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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Andrés Barrios

Concejal Andrés Barrios asegura que el 63% de las cámaras en TransMilenio no sirven

El concejal del Centro Democrático reveló los resultados de un seguimiento que viene haciendo a la vigilancia a través de cámaras de seguridad en Bogotá en donde encontró en esta ocasión que en el sistema TransMilenio, 63% de las cámaras de la Secretaría de Seguridad en las estaciones presentan problemas.

“Resulta alarmante que la Secretaría de Seguridad responda que tienen 164 cámaras de su propiedad en estaciones de Transmilenio, de las cuales hay 104 fuera de servicio. Es decir, que el 63% están de decoración, pues presentan fallas en conectividad o fueron afectadas por vandalismo”, dijo el concejal Barrios.

 

Alertó que tres estaciones de TransMilenio tienen instaladas cámaras de la Secretaría de Seguridad y ninguna funciona.

“Las estaciones Av. Jiménez y Portal Américas tienen todas las cámaras dañadas, mientras que la estación Ricaurte tiene el 76 por ciento sin funcionar. Lo más preocupante es que entre enero de 2020 y febrero de este año en la estación Jiménez se presentaron 1247 hurtos, en las Américas 314 y en Ricaurte 638”, añadió Barrios.

El cabildante hizo un nuevo llamado al Distrito para que se tomen cartas en el asunto y sean reparadas en su totalidad las cámaras dañadas, tal y como se estableció en el Plan Distrital de Desarrollo.

Y las cámaras, ¿para cuándo?

Bogotá, una capital con ocho millones de habitantes según el DANE, solo tiene en sus calles 5.828 cámaras de videovigilancia que pertenecen a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Desde el Concejo ya se ha denunciado que solo el 20 por ciento de la ciudad está vigilada con cámaras, es decir, únicamente 152 kilómetros cuadrados.

Sumado a este déficit, en la era Galán, aumentó el número de cámaras de videovigilancia que están dañadas. Explico lo anterior diciendo que pasamos de tener un 25% a un 32% de cámaras de videovigilancia que no funcionan. Mientras que en abril eran 1.464 cámaras de videovigilancia sin servicio por fallas de energización, conectividad, obras civiles, mantenimiento o vandalismo, hoy son 1.855.

 

Lo anterior, implica que el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo – C4, no esté monitoreando en tiempo real lo que sucede en las calles de la ciudad, en donde los actos delictivos y la criminales son pan de cada día. El jueves pasado, por citar un ejemplo, la casa de un líder social en Ciudad Bolívar fue atacada con cuatro impactos de bala. Y hace 15 días, en esa misma localidad, la reconocida lideresa social Alba Rocío Riaño perdió la vida tras haber sido víctima de un atentado.

Pero, al consultar al Distrito sobre lo que está sucediendo con las cámaras de videovigilancia dañadas, lo que responden es que esto se debe a múltiples factores, que incluso varían, razón por la que no hay una fecha exacta de reparación. Y la cereza del pastel, únicamente estiman tener el 75 por ciento del sistema en óptimas condiciones aproximadamente en diciembre.

En localidades como San Cristóbal y Santafe solo funciona el 40 por ciento de las cámaras de videovigilancia, situación de la que seguramente se aprovechan los delincuentes para acechar a la población. San Cristóbal tiene 348 cámaras de las cuales 208 no sirven. En el caso de Santafe, son 304 y no están en funcionamiento 182.

Pero esta historia se repite en todas las localidades de Bogotá. Los Mártires tiene 238 cámaras de videovigilancia y 120 dañadas; Rafael Uribe cuenta con 315, pero 108 sin funcionamiento; Kennedy, 506 y 184 sin reparar, solo por mencionar algunos casos.

Recién inició la administración de Carlos Fernando Galán se anunció que una de las estrategias de seguridad consistiría en fortalecer el uso de cámaras y seguimiento con dispositivos, pues la tecnología debía estar al servicio de los desafíos de ciudad; sin embargo, vemos cómo claramente la promesa dista de la realidad.

El uso de cámaras no solo es una herramienta para los procesos judiciales, para identificar zonas de delincuencia o modus operandi de bandas dedicadas al crimen, sirve también como mecanismo para ir hacia una sociedad disciplinada.

En Bogotá también vale la pena preguntarse qué ha sucedido con la incorporación de cámaras de reconocimiento de placas – LPR y multisensor, con visual de 360 grados, que se anunciaron finalizando la administración anterior y que prometían ser una gran solución hacia los problemas de inseguridad. 

Y, la pregunta del millón, ¿Cómo es que una alcaldía que se elige con la premisa de que Bogotá caminará segura tiene más cámaras dañadas de las que recibieron en ese estado? sinceramente, es de no entender.

Otrora, en el Plan Distrital de Desarrollo incluimos desde el Concejo de Bogotá una proposición para que se haga mantenimiento periódico de cámaras de videovigilancia, razón por la que exigimos el cumplimiento de lo acordado de forma inmediata.

Andrés Barrios Bernal

Seis meses de la era Galán, ¿Bogotá camina segura?

