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Etiqueta: Amylkar Acosta

El riesgo inminente de racionamiento de energía

Amylkar D. Acosta M1

Cunde la incertidumbre y el desconcierto en el sector eléctrico y desde luego entre los usuarios del servicio que presta, sobre todo después del pronunciamiento de la empresa XM, operadora del Sistema interconectado y administradora del Mercado de energía mayorista de Colombia2, alertando sobre el riesgo inminente de un racionamiento en el suministro del fluido eléctrico en el país.

 

En efecto, según XM “las redes de transmisión regional presentan agotamiento en múltiples zonas del país, especialmente en la Costa Atlántica y Chocó”. Ello, advierte, “ha dado lugar a que en algunas zonas del país se opere la infraestructura de transmisión cerca de los límites de seguridad de la red… es alta la probabilidad de no poder atender completamente la demanda de los usuarios”.

Dicho en román paladino, los usuarios de la región Caribe y de contera Chocó están expuestos a “cortes de energía puntuales para conservar los niveles de seguridad y confiabilidad en la prestación del servicio”, especialmente durante los picos de demanda. Admite, además, que la sobrecarga de la frágil red de transmisión nacional (RTN) y regional (RTR) viene “dando lugar a desconexiones continuas de demanda”, sin que los usuarios se hayan percatado de ello.

El Consejo Nacional de Operaciones (CNO) del sector eléctrico se había anticipado a plantearle a la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez, en misiva enviada el 18 de mayo, los “riesgos identificados para la operación del Sistema interconectado nacional (SIN)”. En la misma se le puso de manifiesto que se venía “racionando por el agotamiento de la red” y continúa diciendo que “la situación descrita para CCM se tornaría aún más critica ante la indisponibilidad de cualquiera de las unidades de generación de la planta Termoguajira” (390 MW), la misma que, según anuncio del Presidente Gustavo Petro en La Guajira “será la primera termoeléctrica en transitar hacia la generación eléctrica 100% descarbonizada”3. Deja en claro el CNO que muchas de las restricciones identificadas a la fecha no tienen definida obras para eliminarlas o reducirlas”.

Y después de indicar que “algunos de los riesgos identificados en las mencionadas áreas eléctricas están originados por los retrasos de la expansión”, sugiere a la Ministra “respetuosamente liderar un Plan de choque para el Caribe” y que se sepa el CNO no obtuvo respuesta. Huelga decir que ese Plan de choque no es otro que el Plan5Caribe que formulamos a nuestro paso por el Ministerio de Minas y Energía, que buscaba corregir el atraso histórico de las inversiones que ha debido hacer ELECTRICARIBE y no las hizo. Por ello, me atrevo a decir que el percance que enfrenta la región Caribe en este frente no es más que el coletazo de ELECTRICARIBE.

Quien si recibió, más que una respuesta, una réplica, fue XM, no por parte del Ministerio sino de la Unidad de Planeación Minero – energética (UPME)4. Al referirse a su Comunicado de prensa, después de controvertir la alusión que hizo XM a que el crecimiento de la demanda que supera el 5% y en el caso de la región Caribe el 7%, supera ampliamente la previsión de la UPME, se viene lanza en ristre contra ella y aduce, sin sustento alguno, que “el crecimiento real de la demanda se encuentra dentro de las proyecciones realizadas por la UPME”.

En uno de los apartes de su respuesta a XM la UPME admite, sin sonrojarse, como confesión de parte, que “las situaciones descritas sobre el agotamiento de red en algunas zonas del país, son de público conocimiento desde hace más de una década…Dichas situaciones han llevado, desde hace ya varios años, a riesgos y materialización de cortes de energía que sufren de manera particular las zonas más vulneradas históricamente, tales como las áreas de la Costa y el Pacífico colombiano”.

Además, manifiesta su coincidencia con XM “en la necesidad de expansión del Sistema de transmisión nacional (STN)”, que es su responsabilidad y no lo ha hecho. Prueba de ello es su incumplimiento del Plan quinquenal indicativo de expansión y cobertura correspondiente al período 2018 – 2023 y el hecho de que el año anterior no se abriera una sola convocatoria para proyectos de infraestructura eléctrica. La UPME remata sus “observaciones” pidiéndole a XM “evitar la divulgación de señales que puedan generar pánico y desinformación en el sector y en la ciudadanía, las cuales van en contravía del interés general”. En su respuesta a XM se percibe más calor que luz!

Se le ha pretendido endilgar al inusitado crecimiento de la demanda de energía que, según XM “puede mantenerse hasta finales del verano en marzo del 2024”, debido a las altas temperaturas y eso si El Niño no se prolonga por más tiempo. Como lo admite la UPME “los riesgos identificados en las mencionadas áreas eléctricas están originados por los retrasos de la expansión” tanto de las redes de transmisión como las de subtransmisión, amén del alto nivel de carga de las subestaciones y los transformadores, así de claro. Ello ha originado un cuello de botella que impide transportar la energía desde los centros de generación a los de distribución. El mayor crecimiento de la demanda es sólo el detonante de esta crisis, pero no la causa raíz de la misma.

Lo más grave es que los atrasos en la ejecución de los proyectos, que superan los 8 años, no se limitan a los de transmisión de la energía, se extiende a los de generación. Basta con señalar que de los 4.000 MW previstos para expandir la capacidad instalada entre los años 2018 y 2021 sólo entraron los 600 MW de dos de las ocho unidades de HIDROITUANGO. De allí el stress al que esta sometido el Sistema interconectado nacional (SIN), debido a que mientras la demanda promedio en el país en un día ordinario es de 225 GWHD la oferta de energía firme a duras penas llega a los 222 GWHD. Está, como afirma la Presidenta de ASOENERGÍA Sandra Fonseca en un “equilibrio inestable en el balance Oferta – demanda existente” 5 . Esta, entonces, es otra pata que le nace al cojo. Estamos en presencia de una tormenta perfecta!

En uno y otro caso, ya sea por atraso en los proyectos de transmisión o de generación, en ambos casos, además de presionar al alza los precios de la energía en Bolsa y por ende las tarifas de energía, estas se ven afectadas también por el cargo por restricciones (R) que se ve incrementado ya sea por el atrapamiento de la energía generada ante la imposibilidad de transportarla o a consecuencia de la generación de seguridad apelando al parque térmico cuyo costo relativo es mayor que la generación hídrica. Los días y meses por venir serán críticos y el racionamiento en ciernes será mayor, porque se tendrá que sortear el impacto de El Niño con estas falencias que tornan más vulnerable y menos resiliente al SIN. Estamos sobre el tiempo y no se avizora una solución en el corto ni en el mediano plazo, porque cualquier proyecto emergente que se decida ejecutar no tardara menos de 2 años en ser operativo.

Bogotá, julio 18 de 2023

www.amylkaracosta.net

1 Miembro de Número de la ACCE

2 Comunicado. XM. Julio, 17 de 2023

3 Semana. Julio, 2 de 2023

4 UPME. Observaciones al Comunicado de prensa de XM del día 17 de julio sobre el agotamiento de la red de transmisión y el crecimiento de la demanda.

5 Vanguardia. Mayo, 16 de 2023

Colombia se rezaga

Ya lo habíamos dicho, que Colombia estaba en el radar de la Transición energética a nivel global en un lugar muy destacado y se había convertido en un polo de atracción de las inversiones en proyectos para generar energía a partir de fuentes no convencionales y renovables (FNCER) y ello gracias al impulso, enhorabuena, que les dio primero la Ley 1715 de 2014, posteriormente la Ley 2099 de julio de 2021 y el Documento CONPES 4075 de 2022, que vinieron a reforzar y a ampliar el espectro de los beneficios de la Ley anterior a las energías renovables.

La ejecución de los proyectos de parques eólicos en La Guajira, que fueron asignados en las tres subastas que tuvieron lugar entre el 2019 y el 2020, la primera de Obligaciones de Energía Firme (OEF) del cargo por confiabilidad y las dos últimas convergentes, que compromete 2.400 MW de potencia, llegándose a acuerdos de compra – venta de energía entre generadores y comercializadores a 15 años, auguraban un auge inusitado de las FNCER para ser integradas a la matriz energética, diversificándola aún más e imprimiéndole una gran resiliencia frente al Cambio climático.

 

Pero luego este inusitado boom se frenó y estancó, la ejecución de los proyectos ha estado empantanada y la entrada en operación de los mismos al Sistema Interconectado Nacional (SIN) se atrasa y pospone debido a la conflictividad social que se le ha interpuesto, especialmente a causa de los desencuentros con las comunidades indígenas asentadas en el área de influencia de los mismos, en desarrollo de las consultas previas, que son de obligatorio cumplimiento, dado que su instalación tienen lugar en territorios ancestrales2.

Lo que temíamos, a raíz de estos inconvenientes, ha ocurrido. En el último reporte del Foro económico mundial (FEM) que se acaba de revelar Colombia, junto con chile, se rezaga, pasando de la casilla 25 en 2020 a la 29 en 2021 en el ranking, que ocupaba en 2021 y a la 39 este año, entre 120 naciones evaluadas de todo el mundo. Y después de estar en lote puntero en Latinoamérica, ocupando el tercer lugar en materia de Transición energética, sólo detrás de Uruguay y Costa Rica, ahora está en un sexto lugar, superado por Brasil, Uruguay, Costa Rica, Chile y Paraguay, países estos que le han venido sacando ventaja. Colombia quedó a 5.4 puntos de Brasil, que es el país que esta vez encabeza el pelotón en la región.

Su nota en el Índice de Transición energética (ETI, por sus siglas en inglés) del FEM, después de haber ganado 4.4 puntos porcentuales entre 2014 y 2023, bajó del 66 en 2021 a 60.5 y al desagregar esta cifra se puede constatar que los puntaje más bajos se registraron en innovación (25.8), el puntaje más bajo, infraestructura (47.6) y finanzas e inversiones (49). Es de anotar que este Índice evalúa el grado de preparación y aprestamiento de cada país para avanzar en la Transición energética, así como la eficacia de los sistemas energéticos nacionales. Y no fue un buen mensaje a este respecto el aplazamiento de la Hoja de ruta de la Transición energética hasta febrero del año entrante, después que se anunció en noviembre pasado en la COP 27 que se daría a conocer en mayo de este año.

No obstante que en materia regulatoria le va bien a Colombia, al obtener una calificación de 65.2, en cambio pasa apenas raspando en estabilidad política al obtener 3.58 en un rango de 1 a 7. Un aspecto que pudo haber influido en este mediocre resultado, que puede estar influido por el cambio de las métricas de evaluación en la que se introdujeron dos ítems en los que le va muy mal a Colombia En innovación, por ejemplo, obtiene el puntaje más bajo (28) y en seguridad energética la castiga la baja resiliencia en el suministro de gas natural, que le merece una calificación de cero (¡!).

