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Etiqueta: Andrés Barrios Bernal

Un regalo para Bogotá

Si tuviéramos la oportunidad de escoger un regalo para Bogotá, ¿Cuál sería? Me detuve a pensar en esta pregunta y después de analizarlo por varios minutos decidí que el obsequio que yo le daría a nuestra ciudad se llama seguridad.

La razón es que sin seguridad no hay nada, es la garantía para el desarrollo, la inversión y el turismo. Aunque debería ser algo inherente a Bogotá, lamentablemente y como consecuencia de malas administraciones que han antecedido, no lo es.

 

Los delitos de alto impacto siguen despertando una profunda preocupación y, por supuesto, ante este panorama, la ciudadanía no puede sentirse tranquila en las calles.

Solo entre enero y octubre de 2024 se registraron más de 131.000 denuncias de hurto a personas. Las cifras también evidencian un aumento del 11% en homicidios y del 19,1% en lesiones personales. Los delitos sexuales crecieron un 53% pasando de 5.527 casos entre enero y octubre de 2023 a 8.493 casos en el mismo periodo de 2024.

En cuanto a la extorsión, ésta también creció exponencialmente, en un 70 por ciento. De 1.138 casos en 2023 llegamos a 1.942. Lo anterior muestra que las bandas delincuenciales y grupos criminales siguen campantes por la ciudad.

Pero lo más grave es la violencia intrafamiliar. Los casos casi se duplicaron. De enero a octubre de 2024 tuvimos 48.858 registros, mientras que en el mismo periodo de 2023 fueron 28.498; esto representa un aumento del 71,4%.

La radiografía obviamente preocupa, pero más que cifras y datos, esta es la realidad de muchas familias, de personas que se sienten intimidadas en los barrios, a tal punto que no pueden ni sacar el celular.

Y con todas estas realidades, causa gran preocupación que el 32% de las cámaras de videovigilancia en la capital del país estén fuera de servicio. Lo anterior corresponde a 1.843, de las 5.824 que tiene la ciudad en sus calles. En este momento están ahí como un adorno empolvado y descuidado por parte de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Esto se traduce en que el sistema de videovigilancia presenta graves deficiencias que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y limitan la capacidad de reacción por parte de las autoridades que deberían estar monitoreando lo que ocurre en las calles. Como lo dije en Debate de Control Político en el Concejo de Bogotá, el funcionamiento de ese sistema “se rajó” en este primer año de Administración de Carlos Fernando Galán.

Normalmente, cuando algo se daña en mi casa, busco la manera de arreglarlo o de buscar ayuda. Pero en “Bogotá, Mi Casa, Tu Casa”, eso no pasa. Este es solo un nuevo eslogan bonito, pues aquí en vez de reparar el sistema de videovigilancia, dejaron que se fuera dañando más y más. 

Todos aquí sabemos que heredamos serios problemas por culpa de la ineficacia de Claudia López, quien se autoproclamó como “jefe de la Policía”. Sin embargo, es hora de avanzar y corregir lo que viene mal, pues esta administración llegó al poder con la promesa de que Bogotá iba a caminar segura y hasta el momento eso no se ha visto.

Más allá de un regalo, un anhelo o un sueño, la Administración Distrital tiene que priorizar la seguridad, pues se trata de un derecho que tenemos quienes en Bogotá habitamos. Entre otras cosas, porque de nuestros impuestos se paga por un servicio que no sirve, lo cual lleva a la delincuencia a aprovecharse de estos vacíos. 

Andrés Barrios Bernal

Bogotá no puede pagar los platos rotos

¡Hay que admitirlo! Bogotá es la ciudad con la que Gustavo Petro se desquita cada vez que algo sale mal en su gobierno. Pareciera ser la forma que tiene el jefe del Estado para desviar la atención sobre los fracasos de su mandato.

Para todos es bien sabido que, si por él fuera, el Metro de Bogotá no avanzaría y seguramente, estaría en veremos. La más reciente improvisación presupuestal de su gobierno llevó a que el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, dijera que se evaluarán los giros para la obra y todo por cuenta de la derrota que sufrió la reforma tributaria en el Congreso de la República.

 

La caída del proyecto impulsado por el gobierno es un ejemplo contundente del desorden que caracteriza a esta administración. Sin esta reforma, su capacidad para cumplir con ambiciosas metas queda severamente limitada, y no es para menos, pues el derroche, la falta de ejecución y la corrupción han imperado en la era del petrismo. En este sentido, aplaudo que el legislativo no se dejara meter los dedos en la boca y se opusiera a seguir exprimiendo el bolsillo de la gente.

El fracaso de la reforma tributaria es un claro síntoma de un gobierno que no logra articular una estrategia coherente y que solo vive para polarizar el país. La desconexión entre la retórica de Petro y las acciones concretas se hacen cada vez más evidentes.

En represalia por el hundimiento de la tributaria y como pataleta de niño chiquito, Petro anunció la ruptura de relaciones con las comisiones económicas del Congreso. En vez de comportarse como el gobernante y estadista que debería ser, decidió actuar como un opositor más, olvidándosele el cargo que ocupa y cuya dignidad irrespeta todo el tiempo.

Pero más allá del show semanal que ya estamos acostumbrados a ver por cuenta del presidente de Colombia, las implicaciones si se incumple con los pagos para el proyecto del Metro serían bastante graves. Aquí hay contratos de por medio y está en juego la credibilidad de la nación. Por eso celebro que el alcalde Carlos Fernando Galán respondiera y señalara que la obra sí o sí se tiene que blindar, independientemente de los caprichos políticos que vienen desde la Casa de Nariño. 

