A la hora de determinar la viabilidad medioambiental de un proyecto, cualquiera que él sea y, si así lo requiere, de expedir la Licencia ambiental para el mismo, es pertinente evaluar no solo el impacto de la ejecución del mismo sino el impacto de no ejecutarlo.
Este es el caso: con este proyecto de El Canal del Dique se busca restaurar ambientalmente el Sistema del Canal que lleva su mismo nombre por medio de impactos positivos que buscan el bienestar de las comunidades y sus prácticas tradicionales y evitar de paso las recurrentes inundaciones que, como las de los años 2010 y 2011, a causa del fenómeno de La Niña, fueron arrasadoras.
De otro modo se paralizarían en el país todas las obras de mitigación que, como en el caso de La Mojana, se vienen adelantando por la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), a la espera de la Licencia ambiental para actuar, mientras los damnificados esperan con el agua al cuello.
Coincido con el Alcalde del Distrito de Cartagena Dumeck Turbay cuando afirma que exigirle a este Proyecto Licencia ambiental entraña una contradicción y con el Gobernador de Bolívar Yamil Arana cuando pone el grito en el cielo y exclama: “que un proyecto de recuperación ambiental, el más importante de Latinoamérica, requiera licencia ambiental es un chiste”. Por su parte el Gobernador del Atlántico Eduardo Verano, quien además de Constituyente fue Ministro de Ambiente, pone de manifiesto que este es “un proyecto que contempla una inversión cercana a dos billones de pesos. Tiene un componente ambiental y social, así como un manejo de las poblaciones para tratar de mejorar las condiciones de su economía”.
Este es mi tercio en la polémica suscitada, en auxilio de la postura del Alcalde de Cartagena y de los gobernadores de Bolívar y Atlántico, cuyas declaraciones, a modo S.O.S, deben suscitar el respaldo de toda la región Caribe. Unidos somos más y más fuertes!
La Comisión de regulación de energía y gas (CREG) levantó una polvareda con la expedición el 18 de diciembre pasado, para comentarios hasta el 15 de este mes, de la Resolución 701 028, mediante la cual “se adoptan reglas transitorias en el precio de bolsa del Mercado de energía mayorista durante el período del Fenómeno de El Niño”, asumiendo que este se prolongará hasta el mes de abril, cuando según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) se podría prolongar hasta el mes de junio. Como antecedente es muy importante recordar que el Presidente Gustavo Petro anunció en la clausura del XXIV Congreso de ANDESCO en septiembre de 2022 la intervención de la CREG y asumir sus funciones en respuesta al brote alcista de las tarifas de energía que venía despertando protestas e inconformidad entre los usuarios de este servicio tan esencial.
Según manifestó el Presidente Petro “si no se anuncia un porcentaje de reducción significativa en las tarifas de energía por parte de las empresas, el Gobierno tomará medidas más radicales…Si vemos que no hay voluntad suficiente de estas empresas, otras decisiones serán tomadas”. A renglón seguido la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez anunció al país que “cumpliendo con lo que el Presidente Gustavo Petro dijo hace ocho días, hoy anunciamos al país que antes de finalizar el año los colombianos verán una reducción en su tarifa de energía.
De la amenaza se pasó a la concertación con las empresas auspiciada por la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez, dando lugar al denominado Pacto por la Justicia tarifaria, tendiente a reducir las tarifas, que se firmó en Medellín en la sede principal de ISAGEN, el cual destacó la Ministra como algo “inédito”. Al final dicho Pacto fue un fiasco total, la rebaja no superó los 4 puntos porcentuales, atribuible en gran medida a la suspensión temporal del cobro de la deuda de los usuarios por concepto de la opción tarifaria que ya supera los $5 billones4. Concluyó el año 2022 con un alza de la tarifa del 22.4% en promedio a nivel nacional y en la región Caribe entre 26.28% y 37.19%, en contraste con el 13.12% del Índice de precios al consumidor (IPC). De poco sirvió el tal Pacto por la Justicia tarifaria.
El Presidente Petro volvió a la carga y expidió el Decreto 0227 fechado el 16 de febrero de 2023, a través del cual “se reasumen algunas de las funciones presidenciales de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios”. A poco andar el Consejo de Estado suspendió como medida cautelar los efectos del mismo por considerar que tales funciones, especialmente las atinentes al régimen tarifario, están sometidas a reserva legal, habida cuenta que Las leyes 142 y 143 de 1994 se las atribuyó a la Comisión de regulación de energía y gas (CREG).
El zaperoco de la CREG
Después del fallido intento por parte del ejecutivo de arrogarse las funciones propias de la CREG, el mismo Consejo de Estado que se le atravesó en su intentona, anuló el nombramiento de varios de los expertos comisionados que hacen parte de la misma, quedándole servida en bandeja de plata al presidente Petro. Pero, increíblemente, en lugar de integrarla nombrando en propiedad a sus reemplazos optó por designarlos en encargo, con lo que la Comisión entró en interinidad, perdiendo de paso la autonomía que le reconoce la Ley, luego se daría una especie de apagón regulatorio debido a que carecía de quorum reglamentario para tomar decisiones y así entramos en un limbo prolongado perdiendo un tiempo precioso en el cumplimiento de sus funciones y competencias.
Inaudito, después que se quiso intervenir a la CREG y se intentó sin éxito, ahora que por un hecho fortuito quedaba en sus manos, el Gobierno no supo qué hacer con ella. Esta situación se prolonga, porque de los 6 expertos comisionados sólo se han nombrado 4 y sólo uno de ellos en propiedad (¡!). Entre tanto el año anterior el aumento de la tarifa de la energía, una vez más, superó el 20%, más del doble del IPC, que registró el 9.28% (¡!).
En medio de este zambapalo, el 13 de junio de 2023 la CREG expide la Resolución 101018, dizque para controlar las ofertas de precios de los generadores mediante “un esquema de vigilancia que permitiera detectar el posible ejercicio de poder de mercado”, al que el Superintendente la atribuía la escalada alcista de los precios de la energía en Bolsa y de la tarifa de energía a los usuarios finales. Y si ello venía dándose, no se entiende por qué no se apeló al artículo 126 de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, el cual prevé que las fórmulas tarifarias “excepcionalmente podrán modificarse en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, cuando sea evidente que se cometieron graves errores en su cálculo, se lesionan injustamente los intereses de los usuarios o de la empresa”. ¡Sin embargo, con esta Resolución, como diría el poeta, todo pasó sin que pasara nada!
En el mes de julio del año anterior se produjo el relevo en el Ministerio de Minas y Energía y asumió Andrés Camacho, quien con las mismas razones que se esgrimieron para expedir la Resolución anterior y se amagaba con meterle la mano a la formación del precio, se procedió a intervenir el mercado mayorista de energía, luego que los precios en Bolsa se elevaron escandalosamente, superando el precio de escasez, trepándose por encima de los
$1.500 el KWH7. Con tal fin, al cierre del año anterior, se expidió la Resolución a través de la cual se estableció un tope de $532 el KWH al precio en Bolsa, cambiando las leyes del mercado por unas “reglas transitorias” que, a la postre en lugar de beneficiar al usuario final lo perjudica.
Se trata, como lo afirma la Directora ejecutiva de Asociación de grandes consumidores de energía ASOENERGÍA Sandra Fonseca “de una intervención híbrida al precio de Bolsa, que mezcla un esquema marginal para plantas variables (hidro, solar y eólicas) y uno de costos (térmicas). Que, a propósito de estas últimas, al fijar el precio en Bolsa de $532 por KWH, se asume por parte de la CREG que, como lo acota el Director ejecutivo de la Asociación Nacional de empresas generadoras (ANDEG) Alejandro Castañeda, “el precio de generación con gas natural nacional, el cual sólo representa el 3% de la energía en firme del país, dejando al 70% de las plantas térmicas subremuneradas, sin posibilidad de recuperar el capital invertido y sin rentabilidad”, atentando contra uno de los principios rectores de esta actividad, según lo reconoce la Ley de servicios públicos, el de las suficiencia financiera, que va de la mano con el de los costos eficientes.
Y ello en momentos en los que, merced al fenómeno de El Niño el parque de generación térmica ha pasado de un 15%, en promedio, de participación en la generación de electricidad en condiciones normales, al 45% y de contera en vísperas de la apertura de una nueva subasta de expansión de Cargo por confiabilidad, pues esta es una pésima señal para los eventuales inversionistas, generando un riesgo de desabastecimiento de energía en el mediano y largo plazo, estropeando de refilón la Transición energética, que, dada la intermitencia de le energía eólica y la solar – fotovoltaica, no es viable si no se cuenta conel respaldo de la energía térmica y la hídrica, de las cuales no se podrá prescindir a la bulla de los cocos.
Los usuarios serán los paganines
Según el Ministro Camacho, “ninguna de las medidas tomadas va a afectar negativamente las tarifas de energía. Nosotros venimos, desde que arrancó el Gobierno, con el propósito de bajar las tarifas de energía y todas las medidas que estamos tomando buscan cumplir ese propósito”. Y añadió, “la medida que se está adoptando tiene unas condiciones que buscan aplicar en uno de los segmentos de la cadena que es la generación”. Él está pensando con el deseo. El quid del asunto está en que la adopción de tales condiciones “que busca aplicar en uno de los segmentos de la cadena”, terminan por afectar a los otros segmentos de la misma cadena y al final no sólo puede hacer nugatorio lo que se propone sino que lo puede tornar contraproducente. Y este es el caso.
De aplicarse la disposición prevista en esta Resolución que le establece un techo al precio en Bolsa, este sólo impacta, en promedio, al 20% de la energía transada, lo cual limita su efecto, traduciéndose en una reducción en uno de los cargos de la fórmula tarifaria, el de la generación (G), que podría representar una baja entre $60 y $100 el KWH. Pero, concomitantemente, como lo afirma el Director ejecutivo de Óptima consultores Alejandro Lucio, “la resolución de intervención pone a cargo de la demanda, a través del componente de restricciones, el diferencial entre el costo de la generación térmica y el nuevo precio de bolsa intervenido. Este costo sin duda debe ser reconocido, pero claramente asociado al componente que lo genera, no ahondando la bolsa de costos escondidos inherente a este componente tarifario”. Ello se traducirá en un incremento en la tarifa al usuario final de $350 por KWH, aproximadamente, a través del cargo por restricciones (R) de la fórmula tarifaria. Si descontamos de este la disminución en el cargo por generación (G), el saldo neto en contra del usuario un incremento entre el 25% y el 30% en su factura de electricidad.
Por lo demás, como lo acota el experto Alejandro Lucio, la cifra de $530 por KWH, que sale del magín de la CREG, es “un valor completamente arbitrario. En esencia, se les limita su margen (a las hídricas), pero no se les acaba. Percibir ese valor puede ser un costo de oportunidad, pero no dejan de percibir rentas interesantes cuando venden su energía”. Y para rematar “además, y acá está la paradoja, se les está techando el precio que deben pagar por aquella generación que no puedan producir, justo cuando no la van a producir. Al final se les hace un favor” al generador hídrico a expensas de los usuarios, que es al que, según el Ministro Camacho, se busca proteger de los abusos de posición dominante en que incurran los generadores.
