en la democracia.
Organizar encuentros intergeneracionales sobre la historia política del país.
Promover la participación de jóvenes en política.
Crear festivales culturales que celebren la diversidad y la democracia.
Impulsar proyectos de ley propuestos por ciudadanos.
Organizar ciclos de cine sobre temas de democracia y derechos civiles.
Publicar boletines informativos sobre la situación política.
Promover la igualdad de género en todas las esferas políticas.
Impartir seminarios sobre la constitución y el sistema legal.
Coordinar encuentros de diálogo con representantes del gobierno.
Lanzar campañas de concienciación sobre las consecuencias de un golpe de estado.
Apoyar a medios independientes financieramente.
Promover iniciativas de gobierno abierto y colaborativo.
Promover la inclusión de minorías en espacios de toma de decisiones.
Coordinar vigilancia comunitaria para prevenir la violencia política.
Impartir cursos en línea sobre historia política y democracia.
Organizar carreras y eventos deportivos que promuevan mensajes democráticos.
Establecer alianzas con organizaciones internacionales de derechos humanos.
Desarrollar estrategias de comunicación para contrarrestar la propaganda antidemocrática.
Impulsar la participación de personas con discapacidades en política.
Crear grupos de trabajo para discutir reformas legislativas importantes.
Facilitar encuentros entre artistas y políticos para promover mensajes de unidad.
Establecer programas de mentoría para nuevos líderes políticos.
Promover la justicia social como pilar de la democracia.
Apoyar la creación de documentales sobre historias de éxito democrático.
Promover iniciativas de reforma agraria justa y equitativa.
Organizar ferias de empleo que promuevan la inclusión y la equidad.
Establecer programas de asesoramiento legal gratuito para personas vulnerables.
Promover encuentros de mujeres líderes para fortalecer su rol en política.
Organizar conciertos y eventos musicales con mensajes de paz y democracia.
Crear un observatorio para monitorear y reportar casos de corrupción.
Desarrollar campañas sobre la importancia de la separación de poderes.
Establecer programas de apoyo a excombatientes en procesos de reintegración.
Promover el uso de tecnologías limpias y sostenibles en la administración pública.
Organizar conferencias sobre el impacto del narcotráfico en la política.
Crear un canal de YouTube dedicado a educar sobre civismo y democracia.
Implementar programas de protección para activistas y defensores de derechos humanos.
Impulsar programas de radio comunitaria para discutir temas políticos locales.
Desarrollar iniciativas de arte y teatro que exploren temas de justicia y equidad.
Crear una red de apoyo para familiares de víctimas de violencia política.
Desarrollar un programa de visitas a parlamentos y asambleas.

Avanza imparable la reforma agraria

Narciso Beleño Belaides fue un líder campesino agrominero de Bolívar, presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, vilmente asesinado el 21 de abril. En vida centró su lucha en los derechos de las comunidades campesinas, la protección del medio ambiente, especialmente la Serranía de San Lucas, la denuncia del accionar paramilitar y el desarrollo de la reforma agraria en su territorio.

Conseguir justicia para su crimen es la obligación del Estado, pero también lo es ayudar a que se materialicen las causas que abanderó; que lo que quede en la memoria no sea únicamente el dolor de su muerte sino que se lo recuerde siempre por su compromiso con el reparto equitativo de la tierra para el campesinado. Por eso celebró que la jornada de Reforma Agraria desarrollada en el país el 4 de mayo del presente año haya tenido por nombre el de “Narciso Beleño”, conmemorando a él y a todos los líderes sociales que han sido asesinados tratando de lograr que la tierra esté en manos de quien la trabaja.

 

La maratón de entrega de tierras se llevó a cabo de manera simultánea en diferentes regiones del país, con el liderazgo del Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras en conjunto con el resto de las entidades que hacen parte del Sistema de Reforma Agraria, como lo son la Superintendencia de Notariado y Registro, la Sociedad de Activos Especiales, la Unidad de Restitución de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entre otras. Esa debe ser la meta del trabajo interinstitucional, que todas las entidades del Gobierno aporten cada uno desde sus competencias y funciones lo necesario para poder cumplirle al pueblo colombiano, para hacer realidad el cambio.

Se entregaron en un sólo día aproximadamente 6.000 hectáreas y 163 títulos de formalización de propiedad a familias rurales de 11 municipios del país. Campesinos y organizaciones sociales en San Jacinto, Caucasia, Chinú, Corinto, Puerto Lleras, Montería, Pailitas, San Alberto, Santa Ana, San Sebastián de Buenaventura y Pitalito vieron cómo el Gobierno les cumplió a su justa demanda de contar con el acceso a la tierra para poder desarrollar actividades productivas, formar una vivienda y tener una vida digna.

En Caucasia, donde la respuesta del Gobernador ante el reclamo de tierras de la gente fue tratar de usar la violencia, poniendo tal vez por encima de la gente los intereses de un confeso narcotraficante, el Gobierno Nacional entregó 1.540 hectáreas a 535 familias campesinas cumpliendo así con una parte de los compromisos adquiridos por el presidente Petro en su visita al municipio. Una muestra más de que quienes afirman que el presidente no quiere a Antioquia lo que en verdad quieren decir es que desean que sólo se preocupe por los grandes terratenientes y los privilegiados del departamento, que deje de centrar sus acciones en ayudar a los olvidados.

Estas jornadas de entrega de tierras deben ser sólo el punto de partida de la Reforma Agraria. La institucionalidad debe llegar también con programas que faciliten el desarrollo de proyectos productivos. Así como se ha visto tan bien la coordinación interinstitucional para entregar, debe serlo también para apoyar y fortalecer la economía campesina.