El hecho cierto es que, a pesar de los reiterados anuncios y de los buenos propósitos del actual gobierno respecto a la Transición energética justa, al corte del mes de junio de este año Colombia sólo contaba con algo más de 400 MW de energía solar – fotovoltaica, que representa a duras penas el 2.1% de la matriz de generación y pare de contar, mientras en generación de energía eólica está todavía en cero. Ojalá el Pacto suscrito entre el Gobierno, las empresas y las comunidades, al destrabar la marcha de los proyectos, contribuya a recuperar el terreno perdido3.

Empero, como afirma José Vicente Zapata, partner em Holland & Knight, “no basta con un pacto4 para destrabar todos los proyectos de energía eólica en La Guajira, pues “se sigue creyendo erradamente que la suscripción de pactos y la expedición de decretos y resoluciones materializarán la Transición energética. Nada más alejado de la realidad”5. Pactos como este, diría yo, son necesarios pero no suficientes, por ello coincido con él cuando dice que “mientras las normas y decisiones sigan siendo teóricas y dilatadas continuaremos cayendo en el Índice de Transición energética del Foro económico mundial6. Así de claro!

Mirando otros indicadores y su desempeño en los últimos tres años cabe destacar que el mismo ha dejado mucho qué desear, especialmente en variables como en el de la intensidad energética (cantidad requerida por unidad de producción) y el comportamiento de las emisiones de CO2 (gramos de dióxido de carbono) provenientes de la generación de electricidad. Se salva la variable que da cuenta de la participación de la electricidad en la demanda final de energía, que cerró en verde, gracias a Dios!

1 Miembro de Número de la ACCE

2 Amylkar D. Acosta M. Oh paradoja. Diciembre, 11 de 2022/Acelerando en neutro. Mayo, 24 de 2023

3 El Tiempo. Junio, 30 de 2023

4 Ídem

5 Ídem

6 Ídem

Al oído del señor presidente

Amylkar Acosta

En más de doscientos años de vida republicana, la región Caribe, que representa el 14.7% del PIB, abarca el 11.6% del territorio nacional y alberga el 21.9 de la población colombiana, sólo ha tenido la oportunidad de tener en el solio de Bolívar tres presidentes, en su orden Juan José Nieto, Rafael Núñez y Gustavo Petro. Este es un hecho inédito, digno de destacar, como lo es también su visita en este momento crucial para el Departamento de La Guajira, que conmemora 58 años de su creación, pero a diferencia de las de antaño esta vez no su visita no será fugaz y estéril sino para gobernar desde la Península. La misma que, como dice la letra de la Canción de Rafael Manjarrez “se mete hasta el mar así, como si pelear quisiera, como engreída, como altanera”, altiva y desafiante.

 

La Guajira, históricamente, ha padecido del aislamiento y el desdén oficial1. Lo resume patéticamente nuestro laureado con el premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez: “del interior del país, que se cocinaba a fuego lento en su propia sopa, llegaba apenas el óxido del poder: las leyes, los impuestos, los soldados, las malas noticias incubadas a más de dos mil quinientos metros de altura y a ocho días de navegación por el Río Magdalena en un buque de vapor alimentado con leña”. Ahora llega usted, presidente, en medio de una gran expectativa del pueblo, esperanzado de que, después de tanto óxido del poder que ha llegado desde el interior, usted sea portador de buenas noticias, incubadas esta vez al nivel del Mar Caribe que baña sus costas.

Usted ha dispuesto declarar la Emergencia económica y social para encarar el Estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional mediante su Sentencia T – 302 calendada el 8 de mayo de 2017, la cual tuvo su origen en el flagrante incumplimiento por parte del Gobierno de las medidas cautelares que tomó la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) a través de la Resolución 60 del 11 de diciembre de 2015 en orden a preservar la vida de la niñez y la adolescencia del pueblo Wayüu, que se debate en medio de su penuria y laceradas por las lacras de la desnutrición y el hambre2.

Según la propia Corte (Sentencia T-025 de 2004), se decreta el Estado de cosas inconstitucional “cuando se constata la vulneración repetida y constante de derechos fundamentales que afectan a multitud de personas, cuya solución requiere la intervención de distintas entidades para atender problemas de orden estructural”, la que se ha prolongado en el tiempo, porque con la Sentencia de la Corte al igual que, con la Resolución de la CIDH, tal y como acaecía con las cédulas reales de la Corona española, se obedecen, pero no se cumplen3.

Esta en sus manos, señor presidente, dar cumplimiento al Documento CONPES 3944 del 6 de agosto de 2018, mediante el cual se establece una “Estrategia para el desarrollo integral del Departamento de La guajira y sus pueblos indígenas”, expedido en respuesta al Auto 207 del 25 de mayo de 2017 de la Corte Constitucional que conminó al Gobierno a que lo pusiera en práctica. De esta manera se estaría dando un paso importantísimo en la dirección correcta para paliar por lo menos la crisis humanitaria que afecta a la población más vulnerable. Hasta ahora se ha quedado en el papel, que lo resiste todo, víspera de mucho y día de nada4.

De otra parte, el Consejo de Estado acaba de pronunciarse ordenando a la Agencia de Desarrollo Rural -ADR- iniciar inmediatamente los trámites administrativos, financieros y presupuestales necesarios tendientes a la terminación del proyecto multipropósito del Río Ranchería, el cual permanece a medio palo5, como el más monstruoso elefante blanco del país desde 2010 cuando se inauguró la presa de El Cercado. Esta es su primera fase y mientras no se construya la segunda fase, consistente en dos distritos de riego, el del Ranchería y el de San Juan del Cesar para irrigar 18.030 hectáreas, el suministro de agua potable a 9 de los 15 municipios del Departamento y una microcentral de generación con capacidad de generar 7 MW de potencia, seguirá siéndolo6.

De lo que se trata, entonces, es de poner en marcha la «Hoja de Ruta para la Terminación del Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Ranchería”, elaborada por la Agencia De Desarrollo Rural y adelantar las gestiones interinstitucionales proyectadas y necesarias para finalizar el proyecto ejecutando su segunda fase, que permita alcanzar los propósitos planteados desde su formulación y estructuración. No se necesitan más estudios ni más actualización de la actualización de los mismos, como modalidad del mamagallismo oficial7.

También en este caso se expidió el Documento CONPES 3362 de julio 14 de 2005, declarando este proyecto como de importancia estratégica y por ello mismo de alta prioridad para el Ministerio de agricultura. Incluso en el documento CONPES 3926 del 23 de mayo de 2018 se estableció como “línea de acción 3.4” la culminación de obras de este proyecto. Pero, bien se ha dicho que en este país un Documento CONPES no se le niega a nadie, para que después quede como letra muerta.

Y, desde luego, la otra asignatura pendiente es la contramarcha de la Transición energética justa, en la que está comprometido su gobierno. La guajira posee el mayor potencial de energía eólica y solar fotovoltaica del país, así como también la mayor capacidad de generación asignada, que supera los 2.400 MW de potencia, para lo cual se requiere la instalación de 16 parques eólicos, lo cual constituye para La Guajira y los guajiros una ventana de oportunidad8. Empero, desencuentros y dificultades en los procesos de consultas previas que conlleva su instalación, así como la colectora y las líneas de transmisión, han obligado al aplazamiento de su entrada en operación, frustrando este desarrollo y de paso poniendo en riesgo la seguridad energética del país al poner en neutro la caja de velocidad de la Transición energética9.

Se trata, entonces, señor presidente, de que el Estado, remolón y negligente como lo ha sido, cumpla su palabra empeñada, que no dilate más el cumplimiento de la Sentencia T – 302 de 2017, que se ponga en práctica el Documento CONPES 3944 de 2018, que se destrabe, de una vez por todas, la ejecución de la segunda fase del proyecto multipropósito del Río Ranchería, dándole cumplimiento a la providencia del Consejo de Estado. Si ello hasta ahora no ha sido posible es porque no ha habido voluntad política, pero su declaratoria de la emergencia económica y social, es una muestra palmaria de que usted la tiene, pues al amparo de la misma usted puede proceder sin más dilaciones a honrar la palabra empeñada. ¡Enhorabuena!

Se impone, además, la intervención y mediación con presteza del Gobierno Nacional que permita viabilizar el avance de los proyectos de energías renovables, procurando compaginar y compatibilizar los legítimos intereses de las comunidades con los de las empresas desarrolladoras de los proyectos y los de la Nación. Bien ha dicho el Banco mundial que “las turbinas eólicas no existen en un vacío social, como las creaciones humanas no pueden separarse de los entornos sociales y culturales en los que se diseñan, construyen y operan”. ¡Y el camino no es otro que el diálogo y la concertación!

Si su gobierno la da una respuesta satisfactoria a tan compleja como intricada problemática, La Guajira toda se dará por bien servida, usted pasará a la historia y será recordado, como hoy el pueblo Wayüu aún recuerda agradecido al General Gustavo Rojas Pinilla por cuanto hizo por ellos para saciar su inveterada sed10. ¡Que así sea!

1 Amylkar D. Acosta M. La Guajira: del realismo mágico a la real realidad. Septiembre, 20 de 2016/ La Guajira y sus contrastes. Enero, 31 de 2023

2 Amylkar D. Acosta M. S.O.S por La Guajira/ A propósito de las medidas cautelares tomadas por la CIDH. Diciembre, 21 de 2015/ Ya era hora. Junio, 8 de 2018/ Cuándo será ese cuándo. Mayo, 21 de 2022-

3 Amylkar D. Acosta M. Se obedece pero no se cumple. Marzo, 28 de 2021 4 Amylkar D. Acosta M. Manes del centralismo. Enero, 30 de 2020 5 Amylkar D. Acosta M. A medio palo. Julio, 16 de 2011/ La represa represada. Agosto, 20 de 2018 6 Inaudito. Febrero, 23 de 2020/ Los elefantes blancos. Octubre, 12 de 2020.
7 Amylkar D. Acosta M. El mamagallismo oficial. Mayo, 9 de 2020.

8 Amylkar D. Acosta M. Una ventana de oportunidad. Enero, 30 de 2020 9 Amylkar D. Acosta M. Oh paradoja. Diciembre, 11 de 2022/El riesgo inmanente de racionamiento de energía.
Mayo, 20 de 2023/ Acelerando en neutro. Mayo, 24 de 2023 10 Amylkar D. Acosta M. Añorando a PROAGUAS. Septiembre, 12 de 2021.

 

¡Llegó el Niño!

Ante la confirmación por parte de la Oficina de administración oceánica y atmosférica de EEUU (NOAA, por sus siglas en inglés) de la llegada del fenómeno de El Niño2, caracterizado por la sequía y la baja pluviosidad, la ministra de Minas y Energía Irene Vélez se anticipó a anunciar que es inevitable un incremento en las tarifas de energía si, como se prevé, “se genera un impacto que se deriva de tener que utilizar las termoeléctricas. Sí va a haber un impacto en la configuración del precio y sobre todo va a haber un impacto en aquellos mercados que están más expuestos en bolsa”3.