A todas las críticas que desde distintos flancos le han llovido a la Resolución de marras, el Ministro Camacho se ha limitado a afirmar, pero sin ningún sustento técnico, que “los
impactos que esto pueda tener en otros segmentos, como en las restricciones o en la comercialización y distribución, los estamos evaluando y tomando medidas para cumplir el propósito de bajar tarifas”13. Y repite la cantinela de que “todas las medidas están orientadas a bajar las tarifas y tener costos eficientes y justos para la gente”14. Pero los hechos son tozudos, como lo sostiene la Directora ejecutiva de ASOENERGÍA, “la gran mayoría de los colombianos podrían estar pagando alrededor de 2,4 billones de pesos más en sus facturas de energía entre enero y abril del 2024 en caso de materializarse el proyecto de resolución”.
Están en juego la confiabilidad y firmeza del SIN
Esta medida, de aplicarse tal cual como está proyectada, agudizaría la tendencia inercial al alza de la tarifa de energía y de paso acarreará, como lo sostiene el experto Alejandro Lucio, “mayores costos por confiabilidad, asumiendo que esos requerimientos de firmeza se consigan completar en la próxima subasta de cargo por confiabilidad (si es que ante esta intervención algún inversionista de un proyecto térmico se anima a participar en la misma) o en el peor de los casos, un no muy lejano déficit de energía firme que en el próxima sequía, y por qué no en la que estamos viviendo, nos lleve al apagón”.
Esta alza en la tarifa de energía se vendría a añadir a la que se derivará del cobro a partir de la factura de enero de este año, como lo dispuso la Resolución 101 029 del 24 de noviembre de 2023 expedida por la CREG, de la deuda, con sus intereses causados, que por concepto de la opción tarifaria tienen todos los usuarios con las empresas prestadoras del servicio de energía que, como es bien sabido sobrepasa la suma de los $5 billones, cuyo impago las había puesto en calzas prietas, al punto que el Gobierno tuvo que abrirles un crédito en FINDETER para solventarlas y evitar así un apagón financiero de las mismas. Esta es la cereza del pastel envenenado de la espiral alcista de las tarifas de energía, la cual tiene su principal catalizador en el déficit en la oferta de energía, debido al atraso y al aplazamiento de importantes proyectos, tanto de generación como de transmisión, con un margen de maniobra que no supera el 5%, manteniendo al Sistema interconectado nacional (SIN) en el máximo grado de stress.
El 5 de noviembre de 2022 la prensa internacional destacó el acontecimiento en primera plana con este titular: “la bandera cambió de manos y Barranquilla tomó el relevo como la próxima anfitriona”. Ellos y con ellos los colombianos todos recibimos exultantes desde Santiago de Chile la albricia de esta buena noticia para el país. Lo logramos se repetía el Alcalde del Distrito de Barranquilla Jaime Pumarejo, después de recibir el pabellón de los afamados Juegos panamericanos a realizarse en su XX versión en 2027, que convoca a 41 países de todo el continente americano. Daba cuenta, además, el despacho de prensa que la Soberana del Carnaval Melissa Cure, encabezó la delegación de Colombia para este fausto acontecimiento, protagonizando “un espectáculo que hizo vibrar a todos los presentes con la magia del Carnaval”. El Alcalde tomó en serio el compromiso y procedió a instalar inmediatamente el Comité organizador.
De pronto, sin vísperas, el Presidente de Panam Sports Neven Llic, que es la entidad que supervisa estos juegos envió una misiva, que se convirtió en piedra de escándalo, al Alcalde ce Barranquilla y al Presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC) Ciro Solano, en la cual les notifica, de forma tajante que “debido al incumplimiento de los requisitos establecidos” por la misma en una misiva anterior calendada en el mes de octubre pasado “se anula automáticamente la extensión de tiempo proporcionada para subsanar los incumplimientos del contrato de Ciudad Sede” y en consecuencia había tomado “la determinación indeclinable, de retirar el derecho de ser la ciudad sede de la cita continental en 2027”. A qué se refiere el Presidente de Panam Sports?. Ni más ni menos que al cubrimiento de la obligación contraída contractualmente de consignarle a esta entidad US $4 millones de dólares, por concepto de “derecho de organización” de los Panamericanos, cifra esta que se debió desembolsar desde el 30 de julio del año
pasado y que se había incumplido toda vez que sólo se había recibido el valor cancelado por el Distrito de Barranquilla, lo cual motivó que le sacaran a Colombia la primera tarjeta amarilla y consintieron en un acuerdo de pago que debía hacerse efectivo a más tardar el 31 de diciembre, que tampoco de cumplió, lo que llevó al Comité ejecutivo de Panam Sports a sacarle la tarjeta roja rescindiendo el contrato de marras!
La patidifusa Ministra de Deportes Astrid Rodríguez reaccionó declarándose sorprendida por semejante dislate endosándole su responsabilidad a Panam Sports, aduciendo un supuesto acuerdo “de entregar el pago de US $8 millones durante el mes de enero de 2024, en tanto que existía una dificultad de hacerlo en 2023 por un tema presupuestal”, alegando además su propia culpa de que “en el pago de diciembre tuvimos una dificultad en el PAC”. Debe ser la misma dificultad que le valió el jalón de orejas por parte del Presidente Petro en su reciente “cónclave” por la baja ejecución presupuestal de su cartera, que a duras penas llegó al 55.92% para el mes de diciembre. Esto es inaudito!
La verdad sea dicha, yo tuve oportunidad de asistir en representación de la RAP del Caribe a la Audiencia pública de las comisiones económicas del Congreso de la República en Barranquilla, presidida por el Senador Efraín Cepeda, el 8 de septiembre del año anterior. A la misma acudió, atendiendo su citación la Ministra de Deportes, la cual ante el requerimiento de los parlamentarios para que se comprometiera a tramitar dichos pagos se mostró evasiva, escurridiza y dubitativa, para desconcierto del auditorio. Y ello a pesar de tener el respaldo en el Plan Nacional de desarrollo y contar con la partida presupuestal.
Por ello, no es de extrañar su procrastinación, la que terminó dejando a Barranquilla, al Caribe y a Colombia toda colgados de la brocha y al Alcalde de Barranquilla, que se ve ahora abocado a enfrentar un juicio de responsabilidad fiscal por detrimento patrimonial por parte de la Contraloría General de la República, por el monto de US $2.250.000 que “casó” como “plante”, como cuota inicial para asegurar la Sede de los juegos.
Una vez más se pone de manifiesto el asfixiante y detestable centralismo en este país, en el cual, a despecho de la autonomía territorial consagrada en la Constitución Política, las decisiones sobre los proyectos de mayor envergadura y de mayor importancia para las regiones, como ha sucedido con el dragado y la recuperación de la navegabilidad del Río grande del Magdalena y ahora con los Juegos panamericanos, tienen que pasar inexorablemente por las horcas caudinas de la remolona burocracia capitalina, desde donde, con desdén por su suerte, al mejor estilo de los emperadores romanos cuyo dedo pulgar hacia abajo sentenciaba, con su sólo gesto, a muerte a los gladiadores, en nuestro caso así es como se define la viabilidad de los proyectos.
Bien dijo nuestro laureado con el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez que “del interior del país, que se cocinaba a fuego lento en su propia sopa, llegaba apenas el óxido del poder: las leyes, los impuestos, las malas noticias”, como esta “incubadas a dos mil quinientos metros de altura y a ocho días de navegación por el río Magdalena en un buque de vapor alimentado con leña”. El pretérito de la frase de Gabo se sigue conjugando en Colombia en tiempo presente!
Como se recordará, el Gobierno Nacional decidió suspender el alza del precio de la gasolina en diciembre de este año, para restarle presión al alza del índice de precios al consumidor (IPC) y así contribuir a alcanzar su meta de una inflación de un solo dígito para el 2022. Tanto más en cuanto que entre los ítems que más han venido presionando al alza se cuentan los precios regulados, como lo son las tarifas de energía y el aumento del precio de la gasolina. En efecto, el mayor incremento en los últimos 12 meses se ha dado en el rubro de transporte, registrando el 16.54%, jalonado por el reajuste del 47.19% del precio de la gasolina.
Como es bien sabido, la inflación se situó en el 10.15% para el mes de noviembre,
2.38 puntos porcentuales menos con respecto al mismo mes de 2022, cuando se registró un incremento de 12.53%. Ello, después de haber alcanzado un máximo histórico de 13.34%, la cifra más alta desde el año de la recesión económica de 1999. Aunque la inflación es menor, ha venido bajando lentamente, a un menor ritmo que en el resto del mundo. Ello llevó al Gobierno a presionar, hasta lograrlo, que la Junta del Banco de la República redujera la tasa de interés, con el doble propósito de reducir la inflación y de contribuir a la reactivación de la alicaída economía. Fue así como, en su última sesión, por primera vez desde mayo pasado cuando la ubicó en 13.25%, resolvió bajar la tasa de intervención en 0.25 puntos básicos, fijándola en 13%.
Con el aumento autorizado para enero de $600 el galón, fijando como precio de referencia mediante Resolución del Ministerio de Minas y Energía en $15.164, el Gobierno logra equiparar el precio interno de gasolina con el precio internacional, que era su propósito. Y se cierra de esta manera el ciclo de alzas recurrentes que se iniciaron en octubre de 2022, aupada en su momento por el ex ministro de Hacienda y Crédito público José Antonio Ocampo y mantenida sin solución de continuidad por su sucesor Ricardo Bonilla. El Gobierno Nacional, después de este paso en la dirección correcta que acaba de dar, puede exclamar Misión cumplida (¡!), así sea parcialmente.
De acuerdo con la proyección del Comité independiente de la Regla fiscal(CIRF), de mantenerse las alzas del precio de la gasolina hasta el mes de diciembre de este año, el déficit del Fondo de estabilización de los precios de los combustibles (FEPC) habría cerrado este año en $18.5 billones, pero al aplazarse la última alza autorizada hasta el mes de enero, dicho déficit alcanzará los $20 billones, por cuenta del congelamiento del precio del diésel y del subsidio del cual sigue siendo objeto, hasta que el Gobierno, como lo ha anunciado, disponga desmontarlo, al igual que el precio de la gasolina y elevar su precio hasta nivelarlo con el precio internacional.
En este sentido el Gobierno Nacional ha sido muy coherente, así sea a medias mientras no se toque el precio del diésel, en el propósito de desactivar la bomba de tiempo, heredada del anterior Gobierno, del enorme déficit del FEPC, para garantizar la sostenibilidad fiscal y su meta del déficit de 4.3%, respetando y cumpliendo la Regla fiscal, al tiempo que, se busca desincentivar el consumo de los combustibles de origen fósil, en el propósito de descarbonizar la economía, compromiso este contraído con la firma por parte de Colombia del Acuerdo de Paris (2015).
