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AIR – E: la punta del iceberg

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Ene 12, 2025. Publicado en Opinión.

Como se recordará, la empresa Air – e, que le presta el servicio de energía eléctrica a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira fue objeto de intervención con fines de administración el pasado mes de septiembre por parte de la Superintendencia de servicios públicos, a solicitud de la misma empresa, procediendo en consecuencia a la toma de posesión de la misma, para lo cual procedió a nombrar como Agente interventor inicialmente al Ingeniero Carlos Diago , quien posteriormente fue reemplazado 40 días después por el ex viceministro del Trabajo Edwin Palma. Al anunciar esta decisión, el entonces Superintendente Dagoberto Quiroga manifestó que no se descartaba la liquidación “si no se alcanzan los objetivos”.

Como antecedente es importante destacar que la empresa Air – e, a través de un comunicado que emitió el 10 de octubre de 2023 declaró su insolvencia e incapacidad de honrar sus compromisos con las empresas generadoras que le despachaban la energía que distribuye, incumpliendo sus contratos con las mismas. La razón que invocó en aquel momento la empresa fueron su falta de liquidez y de flujo de caja. Ello daba lugar a su intervención por parte de la Superintendencia de servicios públicos, debido a que quedaba incursa en la denominada “limitación de suministro”.

Para evitar la intervención, de soslayo, el Ministro de Minas y Energía expidió en volandas la Resolución 40611 el 11 de octubre de 2023, suspendiendo la aplicación de la “limitación de suministro a Air – e, al tiempo que abrió una línea de crédito en FINDETER, mediante el Decreto 1637 del 9 de octubre, a la cual podían a acceder esta y las demás empresas para la financiación de la deuda que por concepto de la Opción tarifaria tenemos contraída los usuarios con ellas, que ya superaba los $5 billones y cuya suspensión del cobro ordenada por la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez había puesto en calzas prietas a las empresas. A ello se vino a sumar la mora por parte del Gobierno Nacional del reintegro del valor de los subsidios al consumo de energía aplicado a los estratos 1, 2 y 3.

Pues bien, acaba de expedirse por parte de la Superintendencia de Servicios públicos una Resolución mediante la cual la modalidad de su intervención a la empresa Air – e pasa de la modalidad con fines de administración a otra con fines de liquidación. Con el fin de “adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento de la empresa y garantizar la continuidad de la prestación del servicio como un derecho”. Esta decisión estuvo antecedida y motivada en el “Informe diagnóstico de gestión remitido por el Agente especial de Air – e (intervenida), que muestra la compleja situación financiera y operativa de la empresa”.

Nota relacionada: AIR-E seguirá en manos de la Superintendencia de Servicios Públicos

Según lo acota la propia Superintendencia, con “la decisión adoptada se garantiza la normalidad en la prestación del servicio a los usuarios como un derecho y desde la Superintendencia se adelantarán las medidas necesarias para que Air – e pueda continuar adelantando su actividad en los términos exigidos por la Ley”. Empero, para lograr dicho cometido la Superintendencia está en la obligación de solventar a la empresa, darle liquidez y flujo de caja para mantenerla a flote y garantizar su operación y así evitar un apagón. Y ello solo se puede lograr inyectándole los recursos que requiere, sobre todo para comprar la energía que distribuye. Para ello la Superintendencia cuenta como fuente de financiamiento el Fondo empresarial, la mera intervención, per sé, no resuelve la delicada crisis financiera, que llevaron a la intervención.

Es más, el caso de Air-e no es aislado, es solamente la punta del iceberg de la gran crisis que afrontan las 12 empresas prestadoras del servicio, la cual se debe fundamentalmente al pasivo de la Nación, que está en mora de girarles $2.4 billones por concepto de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, ya aplicados por ellas y que el Gobierno Nacional les debe reintegrar. A ello se suma el lastre de la deuda que tenemos contraída con ellas por parte de todos los usuarios por concepto de la Opción tarifaria, cuyo saldo asciende a los $4.5 billones, de los cuales el propio Presidente de la República se comprometió públicamente en el mes de mayo a asumir el monto correspondiente a los estratos 1, 2 y 3, $2.5 billones. A estas deudas se vienen a sumar lo correspondiente a los subsidios a los usuarios de tales estratos de gas natural y GLP, las cuales ascienden a $628.000 millones y $54.000 millones, respectivamente.

De hecho el Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez manifestó recientemente que “esto es demasiado grave, EPM sigue suministrando la energía, pero yo no sé hasta cuándo la caja de las empresas va a aguantar” y añadió: “para antier es tarde, desde hace rato se le viene advirtiendo al Gobierno que esto es una inminente crisis en el sector energético, y no solo de EPM, todos los operadores se lo han dicho, lo de Vichada estaba advertido, de Norte de Santander, de Caldas, de Quindío, de todo lado está advertido”.

Por sí no la leyó: De cábalas y cabañuelas

La empresa XM, que opera el Sistema interconectado nacional (SIN), lo advirtió desde el 4 de octubre de 2023, que ello podría lugar a un efecto dominó, porque si las empresas distribuidoras no tienen con qué pagar la energía que comercializan, las generadoras se ven a gatas para cubrir sus gastos administrativos, operativos y sus obligaciones bancarias, amenazando con colapsar el Sistema. Y lo advirtieron los gremios del sector, que todo ello puede conducir a una “crisis financiera sistémica y previsible”

Es urgente, entonces, la intervención del Gobierno Nacional a través de la Superintendencia, en el caso de Air – e, buscarle una salida la carga que significa para las empresas la deuda de la Opción tarifaria y la decisión por parte del Ministerio de Hacienda de girar el valor de los subsidios, antes de que sea demasiado tarde!

Amylkar Acosta

De cábalas y cabañuelas

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Ene 5, 2025. Publicado en Opinión.

“Yo soy yo y mis circunstancias, sino las salvo a ellas tampoco me salvo yo” Ortega y Gasset

Dijo el gran estadista británico Sir Winston Churchill que “ el político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene y de explicar después por qué no ha ocurrido”. De manera análoga, las pitonisas, los videntes, adivinos, astrólogos y agoreros, que por esta época de comienzos de año abundan como la verdolaga, siempre nos quedan debiendo la explicación del por qué no se cumplieron sus predicciones.

Uno de los más célebres y antiguos referentes de ellos fue el boticario francés Michel de Nôtre-Dame (1503 – 1566), más conocido como Nostradamus, a quien se le atribuían poderes paranormales que le permitían adivinar el futuro acontecer, sin recurrir para ello a la “bola de cristal” del clarividente. Se hizo célebre con la publicación de su libro Les propheties, una colección de 942 cuartetas poéticas que compendiaban sus vaticinios sobre la ocurrencia de muchos eventos hacia el futuro. La primera edición del mismo vió la luz en 1555 y desde entonces quienes lo siguen a pie juntillas vienen interpretando los mensajes crípticos de los cuales es contentivo.

A Nostradamus se le atribuye haber anticipado el nacimiento del monstruo del siglo XX, el Fürer Adolfo Hitler y el incendio de la Catedral de Notre Dame de París. Y más recientemente la pandemia del COVID -19 de la cual es portadora el nuevo coronavirus SEARS-CoV-2. Así se colige de dicho texto, cuando pronosticó que “la gran plaga de la ciudad marítima no cesará hasta que se vengue la muerte de la sangre justa condenada por un precio sin delito”. Menos mal que no se cumplió ni la muerte del Papa Francisco ni se produjo el estallido de la tercera guerra mundial en el aciago 2020, como lo anunciaban los apologistas y alabarderos de Nostradamus.

Quien si sabemos, con seguridad, que, más que predecir o profetizar, alertó sobre el advenimiento de esta terrible pandemia, que convirtió el 2020 en un Annus horribilis, fue el empresario y filántropo Bill Gates, a quien no ha faltado el desatentado que, basado en las fake news y en las teorías conspirativas, le achaque a él su propagación primero y ahora la vacuna dizque para “dominar” a la población.

Con cinco años de antelación, en 2015, en pleno brote del ébola, afirmó lo siguiente: “cuando yo era chico el desastre más temido era vivir una guerra nuclear…Hoy la mayor catástrofe mundial es una pandemia. Si algo va a matar a más de diez millones de personas en las próximas décadas será un virus muy infeccioso, mucho más que una guerra. No habrá misiles, sino microbios. Gran parte de esto es que se ha invertido mucho en armamentos nucleares pero se hizo muy poco en crear sistemas de salud para poder detener las epidemias. No estamos preparados”. Y fue más lejos al advertir la existencia de “un virus con el que las personas se sientan lo suficientemente bien mientras están infectadas para subirse a un avión o ir al supermercado y eso haría que se extienda por todo el mundo de manera muy rápida”. Dicho y hecho.

Ahora ha sorprendido Bill Gates al mundo con una aterradora predicción, de una nueva epidemia en un futuro mediato, pero que puede anticiparse, por fortuna según él no será tan devastadora como la COVID – 19, no tanto porque se prevea que no sea tan mortífera si no porque encontrará al mundo mejor preparado para enfrentarla gracias a los esfuerzos que ha tenido que desplegar para compatir el nuevo coronavirus. Según él su ocurrencia “podría ser dentro de 20 años, pero debemos suponer que podría ser dentro de 3 años”. Y, como se suele decir, guerra avisada no mata gente o por lo menos mata menos gente, máxime cuando esta vez sí estaremos mejor preparados y entrenados!