Bogotá es una de las ciudades con los peores niveles de movilidad en América Latina y lleva varias décadas esperando una solución real y estructural a su caos vehicular. La primera línea del Metro no solo representa un alivio para millones de ciudadanos, sino que es un paso necesario para transformar la infraestructura de la capital del país. Los retrasos y la incertidumbre perpetúan el rezago, afectando directamente la calidad de vida de las personas y la competitividad de la ciudad.

Lo cierto es que este gobierno, que parece más enfocado en las disputas políticas que en las soluciones concretas, no puede seguir desquitándose con Bogotá. Tiene bloqueado el proyecto para nuevos accesos por el norte de la ciudad, quiere acabar con TransMilenio y cada vez que puede pone una traba en la rueda para el avance del Metro.

Mientras tanto, Bogotá sigue esperando a que las palabras del presidente se conviertan en hechos, pero amanecerá y veremos. Por eso no nos podemos confiar, porque seguramente no cumplirá y la ciudad capital no puede someterse a seguir pagando los platos rotos.

Andrés Barrios Bernal

Un protocolo para las víctimas de hurto

Hace unos meses conocí el desgarrador caso de Juan Gabriel Tavares, de 38 años, a quien la delincuencia le arrebató a su esposa de 27 años. Juntos tenían un local de comidas rápidas en Bosa la Independencia, pero todo se convirtió en tragedia, cuando, en diciembre de 2022, hombres armados ingresaron a robar en su establecimiento comercial.

Aunque en ningún momento se opusieron y entregaron todas las ganancias del día, los delincuentes abrieron fuego, disparándole en tres ocasiones a la joven mujer llamada Heidy. Ella murió, dejando huérfana a una niña de once años.

 

Dolorosamente, como este caso, hay miles en Bogotá. Ciudadanos apuñalados, agredidos o escopolaminados en el transporte público solo por robarlos. Algunas personas, como Heidy, pierden la vida, pues la sevicia de los delincuentes es inexplicable.

Durante la administración de Claudia López, en la que se descuidó abismalmente la seguridad de Bogotá, más de 620.000 personas fueron víctimas de hurto. La cifra es escandalosa y exageradamente preocupante, pues debemos recordar que en ese periodo hubo pandemia y la ciudadanía estuvo en casa. Aún así el hampa tuvo alta cabida.

Con la llegada del alcalde Carlos Fernando Galán, la gente conserva la esperanza de que esa realidad cambie, pues se eligió con la bandera de una Bogotá que caminará segura.

Sin embargo, el sol no se puede tapar con un dedo y sabemos que la delincuencia y la criminalidad están enquistadas en la capital del país. Tan solo de enero a octubre de 2024 se registraron 131.774 casos de hurto en todas sus modalidades y tal vez podrían ser muchos más, pues estos son solo los denunciados.

Ante esta alarmante realidad, la ciudad necesita un Protocolo de Atención Integral para Víctimas de Hurto, y, pensando en ello, presenté el proyecto de acuerdo 552 de 2024, ante el Concejo de la ciudad, que ya pasó a sanción del alcalde.

Considero que si a la gente no se le está garantizando su derecho a la seguridad, lo mínimo es que se le pueda orientar y brindar apoyo tras la materialización de un delito, que sin duda, deja profundas heridas. 

Lo que busco con este Protocolo es que el Distrito cree una ruta y haga esfuerzos suficientes para acompañar a las víctimas con apoyo jurídico, psicosocial y mayor acceso a la oferta institucional.

Se trata de un paso significativo para estar del lado de las víctimas, de los agredidos, de los vulnerados. La desconfianza en las instituciones es otro factor que debe analizarse. Actualmente, tenemos un problema delicado y es que gran parte de la gente no denuncia. El 39 % de las víctimas de algún delito considera que hacerlo no generará ninguna solución.

Pido al Distrito y en especial a la Secretaría de Seguridad que actúe y reglamente esta iniciativa de forma rápida. No solo es cuestión de implementar nuevas estrategias, sino de lograr de nuevo la esperanza en la ciudadanía, de crear un entorno donde las personas se sientan protegidas y escuchadas.

Queremos justicia por Juan Gabriel Tavares y su pequeña hija, pues él asegura que la justicia en este país no fluye y que el Distrito los abandonó por completo. En su inmenso dolor y frustración ante lo ocurrido señala que el homicida sigue libre en las calles de la ciudad.

Ya está bueno de privilegios para los victimarios, que por cierto, son muchos por parte del gobierno de Gustavo Petro. Desde que llegó a la presidencia solo ha enviado mensajes errados, en los que los criminales terminan siendo favorecidos. El país necesita recomponer el rumbo, saber que la legalidad es el camino y no la delincuencia que tanto daño nos hace.

Andrés Barrios Bernal

A reiniciar la ETB

Esta semana el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la llegada del exministro Diego Molano Vega como nuevo presidente de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB. Se trata de una compañía que, lejos de causar admiración, debe retomar el rumbo y literalmente: reiniciarse; sobre todo, en su servicio de conectividad que, indirectamente, ha puesto en riesgo el derecho a la seguridad de la ciudadanía.

Bogotá tiene 5.824 cámaras en sus calles, de las cuales 739 no sirven y todo por culpa de la ETB. Resulta que la empresa tiene fallas de conectividad, algo que increíblemente no se ha podido sortear y que al parecer no se resolverá en el corto plazo, pues estamos a un mes de terminar el 2024.

