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¡No, por ahora!

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Feb 23, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Opinión | Ven.

El Gobierno Nacional sigue sin ponerse de acuerdo sobre la necesidad y la conveniencia de importar gas natural de Venezuela. Una declaración del Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo citada fuera de contexto, en el sentido de que “en el mediano futuro sí hay posibilidades interesantes de que Venezuela exporte gas a Colombia”² revivió y reavivó el debate que suscitó la declaración de la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez al descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, planteó que ante la insuficiencia en las reservas de gas el país lo importaría dede Venezuela. En su lugar, «si necesitáramos llenar nuestra matriz energética se podría hacer la conexión de transporte de gas con Venezuela»³, sentenció la Ministra.

La reiteración de la Ministra en Davos (Suiza) de que “no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo”⁴ se basó en el cuestionado documento Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición energética justa originado en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el cual difiere de su último reporte fechado en mayo del año pasado. Según este las reservas probadas remanentes de gas natural con las que contaba el país eran de 3.16 TPC, las cuales al ritmo de producción y consumo promedio alcanzarían para entre 7.7 y 8 años. Por lo demás, ante un posible déficit de suministro, en momentos en los que la generación térmica, por necesidades operativas, lo demanda, se ha contado y se seguirá contando con las facilidades para la importación de gas por parte de la Regasificadora de la Sociedad portuaria El Cayao (Spec), con capacidad de 400 MMPCD, localizada en Cartagena.

Y sólo hasta Mayo de este año se conocerá el nuevo informe, actualizado al corte de dicha fecha y lo que reporta la ANH está basado en el informe que le rinden las empresas responsables de la operación de los campos en producción y ello aún no se ha dado. En las cuentas alegres de la Ministra, para justificar su aserto, incurre en el desmesura de sumar las reservas probadas + reservas posibles + reservas probables

+ reservas contingentes + reservas prospectivas, para concluir que las mismas podrían garantizar el autoabastecimiento hasta el 2037-2042. Pero los hechos son tozudos, las únicas reservas con las que a la fecha podemos contar son las probadas, las demás responden sólo a estimativos, sujetos a un alto grado de incertidumbre⁵.

Los mensajes de la Ministra son erráticos y contradictorios, pues al tiempo que se afirma que tenemos suficientes reservas como para garantizar autoabastecimiento hasta 2042, para descartar nuevos contratos de exploración y explotación de gas natural, se plantea la inminente necesidad de la importación de gas desde Venezuela. Esta versión ha cobrado fuerza en los últimos días al trascender la noticia de la cual fue portadora la agencia de prensa Bloomberg, que da cuenta de las tratativas entre la empresa Prodata Energy, con sede en Caracas, supuestamente autorizada por el gobierno de Nicolás Maduro para exportar gas a Colombia y la distribuidora Energy Transitions SAS, domiciliada en Bogotá.

A este cuento, como dicen en mi tierra, le falta un pedazo, porque, como lo afirma el Gerente del Grupo Energía Bogotá Juan Ricardo Ortega, “si van a traer ese gas desde Venezuela, tendrían que tener contratos con distribuidores y transporte. Nadie relevante ha tenido conversaciones de esa naturaleza y estos convenios toman tiempo en su maduración. Sorprende que la comercialización no la haga ECOPETROL”⁶. Y como es sabido el Convenio suscrito en su momento entre la estatal petrolera colombiana y PDVSA fue liquidado debido a su incumplimiento por parte de esta. Mi percepción es que, como dice el adagio popular, hay quienes están ensillando sin traer las bestias.

Desde luego, en el largo plazo no se puede descartar la integración energética entre los dos paises, como se intentó sin éxito por parte de los ex presidentes Alvaro Uribe y Hugo Chávez en 2004, cuando acordaron construir un gasoducto bidireccional que garantizara el abastecimiento de gas de ambos países, pero que sólo operó en un solo sentido, pues mientras Colombia le suministró 150 MMPCD de gas a Venezuela entre 2007 y 2015, Venezuela incumplió su compromiso de hacer lo propio a partir de 2016, cuando debió entregar un volúmen equivalente a Colombia. El Ministro de Comercio, industria y Turismo Germán Umaña fue enfático al precisar que “tenemos un vecino que tiene reservas inmensas de gas y como lo dijo el Ministro Ocampo puede haber una complementariedad”⁷ hacia el futuro.

Dos de las lecciones aprendidas de la crisis energética de la Unión Europea es que la Transición energética no debe poner en riesgo la seguridad energética y tan importante como ésta es la soberanía energética. Colombia, sobre todo después de este nefasto antecedente, no puede exponerse a un desabastecimiento dependiendo de Venezuela, tanto más en cuanto que, más allá de los 8 años de autoabastecimiento que tenemos asegurados, a la vuelta de 4 o 5 años se aspira y se espera que los nuevos descubrimientos de gas natural en Colombia (bloqué Tayrona: Uchuva ( una nueva Provincia gasifera y Gorgon) estén en producción.

En concepto del CEO de Frontera Energy, que opera en el país «en Colombia hay grandes yacimientos de gas para exploración y producción, por lo que consideramos que su extracción local debe ser una prioridad. La seguridad energética del país se debe construir con los recursos nacionales y el gas de Venezuela podría servir como respaldo«⁸ y sólo como eventual respaldo.

Ahora bien, huelga decir que para ser viable importar gas desde Venezuela esta debe contar con excedentes exportables así como con las facilidades de transporte del mismo. Y ni lo uno ni lo otro se podrá dar en el corto plazo. En cuanto a excedentes exportables, es muy dudoso, toda vez que las reservas y la producción de gas natural, en una altísima proporción están asociadas a la producción de petróleo, no se trata de gas libre y por lo tanto con la caída de la producción de petróleo desde los más de 4 millones de barriles/ día de enantes a menos de 750 mil barriles, la producción de gas ha caído en la misma proporción.

En cuanto a las facilidades para la entrega de gas a Colombia se requeriría en primer lugar reconstruir los 224 kilómetros de longitud (88 de ellos en territorio colombiano) del estragado gasoducto Antonio Ricaute, con capacidad de transporte hasta los 450 MMPCD, que une la Estación de Ballena en La Guajira con la Planta de Ramón laguna en el Estado Zulia y construir la infraestructura que permita traer el gas desde el Oriente de Venezuela hasta empalmar con el Antonio Ricaute. Uno y otro demandan ingentes recursos de inversión y tardarían en estar disponibles no menos de dos años.

Amylkar Acosta

Bogotá, febrero 21 de 2023 www.amylkaracosta.net

¹ Miembro de Número de la ACCE

² El Heraldo. Febrero, 19 de 2023

³ La República. Diciembre, 8 de 2022

⁴ Semana. Enero, 19 de 2023

⁵ Amylkar D. Acosta M. La Transición energética justa y responsable. Febrero, 5 de 2023

⁶ El Colombiano. Febrero, 21 de 2023

⁷ Semana. Febrero, 20 de 2023

⁸ La República. Febrero, 20 de 2023

La transición energética justa y responsable

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Feb 7, 2023. Publicado en Columnista invitado, Opinión.

En el año 2015 se firmó el Acuerdo de París en el marco de la Conferencia de las partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP21), en el cual se fijaron dos objetivos básicos: limitar el incremento promedio de la temperatura a 2 grados centígrados respecto a los niveles anteriores a la primera revolución industrial; segundo, redoblar los esfuerzos tendientes a impedir que el mismo sobrepase el umbral de 1.5 grados a finales de este siglo y tercero alcanzar la carbono – neutralidad en 2050, siendo este último, el de la descarbonización de la economía la clave para alcanzar los otros dos objetivos.

De la Transición energética /Energiew ende) se empezó a hablar desde las postrimerías del siglo pasado, cuando los movimientos ambientalistas reaccionaron en Alemania contra el avance de las instalaciones de reactores nucleares para generar electricidad, derivando posteriormente en el propósito manifiesto de descarbonizar el sector eléctrico migrando hacia fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), sobre todo después del Acuerdo de París.

Este énfasis en la descarbonización del sector eléctrico se explica porque en los países desarrollados, que son los mayores responsables del acumulado en la atmósfera de los gases de efecto invernadero (GEI) y de sus emisiones, tienen en el mismo la mayor fuente de emisiones con el 73.5%. No es el caso de Colombia en donde, a lo sumo, contribuye con el 34% de las mismas, habida cuenta de que el 68% de su capacidad instalada de generación de electricidad es de origen hídrico.

Huelga decir que las emisiones de GEI de Colombia son infimas en comparación con otros países, apenas representan el 0.55% del total de dichas emisiones. Las emisiones per capita de Colombia, alrededor de 1.6 toneladas de CO2 equivalente por persona al año, está muy por debajo del promedio mundial que oscila en torno a 4.5 toneladas e incluso del promedio de Latinoamerica, que tiene un registro de 2.6 toneladas. Dicho sea de paso, en Colombia la mayor fuente de emisiones de GEI está constituida por el cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería y sobre todo por alarmante deforestación, factores estos que sumados representan más del 55% de las emisiones de GEI. Por ello, coincidimos con el experto ambientalista Juan Pablo Ruiz cuando afirma que Colombia cumpla su compromiso de reducir sus emisiones en un 51% hacia el 2030, “la prioridad nacional debe ser reducir la deforestación, mejorar el manejo de la tierra y reducir la demanda interna de hidrocarburos”.

Además de las particularidades anteriores que acusa Colombia, hay una diferencia fundamental a la hora de definir la Hoja de ruta de la Transición energética entre aquellos países que dependen de la importación del petróleo, del gas y del carbón y Colombia, que también depende, pero de la producción y exportación de petróleo y carbón, sus dos principales renglones de exportación, superando el 50% de las mismas, así como de la generación de divisas, de ingresos para la Nación, que supera el 20% de los ingresos corrientes de la Nación, por concepto de renta petrolera y dividendos y más del 40% de los recursos para la inversión de las entidades territoriales, provenientes de las regalías que paga esta industria. Y de contera, en promedio, más del 35% de la inversión extranjera directa (IED) es atraída por el sector petrolero. Por todo ello planteamos la necesidad de una Transición energética a la colombiana, que se ajuste a sus particularidades y prioridades.

Las bajas emisiones de GEI por parte de Colombia y la reducida contribución a las mismas del sector eléctrico no la puede llevar a convertirse en el llamado peyorativamente polizón climático, cruzándose de brazos a la espera de que sean otros quienes hagan el esfuerzo tendiente a la descarbonización de la economía, pero tampoco debe asumir el papel de Atlas cargando a cuestas con el resto del mundo. Como bien lo dejó establecido la COP26, el mandato del Acuerdo de París y los compromisos adquiridos por los países que lo suscribieron, entre ellos Colombia, conllevan una “responsabilidad común pero diferenciada”, no se puede prorratear.