Como quedó consignado en un texto del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), publicado en enero de 1932 en su revista Technology Review, pero que sigue teniendo vigencia, “interpretar los eventos del pasado es el único método válido para predecir el futuro” desde la ciencia. Y ello se explica porque de esta manera es como se pueden establecer las tendencias, aunque no pocos eventos escapan a dicho escrutinio dado el carácter disruptivo de ellos.

Definitivamente las cábalas, las conjeturas y las especulaciones en torno a lo que nos es dable esperar hacia el futuro pierden cada vez más espacios, terreno y credibilidad, pues gracias a la Big data, a la Inteligencia artificial (IA) y a los algoritmos es cada vez más previsible lo que va a pasar. Ello me lleva a firmar que Bill Gates no saca sus pronósticos y previsiones de la manga, tampoco de su propio magin, sólo que es uno de los hombres mejor informados y gracias a su equipo con la mayor capacidad de acceder y procesar el cúmulo de información disponible.

Por su parte las cabañuelas han corrido la misma suerte del pintoresco Almanaque Bristol, de color naranja, que debe su nombre a su gestor Cyrenius

Chapin Bristol, que circula en los meses de diciembre de cada año desde 1832, el cual servía de cabecera a los agricultores, pues en el se pronosticaba con gran acierto el comportamiento y el “estado del tiempo”. Sigue teniendo una gran acogida en Colombia, habida cuenta que en 2018 de 1.5 millones de ejemplares, que fue su tiraje, un millón de ellos se vendieron en nuestro país como pan caliente. Llegó a alcanzar tal celebridad que nuestro laureado con el premio Nobel de la Literatura Gabriel García Márquez en sus obras La hojarasca y El amor en los tiempos del cólera, menciona al Almanaque Bristol con nombre propio.

Pues bien, 193 años después de su nacimiento, el icónico Almanaque ha quedado sin oficio, por lo menos en lo que hace relación a la predicción del tiempo, por cuenta del Cambio y la variablidad climática, que ha llevado a que llueva en verano y tengamos verano en época invernal.

Amylkar Acosta

¡Tarde piache!

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Dic 29, 2024. Publicado en Opinión.

Esta es una expresión o vocablo con el cual se quiere significar el hecho de que no es posible revertir o resarcir el daño infligido, ya sea por acción u omisión, aunque el responsable del desaguisado se arrepienta. Dicho de otra manera, el daño está hecho y apelación a los infiernos!

Este es el caso que tiene como protagonista a la ministra de Ambiente y Desarrollo sostenible Susana Muhamad. Veamos la secuencia de los hechos. El 18 de mayo de 2022 el entonces presidente de ECOPETROL Felipe Bayón anunció la firma de un acuerdo con la petrolera ANADARKO, empresa esta subsidiaria de Occidental Petroleum (OXY), como operadora, con la cual se había avanzado en la exploración conjunta costa afuera en cuatro bloques en el Caribe colombiano, ampliando de esta manera la frontera hidrocarburífera de Colombia.

Se destaca en esta nueva cuenca sedimentaria, en el Bloque COL – 1 el yacimiento denominado KOMODO – 1, el cual, según los análisis geológicos podría llegar a representar una reserva de hidrocarburo (petróleo y gas) más significativa que SIRIUS, lo que convierte este descubrimiento en el más gigantesco de todos, en uno de gran potencial para Colombia, estimado en 20 TPC, equivalente a casi 10 veces el volumen de las reservas probadas remanentes con las que cuenta actualmente el país. En su localización confluyen las capitanías de puerto de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha.

Y ello le viene bien al país, en momentos en los que el gas escasea y empezamos a importarlo. Refiriéndose a SIRIUS, el Presidente de la República Gustavo Petro manifestó que él sabe que “genera emoción recibir noticias sobre hallazgos históricos de reservas de gas u otro recurso energético y más porque hace más de 20 años no nos llegaban estas noticias, pero estamos en una transición energética, no podemos seguir con lo fósil”. Y fue más lejos al espetar que “puede parecer como una gran noticia, descubrir gas o descubrir un gran embalse de petróleo, pero eso no alegra a la humanidad, la asusta”.

Asustados están ahora los usuarios y consumidores en el país de saber que, como lo afirmó la Presidenta de NATURGAS Luz Stella Murgas, “en Colombia el gas barato se acabó”, refiriéndose a que el gas importado es mucho más costoso, oscilando su precio alrededor de los US $18 el MMBTU, que el que se extrae en el territorio nacional, que fluctúa en torno a los US $5 el MMBTU. Se cumple, una vez más, el aserto de que el energético más caro es aquel del cual no se dispone justo cuando se requiere. Tienen, entonces, ellos para alegrarse por este nuevo hallazgo y para parecerles una gran noticia.

En momentos en los que ECOPETROL y ANADARKO se aprestaban y estaban en la fase de alistamiento para la perforación del pozo, para lo cual se había contratado una plataforma flotante equipada con sofisticados equipos para acometer su tarea, fueron sorprendidas por la notificación de parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) , por orden expresa de la Ministra de la suspensión de la licencia ambiental para operarlo.

Por parte de ECOPETROL se apeló esta decisión, alegando que “la incertidumbre que generó la falta de un pronunciamiento del MADS frente a la suspensión del proceso de licenciamiento afectó las obligaciones que se habían adquirido con terceros”. De hecho la estatal petrolera ya había incurrido en inversiones que superan los US $35 millones en actividades preparatorias, dando lugar la decisión de la ANLA a un detrimento patrimonial, amén de la inversión realizada por parte de ANADARKO – operador que compromete a las partes en proporción a su participación en el proyecto

Por su parte el Delegado para Asuntos ambientales, minero-energéticos y agrarios Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz pidió a la ANLA “revocar la suspensión del licenciamiento ambiental para la exploración de gas en el Caribe colombiano KOMODO – X1, que completa 70 días”. Según alega el Delegado, “para la fecha en que se ordenó dicha suspensión, ya se había completado la evaluación técnica del estudio de impacto ambiental por parte de las autoridades competentes, por lo que se considera que no existían motivos suficientes para retrasar el proceso”. Advirtió, además. “los riesgos económicos, sociales por la posible falta de abastecimiento de este recurso para suplir las demandas energéticas y de transporte, así como domiciliario en el país”. Pero para la Ministra “este no es el proyecto inmediato que va a generar una incapacidad para el suministro de gas” y por lo tanto, se colige, no había ninguna prisa en la toma de decisiones.

Ahora, tardíamente, al cabo de las quinientas, es cuando la Ministra Muhamad, la misma que le prestó oídos sordos a los requerimientos de ECOPETROL y de la Procuraduría, se dignó hacer el anuncio de que “tras una rigurosa evaluación se consideró ambientalmente viable el desarrollo del proyecto Komodo”. Ya para qué, cuando ECOPETROL manifestó el pasado 24 de septiembre, en respuesta al senador José David Name, “se están evaluando las consecuencias financieras frente a los compromisos con terceros, caso por caso, para mitigar los impactos producidos por la suspensión del trámite de licenciamiento ambiental, tomando en cuenta que, ante la situación actual, Ecopetrol se ha visto en la necesidad de cancelar la ejecución del proyecto en la vigencia 2024/2025”.

Ya es tarde, el daño ya está hecho, todo está consumado. ECOPETROL Y ANADARKO tenían todo dispuesto para comenzar la perforación del pozo en el mes de noviembre de este año pero el entorpecimiento por parte del Ministro dio al traste con sus planes. Ello, en razón de que el mundo sólo se cuenta con tres plataformas flotantes que cuentan los taladros requeridos para llegar hasta las profundidades de KOMODO, razón por la cual, después que zarpó la plataforma reservada, la que ya se tenía disponible in situ, prácticamente imposible contar con otra que esté disponible en el corto plazo!

Con esta desafortunada decisión tomada por la ministra Muhamad cerró esta ventana de oportunidad para recobrar, más pronto que tarde, en los próximo años la seguridad y la soberanía perdidas, poniendo en riesgo además la Transición energética justa que tanto pregona el Gobierno, dado que el gas natural es considerado y así lo ha reiterado la Agencia internacional de energía (AIE), como el energético de la Transición. La torpeza y la obsesión de marchitar los hidrocarburos prematuramente le están haciendo mucho daño al país!

Amylkar Acosta

Las cuentas no cuadran

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Dic 22, 2024. Publicado en Opinión.

El Presidente Gustavo Petro expidió, mediante el Decreto 1523 del 18 de diciembre de 2024, el Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2025. Ello ante la negativa de las comisiones económicas del Congreso de la República a aprobar el monto del mismo propuesto por el Gobierno Nacional, por valor de $523.7 billones, dentro del plazo límite establecido por la Ley que se venció el 15 de septiembre. Al no aprobarse dicho monto, como era de esperarse, tampoco se avanzó en la aprobación del proyecto de presupuesto y en consecuencia quedó habilitado el Presidente Gustavo Petro para expedirlo, como en efecto lo acaba de hacer mediante el Decreto 1523 del 18 de diciembre. Este procedimiento es el que se conoce como la dictadura fiscal.