Homicidios, hurtos, extorsiones, intentos de secuestro, entre otros delitos, hacen parte del alarmante panorama que padecemos a diario en Bogotá. Combatir la criminalidad y la delincuencia en las calles es el “caballito de batalla” del alcalde Carlos Fernando Galán y de su equipo de gobierno.

Según la más reciente encuesta de Invamer el principal problema que dice tener la ciudadanía es la inseguridad, con un 56,5 por ciento. Como era de esperarse, ante esta realidad, la aprobación de Galán, que ya completa seis meses en el cargo, tuvo una fuerte caída al 47 por ciento; perdió 12 puntos de aceptación entre abril y junio. Sin duda, las acciones en seguridad no son suficientes para un amplio sector de la población y para algunos carecen de carácter.

 

En ese sentido, también soy de los que considero que las decisiones deben ser contundentes y sin titubeos, pues Galán prometió que Bogotá caminaría segura y eso no está ocurriendo. Además, no se entiende cómo el alcalde pretende obtener resultados diferentes a los del último cuatrienio si sigue gobernando con la gente de la exalcaldesa Claudia López. A ella le quedó grande la ciudad y la seguridad ni se diga. Una de las consecuencias es que durante su periodo tuvimos la aterradora cifra de más de 620.000 víctimas de hurto en diferentes modalidades.

Es evidente que Galán recibió una “papa caliente”. En lo que va de este 2024 los casos de extorsión incrementaron en comparación con el año anterior, así como los delitos sexuales y las lesiones personales. Sin embargo, aunque ocho delitos de alto impacto sí han tenido reducciones, en medio del caos que afrontamos es poco notorio y la ciudadanía lo que espera es poder transitar en paz de una vez por todas.

Además de los temas de seguridad, el alcalde debe actuar con mayor contundencia en problemáticas que van de la mano, como por ejemplo el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público. Seguimos teniendo, ante la mirada apacible del Distrito, bandas delincuenciales que se nutren de este negocio. Y aún más preocupante, se han apoderado de parques y entornos escolares. Prácticamente, los jíbaros desplazaron de estos lugares a las familias, que ya ni se asoman por miedo a la inseguridad o por el peligro que representa que niños, niñas y adolescentes puedan caer en el abismo de las drogas.

En este aspecto hay que reconocer que la Administración de Galán falló al decir que emitiría un decreto para establecer lugares libres de drogas, esto nunca pasó y las intenciones por hacerlo al parecer son cada vez menores. Así las cosas, se debe recordar que está vigente el decreto 825 de 2019 y éste tiene que cumplirse con mayor determinación.

Galán y su gabinete le deben cumplir a la ciudad. Es imperativo incorporar con eficacia las metas trazadas en el Plan Distrital de Desarrollo, que también corresponden a las voces ciudadanas que participaron de su construcción por medio de las mesas de trabajo que se realizaron durante varias semanas.

La tecnología tiene que ser aliada. El mantenimiento de cámaras y la interconexión entre los sistemas de videovigilancia del sistema de transporte con el C4 son aspectos clave a incorporar, pues contribuirían a la desarticulación de bandas dedicadas al hurto.

En Bogotá no puede seguir pasando que, sumado a que escasean cámaras de videovigilancia, nos damos “el lujo” de tener más de 1.400 fuera de servicio, como se evidenciaba en el primer trimestre de este año.

Ya van seis meses de la era Galán y su gobernabilidad debe mantenerse, para ello, el factor seguridad será la vara con la que será medido.

Andrés Barrios Bernal

Envenenados por las drogas

¿Qué tan fácil es que nuestros niños tengan acceso a las drogas? La realidad es alarmante. En el 2023, la Secretaría de Educación, por medio del Sistema de Alertas, registró 6.431 casos de consumo de sustancias psicoactivas por parte de niños, niñas y adolescentes en Bogotá. En el primer trimestre de este año, la cifra fue de 1.034 casos.

Causa gran preocupación que sea en los entornos escolares donde los menores resulten más expuestos a estar cerca del veneno de las drogas. Esta semana revelé el dramático testimonio de un padre de familia quien saca a la luz que profesores de tres colegios distritales de Ciudad Bolívar, han sido amenazados o se han visto obligados a pedir traslados por temor a represalias tras denunciar la situación al interior de las instituciones. Los jíbaros los tienen azotados y, en algunos casos, se valen de los estudiantes para la venta de estupefacientes al interior de las aulas. Esta es una problemática que está presente en todos los sectores y localidades de la ciudad.

 

Pero, ¿cómo actuar ante esta realidad? En los casi seis meses que ya completa esta administración, no se ha expedido el decreto para reglamentar el consumo en parques y entornos escolares, pese a que se le había prometido a la opinión pública. Es por esta razón que, como padres, ciudadanos y desde nuestras dignidades políticas, debemos exigir el cumplimiento del decreto 825 de 2019 que se mantiene vigente.

