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Derroche de mezquindad

Escrito por Antonio Sanguino en Ago 25, 2024. Publicado en Opinión.

Los expresidentes Uribe, Pastrana, Gaviria y Duque no pueden ocultarlo. La mezquindad de la que hicieron gala negándose asistir a la sesión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (CARE), reunida el pasado miércoles 21 de agosto en el Palacio de San Carlos, convocada por el Canciller, Luis Gilberto Murillo, no solo es reprochable, sino inaceptable, viniendo de quienes han ocupado la más alta dignidad en el Estado Colombiano.

Mezquindad y sectarismo que contrasta con la responsable actitud de los expresidentes, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, quienes concurrieron a la cita.

Los expresidentes ausentes han formulado enardecidas críticas a la posición del presidente, Gustavo Petro, respecto a los dos asuntos objeto de la sesión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores: la ruptura de relaciones con Israel a propósito del genocidio que viene cometiendo Netanyahu contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza; y el papel de prudente y discreta mediación de Colombia que conduzca a una transición democrática negociada, en un intento por superar la crisis agravada, luego de los cuestionados resultados oficiales de las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela.

Precisamente por tratarse de un asunto de política exterior, el escenario natural de los ex jefes de Estado es dicha comisión y no las redes o la plaza pública como cualquier activista político en sarampión de campaña.

Precisamente fue ese el mandato de la Constitución de 1991 al definir las relaciones internacionales de Colombia como un asunto de Estado, como corresponde a una democracia respetable.

Para ello el artículo 225 de nuestra Carta Magna ordena la creación de la CARE y la define como el cuerpo consultivo para el cumplimiento de las facultades constitucionales del presidente de la república en la materia. Posteriormente la Ley 68 del 23 de agosto de 1993 dispuso medidas para modernizar y mejorar el funcionamiento de la Comisión habida cuenta el nuevo escenario de internacionalización y globalización de la economía y las relaciones entre los Estados y reiteró la indelegable presencia de los expresidentes de la república y de los excancilleres en ella, de tal suerte que sus opiniones sean un insumo para las decisiones del presidente de turno. Para la Constitución y la ley resultaría ideal que la CARE permita la construcción de consensos que fortalezca las decisiones en asuntos de nuestra agenda externa.

La sesión del desplante de los cuatro expresidentes de la derecha política fue de carácter informativa, lo que no le resta gravedad a su irresponsable actitud con asuntos de interés nacional.

Ese día se anunció para la semana que comienza una nueva sesión, esta vez ordinaria, que como lo señala la ley 68 del 93 será presidida por el propio presidente de la republica. Será un escenario crucial para Colombia respecto a Venezuela, luego de conocerse la cuestionable decisión de su Tribunal de Justicia validando, sin las pruebas solicitadas por la comunidad internacional, el supuesto triunfo electoral de Nicolás Maduro.

¿Nos sorprenderán con otro derroche de mezquindad, estos obtusos huérfanos de poder? Amanecerá y veremos.

Antonio Sanguino

Terca mediación

Escrito por Antonio Sanguino en Ago 18, 2024. Publicado en Opinión.

Maduro juega con el tiempo y con candela. Al autoproclamado presidente venezolano le puede fallar la aritmética si piensa que dilatar y apaciguar la crisis política, al final de los días normalizará su permanencia en el poder.

Más bien, la tozudez, soberbia y sordera ante las exigencias de la comunidad internacional aumentan su aislamiento en el vecindario latinoamericano y en el mundo, aunque mantenga el respaldo de tres grandes jugadores en el concierto mundial como China, Rusia e Irán. Respaldo para nada despreciable, pero que no alcanza para superar el aislamiento inevitable ante la imposibilidad de demostrar un triunfo electoral limpio en las pasadas elecciones del 28 de julio y el uso de la represión oficial contra la oposición política y la protesta callejera.

Tampoco alcanza para detener el incremento de la movilización ciudadana que dentro y fuera del país reclama el triunfo para Edmundo Gonzales, lo que supondría el relevo en el poder y la terminación del poschavismo en la grotesca versión Maduro/Diosdado. Como resulta insuficiente para frenar el creciente malestar en las fuerzas chavistas que acusan factores de resquebrajamiento en el oficialísimo y en el régimen que podría precipitar desenlaces impredecibles y violentos. En el frente interno y en el contexto externo Maduro se revela como un gobernante cada vez más acorralado contra las cuerdas.

Esta situación tiene una doble implicación. Un régimen que aceleradamente consolida sus rasgos autoritarios le hace un enorme daño a una izquierda latinoamericana que encontró en la lucha por la democracia un arsenal sobre el que descansa su legitimidad y viabilidad.

Las izquierdas en el continente, en sus diversas expresiones incluidas las armadas, surgieron y se extendieron ofreciendo un modelo de sociedad anticapitalista y en marcha al “socialismo realmente existente” de aquellos tiempos. Pero en el caso cubano y centroamericano, y posteriormente en el cono sur, las revoluciones fueron invocadas en la lucha contra las feroces dictaduras militares que desmantelaron los experimentos de democracias liberales en esta porción del mundo.

Las izquierdas contemporáneas escogieron la combinación de la movilización popular y de multitudes, con la disputa electoral para empujar cambios y transformaciones desde pactos constituyentes y ejercicios del gobierno. El liderazgo internacional de esta izquierda republicana se debió en una gran proporción a la defensa y el respeto a la voluntad popular. Ha sido una bandera desplegada para enfrentar los golpes blandos promovidos por la derecha continental e interrumpir o acorralar el ejercicio del poder legitimado en las urnas.

Gabriel Boric de Chile, Lula da Silva de Brasil, Lopez Obrador de Mexico, Gustavo Petro de Colombia, Bernardo Arevalo de Guatemala, Xiomara Castro de Honduras y Luis Arce de Bolivia, quienes representan la más reciente ola de gobiernos de izquierda, asi lo han entendido. En distintos tonos han reprochado la opacidad del sistema electoral venezolano controlado por la dupla Maduro/Diosdado y se han negado a reconocer el triunfo del oficialísimo. Saben que un genuino proyecto de izquierdas que busque representar a las nuevas mayorías no se puede sostener sobre el ahorcamiento de los más elementales principios de la democracia. A riesgo de ser juzgados como ingenuos o traidores por las ortodoxias que aún añoran las “dictaduras del proletariado”, estos representantes de la orilla progresista de la política latinoamericana parecen decirle al poschavismo que las izquierdas o son democráticas o no son izquierdas.

La segunda implicación tiene que ver con el papel que les corresponde cumplir en este desafiante momento para salvar la estabilidad política del vecino país que es el clima que requieren nuestros gobiernos progresistas y para proteger el legado y el futuro de las izquierdas en este pedazo del planeta.

Quienes mejor lo han entendido son Petro y Lula. Por ello, desoyendo los ataques que por igual reciben de las derechas y sectores de “centro” en sus respectivos países, mantienen un dialogo fluido y discreto con Maduro y la oposición para ensayar fórmulas que aseguren una transición pacífica y democrática al otro lado de nuestra frontera binacional. Papel que cuenta con él para nada despreciable apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas. Sus detractores han cargado de nuevo contra ellos porque no pareciera tener eco la propuesta de gobierno de transición compartido y nuevas elecciones que plantearon en los últimos días, pero seguramente insistirán en nuevas e innovadoras fórmulas.