Es bien sabido que, no obstante esta ostensible dependencia de Colombia con respecto al petróleo, no es un país petrolero, toda vez que sus reservas son precarias y su producción, que no supera el 0.75 del total de la producción a nivel mundial, es limitada. Pero, como bien dice el ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes “debemos procurar que el petróleo y la minería no inhiban el desarrollo de moteros sectores, pero de ninguna manera dejar pasar oportunidades en minería y petróleo que no atenten contra el medio ambiente”.

Y tiene toda la razón, porque la verdad monda y lironda es que, como lo señala la Agencia internacional de energía, sólo a partir del año 2030 empezará a aplanarse la curva de demanda por petróleo en el mundo, superando los 100 millones de barriles/día y en el escenario más optimista, en el que los países cumplan al pie de la letra sus compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de París, el consumo de crudo superará los 93 millones de barriles/día. Y el principio keynesiano de que toda demanda crea su propia oferta es infalible, si no es Colombia quien lo produce y exporta siempre habrá quien ocupe su lugar, sus competidores, entre ellos el más próximo sería Venezuela. De modo que no porque Colombia lo deje de producir y exportar se dejará de consumir, de manera que serán otros países, nuestros competidores los que ocuparían el lugar de Colombia como proveedores. Bien dijo el economista y profesor de Harvard Ricardo Hausmann, “una reducción de la producción petrolera de Colombia no ayudaría al mundo, pues estimularía la producción de otras geografías, pero perjudicaría al país”.

La encrucijada para Colombia, entonces, es doble, estamos ante el riesgo de perder la autosuficiencia en materia de hidrocarburos, lo cual la obligaría a importar, afectando nuestra balanza comercial, porque no sólo dejaríamos de percibir divisas por la exportación de crudo, provocando una hiperdevaluación del peso, sino que deberá gastar sus escasas reservas de dólares para importar el crudo requerido para cargar las dos refinerías y evitar poner en riesgo el abastecimiento de combustibles.

Por eso, los expertos y conocedores del tema han considerado fuera de lugar las reiteradas declaraciones de la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez eran el sentido de que, como lo afirmó en el reciente Foro económico mundial de Davos, “no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y petróleo. Eso ha sido muy polémico a nivel nacional, pero es una señal de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático”. Esta afirmación tan categórica, que se ha convertido en un mantra para la Ministra, tomó por sorpresa a todo el mundo, empezando por la Viceministra de energía Belizza Ruíz y el sosegado Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, quien había dado cuenta de un acuerdo suyo con la Ministra Vélez de atenerse a los resultados de un estudio y de unas proyecciones, que la propia Ministra había dicho que se conocería en mayo de este año.

Para sustentar su sorpresivo anuncio la Ministra Vélez se apoyó en un controvertido estudio hecho en volandas y con notoria falta de rigor técnico, que deja más dudas que certezas. En el mismo, aunque no se llega explícitamente a la conclusión de no conceder nuevos contratos, quien lea el controvertido y cuestionado documento Balance de contratos de hidrocarburos para la Transición energética justa, contenido en 32 páginas, avalado por el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), piedra de escándalo y publicado el pasado el 13 de diciembre, entre líneas, observa que toda la argumentación está basada en cifras sesgadas e imprecisas que no resisten un análisis serio pero que inducen a dicha conclusión.

Es de anotar que la Viceministra, quien aparece firmándolo, al apartarse de la opinión de la Ministra por considerar que las cifras utilizadas están sesgadas, son imprecisas y débil su argumentación, manifestó que su “nombre fue puesto allí para legitimar esas cifras y ese texto. Una vez leído, estoy en completo desacuerdo con ese documento”⁶. Y la verdad sea dicha, ni el documento lo plantea ni puede colegirse del mismo, como lo hizo la Ministra, en forma errada y errática, que no se firmen nuevos contratos. Bien se ha dicho que una mala causa empeora cuando se la trata de defender.

Según la Ministra Vélez, si se suman las reservas probadas, probables y posibles y además se les agrega el desarrollo de los recientes descubrimientos de Uchuva y el bloque integrado de evaluación hechos por ECOPETROL y sus socios en el Caribe offshore se garantizará el suministro de gas más allá del 2037. Y va más lejos aún al asegurar que si se le adicionan los recursos prospectivos actuales se extendería dicho horizonte hasta el 2042 (¡!)⁷. Estas son cuentas alegres como las de La lechera de Samaniego, que nos enseñó la vanidad de girar sobre el futuro cuando ni el presente está seguro. Según el Presidente de la Asociación de Geólogos y Geófisicos del petróleo Flover Rodriguez no se pueden confundir los recursos probados, probables y posibles (1p, 2p y 3p) con los contingentes y prospectivos. Estos últimos “están aún lejos de ser reservas, ya que estas deben ser descubiertas y ellas no lo son”⁸. En síntesis, no se pueden sumar peras con manzanas.

Por lo demás, una de las mayores limitaciones del documento de marras es que no va más allá del mero balance de los contratos, cuando la decisión sobre si se firman o no nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos tiene unas implicaciones que van mucho más allá, tales como el impacto de tal decisión en la balanza comercial del país, el impacto fiscal, cambiario, en la afluencia de inversión extranjera, entre otros. Por ello es entendible la posición asumida por el Director de crédito público del Ministerio de Hacienda José Roberto Acosta, persuadido cómo está de que el Ministerio de Minas y Energía es la caja registradora del Estado, al salirle al paso a la Ministra Vélez y advertir que pese a su anuncio de un no rotundo a la firma de nuevos contratos “no se ha tomado la decisión sobre la suscripción de nuevos contratos de exploración. No es una decisión de gobierno…Lo dicen las cifras, necesitamos más contratos de exploración”⁹. Él la tiene clara, sabe que lo que está en juego es la estabilidad macroeconómica del país.

Es evidente que los platos rotos de una decisión tan desatinada como la de marchitar la actividad hidrocarburífera en el país la pagarían los próximos gobiernos, porque debido al efecto inercial y a la actual coyuntura de altos precios el cuatrienio del Presidente Gustavo Petro, irónicamente, va a pasar a la historia como el de mayores exportaciones de petróleo y de carbón con cifras récord tanto en volúmenes como en ingresos de divisas. De hecho en 2022 Colombia se destacó como el tercer país en crecimiento de sus exportaciones, con el 49%, después de Trinidad y Tobago (69%) y Venezuela (63%), gracias a las mayores exportaciones de petróleo y carbón. Según las estimaciones de CORFICOLOMBIANA sólo la estatal ECOPETROL le transferirá a la Nación este año $52.5 billones y contribuirá con el 3.4% del PIB.

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La apuesta por la Rap del Caribe

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Ene 30, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Enhorabuena el pasado 26 de diciembre la señora Gobernadora del Atlántico, que funge como Presidenta del Consejo regional administrativo de Planeación, Elsa Noguera y los demás gobernadores de los 8 departamentos que integran la Región administrativa y de Planificación (RAP) del Caribe, resolvieron ponerla en marcha. Me ha cabido en suerte a mí, por generosidad y expresa voluntad de ellos, la responsabilidad de conducir dicho proceso hasta llevarlo a puerto seguro. Honor que me hacen, de lo cual les quedo muy reconocido. Con esta ya son 7 RAP que operan en el país, cada una de ellas en la región de su jurisdicción.

Este 1 de febrero, con su puesta en funcionamiento, es una fecha memorable para el Caribe colombiano y constituye un hito histórico en la denodada y perseverante lucha por reivindicar la autonomía y el desarrollo regional. Bien se ha dicho que la historia trabaja para nosotros a condición de que nosotros trabajemos para ella y este es el caso.

Como antecedente más remoto tuvimos la Ley 76 de 1985, mediante la cual se crearon las regiones de planificación, más conocidas como CORPES, las cuales dejaron de operar desde el año 2000. Luego la Asamblea Nacional Constituyente, gracias a la intervención de los delegados de la región en la misma (Eduardo Verano, Carlos Rodado, Eduardo Espinoza, Juan B Fernández, Raimundo Emiliani y Orlando Fals Borda), al expedir la nueva Constitución de 1991, no sólo consagró el principio de la autonomía (artículos 1 y 287) sino que le dio vía libre a las regiones para que se pudieran constituir como RAP primero y como entidades territoriales (RET) después, de conformidad con los artículos 306 y 307, como destino final.

Luego, mediante el voto directo del constituyente primario, 2.5 millones de ciudadanos despositaron en las urnas en las elecciones al Congreso de la República en mayo de 2010 el Voto Caribe con el mandato de constituir la región Caribe como entidad territorial como meta a alcanzar, “para que promueva un desarrollo económico y social en nuestro territorio, dentro del Estado y la Constitución colombiana”.

En respuesta a este hecho político se aprobó por parte del Congreso de la República la Ley 1454 de 2011 de ordenamiento territorial (LOOT), la cual, según lo prevé la Carta, es requisito sino quanom para la aprobación de la RAP y de la RET. Pero dicha Ley, lejos de viabilizar la constitución de las mismas la obstruyó poniéndole barreras y cortapisas, emasculádolas además al dejarlas sin fuentes de ingresos para su funcionamiento.

Fue necesaria la expedición de la Ley 1961 de 2019, de fortalecimiento de las RAP, para destrabarla, la cual fue reglamentada mediante el Decreto 900 de 2020. Tuvimos que esperar 20 años para que las RAP vinieran a llenar el vacío dejado por los CORPES. Las RAP, constituyen una especie de escala técnica, de meta volante, para alcanzar la meta final que son las RET. Bien dijo el gran alemán Max Weber, “toda experiencia histórica confirma la verdad de que no se hubiera obtenido lo posible sino se hubiese pugnado, una y otra vez, por alcanzar lo imposible”.

Las RAP están llamadas a contribuir a la integración regional, a promover una mayor y mejor artículación entre los departamentos que las integran y entre estos y las instancias nacionales de gobierno. Con ellas las regiones se empoderan aún más y ganan en capacidad de interlocución frente al Gobierno central, para dejar de ser alfil sin albedrío del agobiante y esterilizante centralismo.

Son muchos los retos que tenemos por delante y no podemos ser inferiores a ellos. Bien sabemos que, como dice Karl Popper “el futuro no está predeterminado, todos nosotros contribuimos a determinarlo”. Y para ello tenemos que concitar todas las energías de todos!

Sumados son 8 los departamentos que integran la RAP del Caribe, pero juntos, unidos, somos más y más fuertes. Vivimos un momento excepcional, pues por tercera vez en nuestra vida republicana, después de Juan José Nieto y Rafael Núñez, un hombre del Caribe, Gustavo Petro, ocupa el Solio de Bolívar el Libertador.

Barranquilla, febrero 1 de 2023

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Ilustre e ilustrado profesor

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Ene 23, 2023. Publicado en Columnista invitado, Opinión.

