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Etiqueta: Antonio Sanguino

Uribismo desmemoriado

Escrito por Antonio Sanguino en . Publicado en Opinión.

“Mandan cascara”, dicen en el Caribe. Al uribismo le queda imposible ocultar su desvergüenza cuando pretende criticar al presidente Gustavo Petro respecto a la posibilidad de una Constituyente.

El Propio jefe de Estado acaba de reiterar que no es su propósito acudir a este mecanismo previsto en la Constitución de 1.991, y que mucho menos tiene la intención de hacerlo para perpetuarse en el poder a través de una reelección.

 

Ha recordado eso sí, que quienes lo critican desde la orilla del establecimiento son aquellos que usaron la reelección a su favor, reformando la Constitución para ello. Uribe, Santos, Duque y Vargas Lleras fueron los directos beneficiarios de esa torcida de pescuezo a nuestro arquitectura constitucional.

Pero no mencionemos el famoso “articulito” con el que el expresidente Uribe pudo reelegirse y heredarle a Santos la misma posibilidad. Ni el fracasado referéndum de 15 preguntas del 25 de octubre del 2003, un día antes de las elecciones locales, promovido por el mismo Uribe que buscaba reformar la Constitución y de paso remolcar sus candidatos a alcaldías y gobernaciones en todo el país. Ríos de tinta se han escrito sobre tales acontecimientos y el impacto que aún estamos padeciendo de las alteraciones en la separación y equilibrio de los poderes públicos, principalmente por la reelección presidencial.

Hagamos más bien un repaso por las veces y motivaciones con las que la derecha uribista ha lanzado a los cuatro vientos la propuesta de una Constituyente. En el 2012, al entonces jefe del Partido de la U y expresidente Álvaro Uribe le pareció una buena idea atravesársele a la reelección de Juan Manuel Santos para pasarle cuenta de cobro por lo que el uribismo consideraba una “traición”.

Aunque Santos no había anunciado que buscaría reelegirse haciendo uso del “articulito” engendrado por su hasta hace poco jefe político, Uribe propuso una Constituyente para establecer un Congreso Unicameral, aunque “aclaró” que su propuesta no buscaba su retorno al poder sino una reforma a la justicia.

“Un grupo de ciudadanos, que merece todo el respeto, ha propuesto una Constituyente. Una Constituyente, limitada en sus atribuciones a reformar la justicia, dedicada a ese propósito sin la interferencia de interés diferente, puede ser respuesta al clamor de la hora”, dijo sin sonrojarse.

En el 2015 nos sorprendimos con la paradójica coincidencia del travieso expresidente y las FARC en la realización de una Constituyente, a instancias de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y esta organización guerrillera. “¿Entonces no será mejor proponer una Constituyente?” se preguntó. Y agregó:

“Una Constituyente limitada a los acuerdos de La Habana, de elección popular, que lo ratifique, lo reforme, le adicione, les quite”. Y luego en el 2016, animados por el triunfo del No en el Plebiscito por la Paz, arreciaron proponiendo de nuevo una Constituyente para reformar la justicia.

En el 2019, fueron varios congresistas del Centro Democrático los que propusieron convocar una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la justicia, incluyendo la Jurisdicción Especial para La Paz, tribunal creado como resultado del Acuerdo Final de Paz del Teatro Colón, que el uribismo siempre ha considerado riesgoso para su jefe y su proyecto político.

El vocero de esa otra pretendida jugadita fue el entonces presidente del Senado, Ernesto Macías, “una constituyente para una reforma a la justicia, una reforma política, yo diría, reforma a la justicia incluida la JEP”.

Pero “la tapa de la olla” de esta historia la protagonizó la senadora Paloma Valencia en el 2020. Tan pronto se conoció la orden de detención en contra del entonces senador y expresidente Álvaro Uribe por delitos, entre otros, como el de manipulación de testigos, la congresista uribista “pura sangre” desempolvó la reiterada aspiración del patrón del ubérrimo, de una Constituyente que reforme la justicia, de nuevo con un interés inocultable para favorecerlo.

Tiene razón el Senador Iván Cepeda cuando dice que el momento que reclama el país, a cambio de aventuras y fetichismos constituyentes, es el de un gran Acuerdo Nacional que remueva los obstáculos institucionales para construir La Paz; permita acelerar la implementación plena del Acuerdo con las exfarc y viabilice las urgentes reformas sociales.

Tienen razón quienes afirman que a ello se refiere literalmente el propio Acuerdo de Paz y que resulta estrambótico deducir interpretaciones más allá de lo que establece el texto. Y para ello no sobra refrescarles la memoria al Uribismo cuando pretende endilgarle a Petro lo que ellos tienen de sobra.

Antonio Sanguino

Jugando con candela

Escrito por Antonio Sanguino en . Publicado en Opinión.

Como buenos pirómanos, a los uribistas y a la derecha dura les gusta jugar con candela. Pero esta vez “se están pasando de piña”, como se dice popularmente en el Caribe. Porque está bien que se comporten como fuerzas opositoras y ejerzan los derechos y reclamen las garantías que tal condición merece en toda democracia. Lo que no es aceptable es que la oposición se utilice para desplegar una estrategia de bloqueo institucional como la que pretenden adelantar actualmente en el Congreso de la República.

En gracia de discusión, podríamos considerar legítimo que se hayan plantado, desde el inicio del gobierno Petro, como expresiones políticas contrarias a las reformas que por décadas fueron reclamadas por amplios sectores de la población y por regiones históricamente excluidas, expresadas más recientemente en el paro nacional del 2019 y el estallido social del 2021 y recogidas en el programa del Gobierno del Cambio y el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida aprobado mayoritariamente en el Congreso. Podríamos aceptar el triunfo de estas fuerzas y los intereses privados y corporativistas que representan, con el hundimiento de la reforma a la salud, aunque hay quienes la consideran una victoria pírrica toda vez que al negarse a una concertación con el gobierno alrededor de la ponencia alternativa, justificaron el uso de las amplias facultades de las que goza el ejecutivo para reformar por decreto el sistema de salud.

 

Ahora, ante la posibilidad de que se apruebe en cuarto debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes una necesaria reforma pensional que goza de un amplio consenso en la sociedad y en el Congreso, que se apruebe un compromiso histórico con el campesinado consignado en el Acuerdo de Paz con la ley estatutaria de Jurisdicción Agraria, que se avance en el Congreso de la República en la creación de Ecominerales como empresa pública para entregarle al Estado la renta de la explotación minera y garantice una actividad minera compatible con las exigencias de la crisis climática, que se apruebe una urgente ampliación del cupo de endeudamiento, o que se eleve la educación a derecho fundamental; los áulicos de Uribe, Vargas Lleras, Pastrana y Cesar Gaviria han mostrado de nuevo las uñas.

Han radicado una avalancha de mociones de censura a cinco ministros del gabinete en la Cámara con el propósito de que el tiempo restante de la legislatura, hasta el 20 de junio, solo se ocupe de los debates que han solicitado. Ellos saben que no existe ninguna posibilidad numérica ni hay méritos o argumentos para tumbar al mismo tiempo a los Ministros de Salud, Minas, Igualdad, Interior y Defensa. Pero esta ráfaga, sin antecedentes en la historia reciente del Congreso, si prosperase les permitiría atravesarse como vaca muerta en el camino de reformas a punto de convertirse en leyes de la república.

Como si fuera poco, el Centro Democrático instauró con pocas probabilidades de éxito ante la Jurisdicción del Contencioso Administrativo, una acción popular que busca, aprovechando oportunistamente el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, la suspensión inmediata del trámite legislativo de las reformas sociales presentadas por el Gobierno a consideración del Congreso. Olvidan que la acción popular no es un instrumento de oposición, sino más bien una acción constitucional dispuesta en el artículo 88 de la Constitución como mecanismo de protección de derechos colectivos. Olvidan que su jefe vitalicio Uribe Vélez siendo presidente de la Republica en el 2006, cuando sus congresistas comparecían ante la Corte Suprema de Justicia por la parapolítica, les suplicaba “que mientras no estén en la cárcel, voten”.