Alejandro Toro

El cambio continúa luchando por 4+

El primero de mayo conmemoramos las luchas y logros de la clase trabajadora y el movimiento obrero en su búsqueda por garantías laborales, pues después de la Revolución Industrial, los trabajadores estadounidenses se enfrentaban a jornadas laborales de 12 horas al día, seis o incluso siete días a la semana, con salarios muy bajos y en condiciones de trabajo deplorables. Es especialmente desgarrador recordar que niños y niñas eran empleados en minas, fábricas e industrias, injusticias que llevaron a los movimientos obreros a organizar protestas, alzar la vos exigiendo jornadas laborales de 8 horas, condiciones laborales dignas.

Lucha recordada por nuestro presidente, exaltando este día tan importante para el mundo y el país, alzando su voz contra la esclavitud, indignidad, acompañado de millones de colombianos que marcharon en apoyo al gobierno del cambio, por lo menos en 60 ciudades del país millones de compatriotas mostraron su apoyo a la lucha social, a las reformas democráticas, mostrando su endereza, defensa a la voluntad popular, pidiendo a gritos un cambio en el sistema laboral, pensional y salud, gritando: “vivan las reformas del gobierno del cambio”, “viva la reforma laboral del gobierno del cambio”, “Abajo a la oposición de la reforma del cambio”.

 

 Lamentablemente somos el país de América Latina que tiene la jornada laboral más extensa, improductiva a nivel económico como resultado de gobiernos como Álvaro Uribe Vélez, hoy el Presidente Gustavo Petro, el gobierno quiere corregir, abolir la esclavitud, el retraso del país, dignificando las condiciones del trabajo, fomentando el empleo como una política prioritaria, impulsando programas e  incentivos en favor de los jóvenes, propendiendo por la estabilidad laboral, acabando con la informalidad.

Colombia clama por una pensión digna, eliminar la pobreza extrema, no es justo que más de tres millones de adultos mayores de clase baja, que han luchado y trabajado arduamente toda su vida, bajo el sol y la lluvia, no tengan acceso a una pensión digna. Estos son derechos que la oposición rechaza, se les acabo el negocio a los banqueros, a los políticos de apellidos pudientes que se han lucrado a costa de los derechos fundamentales de los más vulnerables, que han marchado pidiendo la muerte del cambio, de las reformas, de la democracia.


El gobierno del Cambio está más vivo que nunca, los 11 millones de colombianos volvieron a expresar apoyo al presidente y a las reformas. El clamor del país es claro: 4+ de garantías, de trabajo por los más vulnerados y olvidados. Agradecemos a Colombia, Medellín por el apoyo inquebrantable y firme. Seguiremos imparables en la lucha por un país justo y garantista. Ni la persecución política nos detiene. Los cuatro años no son suficientes; queremos la Asamblea Nacional Constituyente.

Alejandro Toro

¿Quiénes están incómodos con mis denuncias?

Han puesto precio a mi cabeza y todos ponen su máquina persecutoria a trabajar.

Buscan bajo cada piedra de mi historia, un ejército de abogados pone sus demandas inventadas tratando de buscar las interpretaciones legales que les convengan aun cuando saben que todas mis actuaciones se han hecho con apego a la norma.

 

Los medios hacen lo suyo, los que reciben miles de millones en pauta, amplifican cada párrafo contra mí, lo venden en sus portadas como un bono a quienes les pautan los shows de sus resultados y en medio día los casos inventados contra mí se convierten en tendencias. Se publica la noticia dando por sentado un resultado que aún está por definirse, tratando de generar una narrativa en la que por todos lados soy perdedor.

Pero después de varias décadas de trabajo, enfrentando el peligro en las zonas donde la vida en nuestro país vale menos, que justamente es donde más empobrecidas son las poblaciones, miro con la frente en alto el futuro que nos espera, y sobre todo a esas poblaciones que pagaron con sangre una guerra que no les pertenecía y se ganaron al menos una hora de esperanza .

El sur del Tolima, el norte del Cauca, Montes de María, el Chocó y sus ríos venosos, mi Urabá resiliente y pujante a pesar de todo, el Arauca que se extiende como un tapete de de vida, musgo y cuero después de tantas lanzas clavadas, a esa Colombia la he conocido en cada pliegue, escuché sus lamentos y sus sueños y a ellos creo representar sin miedo pero con cautela, porque también sé que su porvenir depende de una fibra delgada en este país, llamada democracia.

Han puesto precio a mi cabeza y los mensajes constantes de odio que alimentan los medios, las togas y los gatillos pululan por el universo oscuro de las redes tejiendo la red que legitima las acciones, no contra mí, sino contra un proyecto acallado tantos años.

No soportan ver que un antioqueño llegue al Congreso a alzar la voz por los olvidados, en vez de por los poderes económicos que se han acostumbrado a defender. Les exaspera que acuda a las más altas instancias internacionales para hacer valer los derechos políticos adquiridos de forma histórica por el movimiento progresista en el 2022. Les saca de quicio que exija que se gobierne con hechos y no con shows mediáticos, que pida que se le muestre a la ciudadanía cuáles son las pruebas con las que quieren montar un juicio político a quienes pensamos diferente en Medellín.

Pero aquí estamos, con el pueblo como defensor, con sus votos como mandato y mis ganas imparables de cambio como garantía de un futuro que todos construimos porque lo merecemos, porque lo pagamos caro y ésta Macondo hecha a pulso no dejaremos que sea borrada de la faz de la tierra.

