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Etiqueta: Andrés Barrios

Bogotá sin “ninis”, ¡ese es el reto!

¿Quiénes son los “Ninis”? Se denominan así a los jóvenes que ni estudian, ni trabajan y en Colombia, son 2,9 millones. Aunque tenemos leyes, decretos, políticas públicas de empleo, acuerdos y hasta resoluciones, esta población se encuentra con múltiples barreras a la hora de acceder a su primer trabajo. Por esta razón, los “Ninis” se consideran un grupo vulnerable en el ámbito laboral. Como dice la canción, les cuesta mucho llegar a “su primer millón”.

Nuestro país ocupa el segundo lugar dentro de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, con más jóvenes que ni estudian ni trabajan (Ninis) y el primer lugar dentro de los países latinoamericanos (26% de los jóvenes de 14 a 28 años).

 

Ante este desalentador panorama y preocupado por la realidad, específicamente en el caso de nuestra capital, decidí presentar un Proyecto de Acuerdo en el Concejo de Bogotá, que después de varios meses, fue aprobado y entrará a regir tras la sanción del alcalde Carlos Fernando Galán.

La iniciativa “Por medio de la cual se fomenta el emprendimiento, la innovación y se promueve la atracción y retención de jóvenes talentos”, busca que el Distrito diseñe estrategias que prioricen la inclusión laboral de esta población a través de diversos mecanismos. Aunque reconozco que este tipo de proyectos ya se han propuesto en el pasado, y que, en algunos casos, han resultado un saludo a la bandera, aquí logramos varios aspectos puntuales que considero traerán grandes oportunidades.  

El Distrito deberá crear un sistema de información que ayude a los jóvenes a incorporarse en el mercado laboral; tendrá que generar entornos apropiados para hacer negocios y promover modelos para industrias de alto valor, intensivos en el uso de tecnología y herramientas digitales, con el fin de afianzar la productividad del tejido empresarial de la ciudad. En este punto me quiero detener, pues la ciencia, la tecnología y la innovación (CTeI), deben ser motor. Por eso la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología – ATENEA, jugará un papel primordial al generar alianzas con instituciones, que brinden acceso a espacios adecuados para la investigación y el desarrollo de emprendedores.

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad en el Cabildo Distrital y respaldado desde el primer momento por los concejales ponentes Andrés García y Rubén Torrado, y por voces como la de mi colega Juan Daniel Oviedo. En él, logramos incluir que se puedan brindar mayores posibilidades para acceder a créditos, además de incentivos a la innovación y la investigación en sectores productivos potenciales.

Queremos que Bogotá sea una capital para los clúster o aglomeraciones de sectores económicos, de tal manera que se impulsen proyectos o emprendimientos de los jóvenes. 

Todas estas son formas creativas de atraer recursos para la ciudad, porque paralelo a los beneficios para los jóvenes, llegará mayor inversión y se formalizarán empleos para los llamados “Ninis”, quienes tendrán mejores oportunidades. En Bogotá debemos pensar a largo plazo, y aceptar que no solo con impuestos y más impuestos se puede lograr desarrollo.

Mi compromiso será velar porque se adopten estas estrategias que llevarán a que nuestros jóvenes se quieran quedar y se sientan atraídos para hacer empresa en nuestra ciudad.

Andrés Barrios

¡Bogotá lo agradecerá!

Entre intensos debates y largas jornadas, concejales del Centro Democrático, partido al que pertenezco, logramos defender a los bogotanos de dos impuestos más. Desde el Concejo abogamos por la ciudadanía, por los empresarios y también por los comerciantes, muchos de ellos asfixiados por la situación económica actual.

Ustedes se preguntarán, si no es con impuestos, entonces, ¿cómo cumplir con las metas estipuladas? Desde el año pasado, entre los puntos programáticos de la bancada del Centro Democrático planteamos algunas propuestas, entre ellas: austeridad.

