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Etiqueta: Amylkar Acosta

¡La lucha continúa!

Según el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, honra y prez del Caribe, “Colombia es un país que tiene un pie en el Caribe y otro en los Andes y el poder está en los Andes. Y la mayoría de los colombianos que gobiernan el país son de los Andes. Creo que lo que necesita Colombia es tener una conciencia de que es un país del Caribe, de que su destino está vinculado dramáticamente al destino del Caribe y que tiene que participar en los debates y soluciones que se buscan para el Caribe y no como un remoto país europeo que nos ve como algo que no le pertenece

El Caribe no se transa por menos, Gabo interpretó muy bien el viejo anhelo represado de nuestra región y su lucha para dejar de ser alfil sin albedrío del centralismo, de quienes gobiernan al país desde los Andes. Su más remoto antecedente lo tenemos en dos connotados exponentes del Caribe que en el siglo XIX, desde el radicalismo liberal, abrazaron la causa del federalismo: Juan José Nieto y Luis Antonio, el Negro Robles. En los albores del siglo XX, el empresariado y la prensa de la región, liderados por Tomás Suri Salcedo, atrincherados en la Liga costeña, levantaron su voz en contra del agobiante centralismo.

 

Con la expedición de la Ley 76 de 1985, que creo el CORPES, se dio un paso afirmativo en esa misma dirección, reivindicando la autonomía regional, que más tarde fue consagrada en el artículo 287 de la Constitución Política de 1991, la cual, además hizo posible que las regiones se pudieran constituir como región administrativa y de planificación (RAP) primero y como entidad territorial (RET) después. Estos son los antecedentes de la creación de la RAP del Caribe el 19 de octubre de 2017, que estuvo antecedida del mandato ciudadano del Voto Caribe, de más de 2.5 millones de ciudadanos que expresaron su respaldo a este proceso.

A partir del 1º de febrero de este año recibí el encargo por parte de los gobernadores de los departamentos que la integran de poner en marcha la RAP del Caribe y a eso nos hemos consagrado, logrando su reconocimiento y posicionamiento tanto a nivel regional como frente al Gobierno Nacional. Ya cuenta con el registro ante el Ministerio del Interior y con la versión preliminar del Plan estratégico regional (PER) El futuro se hace presente, avalado por el DNP. La RAP es la instancia con la que habrán de contar los nuevos gobernadores y diputados electos, que asumirán su gestión a partir del 1º de enero del año entrante y tendrán la oportunidad de orientar el proceso en marcha de la formulación de la versión final del PER. En este se abordan los grandes desafíos que deberán encarar en su cuatrienio, con dos ejes fundamentales, la Transición energética, aprovechando el enorme potencial con el que cuenta la región de fuentes no convencionales de energías renovables (eólica, solar – fotovoltaica, biomasa), que está llamada a constituirse en el Hub energético del

país, al tiempo que se implemente la estrategia de Transformación productiva diversificando la economía regional.

La región Caribe aspira y espera encontrar en la Hoja de ruta de la Transición energética justa que contempla el Plan Nacional de Desarrollo Colombia potencia mundial de la vida una respuesta satisfactoria a la pobreza energética que le impide el acceso a la energía a los más vulnerables, los más golpeados con las altas tarifas de energía, que deberán encontrar un alivio con la generación de las energías renovables y la implementación de los proyectos de comunidades energéticas. Y en la medida que se supere la pobreza energética se podrá avanzar también en el cierre de la brecha digital.

Visionamos una región Caribe reindustrializándose con el cluster del hidrógeno verde, a partir del cual se producirá el amoníaco y el fertilizante, insumos indispensables para el desarrollo agrícola, también el del níquel, transformándolo para producir las baterías que se van a requerir para el almacenamiento de energía y el complejo de la cadena de valor del aluminio, que se instalará próximamente en Sucre, entre otros desarrollos. Al propio tiempo, tendremos también en la agenda la actividad extractiva de los minerales estratégicos sin los cuales no será posible la Transición energética, tales como el cobre, del cual se cuentan con importantes prospectos en el sur de La Guajira, el norte del Cesar y en Córdoba.

Ello, sin desmedro del impulso requerido del sector turístico en auge en nuestra región. El Consejo regional de la RAP acordó apostarle a un proyecto estratégico, que tiene como uno de sus ejes el turismo, me refiero a La Ruta Gabriel García Márquez, con el cual se le dará cumplimiento a la Ley de honores del Nobel. En estos momentos se avanza en su formulación de la mano de la Fundación Gabo, que preside Jaime Abello y con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) que preside Sergio Díaz-granados.

Otro aspecto que no puede pasar por desapercibido es el concerniente a la inseguridad alimentaria de la región Caribe, tanto más en cuanto que mientras a nivel nacional el número de hogares en condición de inseguridad alimentaria es del 21.8%, la región del país en la que se concentra el mayor número de hogares en condición de inseguridad alimentaria es el Caribe con el 40%. El contraste es mayor cuando se compara con el promedio de los departamentos del “interior”, que oscila entre el 14.6% y el 20.2%. Por ello hemos priorizado también el proyecto El Caribe sin hambre, para cuya formulación contamos también con el apoyo de la CAF.

Exhortamos a quienes asumirán la responsabilidad de conducir los destinos de los ocho departamentos que integran la región Caribe a no dar tregua, a continuar esta lucha por la autonomía, por la integración y el desarrollo económico y social de la región. La RAP por su parte seguirá cumpliendo su papel de articuladora, convencidos de que juntos, unidos, somos más y más fuertes!.

Amylkar Acosta

Riohacha, 28 de octubre de 2023

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La educación: una ventana de oportunidad

Amylkar D. Acosta M1

¡El éxito en la vida es un cruce de caminos entre la oportunidad y la preparación!

 

Colombia puede caracterizarse como el país de las desigualdades: existen enormes brechas interregionales e intrarregionales, en los niveles de ingreso y la repartición de la riqueza, entre el campo y la ciudad e incluso entre las etnias y los géneros, amén de la desigualdad de trayectorias, siendo esta sumatoria de desigualdades la mayor fuente de sus conflictos sociales no resueltos.

Aunque la Constitución Política consagra en su artículo 7º que todos los colombianos somos “iguales ante la Ley” y tenemos “sin distinción, derecho a igual protección de la Ley”, como diría el gran escritor George Orwel en su obra magistral Granja animal, en Colombia “algunas personas son más iguales que otras”. Razón tuvo el caudillo liberal, asesinado alevemente el 9 de abril de 1948, Jorge Eliecer Gaitán, cuando afirmó que el pueblo lo reclama, lo que espera y a lo que aspira no es tanto a la igualdad retórica ante la Ley sino a la igualdad real ante la vida, porque, como se suele decir coloquialmente, el papel puede con todo.

Y lo que más contribuye hacer nugatorio el cumplimiento, en la práctica, de esta norma de la Carta Magna, es la desigualdad de trayectoria, que siendo la más injusta y reprobable de todas, subyacente a todas las demás es la que menos reconocimiento tiene. Me refiero a la temprana de edad de la niñez, cuyo desarrollo marca indeleblemente el curso de nuestras vidas. En las carreras de autos, previo a su iniciación, se hace un primer recorrido para determinar la llamada Pole position, una especie de preclasificación, de la cual depende el lugar a ocupar en la grilla de partida al momento de la largada. No todos, entonces, arrancan en el mismo orden, unos parten delante de los demás.

De manera análoga no todos cuantos hemos nacido y nacen en Colombia compiten en igualdad de condiciones, todo depende del lugar que les depara la pole position en la vida. Y qué es lo que lo determina? Son múltiples los factores, destacándose entre ellos la salud y la nutrición de sus primeros tres años de vida, pues es bien sabido que la desnutrición crónica se manifiesta en el retraso en la talla para la edad del infante, pero afecta también tanto el desarrollo físico como el cognitivo de quien la sufre, causándole al niño o la niña un daño irreversible e irreparable, que se convertirá en una tara con la que tendrá que arrastrar irremisiblemente por el resto de sus días. Los primeros mil días de existencia.

de la criatura son críticos, lo que se haga o se deje de hacer durante esta fase de su crecimiento es decisivo para su formación y desarrollo posterior, de ello debemos ser conscientes. El mayor desarrollo del cerebro, del lenguaje, de la motricidad y del pensamiento abstracto que caracteriza al ser humano se dan justo en esta etapa, que es irrepetible. Lo que se quiera hacer después, tratando de suplir lo que se dejó de hacer ya es demasiado tarde, el daño está hecho. De allí que influya tanto en dónde se nace y se crece en la suerte de los niños y las niñas.

Y según la más reciente Encuesta Nacional de situación nutricional, en Colombia 560.000 niños sufren de desnutrición crónica, uno de cada nueve y 15.600 padecen de desnutrición severa. Esto es aberrante. Y claro, casi siempre la desnutrición está asociada a la falta de ingresos y ésta a su vez a la falta de empleo, ambos están correlacionados con los altos índices de pobreza multidimensional que acusa nuestro país que es del 12.9% a escala nacional, pero en los centros poblados y rural disperso es del 27.3%. Es de destacar que este mismo índice de pobreza multidimensional en la región Caribe es del 21.4%, el doble del promedio nacional (¡!).

Colombia es un país de escasa y difícil movilidad social ascendente, porque la mayoría de las personas que por su precariedad y vulnerabilidad caen en la trampa de la pobreza o lo que es peor cuando heredan la pobreza, les es asaz difícil salir de ella. Ello obedece a que el piso es pegajoso y cuesta mucho despegarse.