Siento mucho la partida de mi ilustre e ilustrado profesor y amigo Jorge Eduardo Cock Londoño, un ser excepcional y de aquilatadas calidades personales e intelectuales, con un gran prestigio ganado en franca lid a lo largo de sus años dedicados a la docencia, a la investigación, a la empresa privada, como servidor público de una probidad diamantina y en sus últimos años dedicado a ejercer un liderazgo socioambiental, siempre preocupado por la suerte de su país, al que sirvió sin cálculos ni mezquindades. Se preciaba y ufanaba de ser “el celador del planeta” y a fe que lo fue, sus columnas en el diario El tiempo y en el portal Las 2Orillas dan buena cuenta de su compromiso con la causa ambientalista.

Economista de profesión, egresado de la Facultad de economía de nuestra Alma Mater, la Universidad de Antioquia, de la cual fue posteriormente profesor. Yo tuve el privilegio de tener como profesores a dos eminencias del intelecto, a él en la introducción a la economía y al también fallecido Carlos Gaviria Diaz en introducción al Derecho. Recibí de él mis primeras nociones y rudimentos de la economía, la ciencia lúgubre de la que hablaba Carlyle, a través de su cátedra de Cultura económica básica en mi primer semestre de economía, teniendo como texto de referencia la obra cumbre del Nobel de economía 1970 Paul Samuelson Curso de economía moderna, lo que me llevó a abrazar desde entonces la escuela del keynesianismo.

Pero mi relación con Jorge Eduardo y mi admiración por él trascendió la del alumno y el profesor para trabar una amistad que se mantuvo hasta el final de sus días. Cuando no era yo quien lo llamaba para escuchar sus sabios consejos y sus enjundiosos conceptos era él quien lo hacía indagándome sobre mi postura a propósito de la marcha de la economía y sobre el curso de proyectos tan controvertidos como el de La quebradona en el Municipio de Jericó (Antioquia). De él podría decirse que, al igual que el Cofrade Alfonso Palacio Rudas, no tragaba entero.

Cómo no recordar su paso por la gerencia de CARBOCOL, empresa estatal que se asoció con INTERCOR, filial de la multinacional EXXON para explotar el yacimiento de El Cerrejón en mi tierra, La Guajira. Él, junto con el entonces Ministro de Minas y Energia Carlos Rodado Noriega, fue protagonista de la declaratoria de comercialidad de dicho proyecto en el año 1982. Así despuntó en Colombia la actividad extractiva del carbón a gran escala, hasta convertir a Colombia en un jugador en las grandes ligas del mercado del mineral y este en el segundo renglón de exportación y generador de divisas para el país.

El avezado profesor, quien, además, se desempeñó como representante de Colombia ante el Banco Mundial, se desempeñó después, en la administración Samper, con lujo de competencia, como Ministro de Minas y Energía. Desde entonces se convirtió en un obligado referente en el país en cuanto a las políticas públicas en este sector de la economía y en una voz autorizada y escuchada con respeto en los medios académicos.

Como tuve ocasión de expresárselo a su esposa y compañera de vida Beatriz, el deceso de Cock Londoño constituye una pérdida irreparable para Antioquia, que lo tenía en tan alta estima y para el país todo. Nos enseñó el apóstol de la democracia José Martí que “la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida” y este es el caso de nuestro apreciado amigo y contertulio de todas las horas Jorge Eduardo, a quien vamos a extrañar y nos va a hacer mucha falta, su inteligencia y su sapiencia la vamos a echar de menos.

Ello es tanto más cierto en tanto que fue un gran pensador. Pese al agobio de su quebranto de salud, mantuvo hasta el final esa enorme capacidad de análisis y discernimiento que nunca lo abandonaron. Él, como los barcos que se hunden en medio del fragor de la batalla, en su caso por su vida, se nos fue con las luces encendidas.

Van para su esposa Beatriz y sus hijos Clara, Nicolás y Catalina, nuestras más sentidas condolencias. Paz en su tumba!

Amylkar Acosta

Bangkok, enero 17 de 2023

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¡Oh paradoja!

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Ene 16, 2023. Publicado en Columnista invitado, Opinión.

Amylkar Acosta M[1]

No puede ser más paradójico, mientras Colombia está en el radar de la Transición energética a nivel global en un lugar muy destacado y se convierte en un polo de atracción de las inversiones en proyectos para generar energía a partir de fuentes no convencionales y renovables (FNCER), la ejecución de los proyectos que fueron asignados en las tres subastas que tuvieron lugar entre el 2019 y el 2020, la primera de Obligaciones de Energía Firme (OEF) del cargo por confiabilidad y las dos últimas convergentes, que compromete 2.400 MW de potencia, llegándose a acuerdos de compra – venta de energía entre generadores y comercializadores a 15 años, está empantanada y la entrada en operación de los mismos al Sistema Interconectado Nacional (SIN) se atrasa y pospone debido a obstáculos que lo han impedido.

En efecto, Bloomberg NEF (por sus siglas en inglés), un servicio de Bloomberg Professional, considerada como una de las plataformas más prestigiosas y consultadas del mundo financiero, en su más reciente reporte del climatescope (o climascopio en español), fechado el pasado 18 de noviembre, mediante el cual mide los avances alcanzados en materia de Transición energética y en descarbonización del sector energético, ubicó a Colombia entre los primeros cinco países que más y mejor están desarrollando e impulsando la generación y uso de las energías renovables y limpias, particularmente la eólica y la solar – fotovoltaica, aprovechando el potencial de las mismas que ofrece el Caribe colombiano, en especial el Departamento de La Guajira.

Destaca en su Informe que “por primera vez en la historia, Colombia se ubica entre las cinco primeras naciones. Las políticas estables de energía limpia y los incentivos transparentes han impulsado al país al cuarto lugar este año desde el puesto 13 en el estudio del año pasado”. En la región es superada sólo por Chile que ocupó el primer lugar en el escalafón. La verdad sea dicha, el mérito de Colombia para dar ese salto en el ranking en esta métrica radica fundamentalmente en la expedición de la Ley 1715 de mayo de 2014 que estimula e incentiva las FNCER primero, a las subastas para asignar los proyectos y finalmente la entrada en vigencia de la Ley 2099 de julio de 2021, que vino a reforzar y a ampliar el espectro de los beneficios de la Ley anterior a las energías renovables.

En el mismo reporte, además, pone de relieve que “Chile, Colombia, Brasil, Perú y República Dominicana son los países más atractivos para la inversión en energías renovables en América Latina, según la encuesta climascopio. De hecho, las cuatro naciones principales de la región se encuentran entre los 20 mercados más atractivos para la inversión en energía limpia en general. Un factor en común es que todos ellos tienen políticas bien establecidas y efectivas, además de sectores de energía estructurados abiertos a inversores privados”.

En el caso de Colombia, particularmente, la inversión en FNCER alcanzó un máximo histórico el año anterior, redondeando la cifra de los US $952 millones, desglosándose en US $678 millones en parques eólicos, para una participación del 71% y US $274 millones en granjas solares – fotovoltaicas, que representa el 29% restante del total. La inversión en estas últimas experimentó un auge inusitado con un crecimiento exponencial de más de 18 veces entre los años 2017 y 2021 (¡!):

No obstante, concomitantemente con este gran posicionamiento de Colombia, que se debe, como ya lo dijimos, a su desarrollo normativo y regulatorio y al gran apetito que han despertado de la inversión y los inversionistas para ejecutar los proyectos, estos han tropezado con el que yo no he dudado en calificar como el nudo gordiano del desencuentro entre las empresas desarrolladoras de los mismos y las comunidades indígenas, que ha impedido superar con éxito las consultas previas que, por ministerio de la Ley, se debe tramitar. Y mientras este paso no se surta el Grupo Energía Bogotá, que tiene a su cargo la instalación de la estación colectora en el Municipio de Uribia, al norte de La Guajira, la energía que generen los parques eólicos quedará confinada in situ sin poder transportarse hasta La Loma y Bosconia (Cesar), en donde empalmarán las líneas de transmisión con el SIN.

De la misma manera que la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez ha anunciado y se ha propuesto a destrabar los contratos firmados entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y las empresas petroleras con el fin de activar la búsqueda y hallazgo de mayores reservas de crudo para conjurar el fantasma de las importaciones, debería también dar los pasos conducentes para desatascar estos proyectos que el Sistema energético está requiriendo a gritos y sin los cuales la aceleración de la Transición energética justa que pregona el gobierno se va a quedar en sólo anuncios. Por lo pronto marcha a paso de tortuga y al paso que van su operación no se va a dar antes del 2024 (¡!). A ello no deben ser ajenos ni el Gobernador de La Guajira José Jaime Vega ni el Alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez. Para luego es tarde!

Cota, enero 14 de 2023

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[1] Miembro de Número de la ACCE

Los retos de la economía colombiana

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Ene 9, 2023. Publicado en Opinión.

La economía colombiana, como la del resto del mundo, no ha terminado de reponerse ni resarcirse de la recesión del 2020, ya que la reactivación de la economía global se vio interrumpida primero por la crisis de los contenedores, que atiborraron los principales puertos de China y de otros países, afectando la cadena de suministro y encareciendo los fletes y cuando se empezaba a superar este impasse se desató el conflicto de los países que hacen parte de la OTAN, encabezados por EEUU, con Rusia por su invasión a Ucrania, lo cual derivó en unas sanciones muy severas contra Putin, precipitando una tormenta perfecta que está lejos de disiparse porque la guerra se prolonga y podría extenderse y las sanciones también.

La economía colombiana, entonces, cierra el año 2022 con un crecimiento del PIB que supera el 7%, producto del efecto rebote y comienza el 2023 con una marcada tendencia a la desaceleración del ritmo de crecimiento, entrando en barrena. Después de haber alcanzado un pico de crecimiento del 17.2% en mayo del año pasado, el mismo ha venido perdiendo fuerza e impulso y termina el año en su cuarto menguante. Es así como el crecimiento del PIB el tercer trimestre de 2022 con respecto al trimestre anterior fue escasamente del 1.6% (¡!).

De acuerdo con la previsión del Banco de la República, se espera un crecimiento anémico de la economía, reduciéndose a un exiguo 0.5%, lo cual repercutiría en una sensible reducción del PIB per cápita, toda vez que dicho crecimiento estaría por debajo del crecimiento vegetativo de la población, lo cual sólo se ha dado en Colombia dos veces en los últimos 23 años, durante la recesión económica en 1999 y en 2020 a consecuencia de la crisis pandémica. Y, lógicamente, ello también incidirá en una merma del ingreso y la capacidad adquisitiva de los colombianos en 2023.

Ello será otro lastre con el que tendrá que cargar el crecimiento de la economía, ya que en el último tramo del año anterior el consumo de los hogares ha sido uno de los mayores impulsores del crecimiento del PIB, tanto más en cuanto que se ha visto impactado y de qué manera por la inflación galopante, que en lo corrido del año anterior hasta el mes de noviembre se trepó hasta el 12.54%, superando en más de 7 puntos porcentuales la del mismo período del 2021. Esta inflación, que tiene un gran componente importado, sólo se compara con la que se registró hace 23 años.