 

Sin embargo, y pese al mal servicio que la ETB ha prestado al Distrito en los últimos años, la Secretaría de Seguridad la premió. La entidad le adjudicó a la compañía un nuevo y millonario contrato, esta vez para el mantenimiento de las cámaras de videovigilancia, esas mismas que no han estado conectadas en lo que va del periodo Galán.

Aunque la ETB brinda un perverso servicio, el contrato que le dieron el pasado 31 de octubre es por valor de $16,450,000,000 y tiene un plazo de ejecución de 12 meses. El objeto es mantenimiento preventivo, correctivo y soporte al sistema de videovigilancia de la ciudad.

Y no es cuestionar por cuestionar, desde mi llegada al Concejo de Bogotá me he dedicado a hacer un seguimiento exhaustivo sobre el sistema de videovigilancia y, lamentablemente, debo decir que en vez de mejorar ha ido en deterioro progresivo.

Además, entes de control como la Contraloría de Bogotá han confirmado en sus informes que las principales causas de daños en el sistema de videovigilancia corresponden a fallas y caídas masivas en la conectividad, responsabilidad de la ETB. Incluso, se ha advertido sobre su falta de capacidad operativa, administrativa y financiera.

Según la Contraloría, el 65.5% de las cámaras están fuera de servicio por causas atribuibles a la ETB, mientras que las fallas por mantenimiento representan el 26.5% de la indisponibilidad. Es decir, la ETB tendrá que resolver su problema y se le sumará el que antes tenía un tercero, corriendo el riesgo de que el sistema siga siendo ineficaz.

Para nadie es un secreto que la seguridad en la capital del país atraviesa un muy pero muy mal momento. Pese a esto, herramientas claves para mejorar esta problemática no están dando los resultados que se esperan y el Distrito pareciera ignorarlo.
En este sentido, advierto lo siguiente: el Distrito le dio a la ETB una nueva responsabilidad que ni siquiera sabemos si serán capaces de cumplir. La Secretaría de Seguridad, en lugar de buscar soluciones efectivas, ha optado por profundizar la crisis dándole otro contrato a una empresa que ha demostrado que no puede.

Y la cereza del pastel, la justificación ofrecida por la Secretaría de Seguridad para esta contratación directa resulta insuficiente y preocupante. La entidad señala un supuesto «conocimiento técnico especializado» de la ETB, basándose únicamente en su experiencia en telecomunicaciones. Más grave aún, se presenta como beneficio el ahorrar solo $9,933,978 en comparación con otras propuestas económicas.

No se puede tratar la seguridad de los bogotanos como un gasto a minimizar, ésta debe ser pensada como una inversión fundamental para el bienestar de la ciudad.

Hablando sobre cámaras, se tienen que acabar las excusas. Actualmente, el Distrito tiene 1.843 cámaras que no sirven por diversas causas como obras, vandalización, energización, entre otras. Esto es vergonzoso y demuestra una profunda incapacidad.

Bogotá no puede seguir desconectada y esperemos que la ETB, con su nuevo presidente, reinicie y de una vez por todas encienda el router.

Andrés Barrios Bernal

Gestores, pero de guerra

Nunca nos dijeron que la “Paz Total” constituiría un sinnúmero de privilegios para quienes han delinquido en el país y se han caracterizado por infundir terror a sus anchas por las regiones de Colombia.

Esta semana causó indignación la designación de 18 exparamilitares de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, como “gestores de paz”, mediante la resolución 453 de 2024. Sus prontuarios recogen homicidios, masacres, abuso sexual de menores de edad, torturas, secuestros, desapariciones forzadas, reclutamiento, narcotráfico y la lista de delitos puede ser interminable.

 

Esta decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, pone nuevamente en evidencia que quienes delinquen tienen privilegios y están amparados bajo un gobierno que se autodenomina del cambio. Lo anterior, representa un pésimo mensaje para la sociedad colombiana. Lejos de generar un consenso frente a la búsqueda de soluciones a la violencia enquistada por décadas, revive profundas heridas y muchas dudas sobre la búsqueda de verdad, justicia y reparación.

Todos los mensajes que envía este gobierno son de impunidad, acrecentando la inconformidad ciudadana frente a un jefe de Estado que deja de lado a las víctimas y se hace el de la vista gorda justificando lo injustificable. Petro no puede seguir lavándole la imagen a cuanto delincuente existe en Colombia.

Estos criminales, premiados como regalo anticipado de navidad, han incumplido en el pasado a Justicia y Paz y se han burlado vilmente de las víctimas, por lo tanto, no es posible creer que ahora la historia será diferente, pues ellos solamente han sido gestores, pero de guerra.

Sin embargo, según Petro, no se trata de beneficios jurídicos y quien acepta ser “gestor de paz” está dispuesto a resarcir a las víctimas, una fantasía que solo es posible creer en su imaginario. Aquí lo que hay detrás es una complacencia con los bandidos y una camuflada intención de permitir que cada día ganen más terreno para sus actividades ilícitas. Colombia ya suma la vergonzosa cifra de 253 mil hectáreas de área sembrada de coca, solo por dar un ejemplo.

Petro también se equivoca al creer que nombrando a estos exparamilitares como “gestores de paz”, se sentarán a dialogar de forma transparente. Sumado a esto, no hay claridades para la sociedad colombiana sobre el papel que estos delincuentes desempeñarán. ¿Se tratará de un compromiso de campaña adquirido bajo el llamado Pacto de la Picota?

