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Etiqueta: Andrés Barrios Bernal

No más niños y jóvenes esclavos de las drogas

5.101 casos de consumo de sustancias psicoactivas se registraron en tan solo nueve meses en colegios distritales y privados de Bogotá. Esta alarmante cifra fue reportada por la Secretaría de Educación y comprende el periodo enero-septiembre de 2024.

El tema del consumo de drogas en menores de edad es algo serio y no podemos seguir impávidos ante esta realidad que carcome silenciosamente en las aulas de clase y entornos escolares. Bogotá necesita prevenir y enseñar sobre los riesgos de las sustancias psicoactivas. Dependencia, depresión y alteraciones al sistema nervioso son solo algunas de las consecuencias; sin contar con que este flagelo afecta también el ámbito personal, familiar y social de quien cae en este veneno.

 

Las sustancias psicoactivas están siendo adquiridas de forma fácil por parte de niños, niñas y adolescentes, al punto que el año pasado encontramos más de 185 casos de consumidores con edades entre los cinco y los diez años. Si bien los padres de familia son los responsables de sus hijos, el Distrito debe esforzarse por garantizar espacios seguros para ellos y cumplir con los entornos inspiradores que se prometieron. 

La anterior radiografía, se debe, en parte, a la flexibilidad con los jíbaros y consumidores. Hay que admitirlo, en Bogotá no se quiso reglamentar mediante decreto las zonas prohibidas para consumir, pero tampoco se está aplicando el Decreto Distrital 825 de 2019 que establece entornos escolares, parques, transporte público, entre otros sitios, como no aptos para el consumo. Aquí debe existir voluntad por parte de las autoridades para que esto se cumpla.

La falta de control sobre el consumo y la comercialización de drogas en espacios públicos no solo impacta a los estudiantes, sino a toda la comunidad. Del decreto en mención, durante el año 2024, se impusieron 22.896 comparendos por consumo, porte, distribución y comercialización de sustancias psicoactivas en las inmediaciones de instituciones educativas, centros deportivos y parques. Esto es menos de la mitad de los comparendos impuestos en 2023 (58.783) según el Registro Nacional de Medidas Correctivas. Esta reducción no significa que la problemática haya mermado, sino que no ha habido voluntad para tomar estas medidas. Según la misma Encuesta de Percepción Ciudadana de Bogotá Cómo Vamos 2024, el 31,1% de los encuestados consideró que la drogadicción era la problemática más grave en relación a la seguridad que se presentaba en su barrio.

La marihuana, el alcohol, los vapeadores, el tabaco, los inhalantes o disolventes, la cocaína, mezclas y éxtasis son las sustancias psicoactivas que más están consumiendo los menores de edad y la tendencia es al alza. El año pasado, el género masculino presentó mayores índices de consumo en instituciones educativas, con 3.086 casos; mientras que las mujeres registraron 2.015 casos.

Preocupa que jóvenes con edades entre 14, 15 y 16 años sean los más expuestos por diversas razones: presión de grupo, experimentación, refugio de problemas o placer.

Lo cierto es que no podemos permitir que más niños y jóvenes se conviertan en esclavos de las drogas. Bogotá tiene cerca de 700 mil estudiantes en 412 colegios y 752 sedes, por lo tanto, no es justificable que las jornadas de prevención al consumo realizadas el año pasado por parte del Distrito únicamente fueran para cinco mil personas, incluso dejando por fuera localidades como Chapinero, Barrios Unidos y La Candelaria.

El asunto también tiene que ser de voluntad y de no quedarse de brazos cruzados. Recientemente, como iniciativa en mi calidad de concejal y ante este panorama tan desalentador, lideré la Semana de Prevención al Consumo de Drogas. Llegamos a estudiantes de bachillerato de la localidad de Los Mártires, a jóvenes universitarios de localidades como Bosa, Suba, Kennedy y Barrios Unidos, con charlas de expertos y deportistas sobre prevención.

Muchos de estos jóvenes nos manifestaron la necesidad de que este tipo de actividades se realicen con mayor frecuencia, incluso algunos expresaron haber adquirido herramientas para ayudar a otros y conformar redes de apoyo.

Lo anterior, es prueba de que deben hacerse mayores esfuerzos por acabar con el maldito veneno de las drogas. Es por eso que, desde esta tribuna, así como reiteradamente lo hago en otras, le exijo al Distrito que tome cartas en el asunto.

Los niños y jóvenes necesitan atención, ayuda y formación para entender los graves riesgos que se corren en una simple “prueba” con las drogas. No hay que esperar más. Los temas de prevención deben darse con constancia y con la voz de expertos que conecten con las nuevas generaciones.  

Andrés Barrios Bernal

Guardianes del orden, ¿son una solución para Bogotá?

Esta semana la Administración Distrital anunció con bombos y platillos la estrategia “Guardianes del Orden”, se trata de un grupo de gestores civiles con los que se busca reforzar la convivencia en las calles de Bogotá a partir de mayo. Pero ¿Qué tan efectivos serán?

Evidentemente, esta medida se adopta ante la realidad innegable de inseguridad que azota cada rincón de la capital del país y por la ausencia de pie de fuerza.

 

Según cifras de la Policía Nacional este año hemos tenido en Bogotá 224 homicidios, lo que representa un aumento del 18.52% en comparación con el año anterior. Además 9.147 casos de delitos sexuales, 4.712 estafas, 3.341 lesiones personales y ocho secuestros extorsivos; el más reciente hecho de este tipo ocurrió en la quebrada La Vieja, cuando una mujer y su hijo se encontraban haciendo deporte y fueron abordados por sujetos que exigían tres millones de pesos para dejarlos libres. Tras obtener una suma considerable, los delincuentes se dieron a la fuga.

