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La tormenta perfecta

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Sep 11, 2023. Publicado en Opinión, Sin Reservas. No hay comentarios en La tormenta perfecta

Súbitamente, hace 15 días, se presentó una contingencia, sin solución a la vista, en el campo Jobo, ubicado en el Departamento de Córdoba, productor de gas natural y operado por la empresa CANACOL ENERGY. Ello la obligó, por fuerza mayor, a suspender la entrega de 37 MMPCD de gas natural a la que está comprometida con el mercado no regulado, lo cual se ha traducido en un racionamiento del 10% de la oferta de gas, que viene a sumarse, en una especie de tormenta perfecta, al racionamiento del servicio de energía que padece la región Caribe. Es de anotar que CANACOL ENERGY es el segundo proveedor en la región Caribe después de HOCOL, filial de la estatal ECOPETROL.

Como se dice coloquialmente, esta es otra pata que le nace al cojo. Empresas como Tecnoglass, Monómeros, Gracetales, Cartón Colombia y Cerromatoso, están enfrentando serios traumatismos en su operación, a consecuencia de esta restricción en el suministro de gas. Este último es el caso más patético porque, además de ser el mayor consumidor (entre 15 y 18 MMPCD), no tiene alternativa distinta al gas natural y de remate, según comunicado de la compañía “al no tener el suministro del gas de manera estable y continua, ello implica subirle la potencia a los hornos, lo que conlleva unos riesgos importantes en su estructura y eventualmente se podría llegar a un daño catastrófico y la reparación de cada horno está en los US $180, aproximadamente”. Es asunto de vida o muerte para CMSA.

Como se lo han planteado las factorías afectadas al alto Gobierno, “las restricciones generan afectaciones a los clientes en sus niveles de producción, costos de producción, precios de venta, e incluso a sus equipos de producción, con daños potencialmente irreversibles”². Sobre todo en aquellos casos en los cuales no se cuenta con sustituto idóneo, como sería la electricidad, para mantener su operación, que son la mayoría de ellas. Con el gravante de que en este preciso momento se presenta una limitación de suministro de electricidad, que está siendo suplida por las térmicas, que operan sobre todo con gas natural como combustible.

Este déficit en el suministro de gas natural contratado por parte de las dos empresas distribuidoras que cubren el mercado de la región Caribe (Gases del Caribe y

Surtigas) con Canacol Energy, comprometen el 50% del volumen de la capacidad contratada en firme con respaldo físico, lo cual tiene un efecto dominó “aguas abajo”. Por fortuna, esta falla en el suministro no está afectando ni al consumo domiciliario ni al vehicular, como tampoco al parque térmico, que tiene en la regasificadora del Cayao su respaldo para proveerse de gas natural importado siempre que lo requiere.

La escalada alciste de los precios del gas natural

La opción de comprar el gas natural faltante en el mercado spot sale demasiado costoso, a precios mucho más alto que el convenido en los contratos vigentes ahora interrumpidos, debido a que en los últimos meses la cotización del gas natural ha estado por las nubes. Basta con decir que su precio pasó en un solo año de US 2.55 el MMBTU en enero de 2022 a US $5.11 en enero de 2023, el doble y en el último mes de este año ha oscilado entre los US $12 y los US $16 el MMBTU (¡!). Esta escalada alcista de los precios tuvo su detonante en la invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones de los países que hacen parte de la OTAN a Putin. Esta, entonces es un coletazo de la crisis energética global que desató³.

De la abundancia a la escasez

Una vez más este impasse pone de manifiesto que Colombia hace rato pasó de la abundancia a la escasez de gas natural, debido fundamentalmente a la declinación de las reservas de gas en los yacimientos de La Guajira⁴, atenuada por los nuevos hallazgos en el Departamento de Córdoba y Sucre (Bloque Sinú). Según el más reciente informe de la ANH contentivo del balance reservas/producción, a la vuelta de 3 años la importación de gas natural dejará de ser la excepción para convertirse

en la regla ⁵ . Por fortuna, el descubrimiento de una nueva provincia gasífera offshore, que tiene como epicentro el Pozo Orca en proximidad de las dos plataformas de Chuchupa en La Guajira, constituye una noticia esperanzadora.

Empero, como afirma Alberto Consuegra, Vicepresidente ejecutivo de ECOPETROL, allí “hay un gran volumen y una gran cantidad de gas, pero tiene retos. Esos retos son confirmar que los hallazgos y descubrimientos se pueden madurar para llevarlos a la fase de desarrollo y convertirlos en reservas de gas. Ese va a ser el reto”⁶. Razón tiene, entonces, el Presidente de ECOPETROL Ricardo Roa, cuando plantea la necesidad de “poner el acelerador y hacer cronogramas más rigurosos”⁷, para que las reservas probables y contingentes se tornen en reservas probadas. Con tal fin, se aprestan a perforar el pozo delimitador en Orca para así y sólo así poder establecer el tamaño del yacimiento⁸.

¿Qué hacer?

Pero, mientras tanto, cabe preguntarse qué hacer para sortear la actual encrucijada. En primer lugar el Grupo térmico, a cuyo servicio está la terminal regasificadora ubicada en la isla de Barú en Cartagena, tiene permanentemente fondeado un buque metanero, con capacidad de almacenar hasta 530 MMPC de gas natural licuado (GNL) importado, el cual sirve de respaldo para garantizar el combustible para la operación de sus plantas de generación. De este volumen, por limitaciones logísticas se dispone de 450 MMPCD, de los cuales estas deben disponer 350 MMPCD para cumplir con el compromiso de ofertar energía en firme (OEF) con cargo de confiabilidad, de manera que bien podría liberar parte del remante para superar la actual coyuntura de desabastecimiento. Otra alternativa es que las térmicas utilicen el gas importado en lugar del gas doméstico, liberando parte de este, mientras se subsana este traspié.

Estas medidas se pueden complementar, como lo plantea PROMIGAS, eliminando “la restricción regulatoria temporalmente permitiendo la comercialización de estas cantidades para periodos inferiores a un año, y así, solventar los requerimientos de gas generados por restricciones en el suministro” y de paso “asignar las restricciones de gas natural a prorrata de los consumos de cada usuario que cuente con contrato en firme, de forma directa o a través de su comercializador”.

Finalmente, para evitar que situaciones como esta se repitan hacia el futuro, ya sea en la región Caribe o en el centro del país, la CREG debe agilizar el trámite de la Resolución que permita que opere la bidireccionalidad de los gasoductos de

5 Amylkar D. Acosta M. Las cifras no mienten. Junio, 4 de 2023

6 El Nuevo Siglo. Julio, 24 de 2023

PROMIGAS y TGI, que se empalmaron desde el 1º de abril pasado, con punto de convergencia (STN) en La paz (Cesar), estableciendo los cargos para posibilitar las inversiones en capacidad de compresión, que se requieren para pasar de la capacidad de transporte actual, que es de sólo 50 MMPCD hasta los 170 MMPCD. Para luego es tarde!

Cota, septiembre 3 de 2023 www.amylkaracosta.net

Se incumplen los ODS

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Sep 4, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Amylkar D. Acosta Medina¹

En el año 2015, hace exactamente 8 años, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), como solución de continuidad de los Objetivos de Desarrollo del del Milenio, también conocidos como Objetivos del Milenio, acordados en el año 2000. Es de destacar que los ODS fueron acogidos inicialmente por parte de la Cumbre Río + 20 que tuvo lugar en el año 2012 a iniciativa del Gobierno de Colombia². El propósito fundamental es mejorar la calidad de vida de los más de 7.000 millones de habitantes del planeta, sobre todo la de los más vulnerables.

Pues bien, la Agenda 2030 desplegó 17 objetivos de desarrollo sostenible y fijó 169 metas a alcanzar. El secretario General de la ONU, en duro pronunciamiento sentenció que “a menos que actuemos ahora, la Agenda 2030 podría convertirse en el epitafio del mundo que pudo haber sido…a mitad de camino, esta promesa está en peligro…más de la mitad del mundo está rezagado. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible desaparecen por el retrovisor, al igual que las esperanzas y los derechos de las generaciones actuales y futuras”³.

Y no es para menos, dado que transcurridos 8 años más de 40 de las 140 metas a alcanzar no sólo no muestran avances sino que incluso se ha retrocedido con respecto a algunas de ellas. El resto de ellas acusa atrasos considerables, al punto que si el cumplimiento de las mismas sigue al ritmo actual, se prevé que para el 2030 575 millones de personas continuarán atrapadas en la pobreza extrema (US $15/ día de ingreso), lo cual aunque significaría una reducción de la misma del 30% con respecto al 2015 estaría muy lejos de su erradicación, muy lejos del primer objetivo que es poner fin a la pobreza en el mundo. Sólo 15%, aproximadamente, de las 140 metas específicas se alcanzarían a cumplir al final de la década.

Y qué decir con respecto al 2º de los objetivos, Hambre cero. Según Antonio Guterres, “el mundo volvió a niveles de hambre desconocidos desde 2005” ⁴ , atribuible en gran medida a dificultades de acceso a los alimentos, debido a que los precios de los mismos superan en muchos países los niveles del período 2015 – 2019. En efecto, el número de personas que sufría inseguridad alimentaria moderada o grave en 2021 se aproximó a las 2.300 millones, una de cada tres de ellas; entre tanto la desnutrición infantil sigue siendo un flagelo que azota a un gran conglomerado de la población a nivel mundial. A ello contribuyó mucho la crisis pandémica, que afecto el empleo y el ingreso, sobre todo en los países en desarrollo y de ingreso medio como Colombia.

Es más, en 2021 el número de personas que pasaban hambre estaba cerca de 800 millones, sobrepasando los niveles prepandémicos. En 2022 se estimaba que 45 millones de niños menores de cinco años sufría desnutrición grave y 148 millones habían visto afectado su crecimiento, mientras que 37 millones de niños tenían sobrepeso. Esto es alarmante!

Ante el peligro inminente del incumplimiento de la Agenda 2030 Antonio Guterres han planteado un “Plan rescate” de los ODS que pasa por la renovación del compromiso adquirido por los países signatario de los mismos, para lo cual se requiere la implementación de un plan de choque, con una inversión adicional a la ya comprometida de US 500.000 millones, para redoblar los esfuerzos y tratar de recuperar el tiempo perdido. De lo contrario, como lo afirma él “la falta de progresos supone que la desigualdad seguirá agravándose, aumentando el riesgo de un mundo fragmentado, con dos velocidades”⁵.

En una conferencia de prensa para presentar el más reciente y sombrío reporte de las Naciones Unidas sobre el grado de cumplimiento de los ODS, el Subsecretario general de la ONU Li Junhua manifestó su deseo de que los líderes políticos del mundo tracen “una nueva hoja de ruta”⁶ en la Cumbre prevista para los días 19 y 20 de septiembre en Nueva York, con el fin de darle mayor celeridad y agilidad a las acciones tendientes a dar cumplimiento a sus metas. Sólo quedan siete años para agotar el plazo, acotó y “los esfuerzos por cumplir los objetivos están en graves

problemas”⁷ y finalizó diciendo que “es hora de dar la alarma”⁸. Para luego es tarde, como dijo bellamente el gran escritor Jorge Zalamea Borda en su poema Viento del Este, No hay tiempo qué perder, hay vidas por ganar!