 

El Distrito tiene la obligación de establecer una estrategia para la racionalización del gasto y la eficiencia en la gestión de los recursos, además de reducir costos de publicidad y funcionamiento. Aplicando esta fórmula Bogotá podría salir de tanta “contratitis” heredada de la exalcaldesa Claudia López, cuyo gobierno pasó de tener 31.000 contratistas a 70.000 cuando dejó el cargo.

En cuanto a los dos impuestos que la alcaldía de Carlos Fernando Galán pretendía incluir en el Plan Distrital de Desarrollo, pero que a última hora decidió retirar, ante la falta de ambiente político, debo decir que siempre me opuse y así lo hice saber en el curso de todos los debates.

El bolsillo de la gente hoy lo agradece y aunque soy consciente que el Distrito presentará nuevamente estos proyectos a la Comisión de Hacienda del Concejo, a la cual pertenezco, seguiré dando los debates.

Sobre el impuesto al alumbrado público hago las siguientes precisiones. Se estaba jugando con la esperanza ciudadana de mayor seguridad para lograr más recursos. ¡Así no es! El Distrito nunca dio una argumentación clara sobre el porcentaje en el que disminuiría la delincuencia e inseguridad con la destinación de lo que se recaudara para modernizar el alumbrado en Bogotá. Aunque reconozco la teoría de las ventanas rotas, según la cual para prevenir el vandalismo hay que arreglar los problemas cuando estos aún son pequeños, no comparto que la forma hubiera sido afectando a los estratos que siempre pagan.

Además, el cambio de luminarias a tecnología LED inició en 2016 y a diciembre de 2023 Bogotá ya tenía cerca de 251.010 modernizadas, de las de 361.000 existentes. En ese sentido, el 70 por ciento de este cambio se logró sin cobro. Luego entonces, ¿por qué para el 30 por ciento que falta se requería este impuesto? Jamás se explicó con claridad.

Tampoco apoyé el tributo que se pretendía ponerse a los parqueaderos públicos, debido a su impacto sobre los usuarios del vehículo particular, que no necesariamente lo tienen por lujo. Muchos lo usan para trabajar y como sustento diario.

Por último, en cuanto a la sobretasa bomberil que sí fue aprobada, debo decir que también me opuse. Claro que quiero mejores condiciones para los bomberos, pero rechacé este tributo debido a que existe un manto de corrupción en esa entidad. Y volviendo a la “contratitis”, se debe saber que por cada tres contratistas hay un bombero.

El Distrito espera recaudar más de $226.212 millones al año con este tributo y desde ya anuncio que haré el respectivo control político para que los dineros sean realmente invertidos en lo que prometieron: robustecer las capacidades de la entidad, incluyendo la construcción de una nueva estación.

Andrés Barrios

No pueden seguir exprimiendo a los que siempre pagan

La palabra se honra y mi convicción es que no podemos seguir poniéndole más impuestos a los bogotanos. Por eso celebro que anoche, durante las discusiones del Plan Distrital de Desarrollo en el Concejo de Bogotá, fuera retirado el artículo que aprobaba la creación de un nuevo impuesto para el parqueo fuera de vía, es decir los parqueaderos públicos.

Lo anterior golpearía sustancialmente al usuario del carro particular, pues el cobro en los parqueaderos iba a subir aproximadamente $1,600 la hora para vehículos y $480 para motos.

 

Sin embargo, hay que seguir dando la pelea en Plenaria, pues sí fueron aprobados en primer debate los impuestos al alumbrado público y la sobretasa bomberil. Las mayorías respaldaron la intención de la administración distrital y del alcalde Carlos Fernando Galán, de más gravámenes.

Lo digo con claridad, quiero que la ciudad avance pero no con impuestos y más impuestos, sin que se contemplen otras alternativas. Esta Administración tiene la obligación de ser creativa, y de buscar opciones, como atacar la evasión, por ejemplo.