Por experiencia personal lo digo, que la palanca de primer grado para escapar de la pobreza es la educación, que pese a ser un derecho fundamental en Colombia sigue siendo un privilegio. De allí la importancia de la ampliación de la cobertura de la educación y lo que es más importante la calidad de la misma. Como lo dijo Nelson Mandela, el Ganhi del siglo XXI, “la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La educación es el gran motor de desarrollo personal. Es a través de la educación como la hija de un campesino puede llegar a ser médica, como el hijo de un minero puede llegar a ser cabeza de la mina, como el descendiente de unos labriegos puede llegar a ser Presidente de una gran Nación”.

Ahora bien, como lo afirmó William Butler Yeats, “la educación no es un cántaro que se llena sino un fuego que se enciende”. Y más en nuestros tiempos, los de la cuarta revolución industrial, que nos ha compelido a pasar sin hacer escala de la era analógica a la era digital. La Big data, la internet de las cosas (IoT) y sobre todo la inteligencia artificial (IA) y los algoritmos cambiaron para siempre nuestras vidas. Antiguamente se decía que la humanidad se dividía entre los que tenían y los que no tenían, posteriormente entre los que sabían y los que no sabían, el conocimiento era el bien supremo. Hoy en día la

humanidad se divide entre quienes están conectados a la red de internet y quienes no lo están, el conocimiento está disponible en la red.

Warren Buffet, uno de los hombres más ricos y prósperos del mundo acuñó esta frase: “cuando la marea baja es cuando se sabe quienes estaban nadando desnudos. Pues la pandemia del COVID 19, con su pesadilla, se encargó de desnudar y visibilizar muchas de nuestras dolamas, de nuestras falencias, entre ellas la escasa conectividad en Colombia. Según el DANE la pandemia nos sorprendió con sólo el 51.9% de hogares en Colombia con conexión a internet, ocupando el último lugar entre los países que integran la Organización para la cooperación y el desarrollo (OCDE).

Como decían nuestro mayores, no hay mal que por bien no venga. La crisis pandémica forzó la necesidad de ampliar la conectividad e impuso la virtualidad en muchas de nuestras actividades cotidianas entre ellas la educación. En regiones como La guajira y Chocó, los estudiantes perdieron prácticamente dos años lectivos por falta de conectividad. Por ello, venimos planteando que a los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) se sume el 18º , el del cierre de la brecha digital.

Pero el impacto de la 4ª revolución, que es digital, va mucho más allá, está propiciando cambios hace poco impensables e inimaginables en la educación y en el ejercicio de las profesiones. Como lo afirma el gran pensador Israelí Yuval Noah Harari, “si en el pasado la educación se parecía a construir una casa de materiales sólidos, como la piedra y con cimientos profundos, ahora se parece más a construir una carpa que se pueda doblar y llevar a otro lugar con rapidez y sencillez”. Este es el gran reto, contar con la flexibilidad y la adaptabilidad para poder sobrevivir a este tsunami tecnológico. Como bien dijo el escritor y teólogo inglés William George, “el pesimista se queja del viento, el optimista espera que el viento cambie de dirección, el realista justa las velas”. De ello es de lo que se trata, para evitar que la tecnología nos atropelle, se trata de ajustar las velas!

Ya estamos advertidos de los que el futuro, en el que ya estamos, nos ha de deparar. Según el estudio adelantado por la Universidad de Oxford, en el transcurso de los próximos 15 años el 47% de las profesiones tradicionales habrán de desaparecer sin remedio. Además, no menos del 90% del tipo de trabajos que sobrevivan a esta nueva ola se transformarán ineluctablemente, se reconvertirán y harán menester nuevas competencias y destrezas laborales. Claro está, que estos cambios, al tiempo que pondrán en riesgo la estabilidad laboral y la empleabilidad para quienes no se ajusten a los mismos, abrirán nuevas y mayores oportunidades, tales como la transformación y creación de nuevos perfiles profesionales que se acoplen a la demanda venidera del mercado laboral.

Los tiempos han cambiado, ahora el conocimiento, la información y las estadísticas están a sólo un clic de distancia, ya no sufrimos tanto por la falta de información o de conocimiento, sino que estos nos abruman. De allí la importancia del aserto del gran científico colombiano, el neurólogo Rodolfo Llinás, cuando resalta y enfatiza en que “más importante que saber es entender y para entender es fundamental contextualizar el conocimiento”, así como expandir nuestra capacidad de discernimiento, facultades estas que, por ahora, todavía nos están reservada, no están al alcance de los robots y los humanoides, que ya se encuentran por doquier!

Si, porque el mundo tiende a robotizarse, ya proliferan los hoteles en el mundo atendidos por robots, en China ya son varios los noticieros que son conducidos por robots, Elon Musk, el propietario de Tesla, la mayor fabricante de coches eléctricos acaba de anunciar que próximamente pondrá en circulación sus vehículos totalmente autónomos. Gracias a la inteligencia artificial los aviones no tripulados han sido reemplazados por los drones en la guerra, ya hemos podido presenciar sesiones del Concejo de Medellín y audiencias públicas en los tribunales en el mundo virtual del metaverso. Y cómo no traer a colación un caso insólito, en el que una novela escrita sirviéndose de la inteligencia artificial quedó de finalista en un concurso literario. Nos hemos tenido que acostumbrar, por fuerza de las circunstancias, a las clases, conferencias y webinars virtuales. Y cómo no, están al orden del día las plataformas de los rapitenderos y app como Uber para el transporte de pasajeros.

Para concluir, me permito citar un aparte del discurso de nuestro laureado con el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez ante el Foro América Latina y el Caribe frente al nuevo milenio en París el 8 de marzo de 1999: “a ustedes, soñadores con menos de cuarenta años, les corresponde la tarea histórica de componer estos entuertos descomunales. Recuerden que las cosas de este mundo, desde los trasplantes de corazón hasta los cuartetos de Beethoven, estuvieron en la mente de sus creadores antes de estar en la realidad. No esperen nada del siglo XXI, es el siglo XXI el que lo espera todo de ustedes”. Tomemos nota!

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La decisión de Biden frente a Venezuela

En mi concepto la decisión del Presidente Biden de levantarle la sanción a Venezuela en lo atinente al sector de los hidrocarburos tiene dos implicaciones:

En primer término, esta es una señal para las petroleras estadounidenses para volver a invertir en exploración y explotación de hidrocarburos en Venezuela, el país con las mayores reservas del mundo, por encima de Arabia Saudita, que llegó a producir más de 3 millones de barriles, pero actualmente produce, en promedio, 800 mil barriles al día.
Mientras aquí en Colombia se descarta la firma de nuevos contratos para exploración y explotación de hidrocarburos allá se reanudarán.

 

En segundo lugar, al contar con esta otra fuente de aprovisionamiento de petróleo y gas los EEUU y sus aliados contribuye a contrarrestar el impacto del embargo del petróleo y el gas por parte de Rusia, causante de la actual crisis energética que afecta la economía de los países que integran la Unión Europea.

Esta es otra razón más para que el Gobierno recapacite y entienda que el petróleo que deje de producir y exportar Colombia no lo dejará de consumir el mundo, otros lo proveerán: Venezuela, Brasil que acaba de anunciar que su producción de crudo pasará de los 3 millones de barriles a 5.4 millones en 2029 y el nuevo país petrolero, Guyana, estará exportando a la vuelta de un año 1 millón de barriles, tres veces lo que exporta actualmente Colombia.

Finalmente, como contexto, es importante recordar que hace 50 años, en octubre de 1973 se desató la guerra del Yom Kippur entre Israel y los países árabes, que derivó en un embargo petrolero por parte de estos a los países aliados de Israel que impactó la seguridad energética de estos.

Se repite la historia con el actual conflicto en el Medio Oriente, convertido ahora en un polvorín. Ello no es ajeno a la decisión tomada por el Presidente Biden. Entonces como hoy el gran beneficiado de tal coyuntura fue Venezuela qué se convirtió en el nuevo proveedor de petróleo a los países aliados de Israel, cuyo precio pasó de US $1.80 por barril a US $11.65 en 1974.

Amylkar D. Acosta Medina
Bogotá, octubre 18 de 2023

«La consecuencia de un apagón eléctrico es la caída catastrófica de la economía»: Amylkar Acosta

El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, explica las consecuencias que tendría para Colombia un nuevo apagón eléctrico, una de ellas, la caída de la economía.

Amylkar Acosta

 

Energía eléctrica

Exministros piden a Gustavo Petro acciones urgentes para evitar un apagón

Un grupo de exministros de Minas y Energía enviaron una carta al presidente de la república, Gustavo Petro, solicitando medidas urgentes ante un eventual apagón energético en el país.

En la carta le recuerdan al primer mandatario la advertencia que hizo la firma XM sobre un posible apagón en Colombia y los efectos que una situación como estas puede generar en la economía.

 

«El operador del mercado XM en su último análisis de riesgo financiero del mercado de energía, 17 comercializadores que atienden casi el 40% de la demanda comercial del país se encuentran en serias dificultades financieras que podrían contagiar a 19 agentes adicionales y generar deudas en la bolsa de energía por $827 mil millones», señalan en el texto.

Piden además prestar atención al manejo que ha tenido la Comisión de Regulación de Energía y Gas a quien se le ha rellenado con comisionados encargados y «subordinados al gobierno».

Los exministros preguntan al presidente si su gobierno está preparado para enfrentar una crisis como estas y piden respuestas inmediatas a lo que podría generar la llegada del fenómeno del Niño.

«¿Está preparado el gobierno—en cabeza de la Superintendencia de Servicios Públicos y del Ministerio de Hacienda—para asumir la intervención de un número significativo de empresas sin afectar la calidad del servicio y sin que se ocasionen los elevados costos fiscales que traen intervenciones de este tipo?«.

También piden definir incentivos de precios para buscar las eficiencias en el consumo vía programas de respuesta a la demanda, incentivos reales y de precios para vincular a la demanda en la entrega de excedentes de energía de autogeneración y, en esta coyuntura, mantener y asegurar la provisión de combustibles para la generación térmica.

