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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: ANLA

Alcaldía de Carlos Fernando Galán hará nueva solicitud ante la ANLA para iniciar obras en la Autopista Norte

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, desde su cuenta de Twitter lamentó la decisión de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), de no otorgar el respectivo permiso para la ampliación de la Autopista Norte entre las calles 191 y 245.

«Lamento que se haya archivado el trámite de la licencia ambiental para la obra de la concesión de la Autopista Norte desde la calle 191 hasta la 245. Esta es una obra que necesitan millones de habitantes de la ciudad y la región», escribió el mandatario de la capital del país.

Así mismo aseguró la Alcaldía de Bogotá para que el concesionario cumpla los requisitos de la ANLA y todo lo necesario para una nueva solicitud de la licencia y reducir así el impacto de esta situación en el cronograma de obra.

La ANLA negó la licencia por considerar que algunas obras hidráulicas no se encuentran armonizadas con los instrumentos del  Ordenamiento Territorial de Bogotá, tal es el caso de las obras de cruce en las quebrada  Las Pilas, La Floresta y Novita, porque sus dimensiones son más pequeñas de lo  proyectado en el Plan Zonal del Norte (POZ); además, la quebrada denominada Cañiza, cuya proyección en el Plan Zonal es la reconformación y rehabilitación de dicho cauce, fue completamente desconocida en el EIA presentado por la concesionaria.

ANLA deja sin licencia ambiental la ampliación de la Autopista Norte

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) negó la licencia ambiental que daría paso a la concesión ‘Bogotá Ruta Norte’ para ampliar la Autopista Norte entre las calles 191 y 245.

La decisión fue tomada tras la revisión de los documentos necesario para el trámite, proceso en el que se encontraron deficiencias en el estudio ambiental presentado por la concesionaria «Ruta Bogotá Norte».

De acuerdo con la ANLA se identificaron 39 requerimientos de información esenciales para la toma de decisiones, debido a la insuficiencia de datos técnicos en el EIA presentado por la concesionaria, entre los que se destaca que algunas obras hidráulicas no concuerdan con el Ordenamiento Territorial de Bogotá, como los cruces en las quebradas Las Pilas, La Floresta y Nóvita. Además, la quebrada Cañiza, cuya reconformación y rehabilitación estaba prevista en el Plan Zonal del Norte, fue totalmente ignorada en el EIA.

Dice además la entidad que la conectividad hidráulica entre los humedales Torca y Guaymaral es un aspecto crucial, pero la concesionaria no desarrolló los estudios hidráulicos necesarios para garantizarla. La medida se aplica al megaproyecto Accesos Norte 2, que fue adjudicado y concesionado en 2022 a las empresas OHLA y Termotécnica Coindustrial.

En la decisión la ANLA dejó claro que la parte interesada podrá hacer un nuevo proceso para el otorgamiento de la licencia ambiental, teniendo en cuenta las recomendaciones hechas.

ANLA archiva solicitud de licencia ambiental para el Regiotram de occidente

La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla),notificó a la Gobernación de Cundinamarca y a la Alcaldía de Bogotá, el archivo de la licencia que se encontraba suspendida para la construcción del Regiotram de Occidente.

La decisión generó molestias a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y al gobernador de Cundinamarca, Nicolás García.

«Quieren hacer tantas cosas férreas, dice el Gobierno Nacional y el único proyecto férreo concreto que está avanzando en Colombia, el único tren de cercanías, es el Regiotram de occidente, y con una decisión de licencia ambiental, lo paran», afirmó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Por su parte el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, expresó desde su cuenta de Twitter:

«No compartimos decisión de  @ANLA_Col de archivar la solicitud de licencia ambiental de Regiotram de Occidente. Hablamos de un proyecto de gran envergadura, no solo para nuestro Departamento, sino para Bogotá y el país».

Ambos mandatarios pidieron a a la Empresa Férrea a entregar desde cero los documentos para la aprobación de la licencia de la obra, esta vez teniendo en cuenta las solicitudes por parte de la Anla.