Entre tanto, el gobierno que cree tener superioridad moral, será cuestionado precisamente por eso. Por un lado, se escandalizan con canciones como +57, que valga la claridad también rechazo, pero no se ruborizan en lo más mínimo con el nombramiento de delincuentes en cargos inventados para su complacencia. Francamente, no se entienden las constantes concesiones hacia violadores de los derechos humanos que tienen procesos judiciales. Lo de Petro, definitivamente, es impresentable.

Andrés Barrios Bernal

Entre sequías e inundaciones

¡Qué paradojas! Por un lado, nos falta el agua y por el otro la tenemos hasta el cuello. Lo de Bogotá es alarmante y esta semana que culminó quedó demostrado que se necesitan medidas urgentes en cuanto al manejo de nuestras fuentes hídricas.

Durante este 2024 hemos padecido por cuenta de las sequías o los bajos niveles de los embalses que surten de agua a la ciudad, situación que ha llevado a la Administración Distrital a adoptar medidas de racionamiento. Y terminando el año pasó lo que se había advertido: inundaciones en la autopista Norte.

 

Las imágenes que dejó la emergencia fueron dramáticas, por decir lo menos. Niños desesperados y atrapados en rutas escolares, gente tratando de dirigirse a sus destinos bajo el frío y el paso de las horas. Lejos de una película, era la realidad, menores de edad tuvieron que dormir en sus colegios, bajo la angustia de sus padres, pues fue imposible llegar a sus hogares. Solo imaginen por un momento que uno de esos pequeños hubiera sido alguno de nuestros hijos.

En medio de este escenario, uno de los primeros en criticar fue el presidente Gustavo Petro; decidió lavarse las manos y endilgar responsabilidades. Sin embargo, es él quien de una vez por todas debe asumir y enfrentar las situaciones que se presentan como consecuencia de sus perversas decisiones que lo único que hacen es llevar al caos. La semana pasada señalé que el mandatario se la tiene montada a Bogotá y hoy lo reitero.

Petro y su radical ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien ahora sería su alfil a la Alcaldía de Bogotá, tienen bloqueados los Accesos Norte II, por causa de sus fanatismos ambientales, como dice mi colega, la concejal Sandra Forero. A inicios de este año la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) archivó el trámite administrativo de solicitud de licencia, paralizando la obra en mención.  

Pero ojo, este proyecto de infraestructura no solo solucionará la movilidad de más de dos millones de personas de Suba, de Usaquén y de los municipios vecinos de la sabana de Bogotá, sino que también brindaría soluciones para restituir la conexión hídrica del humedal Torca – Guaymaral evitando inundaciones como las que estamos afrontando.

Pero sumado hay una encrucijada, en la actualidad, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, como entidad responsable del proyecto Accesos Norte II, es quien tiene autonomía y decisión sobre la autopista Norte entre las calles 191 y 245, esto a raíz de la entrega de la concesión.

Esto quiere decir que las entidades distritales que deben adelantar el mantenimiento de infraestructura en términos de iluminación, aseo y movilidad, no pueden, ya que tienen que solicitarle permiso a la ANI para poder intervenir.

La autopista que tenemos en la actualidad fue puesta al servicio en la década de los cincuenta; sin embargo, el desarrollo urbanístico del norte de Bogotá 70 años después hace que este importante acceso sea insuficiente para sostener la alta carga vehicular de aproximadamente 30.000 vehículos que transitan diariamente por este corredor vial.

El humedal Torca – Guaymaral como parte de la estructura ecológica principal juega un rol fundamental para entender la necesidad de adelantar las adecuaciones necesarias en términos de infraestructura y mancomunar esfuerzos para recuperar el corredor hídrico natural; esto debido a que en el momento de construcción de la autopista Norte, el ecosistema en mención se dividió en dos.

El Plan de Ordenamiento Zonal Lagos de Torca contempla importantes acciones en términos de recuperación de la estructura ecológica principal, según lo consignado en el Decreto 088 de 2017. Este proyecto de 1.803 hectáreas plantea la reestructuración de los drenajes pluviales naturales como lo son el Canal Torca, la recuperación del humedal Torca – Guaymaral y la adecuación y construcción de redes de alcantarillado con descarga en el río Bogotá.

Por lo anterior, el presidente Petro y su gobierno deben pensar en el bien común y dejar de lado egos políticos que una vez más están bloqueando el desarrollo de Bogotá. La capital del país necesita de un presidente que le ayude a solucionar sus problemas y no que sea una constante piedra en el zapato.  

Andrés Barrios Bernal

Petro se la montó a Bogotá

La descentralización en Colombia ha sido un reto permanente. Desde finales de la década de los ochenta se empezaron a incorporar políticas que abrieron camino a transformaciones en el marco legal y administrativo que, posteriormente, se consignaron en la Constitución Política de 1991. 

La Carta Magna llevó a un Estado Social de Derecho y Descentralizado, lo cual significó el paso a la elección popular de alcaldes y gobernadores, a la autonomía territorial, a las transferencias de recursos desde el gobierno central a los locales y regionales y al fortalecimiento de los Concejos Municipales y Asambleas Departamentales. Sin embargo, pareciera que al presidente de Colombia, Gustavo Petro, se le olvida parte de lo anterior.  

 

En el caso concreto de Bogotá, hay que decir que Petro se la montó. Está empecinado en bloquear los proyectos que representan avance para el Distrito Capital, sin respetar su autonomía, como lo establece la Constitución.