Los firmantes de la carta son los exministros Amylkar Acosta, Germán Arce, Carlos Caballero, Mauricio Cárdenas, Tomás González, Luisa Lafaurie, Carlos Martínez, Luis Ernesto Mejía, Diego Mesa, Federico Rengifo, Juan Camilo Restrepo, Carlos Rodado, María Fernanda Suárez y Ramiro Valencia.

Nota relacionada: En ‘Dialoguemos’ Amylkar Acosta explica sí se avecina un racionamiento de energía en la Costa Caribe

La espiral alcista de los precios de la energía

El precio de la energía en la Bolsa pasó de $374 en el mes de enero de este año a más de $1.000 el KWH en septiembre, para un incremento del 300% y lo más preocupante, con tendencia al alza (¡!). Este precio ha estado rozando el denominado “precio marginal de escasez”, que se fija mensualmente, el cual alcanzó el 11 de septiembre los $1062 el KWH. El mismo constituye el techo estimado como máximo que paga la demanda por la energía. Llegado a este punto, de condición crítica del Sistema, se activa el cumplimiento de las obligaciones de oferta de energía firme (OEF) con cargo por confiabilidad.

Son tres las causas fundamentales que han disparado esta espiral alcista, a saber: en primer término la inflación, que si bien ha venido cediendo en los últimos meses todavía para el mes de agosto, según el DANE, el índice anualizado del IPC se situó en el 11.43% y en lo corrido de este año marcó el 7.43%. Con el agravante de que los servicios públicos junto con el precio al alza de la gasolina son los que más han contribuido a la inflación.

 

En segundo lugar, tenemos los efectos del fenómeno del Niño, que empieza a hacerse sentir, influyendo en forma determinante al aumento del precio en Bolsa de la energía, toda vez que los generadores hídricos han empezado a “guardar” agua en los embalses para poder afrontar los próximos meses venideros, que se espera sean de hidrología crítica, para poder cumplir con sus contratos de venta de energía a los comercializadores de la misma.

Una aclaración importante, los embalses que sirven a las hidroeléctricas están en niveles relativamente altos, el agregado alrededor del 78%, los aportes están en el 50% del promedio histórico al tiempo que pierden, en promedio, 0.4% diario, es decir que     cada     10     días     están     perdiendo     4      puntos      porcentuales. Caben, además, dos observaciones: la primera es que la capacidad de regulación de

ellos, a excepción de El Peñol, que supera el año, sólo resisten un máximo de 4 meses. Es decir que basta con que deje de llover 4 meses, con hidrología crítica, para que dejen de ser operativas.

Por último, está el atraso en la ejecución de los proyectos de generación, destacándose entre ellos los parques eólicos en La guajira, que comprometen la entrada en operación de 2.400 MW de potencia y el de HIDROITUANGO, del cual sólo están generando dos turbinas con 600 MW, se espera que entren dos más en el mes de noviembre, restando las otras cuatro, que representan 1.200 MW. También muestran atraso considerable la ejecución de los proyectos de transmisión y subtransmisión.

En estas circunstancias, resulta muy preocupante que la Unidad de planeación minero

– energética (UPME), que es la responsable de la convocatoria de las subastas para la asignación de nuevos proyectos de expansión, el año pasado no abrió ninguna. Y la subasta que abrió en febrero de este año ha sido aplazada dos veces, ahora para febrero del próximo año. Y ello, en momentos en los que mientras la demanda de energía crece a un ritmo del 5%, la oferta sólo lo hace al 2.5%. Ello explica el alto grado de stress al cual está sometido el Sistema interconectado nacional, presionando al alza los precios de la energía. Lo dice la calificadora de riesgo Fitch Ratings: “Colombia continúa enfrentando un desajuste entre la demanda de energía y la expansión requerida del Sistema”1

El caso de la región Caribe es mucho más crítico, dado que, debido a la sobrecarga a la que está expuesta la red de transmisión de energía, a consecuencia del atraso en la ejecución de los proyectos para su robustecimiento, ha obligado a restringir la atención de la demanda. Dicho de otra manera los 2.7 millones de usuarios del Caribe vienen siendo sometidos a un racionamiento programado de energía y las térmicas que operan en la región, que deberían servir sólo de respaldo, están en la base y vienen operando a full, para poder suplir la energía que de otra manera vendría desde el interior del país, de origen hídrico menos costosa.

Impacto en la tarifa de energía

Ello termina impactando el componente G (generación) de la fórmula tarifaria ( CU

= G + T + C + D + PR + R) y, en última instancia, al usuario final vía tarifas, en mayor o menor medida, dependiendo del grado de exposición en Bolsa que tenga el respectivo operador de red, que es quien presta el servicio, en Bolsa. A mayor exposición más afectación en el monto a pagar por la factura de consumo de energía que le llega al resignado usuario final.

Peor aún, si tenemos en cuenta que el consumo de energía para el mes de agosto de este año, según la empresa XM, que administra el Sistema interconectado nacional (SIN), ha crecido, en promedio, 6.23% con respecto al mismo mes del año pasado

para un acumulado de 7.005.82 GWH/mes; entre tanto, en la región Caribe ha aumentado 11.75%, consumiendo 1.978.18 GWH/mes, atribuible a las altas temperaturas de la temporada del Niño. De modo que si al alza en las tarifas le sumamos el mayor consumo ello se reflejará en un aumento desmesurado en la factura a pagar por parte del usuario, en momentos en los que está viendo afectada su capacidad adquisitiva por cuenta de la alta inflación.

Ahora bien, el impacto es mayor para usuarios de los estratos 1, 2 y 3, que son sujetos de los subsidios, debido a que estos sólo cubren un porcentaje del denominado consumo básico o de subsistencia, del 60% para el estrato 1, hasta 50% para el estrato 2 y 15% para el estrato 3, de 130 KWH/mes para los usuarios que habitan en territorios por encima de los 1.000 metros del nivel del mar y 173 KWH/mes los que se sitúan por debajo de esa cota. El mayor consumo que se viene dando, como excede este límite se debe pagar por parte de estos usuarios con tarifa plena, sin subsidio. Es más, si el mayor consumo excede en un 50% el consumo de subsistencia se pierde el derecho al subsidio, así lo prevé el artículo 114 de la Ley 1873 de 2017 (¡!).

A propósito de los subsidios conviene dejar establecido que los mismos quedaron establecidos en el artículo 99.3 de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, como “un descuento en el valor de la factura” de los más vulnerables, en este caso de los estratos 1, 2 y 3. Ello dio lugar a la creación del Fondo de Solidaridad para Subsidios y redistribución del ingreso (FSSRI) mediante la Ley 286 de 1996. Para su financiación se estableció un esquema de subsidios “cruzados”, consistente en que los estratos 5 y 6, así como los usuarios no regulados (léase industria y comercio) pagaran una contribución del 20%. El estrato 4 es neutro, no recibe subsidio, pero tampoco paga dicha contribución. Así se dispuso en el artículo 47 de la Ley 143 de 1994, previendo que “el faltante de los dineros para pagar la totalidad de los subsidios será cubierto con recursos del Presupuesto nacional”.

No obstante, en el año 2010, a través del artículo 2º de la Ley 1430 se eximió del pago de la contribución a los usuarios industriales y desde entonces el valor de los subsidios corre por cuenta de los estratos 4, 5 y 6, así como del Presupuesto general de la Nación (PGN). Según Sentencia C – 086 de la Corte Constitucional dicha contribución constituye un “impuesto nacional con destinación específica”. Ya para el año 2018 el monto de los subsidios de energía ascendía a los $3.1 billones, de los cuales $1.8 billones se cargaron al PGN. Actualmente lo que se recauda por la sobretasa sólo alcanza a cubrir el 36% de los subsidios, de tal modo que el déficit que debe cubrirse a través del FSSRI supera los $5 billones, con cargo al PGN.

En desarrollo de una Asamblea de usuarios del servicio de energía en Santa Marta el pasado 17 de septiembre, convocada por el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, este levantó una polvareda al espetar, sin pestañear, que “los subsidios por ley se asignan a los estratos 1,2 y 3. Y no se le entrega a la gente directamente, se les entrega a través de las empresas. Como la mayoría de las empresas son privadas, entonces se quedan con los subsidios y los administran. La transición debe garantizar que los subsidios lleguen a la gente2.

La respuesta de los gremios del sector (ANDEG, ANDESCO, ACOLGEN, ASOCODIS, NATURGAS y SER Colombia), todos a una, no se hizo esperar, le respondieron en el acto a su ligereza en los siguientes términos: “los subsidios aplican directamente a los usuarios mediante sus facturas y luego el Gobierno realiza los reembolsos mediante procedimientos que aseguran la validez de dicho proceso”. Además, revelaron que, en la mayoría de los casos, los pagos se han demorado más de lo esperado, llegando al punto de acumular deudas pendientes desde el segundo trimestre del año.

Que se sepa, el único caso en el que se pudo establecer por parte de la Contraloría General de la República que una empresa no aplicaba el subsidio a sus destinatarios, sino que se quedaba con el mismo es el de la abominable y abominada ELECTRICARIBE. Y ello dio lugar a un juicio de responsabilidad fiscal, que terminó con un hallazgo administrativo con alcance fiscal por valor de $78.517,59 millones para las vigencias 2015 y 2016”3, obligando a la empresa a su reintegro.

Ahora bien, como lo afirman los gremios en su comunicación al ministro, “si hay evidencias de malos comportamientos por parte de ellas, invitamos a interponer las denuncias que correspondan ante las autoridades pertinentes y a que estas, en derecho, ejerzan sus funciones en tal materia”4. ¡El ministro tiene la palabra!