Esta misma derecha que bloquea institucionalmente al Gobierno en el Congreso, meten terror con una posible Constituyente que el propio presidente por fortuna acaba de desestimar. Esta misma derecha sabrá que en los regímenes parlamentarios estos bloqueos se resuelven con mecanismos excepcionales como la anticipación de elecciones generales. Y esta misma derecha está en serio riesgo de que jugar con candela los llevaría a una nueva quemada en el 2026.

Antonio Sanguino

Las diatribas a la polarización política

Escrito por Antonio Sanguino en . Publicado en Opinión.

Se ha vuelto lugar común. En nuestros debates públicos se ha querido instalar la idea, por parte de “neutrales” opinadores y autoproclamados “centristas”, que toda polarización política es dañina, toxica y riesgosa para la democracia. Paradójicamente, con verborreas altisonantes extrañas a la moderación que proclaman, estos profetas de lo “políticamente correcto” se comprometen en una diatriba colectiva contra la polémica y la confrontación política al tiempo que invitan a convertir la arena pública “en un océano de mermelada sagrada” en “paraísos afortunadamente inexistentes”, como muy lucidamente advertía el pensador colombiano Estanislao Zuleta.

Se ha querido instalar en el imaginario colectivo que una democracia polarizada entraña una fatalidad para el Estado de Derecho. Confunden ingenua o deliberadamente el discurso del odio, el fanatismo o el extremismo, que transcurre en la levedad y el estiércol de las redes sociales, con la defensa vehemente y argumentada de un punto de vista desde cualquier orilla del espectro ideológico. Espoleando miedos en sociedades que como la colombiana tienen una larga tradición de solución violenta de nuestros conflictos políticos, se atreven a condenarnos inevitablemente a nuevos ciclos de enfrentamiento armado si estimulamos el debate y la confrontación ideológica y política. 

 

Me atrevo a plantear la hipótesis contraria. La vitalidad de la democracia colombiana depende en buena medida de que seamos capaces de fomentar en la ciudadanía una inmensa capacidad de discernimiento alrededor de las interpretaciones de los hechos sociales y los acontecimientos políticos. Que la consolidación de nuestra convivencia civilizada derive de que la alternancia política izquierda/derecha, con el triunfo de Gustavo Petro, haya llegado para quedarse. Y que la confrontación política, contrariando a Clausewitz, es la continuación o la antítesis de la guerra por otros medios.

Es lo que estamos viviendo por fortuna. Mientras la violencia, incluso aquella que reivindica una motivación altruista, pierde aceleradamente su naturaleza política y resulta cada vez mas atrapada en las economías ilegales y en entramados criminales, el debate político se toma las calles, incursiona en los resquicios y espacios que ofrece el mundo virtual, y aun con precariedades en el escenario parlamentario. Quien primero partió las aguas en nuestro siglo XXI fue el hoy enjuiciado Álvaro Uribe Vélez, encabezando un proyecto político de derecha dura que partió las turbias aguas heredadas de un bipartidismo malsano. Un proyecto que se ha mantenido en el tiempo, con el Primer Santos en el 2010, Zuluaga en el 2014, Duque en el 2018 y que jugará sus cartas en la contienda presidencial del 26. Al tiempo se fue forjando un proyecto político de izquierdas y centro izquierdas viable, que compitió de igual a igual en el 2010 con Petro y Mockus, en el 2018 y el 2022 con el hoy Presidente, y que deberá aglutinarse en un Frente Amplio Progresista para ofrecer una solución de continuidad a la agenda de reformas en la próxima contienda.

Nada de nervios con las recientes movilizaciones pacíficas de las derechas del 21 de abril y de las izquierdas el primero de mayo. Hace parte de esa madurez que esgrimen las democracias contemporáneas. Cuando Norberto Bobbio en su texto “Derecha e Izquierda” promueve el gusto por la moderación democrática a ambos lados del aun frondoso árbol de las ideologías, lo hace en defensa del territorio común del Estado de Derecho y como un recurso para espantar las derivas autoritarias y dictatoriales que siempre nos acechan a lado y lado. Esta invitación del pensador italiano también nos sirve para ahuyentar las equivocadas diatribas de los “puros” y las “puras”.         

Antonio Sanguino

¿Llego la hora de renegociar el Acuerdo de Paz?

Escrito por Antonio Sanguino en . Publicado en Opinión.

Una polvareda levantó el presidente Gustavo Petro esta semana. Esta vez con relación al cumplimiento del Acuerdo Final de Paz entre la Ex guerrilla de las FARC y el Estado Colombiano. “Yo no puedo decir mentiras”, sentenció. Advirtió que iría él mismo a la Organización de Naciones Unidas para reconocer que “el Estado de Colombia no quiere cumplir el Acuerdo de Paz que firmó”. Y remató afirmando que “Se trataría del primer país en el mundo en incumplir una declaración unilateral de Estado suscrita ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”. El presidente enfatizó en los incumplimientos en el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz como tribunal de cierre del conflicto en materia de verdad y justicia; y lamentó la lentitud en la implementación de la jurisdicción y la reforma agraria.

No le falta razón al jefe de Estado en su preocupación por los incumplimientos del Acuerdo de Paz más abarcativo, ambicioso y completo de los firmados en Colombia y quizás en América Latina. Para algunos resultaría exótico que un Estado en palabras de su propio jefe con resignación reconozca su impotencia e imposibilidad para honrar ante el mundo un Acuerdo de esta magnitud. El Magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP, reaccionó calificando la declaración de Petro como una “autoincriminación”. “Es como un auto denuncia, que produce un estado de desconcierto en la comunidad internacional”. Sin embargo, más allá de las responsabilidades que pueden ser atribuibles al gobierno nacional, las instituciones y funcionarios encargadas de cumplir lo pactado con la ex guerrilla, el presidente Petro seguramente hace alusión a las resistencias, frenos de mano, contraordenes y saboteos que ocurren al interior de un aparato estatal que sigue siendo un campo de batalla ideológico y político entre el cambio y el pasado.

 

Y no es para menos. El octavo informe del Instituto Kroc de la Universidad de Notra Dame de mayo del 2024, entidad designada por las partes en el Acuerdo como soporte técnico para el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los mismos, advierte que, aunque la de implementación de las 578 disposiciones o compromisos que se derivan del texto del Acuerdo Final de Paz no se ha detenido, su estado actual merece especial atención. Según el informe, en noviembre del 2023 y a 7 años de su firma, solo el 32 % de las disposiciones del pacto de paz completaron su implementación, el 19% se encuentra en estado intermedio, el 30% en estado mínimo y el 10% no había iniciado su cumplimiento. “Es decir que luego de 7 años, el 49% de los compromisos se encuentran en nivel mínimo y no iniciado, sobre los cuales no se cuenta con evidencias que demuestre su viabilidad para ser completados antes de que se venza el plazo establecido para ello”, advierte el Instituto Kroc en su informe.

Puntualmente, en el punto de tres de “Fin del Conflicto”, registrado por la misma fuente como uno de los de mayor avance, los compromisos de Cese al Fuego, desmovilización o dejación de armas por parte de las exFARC se cumplieron en un 97%, mientras que los compromisos en reincorporación económica, social y política, aunque alcanzan un destacado nivel de ejecución del 66%, un 34% continuaba en proceso de implementación (en estado mínimo, intermedio o sin iniciar). Llama la atención que se afirme en este reporte que “durante el último año de implementación se han mantenido niveles muy similares a los del cuatrienio Duque (1998-2022), el presidente que se propuso “volver trizas los Acuerdos”.

El presidente y su Gobierno en el marco de su Política de Paz Total, contrario al Uribismo, han dado muestras de su compromiso con el Acuerdo de Paz. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida ordena la articulación de sus 5 ejes transformacionales con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial pactados en el Acuerdo y asigna la cifra sin precedentes de 50.4 billones de pesos. También se avanzó en la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz para articular toda la acción institucional orientada a una mayor celeridad en su cumplimiento.

