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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Andrés Idárraga

Amenazan al secretario de Transparencia de la Presidencia

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) dio a conocer su preocupación por las amenazas en contra del secretario de Transparencia, Andrés Idágarraga, que incluye también a los integrantes de su familia.

A la residencia de Idárraga llegaron una corona de funeraria a nombre del funcionario con un mortuorio que decía, que decía: “Descansa en paz, Andrés Idárraga”.

 

“El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República informa y condena enérgicamente las amenazas de muerte recientes dirigidas al secretario de Transparencia, Andrés Idárraga», dice el comunicado del DAPRE, confirmando que ya se iniciaron las investigaciones para esclarecer el origen y los responsables de este las amenazas.

El Gobierno confía plenamente en el respaldo de las instituciones, que están llevando a cabo todas las investigaciones necesarias para identificar y sancionar a los responsables de estas amenazas. Las autoridades competentes ya están al tanto de la situación”, agrega el comunicado.

Gobierno pide investigar posibles irregularidades en la venta de acciones de Tigo-UNE

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República pidió a la Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia de Industria y Comercio investigar sí existen irregularidades en el proceso de enajenación de las acciones de Tigo-UNE por parte de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

La solicitud se hace luego de que la Alcaldía de Medellín presentara al Concejo el proyecto de venta de acciones de EPM en Tigo-UNE. La iniciativa de la administración de Federico Gutiérrez ya superó el primer debate.

 

El presidente Gustavo Petro desde su cuenta de X se pronunció en contra de este proceso proponiendo reestructurar el sector.

«El proyecto político del uribismo comenzó y terminó la tarea de sacar el sector público de las telecomunicaciones acercándonos a un monopolio privado. Propongo reacondicionar el sector para impedir el monopolio que prohíbe la constitución: 1. Potenciar la propiedad pública en las grandes troncales de fibra óptica que deben empezar a salir de las fronteras del país. 2.potenciar las juntas populares de Internet para gestionar redes comunitarias de fibra óptica. 3. invitaría a ETB y a Emcali a construir una alianza de empresas públicas con INTERNEXA.», escribió el mandatario.

Sandra Ortiz y Andrés Idárraga primeros en salir del Gobierno Petro por escándalo de corrupción en la UNGRD

El presidente Gustavo Petro anunció la salida de la consejera para las regiones, Sandra Ortiz, lo mismo que el secretario para la Transparencia, Andrés Idárraga.

La salida de Sandra Ortíz se dio luego de las declaraciones que dio el exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Sneyder Pinilla, quien aseguró a la prensa que la funcionaria sirvió como intermediaria para entregar una maleta con 3 mil millones de pesos al presidente del Senado, Iván Leonidas Name.

 

Al secretario de Transparencia de la Presidencia, le señaló de actuaciones irregulares con el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Olmedo López.

Tanto Sandra Ortiz como Andrés Idárraga pidieron agilidad en las investigaciones, negando estar relacionados con estos hechos de corrupción.

La impunidad en Colombia para casos corrupción es del 94%

El Secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, dio a conocer a la opinión público el documento que denominó como ‘El mapa de la impunidad en Colombia’.

De acuerdo con el funcionario, “esta es una herramienta que permite realizar un seguimiento más detallado de la actuación de la justicia frente a los delitos contra la administración pública”.

 

El documento comprende el periodo comprendido entre el año año 2010 hasta 2023, abarcando diez departamentos del país con el más alto porcentaje de procesos con delitos asociados a la corrupción.

De acuerdo con el consolidado del estado de denuncias asociadas a corrupción, hay en total 57.582, entre los años 2010 y 2023, de las cuales el 93.99% no tienen condena; el 89.7% sin captura, y el 77.15% están en indagación.

En el top 10 de los delitos asociados con corrupción administrativo 2010-2023 ocupa el primer lugar el peculado por apropiación con un 26%; seguido del contrato sin cumplimiento de requisitos legales, 24.6%; concusión, 10.1%; cohecho por dar u ofrecer, 9,8%; interés indebido en la celebración de contratos, 7.4%; cohecho propio, 3.7%; peculado por aplicación oficial diferente, 3.5%; enriquecimiento ilícito, 3.1%; tráfico de influencias de servidor público, 2.4%, y peculado por uso, 2.1%.

