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La regla fiscal

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Jul 13, 2025. Publicado en Opinión.

Colombia históricamente se ha caracterizado por arrastrar con el lastre de los llamados déficits gemelos: déficit fiscal y déficit en la cuenta corriente de la Balanza de pagos. Ni siquiera durante el largo ciclo, sin precedentes, de precios altos de los commodities, de los que tanto dependen las finanzas del Estado, entre los años 2003 – 2011, para los productos mineros, que se prolongó hasta el año 2014 para el petróleo, se corrigieron estos déficits, como si lo lograron los demás países de Latinoamérica. Definitivamente, el déficit que acusan las finanzas del Gobierno Central es estructural.

La glotonería de la Nación ha sido tal que, no obstante, el recorte de las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) a las entidades territoriales, que le significaron a estas, según estudio del Banco de la República, $387.953.907 millones de pesos constantes de 2018, recursos estos que dejaron de recibir entre los años 2002 y 2023. Ello, a consecuencias de dos lesivos actos legislativos, el 01 de 2001 y 04 de 2007. Y de contera, en los últimos 32 años el Congreso de la República aprobó, por iniciativa del ejecutivo 18 reformas tributarias, una cada 18 meses, todas ellas para arbitrarle recursos a la Nación!

Antes de meter en cintura el gasto público del cual es responsable la Nación se dio el primer paso con el de las entidades territoriales, expidiéndose con tal fin la Ley 617 de 2000, de “racionalización del gasto público nacional”, pero que sólo le es aplicable a ellas, no a la Nación. Tuvimos que esperar más de 11 años, hasta que se expidió la Ley 1473 de 2011, mediante la cual se procura garantizar “la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas”, cuyas disposiciones son aplicables “a las cuentas fiscales del Gobierno Nacional Central”.

Posteriormente se aprobó la Ley 819 de 2003, a través de la cual “se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal” y se estableció el Marco fiscal de mediano plazo (MFMP), el cual debe presentar el Gobierno Nacional al Congreso de la República “antes del 15 de junio de cada vigencia fiscal”. El mismo le habrá de servir de derrotero al Ministerio de Hacienda y crédito público y deberá dar cuenta del Plan financiero, así como el programa macroeconómico plurianual.

Luego se aprobaría la Ley 1473 de 2011, la cual “tiene por objeto expedir normas que garanticen la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas y contribuyan a la estabilidad macroeconómica del país”, aplicable “a las cuentas fiscales del Gobierno Nacional Central”. Con tal fin se establece la Regla fiscal, con la cual se “buscará asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, de tal forma que no se supere el límite de deuda” programado. Esta es una especie de camisa de fuerza para cuerdos, con la cual se busca imponer la disciplina fiscal y evitar el desbordamiento del gasto público. Ese mismo año se aprobó el Acto legislativo 03 dándole rango constitucional al criterio de la sostenibilidad fiscal, el cual quedó consagrado en el artículo 334 de la Carta. Este reza que el “marco de sostenibilidad fiscal…deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho”. Se reitera en los artículos 339 y 346.

Con el fin de velar por el cumplimiento de la Regla fiscal y el criterio de la sostenibilidad fiscal se creó el Comité Autónomo de la Regla fiscal (CARF), por medio de Ley 2155 de 2021, en la cual se modificó el artículo 1473 de 2011 que la creó. Este es órgano de carácter técnico, integrado por expertos, permanente e independiente, aunque está adscrito al Ministerio de Hacienda. Entre sus principales funciones se destacan pronunciarse y emitir concepto formal sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo y desde luego monitorear el cumplimiento de la Regla fiscal. También se ocupa de las proyecciones del DNP en lo concerniente a la política macroeconómica y fiscal, sobre todo en lo tocante a la sostenibilidad fiscal en el largo plazo. Es de advertir que sus conceptos no son vinculantes para el Gobierno, este lo toma o lo deja.

Todo este andamiaje tiene por objeto propender por la responsabilidad, el control y la austeridad fiscal por parte del Gobierno Central, aunque la verdad sea dicha, en no pocas ocasiones se ha eludido y soslayado el cumplimiento de la Regla fiscal, que es su espina dorsal. Como lo planteó el ex ministro de Hacienda e integrante del CARF Guillermo Perry “utilizando formas de contabilización heterodoxas, que pueden poner en cuestión la tradicional seriedad de Colombia en el manejo de sus cifras fiscales…El recurso a la contabilidad creativa generan incertidumbre y desconfianza y pueden conducir a rebajas en la calificación de riesgo del país”.

Un ejemplo de ello lo tuvimos recientemente en la administración Duque Márquez, cuando las prácticas alejadas de la ortodoxia de su Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla llevó a una de las revistas de negocios más serias y consultadas, como lo es Bloomberg, a titular en uno de sus despachos de prensa en su portal que “Colombia es acusada de marrullerías (shenanigans) contables para lograr metas fiscales”. Y no era para menos, puesto que en concepto del ex director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda Luis Eduardo Arango, “se está rompiendo la ecuación de que el déficit es el que determina el comportamiento de la deuda y lo que hacen es que están emitiendo gastos que no están afectando el déficit”, sino mimetizándolo. Y añadió, “las cuentas pendientes se deben pagar en efectivo o con deuda, pero hay que llevar las cuentas fiscales como se debe”.

El caso más patético fue el manejo que se le dio al déficit del Fondo de estabilización de los precios de los combustibles (FEPC), que alcanzó para el 2022, según el CARF, los $38 billones, que heredó la administración Petro. Déficit este que no se tuvo en cuenta, porque no se contabilizó, a la hora de establecer el déficit fiscal, el cual, a pesar de esta omisión, cerró en 2021 en el 7.1% del PIB, insuflado por el coletazo de la crisis pandémica.

Amylkar Acosta

La Constitución y la Constituyente

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Jul 6, 2025. Publicado en Opinión.

Este 4 de julio se cumplen 34 años de la promulgación de la Constitución Política de 1991, de corte democrático, la cual vino a reemplazar la centenaria Constitución de 1886, de corte confesional. Entre otras cosas, estas dos constituciones han sido las únicas, de las tantas que han regido en Colombia desde los albores de su independencia hace doscientos años, cuya vigencia ha perdurado más de veinte años.

La Constituyente que le dio vida a la nueva Carta tuvo como antecedentes los frustráneos intentos de reformar la Constitución por parte del ex presidente Alfonso López Michelsen primero, quien propuso en 1976 integrar para tal efecto una “pequeña constituyente” y luego sería el ex presidente Virgilio Barco Vargas quien propuso en 1988 la convocatoria de una consulta popular con el fin de derogar el artículo 13 del Plebiscito de 1957, consagrado en el artículo 218 de la Constitución de 1886, que reservaba la facultad de reformar la Constitución al Congreso de la República como constituyente derivado.

Ante el bloqueo, que impedía la reforma a la Constitución y la urgencia de sintonizarla con las nuevas realidades, surgió un movimiento espontáneo de la sociedad civil tendiente a remover dicho obstáculo, el cual se encarnó en la “séptima papeleta” promovida desde el claustro de la Universidad del Rosario y acaudillada por el ex Procurador General de la Nación Fernando Carrillo. Se trataba de sumar una “papeleta” más en las urnas habilitadas para la llamada elección de “mitaca”, además del Senado, la Cámara de Representantes, la Asamblea departamental, los concejos municipales, las juntas administradoras locales y alcaldes.

El texto de la “séptima papeleta” decía textualmente: “voto por Colombia. Sí a una Asamblea constituyente…con el fin de reformar la Constitución Nacional”. Ni corto ni perezoso el presidente Barco, apelando al artículo 121 de la Constitución, mediante el cual se podía declarar turbado el orden público y el Estado de sitio y al amparo del mismo expedir decretos con fuerza de Ley, dispuso a través del Decreto legislativo 927 del 3 de mayo de 1990 ordenar “contabilizar los votos depositados en las urnas de convocatoria a una Asamblea constitucional”. La Registraduría Nacional del Estado Civil se abstuvo de escrutar y contabilizar la “séptima papeleta”; empero, se estima que se depositaron 4´991.887 votos de los 5´218.338 sufragados. Huelga decir que la Corte Suprema de Justicia avaló dicho procedimiento al declarar exequible el 9 de junio dicho Decreto y en consecuencia, de esta manera validó la convocatoria de la Asamblea constitucional, la cual derivó en Constituyente.

A propósito de la ventolera de pretender embarcar al país en otro proceso constituyente, bueno es advertir que en aquel entonces se apeló a la llamada “séptima papeleta” en razón del bloqueo constitucional existente para su convocatoria, pero con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, esta estableció y regló el procedimiento para su convocatoria mediante el artículo 376, el cual dispone que “mediante Ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo decida en votación popular si convoca una Asamblea Constituyente”.

Como lo afirmó Eloy García López, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, “hay un procedimiento de cambio establecido por la constitución y todo lo que no respete ese procedimiento de convocatoria de una Asamblea Constituyente es inconstitucional”. El atajo de “convocar a una Asamblea Constituyente de iniciativa popular”, alegándose un supuesto “bloqueo institucional” por parte del Ministro de Justicia Eduardo Montealegre, no es legal y mucho menos constitucional. El exfiscal y exministro Alfonso Gómez Méndez es categórico al afirmar que el presidente Gustavo Petro está “mal asesorado” y llama la atención, a propósito del remedo de la “octava papeleta” planteada desatentadamente por el ministro del Interior Armando Benedetti, dizque para que “el pueblo exprese el malestar que hay en la sociedad colombiana”, que” lo de las papeletas ya no existen” como en el año 90, en su lugar lo que el sufragante deposita en la urna es un tarjetón.

