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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Andrés Barrios Bernal

“La reincidencia en el delito le hace daño a Bogotá”: Andrés Barrios Bernal

El concejal de Bogotá, Andrés Barrios Bernal, reconoce el papel que juega la Policía Metropolitana de Bogotá, pero lamenta que la justicia no actúe como es debido y permita que muchos de los delincuentes que se capturan, a las pocas horas queden en libertad.

¿hoy el problema de seguridad en Bogotá es de capturas o de justicia?

Andrés Barrios Bernal: Insisto, el derecho a la seguridad de los bogotanos sigue en riesgo. Es evidente que faltan materializar acciones de manera integral. Por supuesto que no es solo la captura porque nuestros policías se esfuerzan y no los podemos dejar solos. La seguridad será efectiva el día que esté bien anclada con la justicia.

¿Ha hablado con la Policía sobre este asunto?

Andrés Barrios Bernal: Hay frustración en nuestra policía de ver que capturan, capturan, capturan y al final la justicia deja en libertad a muchos delincuentes, a muchos bandidos que al salir reinciden en el delito. La reincidencia le está haciendo un grave daño a Bogotá.

¿Qué le ha dicho la fiscalía?

Andrés Barrios Bernal: No es posible que en una ciudad que el año pasado tuvo más de 160 mil hurtos, únicamente se hayan judicializado 18 mil 600. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para que la justicia trabaje de la mano con nuestra policía..

¿Esta reincidencia mina la confianza en el ciudadano de a pie que acude a denunciar?

Andrés Barrios Bernal: La gente está frustrada de ver que a una persona la roban y para denunciar debe someterse a un proceso largo, engorroso, demorado, para que a las pocas horas el delincuente quede libre. Sin duda esto muestra que la justicia parece ir por un lado mientras la policía va por otro. No hay articulación entre las instituciones.

¿La ministra de Justicia se ha preocupado por este asunto?

}Andrés Barrios Bernal: Es evidente que no. En el Gobierno Nacional las preocupaciones son otras y totalmente diferentes, pero además la postura del gobierno nacional frente a la delincuencia y a la criminalidad ha sido de borrón y cuenta nueva con la fracasada paz total, donde prácticamente se defiende al victimario y no a la víctima.

Doctor Andrés, ¿Ha hablado sobre este asunto con el alcalde Galán?

Andrés Barrios Bernal: Desde el Concejo varias veces se le ha insistido en la necesidad de buscar diferentes soluciones en esta materia. Hemos hecho múltiples debates de control político donde uno de los asuntos que hemos tratado es el hacinamiento carcelario, ese es un tema del que Bogotá se tiene que ocupar.

¿Pero usted sí cree que una cárcel sea la solución para el problema de seguridad cuando lo que se ha visto es que las cárceles son universidades del crimen?

Andrés Barrios Bernal: Coincido en que estos escenarios tienen que cambiar. Estos escenarios hoy realmente son escuelas para la delincuencia, para la criminalidad, sin embargo, debo reconocer que en el caso de la Cárcel Distrital hay una diferencia muy grande con relación a lo que usted va a encontrar, por ejemplo, en cárceles que custodia desde el orden nacional el INPEC.

Es necesario además que se combatan los escenarios de corrupción que se encuentran en la Guardia del INPEC porque si no se combate este problema, en Bogotá se seguirán presentando temas como la extorsión que tiene atemorizados a los comerciantes y a miles de ciudadanos que hoy les da miedo, les da susto contestar una llamada que llega a su celular desde un número desconocido.

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Denuncié a Gustavo Petro Urrego

Petro no es una víctima, como se trata de mostrar siempre que se le cuestiona o sale a la luz un nuevo escándalo que lo salpique. Las víctimas somos los millones de colombianos que a diario tenemos que padecer su desgobierno.

El presidente ha convertido su mandato en un “show mediático” donde el caos y la improvisación son la norma. Pero más allá de los discursos y las cortinas de humo que lanza a diario, hay una realidad que no puede esconder: las graves irregularidades en la financiación de su campaña presidencial. Aunque el petrismo acérrimo trate de justificarlo y de defenderlo a capa y espada, la justicia tiene que llegar.

Esta semana presenté ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia formal para que se investigue el presunto ingreso de dineros ilícitos a la campaña “Petro Presidente” en 2022.

Y lo hice porque no podemos seguir tolerando que sobre Petro no haya ley. No estamos hablando de simples irregularidades contables, sino de la posible entrada de más de 500 millones de pesos provenientes del zar del contrabando Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, a quien recientemente le allanaron su propiedad en el norte de Bogotá.

Si esto se confirma, estaríamos ante un escándalo de proporciones históricas. No solo porque vulnera los topes de financiación de campañas establecidos en la Constitución, sino porque podría constituir delitos como lavado de activos y/o omisión de información de aportes. Tamaño escándalo.

Mientras tanto, Petro, desde Dubai, intentó minimizar la situación diciendo que devolvió el dinero, pero si esto fuera cierto, ¿por qué no lo reportó en su momento? ¿por qué se quedó callado?

La Comisión de Acusación tiene un deber claro: investigar a fondo y llegar hasta las últimas consecuencias, así lo establece el artículo 312 de la Ley 5 de 1992. Colombia ya no puede aguantar más complacencias, silencios y faltas de actuación.

En agosto de 2024, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tenía 114 procesos activos contra Petro, en su mayoría relacionados con presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial. Ya es hora de que este organismo actúe conforme lo dispone la ley.