Cota, septiembre 23 de 2023

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Un viaje hacia la eternidad

Nimbado por la fama y el prestigio bien ganados, a punta de pincel y cincel, después de sus inicios como caricaturista de El Colombiano de Medellín, el Maestro de maestros del arte contemporáneo, orgullo de los colombianos, Fernando Botero Angulo (Medellín 19 de abril de 1932 – Mónaco 15 de septiembre de 2023), pintor, escultor, dibujante y muralista, a quien los conocedores de arte sitúan a la altura del genio del Renacimiento Miguel Ángel Buonarroti, acaba de hacer el tránsito hacia su inmortalidad.

Su alternativa fue el arte y no la tauromaquia, que fue su primera tentación como vocación frustrada, la que satisfizo con la pintura. Como el mismo lo dijo, “fue mi amor puro por los toros lo que me llevó a pintarlos”. Y no solo por eso, es que a su juicio “los toros hacen la vida fácil al pintor porque es una actividad que ya de por sí tiene mucho color. El traje de luces del matador, la arena, la barrera, el público… Es un tema maravilloso, le da poesía a la pintura”. De allí sus óleos y acuarelas alusivos al arte de lidiar toros!

 

En su camino hacia el pináculo de su grandeza y la inmortalidad tuvo como contertulios a dos grandes de las letras, que fueron para él fuente de inspiración, León de Greiff y Jorge Zalamea, con quienes frecuentaba el famoso Café automático en la entonces gélida Santa Fe de Bogotá. Allí se la pasaban horas.

y horas compartiendo y departiendo alrededor de la palabra, que Botero posteriormente plasmaría en sus lienzos. Original e inconfundible en su estilo, impuso el volumen y voluptuosidad en la silueta de sus icónicas obras como su impronta inimitable, primando el arte figurativo, alegórico y su vocación retratista en su obra.

Como afirmó el gran escritor mejicano y su amigo de todas las horas Carlos Fuentes, a quien la Academia sueca le quedó debiendo el premio Nobel de Literatura, “Botero adapta el volumen sin perspectivas, sin necesidad de sombras (como nuestra pin-up de la revista Esquire) a fin de revelar su propia, personalísima, exaltación de alma receptiva”, hasta el paroxismo!

Lo describe muy bien María Paz Gaviria Muñoz, historiadora del Arte de la Universidad de Columbia y Directora de artBO, en su retrato hablado del Maestro: “el trabajo de Botero siempre ha sido conmovedor, esa representación de lo irrisorio de la vida humana, que no se queda en la ironía, sino que también nos conmueve, su expresión barroca que nos permite oscilar entre emociones profundas y otras más simples, su representación de la belleza a través de la violencia y de la violencia a través de la belleza , esto sin duda es lo que lo hace más grande”. Tal cual!

Esta es otra arista de su singularidad, que se destaca entre sus excelsas virtudes, su versatilidad, que le permitieron, como lo afirma Camilo Castaño, Curador del Museo de Antioquia, tan caro a los afectos del Maestro, no pintar “solo los aspectos más amables de la vida, sino también lo poco agradable, que también es muestra de arte, que también habla de colombianidad”.

Con su talante, su arrolladora y cautivante personalidad, así como su modo de ser y proceder, le granjearon el cariño, el afecto y la admiración no solo de los colombianos sino allende nuestras fronteras. Botero fue en el arte lo que Gabo para las letras, dos vidas paralelas y universales al mismo tiempo, coetáneos, dos figuras descollantes, encumbrados en la cima de la cultura y el arte de nuestro tiempo. Si existiera un Nobel para las artes plásticas, él se habría hecho merecedor al mismo.

El mismo se definió como “un trabajador incansable y lo hago por placer, es un pequeño éxtasis que uno siente durante horas, dedicándose a la profesión más bella del mundo”. Su obra lo trasciende, con razón sentenció que “el arte no puede desaparecer”, se perpetúa en el tiempo y en el espacio. Ese es su gran legado!

Gloria eterna para el Maestro Fernando Botero!

Riohacha, septiembre 16 de 2023

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La tormenta perfecta

Súbitamente, hace 15 días, se presentó una contingencia, sin solución a la vista, en el campo Jobo, ubicado en el Departamento de Córdoba, productor de gas natural y operado por la empresa CANACOL ENERGY. Ello la obligó, por fuerza mayor, a suspender la entrega de 37 MMPCD de gas natural a la que está comprometida con el mercado no regulado, lo cual se ha traducido en un racionamiento del 10% de la oferta de gas, que viene a sumarse, en una especie de tormenta perfecta, al racionamiento del servicio de energía que padece la región Caribe. Es de anotar que CANACOL ENERGY es el segundo proveedor en la región Caribe después de HOCOL, filial de la estatal ECOPETROL.

Como se dice coloquialmente, esta es otra pata que le nace al cojo. Empresas como Tecnoglass, Monómeros, Gracetales, Cartón Colombia y Cerromatoso, están enfrentando serios traumatismos en su operación, a consecuencia de esta restricción en el suministro de gas. Este último es el caso más patético porque, además de ser el mayor consumidor (entre 15 y 18 MMPCD), no tiene alternativa distinta al gas natural y de remate, según comunicado de la compañía “al no tener el suministro del gas de manera estable y continua, ello implica subirle la potencia a los hornos, lo que conlleva unos riesgos importantes en su estructura y eventualmente se podría llegar a un daño catastrófico y la reparación de cada horno está en los US $180, aproximadamente”. Es asunto de vida o muerte para CMSA.

 

Como se lo han planteado las factorías afectadas al alto Gobierno, “las restricciones generan afectaciones a los clientes en sus niveles de producción, costos de producción, precios de venta, e incluso a sus equipos de producción, con daños potencialmente irreversibles”2. Sobre todo en aquellos casos en los cuales no se cuenta con sustituto idóneo, como sería la electricidad, para mantener su operación, que son la mayoría de ellas. Con el gravante de que en este preciso momento se presenta una limitación de suministro de electricidad, que está siendo suplida por las térmicas, que operan sobre todo con gas natural como combustible.

Este déficit en el suministro de gas natural contratado por parte de las dos empresas distribuidoras que cubren el mercado de la región Caribe (Gases del Caribe y

Surtigas) con Canacol Energy, comprometen el 50% del volumen de la capacidad contratada en firme con respaldo físico, lo cual tiene un efecto dominó “aguas abajo”. Por fortuna, esta falla en el suministro no está afectando ni al consumo domiciliario ni al vehicular, como tampoco al parque térmico, que tiene en la regasificadora del Cayao su respaldo para proveerse de gas natural importado siempre que lo requiere.

La escalada alciste de los precios del gas natural

La opción de comprar el gas natural faltante en el mercado spot sale demasiado costoso, a precios mucho más alto que el convenido en los contratos vigentes ahora interrumpidos, debido a que en los últimos meses la cotización del gas natural ha estado por las nubes. Basta con decir que su precio pasó en un solo año de US 2.55 el MMBTU en enero de 2022 a US $5.11 en enero de 2023, el doble y en el último mes de este año ha oscilado entre los US $12 y los US $16 el MMBTU (¡!). Esta escalada alcista de los precios tuvo su detonante en la invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones de los países que hacen parte de la OTAN   a Putin. Esta, entonces es un coletazo de la crisis energética global que desató3.

De la abundancia a la escasez

Una vez más este impasse pone de manifiesto que Colombia hace rato pasó de la abundancia a la escasez de gas natural, debido fundamentalmente a la declinación de las reservas de gas en los yacimientos de La Guajira4, atenuada por los nuevos hallazgos en el Departamento de Córdoba y Sucre (Bloque Sinú). Según el más reciente informe de la ANH contentivo del balance reservas/producción, a la vuelta de 3 años la importación de gas natural dejará de ser la excepción para convertirse

en la regla 5 . Por fortuna, el descubrimiento de una nueva provincia gasífera offshore, que tiene como epicentro el Pozo Orca en proximidad de las dos plataformas de Chuchupa en La Guajira, constituye una noticia esperanzadora.

Empero, como afirma Alberto Consuegra, Vicepresidente ejecutivo de ECOPETROL, allí “hay un gran volumen y una gran cantidad de gas, pero tiene retos. Esos retos son confirmar que los hallazgos y descubrimientos se pueden madurar para llevarlos a la fase de desarrollo y convertirlos en reservas de gas. Ese va a ser el reto6. Razón tiene, entonces, el Presidente de ECOPETROL Ricardo Roa, cuando plantea la necesidad de “poner el acelerador y hacer cronogramas más rigurosos”7, para que las reservas probables y contingentes se tornen en reservas probadas. Con tal fin, se aprestan a perforar el pozo delimitador en Orca para así y sólo así poder establecer el tamaño del yacimiento8.

¿Qué hacer?

Pero, mientras tanto, cabe preguntarse qué hacer para sortear la actual encrucijada. En primer lugar el Grupo térmico, a cuyo servicio está la terminal regasificadora ubicada en la isla de Barú en Cartagena, tiene permanentemente fondeado un buque metanero, con capacidad de almacenar hasta 530 MMPC de gas natural licuado (GNL) importado, el cual sirve de respaldo para garantizar el combustible para la operación de sus plantas de generación. De este volumen, por limitaciones logísticas se dispone de 450 MMPCD, de los cuales estas deben disponer 350 MMPCD para cumplir con el compromiso de ofertar energía en firme (OEF) con cargo de confiabilidad, de manera que bien podría liberar parte del remante para superar la actual coyuntura de desabastecimiento. Otra alternativa es que las térmicas utilicen el gas importado en lugar del gas doméstico, liberando parte de este, mientras se subsana este traspié.