Pero más allá del eslogan y de la foto, la iniciativa “Guardianes del Orden” despierta algunas preocupaciones sobre su eficacia, su enfoque y, sobre todo, sobre si realmente responderá a problemas estructurales que afronta la ciudad.

Debo destacar que algunos de estos guardianes son policías retirados y veteranos, a quienes reconocemos por sus años de servicio, ímpetu y amor a la patria. Según el Distrito, ellos no estarán armados ni tendrán funciones policiales, pues sus labores van a estar enmarcadas en resolver disputas vecinales menores. Es decir, asumirán temas de convivencia que actualmente están sobrecargando a la Policía, que como sabemos, no da abasto.

Sin embargo, considero que la implementación de esta propuesta debe darse con rigurosidad, pues no se puede correr el riesgo de que se convierta en simple burocracia con más gestores en la ciudad.
Ahora bien, aún con este tipo de esfuerzos o estrategias, al Distrito se le debe reclamar porque esto no fue lo prometido a Bogotá; el alcalde y su gabinete están traicionando su propia palabra. Aunque es loable el esfuerzo, acá el problema es de seguridad y esta iniciativa que se está planteando no resuelve el problema de fondo.

En un principio en el anteproyecto del Plan Distrital de Desarrollo se comprometieron a cuatro mil policías, luego en el texto presentado pasaron a dos mil y actualmente se pretende distraer con pañitos de agua tibia porque la meta de mayor pie de fuerza dista de convertirse en realidad. Hoy la ciudad cuenta con solo cerca de 16.500 uniformados.

Hay que ser serios y responsables con quienes creyeron que Bogotá caminaría segura. Incluso, la interlocución con el gobierno tiene que darse para estos fines, así tengamos a un presidente testarudo y carente de empatía con la ciudad. Sin embargo, ¿Cómo es que un gabinete técnico en el Distrito no consideró que para lograr mayor pie de fuerza debe existir aval del nivel central?

Bogotá necesita con urgencia medidas de seguridad integrales. En su momento, el secretario César Restrepo aseguró que se estaba estructurando un instrumento jurídico innovador, pero hasta el momento no lo hemos conocido. No pueden ahora venir a distraer sin asumir la responsabilidad de lo anunciado.

La ciudad requiere una reforma seria a la justicia local, capacitaciones y dotaciones para la Policía, inversión en inteligencia, en tecnología y un enfoque social que ataque las causas estructurales de la delincuencia.

Bogotá sigue necesitando aumento de pie de fuerza y no algo que se le parezca.

Andrés Barrios Bernal

Con el agua al cuello

El norte de Bogotá sigue bajo el agua y la mala noticia es que no dejará de ser así hasta que se realicen las obras necesarias para elevar la autopista Norte. El megaproyecto está estancado y la responsabilidad recae sobre el Gobierno Nacional.

Aunque quieran negarlo, ha sido la negligencia del petrismo la causante de que miles de personas en el norte y en la Sabana tengan que padecer por la falta de infraestructura y aquí lo explicaré.

 

Desde su llegada al poder, Gustavo Petro ha sido más que un palo en la rueda para Bogotá, secundado por quien fuera su ministra de Ambiente, Susana Muhamad. El fanatismo ambiental de este par es el que llevó a la parálisis de la obra Accesos Norte II que permitiría ampliar la avenida carrera Séptima y la autopista Norte en las salidas y entradas de la capital del país.

Resulta que al petrismo no le bastó con bloquear las licencias ambientales para la mencionada obra, sino que el gobierno también publicó una peligrosa resolución con la que buscaba condenar a la ciudad al subdesarrollo, pues los más grandes proyectos de infraestructura iban a quedar frenados para siempre, de no ser porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender el trámite de expedición de dicho documento.

Lo que los “progresistas” niegan es que esta obra ampliará carriles, elevará la autopista, tendrá movilidad segura para ciclistas a través de ciclorrutas y adecuará los sistemas de alcantarillado pluvial para mejorar el manejo de aguas lluvias y así reducir inundaciones como las que se padecen mes a mes. Además, el 31 de diciembre del año pasado se radicó un nuevo estudio de impacto ambiental que va reforzado con conexión ecosistémica. Entonces, ¿La ANLA seguirá prestándose para estos torpedeos? 

Aprovecho esta tribuna democrática para señalar que son miles de ciudadanos los afectados por la indolencia del ‘progresismo’. Estas inundaciones perjudican a más de 367.650 personas que trabajan o transitan a diario por la zona, 304.000 alumnos, 58 instituciones educativas, 15 universidades, 2.796 rutas escolares, más de 50 conjuntos residenciales y el sector corporativo.

Tanto que dicen defender la educación y resulta que quienes deben padecer por la falta de acciones son principalmente niños y jóvenes que estudian en el Borde Norte de la ciudad y de los municipios cercanos. Solo el miércoles pasado 25 colegios tuvieron que operar bajo la virtualidad, los papás se vieron obligados a devolver a sus hijos a sus casas porque evidentemente no podían transitar.

Además, no podían exponerse a situaciones como las de noviembre del año pasado donde sus hijos tuvieron que dormir en los colegios al quedar atrapados por las inundaciones.

Esto, sin duda, evidencia la indolencia de Gustavo Petro, quien gobierna desde la red social X, sin siquiera constatar personalmente lo que le está pasando a miles de personas. A la gente no se le puede seguir trastocando la vida de esta manera, sin solución alguna y todo por culpa de la ideología.