Y no es para menos, dada la gran vulnerabilidad del Sistema eléctrico colombiano frente al cambio climático, al depender en un 68% de la generación hídrica. Tanto más en cuanto que de los 23 embalses que sirven a las hidroeléctricas, solo uno de ellos (El Peñol) tiene una capacidad de regulación superior al año. Y los proyectos de generación de energía eólica que le darían una mayor resiliencia y que han debido empezar a entrar a operar desde el año pasado están en veremos4. Por ello hemos dicho que si bien es cierto no estamos ante la inminencia de un racionamiento de energía como el que padecimos entre los años 1992 y 1993, sí existe un elevado riesgo inmanente al Sistema5.

 

En condiciones de hidrología extrema, como la que se espera, obligará a apelar al respaldo del parque térmico cuyo costo de generación es más costoso, tanto más en cuanto que estamos ante una coyuntura Internacional de altos precios tanto del carbón y el gas natural, indispensables para su operación, de ser requeridas y despechadas sus plantas, que deben estar en condiciones óptimas para honrar sus compromisos de entrega de energía en firme a que las compromete la asignación del cargo por confiabilidad. Este no es otra cosa distinta a la remuneración que se paga a un agente generador por la disponibilidad de activos de generación con las características y parámetros declarados para el cálculo de la Enficc (máxima energía eléctrica que puede generar una planta).

Ello repercutirá en mayores alzas de las que ya se vienen dando tanto en los precios en bolsa como en las tarifas de energía, debido al estrés al que está expuesto el Sistema interconectado nacional, debido a la estrechez entre la Oferta de energía en firme, que no supera los 225 GWHD, para atender una demanda de 222 GWHD, a causa del atraso de la entrada de varios proyectos claves de expansión de la capacidad instalada de generación. Mientras tanto el consumo de energía que creció a un ritmo de 3.34% en 2022 a 5.24 en 2023 y se acelerará aún más con la entrada de El Niño y sus altas temperaturas. De hecho, el precio en Bolsa pasó de $374.24 el KWH en enero a $533.7 en febrero, hasta alcanzar los $823.6 en mayo.

Obviamente, el impacto va a ser mayor para los usuarios de aquellos mercados que como los de los operadores de red ELECTROHUILA, CEDENAR en Nariño, DISPAC en Chocó y CEO en Cauca, tienen una exposición en Bolsa altísima, en algunos de ellos superior al 80%. Todas ellas están en riesgo de colapsar con la llegada de El Niño.

A lo anterior se vienen a añadir los problemas de liquidez que afrontan todos los operadores de red debido a la enorme cartera que representa para ellos las alzas diferidas a sus usuarios bajo la modalidad de opción tarifaria, que ya supera los $6 billones, suma esta equivalente a dos veces los ingresos anuales de los mismos.

Además, las empresas distribuidoras de energía afrontan una delicada situación financiera debido a la mora en el giro por parte del Gobierno de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, los cuales provienen de dos fuentes, de la contribución que pagan los usuarios de los estratos 5 y 6 y del Presupuesto General de La Nación. Son $2.3 billones los que se le adeudan por este concepto, por eso ASICODIS, que las agrupa y representa ha puesto el grito en el cielo y está en rogativa frente al alto gobierno.

Esta compleja situación amerita la rápida intervención del Gobierno, razón por la cual reiteramos nuestro llamado para que la ministra Vélez convoque cuanto antes la Comisión asesora de coordinación y seguimiento a la situación energética del país (CACSSE), del cual hacen parte ISA, XM, el Centro Nacional de Operación (CNO), la CREG y la UPME. Esta es una especie de Puesto de mando unificado (PMU) energético, que presidiría en este caso la titular del Ministerio. Eso fue lo que hicimos a nuestro paso por este Ministerio ante los amagos de un Niño en el primer trimestre de 2014, pues es una manera de precaverse y evitar sorpresas desagradables, haciéndole un seguimiento en tiempo real a las diferentes variables de la ecuación para conjurar cualquier contingencia.

 

Medellín, junio 16 de 2023

www.amylkaracosta.net

1 Miembro de Número de la ACCE

2 Portafolio. Junio, 12 de 2023

3 La República. Junio, 16 de 2023

4 Amylkar D. Acosta M. Acelerando en neutro. Mayo, 24 de 2023

5 Amylkar D. Acosta Medina. El riesgo inmanente de racionamiento de energía. Mayo, 20 de 2022

Acelerando en neutro

Sorpresivamente la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez ha revelado que su cartera ha determinado aplazar hasta febrero de 2024 la publicación de la Hoja de ruta de la Transición energética justa, después de año y medio de iniciado el cuatrienio del actual Gobierno2.

Llama poderosamente la atención este anuncio, sin que medie ninguna explicación del aplazamiento, toda vez que la propia Ministra en su intervención en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático COP27, que tuvo lugar en Sharm el Sheikh (Egipto) entre el 6 y el 18 de noviembre pasado, manifestó que la misma se daría a conocer el 10 de mayo de este año3.

 

Ello mueve a preocupación, en momentos en los que como lo afirmó la Presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (ACOLGEN) Natalia Gutiérrez “la Transición energética está en cuidados intensivos” 4.

Y no es para menos, dado el ostensible atraso de los proyectos de los parques eólicos que se están instando en La Guajira, los cuales comprometen inversiones del orden de los $16 billones5 .

Aunque Colombia siga con el acelerador a fondo en su política de transición energética, esta sigue en neutro, toda vez que mientras no se destrabe la ejecución de estos proyectos de expansión de la capacidad de generación con base en fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) del orden de los 2.400 MW, no se van a poder integrar a la matriz eléctrica. Peor aún, hasta tanto no se cuente con la Colectora, que se debe instalar en el Municipio de Uribia en La guajira por parte del Grupo Energía Bogotá, la energía que se genere no se podrá transportar hasta inyectarla al Sistema interconectado nacional (SIN), quedaría atrapada in situ, y según el más reciente reporte ello no será posible antes del 2025 (¡!).

La preocupación es mayor porque, como lo hemos venido advirtiendo este atraso en los proyectos de generación a partir de FNCER, sobre todo eólicos, se viene a sumar al atraso en el proyecto de HIDROITUANGO, el cual de 8 unidades con capacidad de generación de 2.400 MW de potencia, que han debido entrar en el 2018, pero debido a una contingencia hasta ahora sólo operan en este momento 2 de ellas y se espera que hacia el mes de noviembre, según lo ha anunciado el Gerente de EPM, entren otras 2 turbinas6.

Las otras cuatro, con capacidad de 1.200 MW, el 50% de la promesa de este proyecto, se prevé que sólo entrarían a operar entre el segundo semestre de 2026 y primer semestre de 2027. Lo cierto es que apenas se está licitando en este momento el montaje de las mismas (¡!)7 .

Entre los proyectos de generación a partir de FNCER, la térmica y la hidroelectricidad existe una interdependencia, que es la que garantiza la firmeza y la confiabilidad del SIN. Sería un error garrafal pretender reemplazar la generación hídrica y la térmica sólo por FNCER, con la Transición energética no se trata de reemplazar unas fuentes por otras sino de complementarlas. Las FNCER están llamadas a servir de respaldo a las fuentes convencionales (hídricas y térmicas) y estás a su vez deberán servir de respaldo a aquellas, máxime cuando las FNCER son intermitentes.

Es más, insistimos en destacar como la mayor virtud de las FNCER su propiedad contracíclica que las caracteriza, consistente en que cuando el verano es más intenso y en consecuencia los niveles de los embalses en condiciones de hidrología critica impiden la plena disponibilidad de la generación hídrica es justamente cuando la velocidad del viento es mayor, se experimentan más horas de sol y la radiación solar es mayor. Por ello, reiteramos que, el mayor mérito de las FNCER es que al integrarlas a la matriz eléctrica torna esta más resiliente frente al Cambio climático. Ah falta que le van a hacer al Sistema eléctrico la entrada en operación de los parques eólicos de La Guajira y las unidades restantes de HIDROITUANGO, ahora que se avizora la llegada del fenómeno de El Niño!

 

 

El riesgo inmanente de racionamiento de energía

Amylkar D. Acosta M1

¡Lo que por agua viene por agua se va!

 

A riesgo de asumir el papel de Casandra, me atrevo a plantear que si bien es cierto no hay razones objetivas para afirmar que estamos ad portas de un riesgo inminente de racionamiento del servicio de energía, como aconteció hace ya 30 años2, sí estamos en presencia de un riesgo sistémico inmanente de racionamiento. Me explico.

Es indubitable que en las últimas tres décadas se ha construido un Sistema eléctrico sólido, que ha ganado en eficiencia, que cuenta con una matriz mucho más robusta y diversificada, amén de una regulación avanzada y moderna, producto de las lecciones aprendidas de la pesadilla del apagón que experimentó el país entre el 2 de marzo de 1992 hasta el 7 de febrero de 1993, que quedaron compendiadas en las leyes 142 y 143 de 19943. El cargo por confiabilidad, creado en 2006, entre otras herramientas, le ha permitido al Sistema sortear con éxito recurrentes fenómenos de El Niño, que, como el de 2016 llevó al límite la capacidad de las hidroeléctricas del país, sin que este se apagara. Ello le ha valido el reconocimiento a su matriz energética por parte del Consejo Mundial de Energía (WEC, por sus siglas en inglés) y al desempeño de su arquitectura por el Foro económico mundial (FEM).

La vulnerabilidad de la matriz energética

Colombia se ufana de tener una matriz eléctrica limpia, dado que su capacidad instalada de generación (18.851.84 MW) es predominantemente hídrica (66%), pero éste que es un atributo que se pondera en su justa dimensión, constituye a su vez el talón de Aquiles del Sistema eléctrico, tornándolo muy vulnerable frente a los embates del Cambio climático, tanto más en cuanto que uno de los fenómenos extremos a que da lugar, en este caso El Niño, que se alterna con el de La Niña, con su sequía y baja pluviosidad incluidas, son cada vez más frecuentes, intensos y duraderos. No se puede caer, entonces, en el espejismo de creer que por tener una capacidad instalada que roza los 19 GW para atender una demanda que bordea los

1 Miembro de Número de la ACCE

2 Amylkar D. Acosta M. Del racionamiento eléctrico al racionamiento moral. Impretécnica. Noviembre de 1993

3 Amylkar D. Acosta M. El apagón. Marzo, 7 de 2022/ El fantasma del racionamiento. Marzo, 8 de 2023

11 GW se puede hablar de una holgura que supuestamente asegura la confiabilidad y firmeza del Sistema eléctrico.

La exposición es mayor habida cuenta que entre los embalses que sirven a las hidroeléctricas en el país sólo uno de ellos, El Peñol, tiene capacidad de regulación anual, mientras el 80% de ellos no supera los tres meses. Venimos de un fenómeno de La Niña que ha durado tres años, por ello resulta aventurado vaticinar la intensidad y duración de El Niño que la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA, por sus siglas en inglés) anuncia para el próximo semestre y le atribuye una probabilidad del 80% de que este evento sea moderado y del 55% que sea fuerte.