Alejandro Toro

Es momento de detener el genocidio en Palestina

Ya van más de seis meses desde el inicio de la invasión de Israel a Palestina, la cual ha dejado a la fecha más de 30.000 personas asesinadas de las cuales al menos el 70% corresponden a niños y mujeres. Estamos presenciando un genocido en vivo y en directo, pero parece reinar la indiferencia por sobre la indignación.

El uso del término genocidio no es una exageración. El Estatuto de Roma, el cual establece la Corte Penal Internacional, define en su artículo sexto al genocidio como cualquier acto realizado “con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”. Dentro de los actos que denotan el genocidio están, entre otros, la matanza de miembros del grupo y el sometimiento intencional a condiciones de existencia que acarreen la destrucción física del grupo.

 

Cómo no hablar del genocidio del pueblo palestino perpetrado a manos de Israel cuando, además de la desgarradora cifra de muertos se les está negando de forma intencional el acceso a la comida y el agua, generando de forma planificada una crisis humanitaria sin precedentes. De acuerdo a Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, es el mayor número de personas que se enfrentan al hambre catastrófica jamás registrado en cualquier lugar y en cualquier momento, siendo un desastre provocado por el hombre.

Las Relatoras Especiales sobre el territorio palestino ocupado de las Naciones Unidas, Francesca Albanese y Tlaleng Mofokeng, han dicho que “el mundo está siendo testigo del primer genocidio mostrado en tiempo real por sus víctimas”. La declaración se dio luego de la destrucción del hospital Al-Shifa por parte de las fuerzas militares israelíes, acto terminantemente prohibido por el derecho humanitario internacional el cual no parece tener mucha importancia para Israel. No es sólo el agua y la comida lo que niega Israel, es también la salud.

Las relatoras señalaron que las estrategias adoptadas por los líderes mundiales y los Estados han sido insuficientes para poner fin a “la violencia atroz y grotesca que no cesa”. Afirmación que parece llegar a oídos sordos, pues mientras desde la sociedad civil se pide el cese al fuego inmediato las potencias en el Consejo de Seguridad de la ONU no son capaces de aprobar ninguna acción que garantice un fin al conflicto.

Mientras más tiempo pasa más corremos el riesgo de que el sufrimiento del pueblo palestino se convierta en parte del paisaje, que la pérdida de una cultura pase a un segundo plano mientras los amantes de la guerra piden ansiosos que se escale el conflicto bélico en el medio oriente, con algunos locos incluso hablando de armas nucleares como si no viviéramos todos en un solo mundo.

Por eso hay que aplaudir que Colombia haya sido uno de los primeros países en condenar de frente las acciones de Israel, sin importar que haya quienes digan que se debería tener una respuesta más “neutral”. Ante la barbarie no existe lugar para posiciones “moderadas”, hay que tomar una postura decisiva y firme. Hay que dejarle claro al mundo que desde Colombia exigimos asegurar la vida del pueblo palestino.

Alejandro Toro

Pacto Histórico presentó un informe a funcionarios de la CIDH, insistiendo en la «ruptura institucional»

Durante la mañana de este miércoles 17 de abril, se realizó un encuentro entre los representantes de la CIDH que se encuentran por estos días en el país y los congresistas de distintas regiones del país, quienes advirtieron principalmente por las recientes actuaciones de la Procuraduría General.

Tras el encuentro que duró un poco más de media hora el representante Toro aseguró: “hemos denunciado la persecución de la Procuraduría y algunas Cortes a personas que pueden ser candidatos a la presidencia (…) la persecución ha sido consecutiva durante los últimos años.

 

El documento que recibió la CIDH por parte de los parlamentarios habla específicamente de los casos de Daniel Quintero, Carlos Caicedo y Camilo Romero, “se ha utilizado la Procuraduría con fines políticos”, concluyó el representante Toro.

Dentro del informe que publique la CIDH tras su visita a Colombia estará la conclusión de organismo sombre este encuentro.

El comercio con Venezuela va cada vez mejor

Uno de los peores errores en relaciones internacionales que han cometido gobiernos anteriores ha sido intentar cercenar los vínculos con Venezuela. Al cortar vínculos con el hermano país sin considerar las consecuencias ayudaron a formar una de las crisis humanitarias más graves en la historia reciente del país. El cierre intempestivo de la frontera sólo benefició a los contrabandistas que, además de traficar con bienes, vieron una oportunidad de negocio en el movimiento de personas a través de las trochas.

Era necesario que una de las primeras acciones en materia de diplomacia del Gobierno actual fuera justamente el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, no sólo para lograr un abordaje conjunto frente al cruce de personas en la frontera, sino también porque el tejido económico de las zonas fronterizas, especialmente Norte de Santander, depende en buena medida de el sano comercio entre las dos naciones.

 

Los sectores políticos que promovieron el congelamiento de las relaciones diplomáticas, quienes dicen ser los primeros defensores de los empresarios y del correcto funcionamiento de la economía, nunca consideraron las desastrosas consecuencias de su planteamiento mal ejecutado. Pasamos de exportaciones por $2.255 millones de dólares en el 2013 a $195.9 millones en el 2019 y 2020, el punto más bajo en la relación comercial. Esta cifra se traduce en pérdidas de empleo, en pequeñas y medianas empresas cerradas y en la vida económica de Cúcuta completamente trastocada.