Sumado a eso, la Corte Constitucional, en una de sus más recientes sentencias, la T-004 de 2024, hace un llamado a padres de familia y autoridades escolares para evitar el consumo de sustancias psicoactivas en los colegios. Agrega la Corte que se requieren estrategias coordinadas con el fin de abordar esta problemática y sus causas. Este llamado fue hecho al resolver el caso de Camila, una estudiante quien había sido sancionada con educación extramural por la supuesta fabricación, promoción y venta de brownies con marihuana. Sobre este hecho, la Corte advirtió que “prima el interés superior de la adolescente y que es deber del Estado, la familia y la sociedad evitar riesgos prohibidos, como es la disponibilidad y el consumo de sustancias psicoactivas”.

Ante este pronunciamiento, cuyo mensaje es claro, debemos seguir insistiendo en acciones que eviten que los niños, niñas y adolescentes caigan en el abismo a las drogas.  Actualmente, la marihuana es la sustancia que los estudiantes manifiestan que pueden conseguir con mayor facilidad (20,5%), seguida del Popper (12,0%), la cocaína (7,5%), el basuco (7,3%), el éxtasis (5,1%) y Dick, Ladys y Fragancia (4,9%). Esto lo que nos demuestra es que el acceso a drogas en espacios donde los menores permanecen es amplio y no está siendo controlado de forma eficiente el consumo, porte y distribución de estas. Para hacer frente se requiere el trabajo articulado entre las secretarías de Seguridad, Educación y Salud, sobre todo, en los 92 entornos escolares que indicaron que priorizarán.    

Asimismo, es necesario que las acciones estén encaminadas a concientizar mediante la pedagogía, pues desde la entrada en vigencia del Decreto 825 de 2019, se han impuesto un total de 167.510 comparendos; sin embargo, cabe preguntarse si esta medida ha sido efectiva o por el contrario es un saludo a la bandera, pues solo han sido pagados 2.597, eso equivale únicamente al 1,5% del total.

Concluyo diciendo que es realmente preocupante el aumento de consumo en menores entre los 6 y los 11 años, que llega a un 37%. Pero lo más grave es que la pasividad frente a este tema le está generando a la ciudad, la prevalencia de unos derechos sobre otros, y lastimosamente, no son los de los menores de edad. 

Andrés Barrios Bernal

De racionamiento en racionamiento

Nos encontramos en el octavo ciclo de racionamiento de agua en Bogotá, dos meses ya han pasado desde que el alcalde Carlos Fernando Galán anunció la restricción y, vale la pena preguntarse, ¿qué tanto ha servido esta medida? y ¿cuál es el impacto?

El agua no es eterna, y muchos lo sabemos. Por eso, desde que se anunció que los niveles de los embalses estaban en puntos críticos y nunca antes vistos, incorporamos en nuestros hogares estrategias como tener baldes en la ducha, bañarnos en menor tiempo (hasta con temporizador), lavar la ropa cada quince días, entre otras medidas. En definitiva, no nos quedamos de brazos cruzados.

 

En su balance de los primeros 45 días de racionamiento, el alcalde indicó que se habían ahorrado más de 7 millones de metros cúbicos de agua, el equivalente a 2.913 piscinas olímpicas (miden 50 metros de largo por 25 metros de ancho y tienen una profundidad de 2,7 metros).Galán, agregó que, sumado a las lluvias,la estrategia ha resultado en un aumento de 15 puntos porcentuales en el nivel de los embalses de Chuza y San Rafael, que componen el Sistema Chingaza, los cuales nos proveen el 70% del líquido que consumimos en Bogotá.

Sin embargo, expertos han señalado que el aumento en los embalses responde a la llegada de las lluvias y no necesariamente a las medidas de racionamiento adelantadas.

Un dato no menor, en este primer corte del racionamiento, en solo una ocasión la ciudad alcanzó la meta del consumo que se planteó. En ese sentido, se hace necesario repensar si las decisiones tomadas hasta la fecha han sido eficaces.

Bogotá y Colombia entera deben optar por incorporar campañas de cultura ciudadana. Y digo el país porque hoy la crisis la afrontamos en la capital, pero mañana podría llegarle el turno a otro.

Vale la pena preguntarse si estas medidas restrictivas que hasta el momento se han determinado generan una cultura del ahorro o si por el contrario lo que logran es el efecto contrario, pues motivan a la gente a la acumulación de agua. Un ejemplo claro frente a lo anterior se observa en las propiedades horizontales con los tanques de reserva. Estos son llenados el día antes de la restricción para su uso en el racionamiento y posteriormente vuelven a ser llenados, causando un gasto adicional.

También, es momento de empezar a incorporar estrategias como las incluidas en el Plan de Desarrollo. Una de ellas consiste en brindar incentivos no económicos a quienes ahorren. También, implementar mecanismos y programas de educación ambiental en los colegios, además de llevar a que la ciudad tenga un consumo diario que alcance los 15 metros cúbicos por segundo.

Según la Organización Mundial de la Salud y la Fundación Aquae gastamos en promedio 100 litros de agua en una ducha de cinco minutos; Comparativamente, es lo mismo que se puede tomar una persona en 50 días.

