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Etiqueta: Andrés Barrios Bernal

El concejal Andrés Barrios Bernal asegura que estudiantes de colegios pierden hasta 14 días al año en los trancones del norte en Bogotá

El concejal Andrés Barrios alzó la voz ante una realidad alarmante: niños, niñas y adolescentes están perdiendo hasta 14 días al año atrapados en trancones en el Borde Norte de Bogotá.

“Esta situación no solo afecta su derecho a la educación, sino que compromete seriamente su bienestar físico y emocional. Los niños están atrapados en buses por más de 105 minutos al día. En un año, eso equivale a 350 horas. Es decir, dos semanas enteras de su vida escolar se pierden en el tráfico”, dijo Barrios.

 

De acuerdo con una investigación de campo que hizo el concejal junto a su equipo de trabajo en el Concejo de Bogotá, en la autopista norte, en el tramo que va desde la 167 hasta la 235; es decir, los menores están gastando todas estas horas sin incluir el trayecto desde y hasta sus casas.

El Borde Norte es una de las zonas con mayor crecimiento poblacional y educativo de Bogotá; actualmente alberga más de 304.056 estudiantes, con al menos 2.796 rutas escolares operando a diario.
“Esto no son solo minutos atrapados en el tráfico, son días enteros que le estamos robando al juego, al estudio, al descanso y al desarrollo de nuestros niños. El colapso de la movilidad está condenando la educación. El Distrito no se puede volcar a esta zona únicamente cuando hay emergencias como la del año pasado”, puntualizó.

Dijo además que buses provenientes de Chía, Cajicá y Zipaquirá operan como “taxis colectivos”, invadiendo carriles, recogiendo pasajeros en zonas no autorizadas, y sin los controles de seguridad aplicados a la Terminal Norte.

Barrios exigió a la Secretaría de Seguridad la reparación del sistema de videovigilancia. Actualmente, hay 19 cámaras de seguridad en el sector, de las cuales sólo 12 están en funcionamiento.

Nota recomendada: Carta de Andrés Barrios Bernal para Lyan

Carta de Andrés Barrios Bernal para Lyan

Querido Lyan, no sé si algún día leerás estas palabras, pero quiero aprovechar el espacio para decirte que en Colombia fuimos muchos quienes estuvimos pendientes de tu caso, incluso, orando por ti durante las últimas semanas.

Tal vez, al ser mayor, comprendas mejor lo que sucedió estos días, cuando tenías solo once años y el país entero supo tu nombre porque te arrancaron de los brazos de tu familia en Jamundí, Valle del Cauca.

 

Pero quiero que sepas algo: no fue un accidente o una retención. No fue una simple coincidencia que los violentos pudieran secuestrarte sin que nadie se los impidiera. Fue la consecuencia directa de decisiones políticas, de una estrategia de gobierno fallida y que ha confundido la paz con la rendición ante los criminales.

El actual gobierno, el de Gustavo Petro, ha elegido cerrar los ojos frente al terrorismo con la “esperanza” de que la violencia se detenga sola. Ha pactado con grupos que nunca han cumplido su palabra. A criminales les ha ofrecido ceses al fuego, mientras ellos siguen secuestrando niños (como tu), extorsionando campesinos, reclutando menores y asesinando. Y, por si fuera poco, se creará una “zona de ubicación” para integrantes de las disidencias de las FARC.

Pero a ti, Lyan, no te protegieron. Te convertiste en un rehén de su negligencia, en el rostro más inocente de una política de “Paz Total” que, en la práctica significa impunidad total.

Lo cierto es que el Estado ha abandonado su función más básica: proteger a sus ciudadanos y en especial a los menores de edad. De hecho, tus padres debieron negociar y pagar por tu liberación ante el silencio e incompetencia de quienes hoy nos gobiernan.

No se puede construir paz desde el silencio frente al crimen. No se puede hablar de justicia social (esa que tanto prometen desde la izquierda) si los más vulnerables siguen siendo las principales víctimas del conflicto. Y tú, Lyan, eres la prueba más desgarradora de eso.

Quiero creer que tras volver a casa estarás bien. Aunque sé que nada devolverá el tiempo que perdiste, el miedo que sentiste, la herida que esto dejará en ti, en tu familia y en todo un país que no puede seguir normalizando lo intolerable. También conocimos del homicidio de tu familiar, que, seguramente, dolerá, independientemente, de las diversas versiones sobre los hechos que han salido a la luz.    

Perdón, Lyan. Colombia te debe mucho más que una carta. Te debe un futuro donde ningún niño tenga que vivir lo que tú estás atravesando. Y a quienes hoy gobiernan, al petrismo, le debemos exigir que cumpla con su deber: no con más discursos cargados de ideología, sino con acciones firmes contra los delincuentes y criminales que siembran terror.

Andrés Barrios Bernal

Sí a las zonas libres del consumo de drogas

Sigo defendiendo con firmeza la señalización de las zonas donde no está permitido el consumo de drogas. He emprendido esta cruzada porque los niños, niñas y adolescentes de Bogotá merecen más por parte de nosotros como sociedad. No descansaré hasta que logremos entornos seguros de sustancias psicoactivas.

Así como hoy en día reconocemos los espacios libres de humo, lugares donde no está permitido fumar ni vapear por razones de salud pública, o sitios con señalética clara sobre la restricción del ingreso de mascotas, en la ciudad vamos a tener señalización para advertir que en ciertos entornos, especialmente aquellos donde hay presencia de menores, no se puede consumir drogas, según lo estipula el vigente decreto distrital 825 de 2019.

 

No se trata de una medida arbitraria ni punitiva, sino de una forma de proteger derechos, especialmente los de los más vulnerables: nuestros niños.