El presidente Petro debería repensar su mensaje ante las Naciones Unidas. Más bien debería incrementar el compromiso estatal con el Acuerdo de Paz. Una especie de renegociación o ajuste del Acuerdo en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación CSIVI, a instancias de la comunidad internacional (ONU y países garantes) podría permitir aclarar dudas y precisar los alcances de la JEP como tribunal de cierre, comprometer al conjunto del Estado y todos los poderes públicos en acelerar el cumplimiento del mismo en materia de desarrollo rural, derechos de las víctimas, reforma política, nueva política de sustitución economías ilícitas o transformar las caóticas 120 mil iniciativas de los 170 municipios PDETs heredados por este gobierno en proyectos de transformación territorial en las zonas de violencia financieramente viables y mayor impacto.

Antonio Sanguino

El “efecto carrotanques”

Escrito por Antonio Sanguino en . Publicado en Opinión.

No hay derecho. Lo que parecía una solución anunciada por el propio presidente Gustavo Petro en el marco de la declaratoria de emergencia de la Guajira, terminó en un doloroso y vergonzoso fiasco. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- precipitó en septiembre y octubre del 2023, en plena campaña electoral local, la compra de 40 carrotanques para llevar agua a los compatriotas del departamento guajiro. Y no era para menos; cifras oficiales registraban en los últimos 8 años la muerte de 294 niños por falta de agua y alimentación en este territorio, mientras que en el 2013 se reportaron 2.000 casos de inseguridad alimentaria severa que desembocaron en la pérdida de 95 vidas.

Lo que empezó como una investigación periodística ha terminado en un gran escándalo político y judicial que afecta a las cabezas de la UNGRD y del Congreso de la República. Las informaciones de prensa señalaban un posible sobrecosto de hasta 20 mil millones de pesos y la inutilidad, por las condiciones del terreno o por la falta de planeación de la UNGRD, para llevar agua a la sedienta población de la península. Imágenes de camiones estacionados pintados macondianamente con la silueta del director de la entidad Olmedo López, mientras niños y población en general esperaban el prometido líquido, inundaron periódicos, noticieros y portales. Olmedo y su compinche subdirector de la entidad, el exótico Sneyder Pinilla, luego de ser separados de sus cargos por el presidente Petro en febrero pasado cuando el escándalo estalló, después de meses de silencio han reconocido que el sobrecosto se debió a una grotesca operación de corrupción con pagos de comisiones con maletas de dinero en efectivo circulando entre contratistas y servidores públicos.

 

Olmedo López y Sneyder Pinilla, en su petición de un principio de oportunidad a la fiscalía general de la Nación, en una versión poco creíble se han querido presentar ahora como mansas y obedientes palomas en este entramado criminal afirmando que ellos “solo hicieron caso”, es decir que cobraron las coimas, transportaron el dinero y lo entregaron a terceros sin embolsillarse un solo peso. En una hábil estrategia mediática y jurídica han venido soltando información a cuentagotas de los supuestos detalles de esta operación de corrupción. Han mencionado en este episodio al presidente de la Cámara de Representantes el liberal Andrés Calle y a dos integrantes de la Alianza Verde, Iván Name presidente del Senado y Sandra Ortiz la renunciada Exconsejera Presidencial para las Regiones.

El debate público y al interior del Partido Alianza Verde, como era apenas previsible, no se hizo esperar. A ningún miembro de una fuerza política que ha sido abanderada de la lucha contra la corrupción y que promovió una consulta popular sobre este sensible tema votada por 12 millones de colombianos, no se le es permitido que terminen comprometidos en hechos como estos. Algunos han cuestionado que el Verde tenga representación en el Gobierno del Cambio. Olvidan o ignoran que aquí o en Cafarnaúm las coaliciones corresponden a una modalidad de conformación de los gobiernos que suponen acuerdos programáticos y representación en el ejercicio del poder político. Los Verdes mayoritariamente apoyaron electoralmente a Petro, se declararon como partido de gobierno y en consecuencia hacen parte legítimamente de Él.

Otras voces han aprovechado este episodio que solo compromete a una persona del Partido Verde en el gobierno, la Exconsejera Ortiz, para atizar su pretensión de que el Verde se retire de la coalición de gobierno y se declare en independencia, como una manera de legitimar el papel opositor que rabiosamente han cumplido en el Congreso o en las redes sociales. Olvidan o ignoran deliberadamente que es precisamente Iván Name junto al energúmeno senador Pulido Hernández alías “JotaPe”, quien más vehementemente ha pedido la denominada independencia. Incluso se ha comportado como una vaca muerta atravesada en el camino de las reformas del gobierno Petro. No ha caído bien en el mundo verde la metáfora agresiva y desafortunada de quienes dicen que el Partido Alianza Verde está “secuestrado” por los sectores progresistas que mayoritariamente acompañan con lealtad al gobierno y su agenda.

En este contexto sorprendieron las renuncias al partido de Antanas Mockus y Claudia López. Claro que es una baja sensible para los Verdes, tanto por la fuerza simbólica del profe Mockus, como por la potencia del liderazgo y las posibilidades presidenciales de la Exalcaldesa. Todos esperaban que ellos hubiesen ayudado en cambio a enfrentar este momento desafiante para el partido y sus dirigentes. El Verde tendrá que superar este abandono, como lo hizo en el pasado cuando sobrevivió exitosamente a las renuncias de Lucho Garzón, Sergio Fajardo o Enrique Peñalosa.

El camino del Verde no puede ser otro que su reafirmación como proyecto político alternativo y progresista, acompañando sin perder su voz propia, la agenda de cambios y transformaciones en curso. Debe asumir su responsabilidad política por el involucramiento de dos de sus miembros separando inmediatamente de sus filas a Name y Ortiz. El Verde debe además colaborar con la Fiscalía y la Corte Suprema de Justica para que las investigaciones concluyan eficaz y rápidamente con sus castigos correspondientes. Es la mejor manera de controlar el “efecto carrotanques” sobre su bien ganada imagen y respetabilidad.

Antonio Sanguino

La calle en disputa

Escrito por Antonio Sanguino en . Publicado en Opinión.

No es ninguna novedad. En nuestra historia reciente hemos presenciado otros momentos en los que la derecha política ha pretendido copar las calles, las redes sociales y el debate público para imponer una narrativa en contra de banderas progresistas como ocurrió el pasado 21 de abril. Solo basta recordar las marchas y la campaña en redes y medios de comunicación que el Uribismo cerrero a punta de mentiras y Fake News adelantó en el 2016 en contra de los acuerdos de paz con la ex guerrilla de las FARC. Campaña que le permitió “emberracar a la gente” para ganar con el No el plebiscito por la paz y las presidenciales en el 2018.

Tampoco es solamente un fenómeno doméstico. Es una mega tendencia que hace presencia en todo el continente y buena parte del mundo de las democracias occidentales. El argentino Pablo Stefanoni ha documentado la emergencia de una “derecha alternativa” o una extrema derecha que se propone “cambiar el mundo” pero para atrás, combinando nacionalismo, posiciones anti estado o “anarco capitalistas”, xenofobia, racismo y misoginia, coqueteándole instrumentalmente a la comunidad LGBTIQ y al falso ecologismo.

 

Esta actitud aparentemente “rebelde”, tradicionalmente propia de las izquierdas, apuesta por atraer jóvenes y clases medias, y se embarca en una batalla cultural descalificando como “mamerto” todo lo que les huela a Estado Social de Derecho, derechos humanos y justicia ambiental. Por lo demás, esta derecha 2.0 ha sabido cobrar victorias electorales en nuestro vecindario: Los fenómenos de Milei en Argentina, Bukele en El Salvador, Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Noboa en Ecuador revelan que, si esta extrema derecha se toman las calles y logran construir una matriz de opinión capaz de penetrar en el imaginario colectivo, acceden al poder político para agenciar los más voraces intereses económicos ocultos en un falaz discurso antisistema.