Las medidas tomadas por el actual gobierno han tenido un impacto positivo inmediato. Pasamos de exportaciones de $394 millones de dólares en el 2021 a $728,4 millones en el 2022 y $791,1 millones en el 2023. En los primeros dos meses el comercio por los puentes Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Atanasio Girardot aumentó en un 134% frente al mismo período en el 2023. Dato que se puede explicar en parte por el acuerdo sobre transporte de carga y pasajeros entre Colombia y Venezuela que aprobamos en el Congreso de la República el año pasado, con el cual otorgamos las garantías normativas necesarias para regular la movilización de vehículos por la frontera.

El Ministro de Comercio, Germán Umaña, anunció que se viene un trabajo conjunto entre los dos países para lograr la complementación entre Táchira y Norte de Santander en materia de producción industrial, de turismo y de inversión. El sector privado ha reconocido las oportunidades de negocio que se abren nuevamente, tanto así que el martes 9 de abril la Asociación Nacional de Comercio Exterior anunció una misión empresarial entre el 21 y el 25 de mayo, donde 20 empresas viajarán a Caracas y Valencia para ver posibilidades de inversión y de negocios.

Tenemos ahora como Congreso de la República la responsabilidad de responder al esfuerzo tanto del Gobierno como de los empresarios de poder sanar el tejido comercial entre Colombia y Venezuela. Es imperativa la aprobación del convenio para la protección de inversiones entre los dos países, el cual se ha visto bloqueado en la Cámara de Representantes por congresistas de oposición que viven diciendo ser los más preocupados por la empresa privada.

Lo dice de forma clara el presidente de la Cámara Colombo Venezolana, Juan Gabriel Pérez Chauste, la aprobación del convenio permitirá continuar y concretar las negociaciones en curso al generar confianza y garantizar seguridad jurídica para inversionistas colombianos y venezolanos.  Lo que la oposición no ha entendido, así los empresarios se lo hayan dicho de forma enfática, es que el acuerdo bilateral no corresponde a un capricho político sino a una necesidad expresa de contar con reglas de juego claras para poder hacer negocios en Venezuela, oportunidad de oro que no se puede perder.

Alejandro Toro

El hermano narco de los Uribe borrado de la historia

Según la investigación de los periodistas Alfredo Serrano, con prueba fotográfica, además de Gonzalo Guillén y Sergio Mesa, el expresidente Álvaro Uribe Vélez tuvo un hermano, Luís Gonzalo Uribe, alias “El Travieso”, que murió en accidente cuando piloteaba una avioneta cargada con droga, como no tenía hijos heredó millones de dólares a su padre y esta podría ser la respuesta a la repentina fortuna de la familia.

Pero este no sería el único familiar cercano de Uribe envuelto en narcotráfico, veamos:

 

 Alberto Uribe Sierra, según muchos periodistas, fue testaferro del clan Ochoa y otros integrantes del cartel de Medellín, un hombre que pasó de vivir en arriendo en el barrio Laureles de Medellín a tener más de una veintena de haciendas en Antioquia. Cuando se allanó el laboratorio de droga más grande de la historia (Tranquilandia) se encontró un helicóptero de su propiedad en ese lugar.

El padre de los Uribe aparece en el libro “Los Jinetes de la Cocaína”, del periodista de El Espectador, Fabio Castillo (1987), donde es reseñado y se dice que estuvo detenido en una ocasión para ser extraditado, pero Jesús Aristizábal Guevara, entonces secretario de gobierno de Medellín, logró que lo pusieran en libertad.

Las agencias de inteligencia estadounidenses en archivos desclasificados de 1991 también le seguían los pasos al célebre hacendado y caballista. Un informe lo presenta así: “fue asesinado en Colombia por sus conexiones con narcotraficantes”.

Por otro lado, está Jaime Alberto Uribe Vélez, apodado “El Pecoso” o “Arepa”, murió en 2001 con un historial de relaciones con el clan Cifuentes Villa (Dolly Cifuentes Villa era su esposa), con Pablo Escobar y con otros mafiosos y paramilitares, pero no alcanzó a ser enjuiciado. En 1986 fue detenido por tropas de la IV brigada del ejército porque desde su radio-teléfono se registraron llamadas a Pablo Escobar, un suceso que no fue investigado

“El Alemán”, declaró el 17 de marzo de 2011 ante un magistrado de Justicia y Paz: “Los hermanos del expresidente Uribe no son hijos de la Madre Teresa. Si usted le pregunta a Hasbún, que es un bananero de la clase alta, él dice que a él lo presentó el hermano de Álvaro Uribe (Jaime Alberto) con Vicente Castaño, en una casa en El Poblado”. Raúl Emilio Hasbún Mendoza, “Pedro Bonito”, condenado por paramilitarismo y el asesinato de dos personas en San José de Urabá confirmó lo dicho por El Alemán en abril del mismo año: “… Jaime Uribe Vélez, conocido como El Pecoso, fue un hombre cercano a las estructuras paramilitares y amigo personal de Vicente Castaño Gil”

Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, aseguró que “El Pecoso” era muy cercano a Pablo Escobar y que, incluso, en la época de la persecución al jefe del cartel de Medellín por parte de los Pepes —entre 1992 y 1993—, ellos lo declararon objetivo militar. Don Berna contó que El Pecoso Uribe se salvó porque el narcotraficante Francisco “Don Pacho” Cifuentes Villa (su cuñado), intercedió por él.

Santiago Uribe Vélez, hermano menor de Álvaro Uribe Vélez, acusado por la fiscalía de ser el creador y líder del grupo paramilitar “Los Doce Apóstoles”, que operó en el nordeste antioqueño a inicios y mediados de los 90, grupo señalado de asesinar a más de 500 personas. Actualmente está a la espera de sentencia, pero el juez Jaime Herrera Niño aún no la dicta, pese a que el juicio acabó hace más de tres años.