Al atentado a la sostenibilidad fiscal que representa el subsidio a los combustibles, cuyo monto supera con creces los recursos asignados en el Presupuesto general de la Nación (PGN) con destinación al cubrimiento de la Renta básica ($7 billones) que beneficia a 1.9 millones de hogares, lo que plantea el dilema a la hora de priorizar el gasto fiscal, se viene a sumar el costo oculto que comporta el consumo, más que la producción, de 199 millones de galones mensuales de gasolina y 191 millones de galones de diésel, de los cuales se importa el 27%. Me refiero al hecho de que además de los GEI emiten a la atmosfera y la contaminan con material particulado (PM2,5), causante de enfermedades respiratorias, que le significan al país, según el Instituto Nacional de Salud (INS) 15.681 muertes cada año asociadas a la mala calidad del aire y le cuestan al sistema de salud anualmente la friolera de $12.2 billones (1.5% del PIB).
De hecho, en su intervención en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP28), que tuvo lugar en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) entre el 30 de noviembre al 12 de diciembre, el Presidente Gustavo Petro, después de criticar la reticencia del resto del mundo, especialmente de los países más poderosos, que son los mayores responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del Cambio climático, a abandonar el consumo de los combustibles de origen fósil, fue enfático al afirmar que Colombia “ha eliminado los subsidios de la gasolina”. Y fue más lejos aún al firmar en el marco de este magno evento el Tratado de no proliferación de combustibles fósiles.
A este respecto ya se había pronunciado el Pacto por el Clima de Glasgow en el seno de la Cumbre sobre el Cambio climático de la COP26 en 2021, instando a los países a “eliminar progresivamente las subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles, proporcionando al mismo tiempo un apoyo específico a los más pobres y vulnerables”. De manera, que esta sigue siendo una asignatura pendiente en los países firmantes del Acuerdo de París.
Como se recordará el gas natural fue por muchos años el hijo indeseado de los hidrocarburos. Cuando las denominadas 7 hermanas, que eran las multinacionales petroleras exploraban en su búsqueda y al perforar un pozo y se topaban con un yacimiento de gas optaban por sellarlo y seguían tras el oro negro. Sólo a raíz de la guerra del Yon Kippur, hace ya 50 años y el embargo petrolero por parte de los países productores del Golfo Pérsico a los países aliados de Israel, encabezados por EEUU, los llevó a plantearse la necesidad de diversificar su matriz energética para no depender sólo del petróleo, cuyas mayores reservas estaban en manos de gobiernos hostiles a ellos. También llevó a las petroleras a plantearse la necesidad de diversificar su portafolio de inversiones, para no poner todos los huevos en una misma cesta.
Se encontró, entonces, el hambre con la comida y fue así como desde mediados de la década de los 70 del siglo pasado se integró el gas natural a la matriz energética. Desde entonces se empezó a considerar al gas natural como el Príncipe de los energéticos, porque el petróleo sigue siendo el Rey.
Elgasparaelcambio
Ello explica el nacimiento de la industria del gas en Colombia de la mano de la Asociación, la primera en su género, entre ECOPETROL y la TEXAS, para desarrollar los más grandes yacimientos de gas natural libre descubierto en Colombia, Ballena, Chuchupa y Riohacha, en La guajira. Estos, a poco andar se convirtieron en la principal fuente de abastecimiento de gas natural del país, sirviendo de base para el programa de masificación del uso del gas en Colombia, gracias a la política de El gas para el cambio promovida por el Ministro de Minas y Energía Guillermo Perry en la administración Barco. Se dejó, entonces, de quemar el gas asociado en las teas en los campos de explotación petrolera y de reinyectarlo para mejorar la tasa de recobro de petróleo y se extendió su uso industrial, en la generación de electricidad, en la reconversión a gas del parque automotor y en los domicilios.
Esta es la historia del gas en Colombia en donde el mismo participa en la canasta energética con el 21%, el segundo energético en importancia después del petróleo y sus derivados que participan con el 21%. No obstante, en los últimos años, al igual de lo que ha venido ocurriendo con el petróleo, las reservas probadas de gas en el país han venido cayendo debido a la declinación de los principales campos en La Guajira y en los Llanos orientales. La relación reservas – producción (R/P) pasó de 9 años en 2018 a sólo 7.2 años al cierre del año 20222. De esa manera hemos pasado en Colombia de un mercado de abundancia de gas natural a otro de escasez.
La caída de las reservas
Previendo el déficit de gas natural al cual estaríamos expuestos en los sucesivo, a nuestro paso por el Ministerio de Minas y Energía, autorizamos la instalación de una planta regasificadora que está ubicada en Cartagena (Sociedad Portuaria El Cayao), la cual tiene una capacidad de 400 MMPCD, la cual ha permitido la importación de gas para suplir los requerimientos del parque térmico que la montó. En efecto, como lo advierte ECOPETROL en un comunicado, “entre octubre y lo corrido de noviembre de 2023 se han importado, en promedio, 204 millones de pies cúbicos al día, lo cual equivale al 17% de la demanda nacional, a un costo para la demanda cercano a US $20/GBTU” Y la necesidad será aún mayor ahora que tenemos de por medio la declaratoria oficial por parte del Gobierno del fenómeno de El Niño, el cual ha obligado a una mayor generación térmica, que requiere el gas como combustible, la cual ha pasado de participar en un 15% a más del 40% de la generación de electricidad.
La COP28 y la transición energética
Es en este contexto en el que la reiteración por parte del Presidente Gustavo Petro en el seno de la COP28, que tiene lugar en Dubai, de que “Colombia dejó de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas”
, no deja de causar desconcierto. Del desconcierto se pasó a la perplejidad después de la adhesión de Colombia al Tratado de no proliferación de los combustibles fósiles, lo cual implica, según lo remarcó el propio Presidente Petro, “cero exploración nueva” y “cero proyecto de explotación nueva en el mundo”. Utilizó un neologismo para significar que con esta decisión se estaría evitando un “omnicidio” en el planeta tierra. La Primer Ministra de uno de los países firmante, Tuvalu, Kausea Natano, manifestó en nombre de los firmantes que estaban “listos para dejar sus reservas de combustibles fósiles en elsubsuelo”.
Esto es supremamente grave para el país, porque con tal decisión estaríamos dando un salto al vacío, con consecuencias catastróficas para el país! Y ello, mientras el resto del mundo, a contrapelo de lo que plantea y se propone el Presidente Petro, aumenta la producción y el consumo de petróleo y sus derivados. Según la Agencia internacional de energía (AIE), en los próximos 5 años la demanda de crudo en el mundo se incrementará en 5.8 MMBPD y solo a partir del 2030 se empezará a aplanar la curva de demanda. Entre tanto, el Presidente de PETROBRAS Jean-Paul Prates anuncia que Brasil pasará de producir 3 MMBPD a 5.4 MMBPD hacia el 2028. Por su parte Guyana se apresta a salir al ruedo con una producción nueva de petróleo de 1 MMBPD. Y Venezuela no quiere quedarse atrás, Nicolás Maduro se muestra dispuesto a dejarse torcer el brazo de Biden, con tal de que le levante las sanciones y PDVSA salga de la Lista Clinton, para tratar de reverdecer su economía a punta de dólares provenientes de la actividad petrolera, volviendo a aquellos tiempos en los que producía más de 3 MMMBPD. En ello, Maduro no tiene escrúpulos ideológicos ni reparos ambientalistas.
Así las cosas, el discurso en Dubai, así como la firma del tal Tratado, al cual además de Colombia solo se han adherido, según el registro de prensa “varios archipiélagos- Estado del océano Pacifico, Asia y el Caribe como Tuvalu, Timor-Leste, Antigua y Barbuda, Fiji y Vanuatu, ninguno de los cuales depende tanto como depende Colombia de la actividad petrolera, gana aplausos y reconocimientos del activismo de los fundambientalistas del orbe, pero se sitúa, como diría el mexicano premio
Nobel de la Literatura Octavio Paz, “a las afueras de la realidad”, por lo menos de la de Colombia.
La posible sociedad Ecopetrol – PDVSA
Tanto el anuncio de no más firma de contratos de exploración y explotación petrolera y ahora la renuncia a la actividad petrolera, no se compadecen con los términos de la Declaración firmada por los presidentes Gustavo Petro y Nicolas Maduro en el cual se dice, palabras más palabras menos que “es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo”
. Tanto más en cuanto que para que ello sea posible es menester firmar allá los contratos de exploración y explotación que se niega a firmar en el territorio nacional. La mayor expectativa que despertó en el Gobierno la flexibilización de las sanciones de EEUU a Venezuela por parte del Presidente Jean Biden es la posibilidad de importar gas desde Venezuela, propuesta esta que se viene acariciando desde los inicios de este Gobierno. Para justificarlo el Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla afirmó que “nosotros sí le entregamos el gas y ellos no lo han devuelto. Este es el momento. Y tendríamos el gas para que las térmicas estén actuando” .
Se refiere él al Memorándum de entendimiento firmado entre los presidentes Hugo Chaves y Álvaro Uribe que hizo posible la construcción del gasoducto Antonio Ricaute, con el compromiso de suministrarle gas a Venezuela por parte de Colombia entre los años 2007 y 2015, lo cual se cumplió y luego Venezuela lo revertiría a partir del 2016, lo cual nunca se dio. Huelga decir que, según la Asociación de Geólogos y Geofísicos (ACGG), “en lo que queda de este Gobierno es dificil traer gas y petróleo de Venezuela” .
Habla Petrobras
En momentos en los que se discutía esta posibilidad, que está supeditada entre otras cosas a la posibilidad de que PDVSA salga de la Lista Clinton y se plantean reparos a tal iniciativa por no ser confiable la contraparte, dado sus antecedentes, así como sobre su viabilidad técnica , cuando, de pronto, se conoce el anuncio por parte del Presidente de PETROBRAS, Paul Prates, en una entrevista con la Agencia de noticias EFE, en el sentido de que están trabajando “en un plan de desarrollo de esas reservas para atender el mercado de Colombia y, eventualmente, si nos juntamos con empresas que también tienen reservas en la región, montar una planta para licuar ese gas natural y poder exportarlo a donde queremos”. Con ello, según
la fuente, Colombia, no sólo recuperaría su capacidad de autoabastecerse sino que podría convertirse “en un jugador clave en la exportación de gas”, en momentos en los que debido al conflicto en Ucrania y las sanciones a Rusia hay un gran apetito por el mismo.
Según sus cálculos en área que comparte con ECOPETROL, su socio, se calculan reservas del orden de 4 TPC de gas, el doble de las reservas probadas remanentes con las que cuenta actualmente el país, que están alrededor de 2.9 TPC. Y esto va en serio, toda vez que según aseguró el Presidente de PETROBRAS, esta contempla en su Plan estratégico 2024 – 2028, que prevé inversiones por US
$102.000 millones, se apropiaron US $1.300 millones a operaciones en otros países entre los cuales está Colombia en su radar.