No podemos permitir que en Colombia se siga normalizando la corrupción en las campañas políticas, y mucho menos cuando se trata del presidente de la República.

Mientras Petro sigue generando el caos y cazando peleas en redes sociales, el país enfrenta una crisis de inseguridad, una economía golpeada y un sistema de salud colapsado por su irresponsable y perversa reforma. Y ahora se suma este nuevo escándalo que pone en duda la legitimidad de su elección y de las formas como llegó al poder.

Los colombianos merecen respuestas. Y yo, como concejal de Bogotá, no voy a quedarme callado. La justicia tiene que actuar.

Andrés Barrios Bernal

¿Educación o adoctrinamiento?

Pese a los reclamos de diversos sectores, esta semana, el Distrito, a través de la Secretaría de Educación de Bogotá, publicó el controversial documento titulado “Orientaciones para docentes que protegen la diversidad y combaten la discriminación”.

Padres de familia, algunos colegios, organizaciones, fundaciones, iglesias y líderes políticos de la ciudad, pusimos el grito en el cielo manifestando nuestro rechazo. No es para menos, desde el año pasado advertimos y manifestamos que desde las aulas se quería imponer la ideología de género. En ese momento hubo quienes nos llamaron exagerados y alarmistas.

Sin embargo, este documento de 52 páginas constituye un peligro para nuestros niños, niñas y adolescentes, aunque la secretaria de Educación, Isabel Segovia, se escude diciendo que está cumpliendo el CONPES 016 de 2021.

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Los colegios son para aprender, no para confundir, ni mucho menos para adoctrinar. Por eso, en esta columna recojo los principales puntos de protesta que no solo tengo yo, sino también miles de papás preocupados por lo que se les enseñará a sus hijos en los colegios distritales.

En primera instancia, se sienten literalmente excluidos de la construcción de este texto, y, por ende, del derecho que les asiste de decidir sobre la educación de sus hijos. No es posible que, desde la administración de Carlos Fernando Galán, se quiera imponer la ideología de género, o dicho en otros términos, adoctrinar en esta materia.

Segundo, aunque es una realidad que en los colegios existe la discriminación, ésta no puede limitarse a un solo sector. El acoso escolar tiene que enfrentarse de manera integral hacia personas con discapacidad, víctimas del conflicto, población migrante y quienes profesan posturas de fe. ¿Qué pasa con estos grupos? ¿son de menor categoría? ellos también han alzado la voz por sus hijos, quienes se han visto amenazados y necesitan protección, no ser ignorados.

Un tercer elemento a tener en consideración con este documento es que se limita a ser una guía para docentes, sin mayores claridades sobre cómo se implementará, corriendo una delgada línea para interpretaciones e imposiciones de la agenda Woke, esa misma que quiso institucionalizar la exalcaldesa Claudia López.

Deberíamos tomar ejemplo de países como Estados Unidos donde esa agenda está siendo eliminada gracias a la lucides de un presidente como Donald Trump, quien además anunció el recorte de recursos para USAID, tras descubrir que en países como Colombia se destinaron dineros de esa Agencia para el Desarrollo Internacional para financiar una “ópera trans”.

Un cuarto aspecto que preocupa es que, según el Distrito, los colegios, dentro de sus proyectos educativos institucionales (PEI), de manera transversal, tendrán que incorporar el enfoque de equidad de género. Esta implementación pretende hacerse desde cursos como transición, primero y segundo de primaria. Le hablarán a niños y niñas de cinco, seis y siete años, de forma abierta de lo que ellos llaman “inclusión” y “diversidad”. Lo anterior, es claramente cuestionable.

En definitiva, en Bogotá nos quieren imponer la identidad de género y la agenda progresista en los colegios, pero no lo vamos a permitir. No nos cansaremos de decir “Con Los Niños No”. Dejen a los menores desarrollarse y crecer libres de adoctrinamiento de estas ideologías de izquierda que solo buscan confundir.

Andrés Barrios Bernal

Petro, el tóxico

El presidente de Colombia no solo es tóxico en sus redes sociales, también lo es para Bogotá. Sobre lo primero, dice el propio mandatario que él puede pronunciarse a cualquier hora del día a través de X; sin embargo, y lo que definitivamente no puede es actuar de forma irresponsable como si fuera un simple tuitero o “bodeguero” que se va lanza en ristre contra quien quiere, como lo hizo recientemente hacia Estados Unidos y el recién posesionado Donald Trump.

Sobre lo anterior, Petro no midió las consecuencias, poniéndonos al borde de una hecatombe diplomática por su irresponsabilidad.

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Pero me quiero concentrar en que Petro es tóxico para Bogotá. Desde que llegó a la Casa de Nariño solo ha buscado ser un palo en la rueda para el desarrollo de la ciudad. Mientras la capital del país trata de salir adelante de la catastrófica administración que hizo Claudia López, el mandatario de los colombianos se esmera una y otra vez por condenarla al retroceso.

No es cosa menor que Petro anunciara, a través del decreto 069 de 2025, el aplazamiento de $770.000 millones de pesos para el Metro, $328.000 millones para la troncal Calle 13 y $346.000 millones para el Regiotram de occidente, obras que sin duda alguna impactarán en la calidad de vida de millones de bogotanos y de la región.