Andrés Barrios Bernal

A Daniel Felipe lo mataron

Lo atacaron por la espalda, de la forma más vil, sin duda, fue emboscado a traición. Eso fue lo que le pasó a Daniel Felipe Molina Barón, un joven estudiante de tan solo 16 años, quien esta semana murió, tras ser atacado por un compañero de colegio en Los Naranjos, localidad de Bosa. Según testigos, otros jóvenes más estarían implicados.

A este aterrador caso se le suma un hecho supremamente grave: todo ocurrió en inmediaciones de la institución educativa del Distrito a la que asistía. Los días anteriores, Daniel Felipe había tenido un fuerte altercado con otro compañero de 17 años, quien, según la versión de su padre, le hacía bullying.

 

Aunque tras el ataque Daniel Felipe recibió atención médica y fue trasladado a un centro asistencial, ahí falleció. Los esfuerzos médicos fueron en vano, las graves heridas eran irreparables.

Nota recomendada: “La reincidencia en el delito le hace daño a Bogotá”: Andrés Barrios Bernal

En medio de lo sucedido, la Secretaría de Educación del Distrito emitió un escueto comunicado en el que decía que dos jóvenes sostuvieron una riña y uno de ellos murió. Craso error, a Daniel Felipe lo mataron y las autoridades tienen que asumir su responsabilidad, pues no garantizaron los entornos seguros e inspiradores que tanto prometieron al inicio de esta administración.

¿Cómo es posible que no se hubiera actuado a tiempo? ¿Qué no se hubiera priorizado este lugar? Ya para qué, señora secretaria Isabel Segovia, ¿tenía que morir alguien para que ustedes reaccionaran?

Es imperativo que entre entidades se articulen y de una vez por todas asuman las riendas de la ciudad que les dieron para gobernar. Tenemos graves problemas de inseguridad y de violencia desbordada, para la muestra, este hecho en el colegio Fernando Mazuera Villera, Sede A.

Ante esta alarmante realidad convoqué en el Concejo de Bogotá a la Comisión Accidental de Entornos Seguros, donde la Secretaría de Seguridad brilló por su ausencia. Considero que, si les queda grande la entidad, entonces más de uno tiene que apartarse de su cargo. Los bogotanos no podemos seguir tolerando todo lo que ocurre a diario ante la mirada impávida de los funcionarios distritales.

Actualmente, los colegios de la capital tienen 235 cámaras en sus entornos, pero 158 están dañadas. Constituye una gran irresponsabilidad que esto no se priorice, pero preocupa aún más que no se hicieran reparaciones a las que están sin servicio durante el periodo de vacaciones de los estudiantes, aludiendo que el ingreso a las instalaciones estaba limitado, según me manifestaron vía derecho de petición desde la Secretaría de Seguridad. Prácticamente, los niños estaban en receso de fin de año y al parecer el Distrito también, pero ¿no tenían que haber aprovechado y trabajar?

Definitivamente, la negligencia y falta de coordinación entre entidades es una vergüenza para Bogotá. Esto pasó en la administración de Claudia López y se sigue repitiendo en la era Galán.

Por último, la ciudad tiene que saber que desde el 15 de octubre del año pasado hasta el 30 de enero de 2025 la Secretaría de Seguridad no ha realizado un solo mantenimiento preventivo a las cámaras de videovigilancia de Bogotá. 

El derecho a la seguridad de la ciudadanía es cada vez más vulnerable y se evidencia nuevamente en que, de 5.824 cámaras en la ciudad, 1.879 no sirven. ¿Qué más tiene que pasar para que el Distrito reaccione?

Andrés Barrios Bernal

Petro engañó a los jóvenes

La educación es una herramienta poderosa para transformar vidas y, desde luego, romper las cadenas de la desigualdad. Pero en Colombia, esta semana, esa puerta se cerró para miles de jóvenes y todo por cuenta de la irresponsabilidad de Gustavo Petro. El mandatario de los colombianos los engañó.

La decisión de eliminar los subsidios del ICETEX apagó la ilusión de más de uno para acceder a la educación superior, pero también constituyó un duro golpe económico para quienes apenas se graduaron y, repentinamente, les informaron sobre un alza desproporcionada en sus cuotas. Lo anterior, pese a que en campaña les habían prometido que éstas se mantendrían.

 

Tal es el caso de una familia en Bogotá con la que tuve la oportunidad de conversar. Sus dos hijos tienen créditos vigentes con el ICETEX y apenas están empezando en la vida profesional. El aumento mensual será de $500.000 por ambos, es decir, casi la mitad de un salario mínimo. Su insatisfacción, preocupación y, sobre todo, decepción, es más que evidente. Los dos jóvenes manifiestan que es como si para el Estado no importaran aquellas personas que asistieron a la universidad privada, pero también se quejan de las dificultades que tuvieron para acceder a la pública. 

Nota recomendada: La propuesta del Icetex para estudiantes que tengan créditos universitarios

Desde la oposición hemos alertado sobre la peligrosa tendencia de este gobierno de destruir lo que funciona, simplemente porque no encaja en su visión ideológica, mal llamada progresista. Y con un agravante, el petrismo es experto en lavarse las manos.

Tan pronto se conoció la noticia de la eliminación de subsidios, muy orondos salieron a decir que la Corte Constitucional decidió declarar inconstitucional la tasa de interés cero. Sin embargo, el propio comunicado enviado por el ICETEX decía que la decisión se adoptaba debido “a la situación fiscal que como nación estamos enfrentando”.

Petro es un mentiroso, en campaña prometió aliviar la carga de los estudiantes endeudados con el ICETEX, pero luego los dejó a la deriva. Esto merece todo el reproche social. ¿Dónde quedó el cuentito de educación gratuita y accesible? ¿Por qué castigar a quienes buscan salir adelante por mérito y esfuerzo? En ese sentido, si eres joven y quieres estudiar, tendrás que hacerlo con más dificultades que antes.