Es un hecho que la ciudad y el país no están en el momento económico adecuado para más cobros. Según el DANE el PIB creció un moderado 0,7% en el primer trimestre de este año. Lo que quiere decir que el crecimiento de varios sectores de la economía se han ralentizado, e incluso, están estancados. Comercio, industria y construcción, presentan las mayores caídas.

En cuanto al impuesto de alumbrado público y la sobretasa bomberil que propone Galán, estoy en desacuerdo debido a que el primero no tiene estudio técnico y el cobro de energía ya es lo suficientemente alto. Además, no es claro de qué manera ese impuesto va a contribuir a mejorar la seguridad en Bogotá.

Mucho menos respaldo la sobretasa bomberil, no porque no defendamos a nuestros bomberos, sino porque existe un manto de corrupción en esta entidad. Además, deben reducir la contratitis, pues por cada Bombero hay tres contratistas de prestación de servicios.

En plenaria daré la pelea para rechazar estos impuestos. Insisto en que desde el Distrito se tienen que buscar recursos de otra manera y no aumentando el costo de vida para millones de personas.

Andrés Barrios

La Policía Metropolitana de Bogotá está varada

Contrario a lo que debería ser, los policías de Bogotá, a duras penas, pueden movilizarse con facilidad para el desarrollo de sus actividades en favor de la ciudadanía. ¿La razón? las motocicletas que normalmente usan no están en óptimas condiciones.

Según cifras de 2023, son 3.833 las motos de la Policía Metropolitana de Bogotá, que cumplieron con su ciclo de vida útil. La MEBOG tiene el mayor número de obsolescencia de motocicletas en el país.

 

Ante este panorama y a propósito del Plan Distrital de Desarrollo que actualmente discutimos en el Concejo de Bogotá, vale la pena insistir en que de los 3.52 billones que se destinarán a Seguridad, se piense en las herramientas que nuestros uniformados necesitan para desempeñar sus roles.

También es importante que se acuda al Fonsecon y no que éste mecanismo de financiación se tenga como un saludo a la bandera. A través de dicho fondo del Ministerio del Interior, se viabilizan proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana en el país. Bogotá no puede caer en los errores del pasado, como los cometidos por Claudia López, quien durante su periodo no tramitó proyecto alguno ante este financiador.

En este punto me detengo, pues aunque la antecesora del alcalde Carlos Fernando Galán no lo hizo, la Policía Nacional sí realizó la tarea. Dentro de los proyectos se solicitaron motocicletas para la capital del país, 45 en total, sin embargo, nos hicieron conejo.

Dicho lo anterior, lo explico a continuación. Al contrastar el proyecto presentado por la Policía Nacional, con el formato de viabilidad expedido por la Subdirección de Proyectos de Mininterior encontré una inconsistencia en el acta de sesión número 7 del comité evaluador del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON. Es evidente que no se cumplió con lo que se encontraba viabilizado para Bogotá, pues solo nos dieron 20 motos y así se anunció la semana pasada sin que funcionario alguno se ruborizara.

Debe quedar claro que el Ministerio del Interior viabiliza y lleva los proyectos al comité FONSECON y su obligación es aprobarlos tal y como están. Nuevamente, el gobierno de Gustavo Petro y su ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, demostraron sus rencillas hacia Bogotá.

Las motos que no le dieron a la capital del país las habrían enviado a Cauca, de donde es oriundo el ministro Velasco y Nariño. No digo que esto sea malo, pero, ¿por qué si la Policía Nacional no planteó la necesidad de motocicletas para estos dos departamentos y en el formato de viabilidad tampoco se estipuló, en el acta que firmó el Mininterior se destinan 15 y 10 motos respectivamente? Algo huele mal.