 

Alerta por contaminación de los ríos colombianos

El Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales Municipales dio a conocer las cuencas hídricas más contaminadas de nuestro país. El río Bogotá es el que más genera preocupación y aunque se encuentra en descontaminación desde hace ocho años, no se ha logrado el objetivo. Le sigue el rio Chicamocha, que centra su mayor contaminación en el trayecto de Tunja a Tuta. El tercero es el río Medellín, del que se atribuye su contaminación en mayor medida a las acciones de empresas comerciales e industriales. También está el río Cauca, en el que se han identificado picos de turbiedad que superan 10 mil unidades nefelométricas. Luego está el río Suárez, que se origina entre los departamentos de Boyacá y Cundinamarca.

Aunque Colombia es el segundo país latinoamericano con reservas de agua dulce más importantes, ya que cuenta con 2.132 kilómetros cúbicos gracias a sus seis nevados, más de 48.000 humedales (entre lagos, lagunas, ciénagas, arrecifes y estuarios, entre otros) y los aproximadamente 50 ríos que tiene, el agua apta para el consumo humano es cada vez menor y se presenta un alto índice de estrés hídrico, es decir, se extrae más agua dulce de la que hay disponible.

Muchos de estos ríos han estado en riesgo históricamente al enfrentar graves problemas que no han sido tratados de raíz, por tener un deficiente o inexistente ordenamiento territorial y ambiental. Por este panorama, siete ríos han sido declarados sujetos de derechos en Colombia: Atrato, Cauca, Magdalena, Quindío, Combeima, Cocora y Coello, como un llamado ante la grave situación que enfrentan.

Amenazas

Existe una lista de amenazas que son graves, pero no tan visibles, y que representan un riesgo al impactar cada vez más las aguas y dañar los ecosistemas, ocasionando un desajuste entre la disponibilidad, la demanda, la cantidad y la calidad de agua dulce. Ramón Gabriel Aguilar, docente de la Tecnología en Gestión Ambiental del Politécnico Grancolombiano, explica algunas de ellas:

“La principal problemática que tenemos en Colombia es que no comprendemos que los ríos son parte fundamental del crecimiento humano, se relacionan con los ecosistemas estratégicos desde su nacimiento, con nuestros páramos, con los humedales, con los acuíferos, con el ciclo hidrogeológico y con los océanos”, sostiene. Por ello, sostiene, si son destruidos los ecosistemas estratégicos, se destruyen las cuencas hidrográficas y a la vez los ríos.

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El segundo factor que el docente relaciona es la contaminación química, que está asociada a actividades extractivas como la minería y que contamina no solo los ríos, sino también los suelos, el aire, e inclusive los peces que son consumidos por las personas. Por ejemplo, el río Nechí, cerca de su desembocadura en el río Cauca, es reconocido como un punto caliente de contaminación que se desarrolla de manera intensiva en esta zona y que libera grandes cantidades de mercurio y hierro.

Adicionalmente, están los 2133 incidentes y derrames de hidrocarburos que se han presentado en el país entre 2015 y junio de 2022, según la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Esto fue comprobado gracias a expertos que analizaron las aguas de los ríos, sus lechos y los peces, al sospechar que un grupo de metales conocidos como elementos potencialmente tóxicos estaban causando consecuencias graves.

Algunas obras también afectan drásticamente el caudal de los ríos, además de tener un fuerte impacto sobre el ambiente, ya que utilizan recursos renovables y no renovables en grandes cantidades, propician emisiones de CO₂, vierten residuos tóxicos en los ríos y limitan los procesos naturales de los animales acuáticos.

Por la misma línea está la sobrepesca o extracción de recursos pesqueros, lo que ha ocasionado que en los caudales de los ríos no haya peces de consumo ni ornamentales, que son el principal recurso alimenticio y económico para muchas comunidades en el país. Además, las especies invasoras, como peces o crustáceos, son un gran peligro al ser introducidos en ríos que no son su hábitat natural, transformando la estructura y causando la extinción de especies autóctonas, siendo amenaza latente para el equilibrio ecológico.

