Etiqueta: Andrés Julián Rendón

Mientras el gobernador Andrés Julián Rendón repite en medios y tarimas que su prioridad es la austeridad, que llegó a «poner la casa en orden» y que los antioqueños deben aguantarse recortes sociales en nombre del buen uso de los recursos, lo cierto es que su historial como administrador público demuestra lo contrario: un legado de contratos cuestionables, obras inconclusas, sobrecostos injustificados y una larga fila de investigaciones abiertas por los organismos de control. Hoy, como Representante a la Cámara por Antioquia y como voz crítica frente a este gobierno departamental, es mi deber denunciar con claridad que el supuesto «gerente eficiente» que hoy ocupa la Gobernación, tiene más explicaciones pendientes con la justicia que resultados efectivos para mostrar.

Empecemos por el caso más reciente: la ciclorruta del Oriente. Una obra anunciada con bombos y platillos en 2017, pero que para 2022 —cinco años después— apenas tenía un 37,2 % de avance. Hoy está completamente abandonada. ¿La consecuencia? Un proceso de responsabilidad fiscal abierto por la Contraloría General de la República bajo el número 145-22 por un posible detrimento patrimonial de más de 26.000 millones de pesos, en el que Andrés Julián Rendón fue vinculado en calidad de exalcalde de Rionegro. ¿Austeridad? ¿Eficiencia? ¿Gestión? Lo que hay es abandono, despilfarro e ineficiencia.

Pero la ciclorruta es solo una muestra del desastre. Durante su alcaldía también promovió la implementación de los famosos CAI Inteligentes. En papel, la idea era innovadora: dotar a Rionegro con centros de monitoreo policial con tecnología de punta. En la práctica, fue un despilfarro que superó los 13.000 millones de pesos, con CAI que nunca contaron con el aval de la Policía Nacional, sin personal, sin conexión operativa y que hoy son estructuras inservibles. La Contraloría y la Procuraduría han abierto investigaciones por posibles irregularidades en la planeación, contratación y ejecución de ese contrato. Lo que Rendón vendió como seguridad, terminó siendo cemento sin utilidad.

Y no para ahí. Una de las joyas de su cuestionada gestión en Rionegro fue la creación de la empresa SOMOS y el subsecuente sistema SITIRIO, el cual fue presentado como la solución definitiva para articular el sistema de transporte del Oriente antioqueño. Sin embargo, ocho años después y tras inversiones que superan los 36.000 millones de pesos, la empresa no ha cumplido con la construcción del supuesto tren ligero de Rionegro para el cual Andrés Julián viajó hasta Brasil para traerlo al municipio ni ha logrado poner en marcha un sistema integrado de transporte funcional.

Como si fuera poco, también se han presentado cuestionamientos sobre el manejo de contratos de infraestructura en su paso por la Alcaldía de Rionegro. Proyectos de adecuación vial y obras complementarias muestran inconsistencias en los pliegos, sobrecostos de hasta el 30 %, y fragmentación contractual para evadir licitaciones públicas. Y mientras esto ocurría, Rendón vendía la imagen de un alcalde “técnico”, mientras tejía redes de contratación que hoy están bajo revisión de los entes de control.

Entonces, ¿cómo es posible que este personaje tenga hoy el control del segundo departamento más importante del país? ¿Cómo puede hablar de recortes a la inversión social con una mano, mientras con la otra aparece involucrado en escándalos por millonarios detrimentos al erario?

La ciudadanía debe saber quién es realmente Andrés Julián Rendón: no un gerente austero, sino un administrador cuestionado, señalado por negligencia e investigado por posibles actos de corrupción. Su imagen de eficiencia se desmorona frente a los hechos, y Antioquia no puede seguir pagando los platos rotos de su pésima gestión.

Alejandro Toro

La conformación del Área Metropolitana del Oriente Antioqueño no es solo un debate administrativo, sino una maniobra política disfrazada de planeación. La propuesta de integrar municipios como Rionegro, La Ceja, El Retiro, La Unión, El Carmen de Viboral, El Santuario, Guarne y San Vicente Ferrer bajo una única autoridad se presenta como una solución a problemas de movilidad, ordenamiento territorial y servicios públicos. Sin embargo, en la práctica parece responder a intereses particulares que buscan concentrar poder y recursos en unos pocos actores políticos y económicos, entre ellos el actual gobernador.

Ahora, esta no es una idea nueva. En 2019, cuando Andrés Julián Rendón era alcalde de Rionegro, ya había intentado imponer esta figura en alianza con la bancada uribista del Congreso y el entonces gobernador Luis Pérez. Desde entonces, el objetivo ha sido claro y persistente, convertir a Rionegro en un centro de poder regional, subordinando al resto del Oriente Antioqueño a una lógica centralista.

Se argumenta que esta integración optimizaría la asignación de recursos y mejoraría la planificación territorial. No obstante, a diferencia del Valle de Aburrá, donde la conurbación es evidente, los municipios del Oriente Antioqueño conservan dinámicas autónomas y realidades socioeconómicas diversas, por lo que forzar una estructura metropolitana artificial ignora estas diferencias y pone en riesgo la identidad y el desarrollo propio de cada municipio.

Además, esta figura metropolitana abriría una puerta de consecuencias a Municipios como Corconá y San Francisco quienes dependen de Rionegro para acceder a servicios básicos, desataría un conflicto para definir competencias y articular la gestión en el borde urbano-rural de los nueve municipios, tal como ocurre en el Valle de Aburrá con el AMVA y Corantioquia.