Por eso no hay que llamarse a engaños con movilizaciones como las del pasado domingo. Claro que nuestra derecha domestica ha sabido utilizar cierto malestar social derivado de decisiones o anuncios del gobierno, paquidermia en la implementación del plan nacional de desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, lentitud inexplicable en la ejecución de la inversión publica en sectores y regiones, deterioro en las condiciones de seguridad en campos y ciudades, desinformación deliberada sobre el alcance de las reformas o algunos escándalos como el de la Unidad de Riegos. Pero resultan inocultables las dos consignas coreadas con desvergüenza por los protagonistas de los más grandes escándalos de corrupción o de los mas dolorosos episodios de violación a los derechos humanos de nuestros últimos tiempos: “Abajo las reformas” y “juicio político a Petro”. Consignas que terminaron por opacar y ahogar genuinos reclamos ciudadanos o destempladas y marginales voces de algunos autoproclamados representantes del indeterminado “centro político”.

Más allá de caracterizaciones sobrecargadas de fanatismo y adulaciones al Presidente Petro, lo que corresponde para esta orilla progresista del espectro político es una lectura de más hondo calado y largo alcance de la disputa política en curso. El Presidente y su Gobierno, como lo ha dicho el Senador Iván Cepeda, debe mantener una consistencia en la convocatoria a un Acuerdo Nacional que aísle a la derecha energúmena pero que convoque a los mas diversos actores sociales, políticos, académicos y empresariales para viabilizar las reformas sobre la base del pacto social. Método y decisión política son claves en esa perspectiva. También debe cohesionar el gobierno, unificar su vocería, consolidar el diálogo con las regiones sin dejarse atrapar por los clanes políticos mafiosos que las dominan, y acelerar la ejecución del plan de desarrollo y la inversión pública. La paz total merece un ajuste urgente que permita establecer prioridades y logros alcanzables en el corto plazo. A las fuerzas políticas de izquierdas y progresistas nos corresponde tejer una mas potente coalición en el Congreso y mejorar el dialogo y la interlocución con el Gobierno. La iniciativa del propio Presidente Petro es fundamental para ello. Pero es imprescindible que recuperemos la calle, las redes y la conversación publica para una narrativa de progreso, justicia social y climática, si queremos un gobierno de continuidad en el 2026. La experiencia del estallido social del 21 así lo demuestra.       

Antonio Sanguino

Carta a Toño López

Escrito por Antonio Sanguino en . Publicado en Opinión.

Toño, hermano. ¿Cómo vas? Espero que, en tu nuevo espacio sideral, las estrellas te tengan embriagado, como nos gusta. Amigos y detractores dirán que esta carta es totalmente predecible. Y tienen razón. Aunque no saben que los agites del día a día no nos ha dado tiempo para conversar de nosotros, del Verde y del país, estos ocho días han sido para mí y toda nuestra cofradía una montaña rusa. Ya debes saber que todo en nosotros ha girado alrededor tuyo.

Hermano, no te voy a hablar de nuestra historia en común. De cuando te conocí en la primera Convención Nacional de A Lucha a mediados de la década de los ochenta del siglo pasado. De cuando la simpatía mutua afloró entre los dos a primera vista. Ni de como desde ese momento te fuiste convirtiendo en una especie de hermano mayor. Tampoco de aquella improvisada asamblea de A Luchar en la sede del sindicato de Good Year en Bogotá. Tu saltaste con tu verbo encendido y caribeño a defender el crisol de luchas y revolucionarios reunidos en una expresión de nueva izquierda, increpando a los representantes de la ortodoxia trotskista que se negaban a confluir en una única organización política de masas, como lo llamábamos por aquel entonces, ni a aceptar nuestra tesis de poder popular.

 

Sabes que después nos hicimos inseparables. Después de la muerte de mi Juan, mi otro hermano, ese sí biológico, me trajiste al puerto seguro y desafiante de la paz en la Corriente de Renovación Socialista. Tampoco quiero recordarte cuando me entregaste la responsabilidad de crear la Corporación Nuevo Arco Iris, de cuando ayudamos a crear el Frente Social y Político, el Partido del Socialismo Democrático, el Polo Democrático (PDI-PDA) y de cuando juntos llegamos al Partido Verde. No voy a evocar hoy como celebramos nuestras victorias políticas y cuanto rumiamos nuestras derrotas políticas y electorales. Eso lo dejamos para un espacio mas privado, en donde no ha de faltar nuestras bandas sonoras, con el infaltable wiskey y el vallenato “Mi Hermano y Yo” o “Recuerdos de mi Pueblo”.

Quiero hablarte mas bien de como se mueve la coyuntura política por estos días. Sabes que los huérfanos del poder, la derecha política y uno que otro despistado en busca de votos incautos, se han convocado a una marcha contra Petro este domingo 21 de abril. Están desesperados porque en el hundimiento de la reforma a la salud les fue como a los perros en misa. El Presidente Petro, como tantas veces lo hemos hablado, no se ha dejado bloquear y está haciendo uso de las facultades que le otorga la Constitución y la Ley para avanzar en un cambio que garantice el derecho fundamental a la salud. Ya tiene de “un cacho” la reforma pensional y la reforma a la educación que la convierte en derecho fundamental, por lo que hemos luchado tu generación y la mía, sigue un trámite exitoso en el Congreso. No soportan el liderazgo internacional de Colombia en tiempos de Petro e insisten torpemente en promover un juicio político en su contra.

Coincidimos, toño querido, en que el discurso de odio que destila la derecha no es solamente una animadversión personal contra Gustavo. Ellos se niegan a la alternancia política que significa la llegada de la izquierda al poder presidencial en Colombia en cabeza de Petro, sustituyendo la democracia rotativa entre las familias de la élite tradicional, como la hemos bautizado. Para estos energúmenos defensores del viejo establecimiento no puede ser permitido que se inaugure el posconflicto político con un exguerrillero en la Casa de Nariño. Como les duele, mi hermano, que la conversación pública haya cambiado y que ahora hablemos de transición energética, cambio climático, reformas sociales, democracia directa, federalismo y paz total.  Y por supuesto, están ardidos porque el cambio de fiscal le dio una vuelta al proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Yo sé que a veces queremos más velocidad en los cambios, que nos duele que un gobierno de izquierdas mantenga porciones del aparato público en manos tradicionales que no esconden su angurria o hambre en demasía por los recursos públicos. Pero estamos de acuerdo en que más allá de ello hay que persistir en la continuidad el cambio en el 2026. Que el Verde no puede extraviar su perfil alternativo y su papel en el liderazgo de un Frente de fuerzas progresistas que levante un programa de profundización de las transformaciones pendientes. Y que tu vas a seguir, desde donde estas, animándonos, iluminándonos y sorprendiéndonos con alguna de tus ocurrencias o audacias.       

Antonio Sanguino

Tacando burro

Escrito por Antonio Sanguino en . Publicado en Opinión.

Las fuerzas de oposición de derecha en el Congreso de la República, incluyendo su desvariado Presidente Iván Name, están tacando burro. Con maniobras de todo tipo buscan sacar réditos políticos de un pretendido bloqueo a las iniciativas de reformas que el Gobierno del presidente Petro ha puesto en consideración del legislativo. El último episodio lo protagonizó el propio Name, quien en un impostado ataque de dignidad parlamentaria levantó la sesión en la plenaria del Senado del pasado miércoles, para darle una estocada final a la reforma pensional y enterrar definitivamente la reforma a la salud dilatando la votación de la apelación del Senador Wilson Arias a la votación de esta en la comisión séptima del Senado.    

Y digo tacando burro, porque el accidentado tramite de los proyectos que buscan dar respuesta a sentidas demandas expresadas en el paro nacional del 2019 y el estallido social del 2021 no han conducido a la inmovilidad del gobierno, y mas bien han derivado al ejercicio de facultades del Ejecutivo para adoptar muchos de los cambios que hubiesen podido ser el resultado de acuerdos en el parlamento. Es lo ocurrido con la reforma a la salud, que luego de 18 tortuosos meses de trámite legislativo, fue votada negativamente en su tercer debate en el Senado por Congresistas cuyos partidos recibieron financiamiento en sus campañas por parte de Keralty, la multinacional dueña de Sanitas. El Gobierno, haciendo uso de las facultades reforzadas de la Supersalud en el periodo legislativo anterior por iniciativa del entonces Presidente Iván Duque, se vio obligado a intervenir la Nueva EPS y Colsanitas, en reacción al informe de la Contraloría General de la Republica sobre la situación financiera de las EPS.