En el más reciente hecho, su ministra de Ambiente y alfil para lanzar a la presidencia de la República, María Susana Muhamad, frenó la ampliación de la avenida Boyacá, un proyecto que es clave para la ciudad y para descongestionar la movilidad del norte. La titular de la cartera ambiental interpuso una demanda, que fue admitida por el Consejo de Estado, contra la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, con la intención de anular una resolución de 2023 que autorizaba la licencia que permitía construir la obra.

Según el argumento del gobierno, se está poniendo en riesgo la Reserva Thomas van der Hammen y también el agua de Bogotá. Algo que el alcalde Carlos Fernando Galán inmediatamente rechazó, recordándole a Petro que, incluso, dicha obra se contempló en su Plan de Ordenamiento Territorial hace más de 10 años.

Lo cierto es que el presidente de Colombia no ha querido entender que ya no es alcalde de Bogotá y que las obras y proyectos que él bloquea, son pensadas para brindar calidad de vida a millones de personas.

Así las cosas, el caos de la capital no va a mejorar por ahora, porque Petro también tiene paralizadas las obras de ampliación de la autopista Norte, desde la calle 191 hasta la 245, por una decisión de ANLA de archivar el trámite de licenciamiento ambiental para el proyecto que debía empezar a inicios de este año. Lo mismo ha pasado con el Metro, con la PTAR Canoas (que ya por fin ve una luz) y con las subredes de salud.

Petro tiene desidia con la ciudad y ni raja ni presta el hacha. Aquí necesitamos avanzar, por eso le pedimos que deje de lado su ego, que permita trabajar a los gobernantes locales y que se busquen soluciones rápidas y reales para llevar los proyectos de infraestructura a buen puerto, sin descuidar el impacto ambiental. Petro está siendo revanchista y no ha querido aceptar que él, Gustavo Bolívar y su partido, perdieron en Bogotá. 

Andrés Barrios Bernal

¡En defensa de los niños!

Desde hace unos meses se ha venido intensificando el plan del presidente Gustavo Petro y de su gobierno de imponer una agenda política LGBTIQ+ en Colombia. Y aunque muchos no compartamos esta visión, sabemos que la razón de fondo tiene que ver con que el mandatario no ha hecho otra cosa que decepcionar a su electorado, por lo que debe buscar el apoyo de las minorías para sentir que medianamente obtiene réditos.

Sin embargo, lo que definitivamente no se puede permitir de ninguna manera es que la izquierda quiera imponer la ideología de género en los menores de edad e instrumentalizarlos.

 

Recientemente, a un grupo de opositores nos tildaron de mentirosos, de alarmistas, de fanáticos y hasta de radicales por advertir sobre este perverso plan de Petro con el que además de imponer su agenda, busca permitir el cambio de género en niños, niñas y adolescentes. Algo que es cierto, salió a luz y esta semana fue destapado.

Es alarmante que el Ministerio de Justicia tenga listo un decreto para que sea factible el cambio de sexo en los documentos de identidad de los colombianos que así lo deseen, incluidos los menores de edad. De expedirse esta norma, cualquier persona podría hacer modificaciones en su identificación y elegir si se considera de género femenino, masculino, no binario, transexual o travesti.

Y no es un “invento”, la misma ministra Ángela María Buitrago, salió a decir en medios de comunicación que incluso a un niño de siete años se le debe permitir declararse no binario si así lo decide y en su documento de identidad se le debe realizar el cambio, ¡Háganme el favor!

Además, y de forma preocupante, este borrador de decreto contempla que en la implementación de este trámite «quienes ejerzan la función notarial no podrán rechazar la solicitud de corrección para una persona menor de edad, y deberán tramitarla bajo el procedimiento contemplado en el decreto». Es decir, todas las notarías están obligadas a hacerlo, les guste o no. Estén de acuerdo o no.

Como si esto fuera poco, el decreto también establece que un menor puede hacer la solicitud de modificación del componente “sexo” sin el acompañamiento de sus padres, pasando una vez más sobre el derecho que tienen ellos sobre sus hijos. Lo inverosímil es que en este país sí se requiera ser mayor de edad para votar, ingerir licor, conducir y hasta para tener patrimonio.

Lo que está pasando en Colombia es grave, a esto se suma la reciente circular expedida por parte de la Superintendencia Nacional de Salud que entrega instrucciones a las entidades prestadoras del servicio para que se realicen procedimientos de cambio de género en niños, niñas y adolescentes, olvidando que sus efectos son irreversibles.

Colombia no puede estar de manos cruzadas ante la infamia de esta agenda política que quiere calar en la inocencia de la infancia argumentando el cumplimiento de sentencias de la Corte Constitucional. Lo que esconde Petro y su gobierno es que las amoldan a su conveniencia y en búsqueda de sus propios interés de activismo, porque para ellos es claro que “hecha la ley, hecha la trampa”.

Ojo, porque la agenda política LGBTIQ+ del gobierno Petro nuevamente busca meterse con nuestros niños y Colombia no lo puede permitir. ¡Con los niños no se metan!

Andrés Barrios Bernal

Petro, ¡no intimide a la oposición!

Sentado frente al computador para escribir este artículo, revisando detalladamente y con sensatez lo sucedido en los últimos días, le digo al presidente de Colombia: no nos van a callar.

La Superintendencia  Nacional de Salud, expidió la circular externa 2024150000000011-5 de 2024, en la que se dan instrucciones para que se “(…) brinde apoyo integral en los tratamientos y procedimientos de afirmación o reafirmación de género a niños, niñas y adolescentes trans promoviendo la articulación de sus redes afectivas y de cuidado”.