Como antecedente es muy importante dejar establecido que el bajo recaudo tributario forzó al Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla a aplazar gastos presupuestados para la vigencia de 2024 por valor de $28 billones. Entre las razones del bajo recaudo se destacan el incumplimiento de la meta de la DIAN de un mayor recaudo por valor de $15 billones por resolución de litigios, además del fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible la no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta, afectando el recaudo por este concepto.

La discrepancia mayor entre el Gobierno Nacional y el Congreso de la República ha girado en torno al desfinanciamiento por valor de $12 billones del Presupuesto para la vigencia de 2025, de modo que si el Congreso aprobaba el monto propuesto por el Gobierno se obligaba a aprobar también el proyecto de ley de financiamiento por dicho valor radicado por parte del Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla.

Como es bien sabido, las comisiones económicas hundieron dicho proyecto, pero como el ejecutivo estaba obligado a aforar el Presupuesto decretado por el mismo valor inicial, de ello se sigue que arrancando el año entrante tendrá que recortar o aplazar gastos por valor de $12 billones, para que las cuentas cuadren, por no tener respaldo en los ingresos. Tanto más en cuanto que se han sobreestimado los ingresos tributarios, calculados en $316.5 billones, $26.6 billones por encima de la estimación del Marco fiscal de Mediano plazo (MFMP) publicado por el Ministerio de Hacienda el 14 de junio de este año. Se puede reincidir en lo que pasó con el Presupuesto de la vigencia de 2024, pues si para este año se tenía la previsión de un mayor recaudo de $15 billones por gestión de la DIAN, que no se logró, pues ahora están doblando la apuesta de mayor recaudo por concepto de la eficiencia en la administración tributaria, calculándolo en $28 billones!

Tanto el Comité independiente de la Regla fiscal (CIRF) como Fedesarrollo coinciden en que el recorte presupuestal en 2024 y el que se prevé por parte del Gobierno para el año entrante son insuficientes para cumplir con la Regla fiscal. A su juicio “los ajustes para que los montos cuadren” deberán ser mayores, hasta alcanzar la cifra de $511 billones. En concepto del economista jefe de investigaciones de CORFICOLOMBIANA, Julio Romero, “si no se hace el recorte de aproximadamente $35 billones, el déficit fiscal de 2025 sería de 6,5% del PIB, superior al 4,9% permitido por la regla fiscal. Porque los ingresos fiscales que estimamos para 2025 son menores”.

Romero sostiene que para CORFICOLOMBIANA, “la desfinanciación del Presupuesto de 2025 no se debe solo a que no pasó la ley de financiamiento, sino también a que los ingresos tributarios que espera el Gobierno para financiar ese presupuesto, que no son acordes a la realidad fiscal y económica”. En cambio para el profesor visitante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, Juan Pablo Sandoval, “el Presupuesto de 2025 no está desfinanciado” y el Decreto expedido por el Gobierno obedeció a una “actitud poco democrática” del Congreso para debatir el proyecto. No se proyecta, según él, más recortes “dadas las buenas perspectivas de crecimiento para la vigencia de 2025”.

En todo caso, según lo ha anunciado el novel Ministro de Hacienda Diego Guevara, antes del 31 de diciembre se expedirá el Decreto de liquidación desenglobando las partidas presupuestales y recortando los $12 billones que hacen falta, según el Presidente Petro “mientras se consigue la financiación necesaria que no fue posible por la acción oscura de los dueños de los juegos de suerte y azar ilegales dentro de las comisiones económicas del Congreso”.

El desencuentro del Presidente de la República con el Congreso a raíz de la no aprobación del proyecto de ley de financiamiento, llevó a este último a romper relaciones con las comisiones económicas del Congreso, en donde la derrota del Gobierno fue apabullante. La reacción del Presidente Petro fue desproporcionada, “no tienen nada más que hablar con nosotros y nosotros nada que esperar de ellos” espetó. Este divorcio entre el ejecutivo y el legislativo en nada contribuirá a hacer más llevadera la crisis fiscal que se avizora.

Amylkar Acosta

Cuesta abajo

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Dic 15, 2024. Publicado en Opinión.

Se repite la historia en viceversa: hace 10 años, cuando la producción de crudo de Colombia alcanzó el millón de barriles al día, se hizo popular en la industria petrolera el gracejo como acertijo tratando de establecer cuánto tiempo haría falta para que se cruzara la curva de producción de Colombia en ascenso con la de Venezuela en declive. Y, efectivamente, la producción de Colombia alcanzó su clímax con la producción de 1 millón de barriles/día, mientras Venezuela, después de producir 4 millones de barriles/día bajó hasta los 2´370.000 ese mismo año.

Esta vez es el nuevo rico en el vecindario, la llamada Guyana Dubái, que cuenta con reservas recién descubiertas, hace apenas 10 años, superan los 11.000 millones de barriles, el que ha venido escalando su producción desde los 1.200 barriles/día en 2019 hasta los 645.000 que produce actualmente y de acuerdo con la proyección de la Agencia internacional de energía (AIE) el próximo año, 2025, la producción de Guyana sobrepasará a la de Colombia con un volumen de 850.000 barriles/día contra los 750.000 barriles/día que produce actualmente Colombia. En la última década se ha desplomado la producción promedio/día el 21% y sería iluso esperar que repunte mientras las precarias reservas remanentes caen.

Lo que hace la diferencia es que mientras en Guyana están atrayendo la inversión y firmando a la lata nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo el Gobierno de Colombia decidió descartarlos, como su mayor y mejor contribución a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causante del Cambio climático, sin lograrlo, porque el consumo de petróleo sigue en ascenso, ya que según la AIE el año pasado alcanzó un récord de 101 millones de barriles/día y su previsión es que este año 2024 alcanzará otro récord con 2 millones de barriles más.

Es decir que el petróleo que deja de producir Colombia lo provén otros países, entre ellos Guyana y Brasil, en donde el Presidente Luiz Inacio Lula Da Silva proyecta pasar de la producción actual de 3.5 Millones de barriles/día a 5.4 millones en 2028, hasta convertir a PETROBRAS en la tercera empresa petrolera más grande del mundo y a Brasil en el quinto productor mundial de crudo. Se cumple así la Ley de Keynes según la cual toda demanda crea su propia oferta. En conclusión, con tan absurda como desatinada decisión, Colombia se está quedando con el pecado y sin la gracia. En este contexto, no sabe uno cómo interpretar esta sibilina declaración del Presidente Petro a propósito de la caída de las exportaciones de Colombia en lo que va corrido del año.

Esto dijo: “no es una buena noticia que caigan las exportaciones, pero no había un análisis del porqué y resulta que el 60% de las exportaciones del país son fósiles, es decir, carbón y petróleo”. Lo que no advierte el Presidente Petro es que al tiempo que caen las exportaciones está cayendo también la Inversión extranjera directa (IED). Según registros del Banco de la República, entre el primer semestre de 2023 y el primer semestre de este año pasó de US $7.524 millones a US $6.304 millones, para una caída del 16.2% anual, siendo más pronunciada la de la IED en hidrocarburos y minería, que fue del 30.3%!

Cabe preguntarse si será bueno para Colombia que las exportaciones caigan si es por cuenta de que “el precio internacional del carbón cayó a la mitad entre el año pasado y hoy, por eso caen las exportaciones. También cayó la demanda del carbón colombiano y esa caída internacional tiene que ver con que el mundo está haciendo una transición energética”. Eso es solo pensar con el deseo, porque las cifras no vienen en auxilio de los augurios del Presidente porque de acuerdo con el más reciente reporte de la AIE el año pasado la demanda por carbón batió el récord con 8.530 millones de toneladas y prevé que este año alcanzará otro récord. Al igual que ocurre con el petróleo, carbón que no extraiga y exporte Colombia lo extraerá y exportará alguno de los países que compiten con Colombia.

La ingenuidad y el desatino del Gobierno de Colombia, que firmó recientemente el Tratado de no proliferación de los combustibles fósiles, comprometiéndose a proscribirlos, contrasta con el realismo y el pragmatismo de Guyana y Brasil que, sin renunciar a la Transición energética ni dejar de trabajar por el cumplimiento a su meta de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) están atrayendo más inversiones al sector de los hidrocarburos, su principal fuente generadora de ingresos, de divisas y de financiamiento de la misma Transición.

En concepto del Vicepresidente de Guyana, “el petróleo no sólo permite aumentar los ingresos y emplear estos recursos en políticas sociales, sino que, además, resulta la principal fuente para financiar una sólida Transición energética hacia energías renovables”. Y remató diciendo que “necesitamos dinero del sector del petróleo y el gas para hacer nuestro país a prueba del clima y adaptarnos al Cambio climático”.