Considero que debe haber voluntad política y se tiene que moralizar a la Policía. Hace unos días, el alcalde de Barranquilla, Álex Char, entregó 409 motocicletas, treinta camionetas y cincuenta equipos de telecomunicaciones a la MeBar; me pregunto, ¿cómo allá se puede y acá no? La capital del Atlántico tiene más de un millón de habitantes y la capital del país más de ocho, según el DANE, pero acá nos conformamos con solo 20 moticos para la Policía. Lo anterior produce tristeza, sobre todo, al ver que el sicariato, los hurtos y la extorsión permean cada vez más en nuestras localidades.

Concluyo diciendo que están dejando sola a la ciudad, y aquí también hago mención a los representantes a la Cámara de Bogotá por el Pacto Histórico, ya que son mayoría y de gobierno. Es deber de la bancada abogar por los intereses de quienes los eligieron, gestionar recursos y no servir como un comité de aplausos de Gustavo Petro.

Andrés Barrios Bernal

Bolsa de empleo Gloria Inés Ramírez

La ministra del Trabajo de Colombia, Gloria Inés Ramírez, tiene la obligación de darle explicaciones al país. La escudera del presidente Gustavo Petro, quien pregona a diestra y siniestra que el gobierno debe sacudir la corrupción, es un claro ejemplo de quien predica, pero no aplica.

Resulta inaudito que la gestión de Ramírez esté caracterizada por el nepotismo y, mientras tanto, el presidente de la República se hace el de la vista gorda. Desde el año pasado han surgido denuncias sobre el tráfico de influencias de la ministra para hacer que sus familiares sean nombrados en otras entidades.

 

Aquí me quiero detener y denunciarlo públicamente. Uno de sus hijos está nombrado actualmente en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y, esta semana, salió a la luz que otro de sus hijos tiene un contrato de prestación de servicios en el Ministerio de Cultura.

La señora Ramírez sigue usando su puesto para el clientelismo y para favorecer a su círculo cercano. Trabajo sí hay, pero para los allegados de la ministra. En ese sentido, cabe preguntarse, ¿Quién la investiga?

Entre tanto, el DANE reportó que en el país subió el desempleo por segundo mes consecutivo. Marzo cerró con la preocupante cifra de 2.881.000 ciudadanos desocupados. El panorama es desastroso.

Volviendo a los hijos de la ministra: Diego Alejandro Restrepo Ramírez, está nombrado como jefe de la Oficina Asesora Jurídica de Minciencias con un salario básico mensual de más de 10 millones de pesos, sin incluir prima técnica. Este mismo señor ya había sido designado en 2023 en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, donde se ganaba casi 8 millones de pesos.  

El otro hijo de la ministra, Álvaro Eduardo Restrepo Ramírez, tiene un contrato por más de 127 millones de pesos en Mincultura. Justamente, uno de esos contratos que la ministra llama “basura” y que prometió acabar desde que llegó al gobierno.    Ramírez, como titular de la cartera del Trabajo, está obligada a dar ejemplo, dejar su cinismo y doble moral. Esto que está sucediendo refleja la hipocresía de quienes nos gobiernan.

Asimismo, se debe poner la lupa sobre el intercambio de favores entre titulares de carteras, en este caso Ciencia y Cultura. Recordemos que en el primero hay denuncias de acoso laboral y en el segundo, señalamientos de maltrato en algunas de sus entidades adscritas.

“Este país tiene que cambiar”, dijo la ministra Gloría Inés en la marcha del pasado 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Tal vez es en lo único que concuerde con ella, pues en Colombia no podemos seguir permitiendo la cultura del amiguismo y el enchufe en la administración pública.

Andrés Barrios Bernal

La seguridad debe ser “El Plan”

Bogotá necesita invertir en seguridad, eso para nadie es un secreto. Solo con recorrer las localidades o leer los titulares de prensa, salta a la luz que hay problemáticas reales y de fondo relacionadas con criminalidad. Las estadísticas también lo demuestran. 