Mientras tanto, el despilfarro en burocracia y clientelismo sigue en aumento. Petro no está priorizando la educación, está ahogándola. Sumado a que no fortaleció las universidades públicas, no ha cumplido con los 500 mil cupos que prometió y tampoco condonó créditos. 

Además, con este tipo de decisiones, se podría fortalecer el fenómeno de los “Ninis” en el país, que son aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Tres de cada 10 jóvenes colombianos entre los 18 y los 29 años hacen parte de ese grupo, según un informe de la Universidad del Rosario. En su mayoría están ubicados en Vaupés, Amazonas, Arauca, Vichada, Putumayo, Chocó, Casanare, Guainía y Guaviare.

El derecho a la educación no puede verse vulnerado por cuenta de las improvisaciones y los caprichos de un gobierno que insiste en destruir sin construir. La juventud colombiana merece oportunidades, no obstáculos.

Hoy más que nunca es necesario levantar la voz para evitar que miles de jóvenes vean frustrados sus sueños. Petro le ha dado la espalda a los estudiantes, pero desde la oposición seguiremos dando la pelea para que la educación sea un derecho y no una promesa vacía de campaña.

Andrés Barrios Bernal

“La reincidencia en el delito le hace daño a Bogotá”: Andrés Barrios Bernal

El concejal de Bogotá, Andrés Barrios Bernal, reconoce el papel que juega la Policía Metropolitana de Bogotá, pero lamenta que la justicia no actúe como es debido y permita que muchos de los delincuentes que se capturan, a las pocas horas queden en libertad.

¿hoy el problema de seguridad en Bogotá es de capturas o de justicia?

 

Andrés Barrios Bernal: Insisto, el derecho a la seguridad de los bogotanos sigue en riesgo. Es evidente que faltan materializar acciones de manera integral. Por supuesto que no es solo la captura porque nuestros policías se esfuerzan y no los podemos dejar solos. La seguridad será efectiva el día que esté bien anclada con la justicia.

¿Ha hablado con la Policía sobre este asunto?

Andrés Barrios Bernal: Hay frustración en nuestra policía de ver que capturan, capturan, capturan y al final la justicia deja en libertad a muchos delincuentes, a muchos bandidos que al salir reinciden en el delito. La reincidencia le está haciendo un grave daño a Bogotá.

¿Qué le ha dicho la fiscalía?

Andrés Barrios Bernal: No es posible que en una ciudad que el año pasado tuvo más de 160 mil hurtos, únicamente se hayan judicializado 18 mil 600. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para que la justicia trabaje de la mano con nuestra policía..

¿Esta reincidencia mina la confianza en el ciudadano de a pie que acude a denunciar?

Andrés Barrios Bernal: La gente está frustrada de ver que a una persona la roban y para denunciar debe someterse a un proceso largo, engorroso, demorado, para que a las pocas horas el delincuente quede libre. Sin duda esto muestra que la justicia parece ir por un lado mientras la policía va por otro. No hay articulación entre las instituciones.

¿La ministra de Justicia se ha preocupado por este asunto?

}Andrés Barrios Bernal: Es evidente que no. En el Gobierno Nacional las preocupaciones son otras y totalmente diferentes, pero además la postura del gobierno nacional frente a la delincuencia y a la criminalidad ha sido de borrón y cuenta nueva con la fracasada paz total, donde prácticamente se defiende al victimario y no a la víctima.

Doctor Andrés, ¿Ha hablado sobre este asunto con el alcalde Galán?

Andrés Barrios Bernal: Desde el Concejo varias veces se le ha insistido en la necesidad de buscar diferentes soluciones en esta materia. Hemos hecho múltiples debates de control político donde uno de los asuntos que hemos tratado es el hacinamiento carcelario, ese es un tema del que Bogotá se tiene que ocupar.

¿Pero usted sí cree que una cárcel sea la solución para el problema de seguridad cuando lo que se ha visto es que las cárceles son universidades del crimen?

Andrés Barrios Bernal: Coincido en que estos escenarios tienen que cambiar. Estos escenarios hoy realmente son escuelas para la delincuencia, para la criminalidad, sin embargo, debo reconocer que en el caso de la Cárcel Distrital hay una diferencia muy grande con relación a lo que usted va a encontrar, por ejemplo, en cárceles que custodia desde el orden nacional el INPEC.

Es necesario además que se combatan los escenarios de corrupción que se encuentran en la Guardia del INPEC porque si no se combate este problema, en Bogotá se seguirán presentando temas como la extorsión que tiene atemorizados a los comerciantes y a miles de ciudadanos que hoy les da miedo, les da susto contestar una llamada que llega a su celular desde un número desconocido.

Nota recomendada: Denuncié a Gustavo Petro Urrego

Denuncié a Gustavo Petro Urrego

Petro no es una víctima, como se trata de mostrar siempre que se le cuestiona o sale a la luz un nuevo escándalo que lo salpique. Las víctimas somos los millones de colombianos que a diario tenemos que padecer su desgobierno.

El presidente ha convertido su mandato en un “show mediático” donde el caos y la improvisación son la norma. Pero más allá de los discursos y las cortinas de humo que lanza a diario, hay una realidad que no puede esconder: las graves irregularidades en la financiación de su campaña presidencial. Aunque el petrismo acérrimo trate de justificarlo y de defenderlo a capa y espada, la justicia tiene que llegar.

 

Esta semana presenté ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia formal para que se investigue el presunto ingreso de dineros ilícitos a la campaña “Petro Presidente” en 2022.