Y este dato no es menor, la OCDE estableció que Colombia es el país que más extrae y consume agua cada año. De forma aún más preocupante, según un informe del Centro de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de la Sabana, desperdiciamos cerca del 43% del agua potable. Es decir, ya va siendo hora de pensar una Política de Estado, para el ahorro de agua en el territorio nacional.


Por último, cuando las alarmas se prenden hay que escucharlas y atenderlas. Hace diez años, estando Gustavo Petro de alcalde, el estudio “Metabolismo hídrico de Bogotá, D.C.” de la Universidad Central advertía que en treinta años la pérdida del líquido había aumentado en un 60 por ciento y que para el 2025 llegaría a un 70 por ciento. ¿Qué se hizo? la respuesta está en la realidad actual. Con discursos y carreta no es cómo se soluciona ni se hace frente a las problemáticas medioambientales. En ese entonces, el alcalde y hoy presidente de Colombia, tenía  que actuar.

Andrés Barrios Bernal

Bogotá sin “ninis”, ¡ese es el reto!

¿Quiénes son los “Ninis”? Se denominan así a los jóvenes que ni estudian, ni trabajan y en Colombia, son 2,9 millones. Aunque tenemos leyes, decretos, políticas públicas de empleo, acuerdos y hasta resoluciones, esta población se encuentra con múltiples barreras a la hora de acceder a su primer trabajo. Por esta razón, los “Ninis” se consideran un grupo vulnerable en el ámbito laboral. Como dice la canción, les cuesta mucho llegar a “su primer millón”.

Nuestro país ocupa el segundo lugar dentro de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, con más jóvenes que ni estudian ni trabajan (Ninis) y el primer lugar dentro de los países latinoamericanos (26% de los jóvenes de 14 a 28 años).

 

Ante este desalentador panorama y preocupado por la realidad, específicamente en el caso de nuestra capital, decidí presentar un Proyecto de Acuerdo en el Concejo de Bogotá, que después de varios meses, fue aprobado y entrará a regir tras la sanción del alcalde Carlos Fernando Galán.

La iniciativa “Por medio de la cual se fomenta el emprendimiento, la innovación y se promueve la atracción y retención de jóvenes talentos”, busca que el Distrito diseñe estrategias que prioricen la inclusión laboral de esta población a través de diversos mecanismos. Aunque reconozco que este tipo de proyectos ya se han propuesto en el pasado, y que, en algunos casos, han resultado un saludo a la bandera, aquí logramos varios aspectos puntuales que considero traerán grandes oportunidades.  

El Distrito deberá crear un sistema de información que ayude a los jóvenes a incorporarse en el mercado laboral; tendrá que generar entornos apropiados para hacer negocios y promover modelos para industrias de alto valor, intensivos en el uso de tecnología y herramientas digitales, con el fin de afianzar la productividad del tejido empresarial de la ciudad. En este punto me quiero detener, pues la ciencia, la tecnología y la innovación (CTeI), deben ser motor. Por eso la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología – ATENEA, jugará un papel primordial al generar alianzas con instituciones, que brinden acceso a espacios adecuados para la investigación y el desarrollo de emprendedores.

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad en el Cabildo Distrital y respaldado desde el primer momento por los concejales ponentes Andrés García y Rubén Torrado, y por voces como la de mi colega Juan Daniel Oviedo. En él, logramos incluir que se puedan brindar mayores posibilidades para acceder a créditos, además de incentivos a la innovación y la investigación en sectores productivos potenciales.

Queremos que Bogotá sea una capital para los clúster o aglomeraciones de sectores económicos, de tal manera que se impulsen proyectos o emprendimientos de los jóvenes. 

Todas estas son formas creativas de atraer recursos para la ciudad, porque paralelo a los beneficios para los jóvenes, llegará mayor inversión y se formalizarán empleos para los llamados “Ninis”, quienes tendrán mejores oportunidades. En Bogotá debemos pensar a largo plazo, y aceptar que no solo con impuestos y más impuestos se puede lograr desarrollo.

Mi compromiso será velar porque se adopten estas estrategias que llevarán a que nuestros jóvenes se quieran quedar y se sientan atraídos para hacer empresa en nuestra ciudad.

Andrés Barrios

¡Bogotá lo agradecerá!

Entre intensos debates y largas jornadas, concejales del Centro Democrático, partido al que pertenezco, logramos defender a los bogotanos de dos impuestos más. Desde el Concejo abogamos por la ciudadanía, por los empresarios y también por los comerciantes, muchos de ellos asfixiados por la situación económica actual.

Ustedes se preguntarán, si no es con impuestos, entonces, ¿cómo cumplir con las metas estipuladas? Desde el año pasado, entre los puntos programáticos de la bancada del Centro Democrático planteamos algunas propuestas, entre ellas: austeridad.

 

El Distrito tiene la obligación de establecer una estrategia para la racionalización del gasto y la eficiencia en la gestión de los recursos, además de reducir costos de publicidad y funcionamiento. Aplicando esta fórmula Bogotá podría salir de tanta “contratitis” heredada de la exalcaldesa Claudia López, cuyo gobierno pasó de tener 31.000 contratistas a 70.000 cuando dejó el cargo.