Esa terquedad en su papel mediador es el más valioso aporte que estos dos líderes le hacen a la democracia y a las izquierdas del continente. Bienvenida la terquedad.

Antonio Sanguino

Doblando la apuesta

Escrito por Antonio Sanguino en Ago 11, 2024. Publicado en Opinión.

A mitad de su mandato el presidente Petro dobla su apuesta de paz. Decide instalar dos nuevas mesas de diálogos con el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, con lo cual suma nueve procesos de negociación simultáneos; anuncia acelerar la implementación del Acuerdo del Teatro Colón con la Ex FARC; y se compromete en una estrategia de pactos territoriales en varias regiones del país que como el Catatumbo, el Sur de Bolívar o el pacífico nariñense agrupan territorios excluidos económica y socialmente y son escenarios de violencia, economías ilícitas y débil presencia del Estado.

Es una apuesta sumamente arriesgada. Porque ocurre en medio de un estado en cuidados intensivos de los procesos que más han exigido esfuerzos del Gobierno. El cese al fuego con el ELN llegó a su fin y esta organización declaró en estado crítico el proceso, lo que ha obligado al propio presidente anunciar una comunicación confidencial a sus voceros con fórmulas que permitan destrabar el dialogo, mientras se instala formalmente la negociación con los Comuneros del Sur, estructura que formalizó su disidencia de los elenos.

El denominado Estado Mayor Central se reventó y el Gobierno mantiene la mesa con varios de sus bloques al mando de alias Calarcá y Andrei quienes se rebautizaron como Estado Mayor de Bloques, mientras responde con una ofensiva militar a Iván Mordiscos y sus degradadas estructuras armadas. Y contra quienes han proclamado la inconveniencia e inviabilidad de volver a negociar con quienes abandonaron los acuerdos de paz, se abre una negociación con la Segunda Marquetalia de Iván Márquez.

“Total” es el apellido con el que el Gobierno ha bautizado su política pública en esta materia, para corregir la venenosa versión de “paz con legalidad” del periodo Duque. Adecuó la ley de orden público y logró que el Congreso le aprobara la ley 2272 del 2022 que reivindica la paz como una política de Estado, establece regiones de paz que serían objeto de programas de transformación territorial y escenarios de dialogo con actores armados, reitera el compromiso con la implementación del Acuerdo del 2016, y entrega facultades al presidente para adelantar negociaciones con guerrillas que conserven su vocación política y estructuras criminales de alto impacto. Para este segundo tipo de grupos, calificados por especialistas como bandas neoparamilitares y organizaciones multicrimen, el control constitucional adelantado posteriormente por la Corte Constitucional a la Ley de Paz Total, conminó al gobierno y al Congreso para expedir una ley que establezca las condiciones de su sometimiento a la justicia.

En gracia de discusión podríamos aceptar que las decisiones presidenciales se apegan al libreto de La Paz total. Que es una salida audaz, una fuga hacia adelante a la que nos tiene acostumbrado al jefe de Estado. Que ante las dificultades y las exigencias de resultados en términos de acuerdos con las organizaciones y grupos sentados en la mesa, el gobierno se arriesga por ampliar las interlocuciones. Que hace esfuerzos por desactivar todos los fenómenos de violencia con arraigo territorial, acudiendo indistintamente a la vía negociada con organizaciones que aún conservan vocación política y con estructuras criminales mafiosas. Petro quiere, a como de lugar, cumplir su promesa de una paz completa y corregir la historia de paces parciales o parceladas que caracterizan 30 años de acuerdos escalonados con 10 organizaciones armadas que arrancó con el M19 en 1990 y terminó con las FARC en el 2016. El Presidente lo quiere todo y al mismo tiempo para, y no le falta razón, evitar que La Paz pactada con un grupo en las regiones de nuestra geografía violenta sea acechada o borrada por las violencias que se mantienen y fortalecen.

Pero los riegos son evidentes. Hay razonables dudas sobre la capacidad del gobierno y su oficina del Comisionado/Consejero de Paz para atender las nueve mesas de paz abiertas. Es como querer hacer en los dos años que restan del gobierno Petro lo que el Estado colombiano ha hecho en tres décadas. Muchos se interrogan por la fortaleza institucional y la disponibilidad financiera para atender los compromisos del Acuerdo de Paz del 2016 y los que se deriven de los acuerdos de cumplimento inmediato que se están cocinando en las mesas instaladas. Y salta el gran interrogante de la continuidad en el próximo gobierno de los procesos que no alcancen a culminar con la firma de acuerdos de paz definitivos en la era Petro.

Sería aconsejable que esta apuesta arriesgada esté acompañada de metas realistas para los próximos dos años. Antes del 7 de agosto del 2026 Petro debería entregar acuerdos exitosos y procesos de negociación cuya irreversibilidad impida que un nuevo gobierno nos niegue el derecho a La Paz que nos prometieron los Constituyentes del 91. Solo así valdría la pena haber doblado la apuesta.

Antonio Sanguino

Ante Venezuela ¿calentura o diplomacia?

Escrito por Antonio Sanguino en Ago 4, 2024. Publicado en Opinión.

Ningún asunto externo despierta tanta pasión entre nosotros. La situación política venezolana derivada del muy probable e inocultable fraude electoral del pasado 28 de julio, ha copado el debate público, ha impuesto la agenda mediática y ha invadido las redes sociales y la conversación cotidiana entre los colombianos. Son debates llenos de pasión en los que tomamos partido ciegamente por uno de los bandos en la confrontación al otro lado de la frontera, como si estuviera en juego nuestra propia suerte individual y colectiva.

Soy de los que piensan que el proyecto político que encabeza Nicolás Maduro tiene muy poco de democrático, como lo ha demostrado desde que asumió el poder y como lo está reiterando en esta coyuntura. Que su liderazgo chavacán y primitivo ha consolidado un régimen cerrado y estrecho alrededor de su obsecuente círculo cercano, reduciendo dramáticamente libertades públicas reforzando un desbordado poder de las fuerzas militares leales a un régimen autoritario de alto riesgo dictatorial. Que la esperanza despertada en su momento, entre quienes militamos en las ideas de izquierdas, por un carismático Hugo Chávez se han extraviado en los laberintos de los desaciertos económicos y sociales, la poca comprensión de la crisis climática con la persistencia de un modelo productivo anclado en el extractivismo petrolero, los altos niveles de corrupción en el aparato público y la implacable persecución al opositor político. No tomo partido por una oposición que representa a las élites del pasado desplazadas por el proyecto chavista, pero la izquierda en la que creo es aquella que considera la conquista de la justicia social y climática, el respeto por la dignidad humana y la superación de todo tipo de exclusión y discriminación, como incompatible con el pisoteo de la democracia.