Aterrado, advierte el doctor Gómez Méndez “yo no sé quién le pudo decir al señor presidente que hoy, en el año 2025, puede un presidente por decreto desencadenar un proceso constitucional (…) No hay ninguna posibilidad de hacerlo, ninguna posibilidad de hacerlo con una introducción, en este caso habría que decir no una papeleta, digamos, un tarjetón adicional, hoy no es posible. Tiene que ser una ley del Congreso”, no existe otra alternativa distinta, a no ser que pretendan saltarse a la torera la Constitución Política y la Ley.

Es de advertir que en materia de estabilidad jurídica hay un marcado contraste entre la Constitución de 1886 y la de 1991, mientras aquella fue objeto de 70 reformas en sus 104 años de vigencia, esta última, en lo corrido desde su entrada en vigor, ha experimentado ya 56 enmiendas (¡!), batiendo récord los años 2011 y 2019 con 6 y 5 reformas a la Carta Magna, respectivamente.

El contraste es mayor cuando se hace la comparación con otros países, empezando por EEUU cuya Constitución data desde 1787 y 230 años después, sólo había registrado 27 enmiendas hasta el 2017. Le han terminado dando la razón al ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, inmolado en el Holocausto del Palacio de Justicia, Manuel Gaona Cruz, cuando dijo premonitoriamente que abrigaba el temor de que la Constitución Política se tornara en una Carta a la carta. De manera que, aunque se sigue hablando y se conmemora un año más de la vigencia de la Constitución de 1991, su texto actual ya no es el mismo que tuvo su origen primigenio en la Asamblea Constituyente que le dio vida.

Amylkar Acosta

En la cuerda floja

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Jun 29, 2025. Publicado en Opinión.

Como se recordará, Air-e fue intervenida en septiembre del año pasado, a solicitud de la propia empresa, motivada en su insolvencia, iliquidez y falta de flujo de caja. El objetivo, entonces, de la intervención era darle a Air-e la solvencia, liquidez y flujo de caja requeridas, que le permitiera operar y prestar el servicio de energía a sus 1.2 millones de usuarios en las condiciones de eficiencia, calidad, continuidad y equidad establecidas en la Ley eléctrica (143 de 1994). Pero ello no se ha dado. El solo hecho de que en 9 meses hayan desfilado por la Gerencia de Air – e 4 agentes interventores nombrados por la Superintendencia es una pésima señal, porque no se garantiza ni estabilidad ni continuidad en la gestión administrativa.

La deuda de Air- e con las generadoras de energía, desde la intervención, al corte de mayo, por energía contratada es de $2.5 billones. El Ministerio de Hacienda, gracias a la presión ejercida por los organismos de control (CGR y PGN), accedió a girar recientemente $1.5 billones para abonarle a las empresas comercializadoras lo correspondiente a la deuda de los subsidios al consumo de energía de los estratos 1,2 y 3 con corte a diciembre 31 del año anterior. De esa suma le ingresaron solo $233.100 millones a Air – e. Huelga decir que sigue pendiente la deuda por concepto de la Opción tarifaria, cuyo saldo a la fecha es de $3.3 billones!

Tanto el Ministro de Minas y Energía Edwin Palma y ex agente interventor como la saliente Agente interventora Diana Bustamante le urgieron al Superintendente Yanod Márquez la inyección de recursos para evitar que la empresa colapse. “un ‘salvavidas financiero’ para poder cumplir con las obligaciones con las generadoras y proveedores”, le pidió Bustamante e insistió en que “esperamos la urgente intervención de la Superservicios para que se garanticen los dineros que se requieren para las generadoras y proveedores. Por un lado, está la energía que requerimos para distribuir y por otro los materiales para la operación de la empresa”

Por su parte el Ministro Palma le planteó, a comienzos del mes de mayo, que “sin un respaldo económico podría haber un apagón. Según el documento, si el fondo empresarial de la Superintendencia no respalda financieramente a Air-e, la operación de la compañía se volvería inviable, lo que podría provocar un apagón en Atlántico, Magdalena y La Guajira. También señala que las medidas administrativas actuales no son suficientes”, por lo que solicita a la Superintendencia tomar “los correctivos necesarios que permitan el cumplimiento por parte de Air-e de sus obligaciones”, especialmente con los generadores de energía, a quienes la empresa ya les debe 1,3 billones de pesos

La respuesta del Superintendente ha sido que el Fondo empresarial, que es el mecanismo que sirve de conducto para darle solvencia, liquidez y caja a las empresas intervenidas, estaba desfinanciado. Según él “la mayor responsabilidad mía no es conseguirle plata a Air-e, eso no es cierto”. Y añadió: “este gobierno no tiene recursos y si los dueños de la empresa tampoco tienen recursos estamos en problemas bastante serios, porque a la superintendencia nadie le ha asignado unos recursos, tampoco le han asignado una forma de conseguirlos ni garantías”.

Y fue más lejos al advertir que a marzo de 2025, el Fondo Empresarial contaba con $416.500 millones, pero su saldo disponible es de apenas $167.000 millones. Estos recursos deben cubrir deudas por $234.000 millones asociadas a ocho empresas intervenidas y pasivos por $2,2 billones de tres compañías en liquidación, incluida Electricaribe. Dicho de otra manera, la Superintendencia se declara insolvente y ante la imposibilidad de inyectarle a Air- e los recursos que requiere. Su propuesta para salir de este embrollo es “la creación de una nueva renta parafiscal es una de las medidas que viene analizando para contar con recursos a través del Fondo empresarial para hacer frente al proceso de intervención de la empresa air-e”. Es de anotar que la creación de esta “nueva renta parafiscal” es competencia del Congreso de la República y su aprobación en las actuales circunstancias políticas la vemos muy remota.

Y lo más preocupante es que lo peor está por venir, porque a la amenaza en ciernes del anunciado por los organismos de control de un apagón financiero, que puede dar lugar a un efecto dominó que comprometa a toda la cadena, se viene a sumar ahora el riesgo inminente operativo por falta de mantenimiento preventivo de los equipos, las redes y los transformadores. Razón para pensar que estamos ante la posibilidad de que estos apagones se vuelvan recurrentes en los tres departamentos en los que Air-e presta el servicio, Atlántico, Magdalena y La Guajira!

Y, lo que es peor, la perspectiva para este año en lo atinente a los subsidios es mucho más sombría habida cuenta que en el Presupuesto general de la Nación decretado por el Presidente Petro (Decreto 1523 del 18 de diciembre de 2024) sólo se apropió en el rubro de subsidios de energía el monto correspondiente al primer trimestre, dicho de otra manera, dicha partida es insuficiente para cubrir los subsidios de los restantes tres trimestres.

En síntesis, la Superintendencia de servicios públicos en lugar de ser parte de la solución se ha convertido en el problema. Y lo más grave es que la situación por la que atraviesa Air – e es solo la punta del iceberg y puede llegar a convertirse en la primera ficha en caer de un efecto dominó que nos conduzca a una crisis sistémica, que arrastre consigo a los demás eslabones de la cadena, ahora en la cuerda floja, mucho más difícil de sortear!

Amylkar Acosta

La conciliación y la reconciliación

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Jun 22, 2025. Publicado en Opinión.

La manida frase, atribuida a Otto Von Bismarck, el célebre estadista prusiano del siglo XIX, de que la política es el arte de lo posible tiene mucho de cierto y asertivo. La traigo a colación a propósito del desenlace final de la puja en el Congreso de la República en torno al tortuoso trámite y aprobación del proyecto de ley que reforma el Código laboral, a iniciativa del ejecutivo. Inicialmente había sido aprobado en la Cámara de representantes en sus dos primeros debates reglamentarios, pero posteriormente se truncó en la Comisión 7ª del Senado de la República, en donde se aprobó una ponencia de archivo, siendo apelada esta decisión ante la plenaria de esta corporación, tal y como lo prevé la Ley 5ª de 1992 que reglamenta el funcionamiento del Congreso de la República.

No obstante, la lectura que le dio el ejecutivo al “hundimiento” del proyecto, fue la misma reacción frente a otros proyectos tan controvertidos como el de la reforma a la salud, calificándolo como un “bloqueo institucional”. Aunque, como le recordó al recién posesionado ministro de Justicia Eduardo Montealegre el destacado jurista Mauricio Gaona, “el bloqueo institucional que usted llama, la ciencia política y constitucional en el mundo le llama oposición y la oposición es el precio a pagar por la democracia”. Se trata, nada menos ni nada más que de la vigencia del sistema de los frenos y contrapesos (Checks and Balances), inspirado en la obra cumbre del Barón de Montesquieu El espíritu de las leyes (1748), en la cual hizo tanto énfasis en la importancia de que el poder debe ser controlado por el poder, para así evitar el autoritarismo.

La respuesta del Presidente de la República Gustavo Petro fue tirar por la calle del medio, decretando la convocatoria de una Consulta popular para el 7 de agosto, para que fuera el voto ciudadano el que dijera la última palabra sobre la suerte de la reforma laboral. Como lo dispone la Constitución Política, dicha convocatoria tenía que pasar por el cedazo del Senado de la República para su visto bueno, negándolo por un estrecho margen en la votación de la misma, cuyo resultado fue cuestionado por el ejecutivo, al punto de convocar dicha Consulta recurriendo al que denominó el hoy ministro de Justicia como el “decretazo” (0639 de 2025). A este le llovieron como rayos y centellas múltiples demandas tanto ante la Corte Constitucional como ante el Consejo de Estado. Este último suspendió el Decreto de marras, dejándolo sin efecto.