Aún con este panorama, a Petro le tiene que quedar claro que Bogotá va a tener Metro elevado sí o sí. Ahora bien, que el Gobierno esté representado en este momento de la historia por un presidente charlatán, no exime a la Nación del compromiso adquirido desde hace ocho años de cofinanciar la obra con el 70%. Los recursos están comprometidos mediante acuerdo contractual, por lo tanto, es una obligación legal cumplir con lo establecido.

Este vaivén al que nos quiere someter Petro va a tener serias consecuencias y, sobre todo, impactará en la credibilidad de Bogotá. Sumado a eso, los consorcios mirarán con recelo los proyectos de gran envergadura y, seguramente, adoptarán clausulas y medidas que nos perjudicarán. Aquí se está corriendo el riesgo de que las obras resulten a precios más elevados en caso de no contar con contragarantías de la nación. 

Sumado a lo anterior, el presidente de Colombia no puede asumir posiciones impositivas, aunque esas sean sus formas. Resulta que Bogotá tiene un alcalde, quien debió ser notificado o informado sobre la decisión que se adoptaría desde Palacio. Ante esto, el Distrito tiene que asumir una posición firme y seguir adelante con férrea determinación en defensa de las obras de la primera línea del Metro que ya registran un avance del 46%.

Actualmente, hay una sumatoria de esfuerzos para lograr que a nuestra ciudad le vaya bien. No en vano, el año pasado en el Concejo de Bogotá aprobamos un cupo de endeudamiento para proyectos de inversión, algunos de los cuales son complementarios o alimentadores del Metro, como la Av. 68. 

Por eso, en compromiso con los bogotanos, junto a varios cabildantes creé la Comisión Accidental de Seguimiento y Control a la Ejecución del cupo de endeudamiento y esta semana se instaló con la presencia de la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena. Aquí se tienen que cuidar los recursos, porque cada peso cuenta y sale de nuestros bolsillos. Bogotá debe seguir avanzando, sus obras también y ningún capricho político va a impedir que así sea. Ya basta de tanta toxicidad infundada por parte del petrismo.

Andrés Barrios Bernal

El espejismo de la Paz Total

Un espejismo es una ilusión óptica, una imagen sin verdadera realidad y esa es la mejor forma para describir la Paz Total. Esa política que prometió el gobierno de Gustavo Petro tras llegar a la presidencia de la República, rápidamente se desvaneció en medio de una realidad de violencia que quisieron combatir con discursos bonitos, incluso diciendo que el ELN se acabaría en tres meses.

La “ambiciosa” política con la que supuestamente se resolverían los problemas de orden público en el país, solo logró contribuir al agravamiento de la situación. En el caso concreto del Catatumbo, que padece días dramáticos y desoladores, históricamente, ha sido una zona disputada por diversos actores armados a los cuales en este gobierno se les permitió fortalecerse. La anterior, es la razón por la cual actualmente ese lugar se ha convertido en epicentro de una crisis sin precedentes que deja más de 40 mil desplazados.

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Lo cierto es que, mientras Petro ha insistido durante todo su mandato en dialogar con grupos criminales bajo la bandera de una paz negociada, las personas que viven en esta región del oriente del país son las que han tenido que poner el pellejo y sufrir por el incremento de homicidios, desplazamientos forzados y confinamientos impuestos tanto por las disidencias de las FARC, como por el ELN y cuanto grupo residual de la zona.

En lugar de reducir la violencia, los ceses bilaterales ordenados por el gobierno, llevaron a la reconfiguración de estos grupos terroristas, consolidando sus economías ilícitas, llevándolos a tener control territorial en esa zona y expandiendo su influencia incluso a Venezuela, donde existe un régimen corrupto y criminal liderado por Nicolás Maduro y seguido por Diosdado Cabello. Una tiranía, que como sabemos, el petrismo se negó a condenar.

Según informes de las Naciones Unidas, en 2023 el Catatumbo superaba las 54 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca, convirtiéndose en uno de los enclaves cocaleros más grandes de Colombia, superando la producción de departamentos como Nariño y Putumayo. En definitiva, Petro cedió a las exigencias de los grupos armados, legitimándolos como interlocutores, mientras estos aprovechaban para fortalecerse y andar a sus anchas.

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Lo anterior, no solo ha desmoralizado a las fuerzas armadas, encargadas de velar y garantizar la seguridad en cada rincón de Colombia, sino que también ha minado la confianza de los ciudadanos en el Estado Social de derecho. Y, aunque Petro vocifere y critique el enfoque de mano dura de gobiernos anteriores, sabe perfectamente que es necesario el despliegue militar en zonas críticas, que hoy en día aumentaron debido a su responsabilidad y por culpa de su complacencia con criminales.

En este contexto, no se puede ignorar que tenemos un presidente que, mientras predica la justicia social, abandona a miles de colombianos en regiones periféricas y prefiere irse a Haití con gran parte de su gabinete para supuestamente estrechar y fortalecer relaciones. En el entretanto, Catatumbo, como tantas otras zonas, sigue siendo un territorio donde el Estado es apenas una sombra y la paz es un lujo distante.

Aquí se necesita justicia, autoridad y un compromiso real con la seguridad de todos los colombianos, pero no es a punta de Paz Total o, mejor dicho, impunidad total. Debemos estar alertas al decreto de conmoción interior emitido en días recientes por Petro. Infortunadamente, en Colombia tenemos un gobierno corrupto y mentiroso, que podría aprovecharse del caos generado por ellos mismos, para sacar réditos e imponer su fracasado modelo.

Andrés Barrios Bernal

No más drogas en el espacio público

En Bogotá, las preocupaciones por el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público no son nuevas, pero hay que admitirlo, siguen siendo ignoradas.