Y lo hice porque no podemos seguir tolerando que sobre Petro no haya ley. No estamos hablando de simples irregularidades contables, sino de la posible entrada de más de 500 millones de pesos provenientes del zar del contrabando Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, a quien recientemente le allanaron su propiedad en el norte de Bogotá.

Si esto se confirma, estaríamos ante un escándalo de proporciones históricas. No solo porque vulnera los topes de financiación de campañas establecidos en la Constitución, sino porque podría constituir delitos como lavado de activos y/o omisión de información de aportes. Tamaño escándalo.

Mientras tanto, Petro, desde Dubai, intentó minimizar la situación diciendo que devolvió el dinero, pero si esto fuera cierto, ¿por qué no lo reportó en su momento? ¿por qué se quedó callado?

La Comisión de Acusación tiene un deber claro: investigar a fondo y llegar hasta las últimas consecuencias, así lo establece el artículo 312 de la Ley 5 de 1992. Colombia ya no puede aguantar más complacencias, silencios y faltas de actuación.

En agosto de 2024, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tenía 114 procesos activos contra Petro, en su mayoría relacionados con presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial. Ya es hora de que este organismo actúe conforme lo dispone la ley.

No podemos permitir que en Colombia se siga normalizando la corrupción en las campañas políticas, y mucho menos cuando se trata del presidente de la República.

Mientras Petro sigue generando el caos y cazando peleas en redes sociales, el país enfrenta una crisis de inseguridad, una economía golpeada y un sistema de salud colapsado por su irresponsable y perversa reforma. Y ahora se suma este nuevo escándalo que pone en duda la legitimidad de su elección y de las formas como llegó al poder.

Los colombianos merecen respuestas. Y yo, como concejal de Bogotá, no voy a quedarme callado. La justicia tiene que actuar.

Andrés Barrios Bernal

¿Educación o adoctrinamiento?

Pese a los reclamos de diversos sectores, esta semana, el Distrito, a través de la Secretaría de Educación de Bogotá, publicó el controversial documento titulado “Orientaciones para docentes que protegen la diversidad y combaten la discriminación”.

Padres de familia, algunos colegios, organizaciones, fundaciones, iglesias y líderes políticos de la ciudad, pusimos el grito en el cielo manifestando nuestro rechazo. No es para menos, desde el año pasado advertimos y manifestamos que desde las aulas se quería imponer la ideología de género. En ese momento hubo quienes nos llamaron exagerados y alarmistas.

 

Sin embargo, este documento de 52 páginas constituye un peligro para nuestros niños, niñas y adolescentes, aunque la secretaria de Educación, Isabel Segovia, se escude diciendo que está cumpliendo el CONPES 016 de 2021.

Nota recomendada: Petro, el tóxico

Los colegios son para aprender, no para confundir, ni mucho menos para adoctrinar. Por eso, en esta columna recojo los principales puntos de protesta que no solo tengo yo, sino también miles de papás preocupados por lo que se les enseñará a sus hijos en los colegios distritales.

En primera instancia, se sienten literalmente excluidos de la construcción de este texto, y, por ende, del derecho que les asiste de decidir sobre la educación de sus hijos. No es posible que, desde la administración de Carlos Fernando Galán, se quiera imponer la ideología de género, o dicho en otros términos, adoctrinar en esta materia.

Segundo, aunque es una realidad que en los colegios existe la discriminación, ésta no puede limitarse a un solo sector. El acoso escolar tiene que enfrentarse de manera integral hacia personas con discapacidad, víctimas del conflicto, población migrante y quienes profesan posturas de fe. ¿Qué pasa con estos grupos? ¿son de menor categoría? ellos también han alzado la voz por sus hijos, quienes se han visto amenazados y necesitan protección, no ser ignorados.

Un tercer elemento a tener en consideración con este documento es que se limita a ser una guía para docentes, sin mayores claridades sobre cómo se implementará, corriendo una delgada línea para interpretaciones e imposiciones de la agenda Woke, esa misma que quiso institucionalizar la exalcaldesa Claudia López.

Deberíamos tomar ejemplo de países como Estados Unidos donde esa agenda está siendo eliminada gracias a la lucides de un presidente como Donald Trump, quien además anunció el recorte de recursos para USAID, tras descubrir que en países como Colombia se destinaron dineros de esa Agencia para el Desarrollo Internacional para financiar una “ópera trans”.

Un cuarto aspecto que preocupa es que, según el Distrito, los colegios, dentro de sus proyectos educativos institucionales (PEI), de manera transversal, tendrán que incorporar el enfoque de equidad de género. Esta implementación pretende hacerse desde cursos como transición, primero y segundo de primaria. Le hablarán a niños y niñas de cinco, seis y siete años, de forma abierta de lo que ellos llaman “inclusión” y “diversidad”. Lo anterior, es claramente cuestionable.

En definitiva, en Bogotá nos quieren imponer la identidad de género y la agenda progresista en los colegios, pero no lo vamos a permitir. No nos cansaremos de decir “Con Los Niños No”. Dejen a los menores desarrollarse y crecer libres de adoctrinamiento de estas ideologías de izquierda que solo buscan confundir.

Andrés Barrios Bernal

Petro, el tóxico

El presidente de Colombia no solo es tóxico en sus redes sociales, también lo es para Bogotá. Sobre lo primero, dice el propio mandatario que él puede pronunciarse a cualquier hora del día a través de X; sin embargo, y lo que definitivamente no puede es actuar de forma irresponsable como si fuera un simple tuitero o “bodeguero” que se va lanza en ristre contra quien quiere, como lo hizo recientemente hacia Estados Unidos y el recién posesionado Donald Trump.