 

Quienes bloquearon la reforma a la salud en el Congreso, negándose a votar la ponencia alternativa presentada por el Senador Verde Fabián Díaz como última oportunidad para construir un consenso en la Comisión Séptima del Senado, no se esfuerzan por ocultar su condición de áulicos de los poderosos económicos detrás de las EPS. Han saltado a criticar por injustificada la actuación de la Supersalud, olvidando deliberadamente que por razones similares en los Gobiernos de Pastrana se liquidaron 9 EPS, en los de Uribe 5, en los 8 años de Santos 18 y en el de Duque 10. Y proponen de manera tardía ahora una concertación para presentar una nueva reforma ante el Congreso, ante el costo político que no supieron calcular cuando evidenciaron semejante acto de mezquindad con la ciudadanía.

Bien lo advierte el analista y columnista Álvaro Forero Tascón, para nada Petrista, en una entrevista reciente en Blu Radio, “yo lo que sostengo es que tratar de bloquear un gobierno no es realista, porque los gobiernos cuando los bloquean recurren a gobernar por decreto en todas partes…. Estados Unidos, que es una democracia sensata, cuando los republicanos tomaron como estrategia para derrotar a Obama bloquearlo, no dejarle pasar nada, después que logró pasar la reforma a la salud, pues se dedicó a gobernar por decreto dentro de la Constitución. Eso hace cualquier gobernante que considera que tiene un mandato…”. Más aún, el Presidente Petro luego de la aprobación en el Congreso su Plan de Desarrollo, su progresiva Reforma Tributaria y la Ley de Paz Total, bien pudo dedicarse a gobernar con esos mandatos haciendo uso de las inmensas facultades que le otorga la Constitución en un régimen presidencialista. Escogió el difícil camino de construir consensos o mayorías para que la agenda de reformas fueran el resultado de decisiones democráticas en el Congreso.

En las actuales circunstancias de pugnacidad política es recomendable que tanto el Presidente Petro, como el Congreso de la República acudan al cumplimento del articulo 113 de la Constitución Política que ordena la cooperación y colaboración de los poderes públicos, sin detrimento de su separación e independencia como fundamento de toda democracia moderna. No es conveniente embarcarse en una aventura Constituyente, pero es reprochable el bloque institucional en la que están empeñados intereses patrimonialistas y sectores conservadores recalcitrantes en el Congreso de la República. El dialogo y la concertación pueden salvar la pensional y demás reformas que mejorarían notablemente nuestra democracia. Y el Congreso dejaría de tacar burro.     

Antonio Sanguino

No es Petro es la alternancia, estúpido

Escrito por Antonio Sanguino en . Publicado en Opinión.

La derecha dura del establecimiento político colombiano, la rancia y la recién llegada, no solo destila odio contra Gustavo Petro. La narrativa anticomunista la extienden hacia todo el campo de la izquierda y de la centroizquierda para ocultar lo que realmente motiva su visceralidad: un pavor a la alternancia política de verdad. Dicho de otra manera, la cruzada en la que están empeñados no es contra Petro, es contra la posibilidad de que en Colombia vuelvan a ocupar el poder presidencial fuerzas políticas que representen opciones distintas a las tradicionales y que consoliden la ruptura de la sempiterna y pre moderna “democracia rotativa” entre las mismas familias de las elites y clanes familiares, que han impuesto por décadas desde el excluyente pacto del frente nacional.

Este pavor sectario acaba de quedar demostrado con el hundimiento de la reforma a la salud del gobierno Petro en la comisión séptima del Senado de la República. Que reitera el trámite tortuoso del paquete legislativo que el gobierno nacional puso a consideración del Congreso de la República. La oposición rabiosa a los cambios sociales ha derivado en un pretendido bloqueo institucional que busca obstruir la gobernabilidad del presidente y sabotear la agenda gubernativa para instalar en el imaginario colectivo la idea de unas izquierdas incompetentes y polarizantes, y que nadie distinto a ellos puede gobernar. Quieren extender un manto de olvido a las exclusiones, desigualdades, violencias y criminalidades que han dejado como vergonzoso legado en su monopolio del poder político. Ahora les cantan loas a los sectores mas del centro político que estuvieron en el gabinete de Petro, cuando hace poco los descalificaban por mamertos sesenteros. Y se quejan porque el Presidente hace uso de sus facultades para gobernar, para sortear el cerco legislativo de la derecha.

 

Esta derecha sectaria y huérfana transitoria del poder, se niegan a un consenso básico en la ciencia política contemporánea: que la alternancia y el relevo es una condición necesaria, aunque insuficiente, de toda democracia de calidad. Se acostumbraron a la rotación del poder entre ellos mismos mediante mecanismos que sofisticaron en el pacto del frente nacional que repartió en partes iguales el poder entre las dirigencias del partido liberal y conservador. Repartija pactada por 16 años pero que se extendió hasta la constituyente del 91. Y del 91 al 2022 se reinventaron en “nuevos partidos” como la U, Cambio Radical o el Centro Democrático para seguir controlando a su antojo el aparato público, incluyendo las altas cortes en donde hasta hace muy poco se preguntaba a quién aspirara ser magistrado si era liberal o conservador.    

La llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de la República, con el poder que ello otorga en un régimen presidencialista, tiene el doble significado de una verdadera transición hacia el posconflicto y de la llegada por fin de la alternancia en el poder. Que un exguerrillero del M19, el movimiento armado más audaz y heterodoxo de los que se alzaron contra el bipartidismo en los últimos 50 años, ganara la presidencia entraña el mensaje de que la disputa política puede hacerse en Colombia sin el recurso de las armas. Y que una convergencia liderara por todas las expresiones de las izquierdas y encarnada por uno de sus caracterizados dirigentes como Petro llegara al Palacio de Nariño, representa un relevo que promete nuevas manos, intereses, valores, enfoques y temas en la agenda pública.  

Quizás una buena respuesta para quienes destilan odio en redes o en los escenarios de debate político sea, parafraseando al Bill Clinton de la campaña presidencial estadounidense de 1992, que el problema para nuestra derecha obtusa no es Petro, es la alternancia, estúpido.

Antonio Sanguino

La vaca envenenada

Escrito por Antonio Sanguino en . Publicado en Opinión.

No se necesitaba ser adivino para saberlo. El Clan del Golfo terminó por envenenar la famosa “vaca” promovida por Uribe y el Gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón. Esta banda armada hizo público sus aportes de por lo menos diez millones de pesos que habrían ingresado a la cuenta habilitada por la gobernación para esta cruzada, mezclando en las arcas públicas dinero manchado de sangre y coca con recursos limpios de ciudadanos de buena fe. Era previsible que la rabiosa colecta, cuyo propósito central era mostrarle los dientes al gobierno nacional con el pretexto de sustituir recursos de la nación con voluntarios aportes de los ciudadanos para la terminación de proyectos viales, terminara infiltrada por dineros de dudosa procedencia en un departamento con presencia histórica de estructuras criminales y economías ilegales.

Con el pasar de los días van quedando al desnudo muchas de las falacias que motivan este arrebato de regionalismo paisa. Nos habían dicho que era para la terminación de las vías 4G y el Túnel del Toyo ante los incumplimientos de compromisos del Gobierno Nacional en la financiación de dichas obras. Resulta que en el articulo 4 del decreto expedido por el Gobernador Rendón el pasado 22 de marzo, deja abierta la puerta para que los dineros recaudados puedan ser usados para otros “proyectos de infraestructura vial, orientados a mejorar la conectividad entre Antioquia y el resto del país” que no tendrían nada que ver con compromisos actuales del Ministerio de Transporte o Invias. El propio Ministro Willian Camargo aclaró que el tramo 2 del Túnel del Toyo a cargo del Invias tiene un avance del 79% de las obras y que durante el actual gobierno actual se suman aportes por 1.2 billones de pesos así: 190 mil en el 2022, 405 mil en el 2023, 304 mil en el 2024 y 309 mil en el 2025. Pero el “florero de llórente” de este debate fue la petición de 650 mil millones de pesos de sobrecostos para culminar la obra, que en todo caso el Presidente Petro aceptó finalmente costear desde la nación. El propio José Fernando Villegas, director de la Cámara Colombiana de Infraestructura reconoció en su cuenta de X “que los costos de materiales han aumentado, pues los presupuestos de esta obra se hicieron antes de la pandemia y de la guerra en Ucrania”, una manera “técnica” de justificar pagar mas por la misma obra.