Por esta razón, debemos hacer un llamado urgente a nuestros gobernantes, y en este caso, a la administración Distrital, para que tome cartas en el asunto de una vez por todas.

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Esta semana propuse, a través de un Proyecto de Acuerdo que presenté en el Concejo de Bogotá, señalizar las zonas donde no está permitido el consumo de sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta que está vigente el decreto 825 de 2019. Dicha norma establece en 200 metros el perímetro circundante del área en el que no se permite el consumo.

La iniciativa es un recordatorio urgente de que la capital del país está fallando en proteger a sus comunidades más vulnerables, en este caso los niños, niñas y adolescentes y las familias.

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En muchas zonas, los ciudadanos han tenido que tomar medidas desesperadas ante la inacción de las autoridades. Un ejemplo es el caso de Villa del Prado en la localidad de Suba. Allí, sus habitantes decidieron instalar alarmas comunitarias y megáfonos en un parque frente a sus viviendas.

La razón de lo anterior es que están hartos de que los jíbaros tengan ese espacio para el expendio y algunos jóvenes para sus fiestas desmedidas. En adelante, al notar presencia de consumidores, los vecinos activarán las alarmas con el fin de atraer la atención de las autoridades y hacer cumplir la medida de restricción.

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Esta idea fue adoptada porque el consumo de drogas en ese espacio se ha vuelto incontrolable. El parque, que antes era un lugar de esparcimiento para los niños, ahora es el escenario de consumo, incluso, a plena luz del día, afectando la convivencia y la tranquilidad.

Pero hay que admitirlo, ante el mar de confusión sobre la normatividad que está vigente, el decreto 825 de 2019, está siendo un “saludo a la bandera”. En teoría, este decreto debería garantizar espacios públicos seguros, especialmente cerca de colegios, parques y zonas deportivas y residenciales. Pero en la práctica, su aplicación es casi nula. Además, no hay señalización que indique estas restricciones ni procedimientos claros para hacerlas cumplir.

En contraste, ciudades principales como Medellín, Cali y Barranquilla han implementado medidas similares. Allí, las autoridades locales han delimitado claramente los perímetros de las zonas libres de consumo y, en algunos casos, han instalado señalización visible para que tanto ciudadanos como autoridades tengan claridad sobre las normas.

El problema no solo es la falta de regulación, sino las consecuencias directas sobre las comunidades. En el caso del barrio Villa del Prado, donde se instalaron las alarmas, los padres de familia temen que la exposición constante al consumo de drogas normalice esta conducta para los menores de edad. Los parques y entornos escolares deberían ser zonas seguras, pero en Bogotá, parecen haberse convertido en “zonas grises” donde la autoridad no llega y los infractores actúan con impunidad.

Señalizar las zonas restringidas no solo facilitaría el control por parte de las autoridades, sino que también enviaría un mensaje claro a los ciudadanos: el consumo de sustancias psicoactivas no es permitido en estos espacios. Propongo además que esta medida esté acompañada de un plan integral que incluya campañas de sensibilización.

Es fundamental que Bogotá no se quede atrás frente a otras ciudades del país que ya han avanzado en la implementación de estas políticas. No podemos permitir que el miedo y la resignación lleven a las comunidades a tomar medidas extremas. El espacio público debe ser un lugar de encuentro y convivencia, no un territorio de consumo y desprotección.

Andrés Barrios Bernal

Uribismo se queda con la presidencia de la Comisión Segunda del Concejo de Bogotá

En la foto: Jesús Araque, Andrés Barrios Bernal y Rocío Dussan

El concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Andrés Barrios Bernal, fue elegido con 13 votos a favor como presidente de la Comisión de Gobierno de la Corporación.

“La ciudadanía puede confiar en que, desde esta instancia, estaremos cumpliendo irrestrictamente con la función normativa y el control político en aras de garantizar su bienestar. Asimismo, estaremos rindiendo los informes de gestión semestrales correspondientes”, dijo en el momento de toma de juramento.

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En la primera vicepresidencia fue elegida la concejal por el Polo Democrático, Roció Dussan, quien representará a la oposición al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Por último, en la segunda vicepresidencia estará el concejal Jesús Araque, representando al partido Nuevo Liberalismo.

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Sin señales, sin decreto y sin acción

Comenzando el 2024 los medios de comunicación anunciaron con llamativos titulares que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, prohibiría el consumo de drogas en algunas zonas de la ciudad. Sin embargo, transcurrió un año y la medida jamás llegó, pese a que también se había informado a la opinión pública sobre una supuesta conversación amplia entre el Distrito y el Concejo relativa al tema.

Y es que esta discusión tuvo su auge en el país cuando cambiaron las reglas para el consumo de drogas en el espacio público debido a la irresponsable decisión del gobierno de Gustavo Petro que consistió en derogar el decreto que permitía sancionar a portadores y consumidores en lugares prohibidos como parques.

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Bajo ese panorama, y a toda marcha, algunas autoridades locales preocupadas por sus ciudadanos se dieron a la tarea de encontrarle la comba al palo con el fin de proteger los derechos fundamentales de los menores de edad, la seguridad y convivencia y hasta la salud pública.

En capitales como Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga se expidieron decretos para establecer perímetros y delimitaciones. A diferencia de estos lugares, donde las medidas se adoptaron a toda marcha, en Bogotá esas zonas seguras y libres de consumo se quedaron en una promesa sin cumplir.