Estas medidas se pueden complementar, como lo plantea PROMIGAS, eliminando “la restricción regulatoria temporalmente permitiendo la comercialización de estas cantidades para periodos inferiores a un año, y así, solventar los requerimientos de gas generados por restricciones en el suministro” y de paso “asignar las restricciones de gas natural a prorrata de los consumos de cada usuario que cuente con contrato en firme, de forma directa o a través de su comercializador”.

Finalmente, para evitar que situaciones como esta se repitan hacia el futuro, ya sea en la región Caribe o en el centro del país, la CREG debe agilizar el trámite de la Resolución que permita que opere la bidireccionalidad de los gasoductos de

5 Amylkar D. Acosta M. Las cifras no mienten. Junio, 4 de 2023

6 El Nuevo Siglo. Julio, 24 de 2023

PROMIGAS y TGI, que se empalmaron desde el 1º de abril pasado, con punto de convergencia (STN) en La paz (Cesar), estableciendo los cargos para posibilitar las inversiones en capacidad de compresión, que se requieren para pasar de la capacidad de transporte actual, que es de sólo 50 MMPCD hasta los 170 MMPCD. Para luego es tarde!

Cota, septiembre 3 de 2023 www.amylkaracosta.net

Se incumplen los ODS

Amylkar D. Acosta Medina1

En el año 2015, hace exactamente 8 años, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), como solución de continuidad de los Objetivos de Desarrollo del del Milenio, también conocidos como Objetivos del Milenio, acordados en el año 2000. Es de destacar que los ODS fueron acogidos inicialmente por parte de la Cumbre Río + 20 que tuvo lugar en el año 2012 a iniciativa del Gobierno de Colombia2. El propósito fundamental es mejorar la calidad de vida de los más de 7.000 millones de habitantes del planeta, sobre todo la de los más vulnerables.

 

Pues bien, la Agenda 2030 desplegó 17 objetivos de desarrollo sostenible y fijó 169 metas a alcanzar. El secretario General de la ONU, en duro pronunciamiento sentenció que “a menos que actuemos ahora, la Agenda 2030 podría convertirse en el epitafio del mundo que pudo haber sido…a mitad de camino, esta promesa está en peligro…más de la mitad del mundo está rezagado. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible desaparecen por el retrovisor, al igual que las esperanzas y los derechos de las generaciones actuales y futuras”3.

Y no es para menos, dado que transcurridos 8 años más de 40 de las 140 metas a alcanzar no sólo no muestran avances sino que incluso se ha retrocedido con respecto a algunas de ellas. El resto de ellas acusa atrasos considerables, al punto que si el cumplimiento de las mismas sigue al ritmo actual, se prevé que para el 2030 575 millones de personas continuarán atrapadas en la pobreza extrema (US $15/ día de ingreso), lo cual aunque significaría una reducción de la misma del 30% con respecto al 2015 estaría muy lejos de su erradicación, muy lejos del primer objetivo que es poner fin a la pobreza en el mundo. Sólo 15%, aproximadamente, de las 140 metas específicas se alcanzarían a cumplir al final de la década.

Y qué decir con respecto al 2º de los objetivos, Hambre cero. Según Antonio Guterres, “el mundo volvió a niveles de hambre desconocidos desde 2005” 4 , atribuible en gran medida a dificultades de acceso a los alimentos, debido a que los precios de los mismos superan en muchos países los niveles del período 2015 – 2019. En efecto, el número de personas que sufría inseguridad alimentaria moderada o grave en 2021 se aproximó a las 2.300 millones, una de cada tres de ellas; entre tanto la desnutrición infantil sigue siendo un flagelo que azota a un gran conglomerado de la población a nivel mundial. A ello contribuyó mucho la crisis pandémica, que afecto el empleo y el ingreso, sobre todo en los países en desarrollo y de ingreso medio como Colombia.

Es más, en 2021 el número de personas que pasaban hambre estaba cerca de 800 millones, sobrepasando los niveles prepandémicos. En 2022 se estimaba que 45 millones de niños menores de cinco años sufría desnutrición grave y 148 millones habían visto afectado su crecimiento, mientras que 37 millones de niños tenían sobrepeso. Esto es alarmante!

Ante el peligro inminente del incumplimiento de la Agenda 2030 Antonio Guterres han planteado un “Plan rescate” de los ODS que pasa por la renovación del compromiso adquirido por los países signatario de los mismos, para lo cual se requiere la implementación de un plan de choque, con una inversión adicional a la ya comprometida de US 500.000 millones, para redoblar los esfuerzos y tratar de recuperar el tiempo perdido. De lo contrario, como lo afirma él “la falta de progresos supone que la desigualdad seguirá agravándose, aumentando el riesgo de un mundo fragmentado, con dos velocidades”5.

En una conferencia de prensa para presentar el más reciente y sombrío reporte de las Naciones Unidas sobre el grado de cumplimiento de los ODS, el Subsecretario general de la ONU Li Junhua manifestó su deseo de que los líderes políticos del mundo tracen “una nueva hoja de ruta”6 en la Cumbre prevista para los días 19 y 20 de septiembre en Nueva York, con el fin de darle mayor celeridad y agilidad a las acciones tendientes a dar cumplimiento a sus metas. Sólo quedan siete años para agotar el plazo, acotó y “los esfuerzos por cumplir los objetivos están en graves

problemas”7 y finalizó diciendo que “es hora de dar la alarma”8. Para luego es tarde, como dijo bellamente el gran escritor Jorge Zalamea Borda en su poema Viento del Este, No hay tiempo qué perder, hay vidas por ganar!

Cota, septiembre 2 de 2023

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1 Miembro de Número de la ACCE

2 Amylkar D. Acosta M. Río + 20. Junio, 17 de 2012

3 El Nuevo Siglo. Julio, 11 de 2023

4 Ídem

5 Associated Press. Julio, 10 de 2023

6 Ídem

7 Ídem

8 Ídem

El sector eléctrico en ascuas

Por: Amylkar Acosta

“Con las mejores intenciones se generan los peores resultados”

 

Oscar Wilde

Entre las medidas tomadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto – ley 1276, expedido al amparo de la declaratoria de la Emergencia económica, social y ecológica, está la que dispone: “los contratos de suministro de energía media anual a largo plazo suscritos con ocasión de las subastas asociados a proyectos ubicados en el departamento de La Guajira, se modificarán en el sentido de suspender temporalmente la obligación de suministro de energía hasta que entre en operación el proyecto de generación objeto del contrato y como plazo máximo hasta el 22 de julio de 2025”.

Atrasos y conflictividad social

Se trata de los contratos de largo plazo (a 15 años) suscritos entre las empresas desarrolladoras de los 17 proyectos de los parques eólicos en La guajira con capacidad de generación de 2.525 MW de potencia y las firmas comercializadoras, como resultado de las subastas que tuvieron lugar en 2019 y 2021. Como es bien sabido estos proyectos acusan un notorio retraso en el cronograma de su ejecución, sólo 2 de ellos avanzan de conformidad con el mismo.

Según el Decreto en mención, “esto pone en riesgo la subsistencia de las familias y sus niños por la falta de oportunidades que implica la pérdida de demanda de bienes, servicios y empleo que resultan del desarrollo de los proyectos de transición energética en la región”. Y para sustentar este aserto, trae de los cabellos una frase desafortunada y sin sentido, extractada de una diatriba de INDEPAZ según la cual “es turbio en Colombia el panorama futuro de las energías renovables provenientes de parques eólicos2. Cabe preguntarse si algo tan “turbio” como las “energías renovables provenientes de parques eólicos”, permite “conjurar la situación de crisis y evitar la extensión de sus efectos”, como lo prevé dicho Decreto.

Se dice, además, que el retraso de estos proyectos trae consigo “el aumento de las situaciones de conflictividad social en las regiones con vocación extractiva”, cuando en este caso es al revés, son las “situaciones de conflictividad social” mal gestionadas por parte de los gobiernos anterior y este, la que ha retrasado la marcha.

de los mismos. No se puede, entonces confundir la causa con el efecto. Es cuestionable que “para hacerle frente a esta situación se requieren medidas dirigidas a aliviar, mediante la suspensión de contratos de suministro de energía para generadores de FNCER en el Departamento de La Guajira”. Sí, se trata de “aliviar” a una de las partes de un contrato bilateral, a los generadores, a expensas de la otra, los comercializadores.

Intervención o entrometimiento

Ello ha sido muy controvertido, porque al llevarse de calle la seguridad jurídica inmanente a toda relación contractual entre particulares, como en este caso, de acuerdo con el artículo 868 del Código de comercio la parte afectada podrá interponer una demanda de restablecimiento del equilibrio económico alterado por la intromisión del Estado en una clara extralimitación de sus funciones y competencias, al terciar a favor de una de las partes, los generadores. Y si prospera esta acción legal ante los tribunales, podría derivar, según lo prevé el artículo 90 de la Constitución Política, en que el Estado responda patrimonialmente “por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados” a las empresas comercializadoras.

Además, con esta medida que, según el Gobierno, busca “legitimar la intervención del Estado en estos contratos para suspender temporalmente la obligación de suministro de energía hasta que entre en operación el proyecto de generación objeto del contrato”, contraviene lo estipulado en el artículo 1602 del Código civil en el sentido que “los contratos son ley para las partes”. Será, entonces la Corte Constitucional la que tendrá la última palabra con respecto a la constitucionalidad y a la legalidad de la misma. En medio de semejante embrollo, armado por el entrometimiento del Estado en una relación contractual consentida entre particulares, el sector eléctrico está en ascuas.

Ello, además, propicia el riesgo moral, porque si hoy el Gobierno interviene para favorecer a unos agentes y afectar a otros en La guajira, mañana puede hacerse extensiva esta medida a otros lugares del país, alegando las mismas razones que se invocan en este Decreto. Esta es una pésima señal a la inversión y a los inversionistas y no contribuye a “construir las certezas” 3 de las que habló recientemente el novel Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, en sus primeras declaraciones ante los medios luego de asumir la cartera.