 

Dudas jurídicas han puesto en entredicho a la famosa “vaca”. La Gobernación de Antioquia en el decreto del 22 de marzo invocó el articulo 355 de la Constitución Nacional, pero al revés, recordando a las entidades publicas se les prohíbe donar dineros en favor de particulares pero que “las entidades de derecho público pueden ser beneficiarias de la donación de bienes de otra entidad del Estado o de particulares”. Apeló ademas al articulo 1443 del código civil que “permite donaciones entre particulares” y al concepto 1495 del 2003 del Consejo de Estado que opina que la Constitución no prohíbe “expresamente” tales donaciones. Justificaciones legales que pretendieron responder al señalamiento del Presidente de la República que en su cuenta X cuestionando la “vaca” de Uribe y Rendón hizo alusión al articulo 316 del Código Penal que advierte que “quien desarrolle, promueva, financie, colabore o realice cualquier otro acto para captar dinero público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente incurrirá en prisión de ciento veinte (120) a doscientos cuarenta (240) meses y multa de hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Si aceptáramos la tesis en favor de la “vaca uribista” de una diferencia jurídica entre captación de dinero y donación, en todo caso lo más aconsejable es establecer un aporte voluntario tributario que debe ser avalado o recaudado por la DIAN en las declaraciones de impuestos con una destinación especifica para las obras a financiar. Expertos tributaristas opinan que en este caso, el de las 4G de Antioquia, los aportes tributarios voluntarios deben estar ligados al pago del impuesto de ganancia ocasional.

Ese fue el camino legal que ensayó con acierto el entonces Alcalde de Bogotá Antanas Mockus. Con el decreto 040 del 2002 Mockus autorizó a la Secretaría de Hacienda para ese mismo año gravable recaudar aportes voluntarios de los particulares en calidad de donación, equivalentes a un 10% adicional del valor de los impuestos (predial, vehiculos e Industria y Comercio) que resulte a cargo de los contribuyentes. Este decreto, replicado en las administraciones siguientes de la Capital, incorpora un listado específico de proyectos de dotación, infraestructura o política social sobre los cuales el ciudadano elige el destino de su aporte voluntario. Sin embargo, la legalidad, transparencia y equidad de este ejercicio no alcanzaron para impedir el descenso progresivo de este recaudo. Posterior a esta administración, el aporte voluntario bajó en un 50% debido a que los contribuyentes se resistían a conceder un sobre pago de sus impuestos sin ver resultados positivos o si advertían fenómenos de corrupción en las obras. Los datos históricos de la Secretaría de Hacienda revelan que pasamos de un relativo éxito con 102 mil ciudadanos que lograron aportar 1.763 millones de pesos en al 2002, a apenas 48.569 personas en el 2008 y una reducción a la mitad de esa última cifra en el 2011.

Esta “vaca muerta” atravesada en el camino de la relación entre el departamento de Antioquia y la Nación ha entrado por fortuna en el congelador, mientras se restituye una relación fluida entre la Gobernación y la Presidencia de la República para terminar las obras o para priorizar de una mejor manera las inversiones públicas en esta y las demás regiones de la Colombia más allá de sus principales centros urbanos. Debe quedar como lección para los gobernantes territoriales que la demagogia, las zonas grises entre legalidad e ilegalidad y el chovinismo regional no son buenos consejeros para administrar los destinos de sus territorios y sus gentes.

Antonio Sanguino

La canallada de ‘Mordisco’ y las verdades de Mancuso

Escrito por Antonio Sanguino en . Publicado en Opinión.

Con una verdadera canallada respondió alias “Iván Mordisco”, jefe del autodenominado Estado Mayor Central EMC, a las declaraciones del Presidente Gustavo Petro que nos recordó las inocultables actividades traquetas  de esta banda armada, y en las que además rechazó el ataque permanente y reiterado que esta despliega sobre líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz y comunidades campesinas e indígenas especialmente en Cauca y Nariño, violando el cese al fuego que pactaron con el Gobierno Nacional en el marco de las negociaciones en curso. Porque atreverse temerariamente a afirmar un supuesto apoyo suyo a la campaña Presidencial de Petro, no busca otra cosa que justificar mediante el chantaje, la conejeada que pretende hacerle al cese al fuego y a los demás compromisos en la mesa de diálogos.

Pero no deja de ser otra canallada de la oposición uribista, que le de crédito de inmediato al pretexto criminal de ‘Mordisco’ para solicitar oportunistamente la apertura de una investigación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y agitar un improbable e injustificado juicio político contra el Presidente Gustavo Petro.

 

La misma derecha, ahora opositora, estelar protagonista de la parapolítica y de la ñeñe política, la que recibió demostradamente financiación de Odebrecht en sus campañas electorales, y la responsable de los falsos positivos y de otros crímenes atroces, aberraciones que si merecieron de sobra una censura política a sus gobiernos. 

Lo que resulta grotescamente descarado es que desde esa misma orilla política se desestimen las verdades que el repatriado exjefe paramilitar Salvatore Mancuso viene contando ante la justicia colombiana, sin que sepamos aún que tanto pudo haber declarado ante la justicia norteamericana en el contexto de su extradición. Se les “olvida” a estos representantes de la derecha criolla que, contrario a “Mordisco”, las declaraciones de Mancuso, que los compromete hasta los tuétanos, están precedidas de voluminosos expedientes judiciales en la Corte Suprema de Justicia que dieron cuenta de las investigaciones a 136 parlamentarios que condujeron a la condena de 86, 39 senadores y 47 Representantes a la Cámara, quienes resultaron elegidos como producto de alianzas con los paramilitares y que ayudaron a elegir en primera vuelta a Álvaro Uribe en las presidenciales del 2002.

Las verdades de Mancuso han sido reveladas ante los Tribunales de Justicia y Paz creados en el marco de la desmovilización paramilitar y son hoy materia de comprobación en la Jurisdicción Especial de Paz JEP que reclama la competencia exclusiva en este caso, asunto que debe resolver la Corte Constitucional. 

“Iván Mordiscos” está jugando con candela si persiste en esa actitud. El Gobierno Nacional con la aprobación en el Congreso de la República del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” y de la Ley 2272 del 2022 o Ley de Paz Total se la jugó a la apertura simultanea de tres mesas de dialogo y negociación con el Ejercito de Liberación Nacional, el Estado Mayor Central y mas recientemente con la Segunda Marquetalia. Una jugada arriesgada en un país con una tradición de negociaciones parciales y escalonadas con las guerrillas y otros grupos armados, asumiendo el costo ante la opinión publica de reconocer estatus político y concederles una nueva oportunidad a remanentes de las antiguas FARC en franco proceso de degradación por sus vínculos estrechos con economías ilegales o que habían abandonado el Acuerdo de Paz del Teatro Colón.

El Estado Mayor Central EMC y su jefe, en vez de responder con canalladas a las exigencias del jefe de Estado, están obligados a dar muestras de cumplimiento de los acuerdos que se van haciendo en la mesa de negociaciones, si quieren que este proceso llegue a buen puerto. Y al Gobierno le corresponde mantener la política de paz total sin abandonar el ejercicio de la fuerza del Estado en todo el territorio nacional con los más altos estándares en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario.

Antonio Sanguino

El regreso de Mancuso

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Un “pequeño” error de calculo tuvo el entonces Presidente Álvaro Uribe. Con la extradición de Salvatore Mancuso y otros 13 jefes paramilitares ordenada sorpresivamente el 13 de mayo de 2008, Uribe pretendió enviar la verdad a Estados Unidos sin tiquete de regreso. Lejos estaba de imaginar que estos dieciséis años serían suficientes para que los paras pudieran retornar luego de responder por sus delitos ante la justicia gringa, que habría un acuerdo de paz con las FARC del que se derivaría la Jurisdicción Especial de Paz y que llegaría un gobierno en representación de las izquierdas y las fuerzas alternativas comprometido con el derecho de las victimas a la verdad, la justicia y la reparación.