 

En respuesta a esta alarmante circular, esta semana que pasó, padres de familia y concejales nos manifestamos frente a las oficinas de la Supersalud con el fin de rechazar el documento presentado por la entidad en cabeza del señor Luis Carlos Leal.

Sin embargo, se ha querido mostrar ante la opinión pública que el superintendente fue agredido por “una turba enfurecida”, pero quienes realmente estábamos ahí, sabemos que fue él quien, en actitud desafiante, se acercó a la multitud, escoltado hasta las narices. Además, fueron sus asesores quienes me agredieron.

Ahora bien, con relación al contenido de la circular, debo decir que, los niños y niñas no están en la capacidad de tomar decisiones de este tipo, donde, a través de procedimientos quirúrgicos y hormonales, se afectará su estado físico y de salud de por vida. De igual forma, la circular omite el papel de los padres en las decisiones trascendentales e irreversibles que puedan tomar sus hijos, de hecho, aún cuando se basan en la sentencia T-447 de 2019 de la Corte Constitucional, omiten que esta misma establece que es necesaria la “concurrencia de voluntades entre padres e hijos” y la cercanía a la mayoría de edad para el inicio de estos tratamientos.

Para nuestro ordenamiento jurídico sí se requiere de una edad mínima para conducir y votar, incluso, la Superintendencia de Transporte estableció que los menores de edad necesitan un formulario de autorización de sus padres para poder viajar vía terrestre en el país; teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿cómo es posible que para iniciar tratamientos de cambio de género entonces es permitido desde los tres años?

En medio de todos los problemas y desafíos del sector salud en el país, Luis Carlos Leal ha decidido enfocarse y promover toda una agenda política LGBTI, que venía trabajando desde que era Concejal de Bogotá, lo que se evidencia en esta circular. ¿Vamos a dejar la salud de nuestros niños en manos de políticos que sólo buscan visibilizarse desde sus cargos públicos?

El presidente Gustavo Petro, como bien lo sabe hacer, intenta intimidarnos, llamando a que, quienes estuvimos presentes en el plantón, seamos denunciados por “llenar de odio, con mentiras, a ciudadanos y ciudadanas”. Presidente, no nos dejaremos amedrentar por usted, ni por quienes quieren hacer política a costa de la salud y el bienestar de los menores. Como concejal de Bogotá, y padre de familia, seguiré trabajando para que se respeten los derechos de los niños y sus familias.

Por esto, el próximo sábado 19 de octubre, estaré en la marcha nacional y seguiré alzando la voz por el bienestar de los niños y niñas. Al Superintendente y al presidente les digo ¡los niños no se tocan!

Andrés Barrios Bernal

¡A ahorrar agua!

Bogotá inicia nuevamente ciclos de racionamiento diarios motivados por la grave crisis en los embalses que proveen de agua a la ciudad. Es decir, los turnos para cada zona van a rotar de la misma forma como se propuso en el esquema inicial por parte de la administración distrital y cada diez días se repetirá.

Y es que la situación es dramática, así hay que decirlo. Actualmente, el embalse de Chuza, que hace parte del Sistema Chingaza, encargado de surtir el 70% del agua a Bogotá, tiene su volumen de almacenamiento en algo más de 84 millones de metros cúbicos, cuando la capacidad total es de 220 millones. Sin duda, esta situación nos obliga como ciudadanos a adoptar medidas responsables en nuestra cotidianidad, además de motivar a los demás a tomar conciencia, pues el agua no es eterna.

 

Nuestras fuentes hídricas son importantes y la realidad que afrontamos es muy preocupante. La sobreexplotación, la contaminación, el cambio climático, el consumo excesivo y poco responsable, son factores que inciden y que, desde luego, generan una amenaza sobre este recurso.

En este sentido, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Desde julio pasado advertí desde el Concejo de Bogotá a la administración distrital que no se podía bajar la guardia y que constituía un mal mensaje pagar pauta en redes sociales aseverando que la crisis estaba controlada. El tiempo lo demostró. Lo cierto es que no y que lo peor puede estar por venir el próximo año si seguimos con la llave abierta de forma ilimitada.

Debemos generar conciencia en la población sobre el uso responsable del agua: Reducir el consumo, reparar fugas y promover la reutilización, ya que estos son pasos esenciales. El Distrito debe insistir en medidas claras y pedagógicas que permitan lograr una real disminución del consumo en los ciudadanos, no sirve de nada aplicar medidas de racionamiento si no se logra una reducción.

También, considero que, deberíamos pensar en la idea de incorporar como estrategia la entrega de incentivos no económicos a quienes tengan una mejor cultura del ahorro de agua, tal y como logramos incorporarlo en el Plan Distrital de Desarrollo.

Para tener resultados a largo plazo, hoy Bogotá también necesita que los niños, niñas y adolescentes tengan conciencia de la gravedad de este problema, que conozcan cómo funciona el sistema hídrico de la ciudad y que puedan cambiar sus hábitos para consumir menos agua en su día a día. Es ideal un programa robusto de educación ambiental que promueva el cuidado de los recursos naturales.

Lo anterior se logra con dos simples aspectos: que conozcan de dónde viene el agua que consumen a diario y la importancia de la naturaleza; y que incorporen medidas de higiene eficiente y hábitos de consumo responsable.

Por otra parte, llama la atención que, aunque debemos invertir en infraestructura, no se está hablando de eso como prioridad. Bogotá necesita cuencas subterráneas para almacenar y tratar el agua de manera eficiente como se hace en Israel, Copenhague en Dinamarca y Los Ángeles en Estados Unidos, por citar algunos ejemplos.