Recientemente, el Concejo de Bogotá dio un paso firme hacia este camino. La corporación aprobó el proyecto de acuerdo del cual soy autor y que busca señalizar entornos escolares, parques y plazoletas principalmente. El balón está ahora en la cancha del Distrito, pues esta iniciativa ya pasó a sanción del alcalde. Desde el momento en que entre en vigencia, estas demarcaciones se harán de forma progresiva y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.   

Diariamente, desde mi rol como concejal de Bogotá, recorro los barrios de nuestra ciudad. Escucho, observo y, sobre todo, analizo las preocupaciones de la ciudadanía. En cada conversación con una madre angustiada, con un padre desesperado o con algún representante de la comunidad académica, se repite una misma inquietud: el consumo de drogas en espacios públicos y entornos escolares es alarmante.

Frente a esta realidad, propuse esta iniciativa que lo que busca es generar herramientas que faciliten el cumplimiento de la normatividad vigente y fortalezcan la sana convivencia ciudadana. No se trata de estigmatizar a los consumidores, como algunos sectores han tratado de hacer ver rasgándose las vestiduras.

Esta propuesta no surgió en un escritorio alejado de la realidad, ni desde la distancia. Nació del trabajo constante en las localidades de Bogotá y del contacto directo con las circunstancias que viven las comunidades.

Y los datos lo confirman. Según información oficial proporcionada por la Secretaría de Salud, entre enero de 2020 y julio de 2024 se registraron  10.686 atenciones a menores de edad por trastornos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas.

El grupo más afectado es el representado por jóvenes entre los 14 y 17 años, pero lo más alarmante es saber que esta problemática no discrimina edades. La Secretaría de Educación de Bogotá, a través del Sistema de Alertas, reportó 6.431 casos de consumo de sustancias psicoactivas en menores durante el año 2023, con un incremento del 37% en los casos reportados en niños de seis a 11 años. Esta cifra debería ser suficiente para encender todas las alarmas.

Colombia, y en particular nuestra capital, enfrentan una problemática estructural en torno al consumo de drogas. Es una situación compleja, de múltiples causas que requiere una estrategia integral que incluya la prevención, la educación, el tratamiento y, por supuesto, el fortalecimiento del tejido social.

Sin embargo, tenemos a un gobierno nacional alcahueta, que envía mensajes equivocados sobre esta problemática de las drogas y que los acolita bajo el escudo del libre desarrollo de la personalidad. 

La señalización en espacios públicos, entonces, es una herramienta más en esta lucha. No busca perseguir ni estigmatizar, sino recordar que hay lugares donde el consumo de drogas no puede ni debe ser tolerado, especialmente cuando están en juego los derechos de los niños. Nuestra Constitución Política es clara: los menores de edad gozan de especial protección y es deber del Estado, de las instituciones y de la sociedad velar por su bienestar.

Soy y seguiré siendo el concejal antidrogas, porque ese maldito veneno debe salir de los entornos escolares y parques inmediatamente.

Andrés Barrios Bernal

La infancia de Colombia está en peligro

Consternados, indignados, sacudidos o cualquier otro calificativo es insuficiente para describir el dolor que nos une como nación tras los aberrantes hechos ocurridos en un jardín infantil de Bogotá, a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. 

Hablo de lo sucedido en el Hogar Infantil Canadá, ubicado en la localidad de San Cristóbal, suroriente de la capital colombiana. En ese lugar, menores entre los dos y cuatro años, habrían sido víctimas de Freddy Arley Castellanos, un docente del ICBF, quien fue capturado por presunto abuso sexual a cerca de 12 niños.

 

Este horroroso caso no es un hecho aislado, sino el reflejo de una crisis en la protección de lo más valioso que tenemos como sociedad: la infancia.

El gobierno actual se ha caracterizado por dejar de lado la protección de niños, niñas y adolescentes, al punto que, hasta el propio presidente de la República, Gustavo Petro, lo ha reconocido públicamente (sin que anuncie una política seria para afrontar la situación). 

En ese sentido, debo señalar con firmeza que la responsabilidad sobre lo sucedido recae en el gobierno de Petro. Es a este gobierno al que las madres de los menores reclaman justicia, apoyo y reparación. Han sido esas madres quienes alzaron su voz en defensa de sus niños. Sin embargo, el mandatario ha sido indiferente a este dolor.   

A Colombia no se le olvida que la primera directora del ICBF nombrada por el petrismo fue la señora Concepción Baracaldo, amiga íntima de la primera dama Verónica Alcocer. “Concha”, como le dicen en su círculo cercano, no tenía experiencia alguna en asuntos de infancia, de hecho, su principal cualidad era una relación de amistad con Alcocer. Entre sus polémicas salidas se destaca haber puesto a cantar el Himno de la Alegría a los asistentes de un evento.  

Debo decir que, desde el momento mismo en que se designó a Baracaldo, en la oposición de Colombia cuestionamos lo que se venía para la infancia de todas las regiones del país. El tiempo nos dio la razón.  

Dicho y hecho, el clientelismo y el haber tomado el ICBF como fortín burocrático, desencadenó hechos trágicos como el de San Cristóbal, pues al convertir la institución en una entidad burocrática, se dejaron de lado procedimientos, rigurosidad de funcionarios y planificación en la protección de menores.

Sin duda, el caso del jardín infantil en Bogotá expone las consecuencias de estas decisiones. La falta de supervisión y protocolos efectivos permitió que un agresor operara impunemente en una institución bajo la supervisión del ICBF.

Era tal el miedo que los niños le tenían al profesor que los amenazaban con enviarlos bajo su supervisión, según el testimonio de una madre. ¿No era esto un medidor suficiente para que se tomaran acciones?