El cambio climático impacta de gran manera los ecosistemas de agua dulce debido a las altas temperaturas en el agua y el aire, la estacionalidad, cambios en la recarga de aguas subterráneas y la intensidad de la lluvia, que han ocasionado mayor daño a la biodiversidad y las comunidades al agotar este recurso, lo que trae como consecuencia la desertificación o, por el contrario, las inundaciones.

De otro lado, aproximadamente 9 mil toneladas de materia orgánica contaminante en muchos casos terminan siendo arrojada en los cauces de los ríos, así como las aguas residuales que llegan como si estos fueran el sistema de alcantarillado. El 90 % de los contaminantes es transportado por los ríos al mar. Por ejemplo, el Magdalena es uno de los 20 ríos del mundo que más le lleva plásticos a los mares.

No se puede olvidar que en este país se pierde cada año alrededor de 172.000 hectáreas de bosque por la deforestación, lo que trae como consecuencia la aceleración del calentamiento global, aumento de la temperatura y la pérdida de biodiversidad. Es por eso que cuando los bosques aledaños a los ríos desaparecen, estas fuentes hídricas también se ven afectadas y poco a poco tienden a secarse.

A esto se le agrega el tráfico ilícito, la falta de protección de ecosistemas estratégicos, así como de gestión y protección de las cuencas hídricas.

¿Qué hacer? 

“En primer lugar, es importante que los colombianos comprendan que los ríos son corrientes de agua natural que desembocan en diferentes lugares, ya sean lagos, quebradas, afluentes o arroyos, los cuales siguen su camino hasta llegar finalmente al mar. Es por ello que evitar que se contaminen es literalmente vital”, afirma el docente.

Para tratar este problema histórico, debe existir articulación entre las distintas entidades, pero a su vez se necesitan nuevas y estrictas regulaciones a las entidades públicas para que den soluciones a problemáticas como la minería y la deforestación del bosque que influyen en la degradación ambiental crónica que padecen los ríos. Además, se necesita una correcta gestión de la información, suministro de datos y elementos esenciales necesarios para tomar decisiones informadas y transparentes.

Y en cuanto a la población colombiana, se requiere de una serie de acciones y programas educativos enfocados en la sensibilización ambiental, que generen un cambio de comportamiento que apoye los objetivos de acceso y beneficios equitativos sostenibles para la sociedad, a partir del uso del agua.

Aunque Colombia es el segundo país latinoamericano con reservas de agua dulce más importantes, cada vez es menor la cantidad para el consumo humano y presenta alto índice de estrés hídrico.

Foto: Alcaldía de Bogotá.

 


Jorge Robledo insta al Gobierno a detener construcción en isla Gorgona

Foto: isla Gorgona.co

El exsenador Jorge Robledo advirtió a través de su columna de opinión en Confidencial Colombia, sobre el daño ambiental que sufriría la isla Gorgona si el Gobierno no reversa la decisión de construir una base militar de la Armada Nacional.

Nota relacionada: Salvemos a Gorgona

El excongresista se unió a las voces que con anterioridad se han manifestado en contra de este proyecto, con el argumento de que la construcción puede traer graves consecuencias ambientales para este territorio.

Según lo expuso Robledo, la ANLA expidió el permiso mediante la resolución No 2370 para el proyecto “construcción, operación, abandono y restauración de la estación de guardacostas en la Isla Gorgona y obras complementarias”, el 31 de diciembre de 2015.

“La comunidad científica apenas se enteró de este despropósito un año después y que desde 2020 el ministerio de Ambiente no nombra director en Gorgona, con lo que los militares de la Armada hoy mandan en el parque y mandarán después si montan la base y el radar”, explicó el columnista responsabilizando a los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque por lo que en adelante pueda suceder con la fauna y flora de este lugar.

Robledo instó al presidente Gustavo Petro y a su ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad a reversar la decisión.