También ha influido en el comportamiento del ritmo inusitado de la inflación la devaluación del 20% del peso frente al dólar, ya que es más lo que importamos que lo que exportamos y entre los primeros se cuentan además de bienes terminados muchos insumos para el sector agrícola e industrial. La cotización del dólar llegó incluso a superar la barrera simbólica de los $5.000 el 3 de noviembre del año anterior.

La Junta del Banco de la República, en su afán de contener esta escalada alcista de los precios y de paso responder a la seguidilla de aumentos en la tasa de intervención decretada por la Reserva federal, que ha provocado un éxodo de capitales desde los demás países, incluido Colombia, hacia EEUU, ha venido también incrementando la tasa de interés de intervención desde el 3% de un año atrás al 12% actual con el que cerró el 2022.

Como es obvio, ello se ha traducido en una restricción y encarecimiento del crédito, sin lograr su cometido de contener la inflación. El comportamiento de la Junta del Banco emisor es lo más parecido al perro que da vueltas sobre su propio eje tratando en vano de morderse la cola. En consecuencia, el costo del crédito es el más alto desde 2001 (¡!). Con las medidas tomadas el Banco de la República aspira y espera que para finales de este año la inflación se reduzca hasta el 7% y regrese a su meta de inflación objetivo de 3% sólo en 2024. Lo ha dicho en forma rotunda el Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, para el 2023 “en vez de más inflación y tasas de interés, esperamos menos inflación y bajas en las tasas de interés”².

El sector externo se ha visto favorecido por el aumento sin precedentes de los precios de sus dos principales productos de exportación, como los son el carbón y el petróleo, aupados por la crisis energética global que se desató a raíz de la confrontación de los países que integran la OTAN, encabezados por EEUU y Rusia³. Y muy seguramente esta tendencia se va a mantener en el curso de este año por el doble efecto de la inercia, de los mayores volúmenes y mejores precios ya negociados de sus exportaciones y de contera por la prolongación del conflicto en Ucrania. En el caso del petróleo habrá de contribuir a mantener sus precios al alza el anuncio de Putin de no venderle petróleo a los países rivales.

En medio de los vientos cruzados que soplan a nivel internacional y la incertidumbre que generaron los primeros anuncios de la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez, de parar en seco la firma de nuevos contratos petroleros y del Director de la Agencia Nacional Minera (ANM) de hacer lo propio en minería, llama poderosamente la atención el comportamiento de la inversión extranjera directa (IED) en el sector minero-energético. Al cierre de octubre pasado el total de la IED creció el 62.8% con respecto al mismo período del año anterior, ascendiendo a la suma, nada despreciable, de US $9.491 millones. Según el Banco de la República desde el 2015 no se registraba una cifra tan alta como esta. Se destaca el hecho que entre petróleo y minería acaparan el 72% del total de la IED, con US $6.866 millones, para un incremento del 77.7% con respecto a los primeros diez meses del 2021.

El mayor reto que tiene la economía colombiana para este año es sortear los factores desestabilizadores que vienen desde el exterior, que no favorecen la reactivación, largamente aplazada, los cuales se transmiten a través de los vasos comunicantes de nuestra balanza de comercio exterior, en momentos en los que el déficit en la cuenta corriente de la Balanza de pagos supera el – 7% (¡!)⁴. Le tocará maniobrar con mucha habilidad al Ministro Ocampo para que la economía colombiana tenga un aterrizaje suave este año y evitar a toda costa un aterrizaje forzoso!

Amylkar Acosta

Bogotá, enero 1 de 2023

www.amylkaracosta.net

¿Hidroicuando?

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Nov 28, 2022. Publicado en Opinión.

La advertencia de XM

Una vez más me veo en la penosa necesidad de referirme a la problemática planteada por la sucesión sucesiva de sucesivos aplazamientos de la entrada en operación del megaproyecto de HIDROITUANGO, para tratar de desentrañar sus causas y consecuencias. Como se recordará este proyecto, caracterizado y catalogado, dada su envergadura, fue declarado como de interés estratégico nacional (PINE), a la luz del documento CONPES 3762 de 2013.

Y no era para menos, dada su capacidad de generación de 2.400 MW de potencia, disponiendo de 8 unidades con capacidad de generación de 300 MW cada una de ellas. Está en juego nada menos que el 17% de la demanda de energía eléctrica del país. Para el Plan de expansión eléctrica de la Unidad de Planeación Minero – energética (UPME) este proyecto es clave para garantizar la confiabilidad y firmeza del Sistema interconectado nacional (SIN). Su atraso ha venido estresándolo y presionando al alza los precios y las tarifas de energía a los usuarios, a quienes se les trasladan los costos de las restricciones provocadas¹ y exponiendo al país al riesgo de un eventual racionamiento del servicio de energía en los próximos años.

En efecto, lo acaba de advertir XM, la empresa responsable de la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de administrar el Mercado de Energía Mayorista (MEM): “en dos años, si hay un fenómeno del Niño, HIDROITUANGO no entra, las renovables se siguen retrasando y la demanda crece por encima del escenario medio de la Unidad de Planeación Minero-energética (UPME), vamos a racionar. Desde ya lo decimos”². No hay que perder de vista que los episodios que ha tenido el país de racionamiento del servicio de energía, todo ellos, han tenido como causa – raíz el atraso en la ejecución de proyectos tan importantes como lo son estos dos. En todos los casos lo que precipitó el racionamiento fue el fenómeno del Niño, fenómeno extremo que se debe al Cambio climático, que es recurrente, cada vez más frecuente, más intenso y duradero. A ello estamos expuestos nuevamente y no contamos con un Plan B³.

¿Y de la advertencia local qué?

Hace cuatro años, en abril de 2018, cuando se presentó la contingencia que paralizó el proyecto este tenía un avance del 84.3% y la misma lo reversó hasta el 60%, representando un enorme reto su superación y recuperación. Ello trajo, entre otras consecuencias la expedición por parte de la Autoridad de licencias ambientales (ANLA) la Resolución 820 del 1º de junio del mismo año, mediante la cual suspendió la Licencia ambiental que le había otorgado. En dicha Resolución se dispuso, como medida cautelar “la suspensión inmediata de todas las actividades regulares relacionadas con la etapa de construcción, llenado y operación del embalse, que hacen parte de las actividades que se llevan a cabo dentro de la ejecución del proyecto”⁴. Sólo le es permitido al consorcio constructor adelantar las actividades y trabajos tendientes a “prevenir y mitigar los riesgos asociados a la contingencia presentada” ⁵ , tales como poner a funcionar el vertedero o la recuperación de la casa de máquinas.

En el mismo acto administrativo le requirió a EPM de Medellín presentarle un dictamen pericial como requisito sine qua nom para reconsiderar la medida⁶. Para tal efecto y dando cumplimiento al mismo se contrató a la consultora chilena Pöyry, la cual produjo un Informe muy prolijo, el cual le fue presentado a la ANLA para su consideración. Según el vocero de esta, “con base en sus propios análisis, la ANLA definirá si lo consignado en el documento de Pöyry cumple con lo solicitado para un eventual levantamiento de la medida preventiva impuesta a HIDROITUANGO”⁷.

Continúa diciendo la ANLA que “teniendo en cuenta el propósito de las medidas preventivas de suspensión de actividades, de acuerdo con lo dicho y sustentado técnica y jurídicamente y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, la medida preventiva aquí impuesta únicamente será levantada cuando se verifique técnicamente la superación de los hechos o causas que dieron origen a su imposición, atendiendo al cumplimiento de cada una de las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

Dicho propósito se logrará una vez sea posible expedir un acto administrativo que determine el cumplimiento de los requisitos para su levantamiento, previo el escrutinio técnico de la totalidad de la documentación entregada a esta Autoridad, y las verificaciones técnicas a que haya lugar en las que se determine que con su ejecución no se ponen en riesgo los recursos naturales”⁸. Como bien lo dijo, con toda claridad, el equipo que destacó la Autoridad de licencias ambientales para este caso, con ocasión de su visita de campo al proyecto, “la ANLA realiza los pronunciamientos a través de actos administrativos”⁹. Y que se sepa, este acto administrativo “que determine el cumplimiento de los requisitos” ¹⁰ para el levantamiento de la suspensión de la Licencia ambiental no se ha expedido.

Si este es el caso, sería muy grave, puesto que estaríamos en presencia de semejante proyecto en plena ejecución sin contar con la Licencia ambiental, porque la misma sigue suspendida y la medida cautelar dispuesta por la ANLA está en pleno vigor. Esto es insólito y no tiene precedentes (¡!). EPM y sobre todo la ANLA deberían hacer claridad sobre este particular, ya que se puede pecar por acción en el primer caso y también por conducta omisiva en el segundo.

Leer texto completo:

HIDROICUANDO, ENTRE LA SINDÉRESIS Y LOS DESVARÍOS by Confidencial Colombia on Scribd

1 Amylkar D. Acosta M. La hiperinflación de las tarifas de energía. Septiembre, 7 de 2022

2 El Tiempo. Noviembre, 11 de 2022

3 Amylkar D. Acosta M. Alerta naranja. Noviembre, 20 de 2022

4 ANLA. Resolución 820 de 1º de junio de 2018. Artículo primero 5 ANLA. Resolución 820 de 1º de junio de 2018. Artículo segundo 6 Amylkar D. Acosta M. Hidroicuando? Enero, 16 de 2021

7 El Colombiano. Enero, 18 de 2022

8 ANLA. Resolución 820 de 1º de junio de 2018. Condiciones para el levantamiento de la medida preventiva.

9 Ídem

10 Ídem

!Alerta naranja!

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Nov 21, 2022. Publicado en Opinión.

Lo acaba de advertir XM, la empresa responsable de la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de administrar el Mercado de Energía Mayorista (MEM): “en dos años, si hay un fenómeno del Niño, HIDROITUANGO no entra, las renovables se siguen retrasando y la demanda crece por encima del escenario medio de la Unidad de Planeación Minero-energética (UPME), vamos a racionar. Desde ya lo decimos”. Y qué es lo que está pasando, ¿cuál es el peligro que nos acecha, que nos lleva a que el sistema energético del país esté en alerta naranja?

Como es bien sabido, el megaproyecto de HIDROITUANGO tiene un atraso de 4 años para la entrada en operación de las 8 unidades, de 300 MW de potencia cada una, para completar los 2.400 MW, que representan el 17% de la capacidad instalada de generación. A 17 días de cumplirse el segundo plazo que le extendió la CREG a EPM para el arranque de las primeras turbinas, el Gerente de la empresa Jorge Andrés Carrillo oficializó la solicitud de un plazo mayor “para la entrada en operación…por el tiempo necesario para atender nuevos requerimientos fijados por las autoridades”. Es decir que sigue siendo incierto cuándo será ese cuando que se podrá contar con esta energía.