Pero más allá de las pasiones que nos atrapan o de las opiniones que tengamos sobre la naturaleza de su régimen político, al gobierno y al Estado colombiano le corresponde encarar la desafiante situación venezolana sin calenturas y con una gran dosis de mesura y responsabilidad. Nuestras convicciones políticas y compromisos democráticos deben estar al servicio del interés nacional. Es elemental. Ningún otro país comparte 2.200 kilómetros de frontera terrestre con Venezuela, ni tiene la expectativa de recuperar el intercambio económico y la balanza comercial con su vecino, ni tiene grupos armados ocupando el territorio vecino como retaguardia, ni aguarda su ayuda para la consecución de su paz definitiva, ni tiene cinco millones de venezolanos en su territorio y otro tanto de sus compatriotas allá, ni una crisis migratoria como la del tapón del Darién. La estabilidad institucional y la transición democrática en Venezuela es sin dudas un asunto que se corresponde con nuestro interés como nación para gestionar adecuadamente estas complejas circunstancias.

A mi juicio, el gobierno Petro ha actuado responsablemente. No se ha dejado provocar, ni se ha comprometido inconvenientemente en la refriega interna venezolana, como lo ha pedido la derecha colombiana y los oportunistas de última hora y de todos los pelambres. Ha sido fiel al articulo 9 de nuestra Constitución Nacional que ordena que “las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”. No ha reconocido oficialmente el triunfo de Nicolás Maduro y ha pedido con firmeza que los resultados electorales del pasado 28 de julio deben estar sustentados en las actas de todas las mesas y un escrutinio transparente validadas por instancias legitimadas internacionalmente. Ha comprendido que esta voz tiene mas fuerza si lo hace junto a gobiernos de la importancia de Brasil y de México. Sabe que está en juego el papel mediador que ha cumplido entre Venezuela y Estados Unidos y el que pueden cumplir la traída Petro, Lula y López Obrador entre Maduro y la oposición para un acuerdo político que permita la tan esperada y anhelada transición pacífica y democrática en la patria de Bolívar.

El cambio en materia de política exterior respecto al tema Venezuela del actual gobierno, consiste en evitar apasionamientos ideológicos y en evadir calenturas y aventuras como las del tristemente célebre “cerco diplomático” con guaidos incluidos, que padecimos en los tiempos de Duque.

Antonio Sanguino

Una oposición Bonsái

Escrito por Antonio Sanguino en Jul 28, 2024. Publicado en Opinión.

Chiquitica como un bonsái, pero más bien famélica. Así deslució la oposición al Presidente Petro en la instalación de las sesiones del Congreso de la República, el pasado 20 de julio. Bonchinchosa, carente de argumentos y llena de descalificaciones y odios, demostraron que están muy lejos de contar con el talante para ofrecerse, desde la derecha que representan, como opción de gobierno para el 2026. En medio del berrinche opositor, medio sacaron la cara, el Senador David Luna de Cambio Radical y el Representante a la Cámara Daniel Carvalho.

Pareció más bien un taller de oratoria para principiantes, el espectáculo que tuvimos que padecer los colombianos en la presentación de las fuerzas políticas que ejercen como contestación al gobierno nacional. Ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo para que uno o a lo sumo dos congresistas ejercieran su vocería y contestaran a profundidad las tesis y planteamientos del Presidente o juzgar con evidencias y argumentos el desempeño de un Petro que intervino como en sus mejores tiempos en un escenario en el que se destacó como un excepcional parlamentario por espacio de 20 años.

La chorrera de intervenciones corrió por cuenta de 6 congresistas: los Representantes Oscar Campo, Marelen Castillo, Daniel Carvalho y Miguel Polo Polo, y los Senadores David Luna y Miguel Uribe Turbay. Y las frases que quedaron en la retina de los colombianos son para llenarse de tristeza o morirse de la risa: Un estrambótico Polo Polo apeló a sus acostumbrados señalamientos irresponsables e irrespetuosos con la investidura presidencial asimilando la Casa de Nariño a un frente de una organización armada cuyo comandante es el Presidente en ejercicio. Uribe Turbay, quizás emulando la inteligencia de su abuelo, el tristemente celebre Julio Cesar Turbay Ayala, insistió en preguntar con tono veintejuliero a que horas se levanta el Presidente. De resto, nada que trascendiera como reflexión seria merecedora de controversia pública.

El Estatuto de Oposición incorporó como novedad que la oposición pudiera ejercer su derecho de réplica al gobierno. Uno de los momentos estelares para quienes se declaren en oposición, es la intervención a la que tienen derecho como respuesta al discurso del Presidente de la Republica en cada una de las sesiones de instalación del Congreso de la República. No es para menos: el discurso del Presidente es su rendición de cuentas o el balance de su gobierno ante el país y su oportunidad para señalar el rumbo a seguir estableciendo la agenda legislativa y el tipo de relaciones que pretende entablar con el poder legislativo y demás poderes públicos.

Esta oportunidad perdida para la oposición, la ha condimentado y de mala manera, el expresidente Cesar Gaviria, quien desde su finca familiar cuyo letrero tiene el nombre de “Partido Liberal Colombiano”, propone un nuevo “frente nacional” que mediante una consulta escoja un solo candidato para enfrentar el progresismo en las presidenciales del 26. Queriendo replicar la derrotada formula de unidad de todo el establecimiento tradicional PRI-PAN-PRD de México que sucumbió ante un arrollador Morena en cabeza de Claudia Sheinbaum apoyada por los Verdes, ahora quiere una alianza que pretendería sepultar por siempre la alternancia política izquierda/derecha inaugurada con la llegada de las izquierdas al poder en cabeza de Petro. Quieren reinstalar la democracia rotativa de antaño que relevaba el poder entre los López, los Santos, los Pastrana, los Gaviria, los Turbáis, los Valencias, los Lleras…

La oposición es fundamental en toda democracia. Colombia ha tenido una tradición de persecución violenta al opositor político que explica en buena parte el alzamiento armado contra un sistema político bipartidista que anuló la practica opositora a su interior en una suerte de partido unico que socabava las disidencias acudiendo siempre a la cooptación clientelista. Por ello, una oposición de bajo vuelo como la que estamos presenciando le hace un enorme daño a la promesa de una mejor democracia de la Constitución del 91 y del Estatuto de Oposición.

Antonio Sanguino

La paz endeudada

Escrito por Antonio Sanguino en Jul 21, 2024. Publicado en Opinión.

Hay una protuberante e inocultable deuda de la paz que hemos construido en Colombia: transformar los territorios excluidos. Son precisamente estos espacios de nuestra geografía, abandonados a su propia suerte, los que históricamente se consolidaron como retaguardia militar y base política y social de las organizaciones guerrilleras. Estos mismos territorios han soportado el brutal impacto del conflicto armado entre guerrillas y fuerzas militares, y sufrieron como pocos la sangrienta incursión paramilitar. Allí se han concentrado los mas dramáticos indicadores de pobreza, viven del imperio de las economías ilegales y acusan una especial debilidad institucional.

A esa deuda se refiere el más informe presidencial ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la implementación del Acuerdo de Paz. Y la ley de paz total o Ley 2272 del 2022 constituye una oportunidad para saldarla cuando en su articulo 7 establece que “..el Presidente de la República podrá construir Regiones de Paz, en las que se adelanten, con su autorización, diálogos de paz…”.