Lo anterior, no es un incidente aislado, pues en el primer trimestre de este 2025, se registraron 2.404 alertas de abuso sexual a menores desde entornos escolares en Bogotá.

Por lo anterior, es imperativo que el gobierno tome medidas concretas para proteger a la infancia, incluyendo una política de Estado. Esto implica nombrar líderes con experiencia y compromiso en la defensa de los derechos de los niños, implementar protocolos de supervisión efectivos en las instituciones educativas y garantizar que las denuncias de abuso sean investigadas y sancionadas con celeridad. Debemos unirnos como sociedad y exigir la renuncia de la directora actual del ICBF, Astrid Eliana Cáceres.

Esta columna es una voz de protesta en solidaridad con todas las víctimas y sus familias.

Andrés Barrios Bernal

La Rolita: buenas intenciones con ilegalidades evidentes

Al pensar en la situación actual de La Rolita, Operadora Distrital de Transporte, se me viene a la mente el caso de Epa Colombia. Ustedes se preguntarán, ¿eso qué tiene que ver? Pues explico la analogía.

En el 2019, durante una protesta, Daneidy Barrera vandalizó una estación de Transmilenio y fue grabada en flagrancia. Incluso, ella misma hizo publicaciones en redes sociales mostrando su “osadía” y desafío al sistema. Años después, decidió reinventarse como empresaria de keratinas e influencer, generó empleo, pagó impuestos y aportó a la economía. Sin embargo, nada de eso le sirvió como atenuante para el delito cometido y fue condenada a cinco años de prisión. Se trató de una decisión judicial que dejó atónito a más de uno. Pero, el derecho es claro, la ley no absuelve por buena conducta posterior.

 

Así las cosas, contrasto el caso con La Rolita, ¿Por qué deberíamos omitir los vicios en su creación? ¿Porque presta un servicio necesario para la población? ¿Por qué tenemos que premiar el resultado y olvidar la forma? ¿Porque la intención era buena? Pues, en mi opinión, esa no puede ser la vara con la que se mide la legalidad en una democracia y, mucho menos, hacer incurrir a otros en el error.

En derecho, como en política, las buenas intenciones no eximen de responsabilidad. Esa es una lección que, al parecer, la exalcaldesa Claudia López omitió durante su mandato.

El caso de La Rolita no solo es un síntoma de improvisación institucional, sino un claro ejemplo de cómo el discurso progresista puede ser usado para encubrir decisiones que vulneran el marco legal.

Y aclaro, La Rolita genera empleo, beneficia a mujeres berracas y pujantes que allí trabajan, resuelve la movilidad de gran parte de Ciudad Bolívar, es una alternativa sostenible con buses eléctricos, todo esto lo pude evidenciar en un recorrido que realicé este año a sus instalaciones. Aquí el problema es que, quieran admitirlo o no, se creó por fuera de la ley, y buscan con una narrativa, hacer ver todo lo contrario y endilgar responsabilidades a otros. El tema es jurídico, no de conveniencia.

El artículo 69 de la Ley 489 de 1998 es clarísimo: toda empresa descentralizada debe nacer con autorización del Concejo y con un estudio técnico que sustente su viabilidad. La administración de la señora López hizo lo primero, a medias, y lo segundo, sencillamente no lo hizo. En su lugar, insertó el artículo 91 en el Plan de Desarrollo 2020–2024, sin el estudio requerido, y con eso le dio vida a una empresa pública. Importante que la ciudad y el país vean la inexperiencia de quien aspira entrar a la carrera por llegar a la Casa de Nariño.

Tiempo después, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló ese artículo por no cumplir con la ley. ¿Qué significa esto? Que todo lo actuado con base en ese artículo, incluida la constitución de La Rolita, es nulo.

Pero el asunto se agrava. En 2022, la empresa Transmilenio, accionista mayoritario, permitió que ENEL adquiriera acciones de La Rolita, transformando su naturaleza de pública a mixta. Todo esto sin autorización del Concejo, como si la participación privada en una empresa distrital fuera un detalle administrativo y no una decisión de fondo.

Ahora desde la administración distrital, con Claudia López por fuera, y con el lío encima, se le presentó un nuevo Proyecto de Acuerdo al Concejo de Bogotá tratándolo de hacer ver como “solución”. Nos dicen que La Rolita “funciona” y que “necesita ser salvada”. Sin embargo, el derecho no premia buenas intenciones o pregúntenle a Epa Colombia. 

La creación de La Rolita no fue un error técnico: fue una decisión política que, con la testarudez de Claudia López ignoró advertencias, evadió controles y burló la norma. Y lo peor es que ahora se busca que el Concejo de Bogotá se preste para “legalizar” ese acto, como si los fallos judiciales fueran sugerencias y no mandatos.

Lo que Claudia hizo con La Rolita no fue un acto heroico, fue una omisión consciente de las reglas del juego democrático que afecta de manera directa a mujeres y familias.

Andrés Barrios Bernal

Tiempos de reflexión

En tiempos donde todo parece acelerado, las discusiones públicas o debates muchas veces se tornan álgidos, y la rutina parece desbordarnos, se hace necesario detenernos a reflexionar.

Y pocas épocas del año nos invitan tanto a hacerlo como la Semana Santa. Más allá del significado religioso, este tiempo constituye una oportunidad para mirar hacia dentro, revisar nuestras motivaciones y preguntarnos por el tipo de ciudad que estamos construyendo.

 

Bogotá es una capital maravillosa. A veces caótica, sin duda. Pero está llena de vida, de historias, de gente proveniente de todos los lugares del país y del mundo. Sin embargo, es también una ciudad herida por la inseguridad, por la falta de orden, por las basuras en las calles y por la desconfianza entre unos y otros. Pero, justamente, por eso, necesita de una ciudadanía que quiera participar y que aporte en su transformación.