Camilo Uribe Uribe (medio hermano de los Uribe Vélez), empresario amigo personal del narcotraficante Cristian Fernando Borda Gómez, alias “Tomy” o “El Harlista de la mafia”, quien portaba carnet de la presidencia para ingresar en cualquier momento (en los tiempos de Álvaro Uribe como presidente) y se transportaba en carros de la casa de Nariño aunque había llegado de purgar una pena por narcotráfico en los Estados Unidos. En 2008, “El Harlista” fue extraditado de nuevo y condenado a 25 años de prisión. Poco tiempo después, la esposa de Borda Gómez fue asesinada por sicarios en Bogotá.

Según la periodista María Jimena Dussán, Camilo Uribe también habría participado del saqueo a Monómeros, en el gobierno de Iván Duque al recibir cientos de miles dólares a través de una empresa de la que es socio y que fueron consignados a una cuenta registrada en Islas Caimán.

Dolly Cifuentes Villa y Ana María Uribe Cifuentes: cuñada y sobrina del expresidente (esposa e hija de Jaime Alberto Uribe Vélez, respectivamente) fueron extraditadas a EEUU por narcotráfico y lavado de activos. Hacían parte del clan Cifuentes Villa, los socios máximos del Cartel de Sinaloa y Chapo Guzmán en Colombia en los 90 y década del 2000.

Mario de Jesús Uribe Escobar, primo de Álvaro Uribe Vélez, excongresista, expresidente del Senado en épocas de Uribe presidente, condenado por parapolítica. En 2008 Mario se refugió en la embajada de Costa Rica y pidió asilo en ese país para eludir su detención, alegando falta de garantías y persecución política, pero su pedido fue negado por el país centroamericano. El hermano de Mario Uribe Escobar, Jorge Humberto Uribe Escobar, era el notario de confianza de “Memo Fantasma. Jorge Humberto Uribe Escobar fue ratificado como notario por su primo, el presidente Uribe, el 22 de octubre de 2008.

Carlos Alberto Vélez Ochoa, Juan Diego Vélez Ochoa y Mario Vélez Ochoa, tío y primos-hermanos de Álvaro Uribe Vélez respectivamente, creadores del grupo paramilitar “Los Erres” lo conformaban aproximadamente doscientos individuos con sistemas de comunicación muy avanzados para esas épocas y que mantenían interconectadas sus fincas por medio de una red de la empresa Unicom, de Medellín. Ese grupo es señalado de asesinar a más de setenta personas en el casco urbano de municipios antioqueños del suroeste. Entre las víctimas de “Los Erres” figuran dos estudiantes universitarios fusilados en mayo de 1995 por pasear sin permiso de la banda en parajes que eran controlados por esa organización. La inspectora de policía de Titiribí, testigo de ese crimen, fue asesinada y cortada su lengua al más puro estilo mafioso. Los Vélez Ochoa fueron condenados por esos hechos en primera instancia, pero solo alcanzaron a estar presos cerca de un año hasta que un fueron dejados en libertad por un juez de apelaciones, señalado de nexos con paramilitares,

Aquí hemos abordado solo su círculo familiar, no hay mención sobre sus jefes de seguridad, el director del DAS, el jefe de gobierno cuando estuvo como gobernador de Antioquia, sus ex ministros o congresistas de su partido extraditados, investigados, condenados o asesinados.

Con todo esto cabe preguntar: ¿el expresidente Uribe no sabía nada de las estrechas relaciones de sus más cercanos familiares con el mundo del crimen y el narcotráfico a gran escala? O, como diría el gran periodista Guillermo Cano, asesinado por el cartel de Medellín: ¿es posible estar en medio de una piscina y no mojarse?

Alejandro Toro

Una fiscal para la justicia y no para sus amigos

Después de cuatro sesiones, el alto tribunal de la Corte Suprema de Justicia entregó a Colombia una decisión crucial el 12 de marzo, 18 de los 23 magistrados eligieron a Luz Adriana Camargo como la nueva Fiscal General de la Nación. Camargo, una abogada especializada en Derecho Penal y Criminología, ostenta una hoja de vida intachable y ha acumulado méritos significativos en su incansable lucha contra la corrupción.

No es ajena al éxito en este campo, fue parte del grupo de abogados que acompañó y asesoró a Iván Velásquez, líder de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), desde 2013 hasta 2019. Durante este periodo, lograron impactar la corrupción desmantelando y condenando a más de 50 congresistas, además de investigar el homicidio de los periodistas Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Sierra, quienes fueron víctimas de un grupo disidente del narcotráfico de las FARC.

 

Uno de los roles más destacados de Camargo es su labor como magistrada auxiliar en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde desempeñó un papel crucial en la investigación del escándalo de la parapolítica, expuso la conexión entre sectores políticos y las Autodefensas Unidas de Colombia. Con más de 20 años de experiencia en el campo legal, Camargo se presenta como una figura sólida y capacitada para enfrentar los desafíos judiciales y de corrupción que afectan al país y superar las cifras de la Gestión del ex Fiscal Barbosa.

Pues si bien Barbosa trata de vender la idea de que se va como el mejor Fiscal en la historia del país, la realidad dice otra cosa. En su posesión, expresó que su gestión estaría enmarcada en la lucha contra la corrupción, comprometiéndose a fortalecer la investigación en crímenes de líderes sociales y reforzando la presencia de la fiscalía en regiones como Chocó, donde solo el 36,7% de las denuncias por violencia sexual tienen avances en cuanto al esclarecimiento, Amazonas con un 38,2%, y Putumayo con tan solo un 32,2%. Lo más preocupante es que entre 2020 y 2024 más de la mitad de los procesos terminaron en absoluciones, Sin olvidar los retrasos que presuntamente orquestó, como lo fue el caso de Álvaro Uribe Vélez, pues varios fiscales buscaron precluir el proceso y que decir continuos retrasos en el caso Odebrecht o de su esmero por judicializar a manifestantes durante los estallidos sociales para evadir la problemática de corrupción en el país.

