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Etiqueta: Amylkar Acosta

Los retos de la economía colombiana

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en . Publicado en Opinión.

La economía colombiana, como la del resto del mundo, no ha terminado de reponerse ni resarcirse de la recesión del 2020, ya que la reactivación de la economía global se vio interrumpida primero por la crisis de los contenedores, que atiborraron los principales puertos de China y de otros países, afectando la cadena de suministro y encareciendo los fletes y cuando se empezaba a superar este impasse se desató el conflicto de los países que hacen parte de la OTAN, encabezados por EEUU, con Rusia por su invasión a Ucrania, lo cual derivó en unas sanciones muy severas contra Putin, precipitando una tormenta perfecta que está lejos de disiparse porque la guerra se prolonga y podría extenderse y las sanciones también.

La economía colombiana, entonces, cierra el año 2022 con un crecimiento del PIB que supera el 7%, producto del efecto rebote y comienza el 2023 con una marcada tendencia a la desaceleración del ritmo de crecimiento, entrando en barrena. Después de haber alcanzado un pico de crecimiento del 17.2% en mayo del año pasado, el mismo ha venido perdiendo fuerza e impulso y termina el año en su cuarto menguante. Es así como el crecimiento del PIB el tercer trimestre de 2022 con respecto al trimestre anterior fue escasamente del 1.6% (¡!).

 

De acuerdo con la previsión del Banco de la República, se espera un crecimiento anémico de la economía, reduciéndose a un exiguo 0.5%, lo cual repercutiría en una sensible reducción del PIB per cápita, toda vez que dicho crecimiento estaría por debajo del crecimiento vegetativo de la población, lo cual sólo se ha dado en Colombia dos veces en los últimos 23 años, durante la recesión económica en 1999 y en 2020 a consecuencia de la crisis pandémica. Y, lógicamente, ello también incidirá en una merma del ingreso y la capacidad adquisitiva de los colombianos en 2023.

Ello será otro lastre con el que tendrá que cargar el crecimiento de la economía, ya que en el último tramo del año anterior el consumo de los hogares ha sido uno de los mayores impulsores del crecimiento del PIB, tanto más en cuanto que se ha visto impactado y de qué manera por la inflación galopante, que en lo corrido del año anterior hasta el mes de noviembre se trepó hasta el 12.54%, superando en más de 7 puntos porcentuales la del mismo período del 2021. Esta inflación, que tiene un gran componente importado, sólo se compara con la que se registró hace 23 años.

También ha influido en el comportamiento del ritmo inusitado de la inflación la devaluación del 20% del peso frente al dólar, ya que es más lo que importamos que lo que exportamos y entre los primeros se cuentan además de bienes terminados muchos insumos para el sector agrícola e industrial. La cotización del dólar llegó incluso a superar la barrera simbólica de los $5.000 el 3 de noviembre del año anterior.

La Junta del Banco de la República, en su afán de contener esta escalada alcista de los precios y de paso responder a la seguidilla de aumentos en la tasa de intervención decretada por la Reserva federal, que ha provocado un éxodo de capitales desde los demás países, incluido Colombia, hacia EEUU, ha venido también incrementando la tasa de interés de intervención desde el 3% de un año atrás al 12% actual con el que cerró el 2022.

Como es obvio, ello se ha traducido en una restricción y encarecimiento del crédito, sin lograr su cometido de contener la inflación. El comportamiento de la Junta del Banco emisor es lo más parecido al perro que da vueltas sobre su propio eje tratando en vano de morderse la cola. En consecuencia, el costo del crédito es el más alto desde 2001 (¡!). Con las medidas tomadas el Banco de la República aspira y espera que para finales de este año la inflación se reduzca hasta el 7% y regrese a su meta de inflación objetivo de 3% sólo en 2024. Lo ha dicho en forma rotunda el Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, para el 2023 “en vez de más inflación y tasas de interés, esperamos menos inflación y bajas en las tasas de interés”2.

El sector externo se ha visto favorecido por el aumento sin precedentes de los precios de sus dos principales productos de exportación, como los son el carbón y el petróleo, aupados por la crisis energética global que se desató a raíz de la confrontación de los países que integran la OTAN, encabezados por EEUU y Rusia3. Y muy seguramente esta tendencia se va a mantener en el curso de este año por el doble efecto de la inercia, de los mayores volúmenes y mejores precios ya negociados de sus exportaciones y de contera por la prolongación del conflicto en Ucrania. En el caso del petróleo habrá de contribuir a mantener sus precios al alza el anuncio de Putin de no venderle petróleo a los países rivales.

En medio de los vientos cruzados que soplan a nivel internacional y la incertidumbre que generaron los primeros anuncios de la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez, de parar en seco la firma de nuevos contratos petroleros y del Director de la Agencia Nacional Minera (ANM) de hacer lo propio en minería, llama poderosamente la atención el comportamiento de la inversión extranjera directa (IED) en el sector minero-energético. Al cierre de octubre pasado el total de la IED creció el 62.8% con respecto al mismo período del año anterior, ascendiendo a la suma, nada despreciable, de US $9.491 millones. Según el Banco de la República desde el 2015 no se registraba una cifra tan alta como esta. Se destaca el hecho que entre petróleo y minería acaparan el 72% del total de la IED, con US $6.866 millones, para un incremento del 77.7% con respecto a los primeros diez meses del 2021.

El mayor reto que tiene la economía colombiana para este año es sortear los factores desestabilizadores que vienen desde el exterior, que no favorecen la reactivación, largamente aplazada, los cuales se transmiten a través de los vasos comunicantes de nuestra balanza de comercio exterior, en momentos en los que el déficit en la cuenta corriente de la Balanza de pagos supera el – 7% (¡!)4. Le tocará maniobrar con mucha habilidad al Ministro Ocampo para que la economía colombiana tenga un aterrizaje suave este año y evitar a toda costa un aterrizaje forzoso!

Amylkar Acosta

Bogotá, enero 1 de 2023

www.amylkaracosta.net

 

 

 

¿Hidroicuando?

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en . Publicado en Opinión.

La advertencia de XM

Una vez más me veo en la penosa necesidad de referirme a la problemática planteada por la sucesión sucesiva de sucesivos aplazamientos de la entrada en operación del megaproyecto de HIDROITUANGO, para tratar de desentrañar sus causas y consecuencias. Como se recordará este proyecto, caracterizado y catalogado, dada su envergadura, fue declarado como de interés estratégico nacional (PINE), a la luz del documento CONPES 3762 de 2013.

 

Y no era para menos, dada su capacidad de generación de 2.400 MW de potencia, disponiendo de 8 unidades con capacidad de generación de 300 MW cada una de ellas. Está en juego nada menos que el 17% de la demanda de energía eléctrica del país. Para el Plan de expansión eléctrica de la Unidad de Planeación Minero – energética (UPME) este proyecto es clave para garantizar la confiabilidad y firmeza del Sistema interconectado nacional (SIN). Su atraso ha venido estresándolo y presionando al alza los precios y las tarifas de energía a los usuarios, a quienes se les trasladan los costos de las restricciones provocadas1 y exponiendo al país al riesgo de un eventual racionamiento del servicio de energía en los próximos años.

En efecto, lo acaba de advertir XM, la empresa responsable de la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de administrar el Mercado de Energía Mayorista (MEM): “en dos años, si hay un fenómeno del Niño, HIDROITUANGO no entra, las renovables se siguen retrasando y la demanda crece por encima del escenario medio de la Unidad de Planeación Minero-energética (UPME), vamos a racionar. Desde ya lo decimos”2. No hay que perder de vista que los episodios que ha tenido el país de racionamiento del servicio de energía, todo ellos, han tenido como causa – raíz el atraso en la ejecución de proyectos tan importantes como lo son estos dos. En todos los casos lo que precipitó el racionamiento fue el fenómeno del Niño, fenómeno extremo que se debe al Cambio climático, que es recurrente, cada vez más frecuente, más intenso y duradero. A ello estamos expuestos nuevamente y no contamos con un Plan B3.