En cuanto a los dos impuestos que la alcaldía de Carlos Fernando Galán pretendía incluir en el Plan Distrital de Desarrollo, pero que a última hora decidió retirar, ante la falta de ambiente político, debo decir que siempre me opuse y así lo hice saber en el curso de todos los debates.

El bolsillo de la gente hoy lo agradece y aunque soy consciente que el Distrito presentará nuevamente estos proyectos a la Comisión de Hacienda del Concejo, a la cual pertenezco, seguiré dando los debates.

Sobre el impuesto al alumbrado público hago las siguientes precisiones. Se estaba jugando con la esperanza ciudadana de mayor seguridad para lograr más recursos. ¡Así no es! El Distrito nunca dio una argumentación clara sobre el porcentaje en el que disminuiría la delincuencia e inseguridad con la destinación de lo que se recaudara para modernizar el alumbrado en Bogotá. Aunque reconozco la teoría de las ventanas rotas, según la cual para prevenir el vandalismo hay que arreglar los problemas cuando estos aún son pequeños, no comparto que la forma hubiera sido afectando a los estratos que siempre pagan.

Además, el cambio de luminarias a tecnología LED inició en 2016 y a diciembre de 2023 Bogotá ya tenía cerca de 251.010 modernizadas, de las de 361.000 existentes. En ese sentido, el 70 por ciento de este cambio se logró sin cobro. Luego entonces, ¿por qué para el 30 por ciento que falta se requería este impuesto? Jamás se explicó con claridad.

Tampoco apoyé el tributo que se pretendía ponerse a los parqueaderos públicos, debido a su impacto sobre los usuarios del vehículo particular, que no necesariamente lo tienen por lujo. Muchos lo usan para trabajar y como sustento diario.

Por último, en cuanto a la sobretasa bomberil que sí fue aprobada, debo decir que también me opuse. Claro que quiero mejores condiciones para los bomberos, pero rechacé este tributo debido a que existe un manto de corrupción en esa entidad. Y volviendo a la “contratitis”, se debe saber que por cada tres contratistas hay un bombero.

El Distrito espera recaudar más de $226.212 millones al año con este tributo y desde ya anuncio que haré el respectivo control político para que los dineros sean realmente invertidos en lo que prometieron: robustecer las capacidades de la entidad, incluyendo la construcción de una nueva estación.

Andrés Barrios

No pueden seguir exprimiendo a los que siempre pagan

La palabra se honra y mi convicción es que no podemos seguir poniéndole más impuestos a los bogotanos. Por eso celebro que anoche, durante las discusiones del Plan Distrital de Desarrollo en el Concejo de Bogotá, fuera retirado el artículo que aprobaba la creación de un nuevo impuesto para el parqueo fuera de vía, es decir los parqueaderos públicos.

Lo anterior golpearía sustancialmente al usuario del carro particular, pues el cobro en los parqueaderos iba a subir aproximadamente $1,600 la hora para vehículos y $480 para motos.

 

Sin embargo, hay que seguir dando la pelea en Plenaria, pues sí fueron aprobados en primer debate los impuestos al alumbrado público y la sobretasa bomberil. Las mayorías respaldaron la intención de la administración distrital y del alcalde Carlos Fernando Galán, de más gravámenes.

Lo digo con claridad, quiero que la ciudad avance pero no con impuestos y más impuestos, sin que se contemplen otras alternativas. Esta Administración tiene la obligación de ser creativa, y de buscar opciones, como atacar la evasión, por ejemplo.

Es un hecho que la ciudad y el país no están en el momento económico adecuado para más cobros. Según el DANE el PIB creció un moderado 0,7% en el primer trimestre de este año. Lo que quiere decir que el crecimiento de varios sectores de la economía se han ralentizado, e incluso, están estancados. Comercio, industria y construcción, presentan las mayores caídas.

En cuanto al impuesto de alumbrado público y la sobretasa bomberil que propone Galán, estoy en desacuerdo debido a que el primero no tiene estudio técnico y el cobro de energía ya es lo suficientemente alto. Además, no es claro de qué manera ese impuesto va a contribuir a mejorar la seguridad en Bogotá.

Mucho menos respaldo la sobretasa bomberil, no porque no defendamos a nuestros bomberos, sino porque existe un manto de corrupción en esta entidad. Además, deben reducir la contratitis, pues por cada Bombero hay tres contratistas de prestación de servicios.

En plenaria daré la pelea para rechazar estos impuestos. Insisto en que desde el Distrito se tienen que buscar recursos de otra manera y no aumentando el costo de vida para millones de personas.

Andrés Barrios

La Policía Metropolitana de Bogotá está varada

Contrario a lo que debería ser, los policías de Bogotá, a duras penas, pueden movilizarse con facilidad para el desarrollo de sus actividades en favor de la ciudadanía. ¿La razón? las motocicletas que normalmente usan no están en óptimas condiciones.

Según cifras de 2023, son 3.833 las motos de la Policía Metropolitana de Bogotá, que cumplieron con su ciclo de vida útil. La MEBOG tiene el mayor número de obsolescencia de motocicletas en el país.