Concomitantemente con este pulso entre la oposición y el Gobierno, que este último llevó a las calles, el proyecto de ley de la reforma laboral siguió su curso, siendo aprobado en primera instancia en la Comisión IV constitucional y posteriormente en la plenaria del Senado de la República. Empero, en el transcurso de su debate el Gobierno, particularmente sus ministros del Interior y del trabajo Armando Benedetti y Antonio Sanguino, respectivamente, oscilaban entre su apoyo y su aversión al texto de la ponencia y se la pasaron deshojando margaritas.

Entre tanto el Presidente Petro trinaba que el Decreto de la convocatoria de la Consulta popular “sólo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente son respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes”, lo cual fue interpretado como una presión indebida por parte del ejecutivo al Congreso de la República, ignorando la separación y el equilibrio de poderes consagrado en la Constitución Política.

Mucho temió el inmolado en el holocausto del Palacio de Justicia el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia Manuel Gaona Cruz, padre de Mauricio, que la Constitución llegara a convertirse en una “Carta a la carta”. A este respecto, bueno es recordar que el gran jurisconsulto austríaco Hans Kelsen supo distinguir muy bien entre la legitimidad de origen de la legitimidad del ejercicio del poder, la cual se refrenda cotidianamente con los actos de gobierno. Y ello es lo que está en juego, la institucionalidad y la legitimidad en el ejercicio del poder.

El Presidente Petro fue más lejos y llegó a plantear que “si el Senado avanza en lo ya aprobado por consenso en la Cámara de Representantes, firmaré la Ley de reforma laboral y se levantará la consulta popular”, pasando por alto el reciente fallo de la Corte Constitucional devolviéndole al Congreso de la República la Ley 2381 de 2024, que reforma el régimen pensional, para que retome su trámite en la Cámara, en la que en su momento se aprobó a pupitrazos sin que mediara el debate de rigor del proyecto, al acogerse en la plenaria, sin discusión, el texto que venía del Senado de la República y aprobarlo en volandas.

Este novelón tuvo un final feliz, la Cámara de Representantes y el Senado de la República se pusieron de acuerdo, conciliaron el texto que fue aprobado en la Cámara alta y le impartieron su aprobación el mismo día en el que se clausuraban las sesiones de la penúltima legislatura de este Congreso y pasa a sanción presidencial, luego de lo cual el Presidente Petro, por sustracción de materia, derogó el Decreto que convocaba la Consulta popular. Así se pasó de la conciliación a la reconciliación y unos y otros, tirios y troyanos reclaman el triunfo de la aprobación del proyecto de ley de la reforma laboral. Bien dijo el Libertador Simón Bolívar en carta dirigida a Rafael Urdaneta, el 16 de noviembre de 1830, un mes antes de su partida, que, ciertamente “construir un buen acuerdo es mejor que ganar mil discusiones”!

Según el presidente Petro, la Consulta popular “ya no es necesaria, el poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano, que es el pueblo”. Pero, como en el verso de La Perrilla de Marroquín, en más de una ocasión sale lo que no se espera. En efecto, el presidente Petro arrió la bandera de la Consulta popular, para enarbolar ahora la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, la que va a suscitar igual o mayor controversia que la que provocó la convocatoria de la Consulta popular!

Amylkar Acosta

A propósito del informe de la ANH

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Jun 8, 2025. Publicado en Opinión.

Acaba de revelar la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) su informe anual sobre el Balance reservas/producción de los hidrocarburos, el cual era esperado con mucha expectativa, sobre todo después que desde el mes de diciembre del año anterior, por primera en 45 años, Colombia se vio precisado a importar gas natural para cubrir la demanda esencial, esto es la requerida por las estaciones de compresión de la red de gasoductos, los usuarios residenciales y pequeños usuarios comerciales, el gas natural vehicular y las refinerías.

Analicemos el vientre de las cifras que nos trae este último reporte para desentrañarlas e interpretarlas desde la perspectiva de la dinámica de la actividad exploratoria de la industria, sus hallazgos, así como el comportamiento de las reservas, de su reposición y de la extracción de las mismas, así como su proyección hacia el futuro.

En materia de petróleo simplemente se detuvo la caída, pero las reservas probadas (pasaron de 2.020 millones de barriles a 2035 millones) siguen sin levantar cabeza. Pasar de una relación R/P de 7.1 años a 7.2 años es casi imperceptible. Además, cabe advertir que si se produce menos duran más las reservas, que parece ser el caso (777.016 barriles/día en 2023 vs 772.7 barriles/día en 2024). Dicho de otra manera, en este “quebrado” de la aritmética en lugar de aumentar el numerador, que es lo deseable, disminuye el denominador y de allí el resultado que se pretende mostrar como “un aumento de las reservas probadas”, que es sólo aparente y sólo atribuible a “reevaluaciones” de los cálculos, no a descubrimientos nuevos.

Por ello comparto el pronunciamiento de la Contraloría General cuando afirma que “aunque estas reevaluaciones ayudan a gestionar mejor lo ya encontrado y a retrasar la caída en autosuficiencia, no son una solución sostenible a largo plazo… Al cabo de unos años se agote esta opción y el país se vea abocado a importar permanentemente petróleo y gas”. Y concluyó diciendo: “no actuar ahora implicaría poner en riesgo la autosuficiencia energética del país, justo cuando las metas de transición energética aún enfrentan serias limitaciones técnicas y financieras”.

La perspectiva en materia de hidrocarburos es sombría y demanda una pronta rectificación de la política de marchitamiento prematuro de los mismos, como no lo ha hecho ningún otro país, el cual se ha traducido en un desaliento de la actividad exploratoria y prueba de ello es la dramática reducción del número de taladros activos en el país, los que están migrando a países vecinos como Guyana, Argentina y Brasil.

En cuanto al gas natural, según las reservas probadas siguen en caída libre, nada que hacer. Cayeron 13%, al pasar de 2.37 TPC a 6.1 y la relación R/P pasó de 6.1 años a solo 5.9 años. Más preocupante aún, pero la versión oficial es que “se advierte un cambio positivo en la tendencia de los últimos años”, cuando, la verdad sea dicha, la tendencia en los últimos años ha sido la declinación de las reservas probadas y el año 2024 no es la excepción sino que confirma la regla.

Para tratar de dorar la píldora y maquillar las cifras, que no mienten, se le da mucha relevancia al dato de las reservas posibles y contingentes cuando la verdad es que solo se puede contar con las reservas probadas. Cómo dice el adagio popular, más vale pájaro en mano que cien volando. La advertencia del Contralor General Carlos Hernán Rodríguez es clara: la limitada incorporación de nuevas reservas conlleva un riesgo inminente, “al cabo de unos años se agote esta opción y el país se vea abocado a importar permanentemente petróleo y gas”.

Cabe destacar que en el afán de justificar la absurda e inconveniente decisión de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y de explotación de hidrocarburos, no obstante nuestras precarias reservas (en declinación) y la limitada producción, se concluye lo obvio de toda obviedad, que, en el caso del petróleo “entre el año 2018 y 2024 la incorporación de nuevas reservas por proyectos exploratorios fue del 2,8% (50 millones de barriles), mientras que la incorporación a partir de la gestión de volúmenes conocidos fue de 94% (1.693 millones de barriles). Esto muestra que resulta más eficiente gestionar sobre los volúmenes ya descubiertos, en los contratos vigentes”.

Y en el caso del gas natural, igualmente “la incorporación de nuevas reservas por proyectos exploratorios fue del 35% (201 GPC), mientras que la incorporación a partir de la gestión de volúmenes conocidos fue de 66% (385 GPC). Esto muestra que resulta más eficiente gestionar sobre los volúmenes ya descubiertos, en los contratos vigentes”. Esta treta es bien conocida: cuando no puedas convencer confunde!

Mientras tanto el Gobierno sigue con su cantinela de que aquí no hay escasez de gas ni necesidad de importarlo y que el alza en los precios y tarifas no obedece a la diferencia entre el precio del gas importado (US $15 – US $18 el MMPC) y el del gas extraído en el país (US $5 – US $7 el MMPC) sino a la especulación por parte de las empresas y azuzando a la superintendencia para que sancione a las empresas, sin fórmula de juicio, llevándose de calle principios tan caros al Estado de derecho como lo son la presunción de inocencia y el debido proceso, los cuales están mediados por una investigación previa y al hallazgo y disposición de un acervo probatorio por parte de la misma que dé lugar a ella y mucho menos a una sanción.

Amylkar Acosta

El Caribe: despensa m-e del país

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Jun 1, 2025. Publicado en Opinión.

Se suele hablar de la Transición energética en singular, cuando la realidad es que estamos registrando la tercera transición. Me explico, la primera tuvo lugar cuando gracias al invento del motor de combustión interna, el petróleo y sus derivados desplazaron al carbón como combustible. Esto ocurrió a mediados del siglo XIX (1863 – 1893). La segunda transición tuvo como detonante la guerra del Yom Kipur, en octubre de 1973, cuando por primera vez en la historia se utilizó el petróleo como arma de guerra, al decretarle los países árabes un embargo petrolero a los países de Occidente aliados de Israel, encabezados por EEUU.