¿Y de la advertencia local qué?

Hace cuatro años, en abril de 2018, cuando se presentó la contingencia que paralizó el proyecto este tenía un avance del 84.3% y la misma lo reversó hasta el 60%, representando un enorme reto su superación y recuperación. Ello trajo, entre otras consecuencias la expedición por parte de la Autoridad de licencias ambientales (ANLA) la Resolución 820 del 1º de junio del mismo año, mediante la cual suspendió la Licencia ambiental que le había otorgado. En dicha Resolución se dispuso, como medida cautelar “la suspensión inmediata de todas las actividades regulares relacionadas con la etapa de construcción, llenado y operación del embalse, que hacen parte de las actividades que se llevan a cabo dentro de la ejecución del proyecto”4. Sólo le es permitido al consorcio constructor adelantar las actividades y trabajos tendientes a “prevenir y mitigar los riesgos asociados a la contingencia presentada” 5 , tales como poner a funcionar el vertedero o la recuperación de la casa de máquinas.

En el mismo acto administrativo le requirió a EPM de Medellín presentarle un dictamen pericial como requisito sine qua nom para reconsiderar la medida6. Para tal efecto y dando cumplimiento al mismo se contrató a la consultora chilena Pöyry, la cual produjo un Informe muy prolijo, el cual le fue presentado a la ANLA para su consideración. Según el vocero de esta, “con base en sus propios análisis, la ANLA definirá si lo consignado en el documento de Pöyry cumple con lo solicitado para un eventual levantamiento de la medida preventiva impuesta a HIDROITUANGO”7.

Continúa diciendo la ANLA que “teniendo en cuenta el propósito de las medidas preventivas de suspensión de actividades, de acuerdo con lo dicho y sustentado técnica y jurídicamente y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, la medida preventiva aquí impuesta únicamente será levantada cuando se verifique técnicamente la superación de los hechos o causas que dieron origen a su imposición, atendiendo al cumplimiento de cada una de las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

Dicho propósito se logrará una vez sea posible expedir un acto administrativo que determine el cumplimiento de los requisitos para su levantamiento, previo el escrutinio técnico de la totalidad de la documentación entregada a esta Autoridad, y las verificaciones técnicas a que haya lugar en las que se determine que con su ejecución no se ponen en riesgo los recursos naturales”8. Como bien lo dijo, con toda claridad, el equipo que destacó la Autoridad de licencias ambientales para este caso, con ocasión de su visita de campo al proyecto, “la ANLA realiza los pronunciamientos a través de actos administrativos”9. Y que se sepa, este acto administrativo “que determine el cumplimiento de los requisitos” 10 para el levantamiento de la suspensión de la Licencia ambiental no se ha expedido.

Si este es el caso, sería muy grave, puesto que estaríamos en presencia de semejante proyecto en plena ejecución sin contar con la Licencia ambiental, porque la misma sigue suspendida y la medida cautelar dispuesta por la ANLA está en pleno vigor. Esto es insólito y no tiene precedentes (¡!). EPM y sobre todo la ANLA deberían hacer claridad sobre este particular, ya que se puede pecar por acción en el primer caso y también por conducta omisiva en el segundo.

Leer texto completo:

HIDROICUANDO, ENTRE LA SINDÉRESIS Y LOS DESVARÍOS by Confidencial Colombia on Scribd

1 Amylkar D. Acosta M. La hiperinflación de las tarifas de energía. Septiembre, 7 de 2022

2 El Tiempo. Noviembre, 11 de 2022

3 Amylkar D. Acosta M. Alerta naranja. Noviembre, 20 de 2022

4 ANLA. Resolución 820 de 1º de junio de 2018. Artículo primero 5 ANLA. Resolución 820 de 1º de junio de 2018. Artículo segundo 6 Amylkar D. Acosta M. Hidroicuando? Enero, 16 de 2021

7 El Colombiano. Enero, 18 de 2022

8 ANLA. Resolución 820 de 1º de junio de 2018. Condiciones para el levantamiento de la medida preventiva.

9 Ídem

10 Ídem

!Alerta naranja!

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en . Publicado en Opinión.

Lo acaba de advertir XM, la empresa responsable de la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de administrar el Mercado de Energía Mayorista (MEM): “en dos años, si hay un fenómeno del Niño, HIDROITUANGO no entra, las renovables se siguen retrasando y la demanda crece por encima del escenario medio de la Unidad de Planeación Minero-energética (UPME), vamos a racionar. Desde ya lo decimos”. Y qué es lo que está pasando, ¿cuál es el peligro que nos acecha, que nos lleva a que el sistema energético del país esté en alerta naranja?

Como es bien sabido, el megaproyecto de HIDROITUANGO tiene un atraso de 4 años para la entrada en operación de las 8 unidades, de 300 MW de potencia cada una, para completar los 2.400 MW, que representan el 17% de la capacidad instalada de generación. A 17 días de cumplirse el segundo plazo que le extendió la CREG a EPM para el arranque de las primeras turbinas, el Gerente de la empresa Jorge Andrés Carrillo oficializó la solicitud de un plazo mayor “para la entrada en operación…por el tiempo necesario para atender nuevos requerimientos fijados por las autoridades”. Es decir que sigue siendo incierto cuándo será ese cuando que se podrá contar con esta energía.

 

De otra parte, como es bien sabido, como resultado de las tres subastas que han tenido lugar en las que se ofertaron otros 2.400 MW, aproximadamente, esta vez a partir de la generación de energía renovable por parte de 16 parques eólicos que se han de instalar en La guajira, que cuenta con el mayor potencial tanto de energía eólica como solar – fotovoltaica. Pero, para la operación de estos proyectos y la inyección de la energía que se genere al Red de transmisión nacional (RTN) se requiere disponer de una Estación colectora, que se instalará en el Municipio de Uribia. Desde esta ha de partir una línea de conducción a 110 KV hasta la Subestación de Cuestecitas, desde donde se bifurcará tendiendo dos líneas, que empalmarán con la RTN en la Loma y en Bosconia (Cesar).

Esta infraestructura debería estar lista este año para empezar a generar y transmitir la energía para atender la demanda del fluido eléctrico a nivel nacional. No obstante, la ejecución de los proyectos de la Colectora y la red de transporte de la energía hasta la Subestación de Cuestecitas tienen un atraso mayor, a tal punto que según el presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB) Juan Ricardo Ortega, responsable de los mismos, si se radica el estudio de impacto ambiental (EIA) ante la Autoridad de licencias ambientales (ANLA) el próximo año, la obra estaría lista en 2024”. Serían dos años de atraso y eso siempre y cuando se concluyan con éxito las consultas previas pendientes, con más de 200 comunidades, que se han convertido en el nudo gordiano, puesto que sólo cuando ellas se surtan podrá el GEB radicar en la ANLA el EIA y la solicitud de la Licencia ambiental para su aprobación, no antes, y sin la Licencia ambiental no pueden iniciar la ejecución de obras. Así las cosas, mientras no se supere este impasse, la energía que llegue a generarse en los parques eólicos quedará atrapada en ellos, trocándose en parques de ventiladores.

No hay que perder de vista que los episodios que ha tenido el país de racionamiento del servicio de energía, todo ellos, han tenido como causa – raíz el atraso en la ejecución de proyectos claves como lo son estos dos. Así ocurrió en 1976 por el atraso de CHIVOR y GUATAPÉ, en 1981 de CHIVOR 2 y San Carlos y la tapa fue el gran apagón, que significó el racionamiento del 15% del fluido eléctrico durante 14 meses entre 1992 y 1993, siendo el atraso del GUAVIO y Porce 2 el detonante del mismo. En todos los casos anteriores lo que precipitó el racionamiento fue el fenómeno del Niño, fenómeno extremo que se debe al Cambio climático, que es recurrente, cada vez más frecuente, más intenso y duradero. A ello estamos expuestos nuevamente.