El clamor por un cambio era más que evidente. Colombia necesitaba una Fiscalía con experiencia en materia penal, libre de sesgos políticos y favoritismos, verdaderamente imparcial pues recordemos que Barbosa mantenía una estrecha relación con Iván Duque, lo que generaba legítimas dudas sobre su independencia. Es hora de depositar nuestra confianza en un cambio real, en una fiscalía verdaderamente imparcial y comprometida con la lucha contra la corrupción, una que defienda los intereses de todos los ciudadanos sin distinción alguna.

Alejandro Toro

El show de Fico y la tal auditoría

El lunes 4 de marzo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, convocó una rueda de prensa en la sede de la Alcaldía, Alpujarra, para presentar los resultados de una auditoría forense a la contratación pública de la ciudad entre 2020 y 2023. Anunció alrededor de 501 hallazgos, destacando presuntos casos de corrupción por parte de su antecesor, Daniel Quintero Calle. Denunció malos manejos en el presupuesto participativo, irregularidades en el programa «Computadores a Futuro», y lo que más llamó la atención fue su denuncia a la contratación directa de un software para la formación de inglés en las instituciones de Medellín, cuestionando la violación de la ley de contratación pública


¿Le falló la memoria al alcalde? En 2019, Federico contrató mediante modalidad directa a Lengio Corporation, la misma empresa que ahora denuncia. El contrato se realizó con un objeto similar: «Adquisición de licencias para el uso de la plataforma virtual SLANG, para el aprendizaje de un inglés técnico y profesional en las áreas de medidas de los nodos TIC y turismo». Lo extraño es ¿Por qué la Contraloría de Medellín no auditó el contrato de Federico Gutiérrez durante su administración y sí cuestiona ahora el contrato de Daniel Quintero?, dejando dudas sobre la imparcialidad de los entes de control a la hora de investigar.

 

El accionar del alcalde deja varios interrogantes. A pesar de anunciar 501 hallazgos, aún no ha hecho público el informe de la auditoría, lo que plantea dudas sobre la transparencia del proceso. Además, su presunta omisión al no solicitar información y aclaración a los funcionarios salientes podría constituir una violación a la Ley.

En la rueda de prensa, manifestó que las autoridades competentes ya tienen conocimiento de todos estos hallazgos; no obstante, hoy nos seguimos preguntando ¿Dónde están los traslados a los entes de control que indicó haber realizado? ¿Por qué se hicieron públicos los presuntos hallazgos de forma verbal, pero no se ha hecho público el informe emitido por la firma, contratista que elaboró el informe? La falta de claridad y la aparente selectividad en la divulgación de información generan una incertidumbre que requiere respuestas claras y precisas por parte del mandatario.

Principio del formulario

La estrategia política también se asoma. La denuncia coincidió con la oferta presidencial a Daniel Quintero para dirigir el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS). ¿Es acaso un intento de debilitar a un potencial rival político? Pues se sabe que una de las aspiraciones de Quintero es llegar a la Presidencia de la República.

Mientras las acusaciones infundadas continúan, la Procuraduría Delegada primera para la Vigilancia Administrativa archivó una investigación contra Quintero por falta de pruebas. Sin embargo, Gutiérrez persiste en generar distracciones para no cumplirle a la ciudad, dejando en segundo plano la seguridad y la gestión de residuos.

Esperamos que Federico Gutiérrez cumpla con el llamado a la transparencia, revele el informe de la Auditoría Forense y atienda las necesidades reales. La ciudad merece un liderazgo comprometido sin caer en los desvíos políticos que hoy están obstaculizando el verdadero progreso de Medellín.

Alejandro Toro

El gobernador de Antioquia también nombra a sus financiadores

En Antioquia nos encontramos con un extraño caso donde el gobernador y el alcalde de Medellín parecen querer copiar todas sus acciones. Como si se llamaran antes de dar cualquier declaración, cada vez que uno sale a criticar al Gobierno Nacional sale inmediatamente su contraparte a repetir el mismo discurso.

No sorprende este nivel de coordinación sabiendo que, aunque los dos se presentaron por movimientos políticos distintos, responden al mismo jefe natural. Es por esto que tampoco debe sorprender que Andrés Julián Rendón le haya copiado a Fico una de sus maniobras favoritas para pagar favores: nombrar en cargos claves a quienes aportaron a su campaña.

 

Revisando a los financiadores de la campaña a la gobernación de Rendón aparece en tres ocasiones el nombre de la señora Ana María Mejía Bernal, la cual le otorgó a la campaña tres créditos: uno por $840 millones de pesos, otros por $160 millones y el de menor monto, por $18 millones. Un total de $1.018 millones de los $3.382.689.555 pesos que reportó en Cuentas Claras el gobernador Rendón como recursos recibidos por concepto de contribuciones, donaciones y créditos que realizaron particulares a la campaña.

El 30% del dinero recaudado para la campaña vino de los créditos de la señora Mejía, por lo que uno solo puede preguntarse de dónde viene tan pujante persona. Durante la alcaldía de Rendón en Rionegro, la ingeniera Ana María Mejía Bernal fungió como Secretaria de Desarrollo del municipio, e incluso actuó como Alcaldesa encargada en el 2019.

