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Campamento es la cuna de la Independencia de Antioquia, allí se dio la batalla de Chorros Blancos con el liderazgo de José María Córdova, en un combate definitivo que selló la liberación de España. Este municipio histórico del norte de Antioquia, siglos después de la liberación del imperio español, padeció el conflicto armado durante varias décadas, y aunque no es PDET tiene todas las condiciones para serlo.

Hoy sus comunidades campesinas (cocaleras, mineras, paneleras) sienten la falta de implementación integral de los Acuerdos de Paz, principalmente los acuerdos de sustitución (PNIS) que no se han cumplido y dejaron a la gente en una situación bastante crítica.

El Carriel, Tijeras y Venteadero son veredas mineras asentadas sobre el río Nechí. Allí barequean entre 300 y 500 mineros. Estas comunidades vienen movilizándose desde el Paro Agrario del 2013, y en los sucesivos paros del nordeste y Bajo Cauca hasta llegar al del 2023. En este momento las comunidades sienten que el gobierno las escucha, por la presión de los paros, y que en el Congreso encuentran voces que los pueden representar en la lucha por la formalización minera con garantías para los pequeños y medianos mineros, y para defender sus territorios y oficios ancestrales.

Exigen pues que se respeten los acuerdos y conquistas de sus movilizaciones. Aparte de la defensa de su minería, también plantean la defensa de paneleros y cultivadores de hoja de Coca. También disputan los derechos por la concesión Las Brisas, en entre las veredas La Solita y Norizal, una mina de asbesto que dejó de operar y que ahora pretenden volver a explotar como cantera para extraer talcos.

En el marco de la reforma al Código Minero hemos realizado más de 25 audiencias públicas en diferentes territorios de la geografía nacional, escuchando a la minería mediana, pequeña y artesanal. Sin embargo, hay territorios que no han sido escuchados y merecen serlo, como es el caso de Campamento. Cerca de 50 mineras y mineros se acercaron para poner de manifiesto su inconformidad con la estigmatización, criminalización y quema de maquinaria. Se sienten perseguidos, ilegales, maltratados, negados.

En este municipio que linda con Anorí, Yarumal y Angostura, se necesita la conformación de una organización minera del territorio para que pueda representar a mineros y mineras que practican el barequeo. Lo que expresan algunos líderes es que “estamos cansados de que el gobierno solo llegue con glifosato para la coca y candeleo para nuestra maquinaria”. También exigen “acuerdos comunitarios porque nosotros podemos ser más amigables con el medio ambiente que las mismas multinacionales, porque nosotros sí nos duele el territorio, porque es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos”.

Desde que fundamos el Partido Comunes nos acercamos a este pueblo para aportar en el fortalecimiento de organizaciones paneleras (https://www.facebook.com/omar.comunes/videos/768795027389420/). Se realizó un diagnóstico panelero en donde las familias se quejaban de que solo se mirara a los grandes ingenios y no a los entables paneleros. También se trabajó con las familias cultivadoras que se acogieron al PNIS y con el sindicato de la mina de asbesto a través de acompañamiento y asesoría jurídica. En este escenario de labores legislativas volvemos a escuchar a la gente de Campamento, esta vez frente al tema minero. No habían sido escuchados por actores institucionales y merecen serlo de cara a la reforma del Código Minero y a la defensa del modo de vida campesino como una forma de salvaguardar la vida y la biodiversidad en el territorio.

Las comunidades manifiestan que se puede verificar que el desastre ecológico de la minería es más fuerte en las concesiones que tienen las multinacionales y que ellas pueden concertar soluciones al daño ambiental sin necesidad de que las criminalicen, las estigmaticen y les quemen su maquinaria. La defensa del territorio es con su gente y en beneficio de las comunidades que siempre lo han habitado. El temor más grande sigue siendo el despojo en favor de las multinacionales y en nombre de una “legalidad” que afecta a los más pequeños, criminalizándolos y dejándolos sin el sustento que les da la explotación minera ancestral o que siempre han hecho en el territorio.

Pedro Baracutao

Representante a la cámara