No se trata de soslayar los indudables avances derivados de 34 años de experiencias de acuerdos de paz en la Colombia contemporánea. Con el pacto de paz que trajo al M19 a la vida civil se inauguró un ciclo de negociaciones que completaron 10 acuerdos en una suerte de paz parcelada, escalonada e incremental. Además del M, el Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT, el Ejército Popular de Liberación EPL, el Movimiento Indigena Armado Quitín Lame, el Frente Francisco Garnica, los Comandos Ernesto Rojas, las Milicias del MIR COAR de Medellín, la Corriente de Renovación Socialista CRS, las Autodefensas Unidas de Colombia y las FARC-EP abandonaron las armas luego de acuerdos con el Estado. En este período, se han reincorporado 71.500 combatientes, de los cuales 49 mil provienes de esta paz pactada y 22.500 de procesos de reinserción individual.

Pero el logro no se reduce al desarme y la reincorporación de ejércitos enteros. La caída sostenida en la tasa de homicidios ha sido brutal en el mismo período: de una tasa de 71,2 por cada 100 mil habitantes en 1990 cuando se produjo el primer acuerdo de paz, hemos pasado a 25,7 en el año 2023. Aunque en el Gobierno Gaviria la tasa subió por cuenta de la oleada narcoterrorista de aquel entonces a 77,4, su descenso arrancó en el Gobierno Samper (69,1), Pastrana (61, 2), Uribe (34,3), Santos 1(32,4), Santos 2 (25,3) y Duque (26,1), cifras que como se ve están asociadas al impacto de los acuerdos y reincorporaciones, especialmente al desmonte de las AUC en el período Uribe y al proceso de paz con las FARC en tiempos de Santos.

Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que a este largo ciclo de paz que hemos tenido que transitar en medio de la persistencia de fenómenos de violencia, debemos también el proceso constituyente y el cambio de la Constitución en 1991, las experiencias de importancia mundial en materia de justicia transicional como los tribunales de Justicia y paz y la Jurisdicción Especial de Paz, la Ley de Victimas y el reconocimiento de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Junto a una generosa institucionalidad pública para cumplir los acuerdos y construir un proyecto sostenible de reconciliación, nuestra democracia ha podido presenciar la llegada por fin de la alternancia política izquierda/derecha verdadera puerta de entrada al posconflicto, con el triunfo electoral de un exguerrillero del M19 como Gustavo Petro.

Aún así, los territorios excluidos fueron ocupados una y otra vez por economías ilegales y violencias recicladas, al tiempo que se producían las desmovilizaciones y los desarmes. El telón de fondo de este “eterno retorno” de la guerra ha sido la pobreza multimensional de estos territorios y su exclusión histórica y estructural del resto de la nación y de los grandes centros de poder económico y político del país.

La paz total que se propone el Gobierno Petro no solo será posible con acuerdos que cierren de manera definitiva la confrontación armada, cada vez más degradada y devaluada. Dependerá de la capacidad que tengamos como Estado y como sociedad para pagar esa deuda con una política pública hacia los territorios excluidos y con una persistente e integral estrategia de paz territorial.

Antonio Sanguino

Los del nunca

Escrito por Antonio Sanguino en Jul 14, 2024. Publicado en Opinión.

Volvieron a aparecer “los del nunca”. Con el discurso del Presidente Gustavo Petro ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el pasado 11 de julio sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC, los energúmenos opositores de la paz desempolvaron sus falacias para negarse a un Acuerdo Nacional y atravesarse a la iniciativa de un nuevo Fast Track que permita saldar el déficit legislativo que hoy arrastra el cumplimiento de lo pactado.

Fue el entonces presidente Juan Manuel Santos el que les enclochó el remoquete. Y no le falto razón. Porque la derecha uribista le dijo NO con uñas y dientes a la Ley de Victimas y Restitución de Tierras que recuperó la definición de “conflicto armado interno” a lo que el “patrón del ubérrimo” y sus áulicos denominaban “amenaza terrorista”, que se constituyó en la antesala a la apertura de diálogos de paz con las guerrillas. Después dijeron NO a los diálogos de la Habana y consideraron una traición imperdonable de un Presidente que ellos reclamaban como suyo. Cuando el Acuerdo de Paz se sometió al plebiscito, ellos adelantaron una campaña por el NO que a punta de mentiras sacaron una parte de la población a votar “emberracados” contra la paz. Luego dijeron NO a las modificaciones incorporadas en el Acuerdo del Teatro Colon. Y dijeron NO al Fast Track y votaron NO todas las reformas derivadas del Acuerdo y puestas a consideración del Congreso. Lo dicho: Nunca les gusta nada cuando de paz y cambios democráticos se trata.

Los mensajes dejados por el presidente ente el Consejo de Seguridad dan cuenta de un balance de los cumplimientos por parte del Estado y del actual gobierno del Acuerdo de Paz, luego de un cuatrienio anterior cuyo presidente Duque se propuso hacer trizas el acuerdo. Pero también señalo los bloqueos y obstáculos estructurales e institucionales que impiden el cumplimiento pleno de un pacto de paz que constituye un compromiso de Colombia ante el mundo. Se atrevió Petro a solicitar mayor apoyo de la comunidad internacional, e incluso a extender por 7 años mas la vigencia temporal del Acuerdo.

Los conocedores del tema y la propia Misión de Verificación de las Naciones Unidos o el Instituto Kroc sabemos que el rezago legislativo es brutal, del orden del 50%. En desarrollo rural y reforma agraria no terminamos de expedir las leyes para el funcionamiento de la tan esperada jurisdicción especial agraria o el ajuste a las normas que agilicen el acceso a tierras para los campesinos; siguen embolatadas la reforma política y electoral, y la nueva ley en materia de participación ciudadana; El tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores de cultivos de uso ilícito previsto avanza a paso de tortuga después de seis intentos; y las modificaciones a la Ley de Victimas siguen en veremos.

No había terminado su alocución en Nueva York el Presidente cuando saltaron “los del nunca”. Como en los tiempos de Santos se niegan a tramitar cualquier acuerdo con el gobierno y las fuerzas políticas progresistas. Están empeñados en que su retorno al poder signifique el entierro de la alternancia política que se inauguró con la llegada de las izquierdas al poder. Y no se mueven un milímetro en pactar cambios que mejoren la vida de las mayorías. Ahora dicen que el Fast Track es para que Petro meta de contrabando sus reformas, cuando de lo que se está hablando es de saldar la deuda que el Congreso de la Republica aún tiene con el Acuerdo de Paz.

El nuevo ministro del Interior Juan Fernando Cristo, con el espaldarazo que pueda recibir del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con unas nuevas mesas directivas de Senado y Cámara que se elegirán el próximo 20 de julio, tiene es sus manos la tarea de tejer los acuerdos políticos que eviten que los del nunca se salgan con la suya en detrimento de nuestro derecho a la paz.

Antonio Sanguino

Respaldo de otros partidos a Katherine Miranda levanta ampolla al interior de la Alianza Verde

Escrito por Oscar Sevillano en Jul 9, 2024. Publicado en Nación, Portada.