De otra parte, como es bien sabido, como resultado de las tres subastas que han tenido lugar en las que se ofertaron otros 2.400 MW, aproximadamente, esta vez a partir de la generación de energía renovable por parte de 16 parques eólicos que se han de instalar en La guajira, que cuenta con el mayor potencial tanto de energía eólica como solar – fotovoltaica. Pero, para la operación de estos proyectos y la inyección de la energía que se genere al Red de transmisión nacional (RTN) se requiere disponer de una Estación colectora, que se instalará en el Municipio de Uribia. Desde esta ha de partir una línea de conducción a 110 KV hasta la Subestación de Cuestecitas, desde donde se bifurcará tendiendo dos líneas, que empalmarán con la RTN en la Loma y en Bosconia (Cesar).

Esta infraestructura debería estar lista este año para empezar a generar y transmitir la energía para atender la demanda del fluido eléctrico a nivel nacional. No obstante, la ejecución de los proyectos de la Colectora y la red de transporte de la energía hasta la Subestación de Cuestecitas tienen un atraso mayor, a tal punto que según el presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB) Juan Ricardo Ortega, responsable de los mismos, si se radica el estudio de impacto ambiental (EIA) ante la Autoridad de licencias ambientales (ANLA) el próximo año, la obra estaría lista en 2024”. Serían dos años de atraso y eso siempre y cuando se concluyan con éxito las consultas previas pendientes, con más de 200 comunidades, que se han convertido en el nudo gordiano, puesto que sólo cuando ellas se surtan podrá el GEB radicar en la ANLA el EIA y la solicitud de la Licencia ambiental para su aprobación, no antes, y sin la Licencia ambiental no pueden iniciar la ejecución de obras. Así las cosas, mientras no se supere este impasse, la energía que llegue a generarse en los parques eólicos quedará atrapada en ellos, trocándose en parques de ventiladores.

No hay que perder de vista que los episodios que ha tenido el país de racionamiento del servicio de energía, todo ellos, han tenido como causa – raíz el atraso en la ejecución de proyectos claves como lo son estos dos. Así ocurrió en 1976 por el atraso de CHIVOR y GUATAPÉ, en 1981 de CHIVOR 2 y San Carlos y la tapa fue el gran apagón, que significó el racionamiento del 15% del fluido eléctrico durante 14 meses entre 1992 y 1993, siendo el atraso del GUAVIO y Porce 2 el detonante del mismo. En todos los casos anteriores lo que precipitó el racionamiento fue el fenómeno del Niño, fenómeno extremo que se debe al Cambio climático, que es recurrente, cada vez más frecuente, más intenso y duradero. A ello estamos expuestos nuevamente.

Huelga decir que los proyectos de HIDROITUANGO en Antioquia y los parques eólicos en La Guajira, que sumados representan el 27% de la demanda de energía a nivel nacional, son complementarios y se respaldan mutuamente, de manera que la suerte del uno va uncida a la del otro. Precisamente, la mayor importancia que tiene la integración y acoplamiento de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), particularmente la eólica y las solar – fotovoltaica, es la de robustecer, diversificar aún más y darle mayor resiliencia frente al Cambio climático a la matriz energética del país.

Es urgente, entonces, superar los desencuentros entre las empresas desarrolladoras de los parques eólicos en La Guajira, que tiene en ellos, como lo he dicho y lo repito, una ventana de oportunidad. Hemos insistido en que el pueblo Wayü, cuyas comunidades están asentadas en el área de influencia de estos proyectos, que son sus territorios, declarados por la Ley como Resguardo indígena, debe ser el primer beneficiario de los mismos, empezando por el acceso a la energía, tal y como lo dispone el 7º de los Objetivos del desarrollo sostenible (ODS). Bien dice el antropólogo guajiro Weildler Guerra que “la experiencia adquirida nos muestra que nadie debería construir su paraíso con el infierno de los otros”.

El camino para lograrlo está contemplado en el documento CONPES 4075 del 29 de marzo de este año, en el cual se trazan los lineamientos de la Política de Transición energética, el cual plantea que ello pasa por “el diálogo social para involucrar y proteger” a las comunidades. Ahora que la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez, anunció un “diálogo social” para la elaboración de la nueva “Hoja de ruta de la Transición energética justa en Colombia”, será muy importante no apartarse de estos criterios. El Gobierno Nacional, el Departamento, los municipios y las organizaciones sociales, todos a una, deben hacer el acompañamiento de estos procesos para destrabar la marcha de los proyectos, para que La guajira y los guajiros sepamos aprovechar esta oportunidad.

1 Miembro de Número de la ACCE

Entre la insatisfacción y la incertidumbre

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Nov 14, 2022. Publicado en Opinión.

Sigue latente la indignación de los usuarios del servicio de energía por el alza desmesurada que han tenido las tarifas de energía en los últimos meses, afectándoles el bolsillo y el poder adquisitivo. En primera instancia el presidente Gustavo Petro, haciendo eco de la protesta ciudadana anunció medidas e incluso amenazó con intervenir la CREG, si ello era necesario para reducirlas. Siguiendo sus instrucciones, la ministra de Minas y Energía Irene Vélez le hizo un llamado a los generadores y comercializadores de energía para que renegociaran sus contratos bilaterales con el fin de rebajar la tarifa en un rango entre el 4% y el 8%, objetivo este que se cumplió a medias, dejando insatisfechos a los usuarios porque al final la reducción de la tarifa fue irrisoria. La propia ministra reconoció que la rebaja no había ido más allá del 2.7%. Este fue un verdadero parto de los montes²

Y no era para menos, pues dicha renegociación se circunscribió prácticamente a la revisión y cambio, que efectivamente se dio, del indexador aplicado a la tarifa, el Índice de precios al productor (IPP), que, como se recordará dio un salto desde el 4% en 2020 al 34%. En efecto, acordaron que, en adelante, se utilizará como indexador en la fórmula tarifaria el menor valor que se registre entre el IPP y el Índice de precios al consumidor (IPC).

En vista de que este pequeño alivio, producto, de lo que llamó la ministra un Pacto por la justicia tarifaria, no le movió la aguja a la factura que les llegó a los usuarios este mes de noviembre, cuando la expectativa era mayor, la Ministra anunció en su visita a Barranquilla, ante el requerimiento que le hicieron los usuarios y las autoridades regionales, vendrá “una segunda fase para que en términos regulatorios se puedan renegociar a final de año más de 900 contratos entre generadores y comercializadoras”. Este anuncio ha causado desazón e incertidumbre entre estos porque temen que el gobierno le meta mano a las tarifas y por esta vía se llegue a comprometer la suficiencia financiera de las empresas.

Analizando las causas y las consecuencias de las desmedidas alzas de las tarifas del servicio de energía, desfasadas con respecto a la tasa de inflación, que alcanzó el 12.2 % anual al corte del mes de octubre, la preocupación persiste porque no se avizora una solución de fondo s esta problemática en el corto plazo y ello angustia a los usuarios, tanto los regulados como los no regulados. Cabe advertir que el aumento pudo haber sido mayor de no aplicarse la llamada opción tarifaria, que es2 un truco que se inventaron para amortiguar el impacto del alza, parte de la cual se difiere su pago, de tal modo que el usuario, sin percatarse de ello, viene contrayendo una deuda con la empresa que le presta el servicio, sobre la cual además deberá pagar intereses, la cual acumula una cifra que supera ya los $4 billones. Y no hay que perder de vista que no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague.

El promedio de dichas alzas supera, en promedio, el 24% a nivel nacional, pero en la Región Caribe ha sido aún más exorbitante, superando el 40%, casi el doble de la del resto del país. De los 6 componentes de la tarifa (CU = G + T + D + C + R + PR), los que más han estado impactando el aumento de las tarifas, además de IPP, que ya se modificó, es el cargo por las restricciones (R). Lo que resulta inadmisible es que siendo que estas obedecen a atrasos en la ejecución de los proyectos de generación, como ha ocurrido con HIDROITUANGO o de transmisión ese sobrecosto tenga que asumirlo el usuario y no el responsable de dichos atrasos. Por esto estamos demandando de la CREG que corrija esta inequidad y que las restricciones las pague quien las cause. Esto no es mucho pedir.

En el caso de la región Caribe, definitivamente lo que marca la diferencia, abismal por lo demás, entre el alza escandalosa de las tarifas a los usuarios de Air-e y Afinia, con respecto al resto de usuarios del país son las pérdidas reconocidas (PR), porque, a diferencia de los demás, en donde solo se cargan en la tarifa las pérdidas técnicas, en su caso se reconocen las que se denominan eufemísticamente no técnicas, que no son otra cosa en romance paladino que la energía que se roban, la que no se paga por parte de los morosos y las correspondientes a las instalaciones fraudulentas. La ministra Vélez afirmó que “la región Caribe verá una mayor reducción en esas tarifas mientras seguimos trabajando en soluciones estructurales”. ¡Ello está por verse, lo cierto es que mientras no se le encuentre solución a esta clavija que le están metiendo a los usuarios las tarifas no van a bajar!

La solución es estructural y pasa por cambios normativos y regulatorios que apenas se empiezan a discutir, que tienen que ver con la formación de los precios en el mercado mayorista, para darle a estas señales mucho más eficientes, en la operación y despacho de las plantas, los cuales hay que revisar y ajustar, lo mismo lo atinente a los servicios complementarios, ahora que las fuentes no convencionales de energía renovables (FNCER) se están integrando y acoplando a la matriz energética.

Cota, noviembre 12 de 2022 www.amylkaracosta.net

1 Miembro de Número de la ACCE

2 Amylkar D. Acosta M. El parto de los montes. Octubre, 15 de 2022

La clavija de las pérdidas reconocidas (PR)

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Nov 9, 2022. Publicado en Opinión.

Como es bien sabido la fórmula tarifaria (CU = G + D + T + C + PR + R) contiene 6 cargos, uno por cada uno de los 4 eslabones de la cadena y dos clavijas, que son las llamadas eufemísticamente restricciones (R) y las pérdidas reconocidas (PR). Ya nos hemos referido a las restricciones, hablemos ahora, a propósito del publicitado “pacto por la justicia tarifaria”, de las pérdidas reconocidas.

Según el anuncio de la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez, como resultado de la renegociación de los contratos bilaterales entre generadores y comercializadores se logró una reducción de la tarifa a partir del mes de noviembre en un rango entre el 4% y el 8%. Particularmente, en el caso de los usuarios de Air-e del 5.65% y de los de Afinia 2.9%, por debajo de dicho rango, irrisorio en ambos casos, que no se compadece con los incrementos registrados que superan el 40%.