 

Ante este panorama y a propósito del Plan Distrital de Desarrollo que actualmente discutimos en el Concejo de Bogotá, vale la pena insistir en que de los 3.52 billones que se destinarán a Seguridad, se piense en las herramientas que nuestros uniformados necesitan para desempeñar sus roles.

También es importante que se acuda al Fonsecon y no que éste mecanismo de financiación se tenga como un saludo a la bandera. A través de dicho fondo del Ministerio del Interior, se viabilizan proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana en el país. Bogotá no puede caer en los errores del pasado, como los cometidos por Claudia López, quien durante su periodo no tramitó proyecto alguno ante este financiador.

En este punto me detengo, pues aunque la antecesora del alcalde Carlos Fernando Galán no lo hizo, la Policía Nacional sí realizó la tarea. Dentro de los proyectos se solicitaron motocicletas para la capital del país, 45 en total, sin embargo, nos hicieron conejo.

Dicho lo anterior, lo explico a continuación. Al contrastar el proyecto presentado por la Policía Nacional, con el formato de viabilidad expedido por la Subdirección de Proyectos de Mininterior encontré una inconsistencia en el acta de sesión número 7 del comité evaluador del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON. Es evidente que no se cumplió con lo que se encontraba viabilizado para Bogotá, pues solo nos dieron 20 motos y así se anunció la semana pasada sin que funcionario alguno se ruborizara.

Debe quedar claro que el Ministerio del Interior viabiliza y lleva los proyectos al comité FONSECON y su obligación es aprobarlos tal y como están. Nuevamente, el gobierno de Gustavo Petro y su ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, demostraron sus rencillas hacia Bogotá.

Las motos que no le dieron a la capital del país las habrían enviado a Cauca, de donde es oriundo el ministro Velasco y Nariño. No digo que esto sea malo, pero, ¿por qué si la Policía Nacional no planteó la necesidad de motocicletas para estos dos departamentos y en el formato de viabilidad tampoco se estipuló, en el acta que firmó el Mininterior se destinan 15 y 10 motos respectivamente? Algo huele mal.

Considero que debe haber voluntad política y se tiene que moralizar a la Policía. Hace unos días, el alcalde de Barranquilla, Álex Char, entregó 409 motocicletas, treinta camionetas y cincuenta equipos de telecomunicaciones a la MeBar; me pregunto, ¿cómo allá se puede y acá no? La capital del Atlántico tiene más de un millón de habitantes y la capital del país más de ocho, según el DANE, pero acá nos conformamos con solo 20 moticos para la Policía. Lo anterior produce tristeza, sobre todo, al ver que el sicariato, los hurtos y la extorsión permean cada vez más en nuestras localidades.

Concluyo diciendo que están dejando sola a la ciudad, y aquí también hago mención a los representantes a la Cámara de Bogotá por el Pacto Histórico, ya que son mayoría y de gobierno. Es deber de la bancada abogar por los intereses de quienes los eligieron, gestionar recursos y no servir como un comité de aplausos de Gustavo Petro.

Andrés Barrios Bernal

Bolsa de empleo Gloria Inés Ramírez

La ministra del Trabajo de Colombia, Gloria Inés Ramírez, tiene la obligación de darle explicaciones al país. La escudera del presidente Gustavo Petro, quien pregona a diestra y siniestra que el gobierno debe sacudir la corrupción, es un claro ejemplo de quien predica, pero no aplica.

Resulta inaudito que la gestión de Ramírez esté caracterizada por el nepotismo y, mientras tanto, el presidente de la República se hace el de la vista gorda. Desde el año pasado han surgido denuncias sobre el tráfico de influencias de la ministra para hacer que sus familiares sean nombrados en otras entidades.

 

Aquí me quiero detener y denunciarlo públicamente. Uno de sus hijos está nombrado actualmente en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y, esta semana, salió a la luz que otro de sus hijos tiene un contrato de prestación de servicios en el Ministerio de Cultura.

La señora Ramírez sigue usando su puesto para el clientelismo y para favorecer a su círculo cercano. Trabajo sí hay, pero para los allegados de la ministra. En ese sentido, cabe preguntarse, ¿Quién la investiga?

Entre tanto, el DANE reportó que en el país subió el desempleo por segundo mes consecutivo. Marzo cerró con la preocupante cifra de 2.881.000 ciudadanos desocupados. El panorama es desastroso.

Volviendo a los hijos de la ministra: Diego Alejandro Restrepo Ramírez, está nombrado como jefe de la Oficina Asesora Jurídica de Minciencias con un salario básico mensual de más de 10 millones de pesos, sin incluir prima técnica. Este mismo señor ya había sido designado en 2023 en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, donde se ganaba casi 8 millones de pesos.  

El otro hijo de la ministra, Álvaro Eduardo Restrepo Ramírez, tiene un contrato por más de 127 millones de pesos en Mincultura. Justamente, uno de esos contratos que la ministra llama “basura” y que prometió acabar desde que llegó al gobierno.    Ramírez, como titular de la cartera del Trabajo, está obligada a dar ejemplo, dejar su cinismo y doble moral. Esto que está sucediendo refleja la hipocresía de quienes nos gobiernan.