Por último, y como contribución al debate, pero también a las soluciones, los escenarios en los que se hable del tema deben ser diversos y promovidos desde nuestros roles en la sociedad.

Adenda: El próximo 1 de octubre están invitados al Foro S.O.S. Por El Agua en el Cabildo Distrital. En él y bajo los aportes de expertos, abordaremos propuestas ante la crisis, se hablará sobre gestión de pérdidas de agua, gestión socio ambiental para elevar la cultura del agua, gestión del riesgo del recurso hídrico, implementación de tecnologías e innovaciones ahorradoras, entre otros aspectos.

Andrés Barrios Bernal

¿Se debe endeudar Bogotá?

Por estos días la atención sobre asuntos financieros de Bogotá se centra en el proyecto de acuerdo 622 de 2024 relativo a cupo de endeudamiento. Esta iniciativa, de la que resulté elegido ponente mediante sorteo, fue presentada por la administración distrital y, palabras más, palabras menos, lo que busca es que se autorice a la ciudad para endeudarse y así financiar proyectos de inversión contemplados en el Plan Distrital de Desarrollo.

Mediante esta fuente legítima de financiamiento, por un lado, se piden 9,59 billones de pesos para temas relacionados con movilidad, hábitat, seguridad, educación, cultura y salud. Por otro lado, se solicitan 3,5 billones de pesos para la empresa TransMilenio, específicamente para la construcción de la troncal de la Calle 13 que ya tiene adjudicados los dos primeros tramos de los siete que se contemplan.

 

Ahora bien, tras revisar detalladamente el proyecto, escuchar a la administración distrital y sostener reuniones con los secretarios y directores de cada sector para ahondar en las soluciones que se le están planteando a la ciudad ante tantas necesidades, surgen varios cuestionamientos.

El primero de ellos está relacionado con la capacidad de ejecución que tiene actualmente el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, ya que de los 13.1 billones de pesos solicitados, 8.7 billones los manejará esa entidad. Esto representa el 66.4 por ciento del monto.

Dicho lo anterior, me permito explicarlo. El IDU, que depende del sector movilidad, está solicitando 4.1 billones de pesos para diferentes obras; entre ellas: conservación de la malla vial, cicloinfraestructura, espacio público, la vía Suba Cota, la avenida Jorge Gaitán Cortés, la avenida Las Villas, entre otros proyectos.

Por otra parte, TransMilenio, dentro del paquete o cupo de los 9,59 billones, está pidiendo 1 billón para obras de infraestructura como la Av. 68, la conexión troncal Av. 68 con carrera Séptima, gestión predial y traslado de redes de la Séptima, troncal Av. Ciudad de Cali y Troncal Calle 13 (lotes 3 al 6 etapa de mantenimiento). Sin embargo, estas obras, vía contrato interadministrativo le correspondería hacerlas al IDU por competencia. 

Además, todavía no está claro, y así lo han expresado las propias cabezas de las entidades, si 112 mil millones de pesos que también se solicitaron para el sector Movilidad serán ejecutados por el IDU o por la Unidad de Mantenimiento Vial.

Y los 3.5 billones solicitados por TransMilenio (que por primera vez se está endeudando por cupo), también los ejecutará el IDU. Estos recursos serán para las obras de la Troncal Calle 13 que va desde Las Américas hasta los límites con el río Bogotá.

En este sentido es claro que no es la inversión en seguridad el principal factor por el cual se endeudará el Distrito, pese a que es su bandera. La gran mayoría de recursos estarán destinados a proyectos de infraestructura que la ciudad necesita. Pero, ¿Puede con todo el IDU? ¿Cuántos frentes de obra activos tendrá la ciudad en los próximos años? ¿Cuál será el plan de movilidad en una Bogotá con obras y más obras? ¿La administración de Galán insistirá en reestructurar esa entidad como se quiso en el Plan de Desarrollo, pese a todas estas responsabilidades a cargo?

Considero que es importante revisar con lupa no solo las nuevas obras que se contemplan y que quedaron en el PDD Bogotá Camina Segura, sin dejar de centrarnos en las que están en curso y que de hecho presentan retrasos.

De hecho, me causa especial preocupación a la conexión troncal de la Av. 68 con carrera Séptima. ¿Del bolsillo de los ciudadanos se va a costear la obra que tenía que hacer un privado? Pues en el cupo se están solicitando $247,194,886,196 para realizarla. Sin embargo, esa construcción debía hacerla Aldea Proyectos y así se estipulaba en el Plan Parcial El Pedregal, que todos sabemos que está en veremos desde hace años, incluso la empresa entraría en proceso de reorganización.

Esto lo que quiere decir es que vamos a endeudar a la ciudad para hacer la obra, sin que haya una garantía de que ese dinero se recupere posteriormente.

Ahora bien, de no hacerse, estaría en riesgo la conexión operacional de TransMilenio en ese punto de la ciudad.

Esperemos que dentro de las exposiciones que actualmente hace el Distrito ante la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá se sigan despejando estas y más dudas, en aras de que los ponentes podamos contar con la información suficiente para presentar a la ciudad y adoptar la mejor decisión en beneficio de todos.

Andrés Barrios Bernal

ETB está perjudicando la seguridad en Bogotá

Enhorabuena el Distrito confirmó que vienen cambios en la junta directiva de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB. Sin embargo, tuvieron que transcurrir nueve meses de la administración de Carlos Fernando Galán y varios debates de control en el Concejo de Bogotá para que se anunciara esta decisión. Es decir, no se reaccionó por voluntad sino ante un termómetro político.