Como lo acotó el Presidente de la Fundación Xua Energy y ex director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía Julio César Vera, “para el país es una excelente noticia la posibilidad que se puede desarrollar un área frontera, como lo es el off shore, con un potencial tan importante en materia de gas, que no solo permitirá inicialmente duplicar las reservas actuales que aportarían a la seguridad y soberanía energética del país, sino además con un potencial exportador que aporte divisas y recursos importantes. Adicionalmente, se puede generar alrededor del sector off shore un cluster de servicios, innovación y desarrollo tecnológico”11.
Por lo demás, como es bien sabido, en los últimos años han tenido lugar unos hallazgos off shore muy importantes en el Caribe, destacándose entre ellos los campos de Uchuva, Gorgón y Orca, este último en etapa de delimitación y cuantificación de sus reservas, hasta ahora contingentes, para lo cual se avanza en el alistamiento de la perforación de varios pozos por parte de HOCOL, empresa del Grupo empresarial de ECOPETROL.
Así las cosas, nos atrevemos a plantear que no se debe prejuzgar, ni descartar de plano ninguna opción, todas deben considerarse su viabilidad, oportunidad y conveniencia, desde la perspectiva del corto, mediano y largo plazo, asumiendo que el gas natural, el Príncipe de los energéticos, está llamado a ser el combustible – puente en la taxonomía de la Transición energética y teniendo como premisa fundamental la seguridad y la soberanía energética.
En el año 2015, hace exactamente 8 años, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), como solución de continuidad de los Objetivos de Desarrollo del del Milenio, también conocidos como Objetivos del Milenio, acordados en el año 2000. Es de destacar que los ODS fueron acogidos inicialmente por parte de la Cumbre Río + 20 que tuvo lugar en el año 2012 a iniciativa del Gobierno de Colombia. El propósito fundamental es mejorar la calidad de vida de los más de 7.000 millones de habitantes del planeta, sobre todo la de los más vulnerables.
El 7º de los objetivos tiene que ver con el acceso a la energía y que esta provenga de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER). Ello tiene que ver con la pobreza energética, que depende tanto de la oferta, de su disponibilidad como del ingreso y de la capacidad adquisitiva de la población. En ello converge con el Acuerdo de París, que se suscribió ese mismo año y que propende por la descarbonización de la economía, con miras a contrarrestar el Cambio climático y sus devastadores efectos. Así como Colombia adquirió el compromiso de cumplir
con los ODS, también lo hizo con el Acuerdo de París, de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 51% hacia el año 2030, la meta volante para alcanzar la carbono – neutralidad en 2050.
En efecto, la Transición energética, que es una tendencia mundial busca migrar desde la generación y el uso de las energías de origen fósil hacia las energías limpias, con el objeto de reducir las emisiones de GEI y su concentración en la atmósfera, causante del aumento de la temperatura global, superando ya en 1.2 grados centígrados la que marcaban los termómetros en la era preindustrial.
Pues bien, la Agenda 2030 desplegó 17 objetivos de desarrollo sostenible y fijó 169 metas a alcanzar. El Secretario General de la ONU, en duro pronunciamiento sentenció que “a menos que actuemos ahora, la Agenda 2030 podría convertirse en el epitafio del mundo que pudo haber sido…a mitad de camino, esta promesa está en peligro…más de la mitad del mundo está rezagado. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible desaparecen por el retrovisor, al igual que las esperanzas y los derechos de las generaciones actuales y futuras”.
Y no es para menos, dado que transcurridos 8 años más de 40 de las 160 6s a alcanzar no sólo no muestran avances sino que incluso se ha retrocedido con respecto a algunas de ellas. El resto de ellas acusa atrasos considerables, al punto que si el cumplimiento de las mismas sigue al ritmo actual, se prevé que para el 2030 575 millones de personas continuarán atrapadas en la pobreza extrema (US
$15/ día de ingreso), lo cual aunque significaría una reducción de la misma del 30% con respecto al 2015 estaría muy lejos de su erradicación, muy lejos del primer objetivo que es poner fin a la pobreza en el mundo. Sólo 15%, aproximadamente, de las 160 metas específicas se alcanzarían a cumplir al final de la década.
Y qué decir con respecto al 2º de los objetivos, Hambre cero. Según Antonio Guterres, “el mundo volvió a niveles de hambre desconocidos desde 2005”, atribuible en gran medida a dificultades de acceso a los alimentos, debido a que los precios de los mismos superan en muchos países los niveles del período 2015 – 2019. En efecto, el número de personas que sufría inseguridad alimentaria moderada o grave en 2021 se aproximó a las 2.300 millones, una de cada tres de ellas; entre tanto la desnutrición infantil sigue siendo un flagelo que azota a un gran conglomerado de la población a nivel mundial. A ello contribuyó mucho la crisis pandémica, que afecto el empleo y el ingreso, sobre todo en los países en desarrollo y de ingreso medio como Colombia.
Es más, en 2021 el número de personas que pasaban hambre estaba cerca de 800 millones, sobrepasando los niveles prepandémicos. En 2022 se estimaba que 45 millones de niños menores de cinco años sufría desnutrición grave y 148 millones
habían visto afectado su crecimiento, mientras que 37 millones de niños tenían sobrepeso. Esto es alarmante!
Colombia, particularmente, está muy retrasada en el cumplimiento de los ODS. Según el Informe de evaluación del DNP, transcurridos 8 años, al corte de abril de 2023, el avance global de la implementación de la Agenda 2030 era del 60.2%, siendo Hambre cero con el 23.9%, energía asequible y no contaminante con el 38.9% y el fin de la pobreza con el 43.2%, los objetivos más rezagados. La apuesta del actual Gobierno con su Plan Nacional de Desarrollo (2022 – 2026) es la consecución integral de los ODS.
Ante el peligro inminente del incumplimiento de la Agenda 2030 Antonio Guterres han planteado un “Plan rescate” de los ODS que pasa por la renovación del compromiso adquirido por los países signatario de los mismos, para lo cual se requiere la implementación de un plan de choque, con una inversión adicional a la ya comprometida de US 500.000 millones, para redoblar los esfuerzos y tratar de recuperar el tiempo perdido. De lo contrario, como lo afirma él “la falta de progresos supone que la desigualdad seguirá agravándose, aumentando el riesgo de un mundo fragmentado, con dos velocidades”.
En una conferencia de prensa para presentar el más reciente y sombrío reporte de las Naciones Unidas sobre el grado de cumplimiento de los ODS, el Subsecretario general de la ONU Li Junhua manifestó su deseo de que los líderes políticos del mundo tracen “una nueva hoja de ruta” en la Cumbre prevista para los días 19 y 20 de septiembre en Nueva York, con el fin de darle mayor celeridad y agilidad a las acciones tendientes a dar cumplimiento a sus metas. Sólo quedan siete años para agotar el plazo, acotó y “los esfuerzos por cumplir los objetivos están en graves problemas” y finalizó diciendo que “es hora de dar la alarma”. Para luego es tarde, como dijo bellamente el gran escritor Jorge Zalamea Borda en su poema Viento del Este, No hay tiempo qué perder, hay vidas por ganar!
El año 2023 se inició con el desconcierto y el desencanto de los usuarios del servicio de energía, particularmente los de la región Caribe, después del fiasco que significó el publicitado Pacto por la Justicia tarifaria anunciado y propiciado por la entonces ministra de Minas y Energía Irene Vélez en octubre del año pasado entre el Gobierno y las empresas prestadoras del servicio, como respuesta al reclamo y a las protestas por las desmesuradas alzas tarifarias. Después de incrementos del 24% en promedio nacional y más del 40% en la región Caribe, la baja prometida en las tarifas con el tal Pacto no superó el 4%, fue un verdadero parto de los montes. Y al final, al cierre del año anterior el alza desmesurada de las tarifas registró un 22.4%, promedio nacional y por encima del 30% en la región Caribe. Muy por encima, por lo demás de la inflación global del 13.1%, la mayor en 23 años!
Y el alza en las tarifas no fue mayor por la aplicación de la opción tarifaria, que no las congela sino que difiere los incrementos, convirtiéndose en una bola de nieve que crece todos los días hasta superar los $5 billones la deuda de los usuarios con las empresas, abocando a estas a un problema de flujo de caja que sigue amenazando su sostenibilidad financiera. La situación se tornó aún más grave a consecuencia de la deuda insoluta del Estado con las electrificadoras por concepto de subsidios reconocidos y aplicados a los estratos 1, 2 y 3 por una cuantía de $2.3 billones más.
Ello llevó a XM, que es la empresa que opera el Sistema interconectado nacional (SIN) y administra el mercado mayorista en octubre de este año a alertar sobre el riesgo de un
efecto dominó que podía derivar en una falla sistémica que podría comprometer la prestación del servicio. De hecho Air-e llegó a notificar a las generadoras de su imposibilidad de pagar la energía contratada, declarándose insolvente, lo cual podía llevar a una limitación de suministro, lo cual conllevaba su intervención por parte de la Superintendencia de servicios públicos, por ser ello una causal de la misma. Le tocó al nuevo Ministro de Minas y Energía Omar Andrés Camacho salir en volandas a expedir la Resolución 40611 del 11 de octubre para evitarlo, al tiempo que se autorizó una línea de crédito de $1 billón en FINDETER para solventar a dichas empresas. Cifra esta que resulta insuficiente para desactivar esta bomba de tiempo.
Las tarifas siguen al alza, empujadas en gran medida por la espiral alcista de los precios en Bolsa, que llegó a superar el 21 de octubre el precio marginal de escasez ($1.530.56/KWH) estimulada sobre todo por el máximo grado de stress en que está el sistema, debido al reducido margen de maniobra del SIN, toda vez que mientras la demanda oscila alrededor de 222 GWHD, la oferta a duras penas llega a los 240GWHD, es decir que estamos a ras con bola. Y ello obedece fundamentalmente al rezago en la ejecución y entrada en operación de importantes proyectos de generación, empezando por HIDROITUANGO, que ha debido entrar en 2018 y a la fecha solo están operando 4 de las 8 unidades del mismo. Para no hablar de los 16 parques eólicos de La Guajira, que ya deberían estar operando y hasta ahora ninguno de ellos, con capacidad de 2.525 MW, ha entrado en operación.
Y como es apenas obvio el aumento de los precios en Bolsa termina por impactar la tarifa al usuario final, en mayor o menor medida, según el grado de exposición que tenga la empresa prestadora del servicio en Bolsa y de contera, a la postre, el mayor precio en Bolsa terminará por afectar los precios transados en los contratos bilaterales de largo plazo cuando estos llegan a su fin y tendrán que renovarse. Como se puede observar la escalada alcista de las tarifas no se detiene, alcanzando un incremento en el caso de los usuarios de Air-e, a guisa de ejemplo, del 31% entre enero y octubre frente a una inflación global de 10.48% para la misma fecha.