Bogotá también necesita, en palabras simbólicas, resucitar: en su manera de convivir y de escucharse. Esta columna no pretende sermonear, pero en ella sí quiero invitar a creer que otra ciudad es posible si cada uno de nosotros decide actuar con un poco más de civismo, de respeto, de tolerancia y de sentido de pertenencia. Si decidimos “bajarle el volumen” a la conveniencia propia y “subirle” al compromiso por el bien común.

Hay un versículo bíblico que me acompaña y que hoy quiero compartir como idea para pensar la ciudad: “No se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos” – Gálatas 6:9.

Y hacer el bien puede empezar desde lo más cotidiano, aquí expongo algunos ejemplos. Ceder el paso, respetar las señales de tránsito, parquear donde se debe, no tirar la basura en la calle, cuidar el mobiliario público, tratar con respeto al que piensa distinto, escuchar antes de juzgar. Seguramente son muchos más, pero pequeños actos, multiplicados, cambian el entorno de una ciudad. Lo que nos falta no es gente buena, es gente convencida de que sus acciones sí tienen impacto.

Bogotá necesita una ciudadanía activa. Que se indigne ante lo que no funciona, que reclame, que exija a las autoridades y líderes políticos, pero también que trabaje desde lo pequeño para transformarla.

En este tiempo de reflexión, donde la resurrección de Cristo significa, para mí y millones, la posibilidad de salvación y redención, podríamos preguntarnos: ¿qué tenemos que resucitar en nuestra ciudad?

Como concejal de Bogotá, analizo cada día los desafíos que enfrentamos. Y también veo la fuerza que tiene nuestra amada ciudad cuando se une. Cuando trabaja junta. Cuando se acuerda de que todos, absolutamente todos, queremos lo mismo: vivir bien, vivir tranquilos, vivir seguros.

Por eso, más allá de credos, invito a todos a tomarnos este tiempo como una pausa para pensar y renovarnos. Bogotá no es perfecta. Ninguna ciudad lo es. Pero tiene en sus manos, en las nuestras, el potencial de reinventarse cada día. No olvidemos que aún en los días más oscuros, siempre hay luz si sabemos hacia dónde mirar.

Andrés Barrios Bernal

Petro le dio la espalda a los “nadies”

Esta semana la capital del país volvió a ser epicentro de protestas por parte de la comunidad indígena que llegó desde diferentes lugares de Colombia. Más de 1.800 personas se trasladaron hasta Bogotá, recorriendo cientos de kilómetros, con el fin de visibilizar sus problemáticas y ser escuchados por el gobierno nacional.

Sin embargo, todo se tornó tenso cuando con vías de hecho generaron caos en el centro de la ciudad, bloquearon el transporte público y hasta desprendieron adoquines de las calles que fueron lanzados a la fuerza pública que evitaba los desmanes.

 

Y aunque lo sucedido no es justificable desde ningún punto de vista, y las comunidades indígenas luego ofrecieron disculpas, hay que decir que todo esto es consecuencia de la traición del presidente de la República.

Los indígenas buscaban ser escuchados, pero ¡oh sorpresa! Gustavo Petro no les dio ni la cara y se negó a recibirlos, pese a que acampaban bajo la lluvia y el frio en la Plaza de Bolívar, a pocos metros de la Casa de Nariño.

Es decir, los “nadies” que Petro tanto defendió en campaña fueron ignorados de forma vil y humillante. El mandatario no tuvo tiempo, ni voluntad y mucho menos decencia para oírlos.  

No quiso atender a quienes lo ayudaron a elegirse, a quienes les prometió mejorar sus condiciones y a quienes durante años él ha movilizado por el país en su defensa. Con justa razón representantes de los Misak, los Nasa y los Quillasinga señalaron que no puede tener el bastón de mando en representación de las comunidades indígenas una persona que los dejó tirados y a la intemperie.

De hecho, el petrismo prácticamente dejó la situación en manos del Distrito, que tuvo que salir a sortear lo que estaba ocurriendo. Aunque finalmente se instaló una mesa de diálogo permanente con el gobierno, estas comunidades partieron con el sinsabor del desplante recibido.

Es lamentable que, por mucho tiempo, el presidente Petro haya posado como el adalid de los excluidos y el defensor de los menos favorecidos, cuando todos sabemos que no es así. Lo sucedido esta semana puso en evidencia quién es realmente, porque una cosa es el discurso y otra muy distinta es el ejercicio del poder.

Lo que hizo Petro es un acto de desprecio que le duele a estas comunidades, especialmente viniendo de un gobierno que se autodenominó “del cambio” y que prometió construir desde los territorios.  

Además del desplante, también es grave la contradicción. Petro ha hablado incansablemente de justicia social, de reparación, de una “potencia mundial de la vida”. Al negarse a recibir a los pueblos indígenas, sentenció su propia narrativa, que pasó a ser cháchara. Petro marginó a quienes han sido actores fundamentales en sus banderas.

Andrés Barrios Bernal

Concejal Andrés Barrios prende las alarmas por la creciente venta de drogas ilegales en entornos escolares de Bogotá

El concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Andrés Barrios Bernal, denunció una vez más el alarmante crecimiento de la venta de estupefacientes en los alrededores de los colegios públicos de la capital de la ciudad.

“Entre enero y septiembre de 2024 encontramos 3.976 casos de consumo de sustancias psicoactivas en colegios públicos y 1.125 en privados, para un total de 5.101 casos. Si lo desglosamos por género, hallamos 2.015 casos en mujeres y 3.086 en hombres”, dijo el concejal.