Una carta firmada por los representantes a la cámara Cristian Avendaño, Catherine Juvinao, Alejandro García, Elkin Ospina, Carolina Giraldo, Juan Sebastián Gómez, Carlos Vallejo, Daniel Carvalho, Julia Miranda Londoño y Jennifer Pedraza, respaldando la candidatura de Katherine Miranda a la Presidencia de la Cámara de Representantes comienza a levantar ampollas al interior de la Alianza Verde.

La misiva en respaldo a Miranda la firman el grupo de congresistas a nombre de la Coalición Verde – Centro Esperanza que se armó para apoyar la candidatura a la presidencia de la república del entonces candidato, Sergio Fajardo, la que en su momento fue rechazada por la representante Katherine, quien no quiso seguir la línea de su partido Alianza Verde y prefirió ser la jefa de debate de Gustavo Petro.

El exsenador Antonio Sanguino reclamó desde su cuenta de X porque la decisión del partido en torno a quien será el candidato o candidata a la Presidencia de la Cámara se debe dar al interior de la Alianza Verde y no a través de una carta a nombre de una coalición que según el, «hoy no existe».

Preguntas desde corazón Verde a Sec Gral @JaimeNavarroWo copresidentes @navarrowolff y Rodrigo Romero, secretarios Senado @GregorioEljachP y @Jaime_Lacouture : 1. Existe la bancada o coalición Centro Esperanza? 2. Actúa como tal, se reúne, toma decisiones respecto a votaciones y…
— Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) July 9, 2024

La representante a la cámara, Martha Alfonso, quien aspira al cargo y quien podría tener el apoyo del Gobierno dijo a sus colegas que la decisión del Verde debe ser interna.

«Hoy los busca para tener unas mayorías en las que no pensó cuando hizo el acuerdo para ella; por eso la decisión debe ser interna del Partido Verde, no porque los desconozca a ustedes porque les aprecio y valoro mucho, sino porque ella no hizo el acuerdo incluyéndolos y hoy si los convoca para tener las mayorías que dentro de su bancada verde no tiene», afirmó.

La carta que circula en redes sociales está firmada a nombre de los partidos Alianza Verde, Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso Ciudadano y al parecer, tiene el respaldo del senador Humberto de la Calle, lo mismo que del exgobernador Sergio Fajardo, la retwittearon.

Segundo tiempo y Acuerdo Nacional

Escrito por Antonio Sanguino en Jul 7, 2024. Publicado en Opinión.

Este 7 de agosto arranca el segundo tiempo del Gobierno Petro. El Presidente, seguramente entendiendo lo que ello implica, ha decidido reforzar su equipo con personas de altos quilates en el ejercicio público y leales a su proyecto de cambio. Hasta ahora ha nombrado 4 nuevos ministros, pero se espera que en los próximos días el revolcón se extienda a otros ministerios, agencias y entidades claves en la agenda de reformas y transformaciones que están a medio camino o aun por arrancar.

Se han escuchado estupideces, incluso de personas que arropadas de alternativas ejercen feroz oposición al gobierno, sobre estos cambios. Les parece una muestra de inestabilidad o de improvisación de Petro en el ejercicio de labor gubernativa. Olvidan o no saben que es del ABC del arte de gobernar, hacer los cambios o ajustes cuando las nuevas circunstancias políticas lo ameritan o cuando termina y arranca un nuevo momento en el desarrollo de la agenda del gobernante. Probablemente, desde el Palacio de Nariño responderán a esas críticas con el adagio popular, de “a palabras necias, oídos sordos”.

Sin duda, la llegada al Ministerio de Justicia de una penalista de altos méritos académicos y profesionales como Angela María Buitrago, es prenda de garantía en la continuidad del destacado papel del ministro saliente Néstor Osuna. La nueva ministra tendrá en sus manos terminar con éxito el diseño de la reforma a la justicia, el trámite de la ley ordinaria de la jurisdicción agraria, el debate sobre la Jurisdicción Especial de Paz como tribunal de cierre, la crisis carcelaria y la interlocución con la rama judicial para mejorar la justicia y blindarla de la acechanza de graves fenómenos de corrupción. Otra mujer con probada trayectoria técnica y publica llega al Ministerio de Transporte: María Constanza García, es una experta en el sector, de una incuestionable pulcritud publica que ha trabajado al lado del Presidente desde que fue su Secretaria de Movilidad en la Administración de Bogotá. Tendrá que poner el acelerador a las metas del Plan de Desarrollo en la materia y evitar que se repitan en el sector transporte negros episodios como los de Odebrecht o Chirajara. Y Martha Carvajalino en Agricultura, otra mujer de trayectoria en el sector, tiene la enorme responsabilidad de superar los inexplicables retrasos en materia de desarrollo rural y reforma agraria integral con los que ha tenido que lidiar el gobierno.

Petro ha sorprendido a medio mundo con el nombramiento de Juan Fernando Cristo en el Ministerio del Interior. Este peso pesado del liberalismo como corriente política, es un conocedor como pocos del Congreso de la República, fue el creador de la Ley 1448 del 2011 o Ley de Víctimas que se constituyó en la antesala del proceso de paz con las extintas FARC liderando junto a Humberto de La Calle, Sergio Jaramillo, Roy Barreras y el Ex general Naranjo las negociaciones, además de dirigir la incorporación de buena parte del Acuerdo del Teatro Colón a la Constitución y al ordenamiento utilizando el procedimiento del Fast track en el Congreso. Cristo tuvo el mérito de romper con un partido liberal secuestrado por Cesar Gaviria y crear el Movimiento En Marcha que reivindica la tradición progresista y socialdemócrata de las ideas liberales en Colombia, tiene una fluida interlocución con el centro político y goza de respetabilidad en la oposición y en la comunidad internacional.

Cristo en sus primeras declaraciones ha anunciado que sus prioridades se concentrarán en la búsqueda de un Acuerdo Nacional y en acelerar la implementación del Acuerdo de Paz. Acierta el nuevo Ministro en tanto la implementación de las reformas sociales y el trámite de las pendientes requieren de amplios consensos de la sociedad y de la institucionalidad. Los desafíos de las nuevas Ministras requerirán de un liderazgo como el de Cristo para tejer acuerdos y establecer puentes. Y la discusión sobre un eventual escenario constituyente tendrá en El un interlocutor calificado para darle serenidad y profundidad a semejante discusión que no se agota en el mecanismo y cuyo valor estriba en la capacidad para convertir el poder de la gente en acuerdos de Estado. No menos importante es la implementación de un pacto de paz tejido por el ahora Ministro y su conexión con la política de paz total. Seguramente las discusiones con el Expresidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño sobre este asunto adquieren otro tono y su llegada al gobierno será recibido positivamente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que precisamente se reunirá este 11 de julio para escuchar el informe del Presidente de la República sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz.

Cristo será el capitán del equipo del segundo tiempo de Petro. Bien sabe que tiene que aumentar los niveles de ejecución de los programas e inversiones públicas en todas las carteras y que puede ayudarle al presidente en una tarea en la que parece estar muy solo. Se trata de rematar el partido con audacia política, eficiencia y pulcritud. Y llegar con suficiente oxígeno al 26.

Antonio Sanguino

«Lo importante es que seamos capaces de construir acuerdos de alcance nacional más allá de una Constituyente»: Antonio Sanguino

Escrito por Oscar Sevillano en Jul 5, 2024. Publicado en Lo + Confidencial, Portada, Voces Confidencial.