El golpe de mano del gobierno de Uribe a los jefes paramilitares no fue de buen recibo entre las víctimas, las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y voces calificadas de la opinión pública. Ocurrió después del Acuerdo de Santa Fe de Ralito que produjo la desmovilización y el desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia y su sometimiento a ley de “justicia y paz” o ley 975 del 2005. Fue una extradición que privilegió los delitos de narcotráfico ante la justicia de otro país sobre las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de guerra cometidos en Colombia, que interrumpió abruptamente la entrega de verdad y los compromisos de reparación de los victimarios ante los tribunales de justicia y paz. Tanto afán tuvo el gobierno en extraditar la verdad que no se establecieron compromisos y procedimientos eficaces para que a los jefes paras se les obligara a seguir respondiendo ante la justicia colombiana, ni se acordaron los mecanismos de repatriación y deportación una vez cumplieran sus condenas en las cárceles de Estados Unidos.

 

Fue tanta la irresponsable laxitud de Colombia en este caso que la Cancillería y el Ministerio de Justicia en el gobierno de Iván Duque reconoció, en respuesta a un derecho de petición, no tener información del paradero de los paras extraditados después de purgar sus penas. Y el caso de Salvatore Mancuso es revelador: cuando se conoció en el 2020 su posible libertad, el gobierno Duque presentó en dos años cuatro solicitudes ante las autoridades norteamericanas, con evidentes errores e inconsistencias jurídicas como para enredar deliberadamente su retorno. La llegada a la Presidencia de Gustavo Petro significó un cambio sustancial en la conducta del Estado Colombiano en este caso. En el marco de la política de paz total Mancuso ha sido declarado por el Gobierno “gestor de paz” a cambio de una eficaz contribución a la verdad, fue aceptado en la Jurisdicción Especial de Paz ante quien ha venido compareciendo y se destrabaron los mecanismos para obtener   finalmente el regreso a Colombia del emblemático jefe paramilitar.

La llegada de Mancuso esta semana ha generado una inmensa expectativa en el país. Como es su obligación tendrá que atender las decisiones de los tribunales de justicia y paz creados por la ley 975 del 2005, interrumpidos por su extradición. Su voz será fundamental en la Jurisdicción Especial para la Paz JEP para develar toda la verdad sobre los alcances del fenómeno paramilitar, sus ramificaciones y alianzas políticas y empresariales, y, sobre todo, para identificar y judicializar entramados políticos y criminales que subsistieron a su desmovilización y se reinventaron para mantener el control político territorial en muchas regiones. Incluso su testimonio ha sido solicitado en la justicia ordinaria en el proceso del Expresidente Álvaro Uribe en casos como la masacre del Aro, la creación del Bloque Metro de las AUC, la operación de los 12 Apóstoles y el llamado Bloque Lechero de los paras o el asesinato del defensor de derechos humanos antioqueño Jesús María Valle. Verdades que garanticen la no repetición y que nos acerquen por fin a un cierre definitivo de nuestra reiterada y dolorosa violencia política.                 

Antonio Sanguino

La trasnochada y peligrosa legítima defensa

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Que no nos vengan con cuentos trasnochados. La invocación del “derecho a la legitima defensa” para enfrentar los problemas de inseguridad en campos y ciudades no es ninguna novedad, es el expediente que cada cierto tiempo desempolva la derecha política aprovechando la indignación ciudadana y los miedos colectivos que producen cada atraco, cada homicidio o cada hecho violento. Como siempre, esta primitiva invocación a defenderse por mano propia, es presentada con un ropaje inofensivo y provista de los más nobles propósitos. Hasta hay quienes, como si estuvieran en sus “cabales”, se atreven a afirmar que la legitima defensa es para defender el derecho a la vida.

Ahora de nuevo el turno fue para el Partido Conservador en cabeza del Representante Juan Carlos Wills quien acaba de radicar el, para nada innovador, proyecto de ley que busca levantar las restricciones al porte de armas establecidos mediante decreto presidencial 0155 del 2016 por el entonces Presidente Juan Manuel Santos, disposición que se ha venido reiterando desde entonces año tras año, incluyendo el periodo del Presidente Ivan Duque, y que ha sido ratificado por el Presidente Gustavo Petro con el decreto 2267 del 29 de diciembre del 2023. A Wills y a Congresistas como Polo Polo y María Fernanda Cabal no los convencen las evidencias de estudios sobre la materia como para desistir de este grotesco ataque de populismo. No se dan por enterados de estudios como el de “Epidemioloigic Revienws” realizado en 10 países por Santaella, Cerdá, Villaveces y Gaela que arroja el concluyente resultado de la disminución de la violencia interpersonal entre 1950 y 2014 en virtud de las restricciones al porte de armas. No hacen el mínimo esfuerzo por leer los estudios que revelan como el desarme ciudadano ha disminuido dramáticamente los feminicidios y la violencia intrafamiliar o los homicidios ocurridos en contextos de riñas en la vida cotidiana. Como tampoco les interesa conocer los datos de disminución de los homicidios hasta en un 22% en ciudades como Bogotá y Medellín por cuenta de estas restricciones.

 

Cuando lo que se requiere es legislar sobre restricciones severas al uso de armas traumáticas o armas blancas para promover la convivencia ciudadana y prevenir hechos de violencia derivados del uso de estas o cuando lo que se impone es perseguir las mas de tres millones quinientas mil armas ilegales, a estos avezados congresistas solo se les ocurre proponer un arma legal por cada arma ilegal en el mercado entregada a los “ciudadanos de bien”. Vaya paradoja : Los defensores de un Estado Fuerte o de un Estado cuya única función sea la seguridad y la justicia, mientras lo demás se deja a merced de la “mano invisible del mercado”, de nuevo arremeten para acabar con el monopolio público de las armas y la seguridad. Se les hace agua la boca convirtiendo nuestras calles y sitios públicos en un gran campo de batalla con armas de fuego.

Como si fuera poco y haciendo parte del mismo libreto Pepe Lafourie y Fedegan en Valledupar acaban de anunciar la creación de los “Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera”, reedición de fórmulas que en la evidencia académica y en nuestra propia experiencia se revelan como contraproducentes para encarar la inseguridad en campos y regiones, pero sobre todo, nos recuerdan un reciente pasado violento que aun no terminamos de superar. Los testimonios de cientos de paramilitares, entre ellos Ex comandantes como Mancuso, nos recuerdan como comenzó su colaboración civil con las autoridades militares, la posterior creación de las tristemente célebres “convivir” amparadas legalmente y su rápida evolución hacia el paramilitarismo. Ante la desautorización del Ministro de Defensa Ivan Velázquez a este peligroso experimento, Lafourie y sus áulicos le “recordaron” la existencia de mas de 30 mil frentes de seguridad en todo el país, aunque peló el cobre cuando puso como ejemplo de la actuación eficaz de sus Frentes Solidarios Ganaderos la manera como integrantes de su gremio en decenas de camionetas hostigaron a campesinos sin tierra que ocuparon predios rurales en días pasados en el municipio de La Paz (Cesar) obligándolos a desalojarlos. Ello cuando el congreso de la república acaba de crear la jurisdicción agraria, precisamente para resolver por vías civilistas y legales los conflictos de tierras.

Aunque las cifras en ciudades como Bogotá registran desde el 2011 una disminución de la mayoría de los delitos de alto impacto, incluido el homicidio, o que las actuales cifras de violencia no son comparables con las que se presentaban en el país antes de la firma del Acuerdo de Paz del 2016, es innegable un aumento de la zozobra y el miedo por cada hecho violento cuya ocurrencia ponga en tela de juicio la promesa de paz total en el imaginario ciudadano. Pero los formuladores de política pública y los formadores de opinión pública no debemos olvidar que estamos en presencia de un tipo de violencia derivada de mercados criminales y sofisticadas y complejas organizaciones multicrimen de alcance transnacional. Esa mutación de la violencia no se superará con viejas recetas que nos proponen jugar al pistolero loco. Seamos serios.