Fue tan bueno su trabajo en la Secretaría que, además de otorgarle la capacidad financiera para dar créditos por más de mil millones de pesos a su antiguo jefe, le valió una investigación de la Procuraduría por presuntas irregularidades en la contratación del sistema de transporte público de Rionegro, Sitirio.

Rendón, siempre magnánimo, ha decidido pagarle su aporte financiero y su excelente gestión nombrándola como Secretaria Privada de la Gobernación desde donde deberá, entre otras cosas, monitorear los proyectos priorizados por el gobierno departamental para identificar riesgos, generar alertas tempranas y acompañar a los organismos y dependencias en las estrategias para su continuidad. Queda la duda de cuál es la capacidad de identificación de riesgos de una funcionaria que ya tiene una investigación en curso por irregularidades en contratación.

El gerente de la campaña fue Luis Fernando Begué Trujillo, quien también otorgó un crédito a la misma por un poco más de $9 millones de pesos. Begué Trujillo no es nuevo en el sector público, su último cargo había sido la gerencia general de Renting S.A.S, empresa de economía mixta con una participación mayoritaria del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, aunque su cargo más destacado fue la gerencia del Indeportes entre 1998 y el 2000.

Fue justamente esta entidad la recompensa dada por el Gobernador Rendón a Luis Fernando Begué por su trabajo en la campaña y su valioso aporte económico a la misma, al nombrarlo como el nuevo Gerente de Indeportes. Le dejó a su cargo una institución con un presupuesto de más de $1.500 millones de pesos, dejando claro lo mucho que valora a quienes lo financiaron.

Alejandro Toro

El presidente y las fuerzas militares contra el Clan del Golfo en Antioquia

El Clan del Golfo ha azotado al departamento de Antioquia por más de 16 años. Este grupo es conocido como una de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas, especializándose en actividades como el narcotráfico, extorsión, reclutamiento forzado a menores, despojo de tierras.

La sólida estructura del Clan, arraigada en actividades legales y compuesta por más de 1,900 miembros, representa un desafío significativo para nuestra Nación. Esta organización delictiva ha logrado establecerse en la región, aprovechando su conexión con actividades legítimas para disfrazar sus operaciones ilegales. Su presencia se extiende a 107 municipios en Colombia y abarca más de 28 países, configurando alianzas con las principales mafias a nivel mundial, incluyendo los Carteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, las mafias Calabresa y Silicina, así como Los Balcanes.

 

Recientemente, las operaciones del Clan del Golfo han protagonizado violentos eventos en Segovia, Antioquia. Desde el 7 de febrero, intensos combates entre las Autodefensas Gaitanistas (Clan del Golfo) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han sacudido la zona rural, resultando en el acuartelamiento de familias locales y el desplazamiento forzado de aproximadamente 800 de ellas, además de pérdidas lamentables de soldados. En respuesta a estos miserables hechos, Entidades Gubernamentales y cooperantes internacionales han tomado medidas para aliviar la escasez de alimentos y medicinas, proponiendo incluso la apertura de un corredor humanitario para llevar ayuda a las familias confinadas.

Frente a esta cruda realidad, nuestro presidente ha condenado los recientes ataques perpetrados por el Clan del Golfo. En sus declaraciones, expresó el firme compromiso del Estado de enfrentar y desmantelar estos grupos delictivos, así como de golpear la economía asociada al oro ilícito y la cocaína. Subrayó que, de manera constante, se están llevando a cabo operativos que resultan en la incautación diaria de decenas de toneladas de cocaína.

El propósito inequívoco del presidente y las Fuerzas Militares es el restablecimiento del orden público en el país. Para alcanzar esta meta, se ha implementado un despliegue militar estratégico que involucra al Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial. Este operativo tiene como objetivo central la captura de los principales cabecillas, conocidos como alias de Azul y Chuzo, quienes lideran la estructura criminal en el nordeste antioqueño.

Estos individuos no solo son señalados como autores intelectuales y materiales de acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población de Segovia, sino que también se les atribuye imponer toques de queda, amenazar líderes sociales, restringir el transporte y ejercer control sobre las empresas mineras líderes en la región, antes estas atrocidades las autoridades ofrecen una recompensa con el fin de dar con su captura y cesar la violencia en Segovia Antioquia.

La violación sistemática de los Derechos Humanos es una realidad que ha desencadenado una respuesta unificada a nivel nacional e internacional. Tanto el Comité Internacional de Derechos Humanos, líderes sociales y las autoridades nacionales han expresado su contundente rechazo, uniendo esfuerzos para poner fin a las hostilidades en la región y abordar las raíces del problema. La cooperación internacional, la atención humanitaria y la recompensa ofrecida por las autoridades son pasos cruciales para mitigar el impacto en la población afectada y avanzar hacia la erradicación de la violencia y el crimen organizado en Segovia, Antioquia.

Tenemos plena confianza en el gobierno y nuestras Fuerzas Militares, reconociendo el esfuerzo conjunto para rescatar al pueblo forjado en oro y preservar la riqueza cultural de esta plaza, moldeada por la extracción minera que define la riqueza e identidad del Municipio.

Alejandro Toro

Fico no nombra expertos, nombra a amigos

En anteriores columnas he dicho que Federico Gutiérrez tiene como principal criterio para sus nombramientos la retribución hacia quienes lo apoyaron para ser alcaldes, o quienes son amigos de los miembros de Creemos. Con la Secretaría de Cultura ya quedó claro que Gutiérrez no va a gobernar para toda la gente, sólo para los suyos.