El exsenador y exconcejal de Bogotá, Antonio Sanguino, considera que más allá de una Asamblea Nacional Constituyente es necesario e importante que Colombia supere las divisiones y construya escenarios de diálogos para establecer acuerdos de alcance nacional.

Ya viene el 20 de julio

Escrito por Antonio Sanguino en Jun 30, 2024. Publicado en Opinión.

No es la conmemoración de la Patria Boba, que también inició ese día. Cada 20 de julio celebramos más bien el grito de independencia y el inicio de nuestra vida republicana. Precisamente por ello, es el día escogido para la instalación del Congreso de la República, el inicio de sus legislaturas, la elección de sus mesas directivas y el discurso de rendición de cuentas del presidente de la Republica ante el país, en donde además señala la hoja de ruta de su gobierno para el año que viene. Es nuestro “año nuevo”, políticamente hablando.

Esta vez la expectativa no es menor. El presidente Gustavo Petro presentará el balance de la mitad de su mandato y deberá demostrar con cifras que este gobierno del cambio no es solo la llegada, ojalá para quedarse, de la alternancia política izquierda/derecha. Deberá demostrar con cifras y evidencias que el cambio político es para que haya cambios en la vida a la gente, reduciendo brechas y desigualdades, superando exclusiones y discriminaciones, desterrando las violencias y aclimatando la paz, cuidando nuestra biodiversidad y enfrentando el cambio climático. Que es un cambio en el ejercicio del poder y en la restitución de la pulcritud pública. Ello en medio del anuncio de su remezón del gabinete que promete una mejor alineación para encarar el segundo tiempo de y cerrar con éxito su obra de gobierno. Aunque también se espera un mensaje del mandatario al legislativo respecto a la agenda de reformas pendientes, en medio de la discusión que desató su idea de una Constituyente.

Pero la coalición de gobierno y el nuevo Ministro del Interior no pueden volver a equivocarse en la elección de las mesas directivas de Senado y Cámara, instancias que garantizan o no el trámite de las reformas reclamadas en las calles por millones de colombianos en los estallidos sociales del 2019 y 2021, y votadas mayoritariamente con la elección de Petro en las presidenciales del 22. El pasado 20 de julio, la coalición de Gobierno y el Ministro Luis Fernando Velazco solo hasta ultima hora decidieron respaldar a Angélica Lozano como su candidata para la presidencia del Senado, quien gozaba del respaldo de las directivas de partido Verde y de su propia bancada. En los días previos mamaron gallo para decidirse, mientras el avivato Iván Name se movía por los “rastrojos” del Congreso sumando apoyos en las bancadas de derecha y en algunos manguitos o resentidos alternativos. A ello debemos el hundimiento de la reforma a la salud en el Senado, el tramite tortuoso de la pensional y la laboral y la muerte lenta de la ley estatutaria de educación. Por fortuna, y gracias a las mayorías de la Cámara y a su mesa directiva el gobierno cerró la reciente legislatura con un balance positivo.

Ahora corresponde a los verdes la presidencia de Cámara y a los conservadores en Senado, en virtud de los acuerdos políticos de inicio del periodo constitucional. En la Cámara alta todo indica que podría repetir un godo opositor a Petro como Fincho Cepeda, a no ser que la coalición de gobierno se mueva hábilmente buscando un candidato que no sea el cuestionado Carlos Trujillo para impedirlo. Y en Cámara, los afines a una agenda progresista sin más dilaciones deben unificarse en un candidato verde lealmente probado en la defensa de las reformas pendientes. Sin duda, el que mejores condiciones tiene para ganar ese pulso es el Representante boyacense Jaime Raúl Salamanca, que tendría la inmensa responsabilidad de instaurar, acorde con el principio constitucional de la cooperación de los poderes públicos, un dialogo constructivo entre la mesa directiva directamente con el Presidente Petro, promover el dialogo del jefe de estado con las bancadas, cuidar la independencia respetuosa del legislativo y garantizar a la oposición el ejercicio sus derechos con respeto y altura.

La reforma a la salud que de nuevo será presentada, la estatutaria de educación que además se murió no por falta de tiempo sino por falta de Ministra, el trámite exitoso de la reforma laboral, la ley ordinaria de jurisdicción agraria que no ha podido pasar de la comisión primera de Senado, la creación de ecominerales, la aprobación final de los topes al predial, más las demás reformas que el gobierno proponga, merecen que las dos cámaras queden en las mejores manos para asegurar el avance de la agenda progresista más allá del 26. Que este 20 de julio inicie un periodo para seguir avanzando hacia una república democrática. Que no repitamos la “patria boba” en el poder legislativo.

Antonio Sanguino

Y envenenaron la Estatutaria de Educación

Escrito por Antonio Sanguino en Jun 23, 2024. Publicado en Opinión.

Aunque Fecode lo celebró como un triunfo, la derecha uribista se salió con la suya. Y no es que la poderosa federación sindical de los maestros no tuviera razón al convocar un paro nacional indefinido hasta que la Ley Estatutaria de Educación tal como llegó a la plenaria del Senado no gozara de feliz sepultura en las postrimerías de la legislatura. Sino que fue la derecha del Congreso, la que desde la radicación del proyecto de Ley por parte del Gobierno Petro en septiembre del 2023, se propuso atravesarse como vaca muerta al reconocimiento pleno, sin esguinces, ni ambigüedades de la educación como un derecho fundamental.

En efecto. Petro quiso cumplir la promesa de la Ley General de Educación (Ley 115 del 94) que desde hace 30 años estableció en su articulo 9 que “el desarrollo del derecho a la educación se regirá por una ley especial de carácter estatutario”. Promesa nacida en el artículo 67 de la Constitución del 91 y reiterada por la Corte Constitucional en diversas sentencias que ordena aclarar y reforzar la naturaleza de la educación como derecho fundamental, que supedite su condición de servicio publico y obligación constitucional del Estado.

Al mismo tiempo el proyecto de Ley del “Gobierno del Cambio” cumplía compromisos internacionales de Colombia como la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuyo artículo 26 establece que “toda persona tiene derecho a la educación”, y “que la educación debe ser gratuita…” o el Pacto internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales, o la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros.

Pero, sobre todo, el Proyecto de Ley Estatutaria recogía luchas históricas de los maestros y maestras y del movimiento estudiantil colombiano que ha reclamado el derecho a la educación desde comienzos del siglo XX. Mas recientemente, dicho reclamo retumbó en las calles de todo el país en el paro nacional del 2019 y en el maravilloso y multicolor estallido social del 2021, que alimentaron la agenda de la bancada alternativa y de oposición a Duque en el periodo anterior del Congreso de la Republica con la presencia del propio Gustavo Petro.

Una inmensa puerta abría la Ley Estatutaria de Educación: la corrección del enorme daño que al derecho a la educación y a la ley general de educación del 94 le hicieron los Actos Legislativos 01 del 2001 y 04 del 2007 que reformaron el Sistema General de Participaciones en tiempos de Álvaro Uribe Vélez y que le propinaron una traicionera puñalada a la financiación de la educación. En efecto, estas reformas constitucionales han significado recortes al presupuesto de educación del orden de los 172.5 billones de pesos entre los años 2002 y 2018, suma que ya está rondando los 200 billones de pesos. El proyecto de Ley estatutaria, además de la financiación estatal de este derecho desde el grado cero hasta la educación superior, técnica y tecnológica, protegía pilares democráticos como la libertad de catedra y la autonomía escolar y universitaria.