 

El cabildante alertó que la gran mayoría de estos casos corresponden a menores de edad.
“Vemos con mucha preocupación la cantidad de jóvenes que entre los 13 y los 17 años están consumiendo algún tipo de sustancia psicoactiva, en estas edades encontramos un registro de 4.050 casos. Y ojo, porque solo en muchachos de 15 años encontramos 1.023 casos”, reveló Barrios.
Las localidades con mayor número de casos fueron Bosa (629), Kennedy (619), Suba (592), Ciudad Bolívar (516) y Engativá (406).

Nota recomendada: No más niños y jóvenes esclavos de las drogas

Según la investigación del concejal las sustancias psicoactivas más consumidas fueron: Marihuana, alcohol, vapeador, tabaco, inhalantes o disolventes (bóxer, dick, poper), cocaína, mezclas y éxtasis.
Los principales factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas fueron: experimentación, problemas, placer y presión de grupo.

“No podemos permitir que más niños y jóvenes se conviertan en esclavos de las drogas. No es justificable que las jornadas de prevención al consumo realizadas el año pasado por parte del Distrito únicamente fueran para cinco mil estudiantes, incluso, dejando por fuera localidades como Chapinero, Barrios Unidos y La Candelaria”, puntualizó Barrios.

El más reciente informe sobre consumo de estupefacientes en colegios públicos entregado por el concejal Andrés Barrios dice lo siguiente: 5 años (1); 8 años (6); 9 años (42); 10 (136); 11 (233); 12 (447); 13 (770); 14 (944); 15 (1.023);16 (876);17 (437); Mayor de edad (186)

No más niños y jóvenes esclavos de las drogas

5.101 casos de consumo de sustancias psicoactivas se registraron en tan solo nueve meses en colegios distritales y privados de Bogotá. Esta alarmante cifra fue reportada por la Secretaría de Educación y comprende el periodo enero-septiembre de 2024.

El tema del consumo de drogas en menores de edad es algo serio y no podemos seguir impávidos ante esta realidad que carcome silenciosamente en las aulas de clase y entornos escolares. Bogotá necesita prevenir y enseñar sobre los riesgos de las sustancias psicoactivas. Dependencia, depresión y alteraciones al sistema nervioso son solo algunas de las consecuencias; sin contar con que este flagelo afecta también el ámbito personal, familiar y social de quien cae en este veneno.

 

Las sustancias psicoactivas están siendo adquiridas de forma fácil por parte de niños, niñas y adolescentes, al punto que el año pasado encontramos más de 185 casos de consumidores con edades entre los cinco y los diez años. Si bien los padres de familia son los responsables de sus hijos, el Distrito debe esforzarse por garantizar espacios seguros para ellos y cumplir con los entornos inspiradores que se prometieron. 

La anterior radiografía, se debe, en parte, a la flexibilidad con los jíbaros y consumidores. Hay que admitirlo, en Bogotá no se quiso reglamentar mediante decreto las zonas prohibidas para consumir, pero tampoco se está aplicando el Decreto Distrital 825 de 2019 que establece entornos escolares, parques, transporte público, entre otros sitios, como no aptos para el consumo. Aquí debe existir voluntad por parte de las autoridades para que esto se cumpla.

La falta de control sobre el consumo y la comercialización de drogas en espacios públicos no solo impacta a los estudiantes, sino a toda la comunidad. Del decreto en mención, durante el año 2024, se impusieron 22.896 comparendos por consumo, porte, distribución y comercialización de sustancias psicoactivas en las inmediaciones de instituciones educativas, centros deportivos y parques. Esto es menos de la mitad de los comparendos impuestos en 2023 (58.783) según el Registro Nacional de Medidas Correctivas. Esta reducción no significa que la problemática haya mermado, sino que no ha habido voluntad para tomar estas medidas. Según la misma Encuesta de Percepción Ciudadana de Bogotá Cómo Vamos 2024, el 31,1% de los encuestados consideró que la drogadicción era la problemática más grave en relación a la seguridad que se presentaba en su barrio.

La marihuana, el alcohol, los vapeadores, el tabaco, los inhalantes o disolventes, la cocaína, mezclas y éxtasis son las sustancias psicoactivas que más están consumiendo los menores de edad y la tendencia es al alza. El año pasado, el género masculino presentó mayores índices de consumo en instituciones educativas, con 3.086 casos; mientras que las mujeres registraron 2.015 casos.

Preocupa que jóvenes con edades entre 14, 15 y 16 años sean los más expuestos por diversas razones: presión de grupo, experimentación, refugio de problemas o placer.

Lo cierto es que no podemos permitir que más niños y jóvenes se conviertan en esclavos de las drogas. Bogotá tiene cerca de 700 mil estudiantes en 412 colegios y 752 sedes, por lo tanto, no es justificable que las jornadas de prevención al consumo realizadas el año pasado por parte del Distrito únicamente fueran para cinco mil personas, incluso dejando por fuera localidades como Chapinero, Barrios Unidos y La Candelaria.

El asunto también tiene que ser de voluntad y de no quedarse de brazos cruzados. Recientemente, como iniciativa en mi calidad de concejal y ante este panorama tan desalentador, lideré la Semana de Prevención al Consumo de Drogas. Llegamos a estudiantes de bachillerato de la localidad de Los Mártires, a jóvenes universitarios de localidades como Bosa, Suba, Kennedy y Barrios Unidos, con charlas de expertos y deportistas sobre prevención.

Muchos de estos jóvenes nos manifestaron la necesidad de que este tipo de actividades se realicen con mayor frecuencia, incluso algunos expresaron haber adquirido herramientas para ayudar a otros y conformar redes de apoyo.

Lo anterior, es prueba de que deben hacerse mayores esfuerzos por acabar con el maldito veneno de las drogas. Es por eso que, desde esta tribuna, así como reiteradamente lo hago en otras, le exijo al Distrito que tome cartas en el asunto.