Es la propia Asociación de energías renovables – SER Colombia que las representa, la que al reaccionar frente a esta medida se pronunció en los siguientes términos: “reconocemos la buena intención del Gobierno. Quizá si no se hubiesen tomado

esta medidas no tendrían un buen futuro algunos proyectos. Es una situación coyuntural y puntual, pero la prioridad es el respeto al mercado y a la estabilidad jurídica4. De ello se infiere que en este caso está afanando más el velón que el dueño de la olla!

Dura lex, sed lex

Ante semejante dislate, en respuesta a un requerimiento de la Presidenta de ACOLGEN Natalia Gutiérrez, la empresa XM, que administra y opera el Sistema interconectado nacional (SIN), puso de manifiesto las consultas que había elevado tanto al Ministerio de Minas y Energía como a la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, advirtiendo los funestos “efectos que tiene la suspensión de la obligación de suministro de energía de los contratos de largo plazo suscritos por los agentes vendedores con proyectos de generación ubicados en el departamento de la Guajira, en el cual se evidenció una alta exposición a bolsa y en consecuencia, un aumento considerable en el valor de las garantías calculadas por el Administrador del sistema de intercambios comerciales (ASIC) a partir del 18 de agosto de 2023; señalando igualmente los posibles impactos en cuanto a la continuidad en la prestación del servicio al usuario final, en caso de que los agentes compradores no cumplan con el cubrimiento de sus obligaciones5.

No obstante, como dice el aforismo “dura lex, sed lex” y dicho Decreto tiene fuerza de Ley, XM terminó disponiendo “suspender temporalmente las obligaciones de suministro de energía”6 que tienen las empresas desarrolladoras de los proyectos de 6 parques eólicos en La guajira, correspondientes a las empresas Edpr, Celsia y AES, contraídas al momento de firmar contratos de largo plazo, los cuales comprometen a las partes a honrar sus compromisos, so pena de que le hagan efectiva las pólizas de garantía por incumplimiento.

Los paganinis

Al no poder poner en operación los proyectos y generar la energía comprometida, las empresas generadoras se habían visto precisadas a salir a la Bolsa a comprar la energía para entregarla a los comercializadores y así cumplir los compromisos adquiridos. No obstante, XM, al dar cumplimiento del Decreto en mención determinó que “el ASIC no podrá realizar el despacho de las cantidades de energía asociada a dichos contratos7 y de contera “las garantías de cumplimiento actuales no son exigibles8.

De modo que, ahora serán las comercializadoras las que tendrán que salir a adquirir la energía en la Bolsa, quedando más expuestas aún a los altos precios a los que se cotiza la energía (por encima de los ya pactados con las empresas generadoras) a consecuencia tanto del stress a que está sometido el SIN por el atraso de la ejecución de los proyectos como por la llegada del fenómeno de El Niño9. Se estima que por cada $100 que sube el precio en Bolsa impacta la tarifa al usuario final entre 1 y 2%. Y según cifras de XM, mientras el precio promedio del KWH en los contratos para abril de este año era de $281.09, el precio en Bolsa para junio alcanzó los $469.55.

Como es bien sabido a mayor exposición en Bolsa, que se calcula subirá 7 puntos porcentuales, elevándose hasta el 32%, mayor volatilidad de las tarifas y en circunstancias como la actual más altas serán, augurándose un incremento que puede estar, según la experta Carmenza Chahín, alrededor del 5%. Según el Director de ASOCODIS José Camilo Manzur, el efecto de esta medida le significará a los usuarios, que son los paganinis, sobrecostos del orden de los

$170.000 millones mensuales hasta diciembre10. Según él “hoy el precio de la energía en Bolsa puede estar 2.5 veces por encima del precio al que se adjudicaron las subastas”11. Los usuarios de La Guajira, a quienes, según los considerandos del Decreto in comento, supuestamente se busca favorecer, no escaparán a esta escalada alcista de las tarifas, que puede ser del 7%.

No obstante, las comercializadoras no podrán trasladar automáticamente esos mayores precios mediante alzas tarifarias por estar vigente la opción tarifaria que las difiere y por lo tanto verán afectada su situación financiera, abultando de paso aún más el pasivo de los usuarios con las mismas que ya supera los $5 billones!

 

Bogotá, agosto 25 de 2023

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Réquiem por las térmicas en Colombia

Amylkar D. Acosta M

“En política sólo triunfa quien pone la vela donde sopla el viento, jamás quien pretende que sople el viento donde pone la vela»

 

Antonio Machado

Tal y como lo habíamos prometido, nos proponemos analizar a fondo la conveniencia y la oportunidad de varios de la docena de decretos con fuerza de Ley expedidos por el presidente de la República Gustavo Petro al amparo de la declaratoria de la Emergencia económica, social y ecológica en el Departamento de La guajira. Empezaremos por el Decreto 1276 del 31 de julio de 2023.

Hacia un modelo de generación con cero emisiones de GEI

En dicho Decreto se dispone en su artículo 8º la “financiación de GECELCA para la transformación de las termoeléctricas de carbón Guajira 1 y Guajira 2” y en su parágrafo transitorio se lee que “en un término de 3 meses contados a partir de la expedición del presente Decreto la Nación, a través de los Ministerios de Hacienda y de Minas y Energía establecerá un esquema de financiación a favor de GECELCA para la transformación de las termoeléctricas de carbón de TERMOGUAJIRA a un modelo de generación de cero emisiones netas de CO2”. Y añade, “la regulación ambiental que gobierna el sistema de generación de TERMOGUAJIRA deberá ajustarse en un término de 3 mesesa un esquema de generación eléctrica de cero emisiones netas de CO2”. Así de tajante y perentorio es este artículo.

Entre los considerandos de este Decreto se aduce que según un estudio (Huxham & Anwar, 2023), que no es cotejado con ningún otro, “los ingresos de distintas carboeléctricas se reducirían hasta en un 100% al año 2030”, de lo cual se seguiría “una posible reducción acelerada de la rentabilidad de TERMOGUAJIRA en la próxima década”. En auxilio de su argumentación trae a colación “un tema que afecta al sector”, como lo es “la alta volatilidad de los precios internacionales de carbón, que en 2022 llegaron a superar los US $400

/tonelada”, cuando es bien sabido que ello obedeció a una coyuntura muy particular como lo es el conflicto en Ucrania2. Pero también se alega que hacia el futuro el costo de generación con carbón “será agravado por la aplicación del impuesto al carbono”, lo cual pesará cada vez más en sus costos operativos.

Las térmicas como respaldo al sin

Dicho sea de paso, este impuesto está mal concebido en la Ley, porque en lugar de gravar al carbón debería gravar más bien las emisiones de dióxido de carbono a que de lugar su combustión. Tal como está en la Ley quienes quemen el carbón no tienen ningún incentivo para reducirlas, existiendo en el mercado tecnologías avanzadas tanto para reducirlas como para capturarlas. Empresas como ECOPETROL, que emite gases de efecto invernadero (GEI) a lo largo de toda la cadena de la extracción, transporte y refinación del crudo, viene tomando medidas tendientes a reducirlas y se ha fijado la meta de alcanzar la carbono neutralidad en su operación para el año 2050. Por qué no promover e incentivar la puesta en práctica de medidas similares a las que ha venido implementando la estatal petrolera por parte de los generadores térmicos. En el caso de TERMOGUAJIRA bastaría con que en lugar de consumir carbón sus dos plantas operen con gas natural, ya que son duales.

Como es bien sabido el parque térmico en Colombia, que consta de 30 centrales de generación, con una capacidad instalada de 5.668 MW, 12 de ellas ubicadas en la región Caribe, están llamadas a servir de respaldo al Sistema interconectado nacional (SIN), sobre todo para atender los picos de demanda, de tal suerte que no se puede pensar con el deseo de prescindir de ellas súbitamente, poniendo en riesgo su confiabilidad y firmeza. Tanto más en tratándose de la región Caribe en la que debido al cuello de botella que enfrenta el transporte de la energía por “agotamiento de las redes de transmisión”3, como lo reveló la empresa XM, que administra y opera el SIN, advirtiendo además que “la demanda no atendida que se viene programando…podrá incrementarse en la medida en que crezca la demanda de energía en dicha zona4.

Esta circunstancia ha obligado a que la térmicas instaladas en la región Caribe no estén sirviendo de respaldo sino que, desde hace rato, han estado en la base, generando de manera continua, para suplir la energía que no son capaces de soportar las averiadas redes de transmisión y subtransmisión. De modo que si se llega a apagar TERMOGUAJIRA no hay forma de suplir la energía que genera y nos expondría a que la región Caribe haga el tránsito del actual racionamiento del servicio de energía a un calamitoso apagón5. Por lo demás, GECELCA, que es del Estado, tiene vendida la energía que genera por los próximo años, cabe preguntarse si el Estado va a responder honrando sus compromisos prestando garantía de la Nación para su reconversión “a un esquema de generación eléctrica de cero emisiones netas de CO2”.

Todo, por el prurito de que “el Departamento de La guajira sea el primero en alcanzar la generación eléctrica carbono-cero neto…a partir del horizonte 2024-2028”, sosteniendo falazmente que la confiabilidad del SIN que descansa en el respaldo que le brinda el parque térmico, ahora “sería suplida por distintas tecnologías de almacenamiento (por ejemplo, baterías e hidroeléctricas de mayor potencia), así como por otras tales como condensadores sincronos”, que no se han terminado de inventar (¡!). Se pretende utilizar a TERMOGUAJIRA como conejillo de Indias. No hay derecho.