El atraso de la ejecución de los proyectos

A esta circunstancia, ya de por sí preocupante, se le viene a añadir el atraso de la ejecución de los proyectos contemplados en el Plan de expansión eléctrico. Como lo afirma Camilo Marulanda, Presidente de ISAGEN, “el mercado colombiano de energía esperaba en el período 2018 – 2021 el ingreso de más de 4.000 MW de capacidad, representados en HIDROITUANGO (2.400 MW) y los proyectos eólicos de La Guajira (2.000 MW). De esta capacidad (que representa casi el 20% de la actual oferta), sólo han entrado en funcionamiento 600 MW de HIDROITUANGO. La capacidad adicional de este proyecto, así como el ingreso de los proyectos eólicos, no ocurrirá antes de 2026”4. Lo propio puede afirmarse con respecto a los parques eólicos en La Guajira, con el agravante de que la demora en su entrada en operación impide su inserción en la matriz energética, sirviéndole de respaldo a las fuentes convencionales de energía hídrica y térmica y tornándola más resiliente frente al Cambio climático, dada la propiedad contracíclica que caracteriza a la generación de energía eólica y solar5.

4 El Tiempo. Marzo, 31 de 2023

5 Amylkar D. Acosta M. Oh paradoja. Enero, 21 de 2023

A estos atrasos de la expansión de la capacidad de generación se suman los atrasos en varios proyectos clave de trasmisión, determinantes del atrapamiento de la energía y del aumento desmesurado del cargo por restricción en la tarifa que pagamos todos los usuarios, toda vez que, ante la imposibilidad de conectar y transportar energía generada a menor costo por las hidroeléctricas toca apelar a la generada por el parque térmico, que es más costosa6.

El equilibrio inestable oferta – demanda

La ministra de Minas y Energía le dio un parte de tranquilidad al país afirmando que “las reservas hídricas del país están por encima de los últimos 20 años”7 cuando al corte del 16 de mayo se reportó un nivel de sólo 58.25% (10.621 GWH) y los aportes hídricos de 54.83% (283.80 GWH). Bajo esa falsa premisa arguye la ministra que “no tenemos en este momento una alerta de racionamiento…Quien esté mandando ese mensaje está generando pánico”8. Contra toda evidencia, le apuesta a la hidrología y sostiene que “Colombia tiene unas reservas hídricas suficientes para afrontar un eventual fenómeno de El Niño en la segunda mitad del año”9.

Alejandro Lucio, Gerente de Óptima Consultores y ex presidente de Derivex, experto como el que más en el tema, conceptúa que las cuentas están muy apretadas. Si me pregunta hoy y El Niño fuera en el segundo semestre y durara un par de meses, pues tenemos con qué aguantar porque el embalse tiene un buen nivel a pesar de que ha venido disminuyendo rápidamente. Pero si hablamos de un Niño que se prolonga, que sea largo, que haya una sequía larga, las cuentas están muy justas y yo no descartaría un racionamiento10.

El Gerente general de EPM, luego de anunciar que hacia el mes de noviembre entrarían a operar dos turbinas más, para completar cuatro de ocho en total, advierte que “de no haber entrado las primeras dos unidades de HIDROITUANGO a tiempo seguramente estaríamos, muy posiblemente, expuestos a un racionamiento11. Más, sin embargo, Alejando Lucio afirma que “sin duda ayudaría que entraran. Eso son 600 megas más para el Sistema que en generación hidráulica es algo importante. Ahora, ayuda, pero no estoy muy seguro que las turbinas 3 y 4 puedan entrar en

6 Ídem

7 El Colombiano. Mayo, 19 de 2023

8 Ídem

9 Bloomberg. Mayo, 11 de 2023

10 Bloomberg Línea. Mayo, 19 de 2023

11 Ídem

noviembre, pero asumiendo que sí, creo que el Sistema está muy justo en lo que conocemos como energía en firme12.

Y hablando de la Oferta de energía en firme (OEF), según la Presidenta de ASOENERGÍA Sandra Fonseca, la demanda promedio en el país en un día ordinario es de cerca de 222 GWHD y sólo “hay en este momento, en términos de energía en firme en la oferta 225 GWHD”13, justo, a ras de bola y sin margen de maniobra. Se estima que, de entrar las otras dos unidades de HIDROITUANGO aportarían 14 GWHD adicionales para completar 239 GWHD. Un detalle que no es menor es saber y constatar que esta central hidroeléctrica, cuando se concluya y opere a plena capacidad, será la mayor del país, podrá abastecer hasta un 17% de la demanda, pero su embalse es pequeño y la misma prácticamente genera la energía a filo de agua del río Cauca. Por ello coincido con Sandra cuando afirma que el Sistema está en un “equilibrio inestable en el balance Oferta – demanda existente”14. Huelga decir que en el caso extremo, la OEF sólo podrá responder hasta un máximo de 65% de la demanda (¡!).

El stress del sistema presiona al alza las tarifas

Esta estrechez de la oferta de energía ya le ha venido pasando la cuenta de cobro a los usuarios. Como lo afirma Sandra “la señal de precios muestra claramente que en la actualidad hay una escasez inminente y creciente en el balance eléctrico, es decir la necesidad de aumentar la disponibilidad de toda la infraestructura”15. Este descalce entre la oferta limitada para satisfacer una demanda de energía creciente, que pasó de un crecimiento del 3.34% en 2022 al 5.24% actual, estresa el Sistema y viene presionando al alza los precios de la energía en Bolsa y estos, a su vez, presionan al alza también las tarifas que paga el usuario final.

Así lo explica el director ejecutivo de ANDEG Alejandro Castañeda: “estos precios de la energía en Bolsa han venido subiendo, ya que las centrales hidroeléctricas han cedido en generación más de 50 GWH y que han sido cubiertos por las plantas termoeléctricas, que han entrado a respaldar para evitar un déficit en el Sistema16, el doble de los 26 GWH registrados un mes atrás (¡!). En febrero, el precio de bolsa de energía fue de $533,7/KWH, lo que significó un aumento de 42,61% frente al precio promedio de enero, que fue de $374,24/KWH, el más alto desde 2016. Pero, ha seguido subiendo hasta alcanzar el promedio ponderado de los $823.6 el KWH el pasado 17 de mayo.

12 Ídem

13 Vanguardia. Mayo, 16 de 2023

14 Ídem

15 Ídem

16 El Colombiano. Mayo, 19 de 2023

Es de anotar que el precio de la energía, ya sea en Bolsa o en los contratos bilaterales entre comercializadores y generadores, impacta el cargo por generación

(G) de la fórmula tarifaria (CU). Ahora bien, cuanto mayor exposición en Bolsa tiene el comercializador mayor es la volatilidad del precio. En promedio las empresas comercializadoras compran un 25% de la energía que distribuyen en Bolsa. Claro está que a medida que se van venciendo los contratos bilaterales el precio al cual se transa la energía tiende a tomar como referencia el precio en Bolsa al momento de concretarse. Son 9 las empresas comercializadoras, 5 de ellas de la Nación, las que atienden 6.2 millones de usuarios, 35.5% del total, con exposición en Bolsa por encima del 30%, en detrimento de sus usuarios.

Por ello, concuerdo con Castañeda en el mensaje que le ha enviado al Ministerio de Minas y Energía en el sentido que “el Gobierno nacional debe insistir en que la demanda esté contratada y que tenga los contratos de energía listos para que en caso de que el precio en Bolsa suba mucho, los usuarios no vayan a sufrir”17. Ello no da más espera.

Finalmente, sin alarmismos, pero consciente del riesgo inmanente del Sistema y del sentido de la oportunidad para actuar diligentemente con miras a minimizarlo, me permito sugerir al Ministerio de Minas y Energía que, con el propósito de alejar el fantasma del racionamiento de energía y conjurar dicho riesgo, reactive y convoque a la mayor brevedad la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación energética del país (CACSSE), integrado, además del Ministerio que lo preside, por ISA, la CREG, la UPME y el Consejo Nacional de Operaciones (CON), una especie de Puesto de mando unificado (PMU) del sector energético. La situación actual lo amerita.

Cota, mayo 20 de 2023 www.amylkaracosta.net

 

 

 

 

Una verdad incómoda

Contrariamente a la creencia popular de que Colombia tiene la gasolina más cara del mundo, es la tercera más barata en Latinoamérica después de Venezuela y Bolivia, que no son ejemplos dignos de imitar en esta materia.

El mayor valor entre el precio de referencia de los combustibles, que lo fija el MME y el ingreso al productor (IP) de la fórmula, que es lo que se le paga a ECOPETROL, va contra el Fondo de Estabilización de los precios de los combustibles (FEPC), que en la práctica es un subsidio al consumidor, se traduce en un déficit que alcanzó los $25 billones en 2022 y se proyectaba en $32 billones para 2023.

 

Esta cifra supera con creces lo que se espera recibir este año por cuenta de la reforma tributaria del año anterior (Ley 2277 de 2022) y que se estará adicionando por parte del Congreso de la República mediante el proyecto de ley presentado por el Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo y que se tramita en este momento: $25.4 billones.

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De manera que está plenamente justificado el incremento en el precio de la gasolina que se viene autorizando por parte del MME desde octubre del año anterior, el cual se mantendrá hasta nivelarse con el IP. Debido a la inflación galopante que experimenta el país desde el año pasado y con el ánimo de no atizarla, el Gobierno ha mantenido congelado, es decir subsidiado, el precio del diésel, que se consume mayormente en el transporte de carga y de pasajeros. Es de anotar que el consumo de gasolina y diésel se da por partes prácticamente iguales, 199 y 191 millones de galones mensuales, de los cuales se importan, a precios internacionales, más de 80 millones de galones.

Finalmente, cabe advertir que no hace sentido que si la Transición energética se propone reducir la emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y siendo que el sector transporte en Colombia contribuye con el 12% de las mismas, se subsidie a los combustibles que los generan y de esta manera se incentive su consumo.

Ello va en contravía de la estrategia de la movilidad sostenible, que conlleva elevar las mezclas de los biocombustibles, la mayor conversión a gas(combustible-puente de la Transición) y la penetración de los vehículos con motor eléctrico, reemplazando paulatinamente los vehículos con motores de combustión, los cuales además de los GEI emiten a la atmosfera y la contaminan con material particulado (PM2,5), causante de enfermedades respiratorias, que le significan al país, según el Instituto Nacional de Salud (INS) 15.681 muertes cada año asociadas a la mala calidad del aire y le cuestan al sistema de salud anualmente la friolera de $12.2 billones (1.5% del PIB).

 

El día de la tierra

“La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de unos cuantos” Mahatma Gandhi.