Asimismo, se debe poner la lupa sobre el intercambio de favores entre titulares de carteras, en este caso Ciencia y Cultura. Recordemos que en el primero hay denuncias de acoso laboral y en el segundo, señalamientos de maltrato en algunas de sus entidades adscritas.

“Este país tiene que cambiar”, dijo la ministra Gloría Inés en la marcha del pasado 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Tal vez es en lo único que concuerde con ella, pues en Colombia no podemos seguir permitiendo la cultura del amiguismo y el enchufe en la administración pública.

Andrés Barrios Bernal

La seguridad debe ser “El Plan”

Bogotá necesita invertir en seguridad, eso para nadie es un secreto. Solo con recorrer las localidades o leer los titulares de prensa, salta a la luz que hay problemáticas reales y de fondo relacionadas con criminalidad. Las estadísticas también lo demuestran. 

Es por esto que, en medio de las discusiones sobre el proyecto del Plan de Desarrollo en el Concejo de Bogotá, tenemos la obligación de revisar con lupa las metas establecidas. Aunque celebro la decisión de la administración Distrital de casi duplicar el presupuesto para seguridad, éste sigue siendo insuficiente para una capital golpeada por la delincuencia.

 

Se habla de un incremento histórico, pero también es histórico que en el último cuatrienio Bogotá tuviera más de 620 mil víctimas de hurto en diferentes modalidades.

Según el Plan de Desarrollo presentado por el alcalde Carlos Fernando Galán, para los próximos cuatro años, se destinarán 3.52 billones de pesos para seguridad, lo cual corresponde al 3.88% del total del presupuesto de inversión, incluso por debajo de cultura, que tendrá una asignación del 3.92 por ciento equivalente a 3.56 billones de pesos.  

Metidos en “el plan”, considero importante la destinación de casi 700 mil millones de pesos para fortalecer el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, C4. Sin embargo, la administración debe precisar en qué porcentaje estima reducir la criminalidad gracias a esa inversión. Asimismo, se debe garantizar que con estos recursos se hará el mantenimiento correspondiente a las cámaras de videovigilancia, ya que 1.464 no están funcionando.

Genera gran preocupación que, en medio de la intención de recuperar los lazos resquebrajados con la fuerza pública, en el proyecto no se haga referencia a su bienestar. Lo anterior debe presentar una alerta en cuanto a la posición de esta administración en el apoyo a valerosos hombres y mujeres que velan por el derecho a la seguridad de la ciudadanía. Es pertinente recordar que ésta ha sido una recomendación que se ha hecho en reiteradas oportunidades desde el sector y también por parte de quienes integramos la Bancada Pro Fuerza Pública y Veteranos, que creamos en el Concejo pensando en nuestros uniformados.

Del Plan, Bogotá Camina Segura, destaco los valiosos ajustes en cuanto a las recomendaciones de generar metas específicas para la reducción de delitos. Sobre todo, en metas estratégicas en materia de homicidio, hurto común, extorsión, lesiones personales, homicidios a mujeres, hurto a personas en el servicio de transporte público y lesiones personales con víctima mujer.

Aunque los bogotanos anhelamos mayor pie de fuerza, no podemos caer en hipotéticos que luego nos cuesten por falta de planeación. Es importante que la alcaldía de Galán siguiera la recomendación que le hice en debates de control político sobre la cifra de nuevos efectivos de la Policía. Según el documento, se trabajará en una propuesta jurídica y técnica para alcanzar a llegar a los 2.000; sin embargo, a sabiendas de que se necesitan estos uniformados, la meta sigue siendo ambiciosa.

Ante lo anterior, estaremos prestos a realizar el control a dicho cumplimiento, debido a que, en el pasado, Claudia López hizo la misma promesa y el resultado todos lo conocemos: no se cumplió. También se debe garantizar la permanencia de esos uniformados en la ciudad. En este sentido, también es muy importante que le informen a la ciudad la especialidad, pues necesitamos policías para inteligencia, contrainteligencia y seguridad ciudadana.

Galán se eligió con la promesa de que Bogotá caminará segura, por lo tanto, esa será la vara con la que sea medido. Heredó una papa caliente y ahora su misión es cumplirle a la ciudad.

Andrés Barrios Bernal

Ni de los débiles, ni de los mafiosos

Se equivoca el presidente de la República, Gustavo Petro, al tratar de deslegitimar la marcha del pasado 21 de abril; una protesta de la mayoría y que unió a la sociedad civil. No se trató de concentraciones débiles, ni de los dueños del dinero público, como aseguró el mandatario de los colombianos.

Petro, en su afán por desconocer las críticas, lanzó un ofensivo comentario en su cuenta de la red social X, evidenciando su soberbia, orgullo y mezquindad. Señor presidente: el pueblo le habló y fue a usted.

 

Es incoherente que el mandatario diga que “respeta la libertad de expresión y los derechos de la gente”, cuando al mismo tiempo desestima todo tipo de diálogo al acusar a los ciudadanos de estar dando un “golpe blando” o de buscar “mantener la captura de enormes cantidades de dinero público usados como ganancias”.