Los niños y jóvenes necesitan atención, ayuda y formación para entender los graves riesgos que se corren en una simple “prueba” con las drogas. No hay que esperar más. Los temas de prevención deben darse con constancia y con la voz de expertos que conecten con las nuevas generaciones.  

Andrés Barrios Bernal

Guardianes del orden, ¿son una solución para Bogotá?

Esta semana la Administración Distrital anunció con bombos y platillos la estrategia “Guardianes del Orden”, se trata de un grupo de gestores civiles con los que se busca reforzar la convivencia en las calles de Bogotá a partir de mayo. Pero ¿Qué tan efectivos serán?

Evidentemente, esta medida se adopta ante la realidad innegable de inseguridad que azota cada rincón de la capital del país y por la ausencia de pie de fuerza.

 

Según cifras de la Policía Nacional este año hemos tenido en Bogotá 224 homicidios, lo que representa un aumento del 18.52% en comparación con el año anterior. Además 9.147 casos de delitos sexuales, 4.712 estafas, 3.341 lesiones personales y ocho secuestros extorsivos; el más reciente hecho de este tipo ocurrió en la quebrada La Vieja, cuando una mujer y su hijo se encontraban haciendo deporte y fueron abordados por sujetos que exigían tres millones de pesos para dejarlos libres. Tras obtener una suma considerable, los delincuentes se dieron a la fuga.

Pero más allá del eslogan y de la foto, la iniciativa “Guardianes del Orden” despierta algunas preocupaciones sobre su eficacia, su enfoque y, sobre todo, sobre si realmente responderá a problemas estructurales que afronta la ciudad.

Debo destacar que algunos de estos guardianes son policías retirados y veteranos, a quienes reconocemos por sus años de servicio, ímpetu y amor a la patria. Según el Distrito, ellos no estarán armados ni tendrán funciones policiales, pues sus labores van a estar enmarcadas en resolver disputas vecinales menores. Es decir, asumirán temas de convivencia que actualmente están sobrecargando a la Policía, que como sabemos, no da abasto.

Sin embargo, considero que la implementación de esta propuesta debe darse con rigurosidad, pues no se puede correr el riesgo de que se convierta en simple burocracia con más gestores en la ciudad.
Ahora bien, aún con este tipo de esfuerzos o estrategias, al Distrito se le debe reclamar porque esto no fue lo prometido a Bogotá; el alcalde y su gabinete están traicionando su propia palabra. Aunque es loable el esfuerzo, acá el problema es de seguridad y esta iniciativa que se está planteando no resuelve el problema de fondo.

En un principio en el anteproyecto del Plan Distrital de Desarrollo se comprometieron a cuatro mil policías, luego en el texto presentado pasaron a dos mil y actualmente se pretende distraer con pañitos de agua tibia porque la meta de mayor pie de fuerza dista de convertirse en realidad. Hoy la ciudad cuenta con solo cerca de 16.500 uniformados.

Hay que ser serios y responsables con quienes creyeron que Bogotá caminaría segura. Incluso, la interlocución con el gobierno tiene que darse para estos fines, así tengamos a un presidente testarudo y carente de empatía con la ciudad. Sin embargo, ¿Cómo es que un gabinete técnico en el Distrito no consideró que para lograr mayor pie de fuerza debe existir aval del nivel central?

Bogotá necesita con urgencia medidas de seguridad integrales. En su momento, el secretario César Restrepo aseguró que se estaba estructurando un instrumento jurídico innovador, pero hasta el momento no lo hemos conocido. No pueden ahora venir a distraer sin asumir la responsabilidad de lo anunciado.

La ciudad requiere una reforma seria a la justicia local, capacitaciones y dotaciones para la Policía, inversión en inteligencia, en tecnología y un enfoque social que ataque las causas estructurales de la delincuencia.

Bogotá sigue necesitando aumento de pie de fuerza y no algo que se le parezca.

Andrés Barrios Bernal

Con el agua al cuello

El norte de Bogotá sigue bajo el agua y la mala noticia es que no dejará de ser así hasta que se realicen las obras necesarias para elevar la autopista Norte. El megaproyecto está estancado y la responsabilidad recae sobre el Gobierno Nacional.

Aunque quieran negarlo, ha sido la negligencia del petrismo la causante de que miles de personas en el norte y en la Sabana tengan que padecer por la falta de infraestructura y aquí lo explicaré.

 

Desde su llegada al poder, Gustavo Petro ha sido más que un palo en la rueda para Bogotá, secundado por quien fuera su ministra de Ambiente, Susana Muhamad. El fanatismo ambiental de este par es el que llevó a la parálisis de la obra Accesos Norte II que permitiría ampliar la avenida carrera Séptima y la autopista Norte en las salidas y entradas de la capital del país.

Resulta que al petrismo no le bastó con bloquear las licencias ambientales para la mencionada obra, sino que el gobierno también publicó una peligrosa resolución con la que buscaba condenar a la ciudad al subdesarrollo, pues los más grandes proyectos de infraestructura iban a quedar frenados para siempre, de no ser porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender el trámite de expedición de dicho documento.

Lo que los “progresistas” niegan es que esta obra ampliará carriles, elevará la autopista, tendrá movilidad segura para ciclistas a través de ciclorrutas y adecuará los sistemas de alcantarillado pluvial para mejorar el manejo de aguas lluvias y así reducir inundaciones como las que se padecen mes a mes. Además, el 31 de diciembre del año pasado se radicó un nuevo estudio de impacto ambiental que va reforzado con conexión ecosistémica. Entonces, ¿La ANLA seguirá prestándose para estos torpedeos? 