Cota, septiembre 2 de 2023

www.amylkaracosta.net

1 Miembro de Número de la ACCE

2 Amylkar D. Acosta M. Río + 20. Junio, 17 de 2012

3 El Nuevo Siglo. Julio, 11 de 2023

4 Ídem

5 Associated Press. Julio, 10 de 2023

6 Ídem

7 Ídem

8 Ídem

El sector eléctrico en ascuas

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Ago 28, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Por: Amylkar Acosta

“Con las mejores intenciones se generan los peores resultados”

Oscar Wilde

Entre las medidas tomadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto – ley 1276, expedido al amparo de la declaratoria de la Emergencia económica, social y ecológica, está la que dispone: “los contratos de suministro de energía media anual a largo plazo suscritos con ocasión de las subastas asociados a proyectos ubicados en el departamento de La Guajira, se modificarán en el sentido de suspender temporalmente la obligación de suministro de energía hasta que entre en operación el proyecto de generación objeto del contrato y como plazo máximo hasta el 22 de julio de 2025”.

Atrasos y conflictividad social

Se trata de los contratos de largo plazo (a 15 años) suscritos entre las empresas desarrolladoras de los 17 proyectos de los parques eólicos en La guajira con capacidad de generación de 2.525 MW de potencia y las firmas comercializadoras, como resultado de las subastas que tuvieron lugar en 2019 y 2021. Como es bien sabido estos proyectos acusan un notorio retraso en el cronograma de su ejecución, sólo 2 de ellos avanzan de conformidad con el mismo.

Según el Decreto en mención, “esto pone en riesgo la subsistencia de las familias y sus niños por la falta de oportunidades que implica la pérdida de demanda de bienes, servicios y empleo que resultan del desarrollo de los proyectos de transición energética en la región”. Y para sustentar este aserto, trae de los cabellos una frase desafortunada y sin sentido, extractada de una diatriba de INDEPAZ según la cual “es turbio en Colombia el panorama futuro de las energías renovables provenientes de parques eólicos”². Cabe preguntarse si algo tan “turbio” como las “energías renovables provenientes de parques eólicos”, permite “conjurar la situación de crisis y evitar la extensión de sus efectos”, como lo prevé dicho Decreto.

Se dice, además, que el retraso de estos proyectos trae consigo “el aumento de las situaciones de conflictividad social en las regiones con vocación extractiva”, cuando en este caso es al revés, son las “situaciones de conflictividad social” mal gestionadas por parte de los gobiernos anterior y este, la que ha retrasado la marcha.

de los mismos. No se puede, entonces confundir la causa con el efecto. Es cuestionable que “para hacerle frente a esta situación se requieren medidas dirigidas a aliviar, mediante la suspensión de contratos de suministro de energía para generadores de FNCER en el Departamento de La Guajira”. Sí, se trata de “aliviar” a una de las partes de un contrato bilateral, a los generadores, a expensas de la otra, los comercializadores.

Intervención o entrometimiento

Ello ha sido muy controvertido, porque al llevarse de calle la seguridad jurídica inmanente a toda relación contractual entre particulares, como en este caso, de acuerdo con el artículo 868 del Código de comercio la parte afectada podrá interponer una demanda de restablecimiento del equilibrio económico alterado por la intromisión del Estado en una clara extralimitación de sus funciones y competencias, al terciar a favor de una de las partes, los generadores. Y si prospera esta acción legal ante los tribunales, podría derivar, según lo prevé el artículo 90 de la Constitución Política, en que el Estado responda patrimonialmente “por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados” a las empresas comercializadoras.

Además, con esta medida que, según el Gobierno, busca “legitimar la intervención del Estado en estos contratos para suspender temporalmente la obligación de suministro de energía hasta que entre en operación el proyecto de generación objeto del contrato”, contraviene lo estipulado en el artículo 1602 del Código civil en el sentido que “los contratos son ley para las partes”. Será, entonces la Corte Constitucional la que tendrá la última palabra con respecto a la constitucionalidad y a la legalidad de la misma. En medio de semejante embrollo, armado por el entrometimiento del Estado en una relación contractual consentida entre particulares, el sector eléctrico está en ascuas.

Ello, además, propicia el riesgo moral, porque si hoy el Gobierno interviene para favorecer a unos agentes y afectar a otros en La guajira, mañana puede hacerse extensiva esta medida a otros lugares del país, alegando las mismas razones que se invocan en este Decreto. Esta es una pésima señal a la inversión y a los inversionistas y no contribuye a “construir las certezas” ³ de las que habló recientemente el novel Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, en sus primeras declaraciones ante los medios luego de asumir la cartera.

Es la propia Asociación de energías renovables – SER Colombia que las representa, la que al reaccionar frente a esta medida se pronunció en los siguientes términos: “reconocemos la buena intención del Gobierno. Quizá si no se hubiesen tomado

esta medidas no tendrían un buen futuro algunos proyectos. Es una situación coyuntural y puntual, pero la prioridad es el respeto al mercado y a la estabilidad jurídica”⁴. De ello se infiere que en este caso está afanando más el velón que el dueño de la olla!

Dura lex, sed lex

Ante semejante dislate, en respuesta a un requerimiento de la Presidenta de ACOLGEN Natalia Gutiérrez, la empresa XM, que administra y opera el Sistema interconectado nacional (SIN), puso de manifiesto las consultas que había elevado tanto al Ministerio de Minas y Energía como a la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, advirtiendo los funestos “efectos que tiene la suspensión de la obligación de suministro de energía de los contratos de largo plazo suscritos por los agentes vendedores con proyectos de generación ubicados en el departamento de la Guajira, en el cual se evidenció una alta exposición a bolsa y en consecuencia, un aumento considerable en el valor de las garantías calculadas por el Administrador del sistema de intercambios comerciales (ASIC) a partir del 18 de agosto de 2023; señalando igualmente los posibles impactos en cuanto a la continuidad en la prestación del servicio al usuario final, en caso de que los agentes compradores no cumplan con el cubrimiento de sus obligaciones”⁵.

No obstante, como dice el aforismo “dura lex, sed lex” y dicho Decreto tiene fuerza de Ley, XM terminó disponiendo “suspender temporalmente las obligaciones de suministro de energía”⁶ que tienen las empresas desarrolladoras de los proyectos de 6 parques eólicos en La guajira, correspondientes a las empresas Edpr, Celsia y AES, contraídas al momento de firmar contratos de largo plazo, los cuales comprometen a las partes a honrar sus compromisos, so pena de que le hagan efectiva las pólizas de garantía por incumplimiento.

Los paganinis

Al no poder poner en operación los proyectos y generar la energía comprometida, las empresas generadoras se habían visto precisadas a salir a la Bolsa a comprar la energía para entregarla a los comercializadores y así cumplir los compromisos adquiridos. No obstante, XM, al dar cumplimiento del Decreto en mención determinó que “el ASIC no podrá realizar el despacho de las cantidades de energía asociada a dichos contratos”⁷ y de contera “las garantías de cumplimiento actuales no son exigibles”⁸.

De modo que, ahora serán las comercializadoras las que tendrán que salir a adquirir la energía en la Bolsa, quedando más expuestas aún a los altos precios a los que se cotiza la energía (por encima de los ya pactados con las empresas generadoras) a consecuencia tanto del stress a que está sometido el SIN por el atraso de la ejecución de los proyectos como por la llegada del fenómeno de El Niño⁹. Se estima que por cada $100 que sube el precio en Bolsa impacta la tarifa al usuario final entre 1 y 2%. Y según cifras de XM, mientras el precio promedio del KWH en los contratos para abril de este año era de $281.09, el precio en Bolsa para junio alcanzó los $469.55.

Como es bien sabido a mayor exposición en Bolsa, que se calcula subirá 7 puntos porcentuales, elevándose hasta el 32%, mayor volatilidad de las tarifas y en circunstancias como la actual más altas serán, augurándose un incremento que puede estar, según la experta Carmenza Chahín, alrededor del 5%. Según el Director de ASOCODIS José Camilo Manzur, el efecto de esta medida le significará a los usuarios, que son los paganinis, sobrecostos del orden de los

$170.000 millones mensuales hasta diciembre¹⁰. Según él “hoy el precio de la energía en Bolsa puede estar 2.5 veces por encima del precio al que se adjudicaron las subastas”¹¹. Los usuarios de La Guajira, a quienes, según los considerandos del Decreto in comento, supuestamente se busca favorecer, no escaparán a esta escalada alcista de las tarifas, que puede ser del 7%.

No obstante, las comercializadoras no podrán trasladar automáticamente esos mayores precios mediante alzas tarifarias por estar vigente la opción tarifaria que las difiere y por lo tanto verán afectada su situación financiera, abultando de paso aún más el pasivo de los usuarios con las mismas que ya supera los $5 billones!

Bogotá, agosto 25 de 2023

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Réquiem por las térmicas en Colombia

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Ago 21, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Amylkar D. Acosta M

“En política sólo triunfa quien pone la vela donde sopla el viento, jamás quien pretende que sople el viento donde pone la vela»

Antonio Machado

Tal y como lo habíamos prometido, nos proponemos analizar a fondo la conveniencia y la oportunidad de varios de la docena de decretos con fuerza de Ley expedidos por el presidente de la República Gustavo Petro al amparo de la declaratoria de la Emergencia económica, social y ecológica en el Departamento de La guajira. Empezaremos por el Decreto 1276 del 31 de julio de 2023.

Hacia un modelo de generación con cero emisiones de GEI

En dicho Decreto se dispone en su artículo 8º la “financiación de GECELCA para la transformación de las termoeléctricas de carbón Guajira 1 y Guajira 2” y en su parágrafo transitorio se lee que “en un término de 3 meses contados a partir de la expedición del presente Decreto la Nación, a través de los Ministerios de Hacienda y de Minas y Energía establecerá un esquema de financiación a favor de GECELCA para la transformación de las termoeléctricas de carbón de TERMOGUAJIRA a un modelo de generación de cero emisiones netas de CO2”. Y añade, “la regulación ambiental que gobierna el sistema de generación de TERMOGUAJIRA deberá ajustarse en un término de 3 meses…a un esquema de generación eléctrica de cero emisiones netas de CO2”. Así de tajante y perentorio es este artículo.

Entre los considerandos de este Decreto se aduce que según un estudio (Huxham & Anwar, 2023), que no es cotejado con ningún otro, “los ingresos de distintas carboeléctricas se reducirían hasta en un 100% al año 2030”, de lo cual se seguiría “una posible reducción acelerada de la rentabilidad de TERMOGUAJIRA en la próxima década”. En auxilio de su argumentación trae a colación “un tema que afecta al sector”, como lo es “la alta volatilidad de los precios internacionales de carbón, que en 2022 llegaron a superar los US $400

/tonelada”, cuando es bien sabido que ello obedeció a una coyuntura muy particular como lo es el conflicto en Ucrania². Pero también se alega que hacia el futuro el costo de generación con carbón “será agravado por la aplicación del impuesto al carbono”, lo cual pesará cada vez más en sus costos operativos.