Huelga decir que los proyectos de HIDROITUANGO en Antioquia y los parques eólicos en La Guajira, que sumados representan el 27% de la demanda de energía a nivel nacional, son complementarios y se respaldan mutuamente, de manera que la suerte del uno va uncida a la del otro. Precisamente, la mayor importancia que tiene la integración y acoplamiento de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), particularmente la eólica y las solar – fotovoltaica, es la de robustecer, diversificar aún más y darle mayor resiliencia frente al Cambio climático a la matriz energética del país.

Es urgente, entonces, superar los desencuentros entre las empresas desarrolladoras de los parques eólicos en La Guajira, que tiene en ellos, como lo he dicho y lo repito, una ventana de oportunidad. Hemos insistido en que el pueblo Wayü, cuyas comunidades están asentadas en el área de influencia de estos proyectos, que son sus territorios, declarados por la Ley como Resguardo indígena, debe ser el primer beneficiario de los mismos, empezando por el acceso a la energía, tal y como lo dispone el 7º de los Objetivos del desarrollo sostenible (ODS). Bien dice el antropólogo guajiro Weildler Guerra que “la experiencia adquirida nos muestra que nadie debería construir su paraíso con el infierno de los otros”.

El camino para lograrlo está contemplado en el documento CONPES 4075 del 29 de marzo de este año, en el cual se trazan los lineamientos de la Política de Transición energética, el cual plantea que ello pasa por “el diálogo social para involucrar y proteger” a las comunidades. Ahora que la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez, anunció un “diálogo social” para la elaboración de la nueva “Hoja de ruta de la Transición energética justa en Colombia”, será muy importante no apartarse de estos criterios. El Gobierno Nacional, el Departamento, los municipios y las organizaciones sociales, todos a una, deben hacer el acompañamiento de estos procesos para destrabar la marcha de los proyectos, para que La guajira y los guajiros sepamos aprovechar esta oportunidad.

1 Miembro de Número de la ACCE

Entre la insatisfacción y la incertidumbre

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en . Publicado en Opinión.

Sigue latente la indignación de los usuarios del servicio de energía por el alza desmesurada que han tenido las tarifas de energía en los últimos meses, afectándoles el bolsillo y el poder adquisitivo. En primera instancia el presidente Gustavo Petro, haciendo eco de la protesta ciudadana anunció medidas e incluso amenazó con intervenir la CREG, si ello era necesario para reducirlas. Siguiendo sus instrucciones, la ministra de Minas y Energía Irene Vélez le hizo un llamado a los generadores y comercializadores de energía para que renegociaran sus contratos bilaterales con el fin de rebajar la tarifa en un rango entre el 4% y el 8%, objetivo este que se cumplió a medias, dejando insatisfechos a los usuarios porque al final la reducción de la tarifa fue irrisoria. La propia ministra reconoció que la rebaja no había ido más allá del 2.7%. Este fue un verdadero parto de los montes2

Y no era para menos, pues dicha renegociación se circunscribió prácticamente a la revisión y cambio, que efectivamente se dio, del indexador aplicado a la tarifa, el Índice de precios al productor (IPP), que, como se recordará dio un salto desde el 4% en 2020 al 34%. En efecto, acordaron que, en adelante, se utilizará como indexador en la fórmula tarifaria el menor valor que se registre entre el IPP y el Índice de precios al consumidor (IPC).

 

En vista de que este pequeño alivio, producto, de lo que llamó la ministra un Pacto por la justicia tarifaria, no le movió la aguja a la factura que les llegó a los usuarios este mes de noviembre, cuando la expectativa era mayor, la Ministra anunció en su visita a Barranquilla, ante el requerimiento que le hicieron los usuarios y las autoridades regionales, vendrá “una segunda fase para que en términos regulatorios se puedan renegociar a final de año más de 900 contratos entre generadores y comercializadoras”. Este anuncio ha causado desazón e incertidumbre entre estos porque temen que el gobierno le meta mano a las tarifas y por esta vía se llegue a comprometer la suficiencia financiera de las empresas.

Analizando las causas y las consecuencias de las desmedidas alzas de las tarifas del servicio de energía, desfasadas con respecto a la tasa de inflación, que alcanzó el 12.2 % anual al corte del mes de octubre, la preocupación persiste porque no se avizora una solución de fondo s esta problemática en el corto plazo y ello angustia a los usuarios, tanto los regulados como los no regulados. Cabe advertir que el aumento pudo haber sido mayor de no aplicarse la llamada opción tarifaria, que es2 un truco que se inventaron para amortiguar el impacto del alza, parte de la cual se difiere su pago, de tal modo que el usuario, sin percatarse de ello, viene contrayendo una deuda con la empresa que le presta el servicio, sobre la cual además deberá pagar intereses, la cual acumula una cifra que supera ya los $4 billones. Y no hay que perder de vista que no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague.

El promedio de dichas alzas supera, en promedio, el 24% a nivel nacional, pero en la Región Caribe ha sido aún más exorbitante, superando el 40%, casi el doble de la del resto del país. De los 6 componentes de la tarifa (CU = G + T + D + C + R + PR), los que más han estado impactando el aumento de las tarifas, además de IPP, que ya se modificó, es el cargo por las restricciones (R). Lo que resulta inadmisible es que siendo que estas obedecen a atrasos en la ejecución de los proyectos de generación, como ha ocurrido con HIDROITUANGO o de transmisión ese sobrecosto tenga que asumirlo el usuario y no el responsable de dichos atrasos. Por esto estamos demandando de la CREG que corrija esta inequidad y que las restricciones las pague quien las cause. Esto no es mucho pedir.

En el caso de la región Caribe, definitivamente lo que marca la diferencia, abismal por lo demás, entre el alza escandalosa de las tarifas a los usuarios de Air-e y Afinia, con respecto al resto de usuarios del país son las pérdidas reconocidas (PR), porque, a diferencia de los demás, en donde solo se cargan en la tarifa las pérdidas técnicas, en su caso se reconocen las que se denominan eufemísticamente no técnicas, que no son otra cosa en romance paladino que la energía que se roban, la que no se paga por parte de los morosos y las correspondientes a las instalaciones fraudulentas. La ministra Vélez afirmó que “la región Caribe verá una mayor reducción en esas tarifas mientras seguimos trabajando en soluciones estructurales”. ¡Ello está por verse, lo cierto es que mientras no se le encuentre solución a esta clavija que le están metiendo a los usuarios las tarifas no van a bajar!

La solución es estructural y pasa por cambios normativos y regulatorios que apenas se empiezan a discutir, que tienen que ver con la formación de los precios en el mercado mayorista, para darle a estas señales mucho más eficientes, en la operación y despacho de las plantas, los cuales hay que revisar y ajustar, lo mismo lo atinente a los servicios complementarios, ahora que las fuentes no convencionales de energía renovables (FNCER) se están integrando y acoplando a la matriz energética.

Cota, noviembre 12 de 2022 www.amylkaracosta.net

1 Miembro de Número de la ACCE

2 Amylkar D. Acosta M. El parto de los montes. Octubre, 15 de 2022

La clavija de las pérdidas reconocidas (PR)

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en . Publicado en Opinión.

Como es bien sabido la fórmula tarifaria (CU = G + D + T + C + PR + R) contiene 6 cargos, uno por cada uno de los 4 eslabones de la cadena y dos clavijas, que son  las llamadas eufemísticamente restricciones (R) y las pérdidas reconocidas (PR). Ya nos hemos referido a las restricciones, hablemos ahora, a propósito del publicitado “pacto por la justicia tarifaria”, de las pérdidas reconocidas.

Según el anuncio de la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez, como resultado de la renegociación de los contratos bilaterales entre generadores y comercializadores se logró una reducción de la tarifa a partir del mes de noviembre en un rango entre el 4% y el 8%. Particularmente, en el caso de los usuarios de Air-e del 5.65% y de los de Afinia 2.9%, por debajo de dicho rango, irrisorio en ambos casos, que no se compadece con los incrementos registrados que superan el 40%.