Notificados de que dicho embargo podía llegar a repetirse y conscientes de que las mayores reservas de crudo se concentraban en el golfo pérsico, las grandes potencias se propusieron blindar su seguridad energética disipando dicho riesgo, diversificando su matriz energética. Y fue así como el carbón, que había sido desplazado por el petróleo, volvió a vivir su segunda juventud al integrarlo a la misma y el gas natural, que hasta entonces sólo había sido un estorbo en la industria petrolera, también se integró a ella. Por su parte las grandes multinacionales petroleras, conocidas como las siete hermanas, entendieron también la inconveniencia de poner todos los huevos en la misma sesta y se dispusieron a diversificar el portafolio de sus inversiones. Y así se encontró el hambre con la comida.

En efecto dos empresas petroleras estadounidenses aterrizaron en Colombia, más exactamente en La Guajira, venían tras del carbón y el gas natural, una de ellas, TEXAS se asoció con ECOPETROL (mayo, 3 de 1974) para explorar y explotar el más gigante yacimiento de gas, con las mayores reservas, offshore (Chuchupa), Ballena y Riohacha y otra de ellas, la EXXON se asoció con la estatal CARBOCOL (diciembre, 17 de 1976), a través de su filial INTERCOR para explotar a cielo abierto el mayor yacimiento de carbón de Latinoamérica (El Cerrejón).

Feliz coincidencia, porque justamente en el año 1975 Colombia pasó de ser exportador, por décadas, de petróleo, a tener que importarlo por la súbita declinación de sus reservas, las de carbón y gas se convirtieron en el paño de lágrimas para la Nación, convirtiéndose la región Caribe en la despensa minero – energética del país. De no haber sido por ello las afugias fiscales del Estado y su balanza de comercio exterior habrían sido mayores de lo que fueron.

Pues, ahora, cuando estamos en la tercera Transición energética, que tuvo su largada con el Acuerdo de París (1975), que tiene como propósito la descarbonización de la economía, nuevamente la región Caribe le extiende la mano a Colombia, toda vez que el mayor potencial de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), especialmente eólica, solar – fotovoltaica y la biomasa están allí.

Sobre todo en momentos en los que Colombia, según lo que revela el más reciente Informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dando cuenta del Balance reservas / producción de gas natural en el país, las reservas probadas de gas natural siguen cayendo, esta vez (2023 – 2024) el 13%, debido a la acelerada declinación de los mayores campos productores situados en La Guajira y en los Llanos orientales. Y concomitantemente con la caída de las reservas probadas, que pasaron de 2.37 TPC a 2.06 TPC, ha venido cayendo también la producción. Mientras la relación R/P pasó de 6.1 a sólo 5.9 años, al tiempo que la producción bajó desde 1.170 MMPCD en 2023 a 1.707 MMPCD en 2024 y ya en 2025 vamos en 824 MMPCD.

Ello se ha traducido en un déficit de oferta de gas, que el Gobierno Nacional, con terquedad aragonesa se ha negado a aceptar, pues para él no se trata de una escasez sino de maniobras especulativas por parte de las empresas comercializadoras de gas natural. Lo cierto es que desde el 4 de diciembre del año anterior, Colombia se ha visto en la penosa necesidad de importar gas, por primera vez en 45 años, para cubrir la demanda esencial, esto es, las estaciones de compresión, la domiciliaria, pequeño comercio, industria, el gas natural comprimido (GNC) para los vehículos y las refinerías. Por lo pronto se están importando 40 MMPCD (4% de la demanda), pero hacia el futuro el déficit y los volúmenes de gas importados serán mucho mayores.

Se estima por parte de NATURGAS que este año el déficit de la oferta de gas se acrecentará hasta llegar al 7% y para los próximos años la cantidad de gas importado será del orden de los 190 MMPCD en 2026, 286 MMPCD en 2027 y 405 MMPCD en 2028. Y ello, en razón de que al tiempo que cae la producción crece la demanda de gas, cuanto más en cuanto que este es considerado como el combustible de la Transición energética. Ello desde luego ya está teniendo un duro impacto en el bolsillo de los usuarios, toda vez que el precio del gas importado es mucho mayor que el del gas extraído en el territorio nacional.

En tales circunstancias, en las que tanto la seguridad como la soberanía energética están en tan grave predicamento, una vez más el Caribe colombiano y La Guajira en particular le tienden de nuevo la mano al resto del país, pues, hoy por hoy, la mayor apuesta de Colombia para recobrarlas está en SIRIUS, un enorme descubrimiento de gas costa afuera, cuyas reservas se comparan con las del Campo de Chuchupa cuando fue declarado comercial y duplican las actuales reservas remanentes.

Amylkar Acosta

Sin transmisión no hay transición

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en May 25, 2025. Publicado en Opinión.

El Sistema interconectado nacional (SIN) se encuentra en el máximo grado de stress debido a la estrechez de la Oferta de energía firme(OEF) a causa del atraso en la ejecución de los proyectos tanto de generación, entre los cuales se destacan las 4 unidades de HIDROITUANGO y los 16 parques eólicos en La Guajira, como de transmisión, empezando por la Línea colectora, de la cual depende la inyección de la energía generada en los parques eólicos al SIN, cuya ejecución ya tiene 3 años de atraso

La capacidad instalada de generación, según XM, que es la empresa que opera el SIN, es de 21.420.86 GW y según un estudio reciente de FEDESARROLLO para el 2028 se requiere contar con una capacidad de 29 GW. Pero, al paso que vamos ello es imposible, no obstante la subasta de expansión que tuvo lugar en febrero del año pasado y la de reconfiguración reciente, así como la de expansión en curso. El atraso en la ejecución de proyectos de generación se estima en 3.500 MW, el 30% de la demanda nacional

Lo dijo con toda claridad y con el énfasis que la situación amerita la Presidenta de XM Nohemí Arboleda, que “el 55% de los proyectos de expansión relacionados con las redes de STN y STR representan retrasos frente a su fecha de entrada en operación y digamos la materialización de esos planes de expansión es clave para ese futuro que esperamos”.

Ello se traduce en lo que denomina la Presidenta de ASOENERGÍA Sandra Fonseca en un “equilibrio inestable en el balance Oferta – demanda existente”, a tal punto que según la Presidenta de ACOLGEN Natalia Gutiérrez, “con base en las proyecciones de demanda anual de la UPME y las cifras de OEF publicadas por XM,se mantiene un déficit de energía firme negativo”.

Esta situación, ya de por sí preocupante, tiende a agravarse, toda vez que la controvertida Resolución de la CREG 101 066 de 2024, que cambia el mecanismo y establece dos techos para el precio de escasez, que por lo pronto es optativa, se tornará obligatoria a partir de los años 2028/2029, tienen un efecto perverso y disuasivo hacia las empresas que operan a carbón, las hidráulicas y las renovables y en última instancia en lugar de contribuir a bajar las tarifas de energía eléctrica las presionaría al alza ya que si entran deberán cobrar entre US$30 o US$35 frente a los US$18 que está actualmente el cargo por confiabilidad. Eso, al final del día, es más costoso para los usuarios, que son quienes terminarán pagando los platos rotos.

En cuanto a la transmisión, como se recordará, un Comunicado de la empresa XM, responsable de la operación del SIN, fechado el 17 de julio de 2023, se advirtió sobre “la existencia de condiciones de riesgo para la atención segura de la demanda en algunas partes de las subáreas del país: Guajira – Cesar – Magdalena, Córdoba – Sucre y Bolívar por sobrecargas de la infraestructura, dando lugar a desconexiones continuas de demanda”.

Y lo acaba de ratificar la Gerente general de la empresa TRANSELCA, encargada de transportar la energía desde el interior a la región Caribe, Brenda Rodríguez, “toda la Costa Caribe está declarada en emergencia por agotamiento de las redes eléctricas. Esto lo estamos atendiendo con especial cuidado”. Esta alerta no debería pasar por desapercibida, porque de ella se sigue que está en riesgo la firmeza y confiabilidad de la prestación del servicio en toda la región Caribe.

Este racionamiento ha pasado inadvertido y con muy bajo perfil en los medios, debido a que este país es tan centralista que mientras no llueva en Bogotá, no se reconoce que hay invierno en el territorio nacional. Pero, ahora amenaza con extenderse a Bogotá, Cundinamarca y a toda la Sabana, debido también a la restricción en la oferta de energía a consecuencia del atraso de dos proyectos fundamentales que se requieren para transportar la energía desde Hidrosogamoso y Chivor. Y ello por no contar con la Licencia ambiental para la instalación de las torres y ello tendido de las redes de conducción del fluido eléctrico.

Dicho por el propio Presidente del Grupo Energía Bogotá Juan Ricardo Ortega, “ya es un hecho que negocios importantes en la Sabana de Bogotá no logran tener acceso al servicio porque no hay suficiente energía”. Es el caso de Falabella, que ante la negativa de la empresa ENEL Colombia de suministrarle la energía requerida para su Centro de Distribución (CEDI) inaugurado en Cota, Cundinamarca, recientemente, uno de los más grandes en Latinoamérica, le tocó instalar unas plantas eléctricas que operan con diésel. Según lo ha dicho Mónica Cataldo, gerente de la red de distribución de ENEL “tenemos unos retrasos básicamente por tema de licenciamiento o por oposiciones. Se tienen estudios por el crecimiento de la demanda para ver cuándo podría tenerse este momento crítico. Se estima pueda ocurrir desde 2026”.