Por su parte el Presidente Lula, reconocido defensor de la Agenda verde, explica que la inversión en petróleo tiene como objetivo primordial disponer de más ingresos para consolidar la Transición energética, bandera de su Gobierno. Y destaca cómo PETROBRAS, pasó de la explotación de petróleo onshore a hacerlo offshore, “ahora puede pasar a las renovables”. Y deja en claro que no incurre en ninguna contradicción, pues “el petróleo seguirá ocupando un lugar importante en la matriz energética junto a las renovables. Queremos hacerlo juntos”. Bien ha dicho el Presidente de la CAF Sergio Díaz Granados que “cada país deberá elegir su velocidad, intensidad y estrategia de acuerdo con sus características” y Colombia, al igual que el resto de Latinoamérica tiene las suyas.

Y más recientemente, la comidilla en los medios es la noticia proveniente de Argentina, en donde se registra un inusitado boom de los hidrocarburos, gracias al enorme potencial del yacimiento no convencional de Vaca muerta y a la utilización intensiva de la técnica del fracking en su explotación. Esta explica y responde por el 56.6% de la totalidad de la producción petrolera y el 54.8% de la de gas natural. Según el más reciente reporte según el cual en los últimos 10 años pasó de producir 500.000 barriles de crudo por día hasta alcanzar los 700.000 actualmente, en contraste con Colombia que pasó de producir 1 millón de barriles/día en 2014 a los 750.000 barriles/día actualmente!

Amylkar Acosta

¡Lo que está en juego!

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Dic 10, 2024. Publicado en Opinión.

En los últimos 15 años (2007 – 2022) las reservas de gas natural en el país han caído el 50%, situándose en los 2.3 TPC y con ellas ha caído también la producción el 9% entre junio de 2023 y junio de este año, pasando de 1.170 MMPCD hasta los 900 MMPCD. Según la Gestora del Mercado de gas natural, se prevé que el potencial de producción caerá el 19.8% entre los años 2024 y 2026. Y como la demanda crece y crecerá aún más hacia el futuro, como sustituto del carbón y de los combustibles líquidos, según la Gestora para el 2025 se estima el déficit en un 12% (120 MMPCD) y para el 2026 de un 30% (350 MMPCD). Déficit este que tendrá que cubrirse con importaciones.

En ello coincide el Presidente de ECOPETROL, Ricardo Roa: “va a haber unos faltantes el año entrante que van a estar cercanos a los 160 de gigas de BTU, luego va a subir a 180, y de ahí en adelante a 300 y hasta a 500, si no incorporamos reservas”. No obstante, el negacionismo del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, lo llevó a decir que “no es cierto que vayamos a tener escasez de gas los próximos años, no hay ninguna crisis energética y no estamos ante un riesgo inminente de desabastecimiento razón por la cual no hay ningún traslado de costos adicionales a los usuarios”.

Por su parte Roa se ratifica en lo ya dicho y afirma no sólo que “sí vamos a depender de la importación, de aquí a 2029”, sino que advierte que “eso va a hacer que se tenga un incremento significativo de la tarifa”. ¡Más claro sólo el agua! Bien dijo la Presidenta de NATURGAS Luz Stella Murgas que “el déficit del gas natural no es una alerta, es una realidad, no es una narrativa”, como aduce el Gobierno.

Según había asegurado el Ministro Camacho “nunca ha estado en nuestros planes opciones de importación desde otros países…No hemos visto ningún problema de abastecimiento porque estamos tomando medidas…No es cierto que vayamos a tener escasez el próximo año”. Tal vez estaba imbuido de la idea de su antecesora, la ex ministra Irene Vélez, cuando vaticinó irresponsablemente que “según los cálculos, las reservas probadas, probables y posibles garantizarían un suministro de gas hasta el 2037, es decir de 15 años más”.

Contra todos los pronósticos y previsiones del Gobierno nacional, desde el día 1 de diciembre de este año Colombia, por primera vez en 45 años, inició las importaciones de gas natural para atender el consumo esencial. En efecto, a través de un Comunicado público la mayor distribuidora de gas importado TLP GAS informó que a través de la regasificadora SPEC, recibe 40 MMPCD desde el pasado 29 de noviembre, requeridos por 8 empresas distribuidoras. Los hechos son tozudos. Entre tanto el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho se obstina en negar, contra toda evidencia, las importaciones y sostiene que se cuenta con “excedentes” de gas extraído en el país, que no se traducen en oferta firme en el mercado. Y no explica por qué.

La razón está en la norma aludida, que es muy clara al respecto cuando establece que “los agentes que atiendan la demanda esencial tienen la obligación de contratar el suministro y el transporte de gas natural para la atención de dicha demanda con agentes que cuenten con respaldo físico”. Que no es el caso de aquella producción de gas proveniente de campos que aún están en prueba extensa. En últimas la que cuenta es la oferta en firme, que no sea susceptible de interrupción en sus entregas por parte del proveedor.

El Ministro Camacho se niega a dar su brazo a torcer e insiste con terquedad aragonesa en que no hay necesidad de importar, que “las cifras revisadas muestran que las declaraciones de producción y disponibilidad de gas en los campos nacionales son adecuadas para atender la totalidad de los requerimientos del mercado”. Para él este es un axioma que como tal no necesita demostración. Al parecer el Ministro hizo suya la truculenta frase atribuida al ex presidente de EEUU Harry Truman: “cuando no puedes convencerlos, confúndelos”.

Ello lo ha llevado a poner en pausa la expedición del Decreto 2024 de 2024 que se publicó para comentarios en el mes de noviembre, que los agentes llevan meses requiriendo para habilitar las importaciones y dar vía libre para que la CREG expida la Resolución para homologar las condiciones contractuales para comprometer gas en firme proveniente del exterior y establecer el indexador de precios, los cuales, dicho sea de paso, serán mucho más alto. Aunque ella advierte que “el gas barato”, al que hemos estado acostumbrado, se acabó por fuerza de las circunstancias, porque hasta el gas producido en el país terminará por nivelarse con los precios internacionales.

Es de anotar que esta primera importación es solo la cuota inicial, ya que de acuerdo con el Gestor del Mercado, que maneja la cifra oficial, se estima un déficit del orden del 8,2% de la demanda total en el 2025 y en 2026 el mismo llegaría a un 20,6%. Sin fundamento alguno el Ministro Camacho se aventuró a afirmar que el uso del gas importado no será inmediato. Según él dicha importación sólo busca “cubrirse en caso de ser necesario”, pues “la producción nacional de gas será suficiente para cubrir la demanda de diciembre”.

En estas circunstancias en las que estamos se está incurriendo en el mismo error en el que cayó la Unión Europea al precipitarse a abandonar prematuramente a las energías de origen fósil, a las que tuvo que volver apresuradamente ante el riesgo del colapso de su economía. De ese trance del que todavía no termina de reponerse le quedó una lección aprendida, de la cual debemos tomar atenta nota: la Transición energética no debe poner en riesgo la seguridad energética. La otra lección que se sigue de la anterior es que tan importante para un país como la seguridad energética es la soberanía energética.

¡Ello es lo que está en juego!

Amylkar Acosta

¡A barajar y volver a repartir!

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Dic 2, 2024. Publicado en Opinión.

El Congreso de la República está en deuda con las regiones. Debieron transcurrir 20 años para que por fin tramitara la Ley orgánica de ordenamiento territorial (LOOT), mediante la Ley 1454 de 2011, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 288 de la Constitución política, que le encomendó establecer “la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales”, que han estado reducidos a un capitis diminutio, tratados como menores de edad. Pero todo fue un fiasco.

La Ley que se expidió no lo hizo, resultó un remedo de LOOT, dando pábulo a la descentralización disfuncional, consistente en delegarle funciones y competencias a las entidades territoriales, pero sin asignarle los recursos para que las pudieran asumir, contrariando lo dispuesto en el artículo 356 de la misma. Ese Estado centralista denominado por el Nobel de economía y conocedor de la pungente realidad de Colombia James Robinson, como el “Leviatán de Papel”, es el mismo que según él se caracteriza por “la ineficiencia en el cumplimiento de sus funciones”. Y ello, pese a concentrar y de qué manera los ingresos públicos.

Bueno es advertir que, como lo sostiene el jurista Ricardo Zuluaga “de las 25 funciones básicas del Estado, las fundamentales le corresponden en exclusiva al Gobierno central y otras 10 las ejerce de forma compartida con las entidades territoriales; mientras que las entidades territoriales no tienen ninguna que sea suya de manera exclusiva y en las 10 sobre las que puede tener alguna incidencia, lo hacen de forma compartida con la Nación. Todo lo cual se traduce en que no hay un solo aspecto de la vida estatal que no sea intervenible por el Gobierno central”.

Llama poderosamente la atención el hecho de que no obstante concentrar los ingresos mientras desconcentra funciones y competencias, muchas de las cuales han pasado a las entidades regionales, la Nación ha seguido acusando, como lastre inveterado, un déficit crónico de sus finanzas, el cual entre 2021 y 2024 registró un promedio de -5.5%, y ello a pesar de la vigencia de la Ley 1473 de 2011 de la Regla fiscal y de disponer periódicamente del Marco fiscal de Mediano plazo (MFMP) reglado por la Ley 819 de 2003. Aún durante el más largo ciclo de precios altos de los commodities (2003 – 2011, para los productos mineros y 2003 – 2014 para el petróleo), se pudo corregir dicho déficit, como sí lo lograron otros países de la región. Han sido más juiciosos los departamentos y municipios, sometidos como lo han estado a la Ley 617 de 2000, los cuales no obstante la precariedad de sus recursos han venido registrando un superávit fiscal.