Antonio Sanguino

También se lo Gnequiaron

Escrito por Antonio Sanguino en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en También se lo Gnequiaron

No se escapó. Al Estadio Armando Maestre Pavajeau le pasó lo mismo que a muchas obras públicas contratadas por la gobernación del Cesar en manos del Clan Gnecco. Una cadena de adiciones, sobrecostos, prorrogas no lo salvaron de terminar convertido en un enorme elefante blanco que hasta la gramilla se terminó consumiendo. Lo paradójico es que al elefante lo despertó la Conmebol que esta semana descertificó al Estadio vallenato para atender los juegos de la copa suramericana por parte del Alianza Futbol Club, preciso cuando la Gobernadora impuesta por el Clan sacaba pecho portando la camiseta del nuevo club profesional de los cesarenses adornada con el patrocinio de la Gobernación y la Alcaldía de Valledupar.    

La llegada del Alianza Futbol Club, gestionada por el Conservador Representante a la Cámara Ape Cuello, socio y aliado político de los Gnecco, fue aplaudida y celebrada por una población ávida del espectáculo del futbol profesional e ilusionada con un equipo que promete convertirse en el movilizador de los aficionados al futbol y de la hinchada que ya comenzamos a reunirnos alrededor de nuestro equipo. Pero la alegría no era solo por tener por fin un equipo de futbol de primera división que se alimentara de sus divisiones inferiores ofreciendo a muchos jóvenes de esta región este deporte de alto rendimiento como proyecto de vida. Era la oportunidad para apreciar en Valledupar, en vivo y en directo el mejor futbol del país y del continente. Pero todo eso se estropeo esta semana por culpa del Clan en el poder. Me explico:

 

La vergonzosa historia se remonta al año 2012, cuando el recién condenado por el robo del Plan de Alimentación Escolar Luis Alberto Monsalvo Gnecco, el pechichón de Cielo, en su primer periodo como gobernador anunciara con bombos y platillos su propósito de usar las regalías del carbón para dotar a Valledupar de un Estadio de futbol de alta competencia. Contrató entonces los diseños para la ampliación, adecuación y remodelación del viejo Estadio Chemesqemena, bello nombre kankuamo con el que lo conocí en mi niñez y adolescencia, rebautizado luego como el Armando Maestre Pavajeau. El mismo Monsalvo Gnecco adjudicó al consorcio GMP Construcciones y al grupo Capítol el contrato para la remodelación del Estadio por un valor de $33.345 millones de pesos, cuya acta de inicio se firmó el 28 de febrero del 2014 con un plazo de ejecución de 18 meses. Es decir que, en año y medio, en el 2016 Valledupar contaría con un gran escenario para el futbol.

Pero ahí empezó cristo a padecer. Finjamos sorpresa con la noticia que recibieron los vallenatos en octubre del 2014: una adición al contrato original por $16.671 millones de pesos y la ampliación del plazo de ejecución por tres meses adicionales. Este contrato se terminó de ejecutar el 20 de junio del 2016 con un costo total de $50.001.492.793. Monsalvo descubrió que todavía no había Estadio y nos volvió a sorprender con una segunda fase contratada simultáneamente en febrero del 2015 por un valor de $9.362 millones con la unión temporal “Obras Complementarias”, contrato que tampoco se salvó de sus respectivas adiciones, una por $3.750 millones y otra segunda por $929 millones. Las tres prorrogas y las tres suspensiones de la obra hizo que la entrega final ocurriera hasta el 19 de julio del 2018. Si a las $64.057 millones de pesos de las obras le sumamos los $11 mil millones de la consultoría, interventoría y compra de predios, tenemos una cifra escandalosa de $75 mil millones de pesos, sin contar las inversiones adicionales realizadas para los Juegos Bolivarianos celebrados en Valledupar en el 2022 y los recursos que podrían derivarse de los pleitos jurídicos en curso entre contratistas y gobernación. Mejor dicho, al Estadio también se lo Gnequiaron.

Esta frustración vallenata y este despilfarro inaceptable de los recursos de las regalías no pueden quedar impunes. Si los ciudadanos no pasaron la factura de cobro en las urnas al Clan responsable de esta fechoría, corresponde a la justicia y a los órganos de control al más alto nivel cuidar lo que nos pertenece a todos y proferir las sanciones respectivas.  

Antonio Sanguino

Urge una Cumbre de Poderes, presidente

Escrito por Antonio Sanguino en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en Urge una Cumbre de Poderes, presidente

Es una enorme irresponsabilidad. Echarle más leña al fuego de una polarización política acechada por serios riesgos de una grave afectación a nuestra estabilidad institucional es una actitud francamente reprochable. A los dirigentes políticos no se les puede admitir un comportamiento cargado de odio comparable al de cualquiera de los energúmenos que bloquearon el parqueadero del Palacio de Justicia el jueves pasado. En estos tiempos de turbulencia lo aconsejable es la moderación y el sentido democrático.

Esta crispación política ha corrido por cuenta sobre todo de una prematura precandidatura presidencial del saliente Fiscal Francisco Barbosa. El hasta ahora jefe del ente investigador, no ha ahorrado esfuerzo alguno para abusar de su cargo como opositor político y dar rienda suelta a sus pretensiones electorales, con un lenguaje tan destemplado y grotesco contra el Presidente Petro como el utilizado por el Expresidente Cesar Gaviria. Es el mismo fiscal encubridor de la Ñeñe política de Duque, que ante la imposibilidad de demostrar en las conductas de Nicolás Petro actos que comprometan la financiación de la campaña presidencial del Pacto Histórico, precipita un allanamiento a Fecode para fabricar una acusación y un juicio político contra el Presidente. Y como si fuera poco, es el mismo Fiscal que ahora pretende mantener su control de la Fiscalía a través de su cuestionada Vice fiscal Marta Mancera. No sorprende para nada el ensordecedor silencio de Uribe y Duque, jefes políticos de Barbosa y de su compañera de causa la Procuradora Margarita Cabello, ante semejante socavamiento de la legitimidad de la justicia y del órgano de control disciplinario.

 

Con todo el respeto que reclama y merece la Corte Suprema de Justicia en su autonomía para la elección de la nueva fiscal general, es inocultable la inmensa responsabilidad política e institucional que le corresponde asumir en esta coyuntura. Sin que ello se interprete como una presión indebida, el alto tribunal debe entender que dilatar inexplicablemente la elección de la fiscal de una terna de altas calidades y demostrada independencia, aumenta el volumen de la confrontación política. Y tiene el efecto práctico de dejar la Fiscalía en manos de personas tan cuestionadas como la Vice fiscal Mancera y el fiscal Gabriel Jaimes. Una dilación que en ningún caso justifica conductas agresivas contra magistrados y trabajadores del Palacio de Justicia en Bogotá, único caso de alteración del orden público en la jornada de movilización ciudadana del pasado 8 de febrero, rápidamente neutralizado por orden presidencial a la fuerza pública.

Al Presidente de la Republica le corresponde asumir el principal liderazgo en la superación de la actual tensión política. La estabilidad institucional es una tradición democrática que debemos preservar y que no puede ponerse en riesgo bajo ninguna circunstancia. Estabilidad que es un imperativo para la realización de la agenda de cambio del gobierno y del cumplimiento eficaz del Plan Nacional de Desarrollo en un año que es crucial en la transformación del país. Presidente Petro: con su liderazgo el país puede calmar los ánimos y moderar el debate público en el marco de su convocatoria a un Acuerdo Nacional. Usted podría convocar de inmediato en Palacio una Cumbre de los poderes públicos, con presencia de los presidentes de las altas cortes, la Procuradora, el Contralor General, el Defensor del Pueblo y los Presidentes de Senado y Cámara, que permita construir un consenso alrededor de una ruta de salida institucional al impasse que afrontamos. La Conferencia Episcopal, la OEA y Naciones Unidas podrían acompañar esta convocatoria y proceso.

Presidente: su liderazgo e iniciativa son imprescindibles para unir al país y neutralizar el fuego de quienes quieren incendiarlo y sabotear los cambios por los que votamos las mayorías. Usted tiene la capacidad y el imperativo de convertir la estabilidad y el Estado de Derecho en la causa de las ciudadanías de la Colombia de hoy.  

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