Con ocasión de la celebración de El Día de la Tierra, la Pacha mama, que es como la llaman nuestros aborígenes, este 22 de abril, he querido compartir con mis lectores algunas disquisiciones sobre la importancia de llamar la atención sobre la carrera alocada en la que se ha empeñado la humanidad y que está poniendo en riesgo su propia supervivencia, al romper el equilibrio y la armonía propios de la naturaleza. Su promotor, el Senador estadounidense Gaylord Nelson, se propuso crear una conciencia común sobre los problemas que comportan la sobrepoblación, la contaminación ambiental, en procura de enfrentar eficazmente el Cambio climático y sus estragos.

 

De la teoría geocéntrica a la heliocéntrica

Desde tiempos inmemoriales nos percatamos de que el Planeta Tierra nos antecede, que existió por miles y miles de años sin la especie humana y sin las demás especies que hoy lo habitan. Primero fue el big bang, hace 12.000 millones de años, el cual dio lugar a la formación del Planeta Tierra. Se estima que la edad de la tierra oscila alrededor de los 4.470 millones de años, entre tanto el Homo sapiens, especie primigenia a la que pertenecemos, surge mucho después, hace “apenas” 200.000 años. Razón suficiente para persuadirnos de que el Planeta Tierra pudo sobrevivir sin la especie humana, pero ninguna de las especies hasta hoy conocidas puede sobrevivir sin el Planeta Tierra.

Cuando la especie humana tuvo uso de razón se le metió en la cabeza que el Planeta tierra era el único en el universo, pero bien pronto se dio cuenta que no era así, que no estábamos solos, que el Planeta Tierra era una más entre ocho, a los que se vinieron a sumar los llamados por parte de la Unión Astronómica Internacional los “planetas enanos”, tales son Ceres, Plutón, Eris y Makemake. El globo terráqueo ni siquiera es el más grande de ellos, lo superan en tamaño Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, mientras que Venus, Marte y Mercurio son de menor tamaño. Más recientemente fue descubierto un nuevo Planeta, al parecer gemelo de la Tierra y eventualmente habitable, Keppler – 22b y cuyo radio es 2.4 veces el de la Tierra y 30 más grande que este.

Por muchísimos años se impuso como verdad sabida la teoría geocéntrica del egipcio Claudio Ptolomeo (Siglo II A. C), que había sido formulada inicialmente por

1 Miembro de Número de la ACCE

Aristóteles y Platón (Siglo IV A. C) en la antigua Grecia, para la cual el Planeta Tierra era el epicentro del universo y según ella todos los astros, incluido el sol, giraban en torno suyo. Esta teoría perduró hasta el Siglo XVI, El primer cuestionamiento a esta teoría corrió por cuenta del polaco Nicolás Copérnico (1536), con su teoría heliocéntrica, que sitúa al sol – que empezó a brillar hace aproximadamente 5.000 millones de años – como el astro Rey, alrededor del cual giran el Planeta Tierra y otros cuerpos, incluidos entre estos otros planetas, asteroides, meteoroides y cometas, todos los cuales conforman el así denominado Sistema solar. Él pudo establecer, además, que la Tierra giraba sobre su propio eje una vez al día y tardaba un año en dar la vuelta completa alrededor del sol. El astrónomo, filosofo e ingeniero italiano Galileo Galilei (Siglo XVII) la defendió con ardentía y le dio un gran impulso. Esta teoría se pudo confirmar científicamente y se consolidó con los aportes que hizo posteriormente Isaac Newton (Siglo XVII), entre los cuales se destaca la Ley de la gravitación universal, que es la fuerza que les permite a los planetas mantenerse en órbita.

El archipiélago de cinco continentes

Los 5 continentes poblados que componen el globo terráqueo (América, Europa, África, Asia y Oceanía) están separados, o mejor están unidos, entre ellos por 5 océanos (Pacífico, Atlántico, Índico y los glaciales Ártico y Antártico) aunque por muchos años se volvió un lugar común hablar de los “siete mares”. Es de anotar que el 70% de la superficie terrestre está cubierta por cuerpos de agua, de los cuales 94% corresponde al agua salada de los océanos, el agua es el recurso que más abunda en la naturaleza. Sólo el 2.75% es agua dulce, la cual tiene distintas fuentes, ya sea producto de la precipitación atmosférica en forma de niebla, nieve y lluvia, amén de los páramos, que son una especie fábrica de agua, gracias a los cuales esta se almacena, se protege y regula.

Ahora bien, parte de esta agua es de escorrentía, que fluye a través de los ríos, las caídas, los arroyos y quebradas o se estanca en lagos, lagunas o embalses artificiales, construidos con distintos fines. Parte de esta se evapora y va a parar a la atmósfera, ya sea directamente o través de los procesos de evapotranspiración de los organismos, particularmente de las plantas. Parte del agua de escorrentía y de la que se estanca se infiltra y termina en reservorios conocidos como acuíferos en las profundidades de la Tierra, los cuales se nutren de las zonas de recarga hídrica. El agua superficial representa el 0.01% de la totalidad del agua dulce, mientras que el agua subterránea representa entre 0.7% y 0.8% (¡!), de allí su gran importancia como fuente de abastecimiento de agua potable para la población. Huelga decir que el agua constituye un recurso vital sin el cual sería imposible la supervivencia de todos los organismos vivos que habitan este Planeta2.

Peligra la casa común

Cómo adelantar la transición energética justa y responsable y no fracasar en el intento

Acabo de intervenir en el XI Congreso petrolero en Barrancabermeja, corazón de la industria petrolera en Colombia, organizado y patrocinado por su Cámara de Comercio.
Mi intervención versó sobre Cómo adelantar la Transición energética justa y responsable y no fracasar en el intento.

Hice hincapié en que Colombia debe darse su propia Hoja de ruta de dicha Transición, la que permita una Transición inteligente, gradual y evite poner en riesgo tanto la seguridad como la soberanía energética.

 

Se trata de una Transición energética a la colombiana, dándose su propio ritmo, sin incurrir el desaguisado que cometió Alemania, de abandonar prematuramente el petróleo y el carbón, de los cuales depende ostensiblemente la estabilidad de la economía, el empleo y las finanzas públicas, así como la Balanza comercial y su impacto en la tasa de cambio.
Preocupa sobre manera que más de 4 años después de asignados mediante subastas más de 2.400 MW de potencia en energía eólica en La Guajira, los primeros parques eólicos que han debido entrar a operar el año pasado no será posible que se dé antes del 2025(!).

El caso del proyecto Windpeshi es patético, con una capacidad de generación de 205 MW, fue adjudicado en 2019 y a pesar de haber sido catalogado como un proyecto de interés estratégico nacional (PINE), debido a los impasses con los que ha tropezado solo tiene un avance del 39% y el desarrollador del mismo está examinando seriamente la posibilidad de abandonarlo, con todas las consecuencias que se podrían derivar de ello, sobre un eventual efecto rebaño que podría llevar a que otros sigan su ejemplo.

Cómo es bien sabido, a falta de la Colectora, que no se ha podido instalar, están atrapados más de 1.200 MW, sin poder inyectarse al Sistema interconectado nacional (SIN).
Según el gremio de las empresas desarrolladoras de los proyectos de energías renovables (SER), 89% de los 3.300 MW, requeridos para responder al crecimiento de la demanda de energía, que oscila entre el 3.5% y 4.5% y que deberían entrar entre 2023 y 2024 acusan notorios retrasos. Este atraso viene estresando el SIN y presionando al alza los precios y las tarifas de energía.
Ello es sumamente preocupante, porque Colombia se está rezagando y otros países de la región, como Uruguay, que está a la vanguardia a nivel global y Chile, le están sacando ventaja en el ranking de la Transición energética.

Así, mientras, en promedio, en el 2022, según la Agencia Internacional de Energía (AIE) la generación de energía eólica y solar a nivel global participó con el 12%, en Uruguay 33.6% y 2.8% (36.4%), en Chile participaron con el 11% y 17%, respectivamente, sumando el 28%, más del doble, cuando en 2012 fue de solo el 0.6%. Entre tanto Colombia a duras penas tiene instalada gran solares con capacidad de 296 MW y cero en energía c eólica.

Urgen medidas por parte del gobierno para destrabar los proyectos en curso, tanto el completamiento de las 8 unidades (de las cuales sólo están funcionando 2) de HIDROITUANGO, como los parques eólicos en La guajira, así como también los proyectos de transmisión que, como el de Sogamoso -Norte – Nueva Esperanza a cargo del Grupo Energía Bogotá(GEB) y La Virginia – Nueva Esperanza, a cargo de Transmisora Colombia de Energía de ISA, que son claves para garantizar el abastecimiento de energia en el Centro del país, especialmente a la Sabana de Bogotá, poniendo en riesgo la firmeza y la confiabilidad del Sistema.

Están encendidas todas las alarmas, porque ante la proximidad del fenómeno del Niño, si bien no es inminente un racionamiento de energía, este si es inmanente al Sistema de generación cuya base depende en un 68% de las hidroeléctricas y estas de los embalses que se nutren de las lluvias. Esta es la mayor vulnerabilidad del Sistema eléctrico en Colombia, porque solo uno de los embalses de los 90 con los que se cuenta en Colombia que alimentan a las hidroeléctricas, El Peñol, tiene capacidad de regulación anual. El resto no soporta más de 4 meses de estiaje sin que dejen de ser operativos.

Amylkar Acosta

Exministro de Minas y Energía

El fantasma del racionamiento

Amylkar D. Acosta M[1]

El lunes 2 de marzo de 1992, el presidente Cesar Gaviria se vio precisado a tomar una medida extrema, al decretar el racionamiento en la prestación del servicio público de energía eléctrica en todo el territorio nacional, la cual se prolongó hasta el 5 de febrero  de 1993

 

Como una medida complementaria a la anterior y con el propósito de ahorrar energía se adelantaron en una hora las manecillas del reloj y de esta manera aprovechar la luz solar, reduciendo el consumo de energía. Esta medida estuvo en vigor desde el 28 de abril de 1992 hasta el 5 de febrero de 1993.

Una y otra medida de emergencia se tomaron para poder sortear el déficit en la capacidad de suministro de energía por parte de los generadores, el cual tuvo múltiples causas que lo precipitaron. Esta crisis se venía incubando imperceptiblemente. El Sistema eléctrico en su integridad estaba en manos del Estado, este era generador, transmisor y distribuidor de energía, asumía sus costos de operación y el financiamiento de los proyectos requeridos. Los créditos adquiridos con tal fin se convirtieron en un pesado fardo para la Nación. Entre tanto las tarifas de la energía se administraban más con criterio político que con criterio técnico y las alzas, cuando se autorizaban, no respondían a la suficiencia financiera y a los costos eficientes en que incurrían las empresas que prestaban el servicio.

Adicionalmente, hizo carrera entre la tecnocracia el aserto de que el sector eléctrico estaba sobreinstalado, dado que su capacidad instalada de generación era más que suficiente para garantizar la prestación del servicio de energía sin interrupciones. Pero resulta que el 78% de la misma dependía de la hidrología, tornándola muy vulnerable frente a los embates del cambio climático. A ello contribuyó el criterio de mínimo costo, que fue determinante para que en el plan de expansión se priorizara la generación hídrica, frente a la generación térmica.