Según ha trascendido hay varios proyectos de vivienda en la Sabana aplazados por falta de disponibilidad del servicio de energía eléctrica. Si Bogotá, Cundinamarca y la Sabana, hasta ahora, no han sido sometidas a racionamiento, como sí lo está desde 2023 toda la región Caribe es porque el Sistema ha contado con el apoyo de Termozipa en Boyacá, térmica está que opera con Carbón. No deja de ser una ironía que no se cuenta con energía hídrica limpia proveniente de Chivor e Hidrosogamoso a falta de Licencia ambiental y se tenga que suplir con energía térmica, altamente contaminante.

Amylkar Acosta

¡Amanecerá y veremos!

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en May 18, 2025. Publicado en Opinión.

La deuda oficial con las empresas comercializadoras de energía y gas, que ya asciende a los $7.6 billones, está en el centro de las preocupaciones del sector energético y lógicamente también de los usuarios, por sus temores de que ello pueda llegar a derivar en un racionamiento en la prestación de este servicio público, que es esencial y por consiguiente un derecho fundamental, como lo es el acceso al mismo en condiciones de confiabilidad y firmeza.

La causa raíz de esta deuda oficial obedece a que, después que estas le descontaron en sus facturas a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 el subsidio al consumo de energía ($2.7 billones) y gas natural ($628 mil millones), la Nación, que debe reintegrárselo se ha abstenido de hacerlo. Adicionalmente, son muchas las entidades oficiales que están en mora del pago de la factura por la prestación del servicio ($1 billón). Finalmente, está la deuda por concepto de la Opción tarifaria ($3.3 billones). El Presidente Petro se comprometió en mayo del año pasado a asumir la correspondiente a los estratos 1, 2 y 3, pero hasta la fecha esta es una promesa incumplida.

Esta deuda, que se incrementa mes a mes, afecta la solvencia, la liquidez y el flujo de caja de las empresas comercializadoras. Ello llevó a la intervención por parte de la Superintendencia de servicios públicos a la empresa Air- e, cuyo caso es solo la punta del iceberg, puesto que las demás empresas comercializadoras de energía y gas es similar. Ello llevó a los organismos de control, Procuraduría y Contraloría General, en un pronunciamiento conjunto, a advertirle al gobierno nacional del riesgo de un apagón financiero y de un efecto dominó, ante la imposibilidad de pagarle la energía contratada con las empresas generadoras, lo cual comprometería la prestación del servicio.

Recordemos que Colombia tuvo un apagón entre los años 1992 y 1993, el cual le significó un racionamiento de hasta 10 horas diarias durante 11 meses, desde el 2 de marzo de 1992 hasta el 7 de febrero de 1993. Esta vez el apagón tuvo como causas la estatización del sector eléctrico, de tal modo que las inversiones estaban condicionadas por el espacio fiscal y presupuestal de la Nación y está a su vez tuvo que endeudarse hasta la coronilla para su financiación, llegando a representar más del 25% de la deuda total. Otro factor que contribuyó al apagón, consecuencia de la anterior, fue la falta de mantenimiento del parque de generación. Y, finalmente, más del 80% de la capacidad de generación era de origen hídrico, tornando muy vulnerable el Sistema frente al fenómeno de El Niño. Esta vez este fue muy severo y duró aproximadamente 11 meses, desde marzo de 1992 hasta febrero de 1993.

Las lecciones aprendidas de este apagón dieron lugar a la expedición de la Ley eléctrica 143 de 1994: se dio paso a la participación, además del Estado y las comunidades organizadas (léase comunidades energéticas), de la empresa privada en la prestación de este servicio, tal y como quedó establecido en el artículo 365 de la Constitución Política de 1991, se diversificó la matriz eléctrica con la instalación de un parque térmico de generación, el cual representa hoy en día el 35%, se prohibió la integración vertical de las empresas y le dio vida a un órgano técnico independiente y autónomo, la Comisión de regulación de energía y gas (CREG), que en este gobierno se ha tornado inoperante, encargado de establecer las reglas de juego para el funcionamiento y operación del Sistema y velar por su cumplimiento.

Concomitantemente la Superintendencia de Servicios públicos domiciliarios, la única con rango constitucional (artículo 370), encargada de proteger a los usuarios.

Gracias a esta arquitectura del Sistema, la cual ha sido muy bien ponderada por el Foro Económico mundial (FEM), ubicándola en su ranking en el top 10 a nivel global. Y ello es lo que le ha permitido a Colombia ser el único país en Latinoamérica que no ha tenido racionamiento de la prestación del servicio de energía en los últimos 30 años. Colombia ha enfrentado 5 fenómenos de El Niño sin apagarse!

Empero, estamos ante un riesgo inminente de racionamiento de energía, esta vez, a diferencia de 1992/1993, por el apagón financiero a que han estado expuestas tantos las empresas comercializadoras como las generadoras de energía. Así lo han manifestado ellas y sus gremios y lo han advertido los organismos de control y lo que más preocupa es que de parte del Gobierno no se toman las decisiones pertinentes e inaplazables.

Acaba de anunciar el Director de Energía del MME Víctor Paternina, que “la deuda siempre la hemos reconocido, y por eso la orden del presidente Gustavo Petro es de ponernos al día con el pago de los subsidios en el corto plazo” y terminó diciendo que antes de finalizar este mes de mayo el Gobierno Nacional se pondrá al día con el pago de los subsidios. Pero esta no es la primera vez que se hace este tipo de anuncios que quedan siempre como promesas incumplidas. De allí el escepticismo con el que se reciben. Amanecerá y veremos!

A la preocupación por la desazón que produce entre los usuarios el riesgo latente de verse privado de la prestación de estos servicios básicos, subsiste la que ha provocado la espiral alcista de las tarifas de la energía, que no se detiene, con el agravante del alza en las tarifas de otro energético sustituto, el gas natural. Como es bien sabido en el interior del país los usuarios se vieron sorprendidos comenzando este año con alzas en las tarifas de gas entre el 20 y el 36%. Y como, según la Ley de Murphy, todo aquello que anda mal es susceptible de empeorar, ahora resulta que, según estudio de FEDESARROLLO, “si la mitad de la oferta proviniera de gas importado” y para allá vamos, toda vez que mientras la oferta doméstica se sigue reduciendo la demanda crece, “el alza tarifaria “, esta vez para todo el país, “podría alcanzar el 44.6% en Bogotá, 44.9% en Medellín, 45.8% en Bucaramanga, 30.3% en Cali y 11.7% en Barranquilla!

Y no hay que perder de vista que esta alza en las tarifas se traduce en más pobreza energética, dado que dificulta aún más el acceso a la energía, sobre todo a los más vulnerables, a contrapelo del 7º de los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS), que son vinculantes en su cumplimiento para el Estado Colombiano, el cual, según lo consagra la Constitución Política, es quien debe “garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional” (artículo 365).

Amylkar Acosta

¿Para qué y para quién escribir?

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en May 11, 2025. Publicado en Opinión.

A propósito de la Feria Internacional del libro de Bogotá (La FILBO) que discurre en este momento, con el éxito de siempre, en la que pululan los libros y los autores de los mismos y se atiborran todos los espacios con amantes de la lectura, me permito compartir con los lectores de mis columnas semanales algunas reflexiones propias sobre el arte de escribir, empezando por citar a nuestro laureado con el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez cuando dijo: “no me explico cómo hay escritores que no se dejan inquietar por algo que afecta y a veces determina la realidad en que viven”.

Una pregunta recurrente que uno se hace a sí mismo, sobre todo en los tiempos que corren, en los que priman la frivolidad y la trivialidad, productos de una gran frigidez intelectual que abruma, es para qué y para quién escribir, sin esperar el acostumbrado y esperado like propio de las redes sociales. En mi caso, me hecho a la idea de que lo que uno no escribe y publica no existe, escribir se me ha vuelto una necesidad imperiosa, tan perentoria como respirar; no me hallo a mí mismo sin escribir.

Cuanto más leo, me informo, aprendo y desaprendo, abrevando en las fuentes del conocimiento, más abrasadora es el ansia de escribir. Tanto más en cuanto que el conocimiento jamás será capaz de agotar la realidad, que siempre está en estado de mutación. Con razón dijo Heráclito que nadie se baña dos veces en las aguas de un mismo río, pues la realidad al igual que el agua fluye permanentemente. A ratos, en mi diario discurrir, leyendo, analizando e investigando siento una sensación que me lleva a evocar al Quijote cuando exclamó “se va anchando Castilla delante de mi caballo!

La necesidad, el deseo y la fascinación por el hábito de escribir se conjugan, para hacer de mis escritos una razón de ser y de existir. En mi obra siempre encuentra el lector una verdadera lluvia de ideas – fuerza, embrionarias unas, en fecundación otras y las más en permanente estado de hibernación. La variedad de la temática, escrito en un lenguaje llano y simple, sin términos abstrusos e ininteligibles, hacen ella textos de consulta para legos y entendidos en distintas disciplinas del saber.

El tono de mis escritos es controvertido y controversial, crítico – al fin y al cabo, como dice Camus, el escritor, y yo no presumo serlo (¡!), no puede estar al servicio de los que hacen la historia, sino de quienes la sufren -, para nada dogmático y tienen por hilo conductor una línea de pensamiento fundada en los principios ideológicos con los que comulgo, imbuidos de una gran sensibilidad social, como buen socialdemócrata que soy. Siempre me he declarado como Churchilleano en política, orteguiano en filosofía y keynesiano en economía. Mis opiniones son mis convicciones!