Sobre lo anterior, Petro no midió las consecuencias, poniéndonos al borde de una hecatombe diplomática por su irresponsabilidad.

 

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Pero me quiero concentrar en que Petro es tóxico para Bogotá. Desde que llegó a la Casa de Nariño solo ha buscado ser un palo en la rueda para el desarrollo de la ciudad. Mientras la capital del país trata de salir adelante de la catastrófica administración que hizo Claudia López, el mandatario de los colombianos se esmera una y otra vez por condenarla al retroceso.

No es cosa menor que Petro anunciara, a través del decreto 069 de 2025, el aplazamiento de $770.000 millones de pesos para el Metro, $328.000 millones para la troncal Calle 13 y $346.000 millones para el Regiotram de occidente, obras que sin duda alguna impactarán en la calidad de vida de millones de bogotanos y de la región.

Aún con este panorama, a Petro le tiene que quedar claro que Bogotá va a tener Metro elevado sí o sí. Ahora bien, que el Gobierno esté representado en este momento de la historia por un presidente charlatán, no exime a la Nación del compromiso adquirido desde hace ocho años de cofinanciar la obra con el 70%. Los recursos están comprometidos mediante acuerdo contractual, por lo tanto, es una obligación legal cumplir con lo establecido.

Este vaivén al que nos quiere someter Petro va a tener serias consecuencias y, sobre todo, impactará en la credibilidad de Bogotá. Sumado a eso, los consorcios mirarán con recelo los proyectos de gran envergadura y, seguramente, adoptarán clausulas y medidas que nos perjudicarán. Aquí se está corriendo el riesgo de que las obras resulten a precios más elevados en caso de no contar con contragarantías de la nación. 

Sumado a lo anterior, el presidente de Colombia no puede asumir posiciones impositivas, aunque esas sean sus formas. Resulta que Bogotá tiene un alcalde, quien debió ser notificado o informado sobre la decisión que se adoptaría desde Palacio. Ante esto, el Distrito tiene que asumir una posición firme y seguir adelante con férrea determinación en defensa de las obras de la primera línea del Metro que ya registran un avance del 46%.

Actualmente, hay una sumatoria de esfuerzos para lograr que a nuestra ciudad le vaya bien. No en vano, el año pasado en el Concejo de Bogotá aprobamos un cupo de endeudamiento para proyectos de inversión, algunos de los cuales son complementarios o alimentadores del Metro, como la Av. 68. 

Por eso, en compromiso con los bogotanos, junto a varios cabildantes creé la Comisión Accidental de Seguimiento y Control a la Ejecución del cupo de endeudamiento y esta semana se instaló con la presencia de la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena. Aquí se tienen que cuidar los recursos, porque cada peso cuenta y sale de nuestros bolsillos. Bogotá debe seguir avanzando, sus obras también y ningún capricho político va a impedir que así sea. Ya basta de tanta toxicidad infundada por parte del petrismo.

Andrés Barrios Bernal

El espejismo de la Paz Total

Un espejismo es una ilusión óptica, una imagen sin verdadera realidad y esa es la mejor forma para describir la Paz Total. Esa política que prometió el gobierno de Gustavo Petro tras llegar a la presidencia de la República, rápidamente se desvaneció en medio de una realidad de violencia que quisieron combatir con discursos bonitos, incluso diciendo que el ELN se acabaría en tres meses.

La “ambiciosa” política con la que supuestamente se resolverían los problemas de orden público en el país, solo logró contribuir al agravamiento de la situación. En el caso concreto del Catatumbo, que padece días dramáticos y desoladores, históricamente, ha sido una zona disputada por diversos actores armados a los cuales en este gobierno se les permitió fortalecerse. La anterior, es la razón por la cual actualmente ese lugar se ha convertido en epicentro de una crisis sin precedentes que deja más de 40 mil desplazados.

 

Nota recomendada: No más drogas en el espacio público

Lo cierto es que, mientras Petro ha insistido durante todo su mandato en dialogar con grupos criminales bajo la bandera de una paz negociada, las personas que viven en esta región del oriente del país son las que han tenido que poner el pellejo y sufrir por el incremento de homicidios, desplazamientos forzados y confinamientos impuestos tanto por las disidencias de las FARC, como por el ELN y cuanto grupo residual de la zona.

En lugar de reducir la violencia, los ceses bilaterales ordenados por el gobierno, llevaron a la reconfiguración de estos grupos terroristas, consolidando sus economías ilícitas, llevándolos a tener control territorial en esa zona y expandiendo su influencia incluso a Venezuela, donde existe un régimen corrupto y criminal liderado por Nicolás Maduro y seguido por Diosdado Cabello. Una tiranía, que como sabemos, el petrismo se negó a condenar.

Según informes de las Naciones Unidas, en 2023 el Catatumbo superaba las 54 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca, convirtiéndose en uno de los enclaves cocaleros más grandes de Colombia, superando la producción de departamentos como Nariño y Putumayo. En definitiva, Petro cedió a las exigencias de los grupos armados, legitimándolos como interlocutores, mientras estos aprovechaban para fortalecerse y andar a sus anchas.

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Lo anterior, no solo ha desmoralizado a las fuerzas armadas, encargadas de velar y garantizar la seguridad en cada rincón de Colombia, sino que también ha minado la confianza de los ciudadanos en el Estado Social de derecho. Y, aunque Petro vocifere y critique el enfoque de mano dura de gobiernos anteriores, sabe perfectamente que es necesario el despliegue militar en zonas críticas, que hoy en día aumentaron debido a su responsabilidad y por culpa de su complacencia con criminales.