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Pero, transcurridos 12 meses, ¿qué se puede hacer ante la paquidermia distrital en este asunto? Pues el tema no es menor y por eso hay que seguir insistiendo. Para empezar, es importante tener presente que está vigente el decreto 825 de 2019 y es deber de las autoridades cumplirlo. Allí se establecen los perímetros y zonas para la restricción del porte, consumo, facilitamiento, distribución, ofrecimiento y comercialización de sustancias psicoactivas.

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En este sentido, y como ciudadanos, debemos saber que tenemos una herramienta que nos blinda. Así las cosas, y en cumplimiento del decreto en mención, tenemos que exigirle a la Administración Distrital que señalice con claridad las zonas restringidas para el consumo de sustancias psicoactivas.

Alrededor de esta solicitud propongo que nos unamos y exijamos su cumplimiento. Es una medida de sentido común que ya aplican en otros lugares. ¿Por qué Bogotá no sigue ese ejemplo? La realidad es incómoda y hay quienes prefieren ignorarla: los parques, plazoletas, entornos escolares y deportivos de la ciudad siguen siendo escenarios de consumo y tráfico. En ese sentido, tenemos una falta de acción y voluntad política.

La señalización no solo serviría como una advertencia visual, sino como una herramienta educativa y preventiva que deje claro dónde está prohibido consumir sustancias psicoactivas y cuáles son las consecuencias legales de hacerlo. Sin embargo, hasta ahora, el Distrito ha ignorado esta necesidad, dejando a las familias y comunidades educativas en una lucha solitaria contra una problemática que debería ser prioritaria. Es una bomba de tiempo.

La presencia de jíbaros en los parques y colegios sigue siendo una amenaza latente que afecta la seguridad y la convivencia en los barrios. ¿Cómo podemos sentirnos seguros si los espacios públicos son tomados por traficantes y consumidores sin que nadie los pueda controlar?

La señalización de zonas libres de consumo de sustancias psicoactivas no debe verse como un gasto innecesario, sino como una inversión en la protección de los derechos de los menores y la promoción de una sana convivencia. Además, es una medida que genera un impacto positivo en la percepción de seguridad de la ciudadanía.

Pero ojo, no se trata solo de cumplir un decreto, sino de demostrar voluntad política para enfrentar uno de los problemas sociales más graves de nuestra época: el consumo de drogas en menores, que incluso afecta hasta a niños desde los seis años. Bogotá no puede seguir sin señales, sin decreto y sin acción.

Andrés Barrios Bernal

Colombia necesita esperanza

En este 2024 hemos atravesado tiempos difíciles y tal vez turbulentos por ciertas realidades que padece Colombia. En medio de la desazón que deja la violencia en las regiones, la inseguridad, la desigualdad, la corrupción, los altos precios de la canasta familiar y de la gasolina, las dificultades para adquirir vivienda propia y un sinnúmero de situaciones que marcan el diario vivir en un país como el nuestro, debemos llenarnos de esperanza y saber que mejores momentos seguramente vendrán.

La esperanza no puede ser un sentimiento pasajero, sino una virtud que se ancle en nuestros corazones bajo la certeza de que siempre existirá un propósito y un plan, incluso en medio de las tormentas más duras.

Nuestro amado país atraviesa desafíos que, aunque parezcan insuperables o complicados de resolver, debemos saber que sí tienen solución. Pese a estas situaciones no podemos perder de vista lo más importante: no estamos solos. Hay un Dios que ve nuestras situaciones más difíciles y que obra a través de quienes se levantan con fe y amor a servir.

Es crucial detenernos y reflexionar sobre lo que realmente sostiene a nuestra sociedad. En mi concepto, estas bases también están fundamentadas en el hogar, la familia, los principios y valores.

La Biblia señala en Romanos 12:12: “Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando”. Este llamado no es solo para quienes somos creyentes, sino también para todos aquellos que anhelan una nación diferente.

Colombia nos necesita; el país requiere de hombres y mujeres dispuestos a sembrar esperanza, a trabajar con valentía e ímpetu y a recordar que los pequeños actos de servicio generan grandes resultados. Son vitales los líderes y comunidades que se conviertan en faros de luz en medio de la oscuridad.

Debemos creer que, aunque hoy las cosas parezcan complejas, el bien siempre triunfará. Ya es hora de que tendamos puentes, de sanar heridas, de escuchar al que piensa diferente y de trabajar en unidad.

Hoy, más que nunca, debemos proclamar que Colombia tiene esperanza, porque hay un propósito para esta nación. Nunca olvidemos que nuestra fe no solo nos sostiene, sino que nos impulsa a ser agentes de transformación.

En este 2025 seamos portadores de esperanza, habrá desafíos y decisiones que tomar, incluso teniendo en cuenta que será un año preelectoral, donde las tensiones políticas seguramente se acentuarán, pero es justo allí donde tendremos el desafío de soñar con un país mejor, en el que se recomponga el rumbo y en el que vuelva la seguridad.

Andrés Barrios Bernal

Un regalo para Bogotá

Si tuviéramos la oportunidad de escoger un regalo para Bogotá, ¿Cuál sería? Me detuve a pensar en esta pregunta y después de analizarlo por varios minutos decidí que el obsequio que yo le daría a nuestra ciudad se llama seguridad.

La razón es que sin seguridad no hay nada, es la garantía para el desarrollo, la inversión y el turismo. Aunque debería ser algo inherente a Bogotá, lamentablemente y como consecuencia de malas administraciones que han antecedido, no lo es.