Sumado a lo anterior, el impacto fiscal de esta decisión tampoco ha sido discutido con suficiente transparencia, teniendo en cuenta que la creación del Área Metropolitana implicaría nuevas cargas tributarias, como la sobretasa ambiental, afectando a una población que no ha sido consultada de manera efectiva. A demás, la exclusión de Marinilla del proyecto demuestra la falta de consenso, incluso entre los municipios más cercanos y desarrollados.

Por otro lado, la autonomía municipal también está en juego, pues bajo dicha figura, decisiones clave sobre ordenamiento territorial, movilidad y planeación quedarían en manos de una entidad supramunicipal, reduciendo la capacidad de gestión de las administraciones locales y aunque Rionegro ha renunciado al derecho de veto, su peso demográfico y fiscal lo convertiría en la autoridad predominante, generando una relación desigual con los demás municipios.

Más allá de los argumentos técnicos, la integración metropolitana profundizaría las desigualdades territoriales en el Oriente Antioqueño, mientras Rionegro y La Ceja continuarían acaparando inversión en infraestructura y servicios, municipios como Argelia, Nariño y Granada seguirían rezagados, lidiando con la falta de desarrollo y las secuelas del conflicto armado.

La imposición de nuevos tributos metropolitanos encarecería el costo de vida en municipios con menor capacidad económica, dificultando el acceso a servicios básicos y frenando su crecimiento. A esto se suma el riesgo de subordinación de los municipios más pequeños a las decisiones de Rionegro, consolidando un modelo de gobernanza desigual que beneficiaría a unos pocos en detrimento del equilibrio regional.

El Oriente Antioqueño no necesita una integración forzada, sino una planificación territorial que respete sus particularidades y garantice un desarrollo equilibrado, es fundamental abrir un debate técnico serio, escuchar todas las voces y priorizar el bienestar de la ciudadanía sobre los intereses políticos y económicos de unos pocos. Esperamos que la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes analice esta propuesta con rigor y evite que la supuesta integración termine siendo una imposición perjudicial para la región.

Alejandro Toro

Al gobernador de Antioquia pareciera molestarle la idea de que las tierras del suroeste antioqueño sean usadas para alimentar a la gente en vez de convertirse en una mina gigante. Su airada reacción en contra del establecimiento de una Zona de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) en la región bajo el argumento de que se trata de la imposición de un régimen comunista parece estar más bien alineado con el interés de las grandes empresas mineras.

Andrés Julián Rendón hace quizás de manera intencionada una interpretación errónea de lo que es una ZPPA y cuál es su alcance. No es expropiación ni acciones de una junta central socialista como ha afirmado el gobernador, se trata de un mecanismo indicativo para identificar áreas del territorio que, por sus características de uso, de suelo y el ordenamiento territorial que las determina deben ser protegidas para la protección de alimentos, teniendo en cuenta que el artículo 65 de la Constitución Política determina que la protección de alimentos goza de especial protección del Estado.

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La ZPPA responde a las solicitudes de organizaciones campesinas de la región para la salvaguarda de sus territorios ante los riesgos que representa principalmente la actividad minera. Rendón dice que la decisión la toma un burócrata en su escritorio en Bogotá, cuando fue la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria la que sí se sentó con las organizaciones de los 23 municipios del suroeste en múltiples encuentros desarrollados en territorio entre julio y agosto del 2024 donde los actores claves denunciaron que la actividad minera pone en riesgo los recursos hídricos de la región y fueron reiterativos en afirmar que se presenta un conflicto por el uso del suelo donde las actividades campesinas se ven desplazadas por la minería.

Es Rendón el que no tiene idea de cuáles son las solicitudes que se hacen desde el suroeste por estar más pendiente de lo que tienen por decir las grandes multinacionales mineras. No sabe que las áreas sembradas en el Suroeste han crecido en un 12% durante los últimos quince años, así como también ha sido constante el crecimiento en la producción de productos agropecuarios y que es la agricultura y no la minería la actividad que más emplea personas en la subregión, siendo la fuente del 38% de los trabajos.

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Quienes critican la priorización de la producción agrícola por sobre la explotación minera a gran escala sostienen el argumento de que la minería al ser una actividad económica más lucrativa trae consigo el desarrollo de las regiones. Lo que no dicen es que las ganancias obtenidas no se distribuyen de manera equitativa.

Miremos por ejemplo al Bajo Cauca, en donde se han priorizado los intereses mineros por los campesinos y que de acuerdo al Informe de Calidad de Vida en Antioquia para 2023 es la subregión con mayor incidencia de pobreza multidimensional, afectada en un 55% por bajo logro educativo y en un 37% por rezago escolar. Se pregunta uno a dónde va a parar la riqueza minera, porque en la población del Bajo Cauca no se queda.

A Rendón le parece inverosímil pensar que los campesinos de Antioquia, como lo serán los del suroeste a medida que vaya avanzando el proceso de la ZPPA, se organicen en torno a proyectos productivos agropecuarios en donde las ganancias fruto de su trabajo se puedan quedar en la comunidad, que mediante la economía solidaria la tierra sea usada por y para los campesinos con la ganancia extra de que se garantizará para la región y el departamento la soberanía alimentaria, en vez de tener que vender sus tierras y eventualmente su trabajo a la minería.

La protección del suelo para la producción de alimentos en el suroeste antioqueño no es una imposición arbitraria ni un capricho ideológico, sino una medida necesaria para garantizar la sostenibilidad, el empleo y la seguridad alimentaria de la región. Mientras algunos defienden la minería como motor de desarrollo, la realidad demuestra que sus beneficios no se traducen en bienestar para la población. Apostar por la agricultura no solo preserva el medio ambiente y los recursos hídricos, sino que también fortalece las comunidades locales y su derecho a una economía propia y digna.

Alejandro Toro