De manera que si Colombia perdió la calificación inversionista de su deuda soberana no ha sido propiamente por cuenta de las transferencias del Sistema General de Participaciones, sino por la glotonería del Gobierno central. Eso está claro! Por esta razón y en respuesta al clamor y a la presión de parte de los 32 gobernadores, que el Congreso de la República se animó a aprobar la Ley 2200 de 2022, la cual dispuso en el parágrafo transitorio del artículo 5 de la misma que “el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda, en pleno consenso con los departamentos representados en la Federación Nacional de Departamentos, hará una identificación de las competencias que han sido descentralizadas a los departamentos sin asignación de recursos

para su ejecución y procederá a nivelar y destinar las asignaciones presupuestales que garanticen suficiencia fiscal a los departamentos para cada competencia identificada en un plazo de 8 meses a partir de la vigencia de la presente Ley”. Transcurridos 33 meses no se le ha dado cumplimiento.

Es en este contexto que emerge la iniciativa de enmendar la plana de las dos reformas a los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de los cuales fueron objeto en los años 2001 y 2007, en detrimento de los ingresos de los departamentos, distritos y municipios, mediante el proyecto de acto legislativo que está a un solo debate de ser aprobado por el Congreso de la República. Con ello se busca su resarcimiento, pues, como bien dijo nuestro laureado con el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez que a las regiones sólo llega desde el Gobierno central el óxido del poder. Pues llegó la hora de sacudirse de toda esa herrumbre por parte de las regiones, para dejar de ser alfil sin albedrío del agobiante centralismo Y ello justamente es lo que se busca con la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP).

Cuando comenzó su trámite el mayor reparo a dicho proyecto fue que al transferirle mayores recursos a las entidades territoriales sin garantizar que con estos asumieran nuevas y mayores competencias se llevaría de calle la Regla fiscal, incumpliéndola, atentando contra la sostenibilidad fiscal y poniendo al borde de la debacle fiscal al Estado colombiano, lo cual constituiría un acto de soberana irresponsabilidad por parte del Congreso de la República.

Empero, en la ponencia aprobada en su séptimo de ocho debates, en respuesta a este reparo, se estableció claramente que el Acto legislativo que se apruebe solo entrará en vigor una vez que sea expedida la Ley de competencias, en la cual se deberá dar un nuevo reparto de las mismas, descargando al Gobierno central de la responsabilidad de aquellas funciones y competencias que asuman las entidades territoriales, concomitantemente con la reducción de su presupuesto. Los detractores de esta iniciativa sólo suman las mayores transferencias en el minuendo, pero no restan en el sustraendo las competencias que la Nación dejará de asumir. Se trata, entonces, de barajar para volver a repartir, nada más pero tampoco nada menos!

Se trata de un juego de suma cero fiscalmente, en el que los recursos que demandarán las mayores transferencias estarán atadas a mayores responsabilidades por parte de las entidades territoriales. Hay que pasar de Bruño a Baldor para que la suma algebraica disipe los temores de un desbordamiento del gasto atribuible a la duplicidad en el ejercicio de las mismas funciones y competencias por parte de la Nación y las entidades territoriales. Dicho de otra manera, el impacto de esta reforma del SGP debe ser neutral y para asegurarse que así sea la Ley de competencias debe prever que se cumpla con la Regla fiscal y con los parámetros del MFMP.

No se puede seguir insistiendo en que con este paso se estaría descuadernando las finanzas del Estado al pasar el monto de las transferencias del SGP del 23.8% al 39.5% de los ingresos corrientes de la Nación (ICN) durante los próximos 12 años, contados a partir del 2027 cuando, como se sabe, sin la reforma in comento dichas transferencias subirán del 22.2% en 2024 hasta alcanzar el 31.3% de los ICN en 2026, para un incremento “inercial” de 9.1 puntos porcentuales en un lapso mucho menor, sin que nadie haya salido a desgarrarse las vestiduras por ello!

Amylkar Acosta

Incremento del precio del Diesel

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Dic 1, 2024. Publicado en Opinión.

De acuerdo a lo pactado por el Gobierno y el gremio de los transportadores, a partir del 1 de diciembre se reajustará el precio del galón de biodiesel en $400!

Ese fue el Acuerdo de los transportadores con el Gobierno, para llegar al incremento de los $800 en dos cuotas. En cuanto al anuncio que hizo en su momento el Gobierno de terminar de nivelar el precio del diésel con el precio internacional el próximo año lo veo remoto porque este será un año electoral y este tema es supremamente sensible.

Por ello, creo que el precio quedará congelado luego del aumento decretado a partir del 1 de diciembre, aunque si el Congreso aprueba la propuesta del gobierno en su proyecto de Ley de financiamiento de incrementar el impuesto al carbono, ello, automáticamente, conllevará un aumento en el precio de $425 más, aproximadamente.

Así las cosas, el Fondo de estabilización de precios de los combustibles (FEPC) cerrará este año con un déficit de $10 billones, aproximadamente, pudiendo ser mayor el año entrante.

Amylkar Acosta

El gas natural, el energético estratégico

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Nov 25, 2024. Publicado en Opinión.

El gas natural irrumpe en la escena energética con la segunda transición energética, que tuvo su detonante en la guerra del Yon Kippur (octubre de 1973), cuando el embargo petrolero de los países árabes en contra de los aliados de Israel, llevó a estos a diversificar la matriz energética incorporando a la misma tanto al gas como el carbón, que desde entonces empezó a vivir su segunda juventud. Y ello al tiempo que las 7 hermanas, que era como se conocían las mayores empresas petroleras en el mundo convinieron también en diversificar su portafolio de inversiones, apostándole a la industria del gas y del carbón.

Ello explica la asociación de la multinacional petrolera Texas con ECOPETROL (1974), para explorar y explotar el gas natural en Colombia, que derivó en el hallazgo del más importante yacimiento de gas en La Guajira, al tiempo que otra petrolera, la EXXON, a través de su filial INTERCOR, se asoció con CARBOCOL (1976) para explorar y explotar el mayor yacimiento de carbón a cielo abierto en el país, El Cerrejón.

El descubrimiento de gas natural offshore en La Guajira se dio en el momento que el país más lo necesitaba, dado que en 1975 Colombia había perdido la autosuficiencia petrolera y había pasado de ser exportador a importador neto de crudo, a precios exorbitantes cuando se les compara con los precios de enantes a los que exportó. Juan Francisco Villarreal, por aquellas calendas Presidente de ECOPETROL acuñó la frase de que Colombia no tenía naranjas (petróleo) pero tenía limones (gas) e inspiró la estrategia de reemplazar por gas natural como combustible de las centrales térmicas de generación en la región Caribe al fueloil y las cantidades de este que se liberaron se exportó, con tanto éxito que a poco andar se convirtió en el segundo renglón de exportación después del café.

Con gran visión de futuro, el ex ministro de Minas y Energía Guillermo Perry Rubio (1986 – 1988), planteó su política del Gas para el cambio, tendiente a masificar el consumo del gas en Colombia para distintos usos (domiciliario, vehicular, generación de energía e industrial), sustituyendo energéticos más escasos, costosos y contaminantes. De esta manera Colombia se adelantó a la Transición energética, hoy en boga, que contempla al gas natural como el energético de la Transición. Lo demás es historia, Colombia recobró su autosuficiencia petrolera diez años después, con el hallazgo de petrolero y con él gas asociado en Caño Limón primero y posteriormente Cusiana, Cupiagua, Pauto y Volcaneras, en el pie de monte llanero, que sirvieron de nueva fuente de suministro de gas.

Pero, como dice el adagio popular todo lo que comienza como chorro termina goteando, máxime cuando se trata de un recurso natural no renovable, expuesto a su agotamiento. De manera que con la declinación de los campos de gas de la guajira y del pie de monte llanero pasamos de un mercado de abundancia a otro de escasez y en esas estamos. En los últimos 15 años (2007 – 2022) las reservas de gas han caído el 50%, situándose en los 2.3 TPC, que a duras penas apenas alcanzarían para 6 años y con ellas ha caído también la producción el 9% entre junio de 2023 y junio de este año, pasando de 1.170 MMPCD hasta los 900 MMPCD.

Según la Directora de la Gestora del Mercado de gas natural de la Bolsa mercantil de Colombia, se prevé que el potencial de producción caerá el 19.8% entre los años 2024 y 2026. Y como la demanda crece y crecerá aún más hacia el futuro, como sustituto del carbón y de los combustibles líquidos, según la Gestora para el 2025 se estima el déficit en un 12% (120 MMPCD) y para el 2026 de un 305 (350 MMPCD). Déficit este que tendrá que cubrirse con importaciones.

No obstante, el negacionismo del Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho lo llevó a decir que “no es cierto que vayamos a tener escasez de gas los próximo años, no hay ninguna crisis energética y no estamos ante un riesgo inminente de desabastecimiento, razón por la cual no hay ningún traslado de costos adicionales a los usuarios”. Por su parte el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Orlando Velandia afirmó sin pestañear que “estamos viendo es que algunos agentes están contratando más del gas que realmente necesitan. esto deja a otros sectores, como el residencial o el parque térmico, sin posibilidad de acceder al recurso”. Es decir, que para ellos se trataba de un caso de acaparamiento y no de escasez.