Y la verdad es que mientras no se toquen las pérdidas reconocidas (PR), del 29% para los usuarios de Air-e y 27.2% para Afinia, en contraste con el 10%, en promedio, para el resto del país, va a ser asaz difícil lograr rebajas significativas en las tarifas en la región Caribe. Y no es para menos, habida cuenta que el componente de las PR pasó de representar el 8% en octubre de 2020 al 30% en julio de 2022 en el costo unitario (CU), que es la tarifa que se le cobra al usuario final. Su contribución al incremento del CU en 2021 fue del 70% y en los primeros siete meses de 2022 del 54%, de acuerdo con el estudio que adelantó FUNDESARROLLO.

Pero, como es bien sabido dicho tratamiento se deriva de lo dispuesto en las resoluciones 010 de 2020, 024 y 078 para Air-e y 070 para Afinia en 2021 de la CREG, las cuales a su vez se fundamentan en las leyes 1955 de 2019 y 2010 de 2019, los decretos 645 de 2019 y 1231 de 2020 que la reglamentan y en la Adenda Integral al reglamento convenido entre la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios y los nuevos operadores de red. Por ello, cualquier cambio deberá ser consentido por ellos.

Así las cosas, al descontento y la inconformidad de los usuarios se le vino a añadir ahora el desconcierto, puesto que este pacto no satisface sus expectativas, por lo que se auguran más y mayores movilizaciones y manifestaciones de protesta por parte de los usuarios, tanto los regulados como los no regulados, que se sienten frustrados con el paso dado.

El Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, deberá hacer un esfuerzo adicional tendiente a meter en cintura las tarifas de energía, dado que ellos se sienten agobiados por lo que se considera un verdadero atropello a sus derechos de contar con un servicio de energía que cumpla con el principio de equidad consagrado en la Ley de servicios públicos 142 de 1994!

Ello es tanto más urgente en cuanto que a la espiral alcista de las tarifas de energía se le ha venido a sumar ahora la de los precios, la cual tarde que temprano terminará castigando a los usuarios del servicio con más alzas y ello en momentos en los que los embalses de las hidroeléctricas están a full. Si ello se está dando ahora, qué podemos esperar cuando el fenómeno de la Niña toque a su fin y se empiece a avizorar el advenimiento del Niño con su sequía e hidrología crítica.

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El Parto de los Montes

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Oct 21, 2022. Publicado en Opinión.

¡La energía más barata es aquella que no se consume

Gracias al uso racional y eficiente de la misma!

El Ultimátum

Primero fue el Presidente de la República Gustavo Petro quien, ante la gravedad de la situación planteada por el alza desmesurada de las tarifas de energía, amenazó con la intervención de la Comisión de regulación de energía y gas (CREG), no sin antes abrir “primero un espacio de diálogo” entre los agentes de la cadena y el gobierno en el propósito de bajarlas. Por su parte la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez, siguiendo sus instrucciones, instó a las empresas generadoras y comercializadoras de la energía para que procedieran a renegociar los términos de sus contratos bilaterales de compra-venta de energía tendiente a lograr dicho cometido.

Eso sí, su advertencia fue perentoria: “si no se anuncia un porcentaje de reducción significativa en las tarifas de energía por parte de las empresas, el Gobierno tomará medidas más radicales”. Y reiteró que “si vemos que no hay voluntad suficiente de estas empresas, otras decisiones serán tomadas”. Cumplido el ultimátum dado a las empresas por parte de la Ministra para que arribaran a sus acuerdos con la contraparte, se anunció por parte de ella el acuerdo alcanzado, al que denominó “Pacto por la Justicia Tarifaria”.

El Pacto por la “Justicia Tarifaria”

Básicamente la reducción de la tarifa al usuario final, la que se reflejará en la factura del mes de noviembre, oscilará entre el 4% y el 8%, que no es tan significativa para los usuarios. Estos esperaban más, un alivio mayor en sus bolsillos. La verdad sea dicha, es irrisoria en unos casos e inexistentes para otros la rebaja. De allí que los usuarios del servicio de energía se debatan entre la insatisfacción y el desconcierto, porque la misma está lejos de sus expectativas toda vez que no le mueve la “aguja” a las desproporcionadas alzas, que superan el 40% en la región Caribe y el 24% en promedio en el resto del país. Esta rebaja lejos de ser un remedio es un remedo, no pasa de ser un placebo. Como en la fábula El parto de los montes de un insignificante ratón, lo anunciado está muy lejos de lo que los usuarios aguardaban.

Ahora bien, como era de esperarse, la renegociación entre generadores y comercializadores se circunscribió a lo atinente a la reducción del Índice de precios al productor (IPP), que había pasado inexplicablemente del 4% al 34% y a la solicitud de los distribuidores para diferir los pagos que realizan en el mercado mayorista de energía, similar a la opción tarifaria que los comercializadores aplican a los usuarios para el pago de energía.

En lo que respecta al indexador de los contratos bilaterales vigentes se revisó a la baja y hacia el futuro se logró el consenso en el sentido que en delante se adoptaría el menor valor entre el Índice de precios al consumidor (IPC) y el Índice de precios al productor (IPP), mientras se establece un nuevo indexador específico para la actividad de generación y comercialización, además de diferencial según la fuente de generación. Ello es un avance significativo y la última palabra, al momento de definir la metodología a seguir, la tiene el DANE, el mismo que armó el tierrero al modificar el indexador que rigió hasta el 2020.

¿Y de los costos de restricción qué?

Capítulo aparte merece el cargo por restricciones (R). Quedó por fuera de esa renegociación, porque además no les incumbe a ellos, porque es un tema regulatorio propio de la CREG, lo concerniente a los costos de restricción (R), que también están presionando al alza las tarifas de energía, toda vez que pasaron de $20 por KWH en enero a $70 por KWH. Como es bien sabido los costos de restricción obedecen a ineficiencias que se presentan en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), debido a atrasos en la ejecución de los proyectos de generación o de transmisión, que obligan a despachar “generación de seguridad”, casi siempre Térmica y por ende más costosa.

Dichas limitaciones en la infraestructura de SIN, impiden que el servicio de electricidad se preste con eficiencia, calidad, continuidad y confiabilidad, tal y como lo dispone la Ley eléctrica 143 de 1994. En este caso se habla de restricciones eléctricas. Pero también se presentan restricciones operativas, cuando el SIN falla a la hora de responder a las fluctuaciones de la demanda de electricidad por parte de los generadores.

Desde luego, el costo de las restricciones se calcula con base en los precios de oferta de los generadores y las mismas se asignan a los comercializadores de energía que atienden la demanda. No obstante, cabe resaltar que al comienzo de la operación del mercado mayorista (la Bolsa), de conformidad con la Resolución de la CREG 035 de 1995, el cargo por concepto de las restricciones se repartía, 50% y 50%, entre los generadores y los comercializadores. Posteriormente, la misma CREG expidió la 4 Resolución 063 en el año 2000, que modificó la anterior y se dispuso que el 100% del costo de las restricciones las asumieran los comercializadores, las cuales a su vez terminan endosándoselas a los usuarios finales vía tarifas (¡!).

No es justo que sean los usuarios quienes tengan que asumir un sobrecosto en las tarifas por este concepto, cuando deben ser los responsables de dichos atrasos quienes lo asuman. Es el caso del proyecto de Hidroituango, cuyo ostensible atraso viene, además, presionando al alza los precios de la energía en Bolsa2. Tanto más en cuanto que al tiempo que se le cobran al usuario las restricciones, éste también paga el cargo por transmisión (T) de la energía, de modo que está pagando por partida doble un mismo concepto.

La CREG, entonces, debería eliminar sin tardanza el cargo por restricciones, excluyéndolo de la fórmula tarifaria (CU). Ahora que el Director ejecutivo de la CREG Jorge Valencia afirma que ya están “trabajando en las bases metodológicas sin dejar de lado la estructura general del costo unitario”, es la oportunidad para que se ocupen de ello y le hagan justicia a los usuarios.

Y no estamos hablando de naderías. Según cálculos del Operador del mercado, XM, el costo de las restricciones en los últimos doce meses contados desde octubre de 2021 hasta septiembre de 2022 ascendió a la suma de 2.350.576 millones, superando en un 40% el costo que se registró en el año 2021, que fue de $1.674.700 millones, un crecimiento del 40%, casi cuatro veces el índice de inflación actual, el mayor en 23 años (¡!).

De tomarse esta decisión por parte de la CREG los usuarios se estarían ahorrando el costo de las mismas, que superan los $1.500.000 millones que, según el Presidente de ASOCODIS José Camilo Manzur, se ahorrarán los usuarios el próximo año por cuenta de la rebaja convenida en las tarifas de energía (La República, Octubre, 12 de 2022 ¡!). Y de esta manera se podría beneficiar a los usuarios con una rebaja en las tarifas de energía que podría aproximarse al 16%, que sí sería significativa. Mi mensaje es claro y contundente, son todos los agentes de la cadena los que deben contribuir a lograr una mayor rebaja de las tarifas, que todos pongan y no sólo los generadores y comercializadores!

El porcentaje de las PR castiga al Caribe

El caso de la región Caribe, servida por Air-e (Atlántico, Magdalena y La Guajira) y Afinia (Cesar, Bolívar, Córdoba y Sucre) es aún más dramático, la primera se comprometió a una rebaja del 5.65%, equivalente a $50 KWH. Entre tanto, de acuerdo con las declaraciones del Gerente general de EPM, Jorge Carrillo “la tarifa de Afinia que está alrededor de $823 por kilovatio, de manera voluntaria vamos a reducirla a $799 para los meses de noviembre y diciembre”, equivalente a $24 KWH, por debajo del rango anunciado por la Ministra. Ello va a contrapelo de la desatentada declaración del Alcalde de Medellín Daniel Quintero, quien preside su Junta directiva, en el sentido que esta “es la mayor baja en la Costa que haga empresa alguna, por eso nosotros quedamos de últimos para anunciar, pero es que lo bueno (¡SIC!) se hace esperar” (Caracol Radio, Octubre 13 de 2022).

En ambos casos dista mucho el porcentaje de la reducción de la tarifa con respecto a la escandalosa alza registrada en las mismas en los mercados Caribe Sol y Caribe Mar operados por estas dos empresas que, como ya lo hemos dicho, superan el 40% (¡!).

Y la verdad es que mientras no se toquen las pérdidas reconocidas (PR), del 29% para los usuarios de Air-e y 27.2% para Afinia, en contraste con el 10%, en promedio, para el resto del país, va a ser asaz difícil lograr rebajas significativas en las tarifas en la región Caribe. Y no es para menos, habida cuenta que el componente de las PR pasó de representar el 8% en octubre de 2020 al 30% en julio de 2022 en el costo unitario (CU), que es la tarifa que se le cobra al usuario final. Su contribución al incremento del CU en 2021 fue del 70% y en los primeros siete meses de 2022 del 54%, de acuerdo con el estudio que adelantó FUNDESARROLLO.