En este contexto, no se puede ignorar que tenemos un presidente que, mientras predica la justicia social, abandona a miles de colombianos en regiones periféricas y prefiere irse a Haití con gran parte de su gabinete para supuestamente estrechar y fortalecer relaciones. En el entretanto, Catatumbo, como tantas otras zonas, sigue siendo un territorio donde el Estado es apenas una sombra y la paz es un lujo distante.

Aquí se necesita justicia, autoridad y un compromiso real con la seguridad de todos los colombianos, pero no es a punta de Paz Total o, mejor dicho, impunidad total. Debemos estar alertas al decreto de conmoción interior emitido en días recientes por Petro. Infortunadamente, en Colombia tenemos un gobierno corrupto y mentiroso, que podría aprovecharse del caos generado por ellos mismos, para sacar réditos e imponer su fracasado modelo.

Andrés Barrios Bernal

No más drogas en el espacio público

En Bogotá, las preocupaciones por el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público no son nuevas, pero hay que admitirlo, siguen siendo ignoradas.

Por esta razón, debemos hacer un llamado urgente a nuestros gobernantes, y en este caso, a la administración Distrital, para que tome cartas en el asunto de una vez por todas.

 

Nota recomendada: Nos están matando

Esta semana propuse, a través de un Proyecto de Acuerdo que presenté en el Concejo de Bogotá, señalizar las zonas donde no está permitido el consumo de sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta que está vigente el decreto 825 de 2019. Dicha norma establece en 200 metros el perímetro circundante del área en el que no se permite el consumo.

La iniciativa es un recordatorio urgente de que la capital del país está fallando en proteger a sus comunidades más vulnerables, en este caso los niños, niñas y adolescentes y las familias.

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En muchas zonas, los ciudadanos han tenido que tomar medidas desesperadas ante la inacción de las autoridades. Un ejemplo es el caso de Villa del Prado en la localidad de Suba. Allí, sus habitantes decidieron instalar alarmas comunitarias y megáfonos en un parque frente a sus viviendas.

La razón de lo anterior es que están hartos de que los jíbaros tengan ese espacio para el expendio y algunos jóvenes para sus fiestas desmedidas. En adelante, al notar presencia de consumidores, los vecinos activarán las alarmas con el fin de atraer la atención de las autoridades y hacer cumplir la medida de restricción.

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Esta idea fue adoptada porque el consumo de drogas en ese espacio se ha vuelto incontrolable. El parque, que antes era un lugar de esparcimiento para los niños, ahora es el escenario de consumo, incluso, a plena luz del día, afectando la convivencia y la tranquilidad.

Pero hay que admitirlo, ante el mar de confusión sobre la normatividad que está vigente, el decreto 825 de 2019, está siendo un “saludo a la bandera”. En teoría, este decreto debería garantizar espacios públicos seguros, especialmente cerca de colegios, parques y zonas deportivas y residenciales. Pero en la práctica, su aplicación es casi nula. Además, no hay señalización que indique estas restricciones ni procedimientos claros para hacerlas cumplir.

En contraste, ciudades principales como Medellín, Cali y Barranquilla han implementado medidas similares. Allí, las autoridades locales han delimitado claramente los perímetros de las zonas libres de consumo y, en algunos casos, han instalado señalización visible para que tanto ciudadanos como autoridades tengan claridad sobre las normas.

El problema no solo es la falta de regulación, sino las consecuencias directas sobre las comunidades. En el caso del barrio Villa del Prado, donde se instalaron las alarmas, los padres de familia temen que la exposición constante al consumo de drogas normalice esta conducta para los menores de edad. Los parques y entornos escolares deberían ser zonas seguras, pero en Bogotá, parecen haberse convertido en “zonas grises” donde la autoridad no llega y los infractores actúan con impunidad.

Señalizar las zonas restringidas no solo facilitaría el control por parte de las autoridades, sino que también enviaría un mensaje claro a los ciudadanos: el consumo de sustancias psicoactivas no es permitido en estos espacios. Propongo además que esta medida esté acompañada de un plan integral que incluya campañas de sensibilización.

Es fundamental que Bogotá no se quede atrás frente a otras ciudades del país que ya han avanzado en la implementación de estas políticas. No podemos permitir que el miedo y la resignación lleven a las comunidades a tomar medidas extremas. El espacio público debe ser un lugar de encuentro y convivencia, no un territorio de consumo y desprotección.

Andrés Barrios Bernal

Uribismo se queda con la presidencia de la Comisión Segunda del Concejo de Bogotá

En la foto: Jesús Araque, Andrés Barrios Bernal y Rocío Dussan

El concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Andrés Barrios Bernal, fue elegido con 13 votos a favor como presidente de la Comisión de Gobierno de la Corporación.

 

“La ciudadanía puede confiar en que, desde esta instancia, estaremos cumpliendo irrestrictamente con la función normativa y el control político en aras de garantizar su bienestar. Asimismo, estaremos rindiendo los informes de gestión semestrales correspondientes”, dijo en el momento de toma de juramento.

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En la primera vicepresidencia fue elegida la concejal por el Polo Democrático, Roció Dussan, quien representará a la oposición al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Por último, en la segunda vicepresidencia estará el concejal Jesús Araque, representando al partido Nuevo Liberalismo.

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Sin señales, sin decreto y sin acción

Comenzando el 2024 los medios de comunicación anunciaron con llamativos titulares que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, prohibiría el consumo de drogas en algunas zonas de la ciudad. Sin embargo, transcurrió un año y la medida jamás llegó, pese a que también se había informado a la opinión pública sobre una supuesta conversación amplia entre el Distrito y el Concejo relativa al tema.

Y es que esta discusión tuvo su auge en el país cuando cambiaron las reglas para el consumo de drogas en el espacio público debido a la irresponsable decisión del gobierno de Gustavo Petro que consistió en derogar el decreto que permitía sancionar a portadores y consumidores en lugares prohibidos como parques.