Desconocer a cientos de miles de personas inconformes en todo el país y en desafío convocar a otra manifestación el próximo 1 de mayo, Día del Trabajo, denotan el revanchismo y la actitud infantil de Petro, quien hasta aquí no se ha comportado como un estadista.

No queremos ningún pasado de “mafiosos en el poder”, porque es a lo que precisamente nos oponemos. Mafioso es el presunto lavado de activos, así como, el enriquecimiento ilícito por el que está siendo investigado Nicolás Petro, hijo del presidente. No olvidemos que un reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos menciona la investigación que se realiza al hijo y al hermano del mandatario. Mafioso es lo que ha hecho el gobierno con los recursos de los colombianos para devolver favores. Mafioso es lo que hizo la actual directora del Dapre, Laura Sarabia, para encontrar una maleta de dinero. Mafioso es convocar a una constituyente para aprobar las nocivas reformas a como dé lugar.

Según el gobierno, 250.000 personas nos expresamos en todo el país; sin embargo, otros datos demuestran que realmente más de 500.000 colombianos alzamos nuestras voces, nos manifestamos de forma pacífica y respetando la ley.

Las imágenes de plazas y calles llenas no mienten. Evidencian un llamado a un presidente que se caracteriza por no escuchar o por hacerse el de la vista gorda. Tenemos a un mandatario más preocupado de controvertir a quienes lo cuestionan, que de atender los reclamos de todos los sectores de la sociedad. 

En el caso de Bogotá, tal y como lo mencionó la administración distrital, no se presentaron alteraciones al orden público, ni daños en la infraestructura y mucho menos agresiones a la fuerza pública. Se marchó con civismo, pese a que no se tomaron las previsiones suficientes en cuanto a gestión del riesgo. La carrera Séptima se convirtió en un embudo a la altura de la calle 22, por cuenta de la invasión al espacio público de vendedores informales.

Aún con lluvia, marchamos en familia y llenos de esperanza. Y no fue porque nos dieron las “garantías”, como dijo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Debe quedar claro que nadie quiere “derrocar a Petro”, como él dice. El pasado 21 de abril nos manifestamos porque no queremos una constituyente, salimos a las calles porque no creemos que la defensa a la mujer, que tanto pregona, se olvide al nombrar a Hollman Morris en la cabeza de RTVC, también lo hicimos para rechazar la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial y la corrupción como ocurrió con los carrotanques de La Guajira.

Copamos las calles porque el Ministerio de la Igualdad no es más que un fortín burocrático. Y marchamos también, porque desde agosto de 2022 a febrero de 2024, según Indepaz, se han presentado 137 masacres, dentro de las cuales han asesinado a 444 personas. Marchamos por la dicharachería de Petro, por su falta de trabajo en equipo, por su incapacidad para asumir errores, así como para afrontar los problemas y desafíos que tiene el país. En definitiva, marchamos por la incapacidad de Gustavo Petro para gobernar.

La ciudadanía se expresó y le dio un mensaje contundente, la escasa mayoría con la que ganó la presidencia en 2022, ya no lo acompaña y será ésta, la que de manera democrática y pacífica lo sacará del poder junto con su Pacto Histórico en el 2026.

Andrés Barrios

Concejal de Bogotá

«Preocupa el hurto a menores de edad en Bogotá»: Andrés Barrios

El concejal Andrés Barrios Bernal alertó sobre los preocupantes índices de hurtos a menores de edad en la ciudad. Señaló que en enero y febrero de 2024 fueron 266 las víctimas.  

“Tenemos siete hurtos registrados en primera infancia, ocho en infancia y 251 en adolescencia. Esto quiere decir que no se les está garantizando su derecho a la seguridad y se deben adoptar medidas integrales en las calles y parques”, dijo Barrios.  

 

El cabildante señaló que se debe aprovechar la construcción del Plan Distrital de Desarrollo para darle prioridad a la seguridad de la niñez, puesto a que entre 2019 y febrero de 2024 se registraron 7.208 víctimas de hurto, siendo los adolescentes los más afectados.

Barrios también indicó las localidades donde más se presentan hurtos a menores de edad, con corte a diciembre de 2023. Señaló que en éstas se deben implementar mayores medidas por parte de las autoridades, en aras de garantizar los derechos que tienen niños, niñas y adolescentes.

“Estamos hablando de  Suba con 238 casos, Kennedy con 176, Engativá con 160, Bosa con 120 y San Cristóbal con 105. En estas cinco localidades se concentra el 47% de los hurtos a esta población”, informó el concejal.

Las lesiones personales son otro flagelo que afecta a los menores de edad. De 2019 al 29 de febrero de 2024 se presentaron 8.669 casos. Al igual que con el anterior delito, llama la atención que durante la pandemia tampoco descendió. “Esto nos lleva a pensar que gran parte de estas violencias las sufren los menores al interior del hogar, importante que la administración pueda aclarar esta situación”, dijo Barrios.