Es por esto que, en medio de las discusiones sobre el proyecto del Plan de Desarrollo en el Concejo de Bogotá, tenemos la obligación de revisar con lupa las metas establecidas. Aunque celebro la decisión de la administración Distrital de casi duplicar el presupuesto para seguridad, éste sigue siendo insuficiente para una capital golpeada por la delincuencia.

 

Se habla de un incremento histórico, pero también es histórico que en el último cuatrienio Bogotá tuviera más de 620 mil víctimas de hurto en diferentes modalidades.

Según el Plan de Desarrollo presentado por el alcalde Carlos Fernando Galán, para los próximos cuatro años, se destinarán 3.52 billones de pesos para seguridad, lo cual corresponde al 3.88% del total del presupuesto de inversión, incluso por debajo de cultura, que tendrá una asignación del 3.92 por ciento equivalente a 3.56 billones de pesos.  

Metidos en “el plan”, considero importante la destinación de casi 700 mil millones de pesos para fortalecer el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, C4. Sin embargo, la administración debe precisar en qué porcentaje estima reducir la criminalidad gracias a esa inversión. Asimismo, se debe garantizar que con estos recursos se hará el mantenimiento correspondiente a las cámaras de videovigilancia, ya que 1.464 no están funcionando.

Genera gran preocupación que, en medio de la intención de recuperar los lazos resquebrajados con la fuerza pública, en el proyecto no se haga referencia a su bienestar. Lo anterior debe presentar una alerta en cuanto a la posición de esta administración en el apoyo a valerosos hombres y mujeres que velan por el derecho a la seguridad de la ciudadanía. Es pertinente recordar que ésta ha sido una recomendación que se ha hecho en reiteradas oportunidades desde el sector y también por parte de quienes integramos la Bancada Pro Fuerza Pública y Veteranos, que creamos en el Concejo pensando en nuestros uniformados.

Del Plan, Bogotá Camina Segura, destaco los valiosos ajustes en cuanto a las recomendaciones de generar metas específicas para la reducción de delitos. Sobre todo, en metas estratégicas en materia de homicidio, hurto común, extorsión, lesiones personales, homicidios a mujeres, hurto a personas en el servicio de transporte público y lesiones personales con víctima mujer.

Aunque los bogotanos anhelamos mayor pie de fuerza, no podemos caer en hipotéticos que luego nos cuesten por falta de planeación. Es importante que la alcaldía de Galán siguiera la recomendación que le hice en debates de control político sobre la cifra de nuevos efectivos de la Policía. Según el documento, se trabajará en una propuesta jurídica y técnica para alcanzar a llegar a los 2.000; sin embargo, a sabiendas de que se necesitan estos uniformados, la meta sigue siendo ambiciosa.

Ante lo anterior, estaremos prestos a realizar el control a dicho cumplimiento, debido a que, en el pasado, Claudia López hizo la misma promesa y el resultado todos lo conocemos: no se cumplió. También se debe garantizar la permanencia de esos uniformados en la ciudad. En este sentido, también es muy importante que le informen a la ciudad la especialidad, pues necesitamos policías para inteligencia, contrainteligencia y seguridad ciudadana.

Galán se eligió con la promesa de que Bogotá caminará segura, por lo tanto, esa será la vara con la que sea medido. Heredó una papa caliente y ahora su misión es cumplirle a la ciudad.

Andrés Barrios Bernal

Ni de los débiles, ni de los mafiosos

Se equivoca el presidente de la República, Gustavo Petro, al tratar de deslegitimar la marcha del pasado 21 de abril; una protesta de la mayoría y que unió a la sociedad civil. No se trató de concentraciones débiles, ni de los dueños del dinero público, como aseguró el mandatario de los colombianos.

Petro, en su afán por desconocer las críticas, lanzó un ofensivo comentario en su cuenta de la red social X, evidenciando su soberbia, orgullo y mezquindad. Señor presidente: el pueblo le habló y fue a usted.