Aprovecho esta tribuna democrática para señalar que son miles de ciudadanos los afectados por la indolencia del ‘progresismo’. Estas inundaciones perjudican a más de 367.650 personas que trabajan o transitan a diario por la zona, 304.000 alumnos, 58 instituciones educativas, 15 universidades, 2.796 rutas escolares, más de 50 conjuntos residenciales y el sector corporativo.

Tanto que dicen defender la educación y resulta que quienes deben padecer por la falta de acciones son principalmente niños y jóvenes que estudian en el Borde Norte de la ciudad y de los municipios cercanos. Solo el miércoles pasado 25 colegios tuvieron que operar bajo la virtualidad, los papás se vieron obligados a devolver a sus hijos a sus casas porque evidentemente no podían transitar.

Además, no podían exponerse a situaciones como las de noviembre del año pasado donde sus hijos tuvieron que dormir en los colegios al quedar atrapados por las inundaciones.

Esto, sin duda, evidencia la indolencia de Gustavo Petro, quien gobierna desde la red social X, sin siquiera constatar personalmente lo que le está pasando a miles de personas. A la gente no se le puede seguir trastocando la vida de esta manera, sin solución alguna y todo por culpa de la ideología.

Andrés Barrios Bernal

A Daniel Felipe lo mataron

Lo atacaron por la espalda, de la forma más vil, sin duda, fue emboscado a traición. Eso fue lo que le pasó a Daniel Felipe Molina Barón, un joven estudiante de tan solo 16 años, quien esta semana murió, tras ser atacado por un compañero de colegio en Los Naranjos, localidad de Bosa. Según testigos, otros jóvenes más estarían implicados.

A este aterrador caso se le suma un hecho supremamente grave: todo ocurrió en inmediaciones de la institución educativa del Distrito a la que asistía. Los días anteriores, Daniel Felipe había tenido un fuerte altercado con otro compañero de 17 años, quien, según la versión de su padre, le hacía bullying.

 

Aunque tras el ataque Daniel Felipe recibió atención médica y fue trasladado a un centro asistencial, ahí falleció. Los esfuerzos médicos fueron en vano, las graves heridas eran irreparables.

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En medio de lo sucedido, la Secretaría de Educación del Distrito emitió un escueto comunicado en el que decía que dos jóvenes sostuvieron una riña y uno de ellos murió. Craso error, a Daniel Felipe lo mataron y las autoridades tienen que asumir su responsabilidad, pues no garantizaron los entornos seguros e inspiradores que tanto prometieron al inicio de esta administración.

¿Cómo es posible que no se hubiera actuado a tiempo? ¿Qué no se hubiera priorizado este lugar? Ya para qué, señora secretaria Isabel Segovia, ¿tenía que morir alguien para que ustedes reaccionaran?

Es imperativo que entre entidades se articulen y de una vez por todas asuman las riendas de la ciudad que les dieron para gobernar. Tenemos graves problemas de inseguridad y de violencia desbordada, para la muestra, este hecho en el colegio Fernando Mazuera Villera, Sede A.

Ante esta alarmante realidad convoqué en el Concejo de Bogotá a la Comisión Accidental de Entornos Seguros, donde la Secretaría de Seguridad brilló por su ausencia. Considero que, si les queda grande la entidad, entonces más de uno tiene que apartarse de su cargo. Los bogotanos no podemos seguir tolerando todo lo que ocurre a diario ante la mirada impávida de los funcionarios distritales.

Actualmente, los colegios de la capital tienen 235 cámaras en sus entornos, pero 158 están dañadas. Constituye una gran irresponsabilidad que esto no se priorice, pero preocupa aún más que no se hicieran reparaciones a las que están sin servicio durante el periodo de vacaciones de los estudiantes, aludiendo que el ingreso a las instalaciones estaba limitado, según me manifestaron vía derecho de petición desde la Secretaría de Seguridad. Prácticamente, los niños estaban en receso de fin de año y al parecer el Distrito también, pero ¿no tenían que haber aprovechado y trabajar?

Definitivamente, la negligencia y falta de coordinación entre entidades es una vergüenza para Bogotá. Esto pasó en la administración de Claudia López y se sigue repitiendo en la era Galán.

Por último, la ciudad tiene que saber que desde el 15 de octubre del año pasado hasta el 30 de enero de 2025 la Secretaría de Seguridad no ha realizado un solo mantenimiento preventivo a las cámaras de videovigilancia de Bogotá. 

El derecho a la seguridad de la ciudadanía es cada vez más vulnerable y se evidencia nuevamente en que, de 5.824 cámaras en la ciudad, 1.879 no sirven. ¿Qué más tiene que pasar para que el Distrito reaccione?

Andrés Barrios Bernal

Petro engañó a los jóvenes

La educación es una herramienta poderosa para transformar vidas y, desde luego, romper las cadenas de la desigualdad. Pero en Colombia, esta semana, esa puerta se cerró para miles de jóvenes y todo por cuenta de la irresponsabilidad de Gustavo Petro. El mandatario de los colombianos los engañó.

La decisión de eliminar los subsidios del ICETEX apagó la ilusión de más de uno para acceder a la educación superior, pero también constituyó un duro golpe económico para quienes apenas se graduaron y, repentinamente, les informaron sobre un alza desproporcionada en sus cuotas. Lo anterior, pese a que en campaña les habían prometido que éstas se mantendrían.

 

Tal es el caso de una familia en Bogotá con la que tuve la oportunidad de conversar. Sus dos hijos tienen créditos vigentes con el ICETEX y apenas están empezando en la vida profesional. El aumento mensual será de $500.000 por ambos, es decir, casi la mitad de un salario mínimo. Su insatisfacción, preocupación y, sobre todo, decepción, es más que evidente. Los dos jóvenes manifiestan que es como si para el Estado no importaran aquellas personas que asistieron a la universidad privada, pero también se quejan de las dificultades que tuvieron para acceder a la pública. 