Y hablando de atrasos de proyectos, también hay notorios retrasos en la ejecución de proyectos de transmisión, al punto que, según lo informado por XM, debido al congestionamiento de las redes y a la sobrecarga de las mismas, no están en capacidad de transportar la energía suficiente para satisfacer el mercado del Caribe y por ello reportó que desde hace varios meses se ha venido registrando “demanda no atendida”, que es como llama XM, eufemísticamente, el racionamiento en la prestación del servicio de energía al cual vienen estando sometidos los 2.6 millones de usuarios de la región.
Y para rematar, del amago que sigue sin disiparse de un apagón financiero de las empresas pasamos a un apagón regulatorio por cuenta de la inoperancia de la CREG. Ésta pasó de su desmantelamiento a consecuencia de la declaratoria de la nulidad decretada por el Consejo de Estado de los nombramientos de los expertos comisionados por parte del anterior gobierno por no reunir la calidad de tales, a su interinidad al no nombrar sus reemplazos en propiedad sino en calidad de encargados y cuando se les terminó el encargo quedó sin el qüorum necesario para tomar decisiones y al final, con el retiro de su Director José Fernando Prada por tiempo cumplido de su periodo en la CREG ésta quedó al garete.
Finalmente, ante el requerimiento de la Procuraduría y la presión de las empresas del sector, se vieron compelidos y precisados a nombrar 4 de los 6 expertos comisionados, pero solo uno de ellos en propiedad, actuándose por parte del Gobierno nacional con negligencia y contumacia en desmedro de la institucionalidad. Y mientras tanto se han venido represando decisiones que solo la CREG puede tomar, porque son de su competencia, para frenar el alza excesiva en las tarifas de energía que paga el usuario final, que es el paganine de este despiporre!
“Hemos planteado aquí un principio de verdadera integración energética entre los dos países. Se puede ampliar a Panamá, a Ecuador, a Brasil. Sin temor, vamos a dar los pasos de una verdadera integración energética entre los dos países. De doble vía, porque construiremos proyectos de energías limpias, en los que el norte de Colombia puede ser abundante para transmitir energía eléctrica hacia el occidente de Venezuela, y traeremos de Venezuela energías que aún subsisten para tratar de mantener las deficiencias que puede haber en Colombia. Materias primas para hacer más barata la gasolina colombiana, y materias primas para sustentar aún la transición hacia las energías limpias a través del gas.
Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo. Así se va a asegurar en ambas vías, energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia, quizás pasando por Cali hacia Asia, la seguridad energética de estos dos países, resguardándonos de cualquier tipo de agudización de la crisis climática y transitando hacia lo que debe ser un país, dos países con economías descarbonizadas.
Es una integración real, así comenzó la Unión Europea, integrando carbón, ahora ellos tienen que integrar energías limpias, nosotros ya podemos comenzar por allí. Desde La Guajira hasta Maracaibo, limpiando las aguas de los ríos de Colombia que van hacia el Lago de Maracaibo y lo están acabando; trayendo también aguas de Venezuela, trayendo energías de Venezuela y llevando energías de Colombia hacia Venezuela.Una integración energética que en mi opinión va a ser histórica y fundamental para el desarrollo y la prosperidad de los dos pueblos”.
Apartes de la Declaración de Caracas. Noviembre, 18 de 2023
Dándole alcance a mi primera reacción frente a la probabilidad de que ECOPETROL se vuelva socia de PDVSA “en la explotación de campos de gas de Venezuela y de campos de petróleo”, me permito hacer las siguientes precisiones, como un aporte al discernimiento sobre su viabilidad y alcance de cara a un aspecto tan sensible como es el que hace relación a la seguridad y a la soberanía energética del país.
Lo primero que tenemos que decir es que celebramos la reanudación de las relaciones entre Colombia y Venezuela después de su ruptura el 23 de febrero de 2019, lo cual repercutió en una caída dramática de las exportaciones de Colombia hacia el hermano país y viceversa. Son dos países unidos por la historia y su destino, integrantes ambos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que tuvo su origen en la Carta de Bogotá, base del Acuerdo de Cartagena, que le dio vida a este proceso de integración, hoy truncado, liderado por Colombia.
En este contexto cobra importancia la integración energética entre los dos países y ese es el espíritu de esta declaración. Hoy Colombia no cuenta con excedentes de
electricidad para venderle a Venezuela, pero a futuro, cuando entren en operación los parques eólicos en La Guajira, habría la posibilidad de hacerlo, para lo cual se requiere rehabilitar la abandonada línea de interconexión entre la Subestación de Cuestecitas en La Guajira y la Subestación Raúl Leoni en el Estado Zulia (Venezuela), lo cual permitirá “transmitir energía eléctrica hacia el occidente de Venezuela”.
En cuanto a los hidrocarburos, como es bien sabido Venezuela, en contraste con Colombia, que sólo cuenta con 2.074 millones de barriles y una correlación de reservas/producción de 7.5 años y 2.8 TPC de gas y una correlación de reservas/producción de 7.2 años, posee las mayores reservas de petróleo del mundo con 302.810 millones de crudo y 197.1 TPC, ocupando el octavo lugar en el mundo por el volumen de sus reservas. Pese a ello, debido a su desastrada política petrolera de las últimas dos décadas, pasó de producir más de 4 millones de barriles de crudo al día a los 810.000 que produce actualmente.
La situación de la estatal petrolera PDVSA se ha visto agravada por las sanciones decretadas por el gobierno de EEUU a Venezuela, pues al estar incluida en la lista Clinton ello limita su operación comercial y de contera, la deuda que ha venido contrayendo el Gobierno de Maduro con China se paga con petróleo, lo cual reduce ostensiblemente su flujo de caja, lo cual limita sus inversiones y su operación.
No obstante, el Presidente Biden levantó y flexibilizó temporalmente dichas sanciones en respuesta e incentivo a un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la oposición para la realización de elecciones democráticas en Venezuela en el 2024. Ello ha dado lugar a una apertura para la inversión extranjera en el sector de los hidrocarburos que está ávido de su reactivación, lo cual ha llevado a varias empresas petroleras, destacándose entre ellas la estadounidense Chevron, a aprestarse a volver a Venezuela y de paso le da un aire a PDVSA, que sale de la lista Clinton, como ya salió la empresa Monómeros.
En este contexto, reitero que Colombia y particularmente ECOPETROL tienen en esta apertura una ventana de oportunidad que no se debe descartar hacia el futuro, así como nunca he estado de acuerdo con el empecinamiento del Gobierno de Petro en descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación en Colombia. Para volverse socia de PDVSA ECOPETROL deberá firmar un contrato vinculante para las partes, ello resulta incoherente con la posición de no firmar nuevos contratos aquí mientras se estaría dispuesto a firmarlo allá. Cabe preguntarse por qué sería bueno firmarlo allá y malo firmarlos aquí.
Es la misma contradicción que se presenta con respecto a la utilización de la técnica del fracking para la explotación de yacimientos no convencionales (YNC) en roca generadora. Mientras la Ministra de ambiente y desarrollo sostenible
(MADS) Susana Muhamad radicó el proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República que propone prohibir el uso de esa técnica en Colombia, hoy por hoy el mejor negocio de ECOPETROL es su sociedad con la multinacional OXY desde 2019 en la cuenca del Permian en EEUU, en donde alcanzaron en el mes de junio de este año una producción record de 100.000 barriles/día, de los cuales 62.000 barriles le corresponden a ECOPETROL. Y ello ha sido posible gracias a la utilización de la técnica del fracking. No puede ser que utilizar esa técnica allá sea bueno, pero utilizarla en Colombia para ampliar la frontera de las reservas de crudo y gas en el país se torne funesto e inadmisible.
Finalmente, de asociarse ECOPETROL con PDVSA, ello no se debería darse en detrimento de la inversión de la estatal petrolera colombiana en el que debe ser el core de su negocio, que es la exploración, explotación y refinación de hidrocarburos en el país, que debe seguir siendo su primera prioridad. Huelga decir que dado los precedentes de incumplimiento de sus compromisos para con Colombia por parte de Venezuela, como ocurrió con la entrega de gas natural a través del desastrado Gasoducto gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaute, en reciprocidad con el que le entregó nuestro país, en este caso hay que ser precavidos y cautelosos.
Como lo anunció recientemente el Presidente de ECOPETROL Ricardo Roa se debe “mantener unos niveles de inversión entre US $5.600 y US $6.500 millones al año en este plan que desarrolla con las instancias de decisión”, esto es, su Junta directiva. Y recalcó que “este plan de inversión, como se ha anunciado a los inversionistas y al mercado se va a mantener firme”. Por lo demás, la Estrategia 2040, que es la Hoja de ruta de ECOPETROL, fue ratificada recientemente por sus directivas.
Es claro que esta “integración entre los dos países”, como lo dice la declaración in comento, “se puede ampliar a Panamá, a Ecuador, a Brasil”, enhorabuena. Es la propia Constitución Política que nos rige la que consagra en su artículo 227 que “el Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente con los países de América Latina y del Caribe”. Eso sí, dicha “integración energética” no debe poner en riesgo la seguridad energética y mucho menos la soberanía energética, Colombia debe tener en ella un respaldo para nuestro sector energético, más no depender de ella!
El mes de noviembre se nos vino con dos noticias de gran impacto para el sector energético del país, una mala y otra buena. Comencemos por la mala. Esta corrió por cuenta del Instituto de Hidrología, meteorología y estudios ambientales (IDEAM), oficializando el advenimiento del fenómeno de El Niño. Así lo dejó establecido su directora Ghisliane Echeverri, al advertir que “se cumplen los criterios técnicos para esta declaratoria oficial”2, aunque se sabía que se venía gestando desde el mes de mayo.
Como es bien sabido El Niño se asocia con el verano, la sequía, por ello causa desconcierto que dicho anuncio coincida con lluvias torrenciales que causan inundaciones en gran parte del país. Según el subdirector de meteorología del IDEAM, “el territorio nacional está afectado por otros fenómenos meteorológicos que causan precipitaciones en el corto plazo”3.
Esta aparente paradoja nos lleva a precisar el concepto del Cambio climático, que por muchos años se caracterizaba como el calentamiento global. Si bien es cierto, como lo reveló el Panel de expertos de las Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés), creado en 1988, existe una estrecha correlación entre las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI), de los cuales el dióxido de carbono (CO2) representa el 80%, cuyas emisiones se atribuyen a las energías de origen fósil y la temperatura global, la cual se ha elevado hasta xxx con respecto a la era preindustrial. En los último años se ha venido superando un record tras otro y se pronostica que este año se batirán todos los records desde que se tienen mediciones meteorológicas (¡!).
En rigor debería hablarse más bien de variabilidad o desorden climático, pues nada impide que se presenten sequías y altas temperaturas mientras transcurre la Niña y temporadas de pluviosidad, acompañadas de bajas temperaturas en medio del Niño. Estos fenómenos extremos de la Niña y el Niño revisten tres características, de las cuales hay que tomar nota, a saber: no son cíclicos o estacionales, son impredecibles, son cada vez más recurrentes y por último son cada vez más fuertes y duraderos. Eso sí, ningún Niño se parece a otro
Niño y ninguna Niña se parece a otra Niña, cada cual tiene sus propias peculiariedades.