En las denuncias asociadas a corrupción sin condena por departamento se encuentra San Andrés, 99.1%; Guaviare, 99%; Bolívar, 98.5%; Putumayo, 97.6%; La Guajira, 97.5%; Casanare, 97.5%; Córdoba, 97.2%; Vaupés, 97.2%; Arauca, 97% , y Sucre, 96.8%.

En el top 10 de los departamentos sin capturas por delitos asociados a corrupción se encuentran: Vaupés, 98.6%; Guaviare, 98%; Guainía, 96%; Boyacá, 95.7%; Cundinamarca, 95.4%; Putumayo, 95.1%; Caldas, 94.5%; Huila, 94.4%; Casanare, 94.1%, y Santander, 94.1%.

Para finalizar, en el top 10 de los departamentos sin condenas por delitos asociados a corrupción, encabeza la lista San Andrés, 99.1%; seguidos de Guaviare, 99%; Vaupés, 98.5%; Arauca, 97.6%; Casanare, 97.5%; Putumayo, 97.5%; La Guajira, 97.2%; Córdoba, 97.2%; Bolívar, 97.2%, y Sucre, 97%.

El secretario Andrés Idárraga afirmó: “Estos datos son irrefutables, Colombia agoniza en un mar de impunidad, la aplicación de la justicia en los casos de corrupción, apenas se asoma a un tímido y cobarde 6%, hecho que como como Nación causa vergüenza”.

De 32 departamentos, 20 tienen un porcentaje de impunidad superior al 95%, y 12 están entre el 90% y el 94.9% de impunidad, solo superado por Bogotá que tiene un 88% de impunidad.

En síntesis, la impunidad en Colombia, en los delitos asociados contra la administración pública, se ubica en un 94%.

El secretario anunció que convocará a la “Comisión Nacional de Moralización, máxima instancia nacional anticorrupción, en cabeza del presidente Gustavo Petro,  integrada por el ministerio del Interior, Procuraduría, Contraloría, Auditoría, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, presidentes de Senado y Cámara, y Defensoría, entre otros.

Denuncian presuntos casos de corrupción en la Unidad de Restitución de Tierras

El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovani Yule, reveló hechos de corrupción al interior de la entidad. e hizo un llamado a las víctimas de despojo de tierras a denunciar  situaciones que van en contravía de sus derechos.

Con base en las pruebas recopiladas por la actual administración, la Unidad de Restitución de Tierras y la Secretaría de Transparencia, Andrés Idárraga,  trasladaron estas denuncias a la Fiscalía y Procuraduría, respectivamente, de los casos identificados en la Dirección General y las direcciones territoriales del Meta y Apartadó.

 

Las modalidades de corrupción identificadas son el cobro equivalente al 10% sobre el valor de contratos, y los cobros para establecer si un predio se inscribe o no en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF).

En el primero de los casos, la URT logró evidenciar situaciones de reclutamiento a personas que carecían del conocimiento y la experiencia para ser contratadas en las áreas en las que ejercían su trabajo. Por lo tanto, se les indicaba qué decir en las entrevistas para su ingreso a la entidad. Por este proceso pagaban entre 1 y 2 millones de pesos anuales.

La otra modalidad de corrupción se relaciona con la inscripción de predios en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. Los hechos irregulares se detectaron en las direcciones territoriales de Apartadó y Meta, donde se evidenció que contratistas y funcionarios de la entidad, cobraban sumas de dinero a solicitantes de tierras y personas vinculadas al proceso, como terceros ocupantes, para dilatar la toma de decisiones.

Según las investigaciones, en la Dirección Territorial del Meta, el profesional de seguridad cobraba alrededor de 10 millones de pesos por cada resolución a favor del solicitante y 7 millones de pesos a personas interesadas de evitar la inscripción de los predios en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF). En el Meta, al parecer, un denunciado, también cobraba el 15 % del predio a restituir.

Además de los casos del Meta y Apartadó, existen presuntos hechos similares en la Seccional Putumayo, el cual continúa en proceso de investigación y clarificación, para detectar responsables y modus operandi.

El secretario Andrés Idárraga y el director de la Unidad, Giovani Yule, trabajarán conjuntamente en el refuerzo del Plan Anticorrupción, al igual que de los mapas de riesgo, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas.

Para Giovani Yule, director general de la Unidad de Restitución de Tierras lo más doloroso, en los casos denunciados ante las autoridades, es que las víctimas tenían la convicción de que el proceso de restitución de tierras tenía costo. “Somos enfáticos, el proceso de restitución de tierras es gratuito”, concluyó.