 

Es incoherente que el mandatario diga que “respeta la libertad de expresión y los derechos de la gente”, cuando al mismo tiempo desestima todo tipo de diálogo al acusar a los ciudadanos de estar dando un “golpe blando” o de buscar “mantener la captura de enormes cantidades de dinero público usados como ganancias”.

Desconocer a cientos de miles de personas inconformes en todo el país y en desafío convocar a otra manifestación el próximo 1 de mayo, Día del Trabajo, denotan el revanchismo y la actitud infantil de Petro, quien hasta aquí no se ha comportado como un estadista.

No queremos ningún pasado de “mafiosos en el poder”, porque es a lo que precisamente nos oponemos. Mafioso es el presunto lavado de activos, así como, el enriquecimiento ilícito por el que está siendo investigado Nicolás Petro, hijo del presidente. No olvidemos que un reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos menciona la investigación que se realiza al hijo y al hermano del mandatario. Mafioso es lo que ha hecho el gobierno con los recursos de los colombianos para devolver favores. Mafioso es lo que hizo la actual directora del Dapre, Laura Sarabia, para encontrar una maleta de dinero. Mafioso es convocar a una constituyente para aprobar las nocivas reformas a como dé lugar.

Según el gobierno, 250.000 personas nos expresamos en todo el país; sin embargo, otros datos demuestran que realmente más de 500.000 colombianos alzamos nuestras voces, nos manifestamos de forma pacífica y respetando la ley.

Las imágenes de plazas y calles llenas no mienten. Evidencian un llamado a un presidente que se caracteriza por no escuchar o por hacerse el de la vista gorda. Tenemos a un mandatario más preocupado de controvertir a quienes lo cuestionan, que de atender los reclamos de todos los sectores de la sociedad. 

En el caso de Bogotá, tal y como lo mencionó la administración distrital, no se presentaron alteraciones al orden público, ni daños en la infraestructura y mucho menos agresiones a la fuerza pública. Se marchó con civismo, pese a que no se tomaron las previsiones suficientes en cuanto a gestión del riesgo. La carrera Séptima se convirtió en un embudo a la altura de la calle 22, por cuenta de la invasión al espacio público de vendedores informales.

Aún con lluvia, marchamos en familia y llenos de esperanza. Y no fue porque nos dieron las “garantías”, como dijo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Debe quedar claro que nadie quiere “derrocar a Petro”, como él dice. El pasado 21 de abril nos manifestamos porque no queremos una constituyente, salimos a las calles porque no creemos que la defensa a la mujer, que tanto pregona, se olvide al nombrar a Hollman Morris en la cabeza de RTVC, también lo hicimos para rechazar la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial y la corrupción como ocurrió con los carrotanques de La Guajira.

Copamos las calles porque el Ministerio de la Igualdad no es más que un fortín burocrático. Y marchamos también, porque desde agosto de 2022 a febrero de 2024, según Indepaz, se han presentado 137 masacres, dentro de las cuales han asesinado a 444 personas. Marchamos por la dicharachería de Petro, por su falta de trabajo en equipo, por su incapacidad para asumir errores, así como para afrontar los problemas y desafíos que tiene el país. En definitiva, marchamos por la incapacidad de Gustavo Petro para gobernar.

La ciudadanía se expresó y le dio un mensaje contundente, la escasa mayoría con la que ganó la presidencia en 2022, ya no lo acompaña y será ésta, la que de manera democrática y pacífica lo sacará del poder junto con su Pacto Histórico en el 2026.

Andrés Barrios

Concejal de Bogotá

«Preocupa el hurto a menores de edad en Bogotá»: Andrés Barrios

El concejal Andrés Barrios Bernal alertó sobre los preocupantes índices de hurtos a menores de edad en la ciudad. Señaló que en enero y febrero de 2024 fueron 266 las víctimas.  

“Tenemos siete hurtos registrados en primera infancia, ocho en infancia y 251 en adolescencia. Esto quiere decir que no se les está garantizando su derecho a la seguridad y se deben adoptar medidas integrales en las calles y parques”, dijo Barrios.  