Pero, como es bien sabido dicho tratamiento se deriva de lo dispuesto en las resoluciones 010 de 2020, 024 y 078 para Air-e y 070 para Afinia en 2021 de la CREG, las cuales a su vez se fundamentan en las leyes 1955 de 2019 y 2010 de 2019, los decretos 645 de 2019 y 1231 de 2020 que la reglamentan y en la Adenda Integral al reglamento convenido entre la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios y los nuevos operadores de red. Por ello, cualquier cambio deberá ser consentido por ellos.

Por ello he venido proponiendo que, así como logró la Ministra que se sentaran generadores y comercializadores a renegociar los términos de sus contratos bilaterales, se haga lo propio entre la Superintendencia de Servicios públicos y los operadores de red (Air-e y Afinia) para modificar la regulación “especial” aplicable y aplicada a ellos, de tal suerte que a medida que se reduzcan las pérdidas atribuibles al robo de energía, en lugar de ir a favorecer el P&G de las empresas, ese beneficio se le traslade a los usuarios a través de rebaja en las tarifas, a cambio de que el gobierno nacional, los gobernadores y alcaldes se comprometan y se empeñen en coadyuvar a la erradicación del flagelo del robo y las instalaciones fraudulentas de la energía. Al fin y al cabo las inversiones que están haciendo las empresas para lograrlo las están pagando los usuarios en sus facturas mensuales. Huelga decir que no es admisible que sigan pagando justos por pecadores!

Por último, pero no por ello menos importante, queremos insistir en otras acciones tendientes a morigerar las alzas en las tarifas de energía, eso sí, sin comprometer la suficiencia y la sostenibilidad financiera de los agentes de la cadena, como lo consagra la Ley, para no exponernos a una crisis sistémica del sector, comprometiendo la confiabilidad y firmeza de la prestación del servicio de energía.

Me refiero, en primer lugar, a la revisión y ampliación del consumo básico o de subsistencia de los estratos 1, 2 y 3, que son objeto de subsidios, de tal suerte que el mismo consulte la realidad de su consumo, especialmente en la región Caribe, en donde las condiciones climáticas demandan un mayor uso del fluido eléctrico. Esta medida, desde luego, debe ir de la mano de más y mayores esfuerzos en materia de uso racional y eficiente de la energía. A ello contribuiría también la propuesta que le hemos venido haciendo al Gobierno nacional así como a departamentos, municipios y distritos, de acometer un plan de instalación masiva de paneles solares en los techos de las residencias, lo cual redundaría en una sensible reducción del costo de la factura a los usuarios, en no menos del 30% (¡!). En adelante los proyectos de vivienda de interés social (VIS) que subvenciona el Estado deberían incorporar este aditamento.

AMYLKAR D. ACOSTA MEDINA

Miembro de Número de la ACCE

La autonomía regional: Alternativa de desarrollo

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Oct 14, 2022. Publicado en Opinión.

Enhorabuena, las corporaciones autónomas regionales del Caribe colombiano, tomaron la iniciativa de de reactivar el proceso de planificación regional que, lamentablemente, ha sido dejado de lado desdeñosamente en los últimos años. Como tuvimos ocasión de plantearlo, a propósito del Plan de desarrollo Hacia un Estado Comunitario(2002-2006), “lastimosamente el proceso de formulación del Plan de desarrollo Hacia un Estado Comunitario, no partió de la inserción en el mismo de los planes regionales de desarrollo, en ausencia de ellos, circunstancia esta que se debe, en gran medida, a la prematura disolución de las regiones de planificación, más conocidas como los CORPES”¹. Allí quedó ese vacío que ahora se pretende llenar, empezando justamente por la región que lo lideró, hasta verlo truncado por el avaro revanchismo centralista que se resiste a ceder su espacio. Es la “tiranía del statu quo”, del cual nos habla Milton Fredman!

Ya se dieron los dos primeros pasos en tal dirección; el primero de ellos, fue la elaboración de un documento-base contentivo de la Agenda para el desarrollo sostenible del Caribe colombiano; luego, una mesa de expertos, integrada por estudiosos del desarrollo regional, se ocupó de su análisis y evaluación. El fruto de este ejercicio académico, que tuvo lugar en la Heroica el 8 y 9 de abril, se recogerá en una publicación, cuyos planteamientos se someterán al debate abierto, a través de talleres departamentales, hasta confluir en el Gran Foro Regional. Este último será el escenario propicio para la firma del Pacto social por el desarrollo sostenible del Caribe, en el cual se fijarán las tareas que el mismo demande y se definirán responsabilidades para cada una de las metas trazadas concertadamente. Esperamos que este buen ejemplo, digno de imitar, cunda y más pronto que tarde veamos las demás regiones del país retornando a la senda de su fortalecimiento y autonomía.

Con la Constitución de 1991 se dio un avance sideral, al reconocer la autonomía de las regiones, las cuales pueden llegar a constituirse en entidades territoriales², al tiempo que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana³. Colombia, desde siempre, ha sido un país de regiones claramente diferenciadas unas de otras; podríamos decir sin hipérboles que en su unidad en la diversidad está su mayor fortaleza. Ello, sumado a nuestra vasta biodiversidad, hacen de Colombia un país excepcional, privilegiado por la madre naturaleza, lo cual se traduce en su importancia estratégica, la cual se ve potenciada por su ubicación geográfica, descrita por López de Meza como la esquina oceánica de América. Cada vez estamos más lejos de los vaticinios de Vasconcelos, de una “raza cósmica”⁴, como producto acrisolado de la fusión de las distintas razas superstites en Indoamérica después de la independencia. Lejos de ello, a pesar de la mezcla y del mestizaje, ellas se resisten a desaparecer y la afirmación de su identidad le sirve a manera de eje articulador en su devenir idiosincrásico, sin perjuicio del sincretismo propio de su devenir histórico.

En el mundo moderno tenemos que pensar globalmente, pero actuar localmente; este comportamiento es el que se ha dado en llamar glocal, para significar que no nos podemos dejar encandilar por los destellos del “cosmopolitismo”, poniendo en peligro “…los puentes de comunicación construidos con sangre y paciencia”⁵. Y la sangre, como lo sostiene el literato David Sánchez Juliao, tiene memoria! El mismo propende por la homogenización cultural de los países globalizados por parte de los países globalizadores, arrasando de paso con la identidad de nuestros pueblos, avasallándolos, para imponer su cultura “global” y su visión totalizadora. Todo ello está en juego en este momento, cuando se negocia con la cabeza gacha el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EEUU. Tal parece que hubiéramos caído en la Servidumbre voluntaria que nos describe Etienne De La Boëtie, de quien “…no habiendo conocido nunca la libertad y no conociendo más que esta situación, sirven sin pena y hacen voluntariamente lo que sus predecesores habían hecho por coacción”⁶.

No pudo ser más oportuno este llamado a somatén a las regiones, para que vuelvan por los fueros de su autonomía en procura de su desarrollo sostenible y de la así llamada por Castells la “sostenibilidad de la identidad humana”, que no podrá darse si queda por fuera de la Agenda interna que el país deberá atender para lograr su exitosa inserción en la economía global, si es que no quieren perecer en el intento. Es la manera, además, de salirle al paso al agobiante centralismo que ha vuelto a sus andadas y de qué manera. Manos, pues, a la obra o de lo contrario las regiones se quedarán a la vera del camino de los procesos de integración en marcha y en lugar de sacarle partida a los mismos, terminarán por padecerlos!

Ver documento completo: LA AUTONOMÍA REGIONAL, ALTERNATIVA DE DESARROLLO

Amylkar D. Acosta M. Acotaciones al Plan de desarrollo Hacia un Estado Comunitario. Bogotá, febrero 27 de 2003

^2. Constitución Nacional. Artículos 1 y 286

^3. Constitución Nacional. Artículo 7

⁴ José Vasconcelos. Misión de la raza iberoamericana. Notas de viajes a la América del Sur. 1925

⁵ Manuel Castells

⁶ Etienne De La Boëtie. Discurso de la servidumbre voluntaria o el Contra uno

La transición energética en Colombia

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Oct 10, 2022. Publicado en Opinión.

Hay un antes y un después del año 2015, cuando tuvo lugar la 21ª Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21), que concluyó con la firma del Acuerdo de París, al tiempo que la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 compendiada en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). La descarbonización de la economía para contrarrestar el cambio climático y conjurar sus estragos, por una parte y propender por la universalización del acceso de la población a energías limpias por la otra, son dos compromisos inaplazables de la comunidad internacional y la Transición energética la estrategia para lograrlo.

Colombia por su parte tiene el compromiso con la comunidad internacional de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que para el 2019 alcanzaron los 275 millones de toneladas, 0.57% de las totales, en un 51% para el 2030.

Entre otras razones porque, de acuerdo con el principio establecido en la COP26 de “responsabilidad común pero diferenciada”, reconoce que no todos los países tienen las mismas responsabilidades y compromisos, así como las capacidades para enfrentar el reto del cambio climático. De ello se sigue que cada país debe adoptar su propio ritmo a efectos de cumplir con los suyos, consultando sus potencialidades y limitaciones. Entre otras razones porque, de acuerdo con el principio establecido en la COP26 de “responsabilidad común pero diferenciada”, reconoce que no todos los países tienen las mismas responsabilidades y compromisos, así como las capacidades para enfrentar el reto del cambio climático. De ello se sigue que cada país debe adoptar su propio ritmo a efectos de cumplir con los suyos, consultando sus potencialidades y limitaciones.

A guisa de ejemplo, mientras el total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel global en 2019 fue de 51.1 miles de millones de toneladas, en Colombia sólo se registraron 275 millones, equivalente al 0.57%. Entre tanto las de China, EEUU, India y Rusia, que son los principales responsables de tales emisiones, concentran el 30.65%, el 13.54%, el 7.20% y el 4.52%, respectivamente. Mientras un colombiano emite 1.6 toneladas de CO2 equivalente anualmente, el promedio mundial, según el Informe del Banco Mundial en 2018 estaba en 4.47 toneladas. Un chino, por ejemplo, emite 8 veces más que un colombiano y uno del Reino Unido 2.7 veces (¡!)

¹ Miembro de Número de la ACCE

En consecuencia, cada país se ha de dar su propia hoja de ruta de la Transición energética, consultando sus especificidades y peculiaridades. La estrategia a seguir, por tanto, difiere de un país a otro. La línea de base de la que parten cada uno de ellos es determinante. Hay una enorme diferencia, por ejemplo, entre aquellos países que dependen de la importación del petróleo, del gas y del carbón para proveerse de los mismos y otros que, como Colombia, dependen de la producción y exportación de los mismos.

En Colombia, a diferencia del resto del mundo, en donde la principal fuente de emisiones de GEI es el sector energético con el 73.5%, este sólo contribuye con el 14%. Entre tanto, el cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería y la deforestación participan con el 59%. Ello se explica en gran medida porque mientras en el resto del mundo, en promedio, la participación de la generación de electricidad con base en el parque térmico es del 64.9%, en Colombia a duras penas llega al 30% (¡!). Dicho de otra manera, entre Colombia y el resto del mundo, especialmente con respecto a los países desarrollados, existen grandes asimetrías, las cuales hay que tener en cuenta a la hora de definir nuestra propia hoja de ruta de la Transición energética.