Entre los años 1979, cuando vio la luz mi primer libro, La crisis energética y el petróleo en Colombia y el 2025, cuando empezó a circular mi más reciente producción, La historia no contada del gas natural en Colombia he escrito y publicado 50 obras. Y entre estas se cuenta una serie de Escritos, de los cuales ya se cuentan 24 volúmenes, en los cuales, a diferencia de los demás que versan sobre temas específicos, compendio columnas, artículos, opúsculos, ponencias, en torno a asuntos muy variados, enfocados fundamentalmente en la economía, la energía, la minería, el medioambiente, la política y las regiones. Me propuse hacerlo porque de otro se perderían y refundirían en el maremágnum de documentos que archivo, de tal modo que ni yo mismo volvería a dar con ellos.

Finalmente, quiero compartir con mis lectores una infidencia: me esmero tanto en lo que escribo, como en el modo, la manera y el estilo con que lo hago, pues al decir de Mario Benedetti “si la forma en que se escribe es torpe, perjudica en primer término al mensaje. Lo primero que hay que cuidar es la forma literaria”. Al fin y al cabo, según la frase que se le atribuye a Georges – Louis Leclerc, conde Buffon, naturalista francés se dice sentenciosamente que el estilo es el hombre!

Coletilla: les comparto la felicidad y la satisfacción que siento al haber sido honrado por parte del Banco de la República su Gerente Leonardo Villar al recibir la donación que le hice a la Biblioteca Luis Ángel Arango de 5.400 volúmenes de mi biblioteca personal, la misma que me ha servido durante tantos años de manantial y abrevadero del conocimiento, para que ahora muchos más tengan la posibilidad de acceder a ellos!

Amylkar Acosta

La destorcida de los precios del crudo

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en May 4, 2025. Publicado en Opinión.

Duro revés para Colombia la caída libre de los precios del petróleo. Hoy se cotiza a US $61.67 el barril, más de US $10 por debajo del precio esperado según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y el precio – base con el que ECOPETROL proyectó sus inversiones (US $73) para el año 2025. Y por cada dólar que baja el precio se dejan de recibir $300 mil millones, en total $3 billones! Además, por cada dólar que baja el precio le dejan de ingresar al país US $16 millones el ingresos de divisas o sea US $160 millones, lo cual presionará aún más la devaluación del peso y de contera encarecerá aún más la deuda pública, que ya supera el 60% del PIB!

Desde luego el impacto de la estruendosa caída de los precios del crudo trasciende a ECOPETROL, pues tiene un efecto nocivo en el ritmo de crecimiento de la economía, en las finanzas públicas y en la economía misma dada la importancia del oro negro en su dinámica, restándole fuerza e impulso. Se calcula que por cada US $10 que baja el precio del crudo se afecta el crecimiento del PIB en -0.4 puntos porcentuales. Y recordemos que, según el DANE, el sector que tuvo el peor desempeño el año anterior, al punto que experimentó una contracción en su actividad y producción, con un decrecimiento de – 5%, en rojo!

La preocupación mayor estriba en el impacto de la descolgada de los precios del petróleo en la ya de por sí crítica situación de las finanzas públicas, muy particularmente las de la Nación, que exhibe un descuadre descomunal. Venimos de un déficit fiscal el año pasado de 6.8% del PIB, el más alto en 20 años, muy por encima del 5.6% que había estimado el Marco fiscal de mediano plazo (MFMP). Y se prevé por parte de JP Morgan que este año a lo sumo bajará hasta el 6.1%, superior en todo caso a la previsión del MFMP del 5.1%. Y lo que es peor, el endeudamiento público está disparado, el año pasado registró el 61.3% del PIB 8!!). De manera que estamos ante un escenario que compromete seriamente la sostenibilidad fiscal.

Desafortunadamente los precios siguen a la baja, debido al fantasma de la recesión a consecuencia de la guerra arancelaria decretada por Trump y la mayor oferta de 400 mil barriles. por parte de la OPEP. Como se recordará, las utilidades de ECOPETROL cayeron el 21.7% entre 2023 y 2024, al pasar de $19.1 billones a 14.9 billones, con precios promedio de US $82.5 y US $81 el barril, respectivamente. Y todo indica que esta tendencia de los precios se va a mantener por un largo rato.

De manera que si se mantiene la tendencia de la caída de los precios del crudo el resultado para el 2025 serían el de un empeoramiento del desempeño de la empresa en lo tocante primeramente de sus utilidades, con el agravante de que debido al desplome de los precios ECOPETROL se ha visto precisado a cerrar campos que estaban en operación, dado que los mismos estarían por debajo del “umbral del dolor”, que se entiende como el punto de equilibrio entre costo de “levantamiento” del barril de crudo y su precio. Ello se traduce, como es obvio, en una menor producción, de lo cual se sigue que su impacto se daría por partida doble, por la baja cotización del precio del crudo y la reducción de los volúmenes extraídos y comercializados.

Por fortuna, la Junta directiva de ECOPETROL desoyó los cantos de sirena del Presidente Petro cuando manifestó que “yo quiero que se venda esa operación (el PERMIAN) para invertirlo en energía”. En efecto, en abril pasado ECOPETROL y la OXY extendieron su asociación del Plan de desarrollo del Midland en dicha cuenca. De otro modo ECOPETROL se hubiera dado un tiro en el pie y los resultados esperados serían peores, habida cuenta de que se estaría privando a ECOPETROL de un 15% de su producción, afectando de paso la relación reservas – producción (R/P) de la empresa. De haberse dado este paso en falso por parte de la Junta directiva de ECOPETROL se le hubiera infligido un detrimento a la empresa en momentos en los que su entorno no es el más auspicioso.

Aquí cabe advertir que la frustración del proyecto KOMODO es una oportunidad perdida, con su aplazamiento indefinido a consecuencia de la suspensión de la Licencia ambiental y su posterior expedición de manera tardía y extemporánea, con el agravante de establecer en la misma unas condiciones que a juicio de ECOPETROL Y ANADARCO, su socio, tornan inviable el proyecto. Este impasse se viene a añadir al del proyecto OSLO, ubicado en la misma cuenca del PERMIAN en el que ECOPETROL venía avanzando en las negociaciones para la adquisición de una participación en la empresa CrownRock, de propiedad de su socio, la OXY, proceso este que se truncó, en palabras del entonces Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, porque “el asunto es de coherencia…El petróleo sigue adelante, pero no con fracking”.

Definitivamente la mayor apuesta de ECOPETROL y del país, en asociación con PETROBRAS, está en SIRIUS, cuyas reservas de gas se calculan en 6 TPC, equivalentes a más del doble de las reservas remanentes de gas con las que aún se cuenta, el cual está llamado a recobrar la seguridad y la soberanía energética del país, en este momento en grave predicamento. Pero su comercialidad tarda por lo menos hasta el año 2027. De manera que en el entretanto, para evitar un desabastecimiento, se tendrán que seguir importando volúmenes crecientes de gas natural, lo cual obligará a expandir, con urgencia, la capacidad regasificadora con que cuenta actualmente el país.

Amylkar Acosta

El carbón en su encrucijada

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Abr 27, 2025. Publicado en Opinión.

El carbón en Colombia, que representa 56% del PIB minero y 1.5% del total, hasta el 2023 segundo renglón en importancia de las exportaciones, siendo el sexto mayor exportador de este mineral en el mundo, después de Indonesia, Australia, Rusia, Suráfrica y EEUU, está en una verdadera encrucijada y no está pasando por su mejor momento. Como todos los commodities, los precios internacionales tienen un comportamiento cíclico alternándose los precios altos con los bajos. Fue así cómo pasó de la sima de un mínimo de US $38.6 la tonelada en mayo de 2020 a la cima de su máximo histórico de los US $457.80 la tonelada en septiembre de 2022, aupado por la crisis que desató la invasión de Rusia a Ucrania y las consiguientes sanciones a Putin por parte de la OTAN.

Contrariamente a las previsiones de la Agencia internacional de energía (AIE), lejos de aplanarse la curva de demanda a nivel mundial por carbón, en los tres últimos años esta viene de récord en récord, así: 8.350 millones de toneladas en 2022, 8.530 millones en 2023 y 8.771 millones en 2024. Y se prevé por parte de la AIE que “la producción mundial se mantendrá estable en torno a los 9.000 millones de toneladas para 2027”.

De manera que mientras el Presidente Petro, pensando con el deseo, afirma que según “las últimas cifras del DANE nos muestran que hay una caída del carbón; le echarán la culpa a Petro, pero es que el mundo ya no compra carbón”, para el Director de mercados energéticos de la AIE Keiduke Sadamori, si bien “el mundo está a punto de alcanzar un máximo en el uso de combustibles fósiles y el carbón será el primero en disminuir, aún no hemos llegado a ese punto”.

Y ello se explica en gran medida porque grandes consumidores de carbón como China tuvo en 2023 el mayor aumento en su capacidad instalada de energía desde 2016, con 44 GW netos (más del doble de toda la capacidad instalada de generación de Colombia), todos a carbón. En 2023 el mundo puso en funcionamiento 69.5 nuevos GW de generación a carbón y solo pasaron a mejor vida 21 GW.

El problema que afronta la producción de carbón en Colombia, entonces, no obedece a la caída de la demanda, que por el contrario, como quedó visto crece constantemente, sino que sus exportaciones se han visto desplazadas de sus dos principales mercados. Del de EEUU, que era el primero, debido a la sustitución promovida por el Presidente Obama del carbón, altamente contaminante, por gas natural barato, gracias a la revolución de los esquistos (extraído utilizando la técnica del fracking) y menos contaminante. Y del de la Unión Europea, el segundo mercado en importancia, en donde EEUU se nos convirtió en competidor.