Las térmicas como respaldo al sin

Dicho sea de paso, este impuesto está mal concebido en la Ley, porque en lugar de gravar al carbón debería gravar más bien las emisiones de dióxido de carbono a que de lugar su combustión. Tal como está en la Ley quienes quemen el carbón no tienen ningún incentivo para reducirlas, existiendo en el mercado tecnologías avanzadas tanto para reducirlas como para capturarlas. Empresas como ECOPETROL, que emite gases de efecto invernadero (GEI) a lo largo de toda la cadena de la extracción, transporte y refinación del crudo, viene tomando medidas tendientes a reducirlas y se ha fijado la meta de alcanzar la carbono neutralidad en su operación para el año 2050. Por qué no promover e incentivar la puesta en práctica de medidas similares a las que ha venido implementando la estatal petrolera por parte de los generadores térmicos. En el caso de TERMOGUAJIRA bastaría con que en lugar de consumir carbón sus dos plantas operen con gas natural, ya que son duales.

Como es bien sabido el parque térmico en Colombia, que consta de 30 centrales de generación, con una capacidad instalada de 5.668 MW, 12 de ellas ubicadas en la región Caribe, están llamadas a servir de respaldo al Sistema interconectado nacional (SIN), sobre todo para atender los picos de demanda, de tal suerte que no se puede pensar con el deseo de prescindir de ellas súbitamente, poniendo en riesgo su confiabilidad y firmeza. Tanto más en tratándose de la región Caribe en la que debido al cuello de botella que enfrenta el transporte de la energía por “agotamiento de las redes de transmisión”³, como lo reveló la empresa XM, que administra y opera el SIN, advirtiendo además que “la demanda no atendida que se viene programando…podrá incrementarse en la medida en que crezca la demanda de energía en dicha zona”⁴.

Esta circunstancia ha obligado a que la térmicas instaladas en la región Caribe no estén sirviendo de respaldo sino que, desde hace rato, han estado en la base, generando de manera continua, para suplir la energía que no son capaces de soportar las averiadas redes de transmisión y subtransmisión. De modo que si se llega a apagar TERMOGUAJIRA no hay forma de suplir la energía que genera y nos expondría a que la región Caribe haga el tránsito del actual racionamiento del servicio de energía a un calamitoso apagón⁵. Por lo demás, GECELCA, que es del Estado, tiene vendida la energía que genera por los próximo años, cabe preguntarse si el Estado va a responder honrando sus compromisos prestando garantía de la Nación para su reconversión “a un esquema de generación eléctrica de cero emisiones netas de CO2”.

Todo, por el prurito de que “el Departamento de La guajira sea el primero en alcanzar la generación eléctrica carbono-cero neto…a partir del horizonte 2024-2028”, sosteniendo falazmente que la confiabilidad del SIN que descansa en el respaldo que le brinda el parque térmico, ahora “sería suplida por distintas tecnologías de almacenamiento (por ejemplo, baterías e hidroeléctricas de mayor potencia), así como por otras tales como condensadores sincronos”, que no se han terminado de inventar (¡!). Se pretende utilizar a TERMOGUAJIRA como conejillo de Indias. No hay derecho.

Es de anotar que si de lo que se trata es de reemplazar vis a vis (pelo a pelo) la capacidad de generación térmica de TERMOGUAJIRA (290 MW) por fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), ello implicaría instalar 4 veces dicha capacidad (1.160 MW) si se trata de energía eólica y 6 veces (1.740 MW) en solar – fotovoltaica. Si este es sólo el comienzo de la reconversión de todo el parque térmico a renovables el costo de la inversión en que se incurriría para lograrlo sería de aproximadamente $168 billones (¡!).

Y no lo decimos a humo de paja, es que el propio Presidente Petro manifestó que “es que se tienen que sustituir las termos, empezando por la de La Guajira”⁶ ya que, según él TERMOGUAJIRA “es el segundo consumidor de agua en una región donde la gente es la tercera”⁷, lo cual no es cierto, el Presidente Petro ha sido mal informado, sus asesores de cabecera están faltando a la verdad, pues para su operación utiliza agua del mar y no de los afluentes, acuíferos o de las zonas de recarga hídrica. Partiendo de esta falsa premisa, “si TERMOGUAJIRA se traslada a ser una granja solar o un parque eólico con la misma capacidad, se libera agua para el territorio”⁸. Esto podría terminar en que, al final, nos quedemos en el peor de los mundos, sin la soga y sin la ternera.

Imitando el error de Alemania

Ojalá en Colombia no se repita el error de Alemania, líder en energías renovables, que se apresuró a apagar las centrales térmicas de generación y los reactores nucleares para apostarlo todo a las renovables y cuando devino la reactivación de su economía después de la recesión provocada por la pandemia del COVID 19, la capacidad instalada de FNCER no dio abasto para satisfacer la mayor demanda de energía, viéndose obligada a volver a prenderlas. Y las consecuencias no se hicieron esperar, al poner a operar nuevamente las térmicas, la mayor demanda por carbón y gas dio lugar a una espiral alcista de sus precios, alcanzando un récord histórico, llevando las tarifas de energía a niveles nunca vistos y de contera desató una inflación galopante, abocando a la economía a una crisis de la que aún no se repone⁹.

La improvisación no es buena consejera

A todas esas, vale la pena preguntarse qué relación tiene este ensayo de laboratorio de una política más inspirada en la ideología que fundamentada en la técnica y del sentido común, con la declaratoria de la Emergencia económica, social y ecológica, motivada por la crisis humanitaria que asola a La Guajira, con la cual se trata de “conjurar la situación de crisis y evitar la extensión de sus efectos”. Para mi ninguna, cuando se alude al supuesto cumplimiento con esta medida de la Sentencia de la Corte Constitucional T-302, que declaró el Estado de cosas inconstitucional, ese es sólo el pretexto.

La aún incipiente Transición energética justa, bandera de este gobierno no se puede adelantar a los trompicones, chamboneando, improvisando, sino de una manera gradual, paulatina, inteligente y responsable, con una gran dosis de realismo y pragmatismo. Es tal su importancia y trascendencia que la misma debería estar como primer punto en la Agenda del Acuerdo nacional enhorabuena propuesto por el Presidente Petro.

Hay que entender y persuadirse que, no por mucho madrugar amanece más temprano. Y, como bien dijo John Maynard Keynes a Franklin Delano Roosevelt en una carta abierta que le dirigió en 1933, en momentos en los que el mundo apenas estaba empezando a levantar cabeza después de la Gran depresión de 1929 – 1932 “las reformas pueden ser urgentes, pero apresurarse sería dañino cuando lograr la meta de largo plazo es más importante que el resultado inmediato…Aún la más necesaria y sabia de las reformas afecta la confianza del mundo empresarial y debilita los motivos de su acción”. Más claro, el agua!

Riohacha, agosto 14 de 2023

www.amylkaracosta.net

1 Miembro de Número de la ACCE

2 Amylkar D. Acosta Medina. La crisis energética global. Abril, 30 de 2022

3 XM. Comunicado. Julio, 21 de 2023

4 Ídem

5 Amylkar D. Acosta Medina. El riesgo inminente de racionamiento de energía. Julio, 22 de 2023

6 Presidente Gustavo Petro. Discurso. Riohacha, junio 28 de 2023

7 Ídem

8 Ídem

9 Amylkar D. Acosta Medina. La crisis energética global. Abril, 30 de 2022

A propósito de la emergencia económica y social

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Ago 14, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Amylkar D. Acosta M¹

Como es consabido el pasado 2 de julio el Presidente Gustavo Petro, mediante Decreto 1085, apelando al artículo 215 de la Constitución Política, declaró la Emergencia económica, social y ecológica en el Departamento de La Guajira, “con el imperativo objetivo de conjurar la crisis humanitaria y el Estado de cosas inconstitucional, que lamentablemente se vive en el Departamento de La Guajira y que se ha visto agravado de forma inusitada e irresistible” por el advenimiento del fenómeno de El Niño.

Dicho Decreto ha sido cuestionado por parte de quienes consideran que el mismo transgrede la Constitución Política, alegando que sólo procede dicha declaratoria, tal y como lo establece la Carta en su artículo 215, “siempre que sobrevengan hechos distintos a los previstos en los artículos 212 y 213”, que se refieren a la declaratoria de Guerra exterior y conmoción anterior. Y a juicio de ellos la calamitosa situación que acusa La Guajira no se puede considerar como un hecho sobreviniente sino inveterado. De hecho las medidas cautelares decretadas por la Comisión interamericana de derechos humanos (CIDH) y el Estado de cosas inconstitucional por parte de la alta Corte, datan desde el 2015 y el 2017, respectivamente.

No obstante, nos atrevemos a afirmar que cada niño que muere, como han venido muriendo de manera recurrente, por inanición, por hambre, desnutrición o enfermedades asociadas a estas lacras sociales, cuya responsabilidad comparten tanto el Gobierno Nacional como las autoridades territoriales, debe considerarse como un hecho sobreviniente. De otro modo, este hecho tan aberrante terminaría convirtiéndose en simple paisaje bajo la mirada de un Estado indolente y ausente, que no cumple con la satisfacción de necesidades tan básicas como el acceso a la salud y al agua, que es un derecho fundamental que le asiste a las comunidades más vulnerables.

Además, el artículo in comento no se limita a señalar los hechos sobrevinientes como fundamento y justificación de la declaratoria de la Emergencia económica, social y ecológica, sino que contempla otra causal, cuales son aquellos “que constituyan grave calamidad pública”. Y si no configura calamidad pública la crisis humanitaria que azota y asola al Departamento de La Guajira cabe preguntarse qué se entiende por ella o qué hace falta para reconocerla. De modo que este artículo, el 215, hay que leerlo en su integridad y no parcialmente, pues bien dijo Voltaire que “si usted me da el Padre nuestro en pedazos, le demostraré que cada pedazo es una herejía”. Y, de contera, ni la Constitución ni la Ley se deben interpretar de modo que ofenda la razón y este es el caso!

Para mí, entonces, está plenamente justificada la declaratoria de la Emergencia, económica, social y ecológica, creo que se ajusta al mandato constitucional y consulta el espíritu de la Constitución Política y está, además, bien intencionada, pues con ella se da una clara muestra por parte del Gobierno nacional de que tiene la voluntad política de actuar con la presteza y diligencia que demanda el drama que aflige a amplios sectores de la comunidad en La guajira y muy especialmente los pueblos indígenas asentados en su territorio. Y, como dice Jim Cullen, “en donde hubo voluntad hubo caminos”!

Como lo plantea la Corte Constitucional en su Sentencia T – 025 de 2004, cuando se constata “la vulneración repetida y constante de derechos fundamentales que afectan a multitud de personas, su solución requiere la intervención de distintas entidades para atender problemas de orden estructural”. Ojalá que la declaratoria de esta emergencia sirva para hacer más expedito el cumplimiento de los dispuesto en el Documento CONPES 3944 del 6 de agosto de 2018, mediante el cual se establece una “Estrategia para el desarrollo integral del Departamento de La guajira y sus pueblos indígenas”, expedido en respuesta al Auto 207 del 25 de mayo de 2017 de la Corte Constitucional que conminó al Gobierno a que lo pusiera en práctica.

