No quiero pensar que la justicia en este país no se aplica conforme lo establecen las leyes, si no por cuestiones políticas, pero desafortunadamente los hechos si lo lleva a uno a considerar que si puede ocurrir.
Es muy cierto que el caso judicial del Carrusel de la Contratación en Bogotá que demostró que durante la administración de Samuel Moreno Rojas se presentó un robo a manos llenas de miles de millones de pesos, no se ha investigado a fondo y que, aunque cayeron algunos como el difunto exalcalde y su hermano, Iván, por ejemplo, faltó mucho más.
Sin embargo, debo decir que me ha sorprendido que justo en el momento en que se nombra a Antonio Sanguino como ministro de Trabajo, la justicia se acuerda que debe terminar un asunto que dejó inconcluso y agarrado por las ramas y no por la raíz, es decir, sin mirar al fondo de la función pública en Bogotá donde desde mucho tiempo atrás se han configurado licitaciones a la medida de determinados empresarios, que tienen fichas en las entidades que ayudan en esta misión y que, con el respaldo de uno que otro político conformaron pequeños carruselitos de contratación, casi que en paralelo a los de Emilio Tapia, Los Nule y compañía, y que como bien lo dijo el entonces representante a la cámara, Simón Gaviria, enviaron miles de millones de pesos a paraísos fiscales a través de Interbolsa.
¿Recuperó la justicia estos dineros enviados al exterior?;¿escudriñó este asunto de corrupción en lo más profundo de la función pública en Bogotá?; ¿Revisó lo que estaba ocurriendo en las alcaldías locales?, a juzgar por los resultados podría apostar a que no.
Aun así, justo cuando el presidente Gustavo Petro escoge a Sanguino para que defienda la reforma laboral, la justicia se acuerda que debe darle continuidad y extrañamente escoge al recién nombrado ministro de Trabajo, que fue uno de los que ayudó a destapar la olla de corrupción en la alcaldía de Samuel Moreno.
Olvidan que Antonio Sanguino integró un grupo del que hicieron parte el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán y los exconcejales, Ángela Benedetti y Carlos Vicente de Roux quienes ayudaron a las investigaciones en aquella época – denunciando estos carteles de contratación-, llegando más allá de los que hasta el momento había indagado la Fiscalía poniendo en evidencia que del entramado de corrupción hizo parte el entonces contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi.
¿Puede alguien hacer parte de un cartel de corrupción y al tiempo denunciarlo y respaldar las acciones de la justicia y la Procuraduría?
Esta es una pregunta que deberían hacerse aquellos que desde la Fiscalía y desde la Corte Suprema de Justicia investigan este caso con ojos políticos. Pero no solo ellos, también aquellos periodistas que han hecho de la radio todo un centro de pensamiento político de los partidos de oposición. Aun así, estos señores que usan a diario unos micrófonos critican al gerente de RTVC, cuando ellos exactamente lo mismo que hace Hollman Morris, pero al revés.
No es posible que valiéndose de un rumor que en primer lugar no hubo manera de comprobar o descartar si es cierto o no que Antonio Sanguino influenció el nombramiento de una gerente de un hospital, porque el testigo clave, que era Samuel Moreno Rojas ya está muerto, ahora pretendan encarcelar a Sanguino con el ánimo de golpear moralmente a un Gobierno que sortea toda clase de obstáculos políticos en el Senado para sacar adelante una reforma laboral.
¿Si tantas ganas tenían de hacer justicia porque entonces nunca preguntaron a Samuel Moreno Rojas mientras estaba vivo?
¿Pretenderán ahora que el difunto alcalde se levante de su tumba para declaración? ¿es muy difícil comprobar si alguien llega a un cargo por nombramiento o por concurso público? ¿es acaso imposible establecer sí se dio algún de tipo de licitación para construir una obra en un hospital?
Si de verdad se tiene la intención de hacer justicia con Bogotá, deberían entonces investigar la manera como se han tejido redes de contratación en la administración pública, especialmente en las alcaldías locales, pero desde la raíz y no por las ramas y mucho menos con el ánimo de golpear moralmente a un Gobierno, en este caso al de Gustavo Petro.
Por cierto, ¿ya recuperaron los 70 mil millones de pesos de Centros Poblados extraviados en el gobierno de Iván Duque bajo el ministerio de las TIC de Karen abudinen? ¿ya juzgaron a todos los que hicieron parte de este entramado de corrupción?
Oscar Sevillano