Además de los posibles riesgos financieros de la compañía y del mal servicio que a diario denuncian los ciudadanos, Bogotá se raja en el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad, en gran medida, por culpa de la ETB. ¿Cuál es la razón? constantemente, la empresa alude fallas masivas de conectividad, razón por la que quedamos a ciegas y desprotegidos. Por supuesto, esto genera que no haya forma de hacer seguimiento a delincuentes o de contar con material probatorio a la hora de judicializar.  

 

Lo más grave de este asunto es que pareciera no haber una intención seria o voluntad para tomar cartas en el asunto, ya que el número de cámaras sin funcionamiento, por fallas en conectividad, ha venido aumentando mes a mes durante este 2024. Mientras que en febrero no servían 358, en agosto ese número llegó a 935.

¿Es esto justo con Bogotá? evidentemente no, y menos si la ciudadanía se rompe el lomo trabajando para pagar sus impuestos y el Distrito contrata el mal servicio de una empresa como ETB, que ha demostrado que la calidad no es su eslogan.

La ciudad ha pagado de 2020 a la fecha más de 197 mil millones de pesos a la ETB por el servicio de conectividad (que generalmente no sirve) para el sistema de videovigilancia y tecnología interoperable del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, C4. Ese dinero es el equivalente a construir 36  colegios con capacidad para mil niños y más de lo que cuesta el Bronx Distrito Creativo.   

Es vergonzoso que a la ETB se le esté pagando una millonada por un servicio precario y que no funciona como debería. Si nos centramos en los principales puntos afectados, encontramos que son las estaciones de TransMilenio e inmediaciones de instituciones educativas.

Conocí el caso de un colegio en el norte de Bogotá al que un mismo delincuente ingresó a robar en dos oportunidades, pero no pudo ser llevado ante la justicia ya que al momento de solicitar los videos a las autoridades, estas respondieron que no existían debido a que esas grabaciones no pudieron captarse porque las cámaras presentaban fallas en conexión, es decir, estaban allí de adorno.

También es muy cuestionable la transparencia al interior de la ETB. Al consultarles por el número de cámaras fuera de servicio, se limitaron a responder  que la información es parte de la reserva del acuerdo de confidencialidad. Háganme el favor. Su presidente, el señor Alex Blanco, debería saber que el convenio es público, se paga con dinero de la gente y, por ende, toda la documentación tiene que estar a la luz.

Sobre esta empresa y sus manejos quedan muchas dudas, sobre todo, cuando el derecho a la seguridad de la ciudadanía se está viendo afectado por su negligencia. Sin duda, es muy importante que se realicen auditorías a los convenios con la ETB, que los entes de control estén vigilantes y que se revisen otros proveedores. Sin embargo, si definitivamente esta empresa no brinda sus servicios adecuadamente, el distrito debe decidir si seguir o no contratando con ellos.

Asimismo, se debe proteger la infraestructura ya que, según argumentan, es por vandalismo que se generan tales fallas de conectividad. En este sentido, ¿cómo está trabajando el Distrito en la desarticulación de bandas de robo de cobre? A esta altura, lo cierto es que el mal servicio de conectividad de la ETB está siendo perjudicial para Bogotá.

Andrés Barrios Bernal

Concejal Andrés Barrios denuncia que un usuario de TransMilenio fue lesionado al interior del sistema sin recibir atención

El concejal del Centro Democrático, Andrés Barrios, denunció el caso de Jhon Jairo Vargas Castro, un hombre que resultó gravemente lesionado el pasado 27 de agosto a las 4:30 de la mañana al interior del Sistema TransMilenio cuando se dirigía a su trabajo, sin que se activaran los protocolos de atención.

Según narra la víctima los hechos ocurrieron en el Portal de Las Américas en medio de una aglomeración de personas: “Me encontraba dispuesto a ingresar al bus y cuando lo hice me empujaron, perdí el equilibrio. Me fui de frente contra una de las sillas del TransMilenio y me pegué en el costado izquierdo del tórax, lo cual me produjo tres fracturas en las costillas 5, 6 y 7 y un golpe muy fuerte en el pulmón. En ese momento me quedé casi sin aire, con muy poca respiración y con la indolencia de muchos usuarios, quedé ahí tirado. El conductor hizo caso omiso a lo sucedido, tuve que esperar casi 15 minutos hasta llegar a la próxima estación”.

 

El concejal Barrios hizo un llamado tanto a TransMilenio como a la Secretaría de Movilidad para que expliquen por qué no se atendió el caso de manera inmediata.

“No puede ser que una persona se suba al transporte público para ir a trabajar y resulte afectada en su salud, con tres costillas fracturadas, ante la evidente negligencia y la falta de control por parte de TransMilenio en cuanto al cupo de personas que se suben en los articulados. También es importante mencionar que estas aglomeraciones se presentan a diario como consecuencia de las demoras en los trayectos y la falta de frecuencias, un tema que hemos venido denunciando desde hace tiempo atrás”, dijo el concejal.

Al respecto, TransMilenio respondió que el Ente Gestor adelanta acciones en estaciones, paraderos y portales para que el ingreso a los buses se haga en filas ordenadas con el fin de agilizar el abordaje, garantizar la seguridad y la integridad, de todos nuestros usuarios.

En un comunicado el Sistema TransMilenio dijo que en adelante trabajará para que las acciones necesarias para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar.

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