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Desde la oposición hemos alertado sobre la peligrosa tendencia de este gobierno de destruir lo que funciona, simplemente porque no encaja en su visión ideológica, mal llamada progresista. Y con un agravante, el petrismo es experto en lavarse las manos.

Tan pronto se conoció la noticia de la eliminación de subsidios, muy orondos salieron a decir que la Corte Constitucional decidió declarar inconstitucional la tasa de interés cero. Sin embargo, el propio comunicado enviado por el ICETEX decía que la decisión se adoptaba debido “a la situación fiscal que como nación estamos enfrentando”.

Petro es un mentiroso, en campaña prometió aliviar la carga de los estudiantes endeudados con el ICETEX, pero luego los dejó a la deriva. Esto merece todo el reproche social. ¿Dónde quedó el cuentito de educación gratuita y accesible? ¿Por qué castigar a quienes buscan salir adelante por mérito y esfuerzo? En ese sentido, si eres joven y quieres estudiar, tendrás que hacerlo con más dificultades que antes.

Mientras tanto, el despilfarro en burocracia y clientelismo sigue en aumento. Petro no está priorizando la educación, está ahogándola. Sumado a que no fortaleció las universidades públicas, no ha cumplido con los 500 mil cupos que prometió y tampoco condonó créditos. 

Además, con este tipo de decisiones, se podría fortalecer el fenómeno de los “Ninis” en el país, que son aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Tres de cada 10 jóvenes colombianos entre los 18 y los 29 años hacen parte de ese grupo, según un informe de la Universidad del Rosario. En su mayoría están ubicados en Vaupés, Amazonas, Arauca, Vichada, Putumayo, Chocó, Casanare, Guainía y Guaviare.

El derecho a la educación no puede verse vulnerado por cuenta de las improvisaciones y los caprichos de un gobierno que insiste en destruir sin construir. La juventud colombiana merece oportunidades, no obstáculos.

Hoy más que nunca es necesario levantar la voz para evitar que miles de jóvenes vean frustrados sus sueños. Petro le ha dado la espalda a los estudiantes, pero desde la oposición seguiremos dando la pelea para que la educación sea un derecho y no una promesa vacía de campaña.

Andrés Barrios Bernal

“La reincidencia en el delito le hace daño a Bogotá”: Andrés Barrios Bernal

El concejal de Bogotá, Andrés Barrios Bernal, reconoce el papel que juega la Policía Metropolitana de Bogotá, pero lamenta que la justicia no actúe como es debido y permita que muchos de los delincuentes que se capturan, a las pocas horas queden en libertad.

¿hoy el problema de seguridad en Bogotá es de capturas o de justicia?

 

Andrés Barrios Bernal: Insisto, el derecho a la seguridad de los bogotanos sigue en riesgo. Es evidente que faltan materializar acciones de manera integral. Por supuesto que no es solo la captura porque nuestros policías se esfuerzan y no los podemos dejar solos. La seguridad será efectiva el día que esté bien anclada con la justicia.

¿Ha hablado con la Policía sobre este asunto?

Andrés Barrios Bernal: Hay frustración en nuestra policía de ver que capturan, capturan, capturan y al final la justicia deja en libertad a muchos delincuentes, a muchos bandidos que al salir reinciden en el delito. La reincidencia le está haciendo un grave daño a Bogotá.

¿Qué le ha dicho la fiscalía?

Andrés Barrios Bernal: No es posible que en una ciudad que el año pasado tuvo más de 160 mil hurtos, únicamente se hayan judicializado 18 mil 600. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para que la justicia trabaje de la mano con nuestra policía..

¿Esta reincidencia mina la confianza en el ciudadano de a pie que acude a denunciar?

Andrés Barrios Bernal: La gente está frustrada de ver que a una persona la roban y para denunciar debe someterse a un proceso largo, engorroso, demorado, para que a las pocas horas el delincuente quede libre. Sin duda esto muestra que la justicia parece ir por un lado mientras la policía va por otro. No hay articulación entre las instituciones.

¿La ministra de Justicia se ha preocupado por este asunto?

}Andrés Barrios Bernal: Es evidente que no. En el Gobierno Nacional las preocupaciones son otras y totalmente diferentes, pero además la postura del gobierno nacional frente a la delincuencia y a la criminalidad ha sido de borrón y cuenta nueva con la fracasada paz total, donde prácticamente se defiende al victimario y no a la víctima.

Doctor Andrés, ¿Ha hablado sobre este asunto con el alcalde Galán?

Andrés Barrios Bernal: Desde el Concejo varias veces se le ha insistido en la necesidad de buscar diferentes soluciones en esta materia. Hemos hecho múltiples debates de control político donde uno de los asuntos que hemos tratado es el hacinamiento carcelario, ese es un tema del que Bogotá se tiene que ocupar.

¿Pero usted sí cree que una cárcel sea la solución para el problema de seguridad cuando lo que se ha visto es que las cárceles son universidades del crimen?

Andrés Barrios Bernal: Coincido en que estos escenarios tienen que cambiar. Estos escenarios hoy realmente son escuelas para la delincuencia, para la criminalidad, sin embargo, debo reconocer que en el caso de la Cárcel Distrital hay una diferencia muy grande con relación a lo que usted va a encontrar, por ejemplo, en cárceles que custodia desde el orden nacional el INPEC.

Es necesario además que se combatan los escenarios de corrupción que se encuentran en la Guardia del INPEC porque si no se combate este problema, en Bogotá se seguirán presentando temas como la extorsión que tiene atemorizados a los comerciantes y a miles de ciudadanos que hoy les da miedo, les da susto contestar una llamada que llega a su celular desde un número desconocido.

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