Pero ello no fue óbice para que a poco andar se convencieron de que, como lo afirmó la Presidenta de NATURGAS Luz Stella Murgas “el déficit del gas natural es una realidad, no es una narrativa” y terminaron retractándose y dando su brazo a torcer, expidiendo, a instancia del Ministro, el Decreto que habilita y hace posible las importaciones. Ahora el Gobierno se ha ido al otro extremo, el Presidente Gustavo Petro ha considerado como estratégico contar con otra u otras regasificadoras que convertirán “el gas natural licuado en gas listo para su distribución reduciendo la dependencia de importaciones y estabilizando el precio interno”.

Por Dios, pero de donde va a salir el gas licuado, si no es el que importamos, para transformarlo en “gas listo para su distribución”. Y, además, será que importando gas licuado vamos a reducir la dependencia del mismo, considerado como estratégico para el sector energético y para la economía nacional. Definitivamente, este Gobierno está tan errático como despistado, a toda hora dando señales equívocas y equivocadas al mercado. Viene como anillo al dedo una frase atribuida al ex presidente de EEUU Harry Truman, a propósito de los mensajes oficiales: si no puedes convencerlos, confúndelos!

Amylkar Acosta

Alerta roja por inminente desbordamiento del río Ranchería

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Nov 17, 2024. Publicado en Opinión.

Han transcurridos 14 años desde que se inauguró la Presa de El Cercado en el sur de La guajira, primera fase del Proyecto multipropósito del Río Ranchería y desde entonces allí permanecen embalsadas 180 millones de metros cúbicos de agua, sin que se avance en la segunda fase que contempla dos distritos de riego, el de El Ranchería y el de San Juan cesar, para irrigar 18.000 hectáreas, una pequeña central hidroeléctrica, con capacidad de 20 MW y el abastecimiento de agua potable para 8 de los 15 municipios del Departamento. Hemos sido reiterativoS al demandar de los sucesivos gobiernos la ejecución de esta segunda fase, para que este proyecto deje de ser el más escandaloso y costoso elefante blanco en el país. Allí están enterrados $637.369.4 millones!

En febrero 26 de este año llamamos la atención de la Agencia de desarrollo rural (ADR) y del Presidente Gustavo Petro, al enterarnos de que el contrato con la firma OR Construcciones Ingenierías S.A.S para administrar, tener el control técnico, la operación y el mantenimiento de la infraestructura de la presa de El Cercado con el fin de garantizar la preservación y mantenimiento de los costosos equipos allí instalados, en condiciones de seguridad, había terminado el 15 de diciembre del año pasado y no se había renovado. Y ello, a pesar del requerimiento al respecto por parte del Director ejecutivo de CORPOGUAJIRA Samuel Lanao.

Manifesté, entonces, mi preocupación por el hecho de que “desde entonces las instalaciones y la presa de El Cercado misma están al garete, sin quien las administre, opere y mantenga, poniéndolas en alto riesgo de una contingencia. Cabe advertir que allí están instalados equipos y accesorios críticos que ameritan una operación especializada para garantizar su normal funcionamiento, entre ellos, a guisa de ejemplo, las válvulas de fondo Howell Bunguer, las cuales requieren maniobras constantes con el fin de garantizar su normal funcionamiento y conjurar oportunamente fallas que puedan comprometer

su operatividad. Lo propio puede decirse con respecto al funcionamiento de la planta eléctrica que proporciona el fluido eléctrico que requieren”.

Advertimos, además, que “la presa de El Cercado y el agua allí embalsada tienen una dinámica hidráulica propia que requiere un estricto control y vigilancia con el fin de monitorear la corriente del río, cumplir a cabalidad el ´caudal ecológico´ exigido por CORPOGUAJIRA, así como con el suministro de agua cruda a los acueductos de Fonseca, Barrancas y Distracción. Cabe preguntarse hasta cuándo se va a prolongar esta situación de imprevisión e improvisación, rayana en la irresponsabilidad, que pone en alto riesgo la integridad de la Represa del Río Ranchería, hoy a la deriva, que compromete de paso su carácter multipropósito, que sólo se podrá materializar mediante la ejecución de la segunda fase de este proyecto aún inconcluso”3.

En esas estamos ahora cuando debido a las altas precipitaciones el nivel de llenado del embalse pasó de 79.81% el 1 de noviembre al 98.28% el 12 de noviembre, lo que representa un aumento inusitado en tan corto tiempo. Ello llevó a la Dirección departamental de Gestión del riesgo y a la Agencia de desarrollo rural (ADR) a advertir a las poblaciones ubicadas aguas abajo en el área de influencia del embalse sobre el riesgo potencial, que a nuestro juicio es inminente, de inundaciones y avalanchas.

Afirma la ADR en un comunicado que la “operación de válvulas de descarga, así como el funcionamiento del vertedero de excesos, mitigan los efectos que puedan presentarse ante la ocurrencia de crecientes súbitas aguas arriba de la presa. No obstante, la alerta continúa, ya que el embalse se encuentra en el 100% de su capacidad”4. Pero, cabe preguntarse cómo va a hacer para afrontar esta contingencia si a la fecha aún sigue sin contratarse la administración, mantenimiento y operación de la presa de El Cercado, por pura dejadez y negligencia. Estamos en las manos de Dios!

Amylkar Acosta

Esa película ya la vimos

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Nov 10, 2024. Publicado en Opinión.

Ecuador padece diariamente hasta 10 horas de racionamiento del servicio de energía. Esa película ya la vimos, se rodó en Colombia hace 32 años, cuando sufrimos los rigores de un racionamiento similar, que se extendió por espacio de 14 meses entre los años 1992 y 1993 (343 días, entre 9 y 10 horas de racionamiento, 15% de la demanda). Allá se está reeditando.

La causa raíz de cuanto acontece en Ecuador es muy similar al caso colombiano: 1) dependencia en un 79% de la generación hídrica (Colombia 80%). 2) atraso en la ejecución de los proyectos de generación y transmisión debido a la estatización del sector y a la falta de espacio fiscal (en Colombia absorbía el 45% de la deuda pública) para las inversiones requeridas. 3) de 3.000 MW capacidad instalada de generación térmica, solo 700 MW están operativos por obsolescencia y falta de mantenimiento por falta de recursos. 4) las tarifas las fija el ejecutivo, sujeta a consideraciones políticas y no técnicas. 5) entonces como ahora, la sequía sirvió de detonante del apagón ya que, parodiando a Warren Buffet, podemos decir que cuando el nivel del agua en los embalses baja es que se sabe quién venía nadando desnudo!

Como antecedente de la calamidad, que significó para el país el apagón, es importante destacar que entre los años 1990 y 1991 se adelantaron varios congresos internacionales sobre la energía, en los cuales se empezó a ventilar la necesidad de una reforma del Sistema, constituyéndose el apagón en el catalizador que la hizo posible. De allí que la expedición de las leyes de servicio público (142 de 1994) y eléctrica (143 de 1994), que son hermanas siameses y no se puede entender la una sin la otra, fueran su respuesta, asimilando las lecciones aprendidas del mismo.

El paso más importante ya lo había dado la Constituyente de 1991, al establecer en el artículo 365 de la nueva Constitución Política que, aunque es el Estado quien debe garantizar la prestación de los servicios públicos, que son esenciales y en consecuencia, como lo ha reiterado la Corte es un derecho fundamental para los ciudadanos, también lo pueden prestar las “comunidades organizadas o los particulares”. Ello se tradujo en una inversión por parte de los privados de $140 billones, aproximadamente, en los últimos 30 años, aupada especialmente por los contratos de Oferta de energía en firme (OEF) correspondiente al Cargo por confiabilidad. La capacidad instalada de generación pasó de 8 GW en 1995 a 21.3 GW en 2024, para un incremento del 266%. La cobertura pasó del 70.9% en 1990 a 98.72% en 2023. Y el número de usuarios pasó 4.4 millones 1990 a 17.7 millones en 2023.

El Estado se reservó su función reguladora, prevista en el mismo artículo 365 de la Carta y la vigilancia a través de la Superintendencia de servicios públicos, la única de rango constitucional, llamada a proteger al usuario de los servicios públicos. La Ley de servicios públicos le dio vida a las comisiones de regulación, entre ellas la Comisión de regulación de energía y gas (CREG).

Ello le ha valido al Sistema energético colombiano una buena calificación por parte del Foro económico mundial (FEM) y del Consejo Mundial de energía (WEC, por sus siglas en inglés). Para el primero, según su reporte, Colombia ocupa el 10º lugar entre 126 países considerados por el desempeño de su arquitectura energética y de acuerdo con el Trilema de la WEC (seguridad, sostenibilidad y equidad) Colombia se sitúa en el puesto 35 entre 130 países evaluados!