Al respecto ya se habían pronunciado organizaciones ambientales como la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, quien señaló:

“El 97% de las ballenas jorobadas se distribuyen en el costado oriental de la isla, a una distancia entre 200 y 300 m (49,5% del total de grupos). A distancias menores de 300 metros los grupos con cría son los más representativos, y en el área en donde se planea construir y operar el muelle, los grupos (hembra y cría) son abundantes y permanecen durante largos períodos en actividades de descanso y crianza”.

 

Entérese de los retos en los proyectos de impacto ambiental

En Colombia existen materiales para la construcción como los ladrillos ecológicos, que se han convertido en un producto de consumo importante, en el diseño de  exteriores e  interiores.

Son igual de resistentes a los tradicionales y su componente estético es muy llamativo. Lo que se resalta es que el impacto ambiental es menor. Y están catalogados como elementos fundamentales en la arquitectura sostenible, además, ayudan a ahorrar energía y compensan la huella de carbono.

Hay diferentes tipos, algunos están hechos de las cenizas del carbón, otros de cáñamo y paja, algunos de plásticos reciclados, también de arena comprimida y en el mercado se encuentran de muchos materiales novedosos.

También, los ladrillos ecológicos reducen emisiones de contaminantes a la atmósfera, tienen menor peso, menor costo, conservan el calor, resisten altas presiones y poseen gran tolerancia con los agentes naturales, de acuerdo a (Carrasco y Tinoco, 2018).

Este tipo de materiales ecológicos han tomado mucha fuerza en nuestro país y son incluidos en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en las nuevas edificaciones que le apuestan a la construcción sostenible ya que son amigables con el medio ambiente, representan un menor costo y apoyan fuertemente la economía circular.

Lo que debe tener en cuenta en un proyecto de impacto ambiental

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) tiene un largo listado de requisitos que debe cumplir todo estudio de impacto ambiental, lo que implica mucho trabajo con diferentes áreas de conocimiento como ingenieros, geólogos, biólogos, economistas, abogados, arquitectos, Ongs, y sobre todo miembros de las comunidades del lugar. Es la única manera de conocer todos los niveles en que el proyecto podría impactar el territorio y por eso toma mucho tiempo hacer el estudio.

Estos son los pasos que se deben tener en cuenta:

Determinar qué es lo que existe en el área que podría resultar afectada: tipo de suelo, cantidad de árboles, cantidad de animales y especies, cuáles ríos y bosques hay. También se debe saber qué comunidades viven allí, qué cultivan y cómo viven; así mismo, si hay evidencia arqueológica, etcétera.

De esta forma, luego se estudia cómo esto se vería afectado por el proyecto, por ejemplo: un proyecto minero: qué pasa si el agua se toma de este río, si se talan los árboles de ese bosque, si se hace un túnel, una carretera; y con esta información se diseñan planes para prevenir, mitigar, controlar, o compensar los efectos negativos del proyecto y generar efectos positivos.

Finalmente, se propone un programa de seguimiento en el que participan todos los interesados para verificar que el plan de manejo es adecuado, de tal manera que se debe:

  • Estudiar lo que hay
  • Estimar los impactos
  • Elaborar planes para manejarlos
  • Definir un programa de seguimiento

Todo esto se le presenta a la ANLA para que tome la decisión de otorgar o no la licencia; allí la entidad pone en una balanza el proyecto estimando lo positivo y lo negativo para tomar la decisión. Para lo cual la ANLA evalúa el proyecto y envía al campo donde se va a ejecutar el estudio a los profesionales expertos que verifiquen la veracidad de la información para hacer sus propias mediciones y sacar sus propias conclusiones.

Se tiene que tener en cuenta que un Estudio de Impacto Ambiental, no es lo mismo que una Licencia Ambiental, ya que el estudio es la investigación previa y necesaria para entender la realidad, la licencia es la decisión final tomada por la ANLA.

Foto: Pexels

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Revisión necesaria al diseño de la solución ambiental para el Canal del Dique

En la semana que acaba de pasar el Ministerio de Transporte y la ANI decidieron parar la publicación de los pliegos para la APP del Canal del Dique, que coincidió con una solicitud de revisión de los diseños y del alcance del proyecto por parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros -SCI-.