 

El cabildante señaló que se debe aprovechar la construcción del Plan Distrital de Desarrollo para darle prioridad a la seguridad de la niñez, puesto a que entre 2019 y febrero de 2024 se registraron 7.208 víctimas de hurto, siendo los adolescentes los más afectados.

Barrios también indicó las localidades donde más se presentan hurtos a menores de edad, con corte a diciembre de 2023. Señaló que en éstas se deben implementar mayores medidas por parte de las autoridades, en aras de garantizar los derechos que tienen niños, niñas y adolescentes.

“Estamos hablando de  Suba con 238 casos, Kennedy con 176, Engativá con 160, Bosa con 120 y San Cristóbal con 105. En estas cinco localidades se concentra el 47% de los hurtos a esta población”, informó el concejal.

Las lesiones personales son otro flagelo que afecta a los menores de edad. De 2019 al 29 de febrero de 2024 se presentaron 8.669 casos. Al igual que con el anterior delito, llama la atención que durante la pandemia tampoco descendió. “Esto nos lleva a pensar que gran parte de estas violencias las sufren los menores al interior del hogar, importante que la administración pueda aclarar esta situación”, dijo Barrios.

Protesta sí, pero no así

Se nos está volviendo paisaje el vandalismo desmedido durante las protestas en Bogotá. El más reciente ejemplo tiene que ver con lo ocurrido en la Universidad Nacional, que llegó a su punto máximo con encapuchados que se tomaron uno de los edificios. La situación fue tan dramática que Henry Balcázar, vigilante del lugar, quedó sitiado y recibió amenazas de muerte tras negarse a dejar su puesto de trabajo a merced de los vándalos.

Lo anterior no es algo normal, que deba dejarse pasar ante la mirada permisiva de las autoridades. Incluso, la saliente rectora de la Nacional, Dolly Montoya, aseguró que el gobierno no ha estado con ellos en medio de la situación de seguridad que se afronta, razón por la que se han sentido solos.

 

Lo cierto es que la protesta social se está saliendo de control sin que se establezcan límites. Aquí quiero ser enfático en que respaldo al movimiento estudiantil, respaldo el salir a las calles como forma de manifestarse, pero lo que no respaldo es el abuso a los derechos, que nos llevan a caer en anarquía, violencia y vías de hecho. Protesta sí, pero no así.

¿Hay algún límite? ¿Quiénes son los responsables o “manzanas podridas” detrás del daño a la propiedad pública y privada? ¿cómo responden?

En Colombia, la Constitución Política establece que se deben garantizar los derechos de asociación o reunión pacífica, libertad de expresión y huelga. De igual forma, se reconoce la importancia de la no estigmatización, el derecho a la igualdad y la libertad de expresión de los diversos actores en la protesta social.

Ahora bien, estos derechos mencionados no son ilimitados, o con vía libre para vulnerar los de otros. Hay razones para protestar, pero hay formas, y en Bogotá están dadas las garantías, a diferencia de países como Cuba y Venezuela. De no ser así, en el cuatrienio pasado no se hubieran tenido 5.251 movilizaciones en la capital, un promedio de tres diarias.

Y es que lo de la Nacional ya se ha vuelto costumbre, unos pocos intimidan y generan caos, no solo en la institución, también en sus alrededores. Agreden a la Policía, atacan carros, como ocurrió recientemente con una patrulla que transitaba por la zona cuando un sujeto la atacó con un extintor; dañan bienes públicos como TransMilenio y bloquean el paso de la ciudadanía violando sus derechos. Con un agravante: terminamos pagando todos estos desmanes de nuestros impuestos.

En Colombia no podemos dejarnos llevar por una narrativa que debilite el establecimiento, legitime las vías de hecho que agreden los derechos de otros, y que no responsabiliza a nadie frente a lo que sucede. En Bogotá, apoyamos y respaldamos la protesta social, pero no el vandalismo, que lo único que causa son pérdidas para la ciudad.