 

Y la verdad es que mientras no se toquen las pérdidas reconocidas (PR), del 29% para los usuarios de Air-e y 27.2% para Afinia, en contraste con el 10%, en promedio, para el resto del país, va a ser asaz difícil lograr rebajas significativas en las tarifas en la región Caribe. Y no es para menos, habida cuenta que el componente de las PR pasó de representar el 8% en octubre de 2020 al 30% en julio de 2022 en el costo unitario (CU), que es la tarifa que se le cobra al usuario final. Su contribución al incremento del CU en 2021 fue del 70% y en los primeros siete meses de 2022 del 54%, de acuerdo con el estudio que adelantó FUNDESARROLLO.

Pero, como es bien sabido dicho tratamiento se deriva de lo dispuesto en las resoluciones 010 de 2020, 024 y 078 para Air-e y 070 para Afinia en 2021 de la CREG, las cuales a su vez se fundamentan en las leyes 1955 de 2019 y 2010 de 2019, los decretos 645 de 2019 y 1231 de 2020 que la reglamentan y en la Adenda Integral al reglamento convenido entre la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios y los nuevos operadores de red. Por ello, cualquier cambio deberá ser consentido por ellos.

Así las cosas, al descontento y la inconformidad de los usuarios se le vino a añadir ahora el desconcierto, puesto que este pacto no satisface sus expectativas, por lo que se auguran más y mayores movilizaciones y manifestaciones de protesta por parte de los usuarios, tanto los regulados como los no regulados, que se sienten frustrados con el paso dado.

El Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, deberá hacer un esfuerzo adicional tendiente a meter en cintura las tarifas de energía, dado que ellos se sienten agobiados por lo que se considera un verdadero atropello a sus derechos de contar con un servicio de energía que cumpla con el principio de equidad consagrado en la Ley de servicios públicos 142 de 1994!

Ello es tanto más urgente en cuanto que a la espiral alcista de las tarifas de energía se le ha venido a sumar ahora la de los precios, la cual tarde que temprano terminará castigando a los usuarios del servicio con más alzas y ello en momentos en los que los embalses de las hidroeléctricas están a full. Si ello se está dando ahora, qué podemos esperar cuando el fenómeno de la Niña toque a su fin y se empiece a avizorar el advenimiento del Niño con su sequía e hidrología crítica.

 

www.amylkaracosta.net

 

 

El Parto de los Montes

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en . Publicado en Opinión.

¡La energía más barata es aquella que no se consume

Gracias al uso racional y eficiente de la misma!

 

 

El Ultimátum

Primero fue el Presidente de la República Gustavo Petro quien, ante la gravedad de la situación planteada por el alza desmesurada de las tarifas de energía, amenazó con la intervención de la Comisión de regulación de energía y gas (CREG), no sin antes abrir “primero un espacio de diálogo” entre los agentes de la cadena y el gobierno en el propósito de bajarlas. Por su parte la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez, siguiendo sus instrucciones, instó a las empresas generadoras y comercializadoras de la energía para que procedieran a renegociar los términos de sus contratos bilaterales de compra-venta de energía tendiente a lograr dicho cometido.

Eso sí, su advertencia fue perentoria: “si no se anuncia un porcentaje de reducción significativa en las tarifas de energía por parte de las empresas, el Gobierno tomará medidas más radicales”. Y reiteró que “si vemos que no hay voluntad suficiente de estas empresas, otras decisiones serán tomadas”. Cumplido el ultimátum dado a las empresas por parte de la Ministra para que arribaran a sus acuerdos con la contraparte, se anunció por parte de ella el acuerdo alcanzado, al que denominó “Pacto por la Justicia Tarifaria”.

El Pacto por la “Justicia Tarifaria”

Básicamente la reducción de la tarifa al usuario final, la que se reflejará en la factura del mes de noviembre, oscilará entre el 4% y el 8%, que no es tan significativa para los usuarios. Estos esperaban más, un alivio mayor en sus bolsillos. La verdad sea dicha, es irrisoria en unos casos e inexistentes para otros la rebaja. De allí que los usuarios del servicio de energía se debatan entre la insatisfacción y el desconcierto, porque la misma está lejos de sus expectativas toda vez que no le mueve la “aguja” a las desproporcionadas alzas, que superan el 40% en la región Caribe y el 24% en promedio en el resto del país. Esta rebaja lejos de ser un remedio es un remedo, no pasa de ser un placebo. Como en la fábula El parto de los montes de un insignificante ratón, lo anunciado está muy lejos de lo que los usuarios aguardaban.

Ahora bien, como era de esperarse, la renegociación entre generadores y comercializadores se circunscribió a lo atinente a la reducción del Índice de precios al productor (IPP), que había pasado inexplicablemente del 4% al 34% y a la solicitud de los distribuidores para diferir los pagos que realizan en el mercado mayorista de energía, similar a la opción tarifaria que los comercializadores aplican a los usuarios para el pago de energía.

En lo que respecta al indexador de los contratos bilaterales vigentes se revisó a la baja y hacia el futuro se logró el consenso en el sentido que en delante se adoptaría el menor valor entre el Índice de precios al consumidor (IPC) y el Índice de precios al productor (IPP), mientras se establece un nuevo indexador específico para la actividad de generación y comercialización, además de diferencial según la fuente de generación. Ello es un avance significativo y la última palabra, al momento de definir la metodología a seguir, la tiene el DANE, el mismo que armó el tierrero al modificar el indexador que rigió hasta el 2020.

¿Y de los costos de restricción qué?

Capítulo aparte merece el cargo por restricciones (R). Quedó por fuera de esa renegociación, porque además no les incumbe a ellos, porque es un tema regulatorio propio de la CREG, lo concerniente a los costos de restricción (R), que también están presionando al alza las tarifas de energía, toda vez que pasaron de $20 por KWH en enero a $70 por KWH. Como es bien sabido los costos de restricción obedecen a ineficiencias que se presentan en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), debido a atrasos en la ejecución de los proyectos de generación o de transmisión, que obligan a despachar “generación de seguridad”, casi siempre Térmica y por ende más costosa.

Dichas limitaciones en la infraestructura de SIN, impiden que el servicio de electricidad se preste con eficiencia, calidad, continuidad y confiabilidad, tal y como lo dispone la Ley eléctrica 143 de 1994. En este caso se habla de restricciones eléctricas. Pero también se presentan restricciones operativas, cuando el SIN falla a la hora de responder a las fluctuaciones de la demanda de electricidad por parte de los generadores.

Desde luego, el costo de las restricciones se calcula con base en los precios de oferta de los generadores y las mismas se asignan a los comercializadores de energía que atienden la demanda. No obstante, cabe resaltar que al comienzo de la operación del mercado mayorista (la Bolsa), de conformidad con la Resolución de la CREG 035 de 1995, el cargo por concepto de las restricciones se repartía, 50% y 50%, entre los generadores y los comercializadores. Posteriormente, la misma CREG expidió la 4 Resolución 063 en el año 2000, que modificó la anterior y se dispuso que el 100% del costo de las restricciones las asumieran los comercializadores, las cuales a su vez terminan endosándoselas a los usuarios finales vía tarifas (¡!).

No es justo que sean los usuarios quienes tengan que asumir un sobrecosto en las tarifas por este concepto, cuando deben ser los responsables de dichos atrasos quienes lo asuman. Es el caso del proyecto de Hidroituango, cuyo ostensible atraso viene, además, presionando al alza los precios de la energía en Bolsa2. Tanto más en cuanto que al tiempo que se le cobran al usuario las restricciones, éste también paga el cargo por transmisión (T) de la energía, de modo que está pagando por partida doble un mismo concepto.

La CREG, entonces, debería eliminar sin tardanza el cargo por restricciones, excluyéndolo de la fórmula tarifaria (CU). Ahora que el Director ejecutivo de la CREG Jorge Valencia afirma que ya están “trabajando en las bases metodológicas sin dejar de lado la estructura general del costo unitario”, es la oportunidad para que se ocupen de ello y le hagan justicia a los usuarios.