De allí que podamos afirmar con contundencia que se equivoca el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho cuando afirma que “este gobierno ha venido a enfrentar problemas estructurales de un modelo económico neoliberal. 30 años después de este modelo de servicios públicos las empresas no le han garantizado los derechos a la gente”. Y menos con que dizque “las empresas de servicios públicos están prácticamente expropiando los bolsillos de los colombianos”, cuando en materia tarifaria, contrariamente a los sostenido por el Presidente Gustavo Petro, en el sentido de que “Colombia es el único país en América Latina que no tiene su sistema de tarifas regulado por el Estado”, es la CREG quien fija las tarifas del servicio de energía, partiendo de dos principios fundamentales: el de la suficiencia financiera de las empresas y los costos eficientes de estas (artículo 87 de la Ley 142 de 1994), es decir las empresas no le pueden trasladar sus ineficiencias al usuario.

De modo que está fuera de lugar la declaración del Ministro Camacho en el sentido de declararse “un Ministro del lado de los usuarios”, al tiempo que manifestó enfáticamente que “no vamos a permitir que las tarifas sigan subiendo” sin decir cómo ni cuándo, al tiempo que amenazó con tomar “medidas regulatorias y económicas para que no se cargue el costo del mercado a los usuarios, que es lo que viene pasando históricamente”. Se equivoca de medio a medio!

Gracias a esta institucionalidad, Colombia ha podido soportar y resistir los embates del fenómeno de El Niño y se muestra como el único país en Latinoamérica que no ha tenido racionamiento en los últimos 30 años. No obstante, hoy estamos enfrentados a un riesgo de racionamiento, pero por razones diferentes a las de antaño: la crisis financiera de las empresas comercializadoras de la energía, a causa de lo que le debe la Nación por concepto de los subsidios de energía ($2.5 billones) y por cuenta de opción tarifaria ($5 billones), la escasez de gas natural, pero sobre todo la estrechez de la oferta de energía que le resta margen de maniobra al Sistema (no supera el 10%), en momentos en los que los embalses de las hidroeléctricas siguen sin recuperarse satisfactoriamente, situación ésta que puede llegar a ser el detonante de un posible racionamiento del servicio de energía.

Amylkar Acosta

La ironía como arte de gobernar

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Oct 31, 2024. Publicado en Opinión.

Al anunciar su demanda contra el Decreto 934 de 2013, expedido por el ex ministro de Minas y Energía Federico Rengifo, el Alcalde de la Capital por aquellas calendas Gustavo Petro manifestó que “según el Distrito la norma en cuestión es regresiva, desborda el régimen constitucional, legal y jurisprudencial existente en el país en materia de autonomía territorial, protección ambiental y de planificación y ordenamiento territorial, por lo que se procederá a su demanda ante el Consejo de Estado, con la correspondiente solicitud de suspensión provisional”, como efecto lo hizo.

Y en su decisión de segunda instancia la Sección tercera del Consejo de Estado anulando esta norma trajo a colación la Sentencia de la Corte Constitucional (C – 123 de 2014), “la cual definió que la toma de decisiones sobre el desarrollo de proyectos mineros debe responder a la participación de la Nación y los municipios mediante acuerdos sobre la protección de cuencas hídricas, la salubridad de la población y el desarrollo económico, social y cultural de sus comunidades”. Es decir que la Nación no podía desconocer la autonomía territorial consagrada en el artículo 287 de la Constitución política, avasallando con sus determinaciones a las entidades territoriales. Y fue más lejos el Consejo de Estado al dejar establecido que la Nación “deberá acordar con las entidades territoriales todo lo atinente al Plan de manejo ambiental (PMA), bajo los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, previstos en el artículo 288 de la Carta”. Así de claro!

Y qué dice la Sentencia de la Corte Constitucional. Esta dirimió el conflicto de competencias planteado a partir de la interpretación del artículo 37 de la Ley 685 de 2001 del Código de Minas, que había dado lugar a un enfrentamiento entre los municipios, que se habían arrogado la facultad de impedir la actividad minera en sus territorios, ya fuera a través de consultas populares, la primera de ellas en el Municipio de Piedras, celebrada el 28 de julio de 2013, secundada por otra aupada por el entonces Alcalde de Ibagué y hoy Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, mientras el Ministerio de Minas y Energía mediante el Decreto objeto de la demanda lo prohibió.

Después de varios bandazos por parte de la Corte Constitucional en los que falló ora dándoles la razón a las entidades territoriales ora dándole un espaldarazo a la Nación, finalmente emitió una providencia unificadora en el sentido que “al igual que no puede concluirse que el Constituyente estableció un principio de autonomía territorial sin límite alguno, tampoco es válido afirmar que el principio de Estado unitario avala cualquier regulación legal que, en pos de distribuir competencias, establezca límites a contenidos esenciales del principio de autonomía territorial”, reivindicando de esta manera los principios de la descentralización y la autonomía territorial, tan venidos a menos en los tiempos que corren como producto de la avalancha re-centralizadora que siguió a la expedición de la Constitución de 1991.

Traigo a colación estos antecedentes a propósito de la expedición el 30 de enero del Decreto 044 de 2024 por parte de la Ministra de ambiente y desarrollo sostenible (MADS) Susana Muhamad, según ella para “evitar que se otorguen nuevos títulos y licencias en aquellos ecosistemas sensibles donde nunca ha debido haber minería”. Además de contrariar lo dispuesto en el artículo 34 del Código de Minas, que es Ley de la República, de rango superior a dicho Decreto, al darle un gran poder de discrecionalidad para determinar las “reservas temporales” al MADS se lleva de calle el principio de la autonomía territorial, así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la del Consejo de Estado que obliga a la concertación entre la Nación y las entidades territoriales.

La preocupación es mayor en la medida que se podría llegar al extremo, según lo establece la norma cuestionada, que las áreas delimitadas como tales pueden “culminar con la restricción o exclusión definitiva de la minería”. Olvida la Ministra que su Despacho es del Medioambiente y el desarrollo sostenible, conceptos estos inseparables y compatibles. En su lugar, el Gobierno debería apoyar y avalar el trámite en el Congreso de la República del proyecto de ley de coordinación y concurrencia entre las autoridades nacionales y territoriales y de participación ciudadana para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables, tal como se lo han solicitado reiteradamente las altas cortes.

Este es el camino para superar conflictos como el paro minero en contra de este esperpento jurídico: la concertación entre la Nación y los territorios!

Es irónico que esto ocurra en un Gobierno presidido por el Presidente Petro, quien siendo Alcalde Mayor del Distrito de Bogotá le plantó cara al Gobierno Nacional en defensa de la autonomía territorial que ahora se transgrede con este Decreto, que va en la misma dirección de la decisión de la Agencia Nacional Minera, retomando las facultades y competencias delegadas al Departamento de Antioquia. Es la recentralización en marcha, en menoscabo de la autonomía territorial, la misma que el Presidente y el Ministro Jaramillo defendieron a capa y espada como alcaldes. Las decisiones dejarán de tomarse desde los territorios para tomarse en los escritorios por parte de la burocracia enquistada en la paquidérmica estructura del andamiaje centralista, ninguneando a las autoridades territoriales. Esta es la ironía como arte de gobierno.

Amylkar Acosta

Esa película ya la vimos

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Oct 27, 2024. Publicado en Opinión.

La causa raíz de cuanto acontece en Ecuador es muy similar al caso colombiano: 1) dependencia en un 79% de la generación hídrica (Colombia 80%). 2) atraso en la ejecución de los proyectos de generación y transmisión debido a la estatización del sector y a la falta de espacio fiscal (en Colombia absorbía el 45% de la deuda pública) para las inversiones requeridas. 3) de 3.000 MW capacidad instalada de generación térmica, solo 700 MW están operativos por obsolescencia y falta de mantenimiento (Colombia : ídem, el caso más patético fue el de CORELCA) por falta de recursos. 4) las tarifas las fija el ejecutivo, sujeta a consideraciones políticas y no técnicas ( en Colombia se hizo célebre la frase de un Presidente dando instrucciones para que subieran “ondulantemente suave” sin consultar los costos, afectando el flujo de caja de las empresas) 5) entonces como ahora, la sequía sirvió de detonante del apagón ya que cuando el nivel del agua baja es que se sabe quién venía nadando desnudo!

Veámonos en el espejo de Ecuador y como dice el adagio cuando las barbas de tu vecino veas arder pon a remojar las tuyas!

Amylkar David Acosta Medina

El petróleo sigue siendo el rey

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Oct 7, 2024. Publicado en Opinión.

Luego de la Conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP21) en 2015 y la firma del Acuerdo de París, el petróleo quedó en el lado equivocado de la historia, dado que su consumo y el de sus derivados constituyen la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causantes del Cambio climático y el propósito fundamental para contrarrestarlo es la descarbonización de la economía.

Con razón la ex secretaria de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Christiana Figueres, sentenció: “hay que agradecerles a los hidrocarburos por lo que han hecho de la economía de Colombia, porque este país no sería lo que es si no fuera por la exportación de carbón y petróleo. Por esta razón no se pueden meter dentro de la cajita de los diablos y satanizarlos. Sin embargo, llegó la hora de reconocer que es una actividad que tuvo su momento de sol, pero hoy ya está en el atardecer y tenemos que, prudentemente buscarle alternativas rápidas ya”. No cabe, entonces, la menor duda de que los hidrocarburos tendrán menos futuro que pasado.