Pero unas son de cal y otras son de arena, una es la justificación del medio al cual recurrió el Presidente Petro para tomar las medidas conducentes a “conjurar la crisis humanitaria y el Estado de cosas inconstitucional” en el Departamento de La Guajira y otra, bien distinta, es la legalidad y constitucionalidad de los decretos con fuerza de Ley que se expidieron al amparo de la Emergencia económica, social y ecológica. Con respecto a dichos decretos tenemos reparos, sobre todo respecto a la conveniencia y oportunidad de algunas de las medidas tomadas, de lo cual nos ocuparemos en posterior artículo.

En todo caso, como lo establece el articulo 215 de la Constitución Política, “estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el Estado de emergencia”. No se puede exceder el ejecutivo al expedirlos de las facultades extraordinarias que le otorga el ordenamiento jurídico, al cual debe ceñirse, a riesgo de que sean declarados inexequibles por parte de la Corte Constitucional que, de oficio, examina su constitucionalidad.

Valledupar, agosto 11 de 2023 www. ,amylkaracosta.net

Nota relacionada: En ‘Dialoguemos’ Amylkar Acosta explica sí se avecina un racionamiento de energía en la Costa Caribe

¡Pobre balance!

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Ago 7, 2023. Publicado en Colombia, Lo + Confidencial.

Amylkar D. Acosta M¹

¡Vísperas de mucho y día de nada!

Podemos decir que durante este año, el primero de cuatro de la administración Petro, el sector Minero – Energético ha estado al garete, sin rumbo fijo. La mejor prueba de ello es que a estas alturas, no obstante que su mayor apuesta es la Transición energética justa, no se cuenta con su Hoja de ruta. Desde el Ministerio se han hecho muchos anuncios, que se han quedado en eso, en discursos para la galería, especialmente en los escenarios internacionales. Mucho ruido y pocas nueces!

De hecho no se ha avanzado en la concreción de los 2.400 MW en los proyectos de los parques eólicos asignados en subastas en 2019-2020, por falta de diligencia del gobierno nacional para remover los obstáculos que lo han impedido. Palabras, solo palabras. Como lo hemos afirmado, se ha venido acelerando en neutro la tal Transición energética justa².

Ello explica el retroceso que ha llevado a Colombia a rezagarse: según el último reporte del Foro económico mundial (FEM) Colombia perdió 10 posiciones en el Índice de desempeño de la Transición energética entre 2021 y 2023, pasando del puesto 29 al 39 y después de secundar a Chile, que era el Líder en Latinoamérica, Colombia ahora está de sexto³.

Y, para rematar, con lo dispuesto en el Decreto 1276, expedido al amparo de la Emergencia económica y social declarada por el Presidente Petro, se da al traste con la seguridad jurídica que debe inspirar a la política pública al liberar a los generadores de energía eólicos, cuyos proyectos están atascados en La guajira, de sus obligaciones para con los comercializadores de energía, rompiendo de facto la relación contractual entre unos y otros, terciando en favor de los primeros y en detrimento de los segundos, que se verán precisados a salir a comprar la energía en Bolsa, en momentos en los que los precios están disparados a consecuencia del Niño. Y los usuarios finales serán los que pagarán los platos rotos, ya que esos mayores precios se traducirán al final del día en más altas tarifas en las facturas.

Con terquedad aragonesa la saliente ministra de Minas y Energía Irene Vélez se mantuvo en sus trece y no dio su brazo a torcer, negándose sistemáticamente a la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Para justificar su obstinación, a finales del año pasado prefabricó, sirviéndose de la ANH como mampara, un supuesto balance de reservas en el cual sumando peras con manzanas(reservas probadas + reservas probables + reservas posibles y recursos contingentes y prospectivos), para ratificarse en su posición de que con los ya firmados bastaba y sobraba para espantar el fantasma de la importación de petróleo y gas.

Fue su propia viceministra Belizza Janet Ruíz la que desmintió dicho informe y ello le costó el puesto. Cómo le costó también su permanencia en el cargo a la Directora de la ANH Clara Guátame, quien corrió con la misma suerte, por no prestarse a darle una interpretación amañada y alineada con su postura al informe anual que emite la agencia y que se conoció en mayo pasado.

Y ya para irse, en vísperas de su retiro, autorizó la publicación, en volandas, para comentarios 4 documentos de la Hoja de ruta de la Transición energética justa aún en borrador, de cuyas proyecciones de la reducción de las reservas y el aumento previsto de la demanda, tomadas del más reciente Informe de la ANH, se infiere como corolario que al paso que vamos Colombia estará importando gas en el 2026 y petróleo en el 2028 (¡!). Así lo consideran Valora Analitik y el experto Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes⁴, sin embargo en dichos documentos no se repara en sus nefastas consecuencias tanto en la seguridad energética del país como en la balanza comercial, amén de su impacto en las finanzas públicas.

Este año se ha caracterizado por la imprevisión y la improvisación en el MME, empezando por la interinidad en varias de las dependencias claves del Ministerio tales como la dirección de la ANH, que ya completa 4 meses acéfala y la CREG en la que 4 de sus 6 expertos comisionados, en un hecho insólito, fueron designados en calidad de encargados, manteniendo su calidad de asesores del Despacho, lo cual, además del conflicto de competencias que ello significa, se lleva de calle el carácter autónomo de la CREG que le da la Ley. Hasta en el propio Despacho del Ministerio se manifiesta esta interinidad en la provisión de los Vice ministerios, particularmente el de energía, en donde quien reemplazó a la anterior Viceministra, Cristian Díaz, también renunció.

Situaciones tan críticas como el alza inusitada de las tarifas de energía especialmente en la región Caribe, han mostrado un Ministerio errático, pasando de la amenaza de asumir las funciones de la CREG y ahora que la controla no sabe qué hacer con ella. El rimbombante anuncio de la Ministra Irene de un “Pacto por la justicia tarifaria” dizque para rebajarlas le dejó un sinsabor a los defraudados usuarios porque desde entonces sólo han visto subir las tarifas y el costo de sus facturas⁵.

El clima en el sector es de incertidumbre y desconfianza. Deja al sector minero en ascuas, al determinar en otro Decreto 1277 de emergencia que prácticamente la parálisis de la actividad minera en el país, excepción hecha de la extracción de minerales conocidos como críticos o estratégicos, sin los cuales no se puede dar la Transición, tales como el carbón metalúrgico o coquizable, el níquel y el cobre. Y, para rematar, se anunció la presentación de un proyecto de Ley minera que, según lo que ha trascendido, en lugar de estimular la actividad minera tiende más bien a proscribirla.

Se anunció también un proyecto de reforma de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos cuyo contenido y alcance aún se desconocen, pero dados los pronunciamientos del Superintendente de servicios públicos domiciliarios hay una gran aprehensión entre sus prestadores. Esperar para ver!

Salvó la cara la Ministra con la decisión, por lo demás sensata y valerosa, tomada por el Gobierno nacional, más atribuible al Ministerio de Hacienda que al Ministerio de Minas y Energía, de sincerar los precios de los combustibles, empezando por la gasolina, reajustando el precio del galón desde octubre del año pasado, primero con incrementos de $200 mensuales y desde junio de este año de $600. Gracias a esta decisión el déficit del Fondo de estabilización de los precios de los combustibles (FEPC), según el Comité autónomo de la Regla fiscal al cierre de este año será de $18.5 billones, $10 billones menos que el estimado al inicio del año.

Tratando de magnificar los resultados de sus once meses de gestión frente a la cartera de Minas y Energía, Irene Vélez indujo al error al Presidente Gustavo Petro, quien basándose en el 5º de los 35 “logros” que ella enumera en su carta de renuncia manifestó en su discurso de instalación de las sesiones del Congreso el pasado 20 de julio que ella había logrado un hito histórico al “asignar el 100% de la capacidad de transporte de energía con un proceso competitivo: 8.3 GW para 190 proyectos (77% energía solar, 15% energía eólica”⁶, confundiendo la asignación de puntos de conexión con transmisión y lo que es peor con capacidad de generación de energía.

Entre otras cosas, a ello y sólo a ello fue a lo que dedicó la UPME, a la que, absorbida por dicha tarea, no abrió una sola subasta para transmisión que es lo que el sistema pide a gritos, para evitar situaciones como el “agotamiento en la red de transmisión regional” del cual habla XM, la empresa que opera el Sistema interconectado nacional en sus dos recientes comunicados, que tiene en estos a la región Caribe con “demanda no atendida”, que es como llama al racionamiento en la prestación del servicio de energía.

Con este pobre balance, este año pasará a la historia como el de la hostilidad en lugar de la concertación en el sector, en el que en el Ministerio se pasó, como dijo la Ministra Irene en su carta de renuncia, de responder por “un sector históricamente tecnocéntrico y patriarcal” a otro conducido por el activismo, primando la ideología sobre el rigor técnico, lo que llevó a la Ministra a desmantelar prácticamente el Ministerio.

1 Ex ministro de Minas y Energía

2 Amylkar D. Acosta M. Acelerando em neutro. Mayo, 24 de 2023

3 Amylkar D. Acosta M. Julio, 1 de 2023

4 Vanguardia. Agosto, 3 de 2023

5 Amylkar D. Acosta M. El parto de los montes. Octubre, 15 de 2023

6 Irene Vélez. Carta de renuncia. Julio, 19 de 2023

En ‘Dialoguemos’ Amylkar Acosta explica sí se avecina un racionamiento de energía en la Costa Caribe

Escrito por Confidencial Noticias en Ago 2, 2023. Publicado en Colombia, Voces Confidencial.

Amylkar Acosta

Ministerio de Minas y Energía

El nuevo ministro de Minas y Energía

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Jul 27, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

En mi concepto, llega al Ministerio, Omar Andrés Camacho Morales, un profesional con el perfil y con el conocimiento por su formación como ingeniero eléctrico acordes con las funciones y competencias propias de un Ministerio que es eminentemente técnico, como el que más.

Este relevo se produce en momentos en que toda una región del país, como lo es el Caribe y el Chocó está abocada a un racionamiento de energía por un cuello de botella provocado por atraso en la ejecución de proyectos de transmisión energía, atrasos que se repiten en la ejecución de los proyectos de generación, que tienen operando al sistema eléctrico en un alto grado de stress y ello en momentos en los que El Niño se empieza a hacer sentir con altas temperaturas que superan los 38 grados centígrados, determinando un incremento inusual del consumo de energía. Por ello, no se puede descartar que la limitación de suministro de energía por sobrecarga de las redes de transmisión y su transmisión se repita en el resto del país, en donde también se presentan tales atrasos, especialmente en Cundinamarca y Bogotá.

Tendrá, además, el reto de darle al país una Hoja de ruta de la Transición energética justa, dado que, pese a ser el proyecto bandera del gobierno después que se prometía que la tendríamos para mayo pasado se aplazó hasta febrero del año entrante.

Tendrá, también, que resolver con prontitud la larga interinidad de la CREG, con cuatro de sus miembros en provisionalidad y de la ANH, que ya ajusta dos meses sin proveer sin Director. Y ello, en momentos de turbulencia del sector, que requiere señales claras y operatividad de la institucionalidad del sector.