Y no estamos hablando de naderías. Según cálculos del Operador del mercado, XM, el costo de las restricciones en los últimos doce meses contados desde octubre de 2021 hasta septiembre de 2022 ascendió a la suma de 2.350.576 millones, superando en un 40% el costo que se registró en el año 2021, que fue de $1.674.700 millones, un crecimiento del 40%, casi cuatro veces el índice de inflación actual, el mayor en 23 años (¡!).

De tomarse esta decisión por parte de la CREG los usuarios se estarían ahorrando el costo de las mismas, que superan los $1.500.000 millones que, según el Presidente de ASOCODIS José Camilo Manzur, se ahorrarán los usuarios el próximo año por cuenta de la rebaja convenida en las tarifas de energía (La República, Octubre, 12 de 2022 ¡!). Y de esta manera se podría beneficiar a los usuarios con una rebaja en las tarifas de energía que podría aproximarse al 16%, que sí sería significativa. Mi mensaje es claro y contundente, son todos los agentes de la cadena los que deben contribuir a lograr una mayor rebaja de las tarifas, que todos pongan y no sólo los generadores y comercializadores!

El porcentaje de las PR castiga al Caribe

El caso de la región Caribe, servida por Air-e (Atlántico, Magdalena y La Guajira) y Afinia (Cesar, Bolívar, Córdoba y Sucre) es aún más dramático, la primera se comprometió a una rebaja del 5.65%, equivalente a $50 KWH. Entre tanto, de acuerdo con las declaraciones del Gerente general de EPM, Jorge Carrillo “la tarifa de Afinia que está alrededor de $823 por kilovatio, de manera voluntaria vamos a reducirla a $799 para los meses de noviembre y diciembre”, equivalente a $24 KWH, por debajo del rango anunciado por la Ministra. Ello va a contrapelo de la desatentada declaración del Alcalde de Medellín Daniel Quintero, quien preside su Junta directiva, en el sentido que esta “es la mayor baja en la Costa que haga empresa alguna, por eso nosotros quedamos de últimos para anunciar, pero es que lo bueno (¡SIC!) se hace esperar” (Caracol Radio, Octubre 13 de 2022).

En ambos casos dista mucho el porcentaje de la reducción de la tarifa con respecto a la escandalosa alza registrada en las mismas en los mercados Caribe Sol y Caribe Mar operados por estas dos empresas que, como ya lo hemos dicho, superan el 40% (¡!).

Y la verdad es que mientras no se toquen las pérdidas reconocidas (PR), del 29% para los usuarios de Air-e y 27.2% para Afinia, en contraste con el 10%, en promedio, para el resto del país, va a ser asaz difícil lograr rebajas significativas en las tarifas en la región Caribe. Y no es para menos, habida cuenta que el componente de las PR pasó de representar el 8% en octubre de 2020 al 30% en julio de 2022 en el costo unitario (CU), que es la tarifa que se le cobra al usuario final. Su contribución al incremento del CU en 2021 fue del 70% y en los primeros siete meses de 2022 del 54%, de acuerdo con el estudio que adelantó FUNDESARROLLO.

Pero, como es bien sabido dicho tratamiento se deriva de lo dispuesto en las resoluciones 010 de 2020, 024 y 078 para Air-e y 070 para Afinia en 2021 de la CREG, las cuales a su vez se fundamentan en las leyes 1955 de 2019 y 2010 de 2019, los decretos 645 de 2019 y 1231 de 2020 que la reglamentan y en la Adenda Integral al reglamento convenido entre la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios y los nuevos operadores de red. Por ello, cualquier cambio deberá ser consentido por ellos.

Por ello he venido proponiendo que, así como logró la Ministra que se sentaran generadores y comercializadores a renegociar los términos de sus contratos bilaterales, se haga lo propio entre la Superintendencia de Servicios públicos y los operadores de red (Air-e y Afinia) para modificar la regulación “especial” aplicable y aplicada a ellos, de tal suerte que a medida que se reduzcan las pérdidas atribuibles al robo de energía, en lugar de ir a favorecer el P&G de las empresas, ese beneficio se le traslade a los usuarios a través de rebaja en las tarifas, a cambio de que el gobierno nacional, los gobernadores y alcaldes se comprometan y se empeñen en coadyuvar a la erradicación del flagelo del robo y las instalaciones fraudulentas de la energía. Al fin y al cabo las inversiones que están haciendo las empresas para lograrlo las están pagando los usuarios en sus facturas mensuales. Huelga decir que no es admisible que sigan pagando justos por pecadores!

Por último, pero no por ello menos importante, queremos insistir en otras acciones tendientes a morigerar las alzas en las tarifas de energía, eso sí, sin comprometer la suficiencia y la sostenibilidad financiera de los agentes de la cadena, como lo consagra la Ley, para no exponernos a una crisis sistémica del sector, comprometiendo la confiabilidad y firmeza de la prestación del servicio de energía.

Me refiero, en primer lugar, a la revisión y ampliación del consumo básico o de subsistencia de los estratos 1, 2 y 3, que son objeto de subsidios, de tal suerte que el mismo consulte la realidad de su consumo, especialmente en la región Caribe, en donde las condiciones climáticas demandan un mayor uso del fluido eléctrico. Esta medida, desde luego, debe ir de la mano de más y mayores esfuerzos en materia de uso racional y eficiente de la energía. A ello contribuiría también la propuesta que le hemos venido haciendo al Gobierno nacional así como a departamentos, municipios y distritos, de acometer un plan de instalación masiva de paneles solares en los techos de las residencias, lo cual redundaría en una sensible reducción del costo de la factura a los usuarios, en no menos del 30% (¡!). En adelante los proyectos de vivienda de interés social (VIS) que subvenciona el Estado deberían incorporar este aditamento.

 

AMYLKAR D. ACOSTA MEDINA

Miembro de Número de la ACCE

 

 

La autonomía regional: Alternativa de desarrollo

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en . Publicado en Opinión.

Enhorabuena, las corporaciones autónomas regionales del Caribe colombiano, tomaron la iniciativa de de reactivar el proceso de planificación regional que, lamentablemente, ha sido dejado de lado desdeñosamente en los últimos años. Como tuvimos ocasión de plantearlo, a propósito del Plan de desarrollo Hacia un Estado Comunitario(2002-2006), “lastimosamente el proceso de formulación del Plan de desarrollo Hacia un Estado Comunitario, no partió de la inserción en el mismo de los planes regionales de desarrollo, en ausencia de ellos, circunstancia esta que se debe, en gran medida, a la prematura disolución de las regiones de planificación, más conocidas como los CORPES”1. Allí quedó ese vacío que ahora se pretende llenar, empezando justamente por la región que lo lideró, hasta verlo truncado por el avaro revanchismo centralista que se resiste a ceder su espacio. Es la “tiranía del statu quo”, del cual nos habla Milton Fredman!

Ya se dieron los dos primeros pasos en tal dirección; el primero de ellos, fue la elaboración de un documento-base contentivo de la Agenda para el desarrollo sostenible del Caribe colombiano; luego, una mesa de expertos, integrada por estudiosos del desarrollo regional, se ocupó de su análisis y evaluación. El fruto de este ejercicio académico, que tuvo lugar en la Heroica el 8 y 9 de abril, se recogerá en una publicación, cuyos planteamientos se someterán al debate abierto, a través de talleres departamentales, hasta confluir en el Gran Foro Regional. Este último será el escenario propicio para la firma del Pacto social por el desarrollo sostenible del Caribe, en el cual se fijarán las tareas que el mismo demande y se definirán responsabilidades para cada una de las metas trazadas concertadamente. Esperamos que este buen ejemplo, digno de imitar, cunda y más pronto que tarde veamos las demás regiones del país retornando a la senda de su fortalecimiento y autonomía.