Le tocó, entonces a Glencor, que opera El Cerrejón en La Guajira y Drumond en sus minas Pribbenow y El Descanso en el Cesar, que son los dos principales productores de carbón térmico, por fuerza de las circunstancias, migrar hacia el mercado asiático asumiendo unos mayores fletes, los cuales son críticos en este negocio, se trata, además, de un mercado más competido y por lo tanto los márgenes de ganancias para las empresas son menores.

Y, mientras tanto, en Colombia durante este gobierno le elevaron la carga impositiva, elevando sus costos operacionales y de contera afectando su competitividad. Así se explica que Colombia, después de exportar 90 millones de toneladas en 2017, según los registros más recientes 64.6 MMT en 2024, para un incremento del 7% en volumen, pero el precio cayó el 28% con respecto al año anterior, por valor de US $7.106 MM, muy por debajo de los US $11.700 millones de 2022. La descolgada de los precios y los mayores costos en los que están incurriendo llevó a ambas empresas a ajustar su producción a la baja en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado.

Además, como es bien sabido, desde bien temprano, este Gobierno tomó la decisión similar a la industria de los hidrocarburos de darle un no rotundo a los nuevos proyectos de explotación de carbón a gran escala, máxime si es a cielo abierto, lo cual lo llevó a congelar los dos títulos mineros en el Cesar que le devolvieron al Estado PRODECO – GLENCOR, renunciando a la producción y exportación de 15 millones de toneladas, a lo cual se vino a sumar la absurda decisión de prohibir la exportación de carbón a Israel.

Colombia, a propósito, se ha quedado con el pecado y sin la gracia, porque si bien es loable el propósito, bien intencionado, de abstenerse de extraer y exportar carbón como una contribución a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el mismo no se logra, porque como quedó dicho anteriormente el consumo sigue creciendo y viene de récord en récord. Se cumple así la Ley de Keynes según la cual toda demanda crea su propia oferta. En consecuencia, el carbón que no extrae ni exporta Colombia lo extrae y exportan otros, quiénes, nuestros competidores. Así de claro

Y de paso, con el marchitamiento prematuro de los hidrocarburos y el carbón Colombiano está renunciando a su principal fuente de financiamiento, no solo del presupuesto general de la Nación y de las entidades territoriales, sino también del financiamiento de la propia Transición energética justa de la que tanto alarde, más de lo que hace, el Gobierno, porque, como solemos decir los economistas, no hay almuerzo gratis y la Transición energética cuesta y siempre se ha dicho que las correas salen del cuero, de ninguna otra parte!

A propósito en la Cumbre de Seguridad energética que se realiza en Londres el Director ejecutivo de la AIE Fatih Birol dejó claramente establecidas tres reglas de oro para lograr la seguridad energética y la primera de ellas es la que establece que “un sector como el energético, que requiere inversiones masivas y apuestas a muy largo plazo, no puede verse sometido a la continua alteración de las reglas de juego que se está produciendo en la actualidad”. Y este es el caso de Colombia!

Amylkar Acosta

¡Exposición al límite!

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Abr 14, 2025. Publicado en Opinión.

Varios han sido los anuncios y los intentos fallidos del Gobierno para bajar o por lo menos detener la espiral alcista de los precios en Bolsa y las tarifas de energía que agobian a los usuarios finales de este servicio. Finalizando el año anterior la Comisión de regulación de energía y gas (CREG) expidió la Resolución 101 066 de 2024 fechada el 18 de noviembre, estableciendo dos precios de escasez del cargo por confiabilidad, uno inferior aplicable a la energía hídrica, a las renovables y a las térmicas a carbón, de más bajo costo ($359 el KWH) y otro superior ($945 el KWH) a la energía generada utilizando gas natural o combustibles líquidos derivados del petróleo, que es mucho más costosa.

El ex ministro Andrés Camacho prometió y se comprometió con que esta medida tendría “efecto inmediato en las tarifas de energía de los colombianos”, cuando la realidad era y es que es opcional para las empresas acogerse a la misma y sólo se torna obligatoria hacia el año 2027 – 2028, cuando vencen las obligaciones de energía en firme (OEF) ya asignadas. Bien dijo Alejandro Lucio Chaustre, Director ejecutivo de Óptima Consultores, que “esto no va a tener un efecto inmediato en el precio de bolsa de energía, y mucho menos un efecto transversal en las tarifas que pagan los usuarios, como se ha querido vender”.

Alegando que “ante la falta de voluntad de las empresas generadoras de energía de aceptar la actual fórmula legal de la energía eléctrica que coloca techos razonables a la tarifa de energía hídrica y solar, expediré por decreto, el porcentaje máximo de venta de energía en bolsa, solo a un 5 por ciento del total de la generación”, manifestó el Presidente Petro en el curso del Consejo de ministros que tuvo lugar el pasado 7 de abril, el cual se centró y concentró en la problemática del sector eléctrico, sobre todo en lo atinente a las tarifas de energía.

Es claro que el Presidente de la República no está investido de la facultad para intervenir el mercado eléctrico ni para regular las tarifas de la energía, esa es una facultad exclusiva y excluyente de la Comisión de regulación de energía y gas (CREG). Lo dice la Ley 142 de 1994 de servicios públicos y lo ha reiterado la Corte Constitucional y fue la razón que llevó al Consejo de Estado a tumbar el Decreto 227 del 16 de febrero de 2023. Los actos administrativos anunciados por el Presidente podrían correr la misma suerte.

Ahora bien, excepción hecha de las EEPPMM, las demás empresas comercializadoras de energía son solo distribuidoras y por tanto deben comprar la energía a las generadoras y para ello debe recurrir a la firma de contratos bilaterales o a la Bolsa, en donde se transa la energía, a la que concurren generadoras y comercializadoras, en la que la formación del precio se rige por un método marginalista, mediante el despacho por parte del Centro Nacional de Operaciones (CNO) la energía ofertada de acuerdo con su precio, de menor a mayor, hasta copar la demanda, de tal suerte que dicho precio se establece tomando en consideración el del último agente despachado.

Lo que se propone por parte del Gobierno es establecer por Decreto un máximo de exposición en Bolsa por parte de generadores y comercializadores del 5%. Dicho de otra manera se les obligaría a tener contratos bilaterales del 95%. Ello, en teoría, sería beneficioso para el usuario final, dado que garantizaría estabilidad en el precio pactado, eludiendo la volatilidad propia del mercado mayorista (léase Bolsa). Para ilustrarlo comparemos el precio en Bolsa que oscila alrededor de los $500 el KWH, mientras el promedio del precio en los contratos bilaterales está en $300.

Pero, en la práctica qué pasa? Del lado del generador, si llega a presentarse un fenómeno de El Niño y no dispone de energía hídrica, de bajo costo, debido a que la hidrología crítica lo impide, para honrar su compromiso contractual, se ve precisado a comprar energía térmica, mucho más costosa y venderla al más bajo precio contratado. Ello atenta contra uno de los dos principios que contempla la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, el de la suficiencia financiera de las empresas, comprometiendo su estabilidad.

Si lo miramos desde el lado del comercializador, este al firmar un contrato de largo plazo debe constituir unas garantías, para lo cual debe contar con el músculo financiero necesario y suficiente. Y es bien sabido que las empresas comercializadoras están a punto de un apagón financiero, debido al impago de los subsidios por parte de la Nación $3.0 billones, a la deuda por concepto de la Opción tarifaria ($3.4 billones) y la cartera oficial en mora ($1.2 billones), que sumados superan los $7 billones. Empezando por la intervenida Air – e, de dónde van a sacar los recursos para constituir las garantías y honrar el pago de la energía contratada, ahora que se le exigiría cubrirse en un 95%?

A ello se viene a sumar la situación planteada por parte de la Superintendencia de Servicios públicos, a través de una Circular, disponiendo que a las empresas intervenidas por ella no le aplica la limitación de suministro, lo cual quiere decir que así no paguen la energía contratada la empresa generadora está obligada a seguir despachándole la energía. Ello podría conducir a un efecto dominó que podría traducirse, como lo ha advertido la empresa XM, que opera el sistema interconectado nacional (SIN), así como los organismos de control, la Procuraduría y la Contraloría General.

Finalmente, es de advertir que con medidas como esta no se está atacando la causa de las altas tarifas sino sus consecuencias. La fiebre no está en la sábana. Lo que viene presionando al alza tanto los precios en Bolsa como las tarifas de energía es el alto grado de stress al cual está sometido el SIN debido a la estrechez de la Oferta de energía en firme (OEF), a consecuencia del atraso y el freno de la ejecución de los proyectos de expansión tanto de generación como de transmisión. Aquí estamos en presencia de una causalidad circular de la espiral alcista de los precios y las tarifas de energía.

Amylkar Acosta

¡El gran desafío!

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Abr 7, 2025. Publicado en Opinión.

Paradójicamente el “Día de la liberación”, como fue como catalogó el Presidente Donald Trump el 2 de abril fue la ocasión propicia para anunciar las más drásticas medidas de protección al mercado interno de los EEUU. Adujo que “ante la implacable guerra económica que enfrentamos, nuestro país ya no puede continuar con una política de rendición económica unilateral. En mi opinión este es uno de los días más importantes de la historia porque es nuestra declaración de independencia económica”. Y a su juicio ello atentaba contra la estabilidad económica, el empleo y la seguridad nacional, razón que esgrimió para la declaratoria de la Emergencia Nacional y amparado en esta echó mano de la Ley de poderes económicos (Ieepa), que inviste al Presidente de las facultades para expedir ordenes ejecutivas tendientes a conjurar los daños que ello podría infligirle a la Nación.