Al conocerse la noticia la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena se pronunció casi de inmediato diciendo que era la segunda vez que se suspendía la publicación de prepliegos del proyecto y que si no se hacía iba a pararse la navegación por el canal de entrada a la bahía de Cartagena lo cual significaría no solamente unos problemas económicos muy graves para la ciudad sino para el país. Ya lo había hecho el Consejo Gremial de Bolívar expresando su preocupación por medio de misivas al Presidente y al MinHacienda por el retraso, debido al anuncio fallido de su publicación el 25 de enero pasado.

La solicitud de revisión de la SCI obedece a que pese al objetivo ambiental que tiene el megaproyecto hay preguntas fundamentales de alcance precisamente ambiental que no resultan completamente claras a ojos de los expertos de la corporación. Hay que recordar que la Constitución del 91 le dio la posibilidad a la sociedad civil de discutir con los funcionarios los asuntos de interés general y las políticas públicas, y con mayor razón en el caso de la SCI que es órgano consultivo del Estado.

En la reunión encabezada del lado gubernamental por la Viceministra de Infraestructura, la Vicepresidente de estructuración de la ANI, acompañadas por sus funcionarios, y por parte de la SCI de su Presidente y de los Presidentes de las Comisiones técnicas permanentes de Economía, Ambiental y Contratación, acompañados de expertos en los temas técnicos que confluyen en el diseño de las soluciones para el Canal, los ingenieros expresaron sus preocupaciones en torno a las posibles consecuencias de la solución diseñada basada en un menor caudal (cercano a la mitad) en el canal cuyo objetivo es bajar el nivel de sedimentos que transporta el agua hacia la bahía y hacia las ciénagas.

En dos aspectos principalmente. En el primero de ellos se llama la atención en la operación de la esclusa en inmediaciones de Puerto Badel que está pensada para controlar la entrada de agua salada al canal mientras no haya paso de embarcaciones, sitio en donde se presentará una interrupción del caudal de agua dulce dando origen a un proceso de salinización progresiva de la zona cuya duración no está estimada y que podría superar la capacidad de adaptación de los ecosistemas terrestres y marinos causando un impacto ambiental importante sobre fauna y flora, al pasar de un sistema estuarino de condición salobre a uno costero, en donde predominan los aportes salinos. Este cambio pondría en riesgo el suministro de agua dulce para habitantes locales y podría generar un efecto inverso en el objetivo de retención de la cuña salina frente a la bocatoma del acueducto de Cartagena ubicada en la Ciénaga de Juan Gómez a menos de 10 kilómetros de la esclusa; además no hay evidencia que indique que la interrupción del flujo en superficie sea adecuada para la retención de los flujos subsuperficiales que se presentan en esta misma zona. No es un asunto menor ni mucho menos.

La segunda preocupación radica en la menor recarga de agua que se presentará en las ciénagas que históricamente ha alimentado el canal en las épocas de mayor caudal; el proyecto está diseñado para controlar las inundaciones y en combinación con el menor caudal diseñado puede afectar definitivamente el ciclo de carga y descarga de las ciénagas, llevándolas a condiciones que podrían dañar sus ecosistemas e incluso llegar a facilitar el fenómeno de eutroficación por las bajas tasas de recambio, sumadas al aporte no controlado de nutrientes provenientes de las actividades agrícolas y pecuarias. Este impacto seria altamente significativo y de difícil recuperación después de que se modifiquen los niveles de fondo de las conexiones ciénaga-canal que hay a lo largo del proyecto afectando ecosistemas altamente sensibles que son la base de la seguridad alimentaria y el suministro de proteína de las poblaciones locales.

Ambas preocupaciones deberían también ser motivo de revisión por parte de las entidades y por parte de la ANLA.