Los delitos de alto impacto siguen despertando una profunda preocupación y, por supuesto, ante este panorama, la ciudadanía no puede sentirse tranquila en las calles.

Solo entre enero y octubre de 2024 se registraron más de 131.000 denuncias de hurto a personas. Las cifras también evidencian un aumento del 11% en homicidios y del 19,1% en lesiones personales. Los delitos sexuales crecieron un 53% pasando de 5.527 casos entre enero y octubre de 2023 a 8.493 casos en el mismo periodo de 2024.

En cuanto a la extorsión, ésta también creció exponencialmente, en un 70 por ciento. De 1.138 casos en 2023 llegamos a 1.942. Lo anterior muestra que las bandas delincuenciales y grupos criminales siguen campantes por la ciudad.

Pero lo más grave es la violencia intrafamiliar. Los casos casi se duplicaron. De enero a octubre de 2024 tuvimos 48.858 registros, mientras que en el mismo periodo de 2023 fueron 28.498; esto representa un aumento del 71,4%.

La radiografía obviamente preocupa, pero más que cifras y datos, esta es la realidad de muchas familias, de personas que se sienten intimidadas en los barrios, a tal punto que no pueden ni sacar el celular.

Y con todas estas realidades, causa gran preocupación que el 32% de las cámaras de videovigilancia en la capital del país estén fuera de servicio. Lo anterior corresponde a 1.843, de las 5.824 que tiene la ciudad en sus calles. En este momento están ahí como un adorno empolvado y descuidado por parte de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Esto se traduce en que el sistema de videovigilancia presenta graves deficiencias que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y limitan la capacidad de reacción por parte de las autoridades que deberían estar monitoreando lo que ocurre en las calles. Como lo dije en Debate de Control Político en el Concejo de Bogotá, el funcionamiento de ese sistema “se rajó” en este primer año de Administración de Carlos Fernando Galán.

Normalmente, cuando algo se daña en mi casa, busco la manera de arreglarlo o de buscar ayuda. Pero en “Bogotá, Mi Casa, Tu Casa”, eso no pasa. Este es solo un nuevo eslogan bonito, pues aquí en vez de reparar el sistema de videovigilancia, dejaron que se fuera dañando más y más. 

Todos aquí sabemos que heredamos serios problemas por culpa de la ineficacia de Claudia López, quien se autoproclamó como “jefe de la Policía”. Sin embargo, es hora de avanzar y corregir lo que viene mal, pues esta administración llegó al poder con la promesa de que Bogotá iba a caminar segura y hasta el momento eso no se ha visto.

Más allá de un regalo, un anhelo o un sueño, la Administración Distrital tiene que priorizar la seguridad, pues se trata de un derecho que tenemos quienes en Bogotá habitamos. Entre otras cosas, porque de nuestros impuestos se paga por un servicio que no sirve, lo cual lleva a la delincuencia a aprovecharse de estos vacíos. 

Andrés Barrios Bernal

Bogotá no puede pagar los platos rotos

¡Hay que admitirlo! Bogotá es la ciudad con la que Gustavo Petro se desquita cada vez que algo sale mal en su gobierno. Pareciera ser la forma que tiene el jefe del Estado para desviar la atención sobre los fracasos de su mandato.

Para todos es bien sabido que, si por él fuera, el Metro de Bogotá no avanzaría y seguramente, estaría en veremos. La más reciente improvisación presupuestal de su gobierno llevó a que el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, dijera que se evaluarán los giros para la obra y todo por cuenta de la derrota que sufrió la reforma tributaria en el Congreso de la República.

La caída del proyecto impulsado por el gobierno es un ejemplo contundente del desorden que caracteriza a esta administración. Sin esta reforma, su capacidad para cumplir con ambiciosas metas queda severamente limitada, y no es para menos, pues el derroche, la falta de ejecución y la corrupción han imperado en la era del petrismo. En este sentido, aplaudo que el legislativo no se dejara meter los dedos en la boca y se opusiera a seguir exprimiendo el bolsillo de la gente.

El fracaso de la reforma tributaria es un claro síntoma de un gobierno que no logra articular una estrategia coherente y que solo vive para polarizar el país. La desconexión entre la retórica de Petro y las acciones concretas se hacen cada vez más evidentes.

En represalia por el hundimiento de la tributaria y como pataleta de niño chiquito, Petro anunció la ruptura de relaciones con las comisiones económicas del Congreso. En vez de comportarse como el gobernante y estadista que debería ser, decidió actuar como un opositor más, olvidándosele el cargo que ocupa y cuya dignidad irrespeta todo el tiempo.

Pero más allá del show semanal que ya estamos acostumbrados a ver por cuenta del presidente de Colombia, las implicaciones si se incumple con los pagos para el proyecto del Metro serían bastante graves. Aquí hay contratos de por medio y está en juego la credibilidad de la nación. Por eso celebro que el alcalde Carlos Fernando Galán respondiera y señalara que la obra sí o sí se tiene que blindar, independientemente de los caprichos políticos que vienen desde la Casa de Nariño. 

Bogotá es una de las ciudades con los peores niveles de movilidad en América Latina y lleva varias décadas esperando una solución real y estructural a su caos vehicular. La primera línea del Metro no solo representa un alivio para millones de ciudadanos, sino que es un paso necesario para transformar la infraestructura de la capital del país. Los retrasos y la incertidumbre perpetúan el rezago, afectando directamente la calidad de vida de las personas y la competitividad de la ciudad.