De ello se sigue que el Pareto del costo-efectividad para la reducción de la huella de carbono en el caso de Colombia invita a poner el énfasis en la política que contrarreste el inadecuado uso del suelo, las malas prácticas en la agricultura y la ganadería y sobre todo detener el ecocidio de la devastadora deforestación, que supera las 170.000 hectáreas anuales. Sólo así podrá cumplir Colombia con su compromiso con la comunidad internacional de reducir sus emisiones de GEI en el 51% hacia el 2030. Ello, sin perjuicio de la necesidad de imprimirle celeridad al impulso de la generación de energía a partir de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias, las cuales, además de robustecer y diversificar aún más la matriz eléctrica, contribuirán también a que la misma sea más resiliente frente al Cambio climático.

Esta, además, es la oportunidad de ampliar la cobertura del servicio de energía a los

431.117 hogares que aún no cuentan con el mismo, siendo esencial como lo cataloga la Ley y por consiguiente un derecho fundamental que les asiste. Sobretodo a los 207.449 hogares ubicados en sitios remotos, de difícil acceso y baja densidad poblacional, lo que dificulta conectarlos tomando la electricidad de la red del Sistema interconectado nacional (SIN), dada la flexibilidad que ofrecen las soluciones modulares solar-fotovoltaicas, instalando en ellos paneles solares. A ello concurre también la generación distribuida o embebida, cuya energía se consume in situ, prevista en la nueva arquitectura del sistema eléctrico.

De esta manera, además, se estaría cumpliendo con el 7º de los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) para garantizar la universalización del acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. De esta forma se podría, de paso,

sustituir el consumo de leña por parte de 1.2 millones de familias campesinas que no tienen otra opción distinta a esa para la cocción de sus alimentos.

Ello se justifica con creces, no sólo por razones de conveniencia si no por los altos costos en los que se incurre por parte del Gobierno a través del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas no Interconectadas (IPSE). En efecto, el costo de los subsidios a los combustibles, según cifras para el 2018, es del orden de los $288.514.728. Lo más insólito es que cuesta más el transporte del combustible hasta los poblados en donde se genera electricidad con plantas térmicas que el combustible mismo.

El Gobierno Nacional, los departamentos y municipios se deberían comprometer en un ambicioso programa de masificación de la instalación y el uso de los paneles solares, con lo cual al tiempo que se aliviaría el bolsillo de los usuarios del servicio de electricidad se promovería la cultura del ahorro y el uso eficiente de la energía. Es esta, también, una forma de involucrar al usuario como agente activo de la cadena, ahora en modo Transición energética. Por lo demás, el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, debería asegurarse de que en la ejecución de sus planes y programas de vivienda de interés social (VIS) se contemple la dotación de paneles solares en los techos.

El barril sin fondo del FEPC

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Oct 3, 2022. Publicado en Opinión.

El Fondo de estabilización de los precios de los combustibles (FEPC) fue creado en 2007, mediante el artículo 69 de la Ley 1151 y empezó a operar en 2009. El mismo tenía por finalidad contrarrestar la volatilidad propia de los precios del petróleo y de sus derivados (gasolina y diésel) y evitar alzas bruscas en el precio de referencia de los mismos, que fija mensualmente el Ministerio de Minas y Energía y es el que paga el consumidor en la estación de servicio. Con tal fin, se estableció una banda de precios, de tal suerte que los reajustes de precios, hacia arriba y hacia abajo, no debían sobrepasar el 3% para la gasolina y el 2.8% para el diésel.

Posteriormente el Congreso de la República expidió la Ley 1739 del 2014, estableciendo el diferencial de participación y el diferencial de compensación, “como contribución parafiscal del FEPC para atenuar las fluctuaciones de los precios de los combustibles, de conformidad con las leyes 1151 de 2007 y 1450 de 2011”. Tales diferenciales operaban de la manera siguiente: en el primer caso, cuando el precio de referencia superaba el precio al productor (IP en la fórmula), ECOPETROL, se generaba un ahorro que alimentaba el FEPC y viceversa, en el segundo, cuando el precio de referencia estaba por debajo del IP había que “desahorrar” para impedir que el aumento de precios fuera mayor. Es de anotar que el neto, casi siempre ha sido negativo, lo cual obedece a la tendencia de los precios en los últimos años.

Pero, a finales del 2015, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-526, tumbó el diferencial compensación, con lo cual el FCPC perdió el ahorro como su fuente de financiación, tornándolo inoperante para el fin propuesto. La verdad sea dicha, después de este fallo el FEPC quedó reducido a un registro de los saldos entre uno y otro diferencial entre los precios de referencia y el IP. A consecuencia de ello, el déficit del FEPC ha sido cada vez mayor y se ha venido cubriendo por parte de la Nación. En su momento el Ministro Carrasquilla lo solventó emitiendo títulos de Tesorería (TES).

A marzo de 2022, dicho déficit acumulado (deuda con ECOPETROL) ascendió a los $7.8 billones, el cual canceló el anterior gobierno del Presidente Iván Duque. Ese es el costo de mantener el precio de los combustibles en Colombia como el tercero más bajo en Latinoamérica después de Venezuela y Bolivia.

Pero, el “taxímetro” siguió marcando, sobre todo debido a que, como lo acota el experto Mauricio Cabrera, “el problema se agudizó en el último año, pues mientras que con la devaluación y el precio internacional el barril de petróleo pasó de $270.000 a $480.000, para un incremento del 185%, el galón de gasolina sólo llegó a $9.500, menor que antes de la pandemia” y un incremento a duras penas del 8%.

Además, el gobierno Duque dispuso el congelamiento de los precios de los combustibles desde el mes de marzo de este año y solo decretó un alza de $200 en la gasolina y $100 en diésel a finales del mes de junio, cuando ya estaba con un pie en el estribo para hacer dejación de la Presidencia. Y ello, no obstante que, a su juicio “existe el espacio suficiente para generar los ajustes requeridos para la convergencia entre los precios locales e internacionales”.

En concepto del ex ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, “la política de precios de los combustibles balancea entre la estabilización del precio para el consumidor final y el costo fiscal para el gobierno. Todo esto deberá hacerse de manera concertada con el próximo gobierno”, a quien le quedó la ímproba tarea de lograr ese “balanceo”.

El desfase, entonces, entre el precio de referencia y el precio paridad importación se acrecienta y con él el déficit del FEPC. El estimativo del Comité autónomo de la Regla fiscal para este año es de un déficit de $33.7 billones, monto este muy superior a los $25 billones que aspira a recaudar el Gobierno con la reforma tributaria que se tramita en este momento en el Congreso de la República, suficiente además para erradicar la pobreza en Colombia. Solo en el primer trimestre de este año el saldo en rojo llegó a los $6.3 billones (¡!).

Así las cosas el FEPC se convirtió en un barril sin fondo.
Como este déficit debe ser cubierto, son tres puntos más del PIB que se viene a sumar al déficit fiscal para 2022 proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) del 5.6% se eleva al 8.6% del PIB. Una barbaridad. El FEPC y su déficit, es una verdadera bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento.

Por ello el Presidente Petro dispuso reajustar el precio de la gasolina, al tiempo que mantiene congelado el del diésel, tal vez porque este, por ser el combustible que más usa el transporte de carga y pasajeros, es el que más presión ejercería en la inflación que ya supera el 10%. En todo caso dicho reajuste, que se viene a sumar a las excesivas alzas en las tarifas de energía, se tendrá que hacer de manera gradual y progresiva, no vaya a ser que la misma cause una explosión social, como ya ocurrió recientemente en el Ecuador, obligando al gobierno de Guillermo Lasso a recular y derogar el alza decretada!

Cota, octubre 2 de 2022

www.amylkaracosta.net

Estaba cantada

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Sep 16, 2022. Publicado en Opinión.

Lo advertimos en su momento, cuando se tramitaba en el Congreso de la República el proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo (2018 – 2022) 1955 de 2019, que el plan de salvamento de ELECTRICARIBE, que fue como lo catalogué, conllevaba el pago de una sobretasa de $4 por KW por parte de los usuarios del servicio de energía en todo el país, la cual tumbó la Corte Constitucional y un aumento desmesurado de la tarifa de energía para los usuarios de la región Caribe.

Y así quedó establecido en sendos programas de “gestión acordado de largo plazo” suscrito entre la Superintendencia de Servicios públicos y los representantes legales de los dos mercados en los que se segmentó el mercado servido por ELECTRICARIBE como operador de red, Caribe Mar y Caribe Sol el 17 y el 30 de septiembre de 2020, respectivamente. Como es bien sabido, Afinia y Air-e, en su orden, asumieron el control de dichos mercados a través de una subasta y esta fue una de las condiciones sine qua non para entrar como nuevos operadores a partir del 1º de octubre del año pasado.

Me permito transcribir los apartes pertinentes del documento que publiqué en mayo de 2019 con el título El sector minero-energético en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora que se anuncia y se le notifica un alza en la tarifa a los usuarios de Afinia y Air-e autorizada mediante la Resolución xxx de la CREG, no hay que llamarse a sorpresas. Esta alza de tarifa, estaba cantada, simple y llanamente se está cumpliendo por parte del Gobierno Nacional lo que aprobó sin remilgos el Congreso de la República.

Extractos

“La propuesta más atrevida y por ello la que muy seguramente va a despertar mayor rechazo es la que plantea autorizar ´al gobierno nacional para establecer un régimen transitorio especial en materia tarifaria para Electrificadora del Caribe S. A E.S.P o las empresas derivadas…que se constituyan en el marco del proceso de toma de posesión de esta sociedad para las regiones en las que se preste el servicio público. Este régimen regulatorio especial deberá establecer que la variación en las tarifas para esta región sea al menos igual a la variación porcentual de tarifas del promedio nacional´.

Dicho de otra manera, como se infiere del artículo 289 del PND ´con el fin de asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio público de distribución y comercialización de electricidad en la Costa Caribe´ se vendrán alzas en las tarifas, para nivelarlas, pero por lo alto, con las del resto del país. Ya lo había dicho la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), ´para generar un escenario viable se requiere, entre otras cosas, ajustes en tarifas que reconozcan el nivel de inversiones proyectadas, la situación actual de la empresa y aportes del gobierno´.

Se estima que estas medidas se traducirán en un incremento del 20% en las tarifas a partir del 2021, alza que podría amortiguarse por parte de los nuevos operadores extendiendo por parte de la CREG la aplicación de la opción tarifaria para el componente variable del Costo unitario establecido a través del Decreto de Emergencia Económica 417 del 17 de marzo, que permite suavizar el impacto en el bolsillo de los usuarios”. Dicho y hecho!

Bogotá, agosto 9 de 2021