Hay que recordar la tragedia ambiental que ha sucedido en la Ciénaga Grande de Santa Marta, en donde son frecuentes las noticias relacionadas con mortandad de peces y pérdida de millones de árboles de manglar de en el Parque Isla Salamanca (que son ahora reconocidos en el mundo como de valor incalculable para los ecosistemas de la tierra), causados por una combinación de factores que han llevado a la ciénaga a punto de colapso; ojalá no hayamos alcanzado un estado no reversible. Entre esos factores están los causados por los intercambios insuficientes de agua de mar debidos a la vía entre Barranquilla y Santa Marta, la reducción de algunos caños en la margen derecha del río Magdalena en la llamada carretera de “la prosperidad” que han limitado la entrada de agua dulce al conjunto de ciénagas, desecándolas en algunos casos (convirtiéndolas en tierras para ganadería), que han alterado los equilibrios originales generando una salinización del cuerpo de agua que lo ha llevado a una condición de deterioro ambiental, prácticamente irreversible. A eso se le suman los vertimientos contaminantes de las poblaciones cercanas incluyendo Ciénaga, Tasajera, Pueblo Nuevo, Fundación y Aracataca y de las plantaciones de banano, palma y maíz vecinas.

No se puede permitir que se repita algo similar y por eso hay que estar muy vigilantes con el manejo de un proyecto como el del Canal del Dique que debe apuntar no solamente al control de los sedimentos y de las inundaciones sino que al mismo tiempo tiene que cumplir con perfección con los aspectos ambientales y sociales, y una navegación respetuosa de todos los equilibrios necesarios.

Los navieros, que son usuarios permanentes del río y del canal, tienen una preocupación funcional que tiene que ver con la longitud de la cámara de las esclusas que solo permitirían el paso de convoyes de hasta seis barcazas, cuando las posibilidades de navegación podrían llegar hasta el doble. A eso le dediqué un análisis el año anterior llamado “La lógica logística del río” que pone de relieve que si de verdad se quiere que el río sea la alternativa más competitiva de transporte de carga de exportación e importación de la Costa Caribe al centro del país, no se le pueden poner estas zancadillas. Un verdadero contrasentido en el mismo Ministerio.

Hay que resaltar el valor de la revisión de los ingenieros en torno a estos aspectos de suma importancia de carácter ambiental, social y económico, que no tiene ningún interés diferente a que se tenga la certeza de que el proyecto será bueno en todos los sentidos, y que no vaya a terminar arreglando unos aspectos pero dañando o incluso acabando con otros también vitales, como ya nos ha pasado muchas veces en el país teniendo pérdidas irreparables.

Nos enfrentamos entonces a una necesaria concertación de intereses generales y de intereses particulares como ejercicio en democracia y de búsqueda del bien común, que por su complejidad podría ser un ejemplo para repetir en el país porque pone de presente que no solamente el poder económico tiene la palabra en las decisiones, sino que hay cabida y debe haberla para los actores que representan a todos los demás públicos incumbentes, empezando por la naturaleza misma y las comunidades directamente afectadas, pero manejado con criterios técnicos exclusivamente.

@refonsecaz

En Santander se podría autorizar extracción de oro por la ANLA

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales Anla, estudia la posibilidad de autorizar un mega proyecto de extracción de oro en Santander. Que estaría a cargo de la multinacional Minesa.

El proyecto se adelantará en la provincia de Soto Norte pero tendría impacto en los municipios de California y Suratá en Santander. Para esto Minesa realizó una investigación que presentó a la Anla y esta a su vez debe confrontarla con las observaciones hechas en campo.

Por esta razón 14 técnicos de expertos de la Anla, entre biólogos, ingenieros geólogos, hidrólogos, ingenieros químicos, antropólogos y economistas ambientales se encuentran en los municipios para analizar la información entregada por Minesa.

Esta visita técnica inicio el 25 de septiembre e ira hasta el 2 de octubre. Luego de radicada la solicitud por parte de Minesa, la Autoridad tiene un plazo de unos 90 días hábiles para pronunciarse.

Este plazo está sujeto a extenderse por la solicitud de audiencias públicas ambientales y la posibilidad de pedir información adicional a la empresa. Luego la comisión que hizo la visita de campo hará un informe que servirá a la Anla para tomar la decisión de si otorga o no la licencia ambiental.


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