También contribuyó al déficit en el abastecimiento de energía el atraso y los sobrecostos de proyectos tan claves para asegurarlo como el de El Guavio. A ello se vino a añadir la falta de diligencia por parte de los responsables para darle el debido mantenimiento al parque térmico, que servía de respaldo a los generadores hídricos. De manera que cuando se desató el fenómeno del Niño, el Sistema no estaba en condiciones de garantizar la firmeza y la confiabilidad en la prestación del servicio en condiciones de una hidrología critica como la que se presentó.  Tanto más en cuanto que el nivel consolidado de los embalses de las hidroeléctricas era del 28% y el de El Peñol particularmente, el único con capacidad de regulación anual, era de sólo el 20.66% (¡!). Este fue el detonante de la crisis a la que se vio abocado el Sector eléctrico.

Los intentos de paliar las consecuencias que se derivaron de la misma, como fue la importación al país de dos barcazas generadoras de energía, fueron fiasco total y piedra de escándalo de corrupción. No generaron un solo kilovatio. Este y otros desaguisados llevaron al Congreso a adelantar debates de control político cuestionando el manejo dado  al sector eléctrico por parte del Gobierno Nacional, así como la politización de las empresas distribuidoras. La Fiscalía general y los organismos de control asumieron las investigaciones de rigor, tomando como base el Informe que rindió la Comisión V del senado de la República en el cual se establecieron las causas del racionamiento y los funcionarios responsables de este, quienes recibieron el condigno y ejemplar castigo.

Esta fue una dura prueba para el país, de la cual quedaron varias lecciones aprendidas. En primer término, en lugar del criterio de mínimo costo a la hora de definir la prioridad en la ejecución del plan de expansión eléctrico debe primar el de mínimo riesgo, que es el que garantiza la confiabilidad y firmeza del Sistema. Y de allí la importancia de diversificar la matriz robusteciendo el componente térmico de generación. En segundo lugar, que la energía más costosa es aquella de la que no se dispone en el momento justo en que se requiere.

También quedó clara la necesidad de contar con el concurso del sector privado para garantizar los recursos necesarios para invertir en los proyectos sin la limitación del espacio fiscal de los gobiernos de turno. Y, finalmente, para garantizar la sostenibilidad del Sistema y espantar el fantasma de un nuevo racionamiento se requería contar con un órgano de regulación que fijara las reglas de juego y otro que velara por el cabal cumplimiento de las mismas. Estas lecciones aprendidas fueron la base para la expedición de las leyes 142 y 143 de 1994, que son gemelas.

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[1] Miembro de Número de la ACCE

¡No, por ahora!

El Gobierno Nacional sigue sin ponerse de acuerdo sobre la necesidad y la conveniencia de importar gas natural de Venezuela. Una declaración del Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo citada fuera de contexto, en el sentido de que “en el mediano futuro sí hay posibilidades interesantes de que Venezuela exporte gas a Colombia”2 revivió y reavivó el debate que suscitó la declaración de la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez al descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, planteó que ante la insuficiencia en las reservas de gas el país lo importaría dede Venezuela. En su lugar, «si necesitáramos llenar nuestra matriz energética se podría hacer la conexión de transporte de gas con Venezuela»3, sentenció la Ministra.

La reiteración de la Ministra en Davos (Suiza) de que “no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo”4 se basó en el cuestionado documento Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición energética justa originado en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el cual difiere de su último reporte fechado en mayo del año pasado. Según este las reservas probadas remanentes de gas natural con las que contaba el país eran de 3.16 TPC, las cuales al ritmo de producción y consumo promedio alcanzarían para entre 7.7 y 8 años. Por lo demás, ante un posible déficit de suministro, en momentos en los que la generación térmica, por necesidades operativas, lo demanda, se ha contado y se seguirá contando con las facilidades para la importación de gas por parte de la Regasificadora de la Sociedad portuaria El Cayao (Spec), con capacidad de 400 MMPCD, localizada en Cartagena.

 

Y sólo hasta Mayo de este año se conocerá el nuevo informe, actualizado al corte de dicha fecha y lo que reporta la ANH está basado en el informe que le rinden las empresas responsables de la operación de los campos en producción y ello aún no se ha dado. En las cuentas alegres de la Ministra, para justificar su aserto, incurre en el desmesura de sumar las reservas probadas + reservas posibles + reservas probables

+ reservas contingentes + reservas prospectivas, para concluir que las mismas podrían garantizar el autoabastecimiento hasta el 2037-2042. Pero los hechos son tozudos, las únicas reservas con las que a la fecha podemos contar son las probadas, las demás responden sólo a estimativos, sujetos a un alto grado de incertidumbre5.

Los mensajes de la Ministra son erráticos y contradictorios, pues al tiempo que se afirma que tenemos suficientes reservas como para garantizar autoabastecimiento hasta 2042, para descartar nuevos contratos de exploración y explotación de gas natural, se plantea la inminente necesidad de la importación de gas desde Venezuela. Esta versión ha cobrado fuerza en los últimos días al trascender la noticia de la cual fue portadora la agencia de prensa Bloomberg, que da cuenta de las tratativas entre la empresa Prodata Energy, con sede en Caracas, supuestamente autorizada por el gobierno de Nicolás Maduro para exportar gas a Colombia y la distribuidora Energy Transitions SAS, domiciliada en Bogotá.

A este cuento, como dicen en mi tierra, le falta un pedazo, porque, como lo afirma el Gerente del Grupo Energía Bogotá Juan Ricardo Ortega, “si van a traer ese gas desde Venezuela, tendrían que tener contratos con distribuidores y transporte. Nadie relevante ha tenido conversaciones de esa naturaleza y estos convenios toman tiempo en su maduración. Sorprende que la comercialización no la haga ECOPETROL6. Y como es sabido el Convenio suscrito en su momento entre la estatal petrolera colombiana y PDVSA fue liquidado debido a su incumplimiento por parte de esta. Mi percepción es que, como dice el adagio popular, hay quienes están ensillando sin traer las bestias.

Desde luego, en el largo plazo no se puede descartar la integración energética entre los dos paises, como se intentó sin éxito por parte de los ex presidentes Alvaro Uribe y Hugo Chávez en 2004, cuando acordaron construir un gasoducto bidireccional que garantizara el abastecimiento de gas de ambos países, pero que sólo operó en un solo sentido, pues mientras Colombia le suministró 150 MMPCD de gas a Venezuela entre 2007 y 2015, Venezuela incumplió su compromiso de hacer lo propio a partir de 2016, cuando debió entregar un volúmen equivalente a Colombia. El Ministro de Comercio, industria y Turismo Germán Umaña fue enfático al precisar que “tenemos un vecino que tiene reservas inmensas de gas y como lo dijo el Ministro Ocampo puede haber una complementariedad7 hacia el futuro.

Dos de las lecciones aprendidas de la crisis energética de la Unión Europea es que la Transición energética no debe poner en riesgo la seguridad energética y tan importante como ésta es la soberanía energética. Colombia, sobre todo después de este nefasto antecedente, no puede exponerse a un desabastecimiento dependiendo de Venezuela, tanto más en cuanto que, más allá de los 8 años de autoabastecimiento que tenemos asegurados, a la vuelta de 4 o 5 años se aspira y se espera que los nuevos descubrimientos de gas natural en Colombia (bloqué Tayrona: Uchuva ( una nueva Provincia gasifera y Gorgon) estén en producción.

En concepto del CEO de Frontera Energy, que opera en el país «en Colombia hay grandes yacimientos de gas para exploración y producción, por lo que consideramos que su extracción local debe ser una prioridad. La seguridad energética del país se debe construir con los recursos nacionales y el gas de Venezuela podría servir como respaldo«8 y sólo como eventual respaldo.

Ahora bien, huelga decir que para ser viable importar gas desde Venezuela esta debe contar con excedentes exportables así como con las facilidades de transporte del mismo. Y ni lo uno ni lo otro se podrá dar en el corto plazo. En cuanto a excedentes exportables, es muy dudoso, toda vez que las reservas y la producción de gas natural, en una altísima proporción están asociadas a la producción de petróleo, no se trata de gas libre y por lo tanto con la caída de la producción de petróleo desde los más de 4 millones de barriles/ día de enantes a menos de 750 mil barriles, la producción de gas ha caído en la misma proporción.

En cuanto a las facilidades para la entrega de gas a Colombia se requeriría en primer lugar reconstruir los 224 kilómetros de longitud (88 de ellos en territorio colombiano) del estragado gasoducto Antonio Ricaute, con capacidad de transporte hasta los 450 MMPCD, que une la Estación de Ballena en La Guajira con la Planta de Ramón laguna en el Estado Zulia y construir la infraestructura que permita traer el gas desde el Oriente de Venezuela hasta empalmar con el Antonio Ricaute. Uno y otro demandan ingentes recursos de inversión y tardarían en estar disponibles no menos de dos años.

Amylkar Acosta

Bogotá, febrero 21 de 2023 www.amylkaracosta.net

 

 

1 Miembro de Número de la ACCE

2 El Heraldo. Febrero, 19 de 2023

3 La República. Diciembre, 8 de 2022

4 Semana. Enero, 19 de 2023

5 Amylkar D. Acosta M. La Transición energética justa y responsable. Febrero, 5 de 2023

6 El Colombiano. Febrero, 21 de 2023

7 Semana. Febrero, 20 de 2023

8 La República. Febrero, 20 de 2023

La transición energética justa y responsable

En el año 2015 se firmó el Acuerdo de París en el marco de la Conferencia de las partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP21), en el cual se fijaron dos objetivos básicos: limitar el incremento promedio de la temperatura a 2 grados centígrados respecto a los niveles anteriores a la primera revolución industrial; segundo, redoblar los esfuerzos tendientes a impedir que el mismo sobrepase el umbral de 1.5 grados a finales de este siglo y tercero alcanzar la carbono – neutralidad en 2050, siendo este último, el de la descarbonización de la economía la clave para alcanzar los otros dos objetivos.

De la Transición energética /Energiew ende) se empezó a hablar desde las postrimerías del siglo pasado, cuando los movimientos ambientalistas reaccionaron en Alemania contra el avance de las instalaciones de reactores nucleares para generar electricidad, derivando posteriormente en el propósito manifiesto de descarbonizar el sector eléctrico migrando hacia fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), sobre todo después del Acuerdo de París.

 

Este énfasis en la descarbonización del sector eléctrico se explica porque en los países desarrollados, que son los mayores responsables del acumulado en la atmósfera de los gases de efecto invernadero (GEI) y de sus emisiones, tienen en el mismo la mayor fuente de emisiones con el 73.5%. No es el caso de Colombia en donde, a lo sumo, contribuye con el 34% de las mismas, habida cuenta de que el 68% de su capacidad instalada de generación de electricidad es de origen hídrico.