Todos los países signatarios del Acuerdo de París contrajeron el compromiso de reducir sus emisiones en un porcentaje, en el caso de Colombia en un 51%, hacia el 2030, considerado como la meta volante para alcanzar la carbono-neutralidad en el 2050. Pero la COP 26 tuvo el cuidado de establecer que la responsabilidad adquirida por cada país aunque es común es diferenciada. Y, tal como quedó consignado en la Declaración final de la COP 28, que tuvo lugar el año anterior en Dubai, se le pide a las partes que contribuyan “con una lista de acciones climáticas, de acuerdo con sus circunstancias nacionales” y “acelerar la Transición energética sostenible, asequible y inclusiva, teniendo en cuenta los diferentes puntos de partida, circunstancias y vías nacionales”. Esto, para significar que cada país se debe dar su propia Hoja de ruta para la Transición energética.

No obstante, el actual gobierno, que preside Gustavo Petro, se ha dejado llevar por el voluntarismo renunciando prematuramente a los hidrocarburos, dándole la espalda, cuando el resto del mundo se limita a tomar distancia, alejándose gradualmente de ellos. Tanto la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez como el Ministro actual Andrés Camacho han sido categóricos y reiterativos al afirmar que durante este cuatrienio no se firmarán nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos.

En la COP 28, el Presidente Petro fue más lejos aún, al firmar el Tratado de no proliferación de combustibles fósiles, paso este en falso que compromete a Colombia no sólo a no firmar nuevos contratos sino a frenar en seco tanto la actividad exploratoria como la producción de hidrocarburos. El mismo dispone, según lo remarcó el mismo Presidente Petro, “cero exploración nueva” y “cero proyecto de explotación nueva en el mundo”.

}Declaraciones como estas han desalentado la actividad de las empresas petroleras en Colombia. Es así cómo, según la Cámara colombiana de bienes y servicios de petrolero, gas y energía (CAMPETROL), en el 2023 se perforaron sólo 51 pozos exploratorios, representando una caída del 45.2% con relación a los 93 perforados en 2022. También se vio afectado el número de pozos perforados en desarrollo, los cuales cayeron el 9.1%, al alcanzar no más de 597 pozos en 2023. Así mismo se contrajo la actividad sísmica 2D equivalente, limitándose a los 1.367 kilómetros, 28.2% menos que el año anterior. Finalmente, en diciembre de 2023 se reportaron, en todo el territorio nacional, 117 taladros activos en total, para una disminución del 23.5% respecto al mismo mes de 2022.

Mientras tanto lo que denotan los registros en el resto del mundo es una febril actividad de las empresas petroleras. Lo que informa la Agencia internacional de energía (AIE) es que en 2022 la producción mundial de crudo se incrementó el 5.4%, superando la tasa de crecimiento de 1.6% en 2021 y la media del intervalo 2010 – 2019, de la prepandemia, de 1.3%, jalonada por la reactivación de la economía global y en un contexto de ajuste progresivo de la oferta de crudo por parte de la OPEP+. Y, según su más reciente pronóstico la oferta de crudo subirá 1.5 millones de barriles más al día hasta alcanzar un nuevo máximo histórico de 103.5 MMBD en 2024, después de los 102 MMMBD en 2023.

A ello habrán de contribuir el récord de producción por parte de EEUU, que supera la de Arabia Saudita, ubicándose en el primer lugar entre los productores, Brasil que, según ha anunciado tiene entre sus planes pasar de producir 3.7 MMBD actualmente a 5.4 MMBD en 2028, para convertirse en el cuarto productor mundial de crudo, Canadá y la revelación en la que se ha convertido Guyana que ya produce 600.000 barriles y a poco andar, alcanzará la producción de 1 MMBD, del cual se ha venido alejando Colombia desde el año 2016. Dicho de otra manera, el petróleo que deje de producir Colombia no le hará falta al mundo y como lo afirmó Sergio Cabrales, experto de la Universidad de Los Andes, “dejar de firmar nuevos contratos de exploración y producción no tiene ningún efecto en la reducción de CO2 a nivel global”, como lo cree el Gobierno pensando con el deseo.

Amylkar Acosta

La clavija de la opción tarifaria

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Sep 22, 2024. Publicado en Opinión.

La Opción tarifaria nunca se ha debido cobrar a los usuarios del servicio de energía y paso a explicar por qué. Si bien su aplicación era una posibilidad para sortear la dificultad por parte de ellos de asumir las alzas en las tarifas en momentos en los que la pandemia del COVID – 19 los agobiaba, ellos han debido recibir el mismo trato que se les dio por las mismas circunstancias a la empresas y a los empresarios. El Gobierno Duque aplicó un doble rasero, favoreciendo a estos y clavando, inexplicablemente, con la clavija de la Opción tarifaria a aquellos.

Veamos. El 6 de febrero de 2020, se expidió la Resolución CREG 012, mediante la cual se dispuso que la Opción tarifaria, que no era otra cosa distinta que se suspendía transitoriamente el cobro de las alzas tarifarias y por lo tanto se aplazaba su pago por parte de los usuarios. Estos deberían pagarla posteriormente en “módicas cuotas” hasta saldar la deuda, sobre la cual además deberían pagar todos los usuarios del servicio que recibieron este “beneficio”, que a la postre no lo fue, intereses no tan módicos. Esta deuda fue in crescendo hasta superar los $5 billones.

A lo usuarios nunca se les explicó este mecanismo y asumieron que se habían congelado las tarifas de energía, no sabiendo que se les estaba suspendiendo y no condonando el pago. Y así les quedó allí esa deuda no declarada con las empresas prestadoras del servicio. Y como no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague, cuando estas empezaron a cobrarla en las facturas vino el crujir de dientes.

En contraste con lo que les sucedió a los usuarios del servicio de energía eléctrica, el propio Presidente Iván Duque, mediante el Decreto 417 de 2020, ordenó girarle a las empresas la suma de $10.38 billones, dos veces el monto de la deuda por la Opción tarifaria, como “apoyo del pago de la nómina” y el “pago de la prima de servicios”. Esta medida tuvo un objetivo loable y justificado, como fue “la protección del empleo y a la actividad económica”. No hay que negarlo. Pero a nadie en el Gobierno se le ocurrió que las empresas, una vez superada la crisis que dio lugar a esta ayuda por parte del Estado, les reintegraran dichos recursos.

Por qué, en cambio, no se le dio el mismo tratamiento a los usuarios del servicio de energía. El pago de la deuda de la Opción tarifaria nunca debió recaer sobre los usuarios del servicio de energía, para que la pagaran de su bolsillo, los recursos para su pago a las empresas comercializadoras han debido salir de donde mismo salieron los que el Estado les transfirió a las empresas, del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). No hay derecho, carajo!

Este giro se hizo “con cargo a los recursos del FOME”, que son recursos públicos, creado mediante el Decreto legislativo 444 de 2020 y cuya principal fuente de financiación ($14.8 billones) fue el Sistema General de Regalías (SGR). Aquí hago una digresión para llamar la atención de los gobernadores y alcaldes, porque en el artículo 332 de la Ley 2294 del Plan Nacional de desarrollo 2022 – 2026”, se dejó en claro que “los derechos y obligaciones a cargo del FOME que sean exigibles a la fecha de su liquidación serán asumidas por la Nación”. De manera que allí están los “derechos y obligaciones a cargo del FOME…asumidas por la Nación”, que son exigibles por parte de ellos, a quienes bastante falta le hacen estos recursos para su inversión.

Ahora que se anunció por parte del Gestor interventor de AIR – E la suspensión del cobro y pago de la deuda por concepto de la Opción tarifaria, en momentos en los que los usuarios han pagado las dos terceras partes de la misma, bueno es aclarar que al igual que sucedió en 2020 con esa medida no se está exonerando al usuario del pago de la Opción tarifaria, ni se la están condonando. Esa deuda es como si fuera un nudo corredizo, que le sigue apretando el cuello al usuario, que la tendrá que pagar más temprano que tarde, porque, como dice el adagio popular, no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague!

Es de anotar que a los $265 menos por KWH en la factura de octubre a diciembre, por cuenta de la suspensión del cobro de la Opción tarifaria, hay que añadir los $105 menos por KWH que, desde el mes de abril se redujo en el cargo por pérdidas reconocidas (PR) en la fórmula tarifaria, dejando de cobrar las pérdidas no técnicas, por una disposición regulatoria que así lo dispone y aplica ante el incumplimiento de las inversiones a las que estaba obligada la empresa Air – e. Ello no lo ha notado el usuario porque al tiempo que se le redujo a la mitad el cargo por pérdidas reconocidas se hacía sentir la carga de la Opción tarifaria.

Ahora que el Presidente Gustavo Petro acaba de anunciar que terminará la “cláusula que traslada pérdidas por falta de pago a usuarios que sí pagan”, esa determinación sólo cobijaría a los 1.7 millones de usuarios de AFINIA, porque como ya quedó dicho se dejó de aplicar a los de AIR – E. De todos modos, les toca esperar porque, como viene sucediendo con el compromiso contraído desde mayo por parte del Presidente Petro de asumir la deuda por concepto de la Opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3, ello todavía está en veremos. Dicho de otra manera, del dicho al hecho hay mucho trecho.

Amylkar Acosta