 

Con la Constitución de 1991 se dio un avance sideral, al reconocer la autonomía de las regiones, las cuales pueden llegar a constituirse en entidades territoriales2, al tiempo que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana3. Colombia, desde siempre, ha sido un país de regiones claramente diferenciadas unas de otras; podríamos decir sin hipérboles que en su unidad en la diversidad está su mayor fortaleza. Ello, sumado a nuestra vasta biodiversidad, hacen de Colombia un país excepcional, privilegiado por la madre naturaleza, lo cual se traduce en su importancia estratégica, la cual se ve potenciada por su ubicación geográfica, descrita por López de Meza como la esquina oceánica de América. Cada vez estamos más lejos de los vaticinios de Vasconcelos, de una “raza cósmica”4, como producto acrisolado de la fusión de las distintas razas superstites en Indoamérica después de la independencia. Lejos de ello, a pesar de la mezcla y del mestizaje, ellas se resisten a desaparecer y la afirmación de su identidad le sirve a manera de eje articulador en su devenir idiosincrásico, sin perjuicio del sincretismo propio de su devenir histórico.

En el mundo moderno tenemos que pensar globalmente, pero actuar localmente; este comportamiento es el que se ha dado en llamar glocal, para significar que no nos podemos dejar encandilar por los destellos del “cosmopolitismo”, poniendo en peligro “…los puentes de comunicación construidos con sangre y paciencia”5. Y la sangre, como lo sostiene el literato David Sánchez Juliao, tiene memoria! El mismo propende por la homogenización cultural de los países globalizados por parte de los países globalizadores, arrasando de paso con la identidad de nuestros pueblos, avasallándolos, para imponer su cultura “global” y su visión totalizadora. Todo ello está en juego en este momento, cuando se negocia con la cabeza gacha el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EEUU. Tal parece que hubiéramos caído en la Servidumbre voluntaria que nos describe Etienne De La Boëtie, de quien “…no habiendo conocido nunca la libertad y no conociendo más que esta situación, sirven sin pena y hacen voluntariamente lo que sus predecesores habían hecho por coacción”6.

No pudo ser más oportuno este llamado a somatén a las regiones, para que vuelvan por los fueros de su autonomía en procura de su desarrollo sostenible y de la así llamada por Castells la “sostenibilidad de la identidad humana”, que no podrá darse si queda por fuera de la Agenda interna que el país deberá atender para lograr su exitosa inserción en la economía global, si es que no quieren perecer en el intento. Es la manera, además, de salirle al paso al agobiante centralismo que ha vuelto a sus andadas y de qué manera. Manos, pues, a la obra o de lo contrario las regiones se quedarán a la vera del camino de los procesos de integración en marcha y en lugar de sacarle partida a los mismos, terminarán por padecerlos!

Ver documento completo: LA AUTONOMÍA REGIONAL, ALTERNATIVA DE DESARROLLO

Amylkar D. Acosta M. Acotaciones al Plan de desarrollo Hacia un Estado Comunitario. Bogotá, febrero 27 de 2003

2.  Constitución Nacional. Artículos 1 y 286

3. Constitución Nacional. Artículo 7

4 José Vasconcelos. Misión de la raza iberoamericana. Notas de viajes a la América del Sur. 1925

5 Manuel Castells

6 Etienne De La Boëtie. Discurso de la servidumbre voluntaria o el Contra uno

La transición energética en Colombia

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en . Publicado en Opinión.

Hay un antes y un después del año 2015, cuando tuvo lugar la 21ª Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21), que concluyó con la firma del Acuerdo de París, al tiempo que la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 compendiada en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). La descarbonización de la economía para contrarrestar el cambio climático y conjurar sus estragos, por una parte y propender por la universalización del acceso de la población a energías limpias por la otra, son dos compromisos inaplazables de la comunidad internacional y la Transición energética la estrategia para lograrlo.

Colombia por su parte tiene el compromiso con la comunidad internacional de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que para el 2019 alcanzaron los 275 millones de toneladas, 0.57% de las totales, en un 51% para el 2030.

 

Entre otras razones porque, de acuerdo con el principio establecido en la COP26 de “responsabilidad común pero diferenciada”, reconoce que no todos los países tienen las mismas responsabilidades y compromisos, así como las capacidades para enfrentar el reto del cambio climático. De ello se sigue que cada país debe adoptar su propio ritmo a efectos de cumplir con los suyos, consultando sus potencialidades y limitaciones. Entre otras razones porque, de acuerdo con el principio establecido en la COP26 de “responsabilidad común pero diferenciada”, reconoce que no todos los países tienen las mismas responsabilidades y compromisos, así como las capacidades para enfrentar el reto del cambio climático. De ello se sigue que cada país debe adoptar su propio ritmo a efectos de cumplir con los suyos, consultando sus potencialidades y limitaciones.

A guisa de ejemplo, mientras el total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel global en 2019 fue de 51.1 miles de millones de toneladas, en Colombia sólo se registraron 275 millones, equivalente al 0.57%. Entre tanto las de China, EEUU, India y Rusia, que son los principales responsables de tales emisiones, concentran el 30.65%, el 13.54%, el 7.20% y el 4.52%, respectivamente. Mientras un colombiano emite 1.6 toneladas de CO2 equivalente anualmente, el promedio mundial, según el Informe del Banco Mundial en 2018 estaba en 4.47 toneladas. Un chino, por ejemplo, emite 8 veces más que un colombiano y uno del Reino Unido 2.7 veces (¡!)

1 Miembro de Número de la ACCE

En consecuencia, cada país se ha de dar su propia hoja de ruta de la Transición energética, consultando sus especificidades y peculiaridades. La estrategia a seguir, por tanto, difiere de un país a otro. La línea de base de la que parten cada uno de ellos es determinante. Hay una enorme diferencia, por ejemplo, entre aquellos países que dependen de la importación del petróleo, del gas y del carbón para proveerse de los mismos y otros que, como Colombia, dependen de la producción y exportación de los mismos.

En Colombia, a diferencia del resto del mundo, en donde la principal fuente de emisiones de GEI es el sector energético con el 73.5%, este sólo contribuye con el 14%. Entre tanto, el cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería y la deforestación participan con el 59%. Ello se explica en gran medida porque mientras en el resto del mundo, en promedio, la participación de la generación de electricidad con base en el parque térmico es del 64.9%, en Colombia a duras penas llega al 30% (¡!). Dicho de otra manera, entre Colombia y el resto del mundo, especialmente con respecto a los países desarrollados, existen grandes asimetrías, las cuales hay que tener en cuenta a la hora de definir nuestra propia hoja de ruta de la Transición energética.

De ello se sigue que el Pareto del costo-efectividad para la reducción de la huella de carbono en el caso de Colombia invita a poner el énfasis en la política que contrarreste el inadecuado uso del suelo, las malas prácticas en la agricultura y la ganadería y sobre todo detener el ecocidio de la devastadora deforestación, que supera las 170.000 hectáreas anuales. Sólo así podrá cumplir Colombia con su compromiso con la comunidad internacional de reducir sus emisiones de GEI en el 51% hacia el 2030. Ello, sin perjuicio de la necesidad de imprimirle celeridad al impulso de la generación de energía a partir de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias, las cuales, además de robustecer y diversificar aún más la matriz eléctrica, contribuirán también a que la misma sea más resiliente frente al Cambio climático.

Esta, además, es la oportunidad de ampliar la cobertura del servicio de energía a los

431.117 hogares que aún no cuentan con el mismo, siendo esencial como lo cataloga la Ley y por consiguiente un derecho fundamental que les asiste. Sobretodo a los 207.449 hogares ubicados en sitios remotos, de difícil acceso y baja densidad poblacional, lo que dificulta conectarlos tomando la electricidad de la red del Sistema interconectado nacional (SIN), dada la flexibilidad que ofrecen las soluciones modulares solar-fotovoltaicas, instalando en ellos paneles solares. A ello concurre también la generación distribuida o embebida, cuya energía se consume in situ, prevista en la nueva arquitectura del sistema eléctrico.

De esta manera, además, se estaría cumpliendo con el 7º de los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) para garantizar la universalización del acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. De esta forma se podría, de paso,

sustituir el consumo de leña por parte de 1.2 millones de familias campesinas que no tienen otra opción distinta a esa para la cocción de sus alimentos.