Otro reto, que no es menor, es la decisión sobre el desmonte del subsidio al diésel que, según lo ha anunciado el Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, se dará una vez se lograra meter en cintura la inflación y el Presidente Petro aseguró en su discurso de instalación del Congreso de la República que su gobierno ya la derrotó. De no autorizarse el déficit del FEPC puede superar los $16 billones al cierre del 2023.

También tendrá que jugársela en el Congreso, ya que se ha anunciado la radicación de dos proyectos de ley, de los cuales aún no se conoce ni el sentido ni el alcance de los mismos: uno que él Presidente de la ANM anunció como “Ley minera” y la otra que se propone modificar la Ley 142 de 1994 de Servicios publicos.

Amylkar D. Acosta Medina
Usiacurí (Atlántico), julio 25 de 2023

El riesgo inminente de racionamiento de energía

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Jul 19, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Amylkar D. Acosta M¹

Cunde la incertidumbre y el desconcierto en el sector eléctrico y desde luego entre los usuarios del servicio que presta, sobre todo después del pronunciamiento de la empresa XM, operadora del Sistema interconectado y administradora del Mercado de energía mayorista de Colombia², alertando sobre el riesgo inminente de un racionamiento en el suministro del fluido eléctrico en el país.

En efecto, según XM “las redes de transmisión regional presentan agotamiento en múltiples zonas del país, especialmente en la Costa Atlántica y Chocó”. Ello, advierte, “ha dado lugar a que en algunas zonas del país se opere la infraestructura de transmisión cerca de los límites de seguridad de la red… es alta la probabilidad de no poder atender completamente la demanda de los usuarios”.

Dicho en román paladino, los usuarios de la región Caribe y de contera Chocó están expuestos a “cortes de energía puntuales para conservar los niveles de seguridad y confiabilidad en la prestación del servicio”, especialmente durante los picos de demanda. Admite, además, que la sobrecarga de la frágil red de transmisión nacional (RTN) y regional (RTR) viene “dando lugar a desconexiones continuas de demanda”, sin que los usuarios se hayan percatado de ello.

El Consejo Nacional de Operaciones (CNO) del sector eléctrico se había anticipado a plantearle a la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez, en misiva enviada el 18 de mayo, los “riesgos identificados para la operación del Sistema interconectado nacional (SIN)”. En la misma se le puso de manifiesto que se venía “racionando por el agotamiento de la red” y continúa diciendo que “la situación descrita para CCM se tornaría aún más critica ante la indisponibilidad de cualquiera de las unidades de generación de la planta Termoguajira” (390 MW), la misma que, según anuncio del Presidente Gustavo Petro en La Guajira “será la primera termoeléctrica en transitar hacia la generación eléctrica 100% descarbonizada”³. Deja en claro el CNO que muchas de las restricciones identificadas a la fecha no tienen definida obras para eliminarlas o reducirlas”.

Y después de indicar que “algunos de los riesgos identificados en las mencionadas áreas eléctricas están originados por los retrasos de la expansión”, sugiere a la Ministra “respetuosamente liderar un Plan de choque para el Caribe” y que se sepa el CNO no obtuvo respuesta. Huelga decir que ese Plan de choque no es otro que el Plan5Caribe que formulamos a nuestro paso por el Ministerio de Minas y Energía, que buscaba corregir el atraso histórico de las inversiones que ha debido hacer ELECTRICARIBE y no las hizo. Por ello, me atrevo a decir que el percance que enfrenta la región Caribe en este frente no es más que el coletazo de ELECTRICARIBE.

Quien si recibió, más que una respuesta, una réplica, fue XM, no por parte del Ministerio sino de la Unidad de Planeación Minero – energética (UPME)⁴. Al referirse a su Comunicado de prensa, después de controvertir la alusión que hizo XM a que el crecimiento de la demanda que supera el 5% y en el caso de la región Caribe el 7%, supera ampliamente la previsión de la UPME, se viene lanza en ristre contra ella y aduce, sin sustento alguno, que “el crecimiento real de la demanda se encuentra dentro de las proyecciones realizadas por la UPME”.

En uno de los apartes de su respuesta a XM la UPME admite, sin sonrojarse, como confesión de parte, que “las situaciones descritas sobre el agotamiento de red en algunas zonas del país, son de público conocimiento desde hace más de una década…Dichas situaciones han llevado, desde hace ya varios años, a riesgos y materialización de cortes de energía que sufren de manera particular las zonas más vulneradas históricamente, tales como las áreas de la Costa y el Pacífico colombiano”.

Además, manifiesta su coincidencia con XM “en la necesidad de expansión del Sistema de transmisión nacional (STN)”, que es su responsabilidad y no lo ha hecho. Prueba de ello es su incumplimiento del Plan quinquenal indicativo de expansión y cobertura correspondiente al período 2018 – 2023 y el hecho de que el año anterior no se abriera una sola convocatoria para proyectos de infraestructura eléctrica. La UPME remata sus “observaciones” pidiéndole a XM “evitar la divulgación de señales que puedan generar pánico y desinformación en el sector y en la ciudadanía, las cuales van en contravía del interés general”. En su respuesta a XM se percibe más calor que luz!

Se le ha pretendido endilgar al inusitado crecimiento de la demanda de energía que, según XM “puede mantenerse hasta finales del verano en marzo del 2024”, debido a las altas temperaturas y eso si El Niño no se prolonga por más tiempo. Como lo admite la UPME “los riesgos identificados en las mencionadas áreas eléctricas están originados por los retrasos de la expansión” tanto de las redes de transmisión como las de subtransmisión, amén del alto nivel de carga de las subestaciones y los transformadores, así de claro. Ello ha originado un cuello de botella que impide transportar la energía desde los centros de generación a los de distribución. El mayor crecimiento de la demanda es sólo el detonante de esta crisis, pero no la causa raíz de la misma.

Lo más grave es que los atrasos en la ejecución de los proyectos, que superan los 8 años, no se limitan a los de transmisión de la energía, se extiende a los de generación. Basta con señalar que de los 4.000 MW previstos para expandir la capacidad instalada entre los años 2018 y 2021 sólo entraron los 600 MW de dos de las ocho unidades de HIDROITUANGO. De allí el stress al que esta sometido el Sistema interconectado nacional (SIN), debido a que mientras la demanda promedio en el país en un día ordinario es de 225 GWHD la oferta de energía firme a duras penas llega a los 222 GWHD. Está, como afirma la Presidenta de ASOENERGÍA Sandra Fonseca en un “equilibrio inestable en el balance Oferta – demanda existente” ⁵ . Esta, entonces, es otra pata que le nace al cojo. Estamos en presencia de una tormenta perfecta!

En uno y otro caso, ya sea por atraso en los proyectos de transmisión o de generación, en ambos casos, además de presionar al alza los precios de la energía en Bolsa y por ende las tarifas de energía, estas se ven afectadas también por el cargo por restricciones (R) que se ve incrementado ya sea por el atrapamiento de la energía generada ante la imposibilidad de transportarla o a consecuencia de la generación de seguridad apelando al parque térmico cuyo costo relativo es mayor que la generación hídrica. Los días y meses por venir serán críticos y el racionamiento en ciernes será mayor, porque se tendrá que sortear el impacto de El Niño con estas falencias que tornan más vulnerable y menos resiliente al SIN. Estamos sobre el tiempo y no se avizora una solución en el corto ni en el mediano plazo, porque cualquier proyecto emergente que se decida ejecutar no tardara menos de 2 años en ser operativo.

Bogotá, julio 18 de 2023

www.amylkaracosta.net

1 Miembro de Número de la ACCE

2 Comunicado. XM. Julio, 17 de 2023

3 Semana. Julio, 2 de 2023

4 UPME. Observaciones al Comunicado de prensa de XM del día 17 de julio sobre el agotamiento de la red de transmisión y el crecimiento de la demanda.

5 Vanguardia. Mayo, 16 de 2023

Colombia se rezaga

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Jul 3, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Ya lo habíamos dicho, que Colombia estaba en el radar de la Transición energética a nivel global en un lugar muy destacado y se había convertido en un polo de atracción de las inversiones en proyectos para generar energía a partir de fuentes no convencionales y renovables (FNCER) y ello gracias al impulso, enhorabuena, que les dio primero la Ley 1715 de 2014, posteriormente la Ley 2099 de julio de 2021 y el Documento CONPES 4075 de 2022, que vinieron a reforzar y a ampliar el espectro de los beneficios de la Ley anterior a las energías renovables.

La ejecución de los proyectos de parques eólicos en La Guajira, que fueron asignados en las tres subastas que tuvieron lugar entre el 2019 y el 2020, la primera de Obligaciones de Energía Firme (OEF) del cargo por confiabilidad y las dos últimas convergentes, que compromete 2.400 MW de potencia, llegándose a acuerdos de compra – venta de energía entre generadores y comercializadores a 15 años, auguraban un auge inusitado de las FNCER para ser integradas a la matriz energética, diversificándola aún más e imprimiéndole una gran resiliencia frente al Cambio climático.

Pero luego este inusitado boom se frenó y estancó, la ejecución de los proyectos ha estado empantanada y la entrada en operación de los mismos al Sistema Interconectado Nacional (SIN) se atrasa y pospone debido a la conflictividad social que se le ha interpuesto, especialmente a causa de los desencuentros con las comunidades indígenas asentadas en el área de influencia de los mismos, en desarrollo de las consultas previas, que son de obligatorio cumplimiento, dado que su instalación tienen lugar en territorios ancestrales².

Lo que temíamos, a raíz de estos inconvenientes, ha ocurrido. En el último reporte del Foro económico mundial (FEM) que se acaba de revelar Colombia, junto con chile, se rezaga, pasando de la casilla 25 en 2020 a la 29 en 2021 en el ranking, que ocupaba en 2021 y a la 39 este año, entre 120 naciones evaluadas de todo el mundo. Y después de estar en lote puntero en Latinoamérica, ocupando el tercer lugar en materia de Transición energética, sólo detrás de Uruguay y Costa Rica, ahora está en un sexto lugar, superado por Brasil, Uruguay, Costa Rica, Chile y Paraguay, países estos que le han venido sacando ventaja. Colombia quedó a 5.4 puntos de Brasil, que es el país que esta vez encabeza el pelotón en la región.

Su nota en el Índice de Transición energética (ETI, por sus siglas en inglés) del FEM, después de haber ganado 4.4 puntos porcentuales entre 2014 y 2023, bajó del 66 en 2021 a 60.5 y al desagregar esta cifra se puede constatar que los puntaje más bajos se registraron en innovación (25.8), el puntaje más bajo, infraestructura (47.6) y finanzas e inversiones (49). Es de anotar que este Índice evalúa el grado de preparación y aprestamiento de cada país para avanzar en la Transición energética, así como la eficacia de los sistemas energéticos nacionales. Y no fue un buen mensaje a este respecto el aplazamiento de la Hoja de ruta de la Transición energética hasta febrero del año entrante, después que se anunció en noviembre pasado en la COP 27 que se daría a conocer en mayo de este año.