Es de anotar que si de lo que se trata es de reemplazar vis a vis (pelo a pelo) la capacidad de generación térmica de TERMOGUAJIRA (290 MW) por fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), ello implicaría instalar 4 veces dicha capacidad (1.160 MW) si se trata de energía eólica y 6 veces (1.740 MW) en solar – fotovoltaica. Si este es sólo el comienzo de la reconversión de todo el parque térmico a renovables el costo de la inversión en que se incurriría para lograrlo sería de aproximadamente $168 billones (¡!).

Y no lo decimos a humo de paja, es que el propio Presidente Petro manifestó que “es que se tienen que sustituir las termos, empezando por la de La Guajira6 ya que, según él TERMOGUAJIRA “es el segundo consumidor de agua en una región donde la gente es la tercera”7, lo cual no es cierto, el Presidente Petro ha sido mal informado, sus asesores de cabecera están faltando a la verdad, pues para su operación utiliza agua del mar y no de los afluentes, acuíferos o de las zonas de recarga hídrica. Partiendo de esta falsa premisa, “si TERMOGUAJIRA se traslada a ser una granja solar o un parque eólico con la misma capacidad, se libera agua para el territorio”8. Esto podría terminar en que, al final, nos quedemos en el peor de los mundos, sin la soga y sin la ternera.

Imitando el error de Alemania

Ojalá en Colombia no se repita el error de Alemania, líder en energías renovables, que se apresuró a apagar las centrales térmicas de generación y los reactores nucleares para apostarlo todo a las renovables y cuando devino la reactivación de su economía después de la recesión provocada por la pandemia del COVID 19, la capacidad instalada de FNCER no dio abasto para satisfacer la mayor demanda de energía, viéndose obligada a volver a prenderlas. Y las consecuencias no se hicieron esperar, al poner a operar nuevamente las térmicas, la mayor demanda por carbón y gas dio lugar a una espiral alcista de sus precios, alcanzando un récord histórico, llevando las tarifas de energía a niveles nunca vistos y de contera desató una inflación galopante, abocando a la economía a una crisis de la que aún no se repone9.

La improvisación no es buena consejera

A todas esas, vale la pena preguntarse qué relación tiene este ensayo de laboratorio de una política más inspirada en la ideología que fundamentada en la técnica y del sentido común, con la declaratoria de la Emergencia económica, social y ecológica, motivada por la crisis humanitaria que asola a La Guajira, con la cual se trata de “conjurar la situación de crisis y evitar la extensión de sus efectos”. Para mi ninguna, cuando se alude al supuesto cumplimiento con esta medida de la Sentencia de la Corte Constitucional T-302, que declaró el Estado de cosas inconstitucional, ese es sólo el pretexto.

La aún incipiente Transición energética justa, bandera de este gobierno no se puede adelantar a los trompicones, chamboneando, improvisando, sino de una manera gradual, paulatina, inteligente y responsable, con una gran dosis de realismo y pragmatismo. Es tal su importancia y trascendencia que la misma debería estar como primer punto en la Agenda del Acuerdo nacional enhorabuena propuesto por el Presidente Petro.

Hay que entender y persuadirse que, no por mucho madrugar amanece más temprano. Y, como bien dijo John Maynard Keynes a Franklin Delano Roosevelt en una carta abierta que le dirigió en 1933, en momentos en los que el mundo apenas estaba empezando a levantar cabeza después de la Gran depresión de 1929 – 1932 “las reformas pueden ser urgentes, pero apresurarse sería dañino cuando lograr la meta de largo plazo es más importante que el resultado inmediatoAún la más necesaria y sabia de las reformas afecta la confianza del mundo empresarial y debilita los motivos de su acción”. Más claro, el agua!

 

Riohacha, agosto 14 de 2023

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1 Miembro de Número de la ACCE

2 Amylkar D. Acosta Medina. La crisis energética global. Abril, 30 de 2022

3 XM. Comunicado. Julio, 21 de 2023

4 Ídem

5 Amylkar D. Acosta Medina. El riesgo inminente de racionamiento de energía. Julio, 22 de 2023

6 Presidente Gustavo Petro. Discurso. Riohacha, junio 28 de 2023

7 Ídem

8 Ídem

9 Amylkar D. Acosta Medina. La crisis energética global. Abril, 30 de 2022

 

A propósito de la emergencia económica y social

Amylkar D. Acosta M1

Como es consabido el pasado 2 de julio el Presidente Gustavo Petro, mediante Decreto 1085, apelando al artículo 215 de la Constitución Política, declaró la Emergencia económica, social y ecológica en el Departamento de La Guajira, “con el imperativo objetivo de conjurar la crisis humanitaria y el Estado de cosas inconstitucional, que lamentablemente se vive en el Departamento de La Guajira y que se ha visto agravado de forma inusitada e irresistible” por el advenimiento del fenómeno de El Niño.

 

Dicho Decreto ha sido cuestionado por parte de quienes consideran que el mismo transgrede la Constitución Política, alegando que sólo procede dicha declaratoria, tal y como lo establece la Carta en su artículo 215, “siempre que sobrevengan hechos distintos a los previstos en los artículos 212 y 213”, que se refieren a la declaratoria de Guerra exterior y conmoción anterior. Y a juicio de ellos la calamitosa situación que acusa La Guajira no se puede considerar como un hecho sobreviniente sino inveterado. De hecho las medidas cautelares decretadas por la Comisión interamericana de derechos humanos (CIDH) y el Estado de cosas inconstitucional por parte de la alta Corte, datan desde el 2015 y el 2017, respectivamente.

No obstante, nos atrevemos a afirmar que cada niño que muere, como han venido muriendo de manera recurrente, por inanición, por hambre, desnutrición o enfermedades asociadas a estas lacras sociales, cuya responsabilidad comparten tanto el Gobierno Nacional como las autoridades territoriales, debe considerarse como un hecho sobreviniente. De otro modo, este hecho tan aberrante terminaría convirtiéndose en simple paisaje bajo la mirada de un Estado indolente y ausente, que no cumple con la satisfacción de necesidades tan básicas como el acceso a la salud y al agua, que es un derecho fundamental que le asiste a las comunidades más vulnerables.

Además, el artículo in comento no se limita a señalar los hechos sobrevinientes como fundamento y justificación de la declaratoria de la Emergencia económica, social y ecológica, sino que contempla otra causal, cuales son aquellos “que constituyan grave calamidad pública”. Y si no configura calamidad pública la crisis humanitaria que azota y asola al Departamento de La Guajira cabe preguntarse qué se entiende por ella o qué hace falta para reconocerla. De modo que este artículo, el 215, hay que leerlo en su integridad y no parcialmente, pues bien dijo Voltaire que “si usted me da el Padre nuestro en pedazos, le demostraré que cada pedazo es una herejía”. Y, de contera, ni la Constitución ni la Ley se deben interpretar de modo que ofenda la razón y este es el caso!

Para mí, entonces, está plenamente justificada la declaratoria de la Emergencia, económica, social y ecológica, creo que se ajusta al mandato constitucional y consulta el espíritu de la Constitución Política y está, además, bien intencionada, pues con ella se da una clara muestra por parte del Gobierno nacional de que tiene la voluntad política de actuar con la presteza y diligencia que demanda el drama que aflige a amplios sectores de la comunidad en La guajira y muy especialmente los pueblos indígenas asentados en su territorio. Y, como dice Jim Cullen, “en donde hubo voluntad hubo caminos”!

Como lo plantea la Corte Constitucional en su Sentencia T – 025 de 2004, cuando se constata “la vulneración repetida y constante de derechos fundamentales que afectan a multitud de personas, su solución requiere la intervención de distintas entidades para atender problemas de orden estructural”. Ojalá que la declaratoria de esta emergencia sirva para hacer más expedito el cumplimiento de los dispuesto en el Documento CONPES 3944 del 6 de agosto de 2018, mediante el cual se establece una “Estrategia para el desarrollo integral del Departamento de La guajira y sus pueblos indígenas”, expedido en respuesta al Auto 207 del 25 de mayo de 2017 de la Corte Constitucional que conminó al Gobierno a que lo pusiera en práctica.

Pero unas son de cal y otras son de arena, una es la justificación del medio al cual recurrió el Presidente Petro para tomar las medidas conducentes a “conjurar la crisis humanitaria y el Estado de cosas inconstitucional” en el Departamento de La Guajira y otra, bien distinta, es la legalidad y constitucionalidad de los decretos con fuerza de Ley que se expidieron al amparo de la Emergencia económica, social y ecológica. Con respecto a dichos decretos tenemos reparos, sobre todo respecto a la conveniencia y oportunidad de algunas de las medidas tomadas, de lo cual nos ocuparemos en posterior artículo.

En todo caso, como lo establece el articulo 215 de la Constitución Política, “estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el Estado de emergencia”. No se puede exceder el ejecutivo al expedirlos de las facultades extraordinarias que le otorga el ordenamiento jurídico, al cual debe ceñirse, a riesgo de que sean declarados inexequibles por parte de la Corte Constitucional que, de oficio, examina su constitucionalidad.

 

Valledupar, agosto 11 de 2023 www. ,amylkaracosta.net

Nota relacionada: En ‘Dialoguemos’ Amylkar Acosta explica sí se avecina un racionamiento de energía en la Costa Caribe

 

¡Pobre balance!

Amylkar D. Acosta M1

¡Vísperas de mucho y día de nada!

 

Podemos decir que durante este año, el primero de cuatro de la administración Petro, el sector Minero – Energético ha estado al garete, sin rumbo fijo. La mejor prueba de ello es que a estas alturas, no obstante que su mayor apuesta es la Transición energética justa, no se cuenta con su Hoja de ruta. Desde el Ministerio se han hecho muchos anuncios, que se han quedado en eso, en discursos para la galería, especialmente en los escenarios internacionales. Mucho ruido y pocas nueces!