Después de la Niña de 2010 – 2011, acaba de registrarse una más prolongada, que duró tres años (2021 – 2023). En efecto, según el más reciente reporte del IDEAM, la probabilidad de que esta vez el fenómeno de el Niño sea fuerte se ubica entre el 75% y el 85%. Se espera que se prolongue hasta el mes de junio de 2024, siendo los meses de noviembre de este año hasta enero del año entrante el período de su mayor intensidad. Tiene toda la razón la Ministra de ambiente y desarrollo sostenible Susana Muhamad al aseverar que el Niño no es un juego!
¡El precio en bolsa a la baja!
La otra noticia, la buena tiene que ver con el desplome del precio de la energía en Bolsa. Después de superar el precio de escasez, según XM, la empresa que administra el mercado mayorista, su cotización pasó de $1.479,18/KWH el 24 de octubre a $371,72/KWH el 29 del mismo mes.
Ello se explica por dos factores: el primero de ellos la entrada en operación otras dos unidades, para completar cuatro de ocho del megaproyecto de generación de HIDROITUANGO y la repotenciación de TERMOCANDELARIA. Estas dos nuevas turbinas en operación, en el primer caso, le incorporan la Sistema interconectado nacional (SIN) 600 MW de potencia adicionales. Por su parte TERMOCANDELARIA amplió y modernizó sus plantas, las cuales pasaron de 2 unidades de ciclo simple a 3 en ciclo combinado, elevando su eficiencia del 34% al 53% (¡!). Ello se tradujo en la incorporación de 252 MW adicionales al SIN. Sumados, estamos hablando de una mayor oferta de energía de 852 MW, lo cual permite contar con una capacidad instalada de generación total de 19.929 MW de potencia.
Esta mayor oferta de energía viene a aliviar el stress al cual está sometido el SIN por cuenta del atraso en la ejecución de múltiples proyectos de generación y ello ha venido presionando al alza los precios de la energía en Bolsa. De hecho, en 2023 sólo ha entrado en operación el 16% de la nueva generación de energía que se proyectó. Deberían haber entrado 6.608 MW de nueva capacidad, pero hasta la fecha sólo se han conectado 1.062 MW. Bien dijo la Gerente del Mercado de energía de XM Cecilia Maya que “las estadísticas no ayudan” 4 . Hoy por hoy, gracias a la entrada en operación de esa mayor capacidad de generación el margen de maniobra entre oferta y la demanda pasó del 2.7% al 5%. A propósito, conviene recordar que, en 2015, cuando estuvimos a punto del racionamiento de energía por cuenta de El Niño se
tenía una holgura del 6.39% y sólo nos pudo salvar el ahorro del 5% del consumo gracias a la campaña, que resultó exitosa de “apagar paga”. De modo que hay que precaverse de no caer en la trampa de la autocomplacencia.
El segundo factor que explica la caída en picada de los precios de la energía en Bolsa radica en el comportamiento de las precipitaciones con lluvias torrenciales en el último mes y el subsiguiente aporte hídrico a los embalses. Según las declaraciones del director ejecutivo de la Asociación Nacional de empresas generadoras (ANDEG) Alejandro Castañeda, “mientras que en septiembre y en los primeros días 15 días de octubre veníamos con unas lluvias que correspondían más o menos a 53% de la media histórica. Es decir, si se saca el promedio de los últimos 50 septiembres, estábamos a 50% de ese promedio, entonces estábamos muy bajitos. Hoy en día subió y estamos como a 75%, entonces digamos que está llegando un poco más de agua a los embalses y los agentes hidráulicos lo que hacen es aflojar los precios y comenzar a disminuir el valor del precio en la bolsa«5. Si algo caracteriza el precio en Bolsa es su volatilidad y a ella nos tendremos que atener, qué le vamos a hacer, lo que hay que tratar de contener es la espiral alcista.
La Comisión de regulación de energía, gas y combustibles (CREG) es el órgano colegiado rector de la regulación del sector energético en Colombia y fue creada mediante la Ley eléctrica 142 de 1994, como parte esencial de la institucionalidad vigente por casi 30 años. El desempeño de esta arquitectura ha merecido las más altas calificaciones del Foro económico mundial (FEM) y gracias a ella el sector eléctrico ha sido capaz de soportar y sortear con éxito tres fenómenos de El Niño sin verse abocado a la necesidad de racionar el servicio de energía. El último de ellos en 2015.
El año anterior, frente a la escalada alcista de las tarifas de energía y en respuesta al descontento y las protestas de los usuarios, el Presidente Gustavo Petro, en septiembre del año anterior, en el marco del Congreso anual de la Asociación nacional de empresas de servicios públicos y comunicaciones (ANDESCO), anunció la intervención de la CREG con el objeto de asumir sus funciones. En efecto, en febrero de este año procedió a expedir el Decreto 0227, mediante el cual “retomó” varias de las funciones y competencias de la CREG, con tan mala suerte que a poco andar el Consejo de Estado lo suspendió, al considerar que las mismas no son delegadas por parte del Presidente, sino que son propias de la CREG por ministerio de la Ley que la creó.
Pese a ello, ha podido más la tozudez y la contumacia, el Ministro insiste y persiste en arrogarse las funciones de la CREG expidiendo resoluciones suplantándola, es el caso de la Resolución 40611 del 11 de octubre “por la cual se adoptan medidas para darle continuidad a la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica durante el período de baja hidrología y eminente (SIC!) llegada del fenómeno del Niño”. Otro tanto ocurre con la Resolución 40619 del 14 de octubre “por la cual se adoptan medidas transitorias para las exportaciones de electricidad durante el fenómeno de El Niño 2023-2024” y el proyecto de Resolución publicado el 26 de octubre para comentarios por medio de la cual “se adoptan medidas de carácter transitorio para otorgar alivios a los proyectos de generación, cogeneración, autogeneración con contratos de suministro de energía y almacenamiento de energía con baterías, ante la inminente llegada del Fenómeno de El Niño y se adoptan otras disposiciones”.
La CREG en manos del presidente Petro
El mismo Consejo de Estado que tumbó el Decreto de marras, posteriormente, terminó anulando el nombramiento que había hecho el presidente Iván Duque de
varios de los expertos comisionados que integraban la CREG, quedando esta prácticamente desmantelada y en manos del Presidente Petro. No obstante, este en lugar de proceder a nombrar en propiedad y por el período de 4 años, como manda la Ley, sus reemplazos, dispuso más bien encargar a funcionarios del despacho del Ministerio de Minas y Energía. Y cuando a estos se les terminó el encargo la CREG quedó sumida en una total interinidad y hasta la fecha sólo a uno de ellos se acaba de reemplazar con el nombramiento de Omar Prías Caicedo.
Lo cierto es que la CREG se tornó inoperante desde el 5 de octubre por no contar con el qüorum suficiente para tomar decisiones. Esta situación llevó a afirmar su Director ejecutivo José Fernando Prada que “tenemos un apagón regulatorio, porque no tenemos capacidad de tomar ninguna decisión”. Ello es muy grave, porque, como se lo hizo saber oportunamente la CREG al Ministro de Minas y Energía Omar Andrés Camacho “la Comisión tiene en proceso de estudio y aprobación varias medidas regulatorias, las cuales consideramos relevantes para el funcionamiento de los sectores regulados”2, sin poder avanzar ni decidir.
Posteriormente, la CREG, a través de un Boletín reiteró la “necesidad de mantener una regulación actualizada y flexible que pueda adaptarse a las demandas cambiantes”3. Y no es para menos, porque como lo sostuvo Prada “la regulación debe ser un habilitador que acompañe el desarrollo de nuevas alternativas sin condicionar o limitar su desarrollo”4. Ni mas ni menos.
La CREG a la deriva
Y para rematar, luego vendría lo peor. El Director ejecutivo de la CREG José Fernando Prada, quien al terminársele su período renunció ante el despacho del Ministerio de Minas y Energía y nunca le contestaron, transcurrido el tiempo dispuesto por la Ley sin que se la aceptaran, apelando al silencio administrativo, hizo efectivo su retiro el día 6 de noviembre por vencimiento de términos. De esta manera, la desmantelada e inoperante CREG ahora quedó acéfala y a la deriva, al garete, desoyendo de paso la alerta emitida por parte de la Procuradora general Margarita Cabello, quien con fecha 10 de octubre, mediante Oficio 678, le hizo el requerimiento al Ministro para que procediera a la mayor brevedad a proveer las vacantes, nombrando en propiedad a los 6 expertos, de los cuales, como ya quedó dicho, sólo ha nombrado a uno de ellos.
Así se ha venido prolongando la parálisis de la CREG, siguen vacantes las otras 5 plazas por cuenta de la desidia y el desdén del Gobierno. En un hecho sin precedentes, la propia CREG se pronunció a través de una circular, cuyo texto más
parece el canto del cisne, “informa que las solicitudes y peticiones mediante las cuales se eleva una consulta y las de interés general o particular…sólo podrán ser atendidas cuando haya al menos 3 expertos comisionados en ejercicio de sus funciones”5. Y remata advirtiendo que “en este momento no se cumplen los requisitos para emitir conceptos y responder peticiones de interés general y particular relacionados con la regulación de los servicios públicos”6. Ello es inaudito!
Los usuarios pagaremos los platos rotos
Y todo ello ocurre en momentos en los que el propio Gobierno Nacional, a través del IDEAM, oficializó la semana anterior la llegada de El Niño, cuya amenaza no es menor para el sector energético, urgido de medidas que solo la CREG puede tomar porque son de su competencia, para conjurarla. Las consecuencias de esta abulia gubernamental no se han hecho esperar. Como lo pudo constatar el Contralor General Carlos Mario Zuluaga, al expirar el Pacto tarifario firmado entre el Ministerio de Minas y Energía y las empresas comercializadoras en septiembre pasado, tendiente a pausar las alzas tarifarias, “la ausencia de expertos en la CREG impide tomar decisiones para diferir el impacto por el vencimiento de la opción tarifaria”7.
De ello se sigue que las empresas operadoras de red, que son las que prestan el servicio, quedaron con las manos libres para incrementarlas e iniciar la recuperación por esa vía de los saldos por concepto de la opción tarifaria, que ya superan los $5 billones. El proyecto de Resolución de la CREG que contempla un mecanismo alternativo, que procura limitar dichos aumentos, ante la parálisis de la CREG, se quedó en el tintero. En consecuencia seremos los usuarios quienes terminaremos pagando los platos rotos por semejante dislate.
Como lo reveló el Delegado para Minas y Energía de la Contraloría General Germán Castro “al no determinarse ese tipo de ajustes, los incrementos imprevistos en el costo unitario del servicio de energía eléctrica en promedio y en especial en la costa Caribe puede superar el 15%, afectación que puede volverse incontrolada ya que se pueden incrementar los subsidios a entregar a los estratos 1, 2 y 3 a través del FSSRI, situación al parecer imprevista en el Presupuesto General de la Nación (PGN)”8. Y ello, de contera, pondrá en aprietos a las empresas comercializadoras que verán postergado el reintegro por parte del Gobierno de los subsidios reconocidos y descontados por parte de ellas a sus usuarios en sus facturas.