No obstante que en materia regulatoria le va bien a Colombia, al obtener una calificación de 65.2, en cambio pasa apenas raspando en estabilidad política al obtener 3.58 en un rango de 1 a 7. Un aspecto que pudo haber influido en este mediocre resultado, que puede estar influido por el cambio de las métricas de evaluación en la que se introdujeron dos ítems en los que le va muy mal a Colombia En innovación, por ejemplo, obtiene el puntaje más bajo (28) y en seguridad energética la castiga la baja resiliencia en el suministro de gas natural, que le merece una calificación de cero (¡!).

El hecho cierto es que, a pesar de los reiterados anuncios y de los buenos propósitos del actual gobierno respecto a la Transición energética justa, al corte del mes de junio de este año Colombia sólo contaba con algo más de 400 MW de energía solar – fotovoltaica, que representa a duras penas el 2.1% de la matriz de generación y pare de contar, mientras en generación de energía eólica está todavía en cero. Ojalá el Pacto suscrito entre el Gobierno, las empresas y las comunidades, al destrabar la marcha de los proyectos, contribuya a recuperar el terreno perdido³.

Empero, como afirma José Vicente Zapata, partner em Holland & Knight, “no basta con un pacto”⁴ para destrabar todos los proyectos de energía eólica en La Guajira, pues “se sigue creyendo erradamente que la suscripción de pactos y la expedición de decretos y resoluciones materializarán la Transición energética. Nada más alejado de la realidad”⁵. Pactos como este, diría yo, son necesarios pero no suficientes, por ello coincido con él cuando dice que “mientras las normas y decisiones sigan siendo teóricas y dilatadas continuaremos cayendo en el Índice de Transición energética del Foro económico mundial”⁶. Así de claro!

Mirando otros indicadores y su desempeño en los últimos tres años cabe destacar que el mismo ha dejado mucho qué desear, especialmente en variables como en el de la intensidad energética (cantidad requerida por unidad de producción) y el comportamiento de las emisiones de CO2 (gramos de dióxido de carbono) provenientes de la generación de electricidad. Se salva la variable que da cuenta de la participación de la electricidad en la demanda final de energía, que cerró en verde, gracias a Dios!

1 Miembro de Número de la ACCE

2 Amylkar D. Acosta M. Oh paradoja. Diciembre, 11 de 2022/Acelerando en neutro. Mayo, 24 de 2023

3 El Tiempo. Junio, 30 de 2023

4 Ídem

5 Ídem

6 Ídem

Al oído del señor presidente

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Jun 26, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Amylkar Acosta

En más de doscientos años de vida republicana, la región Caribe, que representa el 14.7% del PIB, abarca el 11.6% del territorio nacional y alberga el 21.9 de la población colombiana, sólo ha tenido la oportunidad de tener en el solio de Bolívar tres presidentes, en su orden Juan José Nieto, Rafael Núñez y Gustavo Petro. Este es un hecho inédito, digno de destacar, como lo es también su visita en este momento crucial para el Departamento de La Guajira, que conmemora 58 años de su creación, pero a diferencia de las de antaño esta vez no su visita no será fugaz y estéril sino para gobernar desde la Península. La misma que, como dice la letra de la Canción de Rafael Manjarrez “se mete hasta el mar así, como si pelear quisiera, como engreída, como altanera”, altiva y desafiante.

La Guajira, históricamente, ha padecido del aislamiento y el desdén oficial¹. Lo resume patéticamente nuestro laureado con el premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez: “del interior del país, que se cocinaba a fuego lento en su propia sopa, llegaba apenas el óxido del poder: las leyes, los impuestos, los soldados, las malas noticias incubadas a más de dos mil quinientos metros de altura y a ocho días de navegación por el Río Magdalena en un buque de vapor alimentado con leña”. Ahora llega usted, presidente, en medio de una gran expectativa del pueblo, esperanzado de que, después de tanto óxido del poder que ha llegado desde el interior, usted sea portador de buenas noticias, incubadas esta vez al nivel del Mar Caribe que baña sus costas.

Usted ha dispuesto declarar la Emergencia económica y social para encarar el Estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional mediante su Sentencia T – 302 calendada el 8 de mayo de 2017, la cual tuvo su origen en el flagrante incumplimiento por parte del Gobierno de las medidas cautelares que tomó la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) a través de la Resolución 60 del 11 de diciembre de 2015 en orden a preservar la vida de la niñez y la adolescencia del pueblo Wayüu, que se debate en medio de su penuria y laceradas por las lacras de la desnutrición y el hambre².

Según la propia Corte (Sentencia T-025 de 2004), se decreta el Estado de cosas inconstitucional “cuando se constata la vulneración repetida y constante de derechos fundamentales que afectan a multitud de personas, cuya solución requiere la intervención de distintas entidades para atender problemas de orden estructural”, la que se ha prolongado en el tiempo, porque con la Sentencia de la Corte al igual que, con la Resolución de la CIDH, tal y como acaecía con las cédulas reales de la Corona española, se obedecen, pero no se cumplen³.

Esta en sus manos, señor presidente, dar cumplimiento al Documento CONPES 3944 del 6 de agosto de 2018, mediante el cual se establece una “Estrategia para el desarrollo integral del Departamento de La guajira y sus pueblos indígenas”, expedido en respuesta al Auto 207 del 25 de mayo de 2017 de la Corte Constitucional que conminó al Gobierno a que lo pusiera en práctica. De esta manera se estaría dando un paso importantísimo en la dirección correcta para paliar por lo menos la crisis humanitaria que afecta a la población más vulnerable. Hasta ahora se ha quedado en el papel, que lo resiste todo, víspera de mucho y día de nada⁴.

De otra parte, el Consejo de Estado acaba de pronunciarse ordenando a la Agencia de Desarrollo Rural -ADR- iniciar inmediatamente los trámites administrativos, financieros y presupuestales necesarios tendientes a la terminación del proyecto multipropósito del Río Ranchería, el cual permanece a medio palo⁵, como el más monstruoso elefante blanco del país desde 2010 cuando se inauguró la presa de El Cercado. Esta es su primera fase y mientras no se construya la segunda fase, consistente en dos distritos de riego, el del Ranchería y el de San Juan del Cesar para irrigar 18.030 hectáreas, el suministro de agua potable a 9 de los 15 municipios del Departamento y una microcentral de generación con capacidad de generar 7 MW de potencia, seguirá siéndolo⁶.

De lo que se trata, entonces, es de poner en marcha la «Hoja de Ruta para la Terminación del Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Ranchería”, elaborada por la Agencia De Desarrollo Rural y adelantar las gestiones interinstitucionales proyectadas y necesarias para finalizar el proyecto ejecutando su segunda fase, que permita alcanzar los propósitos planteados desde su formulación y estructuración. No se necesitan más estudios ni más actualización de la actualización de los mismos, como modalidad del mamagallismo oficial⁷.

También en este caso se expidió el Documento CONPES 3362 de julio 14 de 2005, declarando este proyecto como de importancia estratégica y por ello mismo de alta prioridad para el Ministerio de agricultura. Incluso en el documento CONPES 3926 del 23 de mayo de 2018 se estableció como “línea de acción 3.4” la culminación de obras de este proyecto. Pero, bien se ha dicho que en este país un Documento CONPES no se le niega a nadie, para que después quede como letra muerta.

Y, desde luego, la otra asignatura pendiente es la contramarcha de la Transición energética justa, en la que está comprometido su gobierno. La guajira posee el mayor potencial de energía eólica y solar fotovoltaica del país, así como también la mayor capacidad de generación asignada, que supera los 2.400 MW de potencia, para lo cual se requiere la instalación de 16 parques eólicos, lo cual constituye para La Guajira y los guajiros una ventana de oportunidad⁸. Empero, desencuentros y dificultades en los procesos de consultas previas que conlleva su instalación, así como la colectora y las líneas de transmisión, han obligado al aplazamiento de su entrada en operación, frustrando este desarrollo y de paso poniendo en riesgo la seguridad energética del país al poner en neutro la caja de velocidad de la Transición energética⁹.

Se trata, entonces, señor presidente, de que el Estado, remolón y negligente como lo ha sido, cumpla su palabra empeñada, que no dilate más el cumplimiento de la Sentencia T – 302 de 2017, que se ponga en práctica el Documento CONPES 3944 de 2018, que se destrabe, de una vez por todas, la ejecución de la segunda fase del proyecto multipropósito del Río Ranchería, dándole cumplimiento a la providencia del Consejo de Estado. Si ello hasta ahora no ha sido posible es porque no ha habido voluntad política, pero su declaratoria de la emergencia económica y social, es una muestra palmaria de que usted la tiene, pues al amparo de la misma usted puede proceder sin más dilaciones a honrar la palabra empeñada. ¡Enhorabuena!

Se impone, además, la intervención y mediación con presteza del Gobierno Nacional que permita viabilizar el avance de los proyectos de energías renovables, procurando compaginar y compatibilizar los legítimos intereses de las comunidades con los de las empresas desarrolladoras de los proyectos y los de la Nación. Bien ha dicho el Banco mundial que “las turbinas eólicas no existen en un vacío social, como las creaciones humanas no pueden separarse de los entornos sociales y culturales en los que se diseñan, construyen y operan”. ¡Y el camino no es otro que el diálogo y la concertación!

Si su gobierno la da una respuesta satisfactoria a tan compleja como intricada problemática, La Guajira toda se dará por bien servida, usted pasará a la historia y será recordado, como hoy el pueblo Wayüu aún recuerda agradecido al General Gustavo Rojas Pinilla por cuanto hizo por ellos para saciar su inveterada sed¹⁰. ¡Que así sea!

1 Amylkar D. Acosta M. La Guajira: del realismo mágico a la real realidad. Septiembre, 20 de 2016/ La Guajira y sus contrastes. Enero, 31 de 2023

2 Amylkar D. Acosta M. S.O.S por La Guajira/ A propósito de las medidas cautelares tomadas por la CIDH. Diciembre, 21 de 2015/ Ya era hora. Junio, 8 de 2018/ Cuándo será ese cuándo. Mayo, 21 de 2022-

3 Amylkar D. Acosta M. Se obedece pero no se cumple. Marzo, 28 de 2021 4 Amylkar D. Acosta M. Manes del centralismo. Enero, 30 de 2020 5 Amylkar D. Acosta M. A medio palo. Julio, 16 de 2011/ La represa represada. Agosto, 20 de 2018 6 Inaudito. Febrero, 23 de 2020/ Los elefantes blancos. Octubre, 12 de 2020.
7 Amylkar D. Acosta M. El mamagallismo oficial. Mayo, 9 de 2020.

8 Amylkar D. Acosta M. Una ventana de oportunidad. Enero, 30 de 2020 9 Amylkar D. Acosta M. Oh paradoja. Diciembre, 11 de 2022/El riesgo inmanente de racionamiento de energía.
Mayo, 20 de 2023/ Acelerando en neutro. Mayo, 24 de 2023 10 Amylkar D. Acosta M. Añorando a PROAGUAS. Septiembre, 12 de 2021.

¡Llegó el Niño!