Ello se justifica con creces, no sólo por razones de conveniencia si no por los altos costos en los que se incurre por parte del Gobierno a través del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas no Interconectadas (IPSE). En efecto, el costo de los subsidios a los combustibles, según cifras para el 2018, es del orden de los $288.514.728. Lo más insólito es que cuesta más el transporte del combustible hasta los poblados en donde se genera electricidad con plantas térmicas que el combustible mismo.

El Gobierno Nacional, los departamentos y municipios se deberían comprometer en un ambicioso programa de masificación de la instalación y el uso de los paneles solares, con lo cual al tiempo que se aliviaría el bolsillo de los usuarios del servicio de electricidad se promovería la cultura del ahorro y el uso eficiente de la energía. Es esta, también, una forma de involucrar al usuario como agente activo de la cadena, ahora en modo Transición energética. Por lo demás, el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, debería asegurarse de que en la ejecución de sus planes y programas de vivienda de interés social (VIS) se contemple la dotación de paneles solares en los techos.

 

El barril sin fondo del FEPC

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en . Publicado en Opinión.

El Fondo de estabilización de los precios de los combustibles (FEPC) fue creado en 2007, mediante el artículo 69 de la Ley 1151 y empezó a operar en 2009. El mismo tenía por finalidad contrarrestar la volatilidad propia de los precios del petróleo y de sus derivados (gasolina y diésel) y evitar alzas bruscas en el precio de referencia de los mismos, que fija mensualmente el Ministerio de Minas y Energía y es el que paga el consumidor en la estación de servicio. Con tal fin, se estableció una banda de precios, de tal suerte que los reajustes de precios, hacia arriba y hacia abajo, no debían sobrepasar el 3% para la gasolina y el 2.8% para el diésel.

Posteriormente el Congreso de la República expidió la Ley 1739 del 2014, estableciendo el diferencial de participación y el diferencial de compensación, “como contribución parafiscal del FEPC para atenuar las fluctuaciones de los precios de los combustibles, de conformidad con las leyes 1151 de 2007 y 1450 de 2011”. Tales diferenciales operaban de la manera siguiente: en el primer caso, cuando el precio de referencia superaba el precio al productor (IP en la fórmula), ECOPETROL, se generaba un ahorro que alimentaba el FEPC y viceversa, en el segundo, cuando el precio de referencia estaba por debajo del IP había que “desahorrar” para impedir que el aumento de precios fuera mayor. Es de anotar que el neto, casi siempre ha sido negativo, lo cual obedece a la tendencia de los precios en los últimos años.

 

Pero, a finales del 2015, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia  C-526, tumbó el diferencial compensación, con lo cual el FCPC perdió el ahorro como su fuente de financiación, tornándolo inoperante para el fin propuesto. La verdad sea dicha, después de este fallo el FEPC quedó reducido a un registro de los saldos entre uno y otro diferencial entre los precios de referencia y el IP. A consecuencia de ello, el déficit del FEPC ha sido cada vez mayor y se ha venido cubriendo por parte de la Nación. En su momento el Ministro Carrasquilla lo solventó emitiendo títulos de Tesorería (TES).

A marzo de 2022, dicho déficit acumulado (deuda con ECOPETROL) ascendió a los $7.8 billones, el cual canceló el anterior gobierno del Presidente Iván Duque. Ese es el costo de mantener el precio de los combustibles en Colombia como el tercero más bajo en Latinoamérica después de Venezuela y Bolivia.

Pero, el “taxímetro” siguió marcando, sobre todo debido a que, como lo acota el experto Mauricio Cabrera, “el problema se agudizó en el último año, pues mientras que con la devaluación y el precio internacional el barril de petróleo pasó de $270.000 a $480.000, para un incremento del 185%, el galón de gasolina sólo llegó a $9.500, menor que antes de la pandemia” y un incremento a duras penas del 8%.

Además, el gobierno Duque dispuso el congelamiento de los precios de los combustibles desde el mes de marzo de este año y solo decretó un alza de $200 en la gasolina y $100 en diésel a finales del mes de junio, cuando ya estaba con un pie en el estribo para hacer dejación de la Presidencia. Y ello, no obstante que, a su juicio “existe el espacio suficiente para generar los ajustes requeridos para la convergencia entre los precios locales e internacionales”.

En concepto del ex ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, “la política de precios de los combustibles balancea entre la estabilización del precio para el consumidor final y el costo fiscal para el gobierno. Todo esto deberá hacerse de manera concertada con el próximo gobierno”, a quien le quedó la ímproba tarea de lograr ese “balanceo”.

El desfase, entonces, entre el precio de referencia y el precio paridad importación se acrecienta y con él el déficit del FEPC. El estimativo del Comité autónomo de la Regla fiscal para este año es de un déficit de $33.7 billones, monto este muy superior a los $25 billones que aspira a recaudar el Gobierno con la reforma tributaria que se tramita en este momento en el Congreso de la República, suficiente además para erradicar la pobreza en Colombia. Solo en el primer trimestre de este año el saldo en rojo llegó a los $6.3 billones (¡!).

Así las cosas el FEPC se convirtió en un barril sin fondo.
Como este déficit debe ser cubierto, son tres puntos más del PIB que se viene a sumar al déficit fiscal para 2022 proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) del 5.6% se eleva al 8.6% del PIB. Una barbaridad. El FEPC y su déficit, es una verdadera bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento.

Por ello el Presidente Petro dispuso reajustar el precio de la gasolina, al tiempo que mantiene congelado el del diésel, tal vez porque este, por ser el combustible que más usa el transporte de carga y pasajeros, es el que más presión ejercería en la inflación que ya supera el 10%. En todo caso dicho reajuste, que se viene a sumar a las excesivas alzas en las tarifas de energía,  se tendrá que hacer de manera gradual y progresiva, no vaya a ser que la misma cause una explosión social, como ya ocurrió recientemente en el Ecuador, obligando al gobierno de Guillermo Lasso a recular y derogar el alza decretada!

 

Cota, octubre 2 de 2022

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Estaba cantada

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en . Publicado en Opinión.

Lo advertimos en su momento, cuando se tramitaba en el Congreso de la República el proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo (2018 – 2022) 1955 de 2019, que el plan de salvamento de ELECTRICARIBE, que fue como lo catalogué, conllevaba el pago de una sobretasa de $4 por KW por parte de los usuarios del servicio de energía en todo el país, la cual tumbó la Corte Constitucional y un aumento desmesurado de la tarifa de energía para los usuarios de la región Caribe.

Y así quedó establecido en sendos  programas de “gestión acordado de largo plazo” suscrito entre la Superintendencia de Servicios públicos y los representantes legales de los dos mercados en los que se segmentó el mercado servido por ELECTRICARIBE como operador de red, Caribe Mar y Caribe Sol el 17 y el 30 de septiembre de 2020, respectivamente. Como es bien sabido, Afinia y Air-e, en su orden, asumieron el control de dichos mercados a través de una subasta y esta fue una de las condiciones sine qua non para entrar como nuevos operadores a partir del 1º de octubre del año pasado.

 

Me permito transcribir los apartes pertinentes del documento que publiqué en mayo de 2019 con el título El sector minero-energético en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora que se anuncia y se le notifica un alza en la tarifa a los usuarios de Afinia y Air-e autorizada mediante la Resolución xxx de la CREG, no hay que llamarse a sorpresas. Esta alza de tarifa, estaba cantada, simple y llanamente se está cumpliendo por parte del Gobierno Nacional lo que aprobó sin remilgos el Congreso de la República.

Extractos

“La propuesta más atrevida y por ello la que muy seguramente va a despertar mayor rechazo es la que plantea autorizar ´al gobierno nacional para establecer un régimen transitorio especial en materia tarifaria para Electrificadora del Caribe S. A E.S.P o las empresas derivadas…que se constituyan  en el marco del proceso de toma de posesión de esta sociedad para las regiones en las que se preste el servicio público. Este régimen regulatorio especial deberá establecer que la variación en las tarifas para esta región sea al menos igual a la variación porcentual de tarifas del promedio nacional´.