De hecho no se ha avanzado en la concreción de los 2.400 MW en los proyectos de los parques eólicos asignados en subastas en 2019-2020, por falta de diligencia del gobierno nacional para remover los obstáculos que lo han impedido. Palabras, solo palabras. Como lo hemos afirmado, se ha venido acelerando en neutro la tal Transición energética justa2.

Ello explica el retroceso que ha llevado a Colombia a rezagarse: según el último reporte del Foro económico mundial (FEM) Colombia perdió 10 posiciones en el Índice de desempeño de la Transición energética entre 2021 y 2023, pasando del puesto 29 al 39 y después de secundar a Chile, que era el Líder en Latinoamérica, Colombia ahora está de sexto3.

Y, para rematar, con lo dispuesto en el Decreto 1276, expedido al amparo de la Emergencia económica y social declarada por el Presidente Petro, se da al traste con la seguridad jurídica que debe inspirar a la política pública al liberar a los generadores de energía eólicos, cuyos proyectos están atascados en La guajira, de sus obligaciones para con los comercializadores de energía, rompiendo de facto la relación contractual entre unos y otros, terciando en favor de los primeros y en detrimento de los segundos, que se verán precisados a salir a comprar la energía en Bolsa, en momentos en los que los precios están disparados a consecuencia del Niño. Y los usuarios finales serán los que pagarán los platos rotos, ya que esos mayores precios se traducirán al final del día en más altas tarifas en las facturas.

Con terquedad aragonesa la saliente ministra de Minas y Energía Irene Vélez se mantuvo en sus trece y no dio su brazo a torcer, negándose sistemáticamente a la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Para justificar su obstinación, a finales del año pasado prefabricó, sirviéndose de la ANH como mampara, un supuesto balance de reservas en el cual sumando peras con manzanas(reservas probadas + reservas probables + reservas posibles y recursos contingentes y prospectivos), para ratificarse en su posición de que con los ya firmados bastaba y sobraba para espantar el fantasma de la importación de petróleo y gas.

Fue su propia viceministra Belizza Janet Ruíz la que desmintió dicho informe y ello le costó el puesto. Cómo le costó también su permanencia en el cargo a la Directora de la ANH Clara Guátame, quien corrió con la misma suerte, por no prestarse a darle una interpretación amañada y alineada con su postura al informe anual que emite la agencia y que se conoció en mayo pasado.

Y ya para irse, en vísperas de su retiro, autorizó la publicación, en volandas, para comentarios 4 documentos de la Hoja de ruta de la Transición energética justa aún en borrador, de cuyas proyecciones de la reducción de las reservas y el aumento previsto de la demanda, tomadas del más reciente Informe de la ANH, se infiere como corolario que al paso que vamos Colombia estará importando gas en el 2026 y petróleo en el 2028 (¡!). Así lo consideran Valora Analitik y el experto Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes4, sin embargo en dichos documentos no se repara en sus nefastas consecuencias tanto en la seguridad energética del país como en la balanza comercial, amén de su impacto en las finanzas públicas.

Este año se ha caracterizado por la imprevisión y la improvisación en el MME, empezando por la interinidad en varias de las dependencias claves del Ministerio tales como la dirección de la ANH, que ya completa 4 meses acéfala y la CREG en la que 4 de sus 6 expertos comisionados, en un hecho insólito, fueron designados en calidad de encargados, manteniendo su calidad de asesores del Despacho, lo cual, además del conflicto de competencias que ello significa, se lleva de calle el carácter autónomo de la CREG que le da la Ley. Hasta en el propio Despacho del Ministerio se manifiesta esta interinidad en la provisión de los Vice ministerios, particularmente el de energía, en donde quien reemplazó a la anterior Viceministra, Cristian Díaz, también renunció.

Situaciones tan críticas como el alza inusitada de las tarifas de energía especialmente en la región Caribe, han mostrado un Ministerio errático, pasando de la amenaza de asumir las funciones de la CREG y ahora que la controla no sabe qué hacer con ella. El rimbombante anuncio de la Ministra Irene de un “Pacto por la justicia tarifaria” dizque para rebajarlas le dejó un sinsabor a los defraudados usuarios porque desde entonces sólo han visto subir las tarifas y el costo de sus facturas5.

El clima en el sector es de incertidumbre y desconfianza. Deja al sector minero en ascuas, al determinar en otro Decreto 1277 de emergencia que prácticamente la parálisis de la actividad minera en el país, excepción hecha de la extracción de minerales conocidos como críticos o estratégicos, sin los cuales no se puede dar la Transición, tales como el carbón metalúrgico o coquizable, el níquel y el cobre. Y, para rematar, se anunció la presentación de un proyecto de Ley minera que, según lo que ha trascendido, en lugar de estimular la actividad minera tiende más bien a proscribirla.

Se anunció también un proyecto de reforma de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos cuyo contenido y alcance aún se desconocen, pero dados los pronunciamientos del Superintendente de servicios públicos domiciliarios hay una gran aprehensión entre sus prestadores. Esperar para ver!

Salvó la cara la Ministra con la decisión, por lo demás sensata y valerosa, tomada por el Gobierno nacional, más atribuible al Ministerio de Hacienda que al Ministerio de Minas y Energía, de sincerar los precios de los combustibles, empezando por la gasolina, reajustando el precio del galón desde octubre del año pasado, primero con incrementos de $200 mensuales y desde junio de este año de $600. Gracias a esta decisión el déficit del Fondo de estabilización de los precios de los combustibles (FEPC), según el Comité autónomo de la Regla fiscal al cierre de este año será de $18.5 billones, $10 billones menos que el estimado al inicio del año.

Tratando de magnificar los resultados de sus once meses de gestión frente a la cartera de Minas y Energía, Irene Vélez indujo al error al Presidente Gustavo Petro, quien basándose en el 5º de los 35 “logros” que ella enumera en su carta de renuncia manifestó en su discurso de instalación de las sesiones del Congreso el pasado 20 de julio que ella había logrado un hito histórico al “asignar el 100% de la capacidad de transporte de energía con un proceso competitivo: 8.3 GW para 190 proyectos (77% energía solar, 15% energía eólica”6, confundiendo la asignación de puntos de conexión con transmisión y lo que es peor con capacidad de generación de energía.

Entre otras cosas, a ello y sólo a ello fue a lo que dedicó la UPME, a la que, absorbida por dicha tarea, no abrió una sola subasta para transmisión que es lo que el sistema pide a gritos, para evitar situaciones como el “agotamiento en la red de transmisión regional” del cual habla XM, la empresa que opera el Sistema interconectado nacional en sus dos recientes comunicados, que tiene en estos a la región Caribe con “demanda no atendida”, que es como llama al racionamiento en la prestación del servicio de energía.

Con este pobre balance, este año pasará a la historia como el de la hostilidad en lugar de la concertación en el sector, en el que en el Ministerio se pasó, como dijo la Ministra Irene en su carta de renuncia, de responder por “un sector históricamente tecnocéntrico y patriarcal” a otro conducido por el activismo, primando la ideología sobre el rigor técnico, lo que llevó a la Ministra a desmantelar prácticamente el Ministerio.

 

1 Ex ministro de Minas y Energía

2 Amylkar D. Acosta M. Acelerando em neutro. Mayo, 24 de 2023

3 Amylkar D. Acosta M. Julio, 1 de 2023

4 Vanguardia. Agosto, 3 de 2023

5 Amylkar D. Acosta M. El parto de los montes. Octubre, 15 de 2023

6 Irene Vélez. Carta de renuncia. Julio, 19 de 2023

 

El nuevo ministro de Minas y Energía

En mi concepto, llega al Ministerio, Omar Andrés Camacho Morales, un profesional con el perfil y con el conocimiento por su formación como ingeniero eléctrico acordes con las funciones y competencias propias de un Ministerio que es eminentemente técnico, como el que más.

Este relevo se produce en momentos en que toda una región del país, como lo es el Caribe y el Chocó está abocada a un racionamiento de energía por un cuello de botella provocado por atraso en la ejecución de proyectos de transmisión energía, atrasos que se repiten en la ejecución de los proyectos de generación, que tienen operando al sistema eléctrico en un alto grado de stress y ello en momentos en los que El Niño se empieza a hacer sentir con altas temperaturas que superan los 38 grados centígrados, determinando un incremento inusual del consumo de energía. Por ello, no se puede descartar que la limitación de suministro de energía por sobrecarga de las redes de transmisión y su transmisión se repita en el resto del país, en donde también se presentan tales atrasos, especialmente en Cundinamarca y Bogotá.

 

Tendrá, además, el reto de darle al país una Hoja de ruta de la Transición energética justa, dado que, pese a ser el proyecto bandera del gobierno después que se prometía que la tendríamos para mayo pasado se aplazó hasta febrero del año entrante.

Tendrá, también, que resolver con prontitud la larga interinidad de la CREG, con cuatro de sus miembros en provisionalidad y de la ANH, que ya ajusta dos meses sin proveer sin Director. Y ello, en momentos de turbulencia del sector, que requiere señales claras y operatividad de la institucionalidad del sector.

Otro reto, que no es menor, es la decisión sobre el desmonte del subsidio al diésel que, según lo ha anunciado el Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, se dará una vez se lograra meter en cintura la inflación y el Presidente Petro aseguró en su discurso de instalación del Congreso de la República que su gobierno ya la derrotó. De no autorizarse el déficit del FEPC puede superar los $16 billones al cierre del 2023.

También tendrá que jugársela en el Congreso, ya que se ha anunciado la radicación de dos proyectos de ley, de los cuales aún no se conoce ni el sentido ni el alcance de los mismos: uno que él Presidente de la ANM anunció como “Ley minera” y la otra que se propone modificar la Ley 142 de 1994 de Servicios publicos.

Amylkar D. Acosta Medina
Usiacurí (Atlántico), julio 25 de 2023