 

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Bajo ese panorama, y a toda marcha, algunas autoridades locales preocupadas por sus ciudadanos se dieron a la tarea de encontrarle la comba al palo con el fin de proteger los derechos fundamentales de los menores de edad, la seguridad y convivencia y hasta la salud pública.

En capitales como Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga se expidieron decretos para establecer perímetros y delimitaciones. A diferencia de estos lugares, donde las medidas se adoptaron a toda marcha, en Bogotá esas zonas seguras y libres de consumo se quedaron en una promesa sin cumplir.

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Pero, transcurridos 12 meses, ¿qué se puede hacer ante la paquidermia distrital en este asunto? Pues el tema no es menor y por eso hay que seguir insistiendo. Para empezar, es importante tener presente que está vigente el decreto 825 de 2019 y es deber de las autoridades cumplirlo. Allí se establecen los perímetros y zonas para la restricción del porte, consumo, facilitamiento, distribución, ofrecimiento y comercialización de sustancias psicoactivas.

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En este sentido, y como ciudadanos, debemos saber que tenemos una herramienta que nos blinda. Así las cosas, y en cumplimiento del decreto en mención, tenemos que exigirle a la Administración Distrital que señalice con claridad las zonas restringidas para el consumo de sustancias psicoactivas.

Alrededor de esta solicitud propongo que nos unamos y exijamos su cumplimiento. Es una medida de sentido común que ya aplican en otros lugares. ¿Por qué Bogotá no sigue ese ejemplo? La realidad es incómoda y hay quienes prefieren ignorarla: los parques, plazoletas, entornos escolares y deportivos de la ciudad siguen siendo escenarios de consumo y tráfico. En ese sentido, tenemos una falta de acción y voluntad política.

La señalización no solo serviría como una advertencia visual, sino como una herramienta educativa y preventiva que deje claro dónde está prohibido consumir sustancias psicoactivas y cuáles son las consecuencias legales de hacerlo. Sin embargo, hasta ahora, el Distrito ha ignorado esta necesidad, dejando a las familias y comunidades educativas en una lucha solitaria contra una problemática que debería ser prioritaria. Es una bomba de tiempo.

La presencia de jíbaros en los parques y colegios sigue siendo una amenaza latente que afecta la seguridad y la convivencia en los barrios. ¿Cómo podemos sentirnos seguros si los espacios públicos son tomados por traficantes y consumidores sin que nadie los pueda controlar?

La señalización de zonas libres de consumo de sustancias psicoactivas no debe verse como un gasto innecesario, sino como una inversión en la protección de los derechos de los menores y la promoción de una sana convivencia. Además, es una medida que genera un impacto positivo en la percepción de seguridad de la ciudadanía.

Pero ojo, no se trata solo de cumplir un decreto, sino de demostrar voluntad política para enfrentar uno de los problemas sociales más graves de nuestra época: el consumo de drogas en menores, que incluso afecta hasta a niños desde los seis años. Bogotá no puede seguir sin señales, sin decreto y sin acción.

Andrés Barrios Bernal

Colombia necesita esperanza

En este 2024 hemos atravesado tiempos difíciles y tal vez turbulentos por ciertas realidades que padece Colombia. En medio de la desazón que deja la violencia en las regiones, la inseguridad, la desigualdad, la corrupción, los altos precios de la canasta familiar y de la gasolina, las dificultades para adquirir vivienda propia y un sinnúmero de situaciones que marcan el diario vivir en un país como el nuestro, debemos llenarnos de esperanza y saber que mejores momentos seguramente vendrán.

La esperanza no puede ser un sentimiento pasajero, sino una virtud que se ancle en nuestros corazones bajo la certeza de que siempre existirá un propósito y un plan, incluso en medio de las tormentas más duras.

 

Nuestro amado país atraviesa desafíos que, aunque parezcan insuperables o complicados de resolver, debemos saber que sí tienen solución. Pese a estas situaciones no podemos perder de vista lo más importante: no estamos solos. Hay un Dios que ve nuestras situaciones más difíciles y que obra a través de quienes se levantan con fe y amor a servir.

Es crucial detenernos y reflexionar sobre lo que realmente sostiene a nuestra sociedad. En mi concepto, estas bases también están fundamentadas en el hogar, la familia, los principios y valores.

La Biblia señala en Romanos 12:12: “Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando”. Este llamado no es solo para quienes somos creyentes, sino también para todos aquellos que anhelan una nación diferente.

Colombia nos necesita; el país requiere de hombres y mujeres dispuestos a sembrar esperanza, a trabajar con valentía e ímpetu y a recordar que los pequeños actos de servicio generan grandes resultados. Son vitales los líderes y comunidades que se conviertan en faros de luz en medio de la oscuridad.

Debemos creer que, aunque hoy las cosas parezcan complejas, el bien siempre triunfará. Ya es hora de que tendamos puentes, de sanar heridas, de escuchar al que piensa diferente y de trabajar en unidad.

Hoy, más que nunca, debemos proclamar que Colombia tiene esperanza, porque hay un propósito para esta nación. Nunca olvidemos que nuestra fe no solo nos sostiene, sino que nos impulsa a ser agentes de transformación.

En este 2025 seamos portadores de esperanza, habrá desafíos y decisiones que tomar, incluso teniendo en cuenta que será un año preelectoral, donde las tensiones políticas seguramente se acentuarán, pero es justo allí donde tendremos el desafío de soñar con un país mejor, en el que se recomponga el rumbo y en el que vuelva la seguridad.

Andrés Barrios Bernal