Dicho de otra manera, como se infiere del artículo 289 del PND ´con el fin de asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio público de distribución y comercialización de electricidad en la Costa Caribe´ se vendrán alzas en las tarifas, para nivelarlas, pero por lo alto, con las del resto del país. Ya lo había dicho la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), ´para generar un escenario viable se requiere, entre otras cosas, ajustes en tarifas que reconozcan el nivel de inversiones proyectadas, la situación actual de la empresa y aportes del gobierno´.

Se estima que estas medidas se traducirán en un incremento del 20% en las tarifas a partir del 2021, alza que podría amortiguarse por parte de los nuevos operadores extendiendo por parte de la CREG la aplicación de la opción tarifaria para el componente variable del Costo unitario establecido a través del Decreto de Emergencia Económica 417 del 17 de marzo, que permite suavizar el impacto en el bolsillo de los usuarios”. Dicho y hecho!

Bogotá, agosto 9 de 2021

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La intervención de la CREG

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en . Publicado en Opinión.

El anuncio presidencial

El Presidente de la República Gustavo Petro, anunció en la clausura del XXIV Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia (ANDESCO) que tuvo lugar en Cartagena, que el Gobierno Nacional va a asumir las funciones que hoy ejerce la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en virtud de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos que la creó. Manifestó que para ello apelará al parágrafo 3º del artículo 290 de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo, el cual dispuso que “las competencias establecidas en este artículo podrán ser asumidas por el Presidente de la República o por el Ministerio de Minas y Energía, según a quien corresponda la función delegada en la CREG”, en el artículo 68 de la Ley de servicios públicos.

 

Tal anuncio estuvo precedido de un cuestionamiento del funcionamiento del actual modelo del sector eléctrico y planteó uno nuevo, sin dar detalles del mismo. Eso sí, descartó la posibilidad de la estatización de los servicios públicos. Aseguró el Presidente Petro, alarmado por la espiral alcista de las tarifas de energía, que “debe prevalecer el interés público. Si no, no tenemos estado para abordar los problemas de los servicios públicos. Las comisiones reguladoras son para regular los mercados, no para firmar los procesos de especulación financiera, como hasta ahora han realizado”.

Ante los rumores que antecedieron la alocución del Presidente Petro en el sentido de intervenir a la CREG, el Director ejecutivo de FEDESARROLLO Luis Fernando Mejía se había anticipado a manifestar que si bien “hay que reconocer que hay un problema que está afectando los hogares, las propuestas para estos problemas deben darse dentro de la institucionalidad que tiene el país, que es muy sólida a través del Ministerio de Minas y Energía y la CREG, que tiene una experiencia de 30 años en este sector”.

Importancia del diálogo y la concertación

El Presidente de ANDESCO Camilo Sánchez manifestó su desacuerdo con la decisión anunciada por el Presidente y la consideró improcedente, aduciendo que la Ley del Plan de desarrollo del anterior gobierno, por haber concluido su cuatrienio, perdió vigencia y no resistiría una demanda ante el Consejo de Estado. Pero, de ser ello cierto, también quedaría sin efecto el paquete de

1 Ex ministro de Minas y Energía

medidas contempladas en el mismo atinentes a la expedición de un régimen regulatorio especial para la prestación del servicio de energía en la región Caribe, especialmente en los artículos 318 y 289 de la misma. De prosperar dicha demanda quedarían sin piso también los decretos 1645 de 2019 y 1231 de 2020 que los reglamentan, así como las resoluciones de la CREG 010 de 2020 y las 024 y 078 de 2021, a través de las cuales se autorizaron las tarifas que están cobrando tanto Air´e como Afinia, en cumplimiento de lo pactado con ellas antes de asumir la operación el 1º de octubre de 2020.

Manifestó el Presidente Petro que antes de proceder en consecuencia abrirá “primero un espacio de diálogo” con el objeto de revisar el marco regulatorio vigente puesto a prueba por las alzas desmesuradas de las tarifas de la energía, sobre todo en la región Caribe y explorar salidas a la actual encrucijada. No le falta razón al Presidente Petro cuando advierte que “las comisiones reguladoras son para regular los mercados en función del derecho universal” que le asiste a los colombianos de que se le preste el servicio de energía, como lo establece la Ley eléctrica, con calidad, continuidad y eficiencia, por ser un servicio esencial, a la luz de la Ley de servicios públicos y en consecuencia un derecho fundamental, como lo reconoce la Corte Constitucional en su Sentencia C – 663 de 2000. Pero, también hay que tener en cuenta que, para que tales principios se cumplan, es menester que se cumpla también el de la suficiencia financiera de las empresas prestadoras del servicio. El diálogo propuesto por el Presidente debe ser incluyente y soportado en criterios técnicos para evitar un salto al vacío.

El cambio de interventor

La verdad sea dicha, cuando el Presidente Petro anuncia la intervención de la CREG, en rigor de lo que se trata es de un cambio de interventor, porque de hecho ya fue intervenida por el anterior gobierno, al hacerse al control de la misma, habida cuenta que a la fecha la totalidad de los seis integrantes de la misma fueron nombrados por el Presidente Duque. Es más, de ellos sólo dos podrán ser reemplazados al término de sus períodos, que son de cuatro años, uno en noviembre de este año y otro en junio del año entrante, los otros cuatro, como fueron nombrados recientemente, permanecerán en sus cargos durante todo el período del actual Presidente de la República. Ello deja mucho qué desear de la autonomía y del carácter técnico atribuido a la CREG por ministerio de la Ley que la creó.

En mi modesto concepto la intervención de la CREG no debería conducir a la supresión de la misma, puesto que el papel regulador que se reserva el Estado, según lo dispuesto en la nueva Constitución política que data desde 1991, es inmanente al funcionamiento apropiado del mercado, máxime en tratándose

del sistema energético, en el que varios de los agentes operan un monopolio natural, como lo es el transporte y la distribución de la energía. Al mercado no se le puede dejar al garete. Para ello, aquí y en cafarnaúm, se requiere contar con un órgano regulador que “raye la cancha”, establezca las reglas de funcionamiento y vele por el cumplimiento de las mismas. Claro está que, para que el órgano regulador, en nuestro caso la CREG, cumpla adecuadamente con las funciones y competencias que se le delegaron, debe contar con expertos de primera línea, actuar con criterio técnico e imparcial y dar las señales requeridas a todos los agentes de la cadena. Y, de contera, debe regirse por normas que garanticen el buen gobierno. Todo ello en estos momentos se ha puesto en tela de juicio.

No hay que olvidar que la actual arquitectura del sistema energético del país responde a las leyes 142 y 143 de 1994, las cuales tuvieron su origen primigenio en las lecciones aprendidas del gran apagón que padeció el país entre los años 1992 y 1993. El Foro económico mundial (FEM) pondera muy bien el desempeño de dicha arquitectura ubicándolo en el top 10 a nivel mundial. Desde luego, como lo manifestó el Presidente Petro en Cartagena, la coyuntura actual amerita su revisión y evaluación en orden a introducir los ajustes que se requieran. Ello es tanto más pertinente dada la necesidad de acoplar adecuadamente las nuevas tecnologías inherentes a la Transición a la matriz energética.

Es entendible y justificado que si las circunstancias así lo ameritan el Ministerio de Minas y Energía reasuma las funciones y competencias delegadas en la CREG, así como ha venido ocurriendo en los países que integran la Unión Europea (UE), pero ello debe tener un carácter excepcional y temporal. Al fin y al cabo la misión del Ministerio debe estar centrada en la identificación y caracterización del sector, la formulación, seguimiento, implementación y evaluación de las políticas públicas. No cuenta ni con la estructura ni las competencias para asumir las de la CREG en forma permanente. De dicha intervención el sector energético del país debe salir fortalecido, para garantizar tanto la seguridad como la soberanía energética del país, fundamentales para el buen suceso de la economía y el bienestar de los usuarios del servicio.

Bogotá, septiembre 9 de 2022 www.amylkaracosta.net