Lo cierto es que este gobierno, que parece más enfocado en las disputas políticas que en las soluciones concretas, no puede seguir desquitándose con Bogotá. Tiene bloqueado el proyecto para nuevos accesos por el norte de la ciudad, quiere acabar con TransMilenio y cada vez que puede pone una traba en la rueda para el avance del Metro.

Mientras tanto, Bogotá sigue esperando a que las palabras del presidente se conviertan en hechos, pero amanecerá y veremos. Por eso no nos podemos confiar, porque seguramente no cumplirá y la ciudad capital no puede someterse a seguir pagando los platos rotos.

Andrés Barrios Bernal

Un protocolo para las víctimas de hurto

Hace unos meses conocí el desgarrador caso de Juan Gabriel Tavares, de 38 años, a quien la delincuencia le arrebató a su esposa de 27 años. Juntos tenían un local de comidas rápidas en Bosa la Independencia, pero todo se convirtió en tragedia, cuando, en diciembre de 2022, hombres armados ingresaron a robar en su establecimiento comercial.

Aunque en ningún momento se opusieron y entregaron todas las ganancias del día, los delincuentes abrieron fuego, disparándole en tres ocasiones a la joven mujer llamada Heidy. Ella murió, dejando huérfana a una niña de once años.

Dolorosamente, como este caso, hay miles en Bogotá. Ciudadanos apuñalados, agredidos o escopolaminados en el transporte público solo por robarlos. Algunas personas, como Heidy, pierden la vida, pues la sevicia de los delincuentes es inexplicable.

Durante la administración de Claudia López, en la que se descuidó abismalmente la seguridad de Bogotá, más de 620.000 personas fueron víctimas de hurto. La cifra es escandalosa y exageradamente preocupante, pues debemos recordar que en ese periodo hubo pandemia y la ciudadanía estuvo en casa. Aún así el hampa tuvo alta cabida.

Con la llegada del alcalde Carlos Fernando Galán, la gente conserva la esperanza de que esa realidad cambie, pues se eligió con la bandera de una Bogotá que caminará segura.

Sin embargo, el sol no se puede tapar con un dedo y sabemos que la delincuencia y la criminalidad están enquistadas en la capital del país. Tan solo de enero a octubre de 2024 se registraron 131.774 casos de hurto en todas sus modalidades y tal vez podrían ser muchos más, pues estos son solo los denunciados.

Ante esta alarmante realidad, la ciudad necesita un Protocolo de Atención Integral para Víctimas de Hurto, y, pensando en ello, presenté el proyecto de acuerdo 552 de 2024, ante el Concejo de la ciudad, que ya pasó a sanción del alcalde.

Considero que si a la gente no se le está garantizando su derecho a la seguridad, lo mínimo es que se le pueda orientar y brindar apoyo tras la materialización de un delito, que sin duda, deja profundas heridas. 

Lo que busco con este Protocolo es que el Distrito cree una ruta y haga esfuerzos suficientes para acompañar a las víctimas con apoyo jurídico, psicosocial y mayor acceso a la oferta institucional.

Se trata de un paso significativo para estar del lado de las víctimas, de los agredidos, de los vulnerados. La desconfianza en las instituciones es otro factor que debe analizarse. Actualmente, tenemos un problema delicado y es que gran parte de la gente no denuncia. El 39 % de las víctimas de algún delito considera que hacerlo no generará ninguna solución.

Pido al Distrito y en especial a la Secretaría de Seguridad que actúe y reglamente esta iniciativa de forma rápida. No solo es cuestión de implementar nuevas estrategias, sino de lograr de nuevo la esperanza en la ciudadanía, de crear un entorno donde las personas se sientan protegidas y escuchadas.

Queremos justicia por Juan Gabriel Tavares y su pequeña hija, pues él asegura que la justicia en este país no fluye y que el Distrito los abandonó por completo. En su inmenso dolor y frustración ante lo ocurrido señala que el homicida sigue libre en las calles de la ciudad.

Ya está bueno de privilegios para los victimarios, que por cierto, son muchos por parte del gobierno de Gustavo Petro. Desde que llegó a la presidencia solo ha enviado mensajes errados, en los que los criminales terminan siendo favorecidos. El país necesita recomponer el rumbo, saber que la legalidad es el camino y no la delincuencia que tanto daño nos hace.

Andrés Barrios Bernal

A reiniciar la ETB

Esta semana el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la llegada del exministro Diego Molano Vega como nuevo presidente de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB. Se trata de una compañía que, lejos de causar admiración, debe retomar el rumbo y literalmente: reiniciarse; sobre todo, en su servicio de conectividad que, indirectamente, ha puesto en riesgo el derecho a la seguridad de la ciudadanía.

Bogotá tiene 5.824 cámaras en sus calles, de las cuales 739 no sirven y todo por culpa de la ETB. Resulta que la empresa tiene fallas de conectividad, algo que increíblemente no se ha podido sortear y que al parecer no se resolverá en el corto plazo, pues estamos a un mes de terminar el 2024.

Sin embargo, y pese al mal servicio que la ETB ha prestado al Distrito en los últimos años, la Secretaría de Seguridad la premió. La entidad le adjudicó a la compañía un nuevo y millonario contrato, esta vez para el mantenimiento de las cámaras de videovigilancia, esas mismas que no han estado conectadas en lo que va del periodo Galán.

