A la memoria de la joven Comunera de Marinilla Viviana Marcela Ramírez (QEPD).
En la época más aguda del conflicto armado entre insurgencia, paramilitares y Fuerza Pública, y tras el despliegue de ambiciosos proyectos económicos como hidroeléctricas, la creación de una zona franca e industrial e inversión inmobiliaria, los habitantes del Oriente antioqueño vivieron graves violaciones a los Derechos Humanos: desplazamientos, desaparición forzada, confinamiento, estigmatización, bloqueos económicos y homicidios, entre otros.
El Oriente de Antioquia está conformado por 23 municipios agrupados en 5 zonas: Aguas, Altiplano, Bosques, Páramo y Porce Nus. Tras la firma del Acuerdo de Paz ningún municipio de la región fue priorizado como PDET, habiendo vivido un despliegue paramilitar y del Ejército, a la par con el accionar de tres frentes de la otrora guerrilla de las Farc-EP, padeciendo un fuerte conflicto social y armado.
En el escenario del posacuerdo y con la salida de la insurgencia este territorio queda como una zona en disputa. Pese a que hay presencia de Fuerza Pública, múltiples actores armados ejercen control territorial: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Pamplona, Clan Isaza, El Mesa, Los Pachelly, Oficina del Valle de Aburrá y organizaciones armadas locales. Queda en evidencia la gravedad de la problemática de los derechos humanos con 336 homicidios desde enero de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022 y 16 homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos en los últimos 6 años. Según el Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Medio Ambiente del Oriente Antioqueño no existe hoy presencia disidencias de las FARC-EP ni del ELN en ninguno de los 23 municipios que conforman la subregión.
Cabe recordar que la región del Oriente Antioqueño ha estado históricamente enmarcada en los conflictos sociales y armados que han caracterizado a nuestro país. Estos han estado relacionados con el interés sobre la riqueza de la tierra, sus minerales, ríos y su ubicación estratégica. Según el Observatorio, el mapa de violencia y la presencia armada coincide con los lugares de interés y conflicto socio ambientales.
Hay que atender las Alertas Tempranas de la Sociedad Civil
De acuerdo con el informe “Nuevos órdenes, viejas disputas”, elaborado por la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño, desde 2012 han aumentado los conflictos ambientales por la posible construcción de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) y la apertura de minas para la explotación de los suelos. Además, durante la última década también se han cultivado grandes extensiones de tierra con aguacate hass, monocultivo que está desvaneciendo progresivamente el paisaje boscoso que caracteriza la zona del páramo, poniendo en riesgo la biodiversidad que alberga la cordillera y la autonomía alimentaria.
Ante esta realidad, población civil y organizaciones defensoras de derechos humanos solicitan mediante Alerta Temprana la declaratoria de “Crisis Humanitaria” desde el Estado local, departamental y nacional por los graves atentados contra la vida y el aumento de homicidios, amenazas, reclutamientos y masacres. Una de las solicitudes que emergen de esta Alerta Temprana de la sociedad civil es que la institucionalidad del territorio subregional deje de afirmar que “aquí no pasa nada”, lo que deviene en una política de brazos cruzados o de “dejar hacer, dejar pasar” por parte de la Fuerza Pública.
Un hecho reciente sin precedentes fue denunciado por el mismo CTI de Rionegro. El Coordinador de esta entidad, mediante un comunicado público, alertó sobre un posible plan de las AGC para cometer un atentado contra servidores y funcionarios del Palacio de Justicia Municipal (Blu Radio, 2022).
Esta Alerta Temprana señala que los municipios de Rionegro, Sonsón, El Carmen de Viboral, Marinilla, La Unión, Guarne, La Ceja, San Luis, Argelia, San Carlos, San Rafael, Cocorná, El Retiro, Granada, Santuario, San Francisco, El Peñol, San Vicente Ferrer y Concepción, presentan mayores índices de violencia. En este contexto de Crisis Humanitaria, la población con mayores riesgos son las juventudes, campesinos/as, mujeres, niños, niñas, adolescentes y docentes, mineros/as artesanales, poblaciones históricamente estigmatizadas, lideresas y líderes sociales, defensores/as de derechos humanos, defensores/as ambientales, servidores/as públicos/as, Población Migrante, LGTBIQ+.
Como congresista de Antioquia hago un llamado respetuoso a las autoridades para atender esta situación mediante la articulación institucional de modo que las comunidades del Oriente antioqueño tengan garantías para la vida, el buen vivir, y en general que sus derechos humanos sean protegidos.
Con el pasar del tiempo se agudizan las contradicciones y los conflictos que dejan como principales víctimas a la población civil y las juventudes, quienes en medio de una histórica situación de desigualdad social, y pese a la enorme riqueza que se produce en el territorio, quedan a merced de grupos armados.
No solo un despliegue del Estado y su Fuerza Pública con una actuación transparente en el desmantelamiento de organizaciones ilegales es necesario, sino una política transversal y eficiente que atienda las necesidades de la juventud, carne de cañón en todas las guerras. ¡Que el rebrote de la guerra en este bello territorio no nos arrebate la esperanza un país en paz!