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Jun 19, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Ante la confirmación por parte de la Oficina de administración oceánica y atmosférica de EEUU (NOAA, por sus siglas en inglés) de la llegada del fenómeno de El Niño², caracterizado por la sequía y la baja pluviosidad, la ministra de Minas y Energía Irene Vélez se anticipó a anunciar que es inevitable un incremento en las tarifas de energía si, como se prevé, “se genera un impacto que se deriva de tener que utilizar las termoeléctricas. Sí va a haber un impacto en la configuración del precio y sobre todo va a haber un impacto en aquellos mercados que están más expuestos en bolsa”³.

Y no es para menos, dada la gran vulnerabilidad del Sistema eléctrico colombiano frente al cambio climático, al depender en un 68% de la generación hídrica. Tanto más en cuanto que de los 23 embalses que sirven a las hidroeléctricas, solo uno de ellos (El Peñol) tiene una capacidad de regulación superior al año. Y los proyectos de generación de energía eólica que le darían una mayor resiliencia y que han debido empezar a entrar a operar desde el año pasado están en veremos⁴. Por ello hemos dicho que si bien es cierto no estamos ante la inminencia de un racionamiento de energía como el que padecimos entre los años 1992 y 1993, sí existe un elevado riesgo inmanente al Sistema⁵.

En condiciones de hidrología extrema, como la que se espera, obligará a apelar al respaldo del parque térmico cuyo costo de generación es más costoso, tanto más en cuanto que estamos ante una coyuntura Internacional de altos precios tanto del carbón y el gas natural, indispensables para su operación, de ser requeridas y despechadas sus plantas, que deben estar en condiciones óptimas para honrar sus compromisos de entrega de energía en firme a que las compromete la asignación del cargo por confiabilidad. Este no es otra cosa distinta a la remuneración que se paga a un agente generador por la disponibilidad de activos de generación con las características y parámetros declarados para el cálculo de la Enficc (máxima energía eléctrica que puede generar una planta).

Ello repercutirá en mayores alzas de las que ya se vienen dando tanto en los precios en bolsa como en las tarifas de energía, debido al estrés al que está expuesto el Sistema interconectado nacional, debido a la estrechez entre la Oferta de energía en firme, que no supera los 225 GWHD, para atender una demanda de 222 GWHD, a causa del atraso de la entrada de varios proyectos claves de expansión de la capacidad instalada de generación. Mientras tanto el consumo de energía que creció a un ritmo de 3.34% en 2022 a 5.24 en 2023 y se acelerará aún más con la entrada de El Niño y sus altas temperaturas. De hecho, el precio en Bolsa pasó de $374.24 el KWH en enero a $533.7 en febrero, hasta alcanzar los $823.6 en mayo.

Obviamente, el impacto va a ser mayor para los usuarios de aquellos mercados que como los de los operadores de red ELECTROHUILA, CEDENAR en Nariño, DISPAC en Chocó y CEO en Cauca, tienen una exposición en Bolsa altísima, en algunos de ellos superior al 80%. Todas ellas están en riesgo de colapsar con la llegada de El Niño.

A lo anterior se vienen a añadir los problemas de liquidez que afrontan todos los operadores de red debido a la enorme cartera que representa para ellos las alzas diferidas a sus usuarios bajo la modalidad de opción tarifaria, que ya supera los $6 billones, suma esta equivalente a dos veces los ingresos anuales de los mismos.

Además, las empresas distribuidoras de energía afrontan una delicada situación financiera debido a la mora en el giro por parte del Gobierno de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, los cuales provienen de dos fuentes, de la contribución que pagan los usuarios de los estratos 5 y 6 y del Presupuesto General de La Nación. Son $2.3 billones los que se le adeudan por este concepto, por eso ASICODIS, que las agrupa y representa ha puesto el grito en el cielo y está en rogativa frente al alto gobierno.

Esta compleja situación amerita la rápida intervención del Gobierno, razón por la cual reiteramos nuestro llamado para que la ministra Vélez convoque cuanto antes la Comisión asesora de coordinación y seguimiento a la situación energética del país (CACSSE), del cual hacen parte ISA, XM, el Centro Nacional de Operación (CNO), la CREG y la UPME. Esta es una especie de Puesto de mando unificado (PMU) energético, que presidiría en este caso la titular del Ministerio. Eso fue lo que hicimos a nuestro paso por este Ministerio ante los amagos de un Niño en el primer trimestre de 2014, pues es una manera de precaverse y evitar sorpresas desagradables, haciéndole un seguimiento en tiempo real a las diferentes variables de la ecuación para conjurar cualquier contingencia.

Medellín, junio 16 de 2023

www.amylkaracosta.net

1 Miembro de Número de la ACCE

2 Portafolio. Junio, 12 de 2023

3 La República. Junio, 16 de 2023

4 Amylkar D. Acosta M. Acelerando en neutro. Mayo, 24 de 2023

5 Amylkar D. Acosta Medina. El riesgo inmanente de racionamiento de energía. Mayo, 20 de 2022

Acelerando en neutro

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en May 30, 2023. Publicado en Colombia.

Sorpresivamente la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez ha revelado que su cartera ha determinado aplazar hasta febrero de 2024 la publicación de la Hoja de ruta de la Transición energética justa, después de año y medio de iniciado el cuatrienio del actual Gobierno2.

Llama poderosamente la atención este anuncio, sin que medie ninguna explicación del aplazamiento, toda vez que la propia Ministra en su intervención en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático COP27, que tuvo lugar en Sharm el Sheikh (Egipto) entre el 6 y el 18 de noviembre pasado, manifestó que la misma se daría a conocer el 10 de mayo de este año3.

Ello mueve a preocupación, en momentos en los que como lo afirmó la Presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (ACOLGEN) Natalia Gutiérrez “la Transición energética está en cuidados intensivos” 4.

Y no es para menos, dado el ostensible atraso de los proyectos de los parques eólicos que se están instando en La Guajira, los cuales comprometen inversiones del orden de los $16 billones5 .

Aunque Colombia siga con el acelerador a fondo en su política de transición energética, esta sigue en neutro, toda vez que mientras no se destrabe la ejecución de estos proyectos de expansión de la capacidad de generación con base en fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) del orden de los 2.400 MW, no se van a poder integrar a la matriz eléctrica. Peor aún, hasta tanto no se cuente con la Colectora, que se debe instalar en el Municipio de Uribia en La guajira por parte del Grupo Energía Bogotá, la energía que se genere no se podrá transportar hasta inyectarla al Sistema interconectado nacional (SIN), quedaría atrapada in situ, y según el más reciente reporte ello no será posible antes del 2025 (¡!).

La preocupación es mayor porque, como lo hemos venido advirtiendo este atraso en los proyectos de generación a partir de FNCER, sobre todo eólicos, se viene a sumar al atraso en el proyecto de HIDROITUANGO, el cual de 8 unidades con capacidad de generación de 2.400 MW de potencia, que han debido entrar en el 2018, pero debido a una contingencia hasta ahora sólo operan en este momento 2 de ellas y se espera que hacia el mes de noviembre, según lo ha anunciado el Gerente de EPM, entren otras 2 turbinas6.

Las otras cuatro, con capacidad de 1.200 MW, el 50% de la promesa de este proyecto, se prevé que sólo entrarían a operar entre el segundo semestre de 2026 y primer semestre de 2027. Lo cierto es que apenas se está licitando en este momento el montaje de las mismas (¡!)7 .

Entre los proyectos de generación a partir de FNCER, la térmica y la hidroelectricidad existe una interdependencia, que es la que garantiza la firmeza y la confiabilidad del SIN. Sería un error garrafal pretender reemplazar la generación hídrica y la térmica sólo por FNCER, con la Transición energética no se trata de reemplazar unas fuentes por otras sino de complementarlas. Las FNCER están llamadas a servir de respaldo a las fuentes convencionales (hídricas y térmicas) y estás a su vez deberán servir de respaldo a aquellas, máxime cuando las FNCER son intermitentes.

Es más, insistimos en destacar como la mayor virtud de las FNCER su propiedad contracíclica que las caracteriza, consistente en que cuando el verano es más intenso y en consecuencia los niveles de los embalses en condiciones de hidrología critica impiden la plena disponibilidad de la generación hídrica es justamente cuando la velocidad del viento es mayor, se experimentan más horas de sol y la radiación solar es mayor. Por ello, reiteramos que, el mayor mérito de las FNCER es que al integrarlas a la matriz eléctrica torna esta más resiliente frente al Cambio climático. Ah falta que le van a hacer al Sistema eléctrico la entrada en operación de los parques eólicos de La Guajira y las unidades restantes de HIDROITUANGO, ahora que se avizora la llegada del fenómeno de El Niño!

El riesgo inmanente de racionamiento de energía

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en May 22, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Amylkar D. Acosta M¹

¡Lo que por agua viene por agua se va!

A riesgo de asumir el papel de Casandra, me atrevo a plantear que si bien es cierto no hay razones objetivas para afirmar que estamos ad portas de un riesgo inminente de racionamiento del servicio de energía, como aconteció hace ya 30 años², sí estamos en presencia de un riesgo sistémico inmanente de racionamiento. Me explico.

Es indubitable que en las últimas tres décadas se ha construido un Sistema eléctrico sólido, que ha ganado en eficiencia, que cuenta con una matriz mucho más robusta y diversificada, amén de una regulación avanzada y moderna, producto de las lecciones aprendidas de la pesadilla del apagón que experimentó el país entre el 2 de marzo de 1992 hasta el 7 de febrero de 1993, que quedaron compendiadas en las leyes 142 y 143 de 1994³. El cargo por confiabilidad, creado en 2006, entre otras herramientas, le ha permitido al Sistema sortear con éxito recurrentes fenómenos de El Niño, que, como el de 2016 llevó al límite la capacidad de las hidroeléctricas del país, sin que este se apagara. Ello le ha valido el reconocimiento a su matriz energética por parte del Consejo Mundial de Energía (WEC, por sus siglas en inglés) y al desempeño de su arquitectura por el Foro económico mundial (FEM).

La vulnerabilidad de la matriz energética

Colombia se ufana de tener una matriz eléctrica limpia, dado que su capacidad instalada de generación (18.851.84 MW) es predominantemente hídrica (66%), pero éste que es un atributo que se pondera en su justa dimensión, constituye a su vez el talón de Aquiles del Sistema eléctrico, tornándolo muy vulnerable frente a los embates del Cambio climático, tanto más en cuanto que uno de los fenómenos extremos a que da lugar, en este caso El Niño, que se alterna con el de La Niña, con su sequía y baja pluviosidad incluidas, son cada vez más frecuentes, intensos y duraderos. No se puede caer, entonces, en el espejismo de creer que por tener una capacidad instalada que roza los 19 GW para atender una demanda que bordea los

1 Miembro de Número de la ACCE

2 Amylkar D. Acosta M. Del racionamiento eléctrico al racionamiento moral. Impretécnica. Noviembre de 1993

3 Amylkar D. Acosta M. El apagón. Marzo, 7 de 2022/ El fantasma del racionamiento. Marzo, 8 de 2023

11 GW se puede hablar de una holgura que supuestamente asegura la confiabilidad y firmeza del Sistema eléctrico.

La exposición es mayor habida cuenta que entre los embalses que sirven a las hidroeléctricas en el país sólo uno de ellos, El Peñol, tiene capacidad de regulación anual, mientras el 80% de ellos no supera los tres meses. Venimos de un fenómeno de La Niña que ha durado tres años, por ello resulta aventurado vaticinar la intensidad y duración de El Niño que la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA, por sus siglas en inglés) anuncia para el próximo semestre y le atribuye una probabilidad del 80% de que este evento sea moderado y del 55% que sea fuerte.