Huelga decir que las emisiones de GEI de Colombia son infimas en comparación con otros países, apenas representan el 0.55% del total de dichas emisiones. Las emisiones per capita de Colombia, alrededor de 1.6 toneladas de CO2 equivalente por persona al año, está muy por debajo del promedio mundial que oscila en torno a 4.5 toneladas e incluso del promedio de Latinoamerica, que tiene un registro de 2.6 toneladas. Dicho sea de paso, en Colombia la mayor fuente de emisiones de GEI está constituida por el cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería y sobre todo por alarmante deforestación, factores estos que sumados representan más del 55% de las emisiones de GEI. Por ello, coincidimos con el experto ambientalista Juan Pablo Ruiz cuando afirma que Colombia cumpla su compromiso de reducir sus emisiones en un 51% hacia el 2030, “la prioridad nacional debe ser reducir la deforestación, mejorar el manejo de la tierra y reducir la demanda interna de hidrocarburos”.

Además de las particularidades anteriores que acusa Colombia, hay una diferencia fundamental a la hora de definir la Hoja de ruta de la Transición energética entre aquellos países que dependen de la importación del petróleo, del gas y del carbón y Colombia, que también depende, pero de la producción y exportación de petróleo y carbón, sus dos principales renglones de exportación, superando el 50% de las mismas, así como de la generación de divisas, de ingresos para la Nación, que supera el 20% de los ingresos corrientes de la Nación, por concepto de renta petrolera y dividendos y más del 40% de los recursos para la inversión de las entidades territoriales, provenientes de las regalías que paga esta industria. Y de contera, en promedio, más del 35% de la inversión extranjera directa (IED) es atraída por el sector petrolero. Por todo ello planteamos la necesidad de una Transición energética a la colombiana, que se ajuste a sus particularidades y prioridades.

Las bajas emisiones de GEI por parte de Colombia y la reducida contribución a las mismas del sector eléctrico no la puede llevar a convertirse en el llamado peyorativamente polizón climático, cruzándose de brazos a la espera de que sean otros quienes hagan el esfuerzo tendiente a la descarbonización de la economía, pero tampoco debe asumir el papel de Atlas cargando a cuestas con el resto del mundo. Como bien lo dejó establecido la COP26, el mandato del Acuerdo de París y los compromisos adquiridos por los países que lo suscribieron, entre ellos Colombia, conllevan una “responsabilidad común pero diferenciada”, no se puede prorratear.

Es bien sabido que, no obstante esta ostensible dependencia de Colombia con respecto al petróleo, no es un país petrolero, toda vez que sus reservas son precarias y su producción, que no supera el 0.75 del total de la producción a nivel mundial, es limitada. Pero, como bien dice el ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes “debemos procurar que el petróleo y la minería no inhiban el desarrollo de moteros sectores, pero de ninguna manera dejar pasar oportunidades en minería y petróleo que no atenten contra el medio ambiente”.

Y tiene toda la razón, porque la verdad monda y lironda es que, como lo señala la Agencia internacional de energía, sólo a partir del año 2030 empezará a aplanarse la curva de demanda por petróleo en el mundo, superando los 100 millones de barriles/día y en el escenario más optimista, en el que los países cumplan al pie de la letra sus compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de París, el consumo de crudo superará los 93 millones de barriles/día. Y el principio keynesiano de que toda demanda crea su propia oferta es infalible, si no es Colombia quien lo produce y exporta siempre habrá quien ocupe su lugar, sus competidores, entre ellos el más próximo sería Venezuela. De modo que no porque Colombia lo deje de producir y exportar se dejará de consumir, de manera que serán otros países, nuestros competidores los que ocuparían el lugar de Colombia como proveedores. Bien dijo el economista y profesor de Harvard Ricardo Hausmann, “una reducción de la producción petrolera de Colombia no ayudaría al mundo, pues estimularía la producción de otras geografías, pero perjudicaría al país”.

La encrucijada para Colombia, entonces, es doble, estamos ante el riesgo de perder la autosuficiencia en materia de hidrocarburos, lo cual la obligaría a importar, afectando nuestra balanza comercial, porque no sólo dejaríamos de percibir divisas por la exportación de crudo, provocando una hiperdevaluación del peso, sino que deberá gastar sus escasas reservas de dólares para importar el crudo requerido para cargar las dos refinerías y evitar poner en riesgo el abastecimiento de combustibles.

Por eso, los expertos y conocedores del tema han considerado fuera de lugar las reiteradas declaraciones de la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez eran el sentido de que, como lo afirmó en el reciente Foro económico mundial de Davos, “no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y petróleo. Eso ha sido muy polémico a nivel nacional, pero es una señal de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático”. Esta afirmación tan categórica, que se ha convertido en un mantra para la Ministra, tomó por sorpresa a todo el mundo, empezando por la Viceministra de energía Belizza Ruíz y el sosegado Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, quien había dado cuenta de un acuerdo suyo con la Ministra Vélez de atenerse a los resultados de un estudio y de unas proyecciones, que la propia Ministra había dicho que se conocería en mayo de este año.

Para sustentar su sorpresivo anuncio la Ministra Vélez se apoyó en un controvertido estudio hecho en volandas y con notoria falta de rigor técnico, que deja más dudas que certezas. En el mismo, aunque no se llega explícitamente a la conclusión de no conceder nuevos contratos, quien lea el controvertido y cuestionado documento Balance de contratos de hidrocarburos para la Transición energética justa, contenido en 32 páginas, avalado por el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), piedra de escándalo y publicado el pasado el 13 de diciembre, entre líneas, observa que toda la argumentación está basada en cifras sesgadas e imprecisas que no resisten un análisis serio pero que inducen a dicha conclusión.

Es de anotar que la Viceministra, quien aparece firmándolo, al apartarse de la opinión de la Ministra por considerar que las cifras utilizadas están sesgadas, son imprecisas y débil su argumentación, manifestó que su “nombre fue puesto allí para legitimar esas cifras y ese texto. Una vez leído, estoy en completo desacuerdo con ese documento”6. Y la verdad sea dicha, ni el documento lo plantea ni puede colegirse del mismo, como lo hizo la Ministra, en forma errada y errática, que no se firmen nuevos contratos. Bien se ha dicho que una mala causa empeora cuando se la trata de defender.

Según la Ministra Vélez, si se suman las reservas probadas, probables y posibles y además se les agrega el desarrollo de los recientes descubrimientos de Uchuva y el bloque integrado de evaluación hechos por ECOPETROL y sus socios en el Caribe offshore se garantizará el suministro de gas más allá del 2037. Y va más lejos aún al asegurar que si se le adicionan los recursos prospectivos actuales se extendería dicho horizonte hasta el 2042 (¡!)7. Estas son cuentas alegres como las de La lechera de Samaniego, que nos enseñó la vanidad de girar sobre el futuro cuando ni el presente está seguro. Según el Presidente de la Asociación de Geólogos y Geófisicos del petróleo Flover Rodriguez no se pueden confundir los recursos probados, probables y posibles (1p, 2p y 3p) con los contingentes y prospectivos. Estos últimos “están aún lejos de ser reservas, ya que estas deben ser descubiertas y ellas no lo son”8. En síntesis, no se pueden sumar peras con manzanas.

Por lo demás, una de las mayores limitaciones del documento de marras es que no va más allá del mero balance de los contratos, cuando la decisión sobre si se firman o no nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos tiene unas implicaciones que van mucho más allá, tales como el impacto de tal decisión en la balanza comercial del país, el impacto fiscal, cambiario, en la afluencia de inversión extranjera, entre otros. Por ello es entendible la posición asumida por el Director de crédito público del Ministerio de Hacienda José Roberto Acosta, persuadido cómo está de que el Ministerio de Minas y Energía es la caja registradora del Estado, al salirle al paso a la Ministra Vélez y advertir que pese a su anuncio de un no rotundo a la firma de nuevos contratos “no se ha tomado la decisión sobre la suscripción de nuevos contratos de exploración. No es una decisión de gobiernoLo dicen las cifras, necesitamos más contratos de exploración”9. Él la tiene clara, sabe que lo que está en juego es la estabilidad macroeconómica del país.

Es evidente que los platos rotos de una decisión tan desatinada como la de marchitar la actividad hidrocarburífera en el país la pagarían los próximos gobiernos, porque debido al efecto inercial y a la actual coyuntura de altos precios el cuatrienio del Presidente Gustavo Petro, irónicamente, va a pasar a la historia como el de mayores exportaciones de petróleo y de carbón con cifras récord tanto en volúmenes como en ingresos de divisas. De hecho en 2022 Colombia se destacó como el tercer país en crecimiento de sus exportaciones, con el 49%, después de Trinidad y Tobago (69%) y Venezuela (63%), gracias a las mayores exportaciones de petróleo y carbón. Según las estimaciones de CORFICOLOMBIANA sólo la estatal ECOPETROL le transferirá a la Nación este año $52.5 billones y contribuirá con el 3.4% del PIB.

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La apuesta por la Rap del Caribe

Enhorabuena el pasado 26 de diciembre la señora Gobernadora del Atlántico, que funge como Presidenta del Consejo regional administrativo de Planeación, Elsa Noguera y los demás gobernadores de los 8 departamentos que integran la Región administrativa y de Planificación (RAP) del Caribe, resolvieron ponerla en marcha. Me ha cabido en suerte a mí, por generosidad y expresa voluntad de ellos, la responsabilidad de conducir dicho proceso hasta llevarlo a puerto seguro. Honor que me hacen, de lo cual les quedo muy reconocido. Con esta ya son 7 RAP que operan en el país, cada una de ellas en la región de su jurisdicción.

Este 1 de febrero, con su puesta en funcionamiento, es una fecha memorable para el Caribe colombiano y constituye un hito histórico en la denodada y perseverante lucha por reivindicar la autonomía y el desarrollo regional. Bien se ha dicho que la historia trabaja para nosotros a condición de que nosotros trabajemos para ella y este es el caso.

 

Como antecedente más remoto tuvimos la Ley 76 de 1985, mediante la cual se crearon las regiones de planificación, más conocidas como CORPES, las cuales dejaron de operar desde el año 2000. Luego la Asamblea Nacional Constituyente, gracias a la intervención de los delegados de la región en la misma (Eduardo Verano, Carlos Rodado, Eduardo Espinoza, Juan B Fernández, Raimundo Emiliani y Orlando Fals Borda), al expedir la nueva Constitución de 1991, no sólo consagró el principio de la autonomía (artículos 1 y 287) sino que le dio vía libre a las regiones para que se pudieran constituir como RAP primero y como entidades territoriales (RET) después, de conformidad con los artículos 306 y 307, como destino final.

Luego, mediante el voto directo del constituyente primario, 2.5 millones de ciudadanos despositaron en las urnas en las elecciones al Congreso de la República en mayo de 2010 el Voto Caribe con el mandato de constituir la región Caribe como entidad territorial como meta a alcanzar, “para que promueva un desarrollo económico y social en nuestro territorio, dentro del Estado y la Constitución colombiana”.