Aunque la ETB brinda un perverso servicio, el contrato que le dieron el pasado 31 de octubre es por valor de $16,450,000,000 y tiene un plazo de ejecución de 12 meses. El objeto es mantenimiento preventivo, correctivo y soporte al sistema de videovigilancia de la ciudad.

Y no es cuestionar por cuestionar, desde mi llegada al Concejo de Bogotá me he dedicado a hacer un seguimiento exhaustivo sobre el sistema de videovigilancia y, lamentablemente, debo decir que en vez de mejorar ha ido en deterioro progresivo.

Además, entes de control como la Contraloría de Bogotá han confirmado en sus informes que las principales causas de daños en el sistema de videovigilancia corresponden a fallas y caídas masivas en la conectividad, responsabilidad de la ETB. Incluso, se ha advertido sobre su falta de capacidad operativa, administrativa y financiera.

Según la Contraloría, el 65.5% de las cámaras están fuera de servicio por causas atribuibles a la ETB, mientras que las fallas por mantenimiento representan el 26.5% de la indisponibilidad. Es decir, la ETB tendrá que resolver su problema y se le sumará el que antes tenía un tercero, corriendo el riesgo de que el sistema siga siendo ineficaz.

Para nadie es un secreto que la seguridad en la capital del país atraviesa un muy pero muy mal momento. Pese a esto, herramientas claves para mejorar esta problemática no están dando los resultados que se esperan y el Distrito pareciera ignorarlo.
En este sentido, advierto lo siguiente: el Distrito le dio a la ETB una nueva responsabilidad que ni siquiera sabemos si serán capaces de cumplir. La Secretaría de Seguridad, en lugar de buscar soluciones efectivas, ha optado por profundizar la crisis dándole otro contrato a una empresa que ha demostrado que no puede.

Y la cereza del pastel, la justificación ofrecida por la Secretaría de Seguridad para esta contratación directa resulta insuficiente y preocupante. La entidad señala un supuesto «conocimiento técnico especializado» de la ETB, basándose únicamente en su experiencia en telecomunicaciones. Más grave aún, se presenta como beneficio el ahorrar solo $9,933,978 en comparación con otras propuestas económicas.

No se puede tratar la seguridad de los bogotanos como un gasto a minimizar, ésta debe ser pensada como una inversión fundamental para el bienestar de la ciudad.

Hablando sobre cámaras, se tienen que acabar las excusas. Actualmente, el Distrito tiene 1.843 cámaras que no sirven por diversas causas como obras, vandalización, energización, entre otras. Esto es vergonzoso y demuestra una profunda incapacidad.

Bogotá no puede seguir desconectada y esperemos que la ETB, con su nuevo presidente, reinicie y de una vez por todas encienda el router.

Andrés Barrios Bernal

Gestores, pero de guerra

Nunca nos dijeron que la “Paz Total” constituiría un sinnúmero de privilegios para quienes han delinquido en el país y se han caracterizado por infundir terror a sus anchas por las regiones de Colombia.

Esta semana causó indignación la designación de 18 exparamilitares de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, como “gestores de paz”, mediante la resolución 453 de 2024. Sus prontuarios recogen homicidios, masacres, abuso sexual de menores de edad, torturas, secuestros, desapariciones forzadas, reclutamiento, narcotráfico y la lista de delitos puede ser interminable.

Esta decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, pone nuevamente en evidencia que quienes delinquen tienen privilegios y están amparados bajo un gobierno que se autodenomina del cambio. Lo anterior, representa un pésimo mensaje para la sociedad colombiana. Lejos de generar un consenso frente a la búsqueda de soluciones a la violencia enquistada por décadas, revive profundas heridas y muchas dudas sobre la búsqueda de verdad, justicia y reparación.

Todos los mensajes que envía este gobierno son de impunidad, acrecentando la inconformidad ciudadana frente a un jefe de Estado que deja de lado a las víctimas y se hace el de la vista gorda justificando lo injustificable. Petro no puede seguir lavándole la imagen a cuanto delincuente existe en Colombia.

Estos criminales, premiados como regalo anticipado de navidad, han incumplido en el pasado a Justicia y Paz y se han burlado vilmente de las víctimas, por lo tanto, no es posible creer que ahora la historia será diferente, pues ellos solamente han sido gestores, pero de guerra.

Sin embargo, según Petro, no se trata de beneficios jurídicos y quien acepta ser “gestor de paz” está dispuesto a resarcir a las víctimas, una fantasía que solo es posible creer en su imaginario. Aquí lo que hay detrás es una complacencia con los bandidos y una camuflada intención de permitir que cada día ganen más terreno para sus actividades ilícitas. Colombia ya suma la vergonzosa cifra de 253 mil hectáreas de área sembrada de coca, solo por dar un ejemplo.

Petro también se equivoca al creer que nombrando a estos exparamilitares como “gestores de paz”, se sentarán a dialogar de forma transparente. Sumado a esto, no hay claridades para la sociedad colombiana sobre el papel que estos delincuentes desempeñarán. ¿Se tratará de un compromiso de campaña adquirido bajo el llamado Pacto de la Picota?

Entre tanto, el gobierno que cree tener superioridad moral, será cuestionado precisamente por eso. Por un lado, se escandalizan con canciones como +57, que valga la claridad también rechazo, pero no se ruborizan en lo más mínimo con el nombramiento de delincuentes en cargos inventados para su complacencia. Francamente, no se entienden las constantes concesiones hacia violadores de los derechos humanos que tienen procesos judiciales. Lo de Petro, definitivamente, es impresentable.

Andrés Barrios Bernal