Andrés Barrios Bernal

¡Alcalde Galán, actúe ya!

El espacio público en Bogotá está a merced de los jíbaros y los delincuentes. Lugares como parques, que deben ser para niños, niñas y adolescentes, ya no lo son. Padres de familia, fundaciones, iglesias e instituciones educativas, reclaman, con justa causa, espacios libres y seguros de drogas para los menores de edad con el fin de evitar que su normal desarrollo se vea afectado por estas sustancias.

El panorama es inquietante, ya que el consumo en el espacio público está al garete tras la derogación hecha por el presidente de la República, Gustavo Petro, del decreto 1844 de 2018 que prohibía portar drogas y facultaba a la Policía para sancionar. Estos lugares están siendo aprovechados por la delincuencia y el microtráfico. No es un secreto: Bogotá, una ciudad con 5.241 parques de carácter público, presenta un elevado deterioro de la seguridad, en gran medida, ocasionado por la generación de rentas ilegales que se nutren de la venta de estupefacientes.

 

A diferencia de ciudades como Cali, Bucaramanga, Medellín, entre otras, en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán no ha actuado a pesar de haber prometido desde enero una reglamentación en este aspecto. Se entiende que Bogotá no registra las mismas características de otras capitales y que deben respetarse las sentencias de la Corte Constitucional relativas a la dosis mínima, aunque no las compartamos un número significativo de ciudadanos, pero no es posible tener a nuestros menores de edad atrapados y sometidos a entornos de drogas.

Hay otro aspecto a destacar, ¿qué está pasando con el Decreto 825 de 2019? ¡Éste sigue vigente! Por lo tanto, parques y zonas educativas, en todos sus niveles, son objeto de restricción del porte, consumo, facilitamiento, distribución, ofrecimiento y comercialización de droga. A pesar de que nuestra Policía está facultada para actuar, lo que vemos es que este decreto está siendo un saludo a la bandera, pues los registros de las multas asociadas al consumo han crecido exponencialmente, en 2020 se impusieron 6.704 comparendos y en 2023 se registraron 71.088.

El tema del consumo no es menor, ya que el inicio se presenta en población joven y así se evidencia en el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas Colombia 2019. Además, cabe recordar que en este mismo estudio se afirma que el consumo temprano de marihuana, cocaína y/o basuco genera dependencia.

En el Concejo de Bogotá y como forma de blindar a nuestros menores ante la falta de medidas eficientes del Distrito, presenté un Proyecto de Acuerdo con el que busco que se establezcan entornos seguros de drogas. Como órgano normativo Distrital, es obligación velar por la protección de las nuevas generaciones, ayudando a garantizar el interés superior de los menores y los jóvenes.

Andrés Barrios

Concejal de Bogotá

Con proyecto de acuerdo buscan regular el consumo de drogas en parques y entornos escolares

Imagen de referencia/Cortesía

El concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Andrés Barrios, radicó un proyecto de acuerdo para regular los entornos escolares y los parques de la ciudad para evitar la venta de sustancias psicoactivas y su consumo.

 

De acuerdo con el cabildante, «estos lugares son utilizados frecuentemente por menores de edad quienes se ven expuestos a sustancias que pueden afectar su normal desarrollo».

“Seguimos a la espera del decreto del alcalde Carlos Fernando Galán, ya otras ciudades lo han hecho y Bogotá todavía no. Ante esto necesitamos buscar alternativas, ya que la ciudadanía, padres de familia, colegios, iglesias y fundaciones que atienden a personas en condición de drogadicción, nos manifiestan su preocupación constantemente”, aseguró el cabildante.

Desde el Concejo de Bogotá, Barrios ha insistido en que el inicio de consumo de drogas se presenta en población joven y así se evidencia en el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas Colombia 2019.