En respuesta a este hecho político se aprobó por parte del Congreso de la República la Ley 1454 de 2011 de ordenamiento territorial (LOOT), la cual, según lo prevé la Carta, es requisito sino quanom para la aprobación de la RAP y de la RET. Pero dicha Ley, lejos de viabilizar la constitución de las mismas la obstruyó poniéndole barreras y cortapisas, emasculádolas además al dejarlas sin fuentes de ingresos para su funcionamiento.

Fue necesaria la expedición de la Ley 1961 de 2019, de fortalecimiento de las RAP, para destrabarla, la cual fue reglamentada mediante el Decreto 900 de 2020. Tuvimos que esperar 20 años para que las RAP vinieran a llenar el vacío dejado por los CORPES. Las RAP, constituyen una especie de escala técnica, de meta volante, para alcanzar la meta final que son las RET. Bien dijo el gran alemán Max Weber, “toda experiencia histórica confirma la verdad de que no se hubiera obtenido lo posible sino se hubiese pugnado, una y otra vez, por alcanzar lo imposible”.

Las RAP están llamadas a contribuir a la integración regional, a promover una mayor y mejor artículación entre los departamentos que las integran y entre estos y las instancias nacionales de gobierno. Con ellas las regiones se empoderan aún más y ganan en capacidad de interlocución frente al Gobierno central, para dejar de ser alfil sin albedrío del agobiante y esterilizante centralismo.

Son muchos los retos que tenemos por delante y no podemos ser inferiores a ellos. Bien sabemos que, como dice Karl Popper “el futuro no está predeterminado, todos nosotros contribuimos a determinarlo”. Y para ello tenemos que concitar todas las energías de todos!

Sumados son 8 los departamentos que integran la RAP del Caribe, pero juntos, unidos, somos más y más fuertes. Vivimos un momento excepcional, pues por tercera vez en nuestra vida republicana, después de Juan José Nieto y Rafael Núñez, un hombre del Caribe, Gustavo Petro, ocupa el Solio de Bolívar el Libertador.

 

Barranquilla, febrero 1 de 2023

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Ilustre e ilustrado profesor

Siento mucho la partida de mi ilustre e ilustrado profesor y amigo Jorge Eduardo Cock Londoño, un ser excepcional y de aquilatadas calidades personales e intelectuales, con un gran prestigio ganado en franca lid a lo largo de sus años dedicados a la docencia, a la investigación, a la empresa privada, como servidor público de una probidad diamantina y en sus últimos años dedicado a ejercer un liderazgo socioambiental, siempre preocupado por la suerte de su país, al que sirvió sin cálculos ni mezquindades. Se preciaba y ufanaba de ser “el celador del planeta” y a fe que lo fue, sus columnas en el diario El tiempo y en el portal Las 2Orillas dan buena cuenta de su compromiso con la causa ambientalista.

Economista de profesión, egresado de la Facultad de economía de nuestra Alma Mater, la Universidad de Antioquia, de la cual fue posteriormente profesor. Yo tuve el privilegio de tener como profesores a dos eminencias del intelecto, a él en la introducción a la economía y al también fallecido Carlos Gaviria Diaz en introducción al Derecho. Recibí de él mis primeras nociones y rudimentos de la economía, la ciencia lúgubre de la que hablaba Carlyle, a través de su cátedra de Cultura económica básica en mi primer semestre de economía, teniendo como texto de referencia la obra cumbre del Nobel de economía 1970 Paul Samuelson Curso de economía moderna, lo que me llevó a abrazar desde entonces la escuela del keynesianismo.

 

Pero mi relación con Jorge Eduardo y mi admiración por él trascendió la del alumno y el profesor para trabar una amistad que se mantuvo hasta el final de sus días. Cuando no era yo quien lo llamaba para escuchar sus sabios consejos y sus enjundiosos conceptos era él quien lo hacía indagándome sobre mi postura a propósito de la marcha de la economía y sobre el curso de proyectos tan controvertidos como el de La quebradona en el Municipio de Jericó (Antioquia). De él podría decirse que, al igual que el Cofrade Alfonso Palacio Rudas, no tragaba entero.

Cómo no recordar su paso por la gerencia de CARBOCOL, empresa estatal que se asoció con INTERCOR, filial de la multinacional EXXON para explotar el yacimiento de El Cerrejón en mi tierra, La Guajira. Él, junto con el entonces Ministro de Minas y Energia Carlos Rodado Noriega, fue protagonista de la declaratoria de comercialidad de dicho proyecto en el año 1982. Así despuntó en Colombia la actividad extractiva del carbón a gran escala, hasta convertir a Colombia en un jugador en las grandes ligas del mercado del mineral y este en el segundo renglón de exportación y generador de divisas para el país.

El avezado profesor, quien, además, se desempeñó como representante de Colombia ante el Banco Mundial, se desempeñó después, en la administración Samper, con lujo de competencia, como Ministro de Minas y Energía. Desde entonces se convirtió en un obligado referente en el país en cuanto a las políticas públicas en este sector de la economía y en una voz autorizada y escuchada con respeto en los medios académicos.

Como tuve ocasión de expresárselo a su esposa y compañera de vida Beatriz, el deceso de Cock Londoño constituye una pérdida irreparable para Antioquia, que lo tenía en tan alta estima y para el país todo. Nos enseñó el apóstol de la democracia José Martí que “la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida” y este es el caso de nuestro apreciado amigo y contertulio de todas las horas Jorge Eduardo, a quien vamos a extrañar y nos va a hacer mucha falta, su inteligencia y su sapiencia la vamos a echar de menos.

Ello es tanto más cierto en tanto que fue un gran pensador. Pese al agobio de su quebranto de salud, mantuvo hasta el final esa enorme capacidad de análisis y discernimiento que nunca lo abandonaron. Él, como los barcos que se hunden en medio del fragor de la batalla, en su caso por su vida, se nos fue con las luces encendidas.

Van para su esposa Beatriz y sus hijos Clara, Nicolás y Catalina, nuestras más sentidas condolencias. Paz en su tumba!

Amylkar Acosta

Bangkok, enero 17 de 2023

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¡Oh paradoja!

Amylkar Acosta M[1]

No puede ser más paradójico, mientras Colombia está en el radar de la Transición energética a nivel global en un lugar muy destacado y se convierte en un polo de atracción de las inversiones en proyectos para generar energía a partir de fuentes no convencionales y renovables (FNCER), la ejecución de los proyectos que fueron asignados en las tres subastas que tuvieron lugar entre el 2019 y el 2020, la primera de Obligaciones de Energía Firme (OEF) del cargo por confiabilidad y las dos últimas convergentes, que compromete 2.400 MW de potencia, llegándose a acuerdos de compra – venta de energía entre generadores y comercializadores a 15 años, está empantanada y la entrada en operación de los mismos al Sistema Interconectado Nacional (SIN) se atrasa y pospone debido a obstáculos que lo han impedido.

 

En efecto, Bloomberg NEF (por sus siglas en inglés), un servicio de Bloomberg Professional, considerada como una de las plataformas más prestigiosas y consultadas del mundo financiero, en su más reciente reporte del climatescope (o climascopio en español), fechado el pasado 18 de noviembre, mediante el cual mide los avances alcanzados en materia de Transición energética y en descarbonización del sector energético, ubicó a Colombia entre los primeros cinco países que más y mejor están desarrollando e impulsando la generación y uso de las energías renovables y limpias, particularmente la eólica y la solar – fotovoltaica, aprovechando el potencial de las mismas que ofrece el Caribe colombiano, en especial el Departamento de La Guajira.

Destaca en su Informe que “por primera vez en la historia, Colombia se ubica entre las cinco primeras naciones. Las políticas estables de energía limpia y los incentivos transparentes han impulsado al país al cuarto lugar este año desde el puesto 13 en el estudio del año pasado”. En la región es superada sólo por Chile que ocupó el primer lugar en el escalafón. La verdad sea dicha, el mérito de Colombia para dar ese salto en el ranking en esta métrica radica fundamentalmente en la expedición de la Ley 1715 de mayo de 2014 que estimula e incentiva las FNCER primero, a las subastas para asignar los proyectos y finalmente la entrada en vigencia de la Ley 2099 de julio de 2021, que vino a reforzar y a ampliar el espectro de los beneficios de la Ley anterior a las energías renovables.

En el mismo reporte, además, pone de relieve que “Chile, Colombia, Brasil, Perú y República Dominicana son los países más atractivos para la inversión en energías renovables en América Latina, según la encuesta climascopio. De hecho, las cuatro naciones principales de la región se encuentran entre los 20 mercados más atractivos para la inversión en energía limpia en general. Un factor en común es que todos ellos tienen políticas bien establecidas y efectivas, además de sectores de energía estructurados abiertos a inversores privados”.

En el caso de Colombia, particularmente, la inversión en FNCER alcanzó un máximo histórico el año anterior, redondeando la cifra de los US $952 millones, desglosándose en US $678 millones en parques eólicos, para una participación del 71% y US $274 millones en granjas solares – fotovoltaicas, que representa el 29% restante del total. La inversión en estas últimas experimentó un auge inusitado con un crecimiento exponencial de más de 18 veces entre los años 2017 y 2021 (¡!):

No obstante, concomitantemente con este gran posicionamiento de Colombia, que se debe, como ya lo dijimos, a su desarrollo normativo y regulatorio y al gran apetito que han despertado de la inversión y los inversionistas para ejecutar los proyectos, estos han tropezado con el que yo no he dudado en calificar como el nudo gordiano del desencuentro entre las empresas desarrolladoras de los mismos y las comunidades indígenas, que ha impedido superar con éxito las consultas previas que, por ministerio de la Ley, se debe tramitar. Y mientras este paso no se surta el Grupo Energía Bogotá, que tiene a su cargo la instalación de la estación colectora en el Municipio de Uribia, al norte de La Guajira, la energía que generen los parques eólicos quedará confinada in situ sin poder transportarse hasta La Loma y Bosconia (Cesar), en donde empalmarán las líneas de transmisión con el SIN.

De la misma manera que la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez ha anunciado y se ha propuesto a destrabar los contratos firmados entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y las empresas petroleras con el fin de activar la búsqueda y hallazgo de mayores reservas de crudo para conjurar el fantasma de las importaciones, debería también dar los pasos conducentes para desatascar estos proyectos que el Sistema energético está requiriendo a gritos y sin los cuales la aceleración de la Transición energética justa que pregona el gobierno se va a quedar en sólo anuncios. Por lo pronto marcha a paso de tortuga y al paso que van su operación no se va a dar antes del 2024 (¡!). A ello no deben ser ajenos ni el Gobernador de La Guajira José Jaime Vega ni el Alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez. Para luego es tarde!

Cota, enero 14 de 2023

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[1] Miembro de Número de la ACCE