El atraso de la ejecución de los proyectos

A esta circunstancia, ya de por sí preocupante, se le viene a añadir el atraso de la ejecución de los proyectos contemplados en el Plan de expansión eléctrico. Como lo afirma Camilo Marulanda, Presidente de ISAGEN, “el mercado colombiano de energía esperaba en el período 2018 – 2021 el ingreso de más de 4.000 MW de capacidad, representados en HIDROITUANGO (2.400 MW) y los proyectos eólicos de La Guajira (2.000 MW). De esta capacidad (que representa casi el 20% de la actual oferta), sólo han entrado en funcionamiento 600 MW de HIDROITUANGO. La capacidad adicional de este proyecto, así como el ingreso de los proyectos eólicos, no ocurrirá antes de 2026”⁴. Lo propio puede afirmarse con respecto a los parques eólicos en La Guajira, con el agravante de que la demora en su entrada en operación impide su inserción en la matriz energética, sirviéndole de respaldo a las fuentes convencionales de energía hídrica y térmica y tornándola más resiliente frente al Cambio climático, dada la propiedad contracíclica que caracteriza a la generación de energía eólica y solar⁵.

4 El Tiempo. Marzo, 31 de 2023

5 Amylkar D. Acosta M. Oh paradoja. Enero, 21 de 2023

A estos atrasos de la expansión de la capacidad de generación se suman los atrasos en varios proyectos clave de trasmisión, determinantes del atrapamiento de la energía y del aumento desmesurado del cargo por restricción en la tarifa que pagamos todos los usuarios, toda vez que, ante la imposibilidad de conectar y transportar energía generada a menor costo por las hidroeléctricas toca apelar a la generada por el parque térmico, que es más costosa⁶.

El equilibrio inestable oferta – demanda

La ministra de Minas y Energía le dio un parte de tranquilidad al país afirmando que “las reservas hídricas del país están por encima de los últimos 20 años”⁷ cuando al corte del 16 de mayo se reportó un nivel de sólo 58.25% (10.621 GWH) y los aportes hídricos de 54.83% (283.80 GWH). Bajo esa falsa premisa arguye la ministra que “no tenemos en este momento una alerta de racionamiento…Quien esté mandando ese mensaje está generando pánico”⁸. Contra toda evidencia, le apuesta a la hidrología y sostiene que “Colombia tiene unas reservas hídricas suficientes para afrontar un eventual fenómeno de El Niño en la segunda mitad del año”⁹.

Alejandro Lucio, Gerente de Óptima Consultores y ex presidente de Derivex, experto como el que más en el tema, conceptúa que “las cuentas están muy apretadas. Si me pregunta hoy y El Niño fuera en el segundo semestre y durara un par de meses, pues tenemos con qué aguantar porque el embalse tiene un buen nivel a pesar de que ha venido disminuyendo rápidamente. Pero si hablamos de un Niño que se prolonga, que sea largo, que haya una sequía larga, las cuentas están muy justas y yo no descartaría un racionamiento”¹⁰.

El Gerente general de EPM, luego de anunciar que hacia el mes de noviembre entrarían a operar dos turbinas más, para completar cuatro de ocho en total, advierte que “de no haber entrado las primeras dos unidades de HIDROITUANGO a tiempo seguramente estaríamos, muy posiblemente, expuestos a un racionamiento”¹¹. Más, sin embargo, Alejando Lucio afirma que “sin duda ayudaría que entraran. Eso son 600 megas más para el Sistema que en generación hidráulica es algo importante. Ahora, ayuda, pero no estoy muy seguro que las turbinas 3 y 4 puedan entrar en

6 Ídem

7 El Colombiano. Mayo, 19 de 2023

8 Ídem

9 Bloomberg. Mayo, 11 de 2023

10 Bloomberg Línea. Mayo, 19 de 2023

11 Ídem

noviembre, pero asumiendo que sí, creo que el Sistema está muy justo en lo que conocemos como energía en firme”¹².

Y hablando de la Oferta de energía en firme (OEF), según la Presidenta de ASOENERGÍA Sandra Fonseca, la demanda promedio en el país en un día ordinario es de cerca de 222 GWHD y sólo “hay en este momento, en términos de energía en firme en la oferta 225 GWHD”¹³, justo, a ras de bola y sin margen de maniobra. Se estima que, de entrar las otras dos unidades de HIDROITUANGO aportarían 14 GWHD adicionales para completar 239 GWHD. Un detalle que no es menor es saber y constatar que esta central hidroeléctrica, cuando se concluya y opere a plena capacidad, será la mayor del país, podrá abastecer hasta un 17% de la demanda, pero su embalse es pequeño y la misma prácticamente genera la energía a filo de agua del río Cauca. Por ello coincido con Sandra cuando afirma que el Sistema está en un “equilibrio inestable en el balance Oferta – demanda existente”¹⁴. Huelga decir que en el caso extremo, la OEF sólo podrá responder hasta un máximo de 65% de la demanda (¡!).

El stress del sistema presiona al alza las tarifas

Esta estrechez de la oferta de energía ya le ha venido pasando la cuenta de cobro a los usuarios. Como lo afirma Sandra “la señal de precios muestra claramente que en la actualidad hay una escasez inminente y creciente en el balance eléctrico, es decir la necesidad de aumentar la disponibilidad de toda la infraestructura”¹⁵. Este descalce entre la oferta limitada para satisfacer una demanda de energía creciente, que pasó de un crecimiento del 3.34% en 2022 al 5.24% actual, estresa el Sistema y viene presionando al alza los precios de la energía en Bolsa y estos, a su vez, presionan al alza también las tarifas que paga el usuario final.

Así lo explica el director ejecutivo de ANDEG Alejandro Castañeda: “estos precios de la energía en Bolsa han venido subiendo, ya que las centrales hidroeléctricas han cedido en generación más de 50 GWH y que han sido cubiertos por las plantas termoeléctricas, que han entrado a respaldar para evitar un déficit en el Sistema”¹⁶, el doble de los 26 GWH registrados un mes atrás (¡!). En febrero, el precio de bolsa de energía fue de $533,7/KWH, lo que significó un aumento de 42,61% frente al precio promedio de enero, que fue de $374,24/KWH, el más alto desde 2016. Pero, ha seguido subiendo hasta alcanzar el promedio ponderado de los $823.6 el KWH el pasado 17 de mayo.

12 Ídem

13 Vanguardia. Mayo, 16 de 2023

14 Ídem

15 Ídem

16 El Colombiano. Mayo, 19 de 2023

Es de anotar que el precio de la energía, ya sea en Bolsa o en los contratos bilaterales entre comercializadores y generadores, impacta el cargo por generación

(G) de la fórmula tarifaria (CU). Ahora bien, cuanto mayor exposición en Bolsa tiene el comercializador mayor es la volatilidad del precio. En promedio las empresas comercializadoras compran un 25% de la energía que distribuyen en Bolsa. Claro está que a medida que se van venciendo los contratos bilaterales el precio al cual se transa la energía tiende a tomar como referencia el precio en Bolsa al momento de concretarse. Son 9 las empresas comercializadoras, 5 de ellas de la Nación, las que atienden 6.2 millones de usuarios, 35.5% del total, con exposición en Bolsa por encima del 30%, en detrimento de sus usuarios.

Por ello, concuerdo con Castañeda en el mensaje que le ha enviado al Ministerio de Minas y Energía en el sentido que “el Gobierno nacional debe insistir en que la demanda esté contratada y que tenga los contratos de energía listos para que en caso de que el precio en Bolsa suba mucho, los usuarios no vayan a sufrir”¹⁷. Ello no da más espera.

Finalmente, sin alarmismos, pero consciente del riesgo inmanente del Sistema y del sentido de la oportunidad para actuar diligentemente con miras a minimizarlo, me permito sugerir al Ministerio de Minas y Energía que, con el propósito de alejar el fantasma del racionamiento de energía y conjurar dicho riesgo, reactive y convoque a la mayor brevedad la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación energética del país (CACSSE), integrado, además del Ministerio que lo preside, por ISA, la CREG, la UPME y el Consejo Nacional de Operaciones (CON), una especie de Puesto de mando unificado (PMU) del sector energético. La situación actual lo amerita.

Cota, mayo 20 de 2023 www.amylkaracosta.net

Una verdad incómoda

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en May 7, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Contrariamente a la creencia popular de que Colombia tiene la gasolina más cara del mundo, es la tercera más barata en Latinoamérica después de Venezuela y Bolivia, que no son ejemplos dignos de imitar en esta materia.

El mayor valor entre el precio de referencia de los combustibles, que lo fija el MME y el ingreso al productor (IP) de la fórmula, que es lo que se le paga a ECOPETROL, va contra el Fondo de Estabilización de los precios de los combustibles (FEPC), que en la práctica es un subsidio al consumidor, se traduce en un déficit que alcanzó los $25 billones en 2022 y se proyectaba en $32 billones para 2023.

Esta cifra supera con creces lo que se espera recibir este año por cuenta de la reforma tributaria del año anterior (Ley 2277 de 2022) y que se estará adicionando por parte del Congreso de la República mediante el proyecto de ley presentado por el Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo y que se tramita en este momento: $25.4 billones.

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De manera que está plenamente justificado el incremento en el precio de la gasolina que se viene autorizando por parte del MME desde octubre del año anterior, el cual se mantendrá hasta nivelarse con el IP. Debido a la inflación galopante que experimenta el país desde el año pasado y con el ánimo de no atizarla, el Gobierno ha mantenido congelado, es decir subsidiado, el precio del diésel, que se consume mayormente en el transporte de carga y de pasajeros. Es de anotar que el consumo de gasolina y diésel se da por partes prácticamente iguales, 199 y 191 millones de galones mensuales, de los cuales se importan, a precios internacionales, más de 80 millones de galones.

Finalmente, cabe advertir que no hace sentido que si la Transición energética se propone reducir la emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y siendo que el sector transporte en Colombia contribuye con el 12% de las mismas, se subsidie a los combustibles que los generan y de esta manera se incentive su consumo.

Ello va en contravía de la estrategia de la movilidad sostenible, que conlleva elevar las mezclas de los biocombustibles, la mayor conversión a gas(combustible-puente de la Transición) y la penetración de los vehículos con motor eléctrico, reemplazando paulatinamente los vehículos con motores de combustión, los cuales además de los GEI emiten a la atmosfera y la contaminan con material particulado (PM2,5), causante de enfermedades respiratorias, que le significan al país, según el Instituto Nacional de Salud (INS) 15.681 muertes cada año asociadas a la mala calidad del aire y le cuestan al sistema de salud anualmente la friolera de $12.2 billones (1.5% del PIB).