No me sorprende lo sucedido con el que espero sea ya ex secretario de Cultura, el señor Manuel Córdoba, quien no tuvo problema en admitir de forma desvergonzada que no tenía idea del sector del que debía estar a cargo, porque a la final lo suyo son los contratos; me pregunto si con ser especialista en contratos se refería a que Federico Gutiérrez le había dado la misión de convertir la entidad en el botín a repartir para pagarle a quienes lo llevaron a ser alcalde.

 

Hay que entender que el “inculto” Córdoba no llega de forma coincidencial al gabinete de Fico, ni exclusivamente por su experticia en las contrataciones. Córdoba fue el gerente de campaña del concejal Andrés Tobón, al que no le bastó con el contrato que le dieron a una de sus donantes de campaña, Catalina Hoyos López, por 17 millones en la Secretaría de Participación Ciudadana, sino que además buscó la manera de que su gerente quedara bien posicionado en el gobierno distrital, quizá para poder repartir “mermelada” en el Concejo de forma eficiente.

Fico, siempre tan generoso, no ha dejado en el olvido a los diputados de Creemos en la Asamblea, para los que también ha habido ayuda. El nuevo Subsecretario de Presupuesto y Gestión Financiera es Daniel Felipe Escobar Valencia, hermano del diputado Mateo Escobar Valencia.

Aunque en este caso se puede decir que fue más bien el diputado el que recibió el pago del favor con el aval a su candidatura, pues su hermano Nicolás ya había hecho parte de la primera administración de Fico e incluso actuó en múltiples ocasiones como Secretario encargado de Hacienda. Una familia fiquista purasangre que ha visto muy bien recompensada su lealtad.

Pienso también en el caso de Camilo Montoya Cano, el nuevo Secretario de Participación Ciudadana, comunicador social que en la anterior alcaldía de Fico se encargó de las redes del INDER y que se desempeñó recientemente como director de comunicaciones de Creemos. Una persona de toda la vida de Fico, que va a asumir un cargo que requiere profundos conocimientos en políticas públicas los cuales no tiene, pues su experiencia y formación profesional están orientadas exclusivamente en el manejo de redes.

El nuevo burgomaestre de Medellín se ufana de conformar un gabinete de técnicos, pero sus nombramientos indican una tendencia clara: el principal criterio para trabajar con Fico es haber demostrado lealtad hacia el caudillo o su partido, sin importar si se tiene experticia para lo que se es nombrado.

Alejandro Toro

¿La Federación de Cafeteros quiere acabar con los cafeteros de Andes?

La Cooperativa de Caficultores de Andes, fundada en 1961 como una organización dedicada a la producción y comercialización de café en Antioquia, abarca municipios importantes como Betania, Andes, Jardín, Ciudad de Bolívar e Hispania, donde residen aproximadamente 100,000 habitantes.

En el 2019 la Cooperativa entró en un proceso de intervención para administrar por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria, el cual derivó en el 2022 en la liquidación forzada de la cooperativa a causa de, entre otras razones, deudas con acreedores.

 

La Cooperativa ha logrado generar acuerdos de pago con la mayoría de sus acreedores, excepto con uno: la Federación Nacional de Cafeteros. El agente interventor nombrado para el proceso, Alejandro Revollo, creó una figura antes inexistente en la Cooperativa, la de directora ejecutiva, nombrando a la señora María Claudia Pérez Vergara.

La señora Pérez Vergara venía desempeñando funciones en el Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia, dependencia de la Federación Nacional de Cafeteros, y para asumir el cargo de Directora Ejecutiva ni siquiera renunció a la Federación sino que, tal como lo expresó en julio de 2020 el señor Revollo, tomó una licencia no remunerada. Sus funciones en el cargo creado por el agente interventor eran de toma de decisiones en aspectos financieros, como la compra y venta del café.

¿Cuáles fueron las decisiones financieras tomadas por la funcionaria en licencia de la Federación? Según caficultores de la región, se dedicó a doblar la deuda que tenía la Cooperativa de Andes con la FNC, la cual a la fecha está en aproximadamente 94 mil millones de pesos y que ha generado que se den 560 demandas y más de 600 embargos a campesinos del suroeste por parte de la Federación.

En pocas palabras, el agente interventor que tenía como misión tratar de salvar la Cooperativa, creó un cargo antes inexistente para una persona de la FNC, que tomó decisiones encaminadas a generar una gigantesca deuda de los miembros de la cooperativa a la Federación. Si el papel de la Federación es supuestamente velar por los intereses de quienes hacen parte del sector, ¿por qué querer acabar con una cooperativa que beneficia directamente a más de 16.000 personas?

Una posible respuesta es la amenaza que puede representar la Cooperativa Cafetera de Andes como la más grande de su tipo en el país, al ser la primera cooperativa en exportar de forma directa, sin la FNC. Otra, que la Federación desea quedarse con activos estratégicos de la Cooperativa, como la trilladora de café que tiene una ubicación privilegiada y es fundamental para producir el café de mayor calidad en el país.

Solicitamos al Gobierno Nacional, especialmente al Ministerio de Hacienda, que desde su rol como miembros del Comité Nacional de Cafeteros ayuden a mediar entre la Cooperativa de Cafeteros de Andes y la Federación Nacional de Cafeteros para generar una conciliación que permita la supervivencia de la cooperativa. El sector cafetero de Antioquia y el país no puede quedar sin una de sus organizaciones insignia por los intereses de quien se supone debe velar por el bienestar de los campesinos caficultores del país.

Encuentre aquí más columnas de Alejandro Toro