Y mientras tanto el Ministro, que dice estar “del lado de los usuarios”9, se hace el de la vista gorda, afirmando que “los altos precios de la energía son el resultado de la crisis estructural del modelo neoliberal de desarrollo en los últimos años”10. Será esta una de esas profecías autocumplidas? Porque, ni el mejor modelo funciona apropiadamente si se opera mal o de mala fe. Por lo demás, no es dable invocar el propio desatino para exculpar su responsabilidad por los estragos causados.
Es el colmo de los colmos, la Comisión de regulación de energía y gas (CREG), después de su desmantelamiento, al designar encargados como expertos comisionados, en reemplazo de sus titulares, a todos los cuales se les terminó el encargo y solo a uno de ellos se reemplazó por Omar Prías Caicedo, se ha tornado inoperante porque desde el 5 de octubre no cuenta con el qüorum para tomar decisiones. Esta situación llevó a afirmar su director ejecutivo José Fernando Prada que “tenemos un apagón regulatorio, porque no tenemos capacidad de tomar ninguna decisión”.
Y para rematar, luego vendría lo peor. El director ejecutivo de la CREG José Fernando Prada, quien renunció ante el despacho del ministro de Minas y Energía y nunca le contestaron, transcurrido el tiempo sin que se la aceptaran, apelando silencio administrativo hizo efectivo su retiro el día de hoy por vencimiento de términos. De esta manera, la desmantelada e inoperante CREG ahora quedó acéfala y a la deriva, al garete, desoyendo de paso la alerta emitida por parte de la Procuradora general Margarita Cabello, quien con fecha 10 de octubre, mediante Oficio 678, le hizo el requerimiento al ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Carreño, para que procediera a la mayor brevedad a proveer las vacantes, nombrando en propiedad a los 6 expertos, de los cuales, como ya quedó dicho, sólo nombraron a uno de ellos.
Y ello ocurre en momentos en los que el propio Gobierno Nacional, a través del IDEAM, oficializó la llegada de El Niño, cuya amenaza no es menor para el sector energético, urgido de medidas que solo la CREG puede tomar porque son de su competencia, para conjurarla. No hay derecho!
Tengo mis reservas sobre tales anuncios, ya que la naturaleza y el objeto social de ECOPETROL están determinadas por la Ley 1118 de 2006. En virtud de esta Ley ECOPETROL dejó de ser una empresa industrial y comercial del Estado para convertirse en una Sociedad anónima vinculada al Ministerio de Minas y Energía. Por lo tanto, no puede la Asamblea de accionistas de la empresa modificarlos.
En cuanto al régimen corporativo de ECOPETROL, no hay que perder de vista que, aunque el accionista mayoritario es el Estado, esta listada en Bolsa en Nueva York y ello exige el cumplimiento de unas normas que son muy estrictas. Y salir de la Bolsa significaría el derrumbe de la cotización de la acción, lo cual acarrearía como consecuencia una destrucción del valor de la empresa. Eso no sería catastrófico para la que es considerada con razón la Joya de la Corona!.
Desde luego que ECOPETROL a través de ISA podrá invertir en empresas y actividades del sector eléctrico, como son la comercialización y la generación, que le estaba vedado a la empresa transportadora de energía (ISA), ya que la Ley 142 de 1994 y la Ley eléctrica 143 de 1994 no permitían la integración vertical, pero dicha norma (Parágrafo 3 del artículo 167 de la Ley 142 y artículo 32 de la Ley 143), fue modificada por el artículo 298 de la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de desarrollo (2022-2026) Colombia potencia mundial de la vida.
En cuanto a que la Nación “pueda eventualmente capitalizar los abultados saldos que tienen los comercializadores y operadores de red por concepto de la opción tarifaria”, ello resulta inintelegible. Es como si el Superintendente de servicios públicos domiciliarios Dagoberto Quiroga, que fue quien la propuso, creyera que son los comercializadores y operadores de red quienes deben esos “abultados saldos” de la opción tarifaria y no los usuarios a ellos.
Si el Gobierno quiere asumir esa deuda, que supera en total los $5 billones, para evitar que vengan más alzas tarifarias para saldar dicha deuda, vaya y venga, pero en ningún caso cabe la figura de la tal “capitalización” propuesta.
Eso sí, falta ver qué opina de esta medida el Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien acaba de afirmar, estupefacto, que el déficit de $20 billones del Fonde de estabilización de los precios de los combustibles “ya se comió la reforma tributaria” que aprobó el Congreso el año anterior
Según el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, honra y prez del Caribe, “Colombia es un país que tiene un pie en el Caribe y otro en los Andes y el poder está en los Andes. Y la mayoría de los colombianos que gobiernan el país son de los Andes. Creo que lo que necesita Colombia es tener una conciencia de que es un país del Caribe, de que su destino está vinculado dramáticamente al destino del Caribe y que tiene que participar en los debates y soluciones que se buscan para el Caribe y no como un remoto país europeo que nos ve como algo que no le pertenece”
El Caribe no se transa por menos, Gabo interpretó muy bien el viejo anhelo represado de nuestra región y su lucha para dejar de ser alfil sin albedrío del centralismo, de quienes gobiernan al país desde los Andes. Su más remoto antecedente lo tenemos en dos connotados exponentes del Caribe que en el siglo XIX, desde el radicalismo liberal, abrazaron la causa del federalismo: Juan José Nieto y Luis Antonio, el Negro Robles. En los albores del siglo XX, el empresariado y la prensa de la región, liderados por Tomás Suri Salcedo, atrincherados en la Liga costeña, levantaron su voz en contra del agobiante centralismo.
Con la expedición de la Ley 76 de 1985, que creo el CORPES, se dio un paso afirmativo en esa misma dirección, reivindicando la autonomía regional, que más tarde fue consagrada en el artículo 287 de la Constitución Política de 1991, la cual, además hizo posible que las regiones se pudieran constituir como región administrativa y de planificación (RAP) primero y como entidad territorial (RET) después. Estos son los antecedentes de la creación de la RAP del Caribe el 19 de octubre de 2017, que estuvo antecedida del mandato ciudadano del Voto Caribe, de más de 2.5 millones de ciudadanos que expresaron su respaldo a este proceso.
A partir del 1º de febrero de este año recibí el encargo por parte de los gobernadores de los departamentos que la integran de poner en marcha la RAP del Caribe y a eso nos hemos consagrado, logrando su reconocimiento y posicionamiento tanto a nivel regional como frente al Gobierno Nacional. Ya cuenta con el registro ante el Ministerio del Interior y con la versión preliminar del Plan estratégico regional (PER) El futuro se hace presente, avalado por el DNP. La RAP es la instancia con la que habrán de contar los nuevos gobernadores y diputados electos, que asumirán su gestión a partir del 1º de enero del año entrante y tendrán la oportunidad de orientar el proceso en marcha de la formulación de la versión final del PER. En este se abordan los grandes desafíos que deberán encarar en su cuatrienio, con dos ejes fundamentales, la Transición energética, aprovechando el enorme potencial con el que cuenta la región de fuentes no convencionales de energías renovables (eólica, solar – fotovoltaica, biomasa), que está llamada a constituirse en el Hub energético del
país, al tiempo que se implemente la estrategia de Transformación productiva diversificando la economía regional.
La región Caribe aspira y espera encontrar en la Hoja de ruta de la Transición energética justa que contempla el Plan Nacional de Desarrollo Colombia potencia mundial de la vida una respuesta satisfactoria a la pobreza energética que le impide el acceso a la energía a los más vulnerables, los más golpeados con las altas tarifas de energía, que deberán encontrar un alivio con la generación de las energías renovables y la implementación de los proyectos de comunidades energéticas. Y en la medida que se supere la pobreza energética se podrá avanzar también en el cierre de la brecha digital.
Visionamos una región Caribe reindustrializándose con el cluster del hidrógeno verde, a partir del cual se producirá el amoníaco y el fertilizante, insumos indispensables para el desarrollo agrícola, también el del níquel, transformándolo para producir las baterías que se van a requerir para el almacenamiento de energía y el complejo de la cadena de valor del aluminio, que se instalará próximamente en Sucre, entre otros desarrollos. Al propio tiempo, tendremos también en la agenda la actividad extractiva de los minerales estratégicos sin los cuales no será posible la Transición energética, tales como el cobre, del cual se cuentan con importantes prospectos en el sur de La Guajira, el norte del Cesar y en Córdoba.
Ello, sin desmedro del impulso requerido del sector turístico en auge en nuestra región. El Consejo regional de la RAP acordó apostarle a un proyecto estratégico, que tiene como uno de sus ejes el turismo, me refiero a La Ruta Gabriel García Márquez, con el cual se le dará cumplimiento a la Ley de honores del Nobel. En estos momentos se avanza en su formulación de la mano de la Fundación Gabo, que preside Jaime Abello y con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) que preside Sergio Díaz-granados.
Otro aspecto que no puede pasar por desapercibido es el concerniente a la inseguridad alimentaria de la región Caribe, tanto más en cuanto que mientras a nivel nacional el número de hogares en condición de inseguridad alimentaria es del 21.8%, la región del país en la que se concentra el mayor número de hogares en condición de inseguridad alimentaria es el Caribe con el 40%. El contraste es mayor cuando se compara con el promedio de los departamentos del “interior”, que oscila entre el 14.6% y el 20.2%. Por ello hemos priorizado también el proyecto El Caribe sin hambre, para cuya formulación contamos también con el apoyo de la CAF.
Exhortamos a quienes asumirán la responsabilidad de conducir los destinos de los ocho departamentos que integran la región Caribe a no dar tregua, a continuar esta lucha por la autonomía, por la integración y el desarrollo económico y social de la región. La RAP por su parte seguirá cumpliendo su papel de articuladora, convencidos de que juntos, unidos, somos más y más fuertes!.
¡El éxito en la vida es un cruce de caminos entre la oportunidad y la preparación!
Colombia puede caracterizarse como el país de las desigualdades: existen enormes brechas interregionales e intrarregionales, en los niveles de ingreso y la repartición de la riqueza, entre el campo y la ciudad e incluso entre las etnias y los géneros, amén de la desigualdad de trayectorias, siendo esta sumatoria de desigualdades la mayor fuente de sus conflictos sociales no resueltos.
Aunque la Constitución Política consagra en su artículo 7º que todos los colombianos somos “iguales ante la Ley” y tenemos “sin distinción, derecho a igual protección de la Ley”, como diría el gran escritor George Orwel en su obra magistral Granja animal, en Colombia “algunas personas son más iguales que otras”. Razón tuvo el caudillo liberal, asesinado alevemente el 9 de abril de 1948, Jorge Eliecer Gaitán, cuando afirmó que el pueblo lo reclama, lo que espera y a lo que aspira no es tanto a la igualdad retórica ante la Ley sino a la igualdad real ante la vida, porque, como se suele decir coloquialmente, el papel puede con todo.