En abril del 2024, el país y sobre todo la juventud, celebró con optimismo la aprobación del proyecto de ley estatutaria de educación en la plenaria de Cámara de Representantes por una aplastante mayoría. El optimismo alcanzaba para pensar que la iniciativa no tendría mayores tropiezos en el Senado. Pero la operación tortuga y el saboteo del Uribismo y Cambio Radical no se hicieron esperar en la Comisión Primera del Senado. Con maniobras de poca monta, la derecha envolvió a una perpleja Ministra de Educación y a una ingenua coalición de gobierno en un acuerdo expresado en una ponencia positiva que fue votada unánimemente por la Comisión. Y ahí fue Troya. Porque el cacareado acuerdo traía el esperpento de incluir en la evaluación docente los resultados de las pruebas de Estado de los estudiantes, elevar a rango constitucional la financiación de la educación privada con recursos públicos y mantener las restricciones que hoy tienen las universidades publicas en la elección de sus rectores. Vaya sorpresa: un acuerdo más regresivo que la ley general de educación de 1994, que destrozaba la columna vertebral de lo que el gobierno y los sectores progresistas habían ganado en Cámara.

En tales circunstancias, con las mayorías de la Cámara en contra, los estudiantes y maestros en las calles pidiendo sepultar el Frankenstein, el proyecto llegó moribundo a la plenaria del Senado. Todos los que hemos luchado por la educación pública tuvimos que pasar el trago amargo de una derecha de plácemes con la coronación de su mezquindad. La celebración de Fecode no tiene el sabor de una victoria. Tiene más bien el sentimiento de resignación de tener que esperar otro año en esta imprescindible batalla por la educación como derecho fundamental. Por ahora, no ganó el país y perdieron nuestros jóvenes.

Antonio Sanguino

Uribismo desmemoriado

Escrito por Antonio Sanguino en Jun 9, 2024. Publicado en Opinión.

“Mandan cascara”, dicen en el Caribe. Al uribismo le queda imposible ocultar su desvergüenza cuando pretende criticar al presidente Gustavo Petro respecto a la posibilidad de una Constituyente.

El Propio jefe de Estado acaba de reiterar que no es su propósito acudir a este mecanismo previsto en la Constitución de 1.991, y que mucho menos tiene la intención de hacerlo para perpetuarse en el poder a través de una reelección.

Ha recordado eso sí, que quienes lo critican desde la orilla del establecimiento son aquellos que usaron la reelección a su favor, reformando la Constitución para ello. Uribe, Santos, Duque y Vargas Lleras fueron los directos beneficiarios de esa torcida de pescuezo a nuestro arquitectura constitucional.

Pero no mencionemos el famoso “articulito” con el que el expresidente Uribe pudo reelegirse y heredarle a Santos la misma posibilidad. Ni el fracasado referéndum de 15 preguntas del 25 de octubre del 2003, un día antes de las elecciones locales, promovido por el mismo Uribe que buscaba reformar la Constitución y de paso remolcar sus candidatos a alcaldías y gobernaciones en todo el país. Ríos de tinta se han escrito sobre tales acontecimientos y el impacto que aún estamos padeciendo de las alteraciones en la separación y equilibrio de los poderes públicos, principalmente por la reelección presidencial.

Hagamos más bien un repaso por las veces y motivaciones con las que la derecha uribista ha lanzado a los cuatro vientos la propuesta de una Constituyente. En el 2012, al entonces jefe del Partido de la U y expresidente Álvaro Uribe le pareció una buena idea atravesársele a la reelección de Juan Manuel Santos para pasarle cuenta de cobro por lo que el uribismo consideraba una “traición”.

Aunque Santos no había anunciado que buscaría reelegirse haciendo uso del “articulito” engendrado por su hasta hace poco jefe político, Uribe propuso una Constituyente para establecer un Congreso Unicameral, aunque “aclaró” que su propuesta no buscaba su retorno al poder sino una reforma a la justicia.

“Un grupo de ciudadanos, que merece todo el respeto, ha propuesto una Constituyente. Una Constituyente, limitada en sus atribuciones a reformar la justicia, dedicada a ese propósito sin la interferencia de interés diferente, puede ser respuesta al clamor de la hora”, dijo sin sonrojarse.

En el 2015 nos sorprendimos con la paradójica coincidencia del travieso expresidente y las FARC en la realización de una Constituyente, a instancias de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y esta organización guerrillera. “¿Entonces no será mejor proponer una Constituyente?” se preguntó. Y agregó:

“Una Constituyente limitada a los acuerdos de La Habana, de elección popular, que lo ratifique, lo reforme, le adicione, les quite”. Y luego en el 2016, animados por el triunfo del No en el Plebiscito por la Paz, arreciaron proponiendo de nuevo una Constituyente para reformar la justicia.

En el 2019, fueron varios congresistas del Centro Democrático los que propusieron convocar una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la justicia, incluyendo la Jurisdicción Especial para La Paz, tribunal creado como resultado del Acuerdo Final de Paz del Teatro Colón, que el uribismo siempre ha considerado riesgoso para su jefe y su proyecto político.

El vocero de esa otra pretendida jugadita fue el entonces presidente del Senado, Ernesto Macías, “una constituyente para una reforma a la justicia, una reforma política, yo diría, reforma a la justicia incluida la JEP”.

Pero “la tapa de la olla” de esta historia la protagonizó la senadora Paloma Valencia en el 2020. Tan pronto se conoció la orden de detención en contra del entonces senador y expresidente Álvaro Uribe por delitos, entre otros, como el de manipulación de testigos, la congresista uribista “pura sangre” desempolvó la reiterada aspiración del patrón del ubérrimo, de una Constituyente que reforme la justicia, de nuevo con un interés inocultable para favorecerlo.

Tiene razón el Senador Iván Cepeda cuando dice que el momento que reclama el país, a cambio de aventuras y fetichismos constituyentes, es el de un gran Acuerdo Nacional que remueva los obstáculos institucionales para construir La Paz; permita acelerar la implementación plena del Acuerdo con las exfarc y viabilice las urgentes reformas sociales.

Tienen razón quienes afirman que a ello se refiere literalmente el propio Acuerdo de Paz y que resulta estrambótico deducir interpretaciones más allá de lo que establece el texto. Y para ello no sobra refrescarles la memoria al Uribismo cuando pretende endilgarle a Petro lo que ellos tienen de sobra.

Antonio Sanguino

Jugando con candela

Escrito por Antonio Sanguino en Jun 2, 2024. Publicado en Opinión.

Como buenos pirómanos, a los uribistas y a la derecha dura les gusta jugar con candela. Pero esta vez “se están pasando de piña”, como se dice popularmente en el Caribe. Porque está bien que se comporten como fuerzas opositoras y ejerzan los derechos y reclamen las garantías que tal condición merece en toda democracia. Lo que no es aceptable es que la oposición se utilice para desplegar una estrategia de bloqueo institucional como la que pretenden adelantar actualmente en el Congreso de la República.