Procedió, entonces, el Presidente a expedir la orden ejecutiva mediante la cual procedió a gravar las importaciones a los EEUU con aranceles de un 10% como tarifa general y global, al tiempo que impuso otros denominados “recíprocos” o “equivalentes”, lo que en la práctica no es más que un arancel punitivo, aplicable a aquellos países con los que la balanza comercial es deficitaria o le han establecido barreras al acceso de sus exportaciones, destacándose entre ellos China y Vietnam, que han sido los países que han llevado la peor parte, con gravámenes del 54% y 46%, respectivamente. Según él, con ello se propone cerrar la brecha del desbalance comercial en su contra, la cual supera los US $1.3 billones!

Ha sido enfático el Presidente Trump al afirmar categóricamente que con esta ofensiva arancelaria, “empezamos a hacer a Estados Unidos rico de nuevo. Durante décadas nuestro país ha sido saqueado y violado. Hace 4 años no se oía hablar de nuestro país y sus contribuyentes han sido estafados durante más de 50 años, pero no va a suceder más”. Desde luego, es claro que las barreras arancelarias impuestas son un arma de doble filo, ya que, como lo establece la tercera Ley de Newton, toda acción da lugar a una reacción igual y en sentido opuesto, de tal suerte que esta confrontación de los EEUU con sus socios comerciales puede conducir a lo que dijo Gandhi de la ley del talión: “ojo por ojo y el mundo acabará ciego”.

Es claro que con este paso que ha dado el Presidente Trump este pateó el tablero y de contera está transgrediendo y violando los TLC suscritos, entre ellos el que firmó con Colombia, lo que le valdrá, muy seguramente denuncias ante una Organización Mundial de Libre Comercio (OMC), totalmente inoperante, por parte de los países afectados. Según Gabriel Ibarra, socio de la firma Ibarra Rimón, las demandas por violación a los tratados internacionales de comercio y la controversia que ello puede suscitar difícilmente prosperarán, dado que “el órgano de apelaciones (Ciadi) quedó bloqueado porque Estados Unidos ha impedido el nombramiento y reemplazo de los miembros del órgano en la medida en que se han ido venciendo los períodos”. De manera que esta vía está bloqueada.

Pero, ello no es óbice para que China y la Unión Europea, especialmente contemplen medidas retaliatorias en respuesta a la ofensiva proteccionista del Presidente Trump. China, además de establecer un arancel a las importaciones provenientes de los EEUU del 34% ha ordenado restringir sus exportaciones de minerales raros y críticos, como también sobre cinco metales críticos, como lo son el tungsteno, el telurio, bismuto, indio y molibdeno, esenciales para la y asumió además el control de las tierras raras, poniendo en aprietos a la industria tecnológica.

Por su parte Úrsula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, dejó en claro que “los aranceles universales anunciados por el Presidente Trump son un duro golpe a la economía mundial. Lamento profundamente esta opción”, el bloque de los europeos está “preparado para responder…Nos estamos preparando para más contramedidas, para proteger nuestros intereses y nuestros negocios si las negociaciones fracasan”. La tensión en sus relaciones con EEUU viene escalando y ahora con más veras y su esperada respuesta la exacerbará aún más.

A Colombia, no obstante que sólo la cobija la tarifa general de un arancel del 10%, según estudio de Corficolombiana sobre su impacto, en el Índice de vulnerabilidad comercial frente a EEUU, se ubica en el segundo lugar (54.5) después de México (66.7). Y no es para menos, ya que el 33.7% de sus exportaciones tiene a los EEUU como destino y el 26.8% de las importaciones provienen de la potencia del Norte.

No se puede perder de vista tampoco que el 27% de los insumos del aparato productivo de Colombia viene de los EEUU y ellos, muy seguramente se encarecerán tanto por cuenta de la devaluación del peso con respecto al dólar que se ve venir a consecuencias de la guerra arancelaria, sino porque los aranceles aplicados a las importaciones estadounidenses, además de desacelerar el crecimiento de su economía disparará de nuevo la inflación, con un alto riesgo que ello derive en una estanflación generalizada, afectando de paso la demanda por los productos exportados desde Colombia. De hecho, según el Banco J P Morgan Chase, la posibilidad del advenimiento de una recesión global pasó del 40% al 60% a consecuencia de los desvaríos de la agresiva política comercial de la administración Trump. Este es un gran desafío para Colombia!

Amylkar Acosta

¿Comienzan los apagones eléctricos en Colombia?: Análisis de Amylkar Acosta y Luis Fernando Ulloa

Escrito por Confidencial Noticias en Abr 4, 2025. Publicado en Voces Confidencial, Portada.

El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, y el abogado, Luis Fernando Ulloa, analizan la situación por la que atraviesan los departamentos de la Región Caribe y el riesgo latente por apagones eléctricos.

La apuesta por el desarrollo regional

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Mar 30, 2025. Publicado en Opinión.

Colombia desde siempre ha sido, como afirmó el pensador antioqueño Luis López de Mesa, un archipiélago de regiones. Bolívar y sus correligionarios propugnaron por el centralismo y Santander y los suyos por el federalismo en los albores de la independencia de Colombia. Desde entonces el enfrentamiento político entre unos y otros tuvieron en el centralismo vs federalismo la manzana de la discordia.

El rol de las regiones es clave en el crecimiento y en el desarrollo económico y social del país. Este no puede ser competitivo si sus regiones no lo son. Colombia se ha caracterizado por un desarrollo desigual, con enormes brechas entre el centro y la periferia, entre unas regiones y otras y también existen brechas intra-regionales. Las regiones más rezagadas del país son el Pacífico y el Caribe, allí se concentra la pobreza y es mayor el Índice de necesidades básicas insatisfechas.

Los planes de desarrollo de los distintos gobiernos en sus diagnósticos identifican y reconocen que las regiones más apartadas y periféricas son las más vulnerables y vulneradas y en la mayoría de ellos, como el del ex presidente López (Para cerrar la brecha), pero sus estrategias para sacarlas de la trampa de la pobreza han sido ineficaces para lograrlo.

Una manifestación palmaria del aberrante desequilibrio entre unas regiones, las más desarrolladas y otras, las más rezagadas, lo ponen de manifiesto la alta concentración del PIB, el cual, en promedio, pasó de $28.2 millones en 2022 a $30.3 millones en 2023 y peor aún del PIB por habitante. La gran torta, que es el PIB nacional en 2023 alcanzó los $1.584 billones. Pero, los promedios suelen ser engañosos y a la hora del reparto salta a la vista el enorme desequilibrio entre unas regiones y otras. A saber: mientras el Distrito especial de Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca suman $780.1 billones, es decir el 49.2% del total, con $395 billones, $231 billones y 153 billones, respectivamente, en el otro extremo nos encontramos con departamentos como el Chocó, Caquetá, Amazonas y Vaupés, con $6.8 billones, $6.2 billones, $1.2 billones y $426.943 millones, respectivamente. Y si lo analizamos a partir del PIB per cápita ello es más ostensible: a nivel nacional se registró en 2023 $30.3 millones, pero Bogotá con $50 millones está muy por encima de este promedio ponderado, muy distante de Caquetá, Amazonas, Chocó y Vaupés, los cuales registraron en su orden, según el DANE, $ 14.705.069, $14.259.112, $11.579.375 y $9.127.210.

Mi experiencia, primero como Secretario de Planeación de La Guajira, luego como Coordinador del CORPES de la Costa, Director ejecutivo de la FND y más recientemente como Director de la RAP del Caribe, me permitió comprobar que a pesar de que la Constitución de 1991 estableció el principio de la autonomía territorial, este sigue siendo un país centralista, exacerbada por el avasallador presidencialismo. Y no es para menos, pues el Presidente de la República es, además, el Jefe de Estado, Jede de gobierno, suprema autoridad administrativa y se le suele atribuir, además, el título inventado de primer magistrado de la Nación!

El primer paso para fortalecer la autonomía e impulsar el desarrollo regional es el trámite y aprobación de la Ley de competencias para que entre en vigor el Acto legislativo que fortalece el fisco de los departamentos y municipios, al disponer que el monto a transferirles por parte de la Nación pase del 23.5% de los ingresos corrientes de la Nación hasta el 39.5% hacia el año a la vuelta de 10 años.
Ello sin perjuicio de implementar una reforma tributaria territorial que les permita arbitrar mayores recursos propios, pues hasta ahora todas las reformas tributarias aprobadas por el Congreso han sido solo para arbitrarle recursos a la Nación. De allí que de cada $100 que se recaudan en Colombia, el Gobierno central se queda con $80. Este país es tan centralista que hasta Bogotá es víctima del mismo. Se ha visto recientemente como desde el Palacio de Nariño le han puesto el freno de mano al avance de un proyecto tan estratégico para su desarrollo como lo es el Metro.

En la región es fundamental el relevo generacional, la dignificación de la política y el empoderamiento de la sociedad civil, los centros de pensamiento, los gremios y las universidades, con un mayor compromiso con la integración y el desarrollo regional. En primera instancia, el gran Acuerdo Nacional para el desarrollo económico y social de las regiones ya se dio con la aprobación por parte del Congreso de la República del Acto legislativo que reformó el SGP. Lo que sigue es la Ley de competencias, que es la que determinará con cuales competencias se queda la Nación y cuáles asumirán las entidades territoriales, evitando la redundancia y la duplicidad en el ejercicio de sus funciones.

Amylkar Acosta