Y lo que más contribuye hacer nugatorio el cumplimiento, en la práctica, de esta norma de la Carta Magna, es la desigualdad de trayectoria, que siendo la más injusta y reprobable de todas, subyacente a todas las demás es la que menos reconocimiento tiene. Me refiero a la temprana de edad de la niñez, cuyo desarrollo marca indeleblemente el curso de nuestras vidas. En las carreras de autos, previo a su iniciación, se hace un primer recorrido para determinar la llamada Pole position, una especie de preclasificación, de la cual depende el lugar a ocupar en la grilla de partida al momento de la largada. No todos, entonces, arrancan en el mismo orden, unos parten delante de los demás.
De manera análoga no todos cuantos hemos nacido y nacen en Colombia compiten en igualdad de condiciones, todo depende del lugar que les depara la pole position en la vida. Y qué es lo que lo determina? Son múltiples los factores, destacándose entre ellos la salud y la nutrición de sus primeros tres años de vida, pues es bien sabido que la desnutrición crónica se manifiesta en el retraso en la talla para la edad del infante, pero afecta también tanto el desarrollo físico como el cognitivo de quien la sufre, causándole al niño o la niña un daño irreversible e irreparable, que se convertirá en una tara con la que tendrá que arrastrar irremisiblemente por el resto de sus días. Los primeros mil días de existencia.
de la criatura son críticos, lo que se haga o se deje de hacer durante esta fase de su crecimiento es decisivo para su formación y desarrollo posterior, de ello debemos ser conscientes. El mayor desarrollo del cerebro, del lenguaje, de la motricidad y del pensamiento abstracto que caracteriza al ser humano se dan justo en esta etapa, que es irrepetible. Lo que se quiera hacer después, tratando de suplir lo que se dejó de hacer ya es demasiado tarde, el daño está hecho. De allí que influya tanto en dónde se nace y se crece en la suerte de los niños y las niñas.
Y según la más reciente Encuesta Nacional de situación nutricional, en Colombia 560.000 niños sufren de desnutrición crónica, uno de cada nueve y 15.600 padecen de desnutrición severa. Esto es aberrante. Y claro, casi siempre la desnutrición está asociada a la falta de ingresos y ésta a su vez a la falta de empleo, ambos están correlacionados con los altos índices de pobreza multidimensional que acusa nuestro país que es del 12.9% a escala nacional, pero en los centros poblados y rural disperso es del 27.3%. Es de destacar que este mismo índice de pobreza multidimensional en la región Caribe es del 21.4%, el doble del promedio nacional (¡!).
Colombia es un país de escasa y difícil movilidad social ascendente, porque la mayoría de las personas que por su precariedad y vulnerabilidad caen en la trampa de la pobreza o lo que es peor cuando heredan la pobreza, les es asaz difícil salir de ella. Ello obedece a que el piso es pegajoso y cuesta mucho despegarse.
Por experiencia personal lo digo, que la palanca de primer grado para escapar de la pobreza es la educación, que pese a ser un derecho fundamental en Colombia sigue siendo un privilegio. De allí la importancia de la ampliación de la cobertura de la educación y lo que es más importante la calidad de la misma. Como lo dijo Nelson Mandela, el Ganhi del siglo XXI, “la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La educación es el gran motor de desarrollo personal. Es a través de la educación como la hija de un campesino puede llegar a ser médica, como el hijo de un minero puede llegar a ser cabeza de la mina, como el descendiente de unos labriegos puede llegar a ser Presidente de una gran Nación”.
Ahora bien, como lo afirmó William Butler Yeats, “la educación no es un cántaro que se llena sino un fuego que se enciende”. Y más en nuestros tiempos, los de la cuarta revolución industrial, que nos ha compelido a pasar sin hacer escala de la era analógica a la era digital. La Big data, la internet de las cosas (IoT) y sobre todo la inteligencia artificial (IA) y los algoritmos cambiaron para siempre nuestras vidas. Antiguamente se decía que la humanidad se dividía entre los que tenían y los que no tenían, posteriormente entre los que sabían y los que no sabían, el conocimiento era el bien supremo. Hoy en día la
humanidad se divide entre quienes están conectados a la red de internet y quienes no lo están, el conocimiento está disponible en la red.
Warren Buffet, uno de los hombres más ricos y prósperos del mundo acuñó esta frase: “cuando la marea baja es cuando se sabe quienes estaban nadando desnudos. Pues la pandemia del COVID 19, con su pesadilla, se encargó de desnudar y visibilizar muchas de nuestras dolamas, de nuestras falencias, entre ellas la escasa conectividad en Colombia. Según el DANE la pandemia nos sorprendió con sólo el 51.9% de hogares en Colombia con conexión a internet, ocupando el último lugar entre los países que integran la Organización para la cooperación y el desarrollo (OCDE).
Como decían nuestro mayores, no hay mal que por bien no venga. La crisis pandémica forzó la necesidad de ampliar la conectividad e impuso la virtualidad en muchas de nuestras actividades cotidianas entre ellas la educación. En regiones como La guajira y Chocó, los estudiantes perdieron prácticamente dos años lectivos por falta de conectividad. Por ello, venimos planteando que a los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) se sume el 18º , el del cierre de la brecha digital.
Pero el impacto de la 4ª revolución, que es digital, va mucho más allá, está propiciando cambios hace poco impensables e inimaginables en la educación y en el ejercicio de las profesiones. Como lo afirma el gran pensador Israelí Yuval Noah Harari, “si en el pasado la educación se parecía a construir una casa de materiales sólidos, como la piedra y con cimientos profundos, ahora se parece más a construir una carpa que se pueda doblar y llevar a otro lugar con rapidez y sencillez”. Este es el gran reto, contar con la flexibilidad y la adaptabilidad para poder sobrevivir a este tsunami tecnológico. Como bien dijo el escritor y teólogo inglés William George, “el pesimista se queja del viento, el optimista espera que el viento cambie de dirección, el realista justa las velas”. De ello es de lo que se trata, para evitar que la tecnología nos atropelle, se trata de ajustar las velas!
Ya estamos advertidos de los que el futuro, en el que ya estamos, nos ha de deparar. Según el estudio adelantado por la Universidad de Oxford, en el transcurso de los próximos 15 años el 47% de las profesiones tradicionales habrán de desaparecer sin remedio. Además, no menos del 90% del tipo de trabajos que sobrevivan a esta nueva ola se transformarán ineluctablemente, se reconvertirán y harán menester nuevas competencias y destrezas laborales. Claro está, que estos cambios, al tiempo que pondrán en riesgo la estabilidad laboral y la empleabilidad para quienes no se ajusten a los mismos, abrirán nuevas y mayores oportunidades, tales como la transformación y creación de nuevos perfiles profesionales que se acoplen a la demanda venidera del mercado laboral.
Los tiempos han cambiado, ahora el conocimiento, la información y las estadísticas están a sólo un clic de distancia, ya no sufrimos tanto por la falta de información o de conocimiento, sino que estos nos abruman. De allí la importancia del aserto del gran científico colombiano, el neurólogo Rodolfo Llinás, cuando resalta y enfatiza en que “más importante que saber es entender y para entender es fundamental contextualizar el conocimiento”, así como expandir nuestra capacidad de discernimiento, facultades estas que, por ahora, todavía nos están reservada, no están al alcance de los robots y los humanoides, que ya se encuentran por doquier!
Si, porque el mundo tiende a robotizarse, ya proliferan los hoteles en el mundo atendidos por robots, en China ya son varios los noticieros que son conducidos por robots, Elon Musk, el propietario de Tesla, la mayor fabricante de coches eléctricos acaba de anunciar que próximamente pondrá en circulación sus vehículos totalmente autónomos. Gracias a la inteligencia artificial los aviones no tripulados han sido reemplazados por los drones en la guerra, ya hemos podido presenciar sesiones del Concejo de Medellín y audiencias públicas en los tribunales en el mundo virtual del metaverso. Y cómo no traer a colación un caso insólito, en el que una novela escrita sirviéndose de la inteligencia artificial quedó de finalista en un concurso literario. Nos hemos tenido que acostumbrar, por fuerza de las circunstancias, a las clases, conferencias y webinars virtuales. Y cómo no, están al orden del día las plataformas de los rapitenderos y app como Uber para el transporte de pasajeros.
Para concluir, me permito citar un aparte del discurso de nuestro laureado con el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez ante el Foro América Latina y el Caribe frente al nuevo milenio en París el 8 de marzo de 1999: “a ustedes, soñadores con menos de cuarenta años, les corresponde la tarea histórica de componer estos entuertos descomunales. Recuerden que las cosas de este mundo, desde los trasplantes de corazón hasta los cuartetos de Beethoven, estuvieron en la mente de sus creadores antes de estar en la realidad. No esperen nada del siglo XXI, es el siglo XXI el que lo espera todo de ustedes”. Tomemos nota!
En mi concepto la decisión del Presidente Biden de levantarle la sanción a Venezuela en lo atinente al sector de los hidrocarburos tiene dos implicaciones:
En primer término, esta es una señal para las petroleras estadounidenses para volver a invertir en exploración y explotación de hidrocarburos en Venezuela, el país con las mayores reservas del mundo, por encima de Arabia Saudita, que llegó a producir más de 3 millones de barriles, pero actualmente produce, en promedio, 800 mil barriles al día. Mientras aquí en Colombia se descarta la firma de nuevos contratos para exploración y explotación de hidrocarburos allá se reanudarán.
En segundo lugar, al contar con esta otra fuente de aprovisionamiento de petróleo y gas los EEUU y sus aliados contribuye a contrarrestar el impacto del embargo del petróleo y el gas por parte de Rusia, causante de la actual crisis energética que afecta la economía de los países que integran la Unión Europea.
Esta es otra razón más para que el Gobierno recapacite y entienda que el petróleo que deje de producir y exportar Colombia no lo dejará de consumir el mundo, otros lo proveerán: Venezuela, Brasil que acaba de anunciar que su producción de crudo pasará de los 3 millones de barriles a 5.4 millones en 2029 y el nuevo país petrolero, Guyana, estará exportando a la vuelta de un año 1 millón de barriles, tres veces lo que exporta actualmente Colombia.
Finalmente, como contexto, es importante recordar que hace 50 años, en octubre de 1973 se desató la guerra del Yom Kippur entre Israel y los países árabes, que derivó en un embargo petrolero por parte de estos a los países aliados de Israel que impactó la seguridad energética de estos.
Se repite la historia con el actual conflicto en el Medio Oriente, convertido ahora en un polvorín. Ello no es ajeno a la decisión tomada por el Presidente Biden. Entonces como hoy el gran beneficiado de tal coyuntura fue Venezuela qué se convirtió en el nuevo proveedor de petróleo a los países aliados de Israel, cuyo precio pasó de US $1.80 por barril a US $11.65 en 1974.