En gracia de discusión, podríamos considerar legítimo que se hayan plantado, desde el inicio del gobierno Petro, como expresiones políticas contrarias a las reformas que por décadas fueron reclamadas por amplios sectores de la población y por regiones históricamente excluidas, expresadas más recientemente en el paro nacional del 2019 y el estallido social del 2021 y recogidas en el programa del Gobierno del Cambio y el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida aprobado mayoritariamente en el Congreso. Podríamos aceptar el triunfo de estas fuerzas y los intereses privados y corporativistas que representan, con el hundimiento de la reforma a la salud, aunque hay quienes la consideran una victoria pírrica toda vez que al negarse a una concertación con el gobierno alrededor de la ponencia alternativa, justificaron el uso de las amplias facultades de las que goza el ejecutivo para reformar por decreto el sistema de salud.

Ahora, ante la posibilidad de que se apruebe en cuarto debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes una necesaria reforma pensional que goza de un amplio consenso en la sociedad y en el Congreso, que se apruebe un compromiso histórico con el campesinado consignado en el Acuerdo de Paz con la ley estatutaria de Jurisdicción Agraria, que se avance en el Congreso de la República en la creación de Ecominerales como empresa pública para entregarle al Estado la renta de la explotación minera y garantice una actividad minera compatible con las exigencias de la crisis climática, que se apruebe una urgente ampliación del cupo de endeudamiento, o que se eleve la educación a derecho fundamental; los áulicos de Uribe, Vargas Lleras, Pastrana y Cesar Gaviria han mostrado de nuevo las uñas.

Han radicado una avalancha de mociones de censura a cinco ministros del gabinete en la Cámara con el propósito de que el tiempo restante de la legislatura, hasta el 20 de junio, solo se ocupe de los debates que han solicitado. Ellos saben que no existe ninguna posibilidad numérica ni hay méritos o argumentos para tumbar al mismo tiempo a los Ministros de Salud, Minas, Igualdad, Interior y Defensa. Pero esta ráfaga, sin antecedentes en la historia reciente del Congreso, si prosperase les permitiría atravesarse como vaca muerta en el camino de reformas a punto de convertirse en leyes de la república.

Como si fuera poco, el Centro Democrático instauró con pocas probabilidades de éxito ante la Jurisdicción del Contencioso Administrativo, una acción popular que busca, aprovechando oportunistamente el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, la suspensión inmediata del trámite legislativo de las reformas sociales presentadas por el Gobierno a consideración del Congreso. Olvidan que la acción popular no es un instrumento de oposición, sino más bien una acción constitucional dispuesta en el artículo 88 de la Constitución como mecanismo de protección de derechos colectivos. Olvidan que su jefe vitalicio Uribe Vélez siendo presidente de la Republica en el 2006, cuando sus congresistas comparecían ante la Corte Suprema de Justicia por la parapolítica, les suplicaba “que mientras no estén en la cárcel, voten”.

Esta misma derecha que bloquea institucionalmente al Gobierno en el Congreso, meten terror con una posible Constituyente que el propio presidente por fortuna acaba de desestimar. Esta misma derecha sabrá que en los regímenes parlamentarios estos bloqueos se resuelven con mecanismos excepcionales como la anticipación de elecciones generales. Y esta misma derecha está en serio riesgo de que jugar con candela los llevaría a una nueva quemada en el 2026.

Antonio Sanguino

Las diatribas a la polarización política

Escrito por Antonio Sanguino en May 26, 2024. Publicado en Opinión.

Se ha vuelto lugar común. En nuestros debates públicos se ha querido instalar la idea, por parte de “neutrales” opinadores y autoproclamados “centristas”, que toda polarización política es dañina, toxica y riesgosa para la democracia. Paradójicamente, con verborreas altisonantes extrañas a la moderación que proclaman, estos profetas de lo “políticamente correcto” se comprometen en una diatriba colectiva contra la polémica y la confrontación política al tiempo que invitan a convertir la arena pública “en un océano de mermelada sagrada” en “paraísos afortunadamente inexistentes”, como muy lucidamente advertía el pensador colombiano Estanislao Zuleta.

Se ha querido instalar en el imaginario colectivo que una democracia polarizada entraña una fatalidad para el Estado de Derecho. Confunden ingenua o deliberadamente el discurso del odio, el fanatismo o el extremismo, que transcurre en la levedad y el estiércol de las redes sociales, con la defensa vehemente y argumentada de un punto de vista desde cualquier orilla del espectro ideológico. Espoleando miedos en sociedades que como la colombiana tienen una larga tradición de solución violenta de nuestros conflictos políticos, se atreven a condenarnos inevitablemente a nuevos ciclos de enfrentamiento armado si estimulamos el debate y la confrontación ideológica y política.

Me atrevo a plantear la hipótesis contraria. La vitalidad de la democracia colombiana depende en buena medida de que seamos capaces de fomentar en la ciudadanía una inmensa capacidad de discernimiento alrededor de las interpretaciones de los hechos sociales y los acontecimientos políticos. Que la consolidación de nuestra convivencia civilizada derive de que la alternancia política izquierda/derecha, con el triunfo de Gustavo Petro, haya llegado para quedarse. Y que la confrontación política, contrariando a Clausewitz, es la continuación o la antítesis de la guerra por otros medios.

Es lo que estamos viviendo por fortuna. Mientras la violencia, incluso aquella que reivindica una motivación altruista, pierde aceleradamente su naturaleza política y resulta cada vez mas atrapada en las economías ilegales y en entramados criminales, el debate político se toma las calles, incursiona en los resquicios y espacios que ofrece el mundo virtual, y aun con precariedades en el escenario parlamentario. Quien primero partió las aguas en nuestro siglo XXI fue el hoy enjuiciado Álvaro Uribe Vélez, encabezando un proyecto político de derecha dura que partió las turbias aguas heredadas de un bipartidismo malsano. Un proyecto que se ha mantenido en el tiempo, con el Primer Santos en el 2010, Zuluaga en el 2014, Duque en el 2018 y que jugará sus cartas en la contienda presidencial del 26. Al tiempo se fue forjando un proyecto político de izquierdas y centro izquierdas viable, que compitió de igual a igual en el 2010 con Petro y Mockus, en el 2018 y el 2022 con el hoy Presidente, y que deberá aglutinarse en un Frente Amplio Progresista para ofrecer una solución de continuidad a la agenda de reformas en la próxima contienda.

Nada de nervios con las recientes movilizaciones pacíficas de las derechas del 21 de abril y de las izquierdas el primero de mayo. Hace parte de esa madurez que esgrimen las democracias contemporáneas. Cuando Norberto Bobbio en su texto “Derecha e Izquierda” promueve el gusto por la moderación democrática a ambos lados del aun frondoso árbol de las ideologías, lo hace en defensa del territorio común del Estado de Derecho y como un recurso para espantar las derivas autoritarias y dictatoriales que siempre nos acechan a lado y lado. Esta invitación del pensador italiano también nos sirve para ahuyentar las equivocadas diatribas de los “puros” y las “puras”.

Antonio Sanguino